lunes, enero 30, 2012

Logros y retos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (II)

Raúl Romero

Como todo proceso, el movimiento social que comenzó a articulares durante el primer semestre de 2011 enfrenta serios retos. En su búsqueda por detener la guerra y obtener justicia para las víctimas, los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad están obligados a realizar un balance crítico y trabajar sobre los puntos en los que se ha mostrado vulnerable. Sobre algunos de esos puntos versan las siguientes líneas.

Retos

1) Seguridad para los y las integrantes del MPJD y de otras organizaciones sociales. El asesinato de Pedro Leyva, Trinidad de la Cruz [2] y Nepomuceno Moreno [3] ; la desaparición de Eva Alarcón y de Marcial Bautista [4] , así como la agresión contra Norma Andrade [5] y las amenazas contra los integrantes del Comité Cerezo [6] ; son sólo un ejemplo de la vulnerabilidad en la que se encuentran los activistas y defensores de derechos humanos en México. Por ello –y obviando que no será el Estado quien brinde seguridad o protección a quienes cuestionan la guerra- el MPJD y todas las organizaciones sociales necesitan replantear sus estrategias y elaborar mecanismos de autoprotección.

2) Financiamiento. Uno de los problemas históricos de las organizaciones sociales es el de cómo financiar sus actividades sin comprometer su independencia y sus principios. Hasta el día de hoy el MPJD ha contado con el apoyo financiero incondicional de la sociedad nacional e internacional. Sin embargo, hoy por hoy , el movimiento se ve obligado a diseñar estrategias de financiamiento que le permitan tener ingresos constantes y seguros para poder seguir desarrollando sus acciones.

3) Profesionalización y continuidad de los equipos de documentación, acompañamiento jurídico y psicosocial. El MPJD logró conformar un pequeño grupo que ha hecho una importante labor de documentación, atención psicosocial y acompañamiento jurídico. Este grupo está integrado por jóvenes estudiantes y especialistas de las áreas afines. Sin embargo, la gravedad de la emergencia nacional ha rebasado las capacidades de dicha comisión. El MPJD tiene que avanzar con la construcción de grupos –y fortalecer lazos con los existentes- que brinden acompañamiento a un mayor número de víctimas. Lo anterior también le permitirá tener un panorama nacional y robustecer la organización de forma regional.

4) Memorial de víctimas. En un esfuerzo por hacer que las generaciones venideras sepan lo que sucedió en México, el MPJD debe de materializar aquello que ha sido una de sus banderas desde sus primeros pasos: la construcción del memorial de víctimas. Conocer los nombres y las historias de todas las personas asesinadas es una responsabilidad con nuestros/as muertos/as y con la historia.

5) Definición de identidad y diseño de la estrategia. A lo largo de 10 meses se ha ido delineando –en acciones y discursos- la identidad del MPJD, pero ha llegado el momento en que esto tiene que formalizarse. El contexto nacional y la coyuntura electoral así lo exigen. Algunos de estos elementos pueden ya vislumbrarse en el pronunciamiento de la Primera Reunión Nacional de Referentes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que salió a la luz el pasado 16 de enero de 2012.

6) Entender las diferencias culturales y regionales. Uno de los grandes obstáculos que han enfrentado los movimientos sociales en México es el de la diversidad cultural y geográfica del país. Lograr construir un movimiento de alcance nacional significa un reto en cuanto a comunicación, movilidad y temporalidad. Si a esto sumamos que la violencia que se vive en México se diferencia en intensidad de forma regional –sin olvidar la pluralidad cultural y los tipos de violencias-, entenderemos que las respuestas desde la sociedad también sean distintas. Ése, sin duda, es uno de los grandes retos que tiene el movimiento: lograr articular organizaciones de todo el país que tienen experiencias y prácticas distintas para resistir a la guerra.

7) Organización regional y articulación nacional. Las nuevas y las viejas organizaciones sociales que tienen que articularse, sin que eso signifique diluirse. La guerra no podrá detenerla ningún movimiento de forma aislada. Parar la guerra es una tarea de todos y todas. Peor aún, enfrentar las consecuencias será una labor larga y de arduo trabajo. Pero no se parte de cero: por todo el país existe una tradición organizativa sobre la que puede edificarse la resistencia a nivel nacional.

8) Mirar más allá de las elecciones. El MPJD es un movimiento que dialoga con el poder político, pero no aspira a detentarlo. Su objetivo ha sido empoderar a la sociedad, coadyuvar a la construcción de nuevos sujetos y actores sociales. Por ello su estrategia tiene que pensarse más allá del proceso electoral que tendrá lugar en julio de 2012. Construir una mirada colectiva a largo plazo sin perder de vista lo inmediato, es un reto clave para el movimiento.

9) Sentar las bases para la reconstrucción del tejido social. Mientras la clase política nacional enfoca todas sus energías en las elecciones presidenciales de julio de 2012, los asesinatos y las desapariciones siguen en aumento. Como si en México no pasara nada, los candidatos a la presidencia nada dicen sobre la guerra. Pareciera no convenirles por ser un tema que no les asegura votos. Aunado a esto, ni la clase política ni las organizaciones de la sociedad civil están preparándose para enfrentar las consecuencias sociales de ésta guerra; la cual dejará marcada a las siguientes generaciones. Por eso, el MPJD y el movimiento social en general deben comenzar a diseñar estrategias que les permitan ayudar a reconstruir el deteriorado tejido social y aminorar las consecuencias.

10) En diferentes ocasiones, los integrantes del MPJD han señalado que los gobiernos de los EUA tienen una gran responsabilidad de la barbarie que se vive en México. El tráfico ilegal de armas, el número de consumidores de cocaína, las operaciones ilegales para meter armas a México y la corrupción, son sólo algunos de los argumentos para hacer dicho señalamiento. Ante esto, el MPJD tiene que intentar insertar en la agenda político-electoral de los EUA el tema de la guerra en México y alentar a la sociedad norteamericana para que desde allá se solidaricen y se movilicen exigiendo el alto a la guerra en México.

La sociedad mexicana y el MPJD enfrentan una grave disyuntiva: detener la guerra o acostumbrarse a ella. Afortunadamente 2011 fue el año en que la sociedad y las organizaciones sociales despertaron a una dolorosa realidad: la de los 60 mil muertos, 10 mil desaparecidos y más de 120 mil desplazados de guerra. El camino para conseguir la paz con justicia y dignidad parece largo, sin embargo ya se ha dado el paso más importante: organizarse.

[1] Técnico Académico Asociado C del Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, Consejero Editorial de Consideraciones, Revista del Sindicato de Trabajadores de la UNAM e integrante del Centro de Investigación para la Construcción de Alternativas (CIPCA).

[2] Comuneros de Santa María Ostula.

[3] Padre de Jorge Mario Moreno León, quién se encuentra desaparecido desde julio de 2010.

[4] Miembros de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán A.C.

[5] Fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa

[6] Organización de derechos humanos.

Acuartelan en hoteles a los 3 mil policías de Ciudad Juárez

Aparecen nueve narcomantas demandando la renuncia del jefe de la policía, Julián Leyzaola

La secretaría de seguridad pública municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, ordenó el acuertelamiento de los 3 mil agentes de la corporación en hoteles resguardados las 24 horas del día, para evitar que sean objeto de ataques en los traslados del trabajo a sus casas o viceversa.

La semana pasada, grupos armados ultimaron a ocho policías municipales y advirtieron que seguirían ejecutando efectivos si no renuncia el director de la policía juarense, teniente coronel Julián Leyzaola.

Este martes aparecieron nueve mantas en distintos puntos de la localidad fronteriza con mensajes firmados por el Nuevo Cártel de Juárez, en los que esa organización delictiva reitera su exigencia de renuncia del jefe policiaco, a quien acusa de ser traidor a la patria.

El atentado más reciente contra agentes de Ciudad Juárez ocurrió la mañana de este lunes, cuando los uniformados fueron atacados a balazos por desconocidos, pero lograron repeler la agresión y se originó un enfrentamiento de 15 minutos.

La refriega dejó un saldo de tres pistoleros muertos y uno herido, así como tres policías lesionados y el aseguramiento de cuatro armas, una granada y dos vehículos.

La medida costará al ayuntamiento $20 millones

El alcalde Héctor Murguía Lardizábal informó que el acuartelamiento de los agentes tendrá un costo para el ayuntamiento de 20 millones de pesos, por lo que adelantó que para obtener recursos algunos proyectos municipales deberán ser eliminados.

Reveló que se han detectado nueve células criminales, una de ellas dirigida por Johnny Morales González, quien sustituyó a Antonio Hernández Acosta en lo que ahora se conoce como el Nuevo Cártel de Juárez.

Este lunes la violencia relacionada con el crimen organizado cobró la vida de otras ocho personas en Chihuahua: seis de ellas fallecieron en Ciudad Juárez y las restantes en el municipio de Madera y la capital.

En Acapulco, un comando atacó a balazos a personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio, cuando realizaba trabajos de inspección en zonas de alto riesgo en la calle Juan N. Álvarez, de la colonia Plan de Ayutla.

La agresión dejó un trabajador municipal muerto, de nombre Cecilio Pérez Aranza, así como heridas a los bomberos César González, Jairo Morales y a un joven de 24 años vecino del lugar.

Mientras, en el municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), la policía reportó el hallazgo de una osamenta en una fosa clandestina, con lo que desde el pasado 19 de diciembre suman 11 los restos humanos hallados en esa esa cabecera municipal. Entre los occisos figuran tres marinos y la madre de éstos.

En Durango, un comando irrumpió en la comunidad de San José del Ranchito, municipio de El Mezquital, donde incendió al menos tres viviendas; los habitantes se refugiaron en la sierra. El de ayer es el sexto ataque en un año.

Por otro lado, tres militares muertos y al menos dos heridos fue el saldo de tres enfrentamientos a balazos casi simultáneos en la cabecera municipal de Guasave, Sinaloa, durante la tarde de este lunes.

La primera refriega ocurrió en el parque Hernando Villafañe, junto al río Sinaloa; luego hubo otra en las cercanías del campus de la Universidad de Occidente y una más frente al hospital regional del IMSS.

Los tiroteos provocaron pánico entre la población y, aunque muchas familias se resguardaron en edificios públicos y viviendas, la circulación vehicular se mantuvo cerrada durante horas en estos sectores.

Además, el jefe de la policía municipal de Guasave, Leocadio Cabrera, fue detenido por agentes ministeriales luego de que discutió con ellos por la posible complicidad con delincuentes.

En la comunidad La Compuerta, municipio de Navolato, fueron encontrados los cadáveres de tres jóvenes desnudos, con heridas de bala y huellas de tortura; el cuerpo de uno más fue localizado en Culiacán.

También en Sinaloa, agentes ministeriales detuvieron a una banda de gavilleros que asolaban la zona serrana del municipio de Mazatlán, acusados de secuestros, del asesinato de por lo menos cinco personas y extorsiones, informó el subprocurador de Justicia en la zona sur, Antonio Sánchez Solís.

En Zacatecas, siete policías federales resultaron heridos –dos de gravedad– cuando volcó el vehículo en el que perseguían a balazos a presuntos narcotraficantes en los municipios de Pánuco y Guadalupe.

Autoridades policiacas reportaron otras seis ejecuciones: tres en Veracruz, dos en Durango (entre ellos Jesús Enrique Valdez, de 18 años, rematado por sicarios en el hospital de Gómez Palacio) y uno en Guerrero. En Nuevo León, la Policía Federal detuvo a siete presuntos integrantes de una banda de secuestradores relacionados con diversos homicidios, así como delitos sexuales y robo de vehículos en el municipio de Monterrey.

Los supuestos miembros de Los Zetas fueron capturados el sábado pasado en la colonia Solidaridad y Barrio del Parque, luego de una serie de trabajos de investigación, informó la corporación en un comunicado.

Diez razones por las que Estados Unidos ya no es la tierra de la libertad

Jonathan Turley / Quilombo

Traduzco un interesante artículo, publicado recientemente en The Washington Post y escrito por el jurista estadounidense Jonathan Turley. El texto incide en una idea ya expresada en este blog desde sus inicios, a saber, que constituye una estafa intelectual proponer a los gobiernos "occidentales" -o asimilados- como modelo de referencia indiscutible en materia de derechos humanos. Una percepción distorsionada que incide en el tratamiento dado por las propias organizaciones no gubernamentales en sus informes. Aquí Turley realiza un ejercicio de derecho comparado con respecto a países que habitualmente son objeto de críticas. Puede que sea discutible que elija como punto de partida el 11 de septiembre de 2001, pero las conclusiones son igualmente demoledoras.

* * *

10 razones por las que Estados Unidos ya no es la tierra de la libertad - Jonathan Turley

"Cada año, el Departamento de Estado publica informes sobre los derechos individuales en otros países, controlando la adopción de leyes y regulaciones restrictivas por todo el mundo. A Irán, por ejemplo, se le ha criticado por negar juicios justos y públicos y por limitar la privacidad, mientras que a Rusia se le llama la atención por minar el derecho al debido proceso. Otros países han sido condenados por el uso de pruebas secretas y la tortura.

Incluso cuando emitimos juicios sobre países que consideramos que no son libres, los estadounidenses confían en que cualquier definición de lo que es una nación libre debe incluir a la suya: la tierra de la libertad. Sin embargo, las leyes y prácticas de esta tierra deberían sacudir esa confianza. En la década que siguió al 11 de septiembre de 2011, este país ha reducido de manera exhaustiva las libertades civiles en nombre de un expansivo estado de seguridad. El ejemplo más reciente de esto fue la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, firmada el pasado 31 de diciembre, que permite la detención indefinida de ciudadanos. ¿Hasta qué punto la reducción de derechos individuales en nuestro país cambia cómo nos definimos a nosotros mismos?

Mientras cada nueva competencia nacional que Washington promulga en materia de seguridad provoca controversia en el momento de su aprobación, con frecuencia se discuten de manera aislada. Conforman un mosaico de poderes bajo los cuales nuestro país podría ser considerado, al menos en parte, como autoritario. Los estadounidenses proclaman a menudo que nuestra nación es un símbolo de libertad para el mundo, mientras desprecian a naciones como Cuba y China como categóricamente no libres. Sin embargo, objetivamente, puede que tengamos solo parte de razón. Esos países carecen de derechos individuales básicos como el debido proceso, situándoles fuera de cualquier definición razonable de "libre", pero los Estados Unidos ahora tienen mucho más en común con tales regímenes que lo que a cualquiera le gustaría poder admitir.

Estos países también tienen constituciones que pretenden garantizar libertades y derechos. Pero sus gobiernos tienen una amplia discreción a la hora de denegar esos derechos y los ciudadanos tienen pocas vías reales para desafiarla; precisamente el problema con las nuevas leyes en este país.

La lista de poderes que ha adquirido el gobierno estadounidense desde el 11S nos sitúa en una companía bastante incómoda.

Asesinato de ciudadanos estadounidenses

Como antes hiciera el Presidente George W. Bush, el Presidente Obama ha proclamado el derecho de ordenar el asesinato de cualquier ciudadano considerado como terrorista o cómplice de terrorismo. El año pasado aprobó el asesinato del ciudadano estadounidense Anwar al-Awlaqi y de otro ciudadano bajo las supuestas atribuciones inherentes a su autoridad. El mes pasado, funcionarios de la administración reafirmaron este poder, declarando que el presidente puede ordenar el asesinato de cualquier ciudadano que considere aliado con los terroristas (naciones como Nigeria, Irán y Siria suelen ser criticados por los asesinatos extrajudiciales de los enemigos del Estado).

Detención indefinida

De acuerdo con las leyes que se firmaron en diciembre, los sospechosos de terrorismo deberán pasar a custodia militar; el presidente tiene también la autoridad de detener indefinidamente ciudadanos acusados de terrorismo. Mientras que el senador Carl Levin insistió en que la propuesta seguía la legislación vigente “cualquiera que sea ésta”, el Senado rechazó específicamente una enmienda que hubiera eximido de aquélla a los ciudadanos [estadounidenses] y la administración se ha opuesto a los esfuerzos por desafiar tal autoridad ante los tribunales federales. La administración continúa reclamando el derecho de eliminar las protecciones legales de los ciudadanos sobre la base exclusiva de su discrecionalidad (China codificó recientemente una ley de detención más limitada para sus propios ciudadanos, mientras países como Camboya han sido señalados por los EE UU por su “detención prolongada”).

Justicia arbitraria

El presidente ahora decide si una persona puede ser procesada en tribunales federales o en un tribunal militar, un sistema que ha sido ridiculizado en todo el mundo por faltar a las protecciones más básicas de un proceso justo. Bush reclamó esta autoridad en 2001, y Obama ha continuado con esta práctica (Egipto y China han sido denunciados por mantener sistemas judiciales militares separados para determinados acusados, incluyendo civiles).

Investigaciones sin orden judicial

Hoy el presidente puede ordenar una vigilancia sin órdenes judiciales, incluyendo una nueva capacidad para obligar a las compañías y organizaciones a pasar información sobre las finanzas, comunicaciones y asociaciones de los ciudadanos. Bush adquirió este amplio poder con la Patriot Act en 2001, y en 2011 Obama lo extendió aún más, incluyendo la investigación de cualquier cosa, desde documentos empresariales a los archivos de las bibliotecas. El gobierno puede usar “cartas de seguridad nacional” para pedir, sin basarse en pruebas suficientes, que las organizaciones pasen información sobre los ciudadanos y ordenarles que no lo revelen a la parte afectada (Arabia Saudí y Paquistán operan bajo leyes que permiten al gobierno comprometerse en una vigilancia generalizada y discrecional).

Pruebas secretas

Actualmente el gobierno hace uso, de manera rutinaria, de pruebas secretas para detener individuos y emplea pruebas secretas en los tribunales federales y militares. También obliga que se desestimen demandas contra el gobierno de los Estados Unidos, simplemente rellenando declaraciones en las que se afirman que los casos harían que el gobierno revele información clasificada que podría dañar la seguridad nacional; un reclamo que se expresa en diversas demandas judiciales sobre privacidad y que ha sido ampliamente aceptado por los jueces federales sin que se cuestionen nada. Incluso las opiniones legales que se citan como base para las acciones del gobierno durante las administraciones Bush y Obama han sido clasificadas como secretas. Esto permite al gobierno invocar argumentos legales secretos para apoyar procesos secretos usando pruebas secretas. Además, algunos casos nunca llegan a los tribunales. Los tribunales federales suelen denegar demandas constitucionales a políticas y programas a partir de una definición estrecha de la capacidad para entablar acciones judiciales.

Crímenes de guerra

El mundo clamó para que se procesara a los responsables de torturas (waterboarding) de sospechosos de terrorismo durante la administración Bush, pero la administración Obama dijo en 2009 que no permitiría que los empleados de la CIA fueran investigados o perseguidos por tales acciones. Lo cual no solo vació de contenido las obligaciones previstas en los tratados internacionales sino los principios de Nuremberg de derecho internacional. Cuando los tribunales de países como España decidieron investigar a funcionarios de la administración Bush por crímenes de guerra, la administración Obama pidió a las autoridades de otros países que no permitieran que tales casos avancen, a pesar del hecho de que Estados Unidos hacía tiempo que había solicitado la misma autoridad con respecto a supuestos criminales de guerra de otros países (varios países han resistido investigaciones sobre funcionarios acusados de crímenes de guerra y tortura. Algunos, como Serbia y Chile, finalmente aceptaron cumplir con el derecho internacional; los países que han rechazado investigaciones independientes incluyen a Irán, Siria y China).

Tribunales secretos

El gobierno incrementó el uso de la secreta Corte de Vigilancia del Espionaje Exterior, que ha expandido sus órdenes judiciales secretas para incluir a individuos que se considera que están instigando o asistiendo a organizaciones o gobiernos extranjeros hostiles. En 2011, Obama renovó estos poderes, e incluso permitió las investigaciones secretas de individuos que no son parte de un grupo terrorista identificable. La administración reivindicó el derecho de ignorar los límites parlamentarios de dicha vigilancia (Pakistán sitúa el espionaje por la seguridad nacional bajo los poderes sin freno del ejército o de los servicios de inteligencia).

Inmunidad para la revisión judicial

Al igual que la administración Bush, la administración Obama ha presionado a favor de la inmunidad de las compañías que participan en la vigilancia de ciudadanos sin orden judicial, bloqueando la capacidad de los ciudadanos para oponerse a la violación de su privacidad (del mismo modo, China ha mantenido los reclamos de una amplia inmunidad tanto dentro como fuera del país y bloquea de manera rutinaria demandas contra las compañías privadas).

Vigilancia continua de los ciudadanos

La administración Obama ha defendido con éxito su reclamo de que puede usar dispositivos GPS para vigilar cada movimiento de ciudadanos específicos sin garantía de ninguna orden o supervisión judicial. Ahora está defendiendo este poder ante el Tribunal Supremo *, un poder descrito por el magistrado Anthony Kennedy como “orwelliano” (Arabia Saudí ha instalado sistemas públicos masivos de vigilancia, mientras Cuba es conocida por el control activo de determinados ciudadanos).

Entregas extraordinarias

El gobierno dispone ahora de la capacidad para transferir tanto ciudadanos estadounidenses como no ciudadanos a otro país mediante un sistema conocido como "entregas extraordinarias" [extraordinary renditions], denunciado por usar otros países como Siria, Arabia Saudí, Egipto y Pakistán para torturar sospechosos. La administración Obama dice que no continúan los abusos de esta práctica de la era Bush, pero insiste en que se le conceda un derecho ilimitado para ordenar dichas transferencias, incluyendo la posible transferencia de ciudadanos estadounidenses.

Estas nuevas leyes llegan con una infusión de dinero en un sistema expandido de seguridad a nivel estatal y federal, incluyendo más cámaras de vigilancia pública, decenas de miles de empleados de seguridad y una expansión masiva de la burocracia dedicada a la lucha antiterrorista.

Algunos políticos se desentienden y dicen que estos mayores poderes solo son una respuesta a los tiempos en que vivimos. Así, el senador republicano Lindsey Graham pudo declarar la pasada primavera en una entrevista, sin objeción alguna, que "la libertad de expresión es una gran idea, pero estamos en guerra." Por supuesto, el terrorismo nunca se "rendirá" y terminará esta peculiar "guerra".

Otros políticos racionalizan que, mientras tales poderes pueden existir, lo realmente importante es cómo se usan en la realidad. Esta es una respuesta común de los progresistas [liberals] que no pueden criticar a Obama como lo hicieron con Bush. El senador demócrata Carl Levin, por ejemplo, ha insistido que el Congreso no está tomando ninguna decisión sobre la detención indefinida: “Que es una decisión que dejamos donde pertenece, al ejecutivo”.

Y en la declaración que adjuntó a la firma de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, Obama dijo que no pretende usar los últimos poderes para encarcelar ciudadanos indefinidamente. Sin embargo, aceptaba tales poderes como si fuera un autócrata muy a su pesar.

Una nación autoritaria se define no solo por el uso de poderes autoritarios, sino por la capacidad de usarlos. Si un presidente puede arrebatarte tu libertad o tu vida con su exclusiva autoridad, todos los derechos acaban siendo poco más que una concesión discrecional sujetas a la voluntad del ejecutivo.

Los padres de la Constitución vivieron bajo un régimen autocrático y entendieron este peligro mejor que nosotros. James Madison es conocido por advertir que necesitábamos un sistema que no dependiera en las buenas intenciones o motivaciones de nuestros gobernantes: “si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario.”

Benjamin Franklin fue más directo. En 1787, una tal señorita Powel se enfrentó a Franklin tras la firma de la Constitución y le preguntó: “bueno, doctor, qué tenemos, ¿una república o una monarquía?”. Su respuesta fue un poco escalofriante: “una república, señora, si puede mantenerla.”

Desde el 11 de septiembre de 2011, hemos creado justamente el tipo de gobierno que los padres fundadores temían: un gobierno con amplios poderes, en gran parte sin control, con la esperanza de que sean usados de manera sabia.

La disposición que prevé la detención indefinida en la ley de autorización de defensa pareció, a ojos de muchos progresistas, una traición de Obama. Mientras el presidente había prometido vetar la ley por este motivo, Levin, promotor del proyecto de ley, desveló en el pleno del Senado que en realidad había sido la Casa Blanca la que aprobó la supresión de cualquier excepción para la detención indefinida de ciudadanos.

Para los estadounidenses, la deshonestidad de los políticos no supone una novedad. La cuestión real es si nos estamos mintiendo a nosotros mismos cuando llamamos a este país la tierra de la libertad."

* N. del T.: El Tribunal Supremo acaba de dictaminar que la policía debe solicitar una orden judicial para aplicar estos dispositivos.

Traducido por Samuel

Peña Nieto-Elba, del amor a la ruptura

Jenaro Villamil

La alianza con la “presidenta vitalicia” del SNTE, Elba Esther Gordillo, y con su partido creado en 2005, el Panal, constituyó hasta el viernes 20 de enero uno de los tres pilares fundamentales del proyecto de Enrique Peña Nieto para alcanzar la presidencia de la República, como candidato del PRI.

El apoyo de la red magisterial y del Panal, controlados por Gordillo, junto con los convenios publicitarios con las televisoras –Televisa y TV Azteca-, más el apoyo logístico y presupuestal de 10 gobernadores aliados, incluyendo el del Estado de México, constituyeron el triángulo fundamental del proyecto presidencial peñista.

Todo parecía inamovible hasta que el actual dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, anunció en El Noticiero de Canal 2, la noche del 20 de enero, que “tras una larga y cordial negociación” su partido había decidido romper con la alianza electoral, firmada apenas el 17 de noviembre de 2011, entre el PRI, Panal y Partido Verde.

“No es una ruptura, es una separación amistosa que, por cierto, nada tiene que ver con las personalidades que me referiste (hija y yerno de Elba Esther Gordillo) que nos merecen el mayor de los respetos. Simplemente por equilibrios internos de nuestros partidos y por así convenir a nuestros intereses político-electorales”, declaró Joaquín Coldwell.

El comunicado oficial del PRI insistió que la decisión de cancelar el convenio de coalición parcial, firmado el 17 de noviembre de 2011, “de ninguna manera, significa una confrontación entre ellos”.

Antes de esa decisión, las muestras públicas de inconformidad con el convenio se concentraron en Sinaloa, Distrito Federal, Jalisco y Chiapas, donde presuntamente los candidatos del Panal encabezarían las fórmulas para senadores de la República.

Al llegar a la dirigencia del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, aclaró que el convenio se modificaría e, incluso, se “podría ampliar” para que los tres partidos fueran de manera conjunta en más distritos electorales. Originalmente, Panal, PRI y PVEM acordaron ir juntos en 125 distritos electorales para diputados federales (23 para Nueva Alianza, 30 para el Partido Verde y 72 para el PRI), así como en 20 fórmulas para el Senado en 10 entidades: 4 para el Panal, 5 para el Verde y 11 del PRI.

En los días previos a la ruptura se negoció ampliar estas posiciones. En entrevista con Proceso, Luis Castro, dirigente nacional del Panal, afirma:

“Todavía el viernes 20 por la mañana, se presenta un menú de 13 entidades federativas para ir al Senado, juntos. Era la ampliación”.

“Hubo dos tipos de reacciones a la coalición: la primera, de aquellos que en alguna entidad se opusieron. Fue la que tuvo más notoriedad en los medios de comunicación, pero no fue la más importante.

“La reacción más importante fue de aquellos excluídos de la coalición. Por ejemplo, Aguascalientes, Tabasco, Colima. Lo piden las dirigencias estatales del PRI o los gobernadores priistas”.

-¿Puebla estaba incluída en esta ampliación?

-Puebla ya estaba adentro de la coalición. Puebla es nuestro, del Panal.

Castro explicó que durante esta negociación se expusieron tres tipos de conflicto: el jurídico, el aritmético y el político.

Jurídicamente, el Panal argumentó que el IFE podía rechazar la ampliación. El PRI y el Verde refutaron, tras una consulta con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sí podían ampliar la coalición.

De la lista de 13 nuevas senadurías, el Panal tenía que sacar a 3 de las cuatro que ya tenía. “Eso nos afectaba, en número de votos”, advierte Castro.

El dirigente del Panal explica que en la negociación querían evitar el llamado “efecto popote” que consiste en que “el partido más grande absorbe los votos del partido más pequeño, emergente” porque cada uno va con su propio logotipo en la boleta electoral.

“Eso nos ha ocurrido en Jalisco. Tuvimos votos para que entraran dos candidatos locales y perdimos las prerrogativas. Nos acaba de ocurrir en Michoacán”, donde el Panal apoyó a la candidata panista a la gubernatura, Luisa María Calderón.

-¿Cuál fue el conflicto político? –se le cuestiona.

-Mi interpretación es que los que están tratando de hacer la generación de relevo en el PRI prefirieron garantizar su unidad y sus equilibrios, comprendiendo que una de las partes del PRI interesada en dinamitar la coalición es aquella con la que históricamente tenemos algún tipo de diferencia, básicamente partiendo de lo que sucedió en el Congreso federal en 2003.

-¿El episodio de la rebelión priista en contra de Elba Esther Gordillo como coordinadora de la bancada?

-Así es. Hubo un grupo de diputados que se llamaba Fuerza Reformadora que incluía a 70 diputados priistas que apoyaban las reformas, junto con Elba Esther. Ganaron los no reformistas.

-¿Entre los estados que el Panal tenía que mover estaban Chiapas donde era aspirante Mónica Arriola (hija de Elba Esther y secretaria general del Panal) y Fernando González Sánchez (yerno de Elba)?

-No. Esta otra versión es por filtraciones interesadas. Nosotros encabezábamos la fórmula en Nayarit, Puebla, Sinaloa y Chiapas. En el acuerdo de ampliación se mencionaban Aguascalientes, Tabasco, San Luis Potosí, Colima y el Distrito Federal.

“En Aguascalientes, el gobernador priista decía éntrenle a la coalición y dénsenlo a Nueva Alianza”.

-¿También influyeron los gobernadores?.

-Fueron uno de lso factores principales. Hubo gobernadores del PRI que cuando se firmó el convenio ni siquiera fueron. Y luego quisieron ser incluídos.

-¿Existe la posibilidad de que el Panal regrese a apoyar sólo la candidatura presidencial de Peña Nieto?

-No, porque la ley ya lo impide. Hay un artículo en el Cofipe que dice que un partido político no podrá participar en ma´s de una coalición y siempre tienen que estar más de dos partidos.

“La modificación de nuestro convenio tiene que ser aprobada por los tres partidos. En la presidencial no podríamos ir 3 partidos y para diputados y senadores sólo 2.

“Lo que quiere ser un corsé en la ley electoral se convierte en un cinturón de castidad apretadito”, sentencia Luis Castro.

La noche del jueves 26 de enero, el Consejo Nacional del Panal aprobó por unanimidad la separación definitiva de la coalición “Compromiso por México” y acordó nombrar a su secretaria general, Mónica Arriola Gordillo, como coordinadora de las campañas.

En paralelo, el PRI y el Partido Verde determinaron ampliar su convenio de coalición y conceder 13 candidaturas más al Congreso. Ahora, ambos partidos irán en alianza en 199 distritos de los 300 federales, de los cuales 43 serán para el Partido Verde y 156 encabezará el PRI.

Para el Senado, PRI y Verde continúan junto en 10 entidades, pero el tricolor sacó de la coalición los estados de Jalisco y Puebla, e incorporar las entidades de Tabasco y Colima.

Peña no le Contesta a Elba

La semana previa al anuncio del 20 de enero, las negociaciones para modificar el convenio de coalición se intensificaron entre el martes 10 y el jueves 19 de enero.

Versiones consultadas por Proceso revelaron que uno de los motivos de la ruptura fue la senaduría por el Distrito Federal. En la ampliación del convenio, el Panal pidió encabezar esta posición.

“Es intransitable el Distrito Federal”, afirmó Pedro Joaquín Coldwell, dirigente nacional del PRI. Al mismo tiempo, le demandaron al Panal que se necesitaba la estructura y el apoyo del sindicato de maestros para la capital de la República, gobernada actualmente por el PRD.

En una reunión realizada en la casa de Elba Esther Gordillo ella rechaza dar todo el apoyo para los presuntos candidatos de PRI al Distrito Federal, que representan a sus dos principales adversarios: Beatriz Paredes, ex dirigente nacional del PRI, aspirante a la jefatura de Gobierno; y Pablo Escudero, actual diputado federal del Partido Verde y yerno de Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores del PRI.

De acuerdo con los testimonios cercanos a esta negociación, Gordillo advirtió que iba a hablar con Enrique Peña Nieto, aspirante presidencial del PRI. Este nunca le contestó el teléfono.

Es en esos mismos días que se resuelve que el candidato a la jefatura de Gobierno por el Distrito Federal sea el procurador Miguel Angel Mancera, el más cercano a las posiciones del actual gobernante Marcelo Ebrard, a quien Elba Esther ha manifestado su abierta simpatía.

En distintas versiones de prensa, Mancera expresó su simpatía a la posibilidad de que el Panal apoyara su candidatura a la jefatura de Gobierno.

-¿Qué va a pasar con el apoyo del Panal a las candidaturas a gobernadores en 2012? –se le preguntó a Luis Castro.

-No hemos iniciado conversaciones todavía en las elecciones concurrentes a gobernadores. Está abierta la negociación y vamos a ir caso, por caso.

-¿Incluyendo el Distrito Federal?

-Incluyendo el DF. La tendencia será ir solos con nuestros candidatos, pero no estamos cerrados, depende de la opinión del comité directivo estatal.

-Se acusa mucho al Panal de buscar simplemente un rédito electoral inmediato, que pueden apoyar lo mismo al PRI, que al PAN o al PRD. ¿Qué opinión le merece estas críticas?

-Es exactamente lo contrario –ataja Castro-. Lo primero que ponemos en una mesa de negociación es nuestra plataforma y una serie de principios irrenunciables que nos caracterizan: por ejemplo, la defensa de la educación laica, pública y gratuita.

“Eso se aterriza en propuestas concretas: la escuela de tiempo completo, por ejemplo. Pero también tenemos propuestas en materia de reforma laboral.

“Por ejemplo, en el caso de Michoacán, el PAN no nos corrigió nada en nuestra plataforma. No hubo bronca. Luisa María Calderón asumió nuestra plataforma electoral, fue la candidata más progresista de Michoacán.

-¿En el caso del apoyo a Peña Nieto?

-Presentamos públicamente nuestra plataforma antes de negociarla. Los trabajos de elaboración los dirigió Emilio Zebadúa y fue nuestro representante ante el PRI. Toda la propuesta educativa del convenio es íntegra nuestra propuesta.

“Justo para nosotros, la modificación del convenio fue una cuestión de principios, no de posiciones. Y en ellos (el PRI) fue un asunto más de equilibrios internos.

“No nos pueden pedir que en el 2012 fuéramos con quienes nos sacaron la lengua en el 2003”, afirmó Castro, refiriéndose a la disputa por la coordinación de la bancada priista en la Cámara de Diputados, que derivó en la salida de Elba Esther Gordillo del PRI.

El acuerdo original con Peña

Antes de la ruptura, los “amares políticos” entre Peña Nieto y Elba Esther Gordillo se concretaron el 19 de noviembre de 2010. Al inaugurar las oficinas de la sección 36 del SNTE, en el municipio de Ecatepec, Gordillo le dio todo su respaldo al entonces gobernador del Estado de México y marcó su distancia pública del gobierno de Felipe Calderón.

“Nuestro reconocimiento y gratitud a su gobierno y nuestro deseo de que los sueños seamos capaces de hacerlos realidad”, afirmó Gordillo ante un sonriente Peña Nieto, aquella tarde en Ecatepec.

Los beneficios fueron mutuos. En los comicios para renovar diputados locales en el Estado de México, el 5 de julio de 2010, gracias al convenio de coalición con el PRI, el Panal obtuvo sólo 12 mil 601 votos directos pero se convirtió en la cuarta fuerza política local, por encima incluso del Partido Verde, y obtuvo 5 diputados locales. Estos legisladores fueron determinantes para que el peñismo mantuviera el control del 65 por ciento de los votos en el Congreso local.

El Panal apoyó el proyecto de reformas conocida como “Ley Peña” que cerró el paso a la posible alianza electoral entre el PAN y el PRD en los comicios para gobernador en el 2011 en el Estado de México. Elba Esther Gordillo fue determinante para que el candidato a suceder a Peña Nieto fuera Eruviel Avila, el alcalde de Ecatepec.

El domingo 12 de diciembre de 2010, en una reunión convocada en la Casa del Estado de México, Peña Nieto convocó a todos sus homólogos priistas, a los coordinadores de las bancadas de la Cámara de Diputados y del Senado, así como a la entonces dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, y a su futuro relevo, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Asistieron también 14 gobernadores priistas.

En esa comida se pactó la “candidatura de unidad” a favor de Moreira como futuro presidente nacional del PRI.

Casi un año después, el 17 de noviembre de 2011, Moreira firmó con el Panal y el PVEM un convenio de coalición denominado “Compromiso por México”, a través del cual los tres partidos apoyaban la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto y acordaban ir juntos en 125 distritos electorales para diputados federales, de los cuales 23 eran para el Panal, 30 para el PVEM y 72 para el PRI. También acordaron una coalición en 20 fórmulas para el Senado, en 10 entidades. El Panal encabezaba 4 fórmulas, el PVEM 5 y el PRI 11.

Todo cambió en las primeras semanas del 2012.

Salinas y Camacho

De vuelta al poder
Elogios a Colosio
Estela michoacana

Julio Hernández López / Astillero


Andrés Manuel López Obrador hizo ayer un abierto elogio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. En Magdalena de Kino, la tierra natal del candidato presidencial asesinado en Lomas Taurinas, el tabasqueño, que también fue dirigente priísta, consideró que el sonorense habría sido un buen presidente, con una visión distinta al PRI sobre el crecimiento económico. Las amorosas palabras de AMLO estimaron que LDC era una persona que iba a aportar mucho al desarrollo de México, por ello todo mi reconocimiento.

No es el ahora conciliador candidato presidencial progresista el primero en aprovechar los foros de la actual campaña para asirse del recuerdo del político caído un 23 de marzo en Tijuana. Enrique Peña Nieto lo hizo en Huejutla, Hidalgo, al arrancar sus actividades de proselitismo abierto, al igual que en 1994 lo había hecho allí Colosio, en un contexto de grave volatilidad política impulsada directamente por el dedo supremo metido en dudas, Carlos Salinas de Gortari, y acompañadas por Manuel Camacho Solís, quien jugaba abiertamente las contras al sonorense y desarrollaba lo que solía etiquetarse como la campaña contra la campaña.

Salinas de Gortari cree llegado el momento de la vuelta al poder tras el trono mediante la figura decorativa del intelectual y políticamente desvalido Enrique Peña Nieto. Le ha rodeado de cuadros experimentados y abiertamente realiza giras por el país en las que se reúne y llega a acuerdos con gobernadores que apoyan al mexiquense mediante arreglos de élite en los que el Padrino funge como aval y operador. De ganar los proximos comicios, nada de lo que hubiera sido una expectativa de cambio alcanzable con Colosio habrá de ser restituido por la dupla Salinas-Peña, salvo el uso ceremonial y la recurrencia retórica, siempre con el telón de fondo de la turbiedad del proceso político-judicial que impidió al pueblo mexicano estar convencido de que el exterminio de Colosio fue algo ajeno a maquinaciones del más alto poder.

La otra figura central del drama de 1994, Camacho Solís (quien había considerado que la bala que había matado a Colosio lo había aniquilado políticamente también a él) cabalga en plan triunfante entre los saldos de una izquierda electoral mediante alianzas con el PAN en ciertas elecciones estatales, y la cesión de la candidatura presidencial a AMLO a cambio de ganancias extraordinarias para Marcelo Ebrard (entre ellas, la entrega del Distrito Federal). Camacho ha logrado imponer su visión pragmática en el contexto que rodea y condiciona a López Obrador, impulsando sus sabidas maniobras fundadas en la concertación y el centrismo, y despojando a la izquierda electoral de lastres como la definición ideológica y el compromiso social de cambio.

En el fondo, pues, los hermanos gemelos en términos políticos (siameses durante un sexenio), Salinas y Camacho, siguen rigiendo la política mexicana, aunque sea desde trincheras teóricamente opuestas e incluso con discrepancias y resentimientos personales que a la hora del pragmatismo crudo pueden profesionalmerte colocarse a un lado. Frente a esa realidad, el recuerdo y el elogio de Colosio quedan en simple circunstancia de campaña.

Pasando a otro tema: el 19 de octubre de 2010, Cuauhtémoc Cárdenas Batel informó, en su condición de presidente del comité técnico del fideicomiso para la construcción del Teatro Mariano Matamoros, en Morelia, que la obra llevaba en ese momento un avance de 80 por ciento y que en la primavera de 2011 estaría terminada (en http://bit.ly/yRX34W puede leerse la nota firmada por Sayra Casillas). Como la Estela de Luz en el Distrito Federal, los trabajos relacionados con el mencionado teatro en la capital michoacana estaban considerados originalmente para conmemorar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, y su costo se ha ido incrementando sin que haya suficientes explicaciones y justificaciones públicas. En principio se había informado que el costo global de la obra (que tendrá un aforo de 900 personas) sería de 150 millones de pesos, de los cuales 90 por ciento sería aportado por la administración estatal, encabezada por Leonel Godoy, y el 10 por ciento restante por los gobiernos federal y municipal capitalino.

Sin embargo, el pasado 17 (15 meses después del anuncio arriba consignado) el mismo Cárdenas Batel informó que el avance de la obra es... del mismo 80 por ciento, y que el costo estimado llegará a 290 millones de pesos. En La Jornada Michoacán, Érick Alba mencionó que el pasado 25 de noviembre, al preguntarle a CCB sobre el retraso en la obra, explicó que el compromiso era hacerlo, y hacerlo bien, nada más (aunque en 2009 él mismo había dicho que los trabajos estarían terminados en noviembre de 2010, como en http://bit.ly/zoTTLO puede leerse), lo que entonces molestó al chofer del entrevistado, quien “pisó el acelerador para enviar la unidad contra una reportera, por lo que Cárdenas Batel gritó ‘¡pérate, pérate, pérate!” En otra declaración, dijo que la obra cuando esté lista, estará lista y, respecto a la falta de licitación para designar a quien encabezaría el proyecto, contestó que es así porque lo permite la ley y porque ésas son las instrucciones que hemos tenido.

El Cine Colonial, ahora en vías de convertirse en Teatro Mariano Matamoros, y la casa del pintor Alfredo Zalce, fueron compradas al final del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel y luego entregado el control del fideicomiso del teatro a Cuauhtémoc Cárdenas Batel (quien también es vicepresidente del Festival Internacional de Cine de Morelia) y la presidencia del patronato de la casa a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. En este caso, el artista plástico Marco Antonio López Prado ha pedido que se retire el comodato al patronato de la casa del pintor Zalce, pues la casa Zalce está abandonada (...) y aun cuando el grabador michoacano Octavio Bajonero Gil propuso un centro para la investigación de las artes y residencias artísticas, no fue posible realizarlo porque el patronato pedía varios millones para echar a andar el proyecto, (y se deteriora) cada día el inmueble. ¡Hasta mañana!

Va la PGR contra 3 ex gobernadores del PRI en Tamaulipas

Alfredo Méndez / La Jornada

En una acción sin precedente, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió una alerta migratoria para que se impida la salida de territorio mexicano a los ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, revelaron fuentes gubernamentales, ministeriales y judiciales.

Informaron que los tres políticos del Partido Revolucionario Institucional se han negado a comparecer como testigos ante fiscales que investigan el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, quien era candidato del tricolor al gobierno de esa entidad y fue ejecutado en junio de 2010.

También han rechazado comparecer, revelaron las fuentes, en relación con otra indagatoria abierta en la Suprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) contra los propios ex mandatarios de Tamaulipas, por asuntos ligados con el crimen organizado.

Según esa versión, fiscales de la SIEDO entregaron los pasados días 13 y 15 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dos oficios en los que la autoridad ministerial también ordenó que no se permita viajar al extranjero a familiares de los tres políticos ni a ex funcionarios que colaboraron durante sus administraciones, entre ellos un ex director de Turismo, un ex procurador y un ex subsecretario de Egresos.

Cavazos, Yarrington y Hernández Flores han sido citados a declarar como testigos en dos averiguaciones previas iniciadas por la SIEDO: una por el homicidio de Torre Cantú y otra por delincuencia organizada y lavado de dinero. La PGR ha requerido la colaboración de los tres para que aporten datos que ayuden al desahogo de las pesquisas.

Hasta el momento se desconoce si los ex mandatarios serán acusados de algún delito específico o sólo se les requiere para que rindan testimonio.

Lo que ayer señalaron las fuentes consultadas es que en relación con el homicidio de Torre Cantú los fiscales recabaron la versión de un testigo protegido, quien perteneció al cártel de Los Zetas y supuestamente mencionó al ser interrogado que Yarrington sabía que el candidato priísta sería ejecutado, pues habría estado en una reunión con narcotraficantes en la que se habló del homicidio.

Según testigos que sobrevivieron al ataque en que falleció Rodolfo Torre, el 28 de junio de 2010, los agresores se hicieron pasar por marinos, y al momento de cometer el ataque habrían gritado que era un mensaje de Los Zetas.

La PGR atrajo la indagatoria casi de inmediato, y desde entonces se han recabado más de 40 testimonios, uno de los cuales correspondió a dicho integrante de Los Zetas, detenido en 2011.

Respecto a los otros dos ex gobernadores, sólo se pudo conocer que son investigados en otra averiguación previa, en la cual se menciona que durante sus administraciones habrían estado implicados en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Aunque desde las 14 horas de ayer voceros de la PGR anunciaron que se emitiría un comunicado para fijar la postura oficial de la dependencia respecto de este caso, hasta el cierre de esta edición no lo había difundido.

Los oficios que la procuraduría entregó a la SCT están firmados por David Juárez Mora, agente del Ministerio Público de la Federación. En los documentos se menciona a 46 personas, incluidos hermanos y otros parientes de Yarrington y Hernández, sujetos a pesquisa en dos averiguaciones previas abiertas por hechos distintos.

Hasta el momento no está claro si la alerta migratoria se emitió con base en alguna orden de presentación emitida por la SIEDO contra esas 46 personas, aunque es muy probable que así sea, ya que ninguna autoridad migratoria está facultada para restringir garantías individuales si no existe una orden de juez o agente del Ministerio Público.

Uno de los oficios emitido por la SIEDO refiere que las autoridades migratorias no deben autorizar la salida del país (de alguna de las personas mencionadas), y de inmediato deben dar parte (a la PGR); asimismo las aerolíneas deberán informar si se tiene registro de reservación para alguno de sus vuelos.

La alerta incluye, entre otros, a Ricardo Gamundi Rosas, ex dirigente estatal del PRI; Alfonso Salazar Arzola, ex director general de Turismo y Asuntos Internacionales; Fernando Tomás Cayuela Villarreal, ex procurador; Alfredo Sandoval Musi, ex subsecretario de Egresos; Ramiro Rodríguez Cavazos, colaborador de Yarrington, y Carlos Montiel Saeb, ex diputado local.

También se menciona a parientes de los ex gobernadores, como María Antonieta Morales Loo, esposa de Yarrington; sus hijos, María Antonieta y Tomás Antonio Yarrington Morales, y su hermano, Marco Arturo Yarrington Ruvalcaba. Asimismo, a Eugenia y José Eduardo Hernández Flores, hermanos de otro de los ex gobernadores.

El año pasado la PGR perdió dos casos importantes en tribunales: la indagatoria abierta contra funcionarios públicos de Michoacán ligados al PRD, y otra que se inició contra el priísta Jorge Hank Rhon, a quienes acusó de delitos graves ligados al crimen organizado.

Cofetel y CFC, Reguladores “Congelados”

Jenaro Villamil

A pesar de la existencia de 62 solicitudes para adquirir frecuencias en televisión abierta, a nivel nacional o regional, en los últimos diez años y del interés de 13 grupos de inversionistas por el nuevo proyecto de una tercera cadena de televisión abierta, en tecnología digital, cuatro de los cinco comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones decidieron postergar una vez más la votación a favor del programa de concesionamiento de frecuencias.

La decisión de los comisionados Ernesto Gil Elorduy, Gonzalo Martínez Pous, Alexis Milo Caraza y José Luis Peralta Higuera, generó una nueva disputa al interior del órgano regulador, ya que acusaron al presidente de Cofetel, Mony de Swaan, en un comunicado distribuido de manera extraoficial de haber “falseado” el contenido del pleno del miércoles 25 de enero.

Sin embargo, reiteraron que es necesario tomar esta decisión en acciones coordinadas tanto al interior de la Cofetel, como con “otros poderes de la Unión”, sin especificar cuál es su posición frente al programa de licitación ni el tiempo en que deben tomarse estas medida.

El comunicado oficial de Cofetel afirma que el pleno del organismo decidió “aplazar la votación del proyecto y que el mismo no sea integrado en la agenda de futuras sesiones del pleno hasta considerar que han quedado atendidos elementos que están fuera del ámbito de competencia de esta comisión”.

Ni el boletín oficial ni la posición de los cuatro comisionados que votaron en contra aclaran cuáles son los “elementos fuera del ámbito” de competencia de Cofetel.

Sin embargo Mony de Swaan, en entrevista con Proceso, admite que existen “presiones” en contra de Cofetel y específicamente señala a Javier Tejado Dondé, director de Información de Grupo Televisa, como artífice de las acusaciones en su contra por presunta corrupción al haber entregado dos contratos por 90 mil y 120 mil dólares para beneficiar a Pablo Héctor Ojeda y Peter Bauer, amigos del comisionado presidente de Cofetel.

“No importan cuántas veces Javier Tejado me llame corrupto sin tener ninguna prueba en la mano, si no hay ningún tribunal que lo haya determinado.

-¿Identifica usted a Tejado como principal artífice de las presiones?

-Acaba de acusarme en los medios de corrupto. Ahora resulta que ya no sólo es representante de un regulado sino que es juez.

-¿Forma parte de las presiones que ha recibido el órgano regulador?

-Tejado, sí, por supuesto.

-¿Es por el tema de la tercera cadena de televisión?

-Hay una curiosa coincidencia entre las acusaciones en mi contra y el proyecto de aprobar la tercera cadena de televisión.

-¿Explícitamente alguna de las dos televisoras privadas le han dicho que tienen problema con la licitación de una tercera cadena?

-Al contrario. En una reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes (Dionisio Pérez Jácome), uno de los representantes de esos dos grupos dijo que no tenía problema con esa licitación. En privado, han dicho que no tienen problema alguno.

“Ahora, poco me importaría lo que dijeran. No guío mi decisión en base a lo que digan los regulados. Los escucho, eso es cierto, pero no guío mis decisiones. Como ha mencionado, Eduardo Pérez Motta (presidente de la Comisión Federal de Competencia), las presiones se sienten en todo siempre”, abundó De Swaan.

Impasse de Fusión Iusacell-Televisa

La suspensión del Programa de Concesionamiento de Frecuencias para Servicios de Televisión Abierta en la Cofetel coincidió con el impasse que se produjo a partir del martes 24 de enero en la Comisión Federal de Competencia, el otro organismo regulador, cuyo presidente Eduardo Pérez Motta también ha estado bajo la presión de representantes de las dos televisoras.

Los cinco integrantes de la Comisión Federal de Competencia resolvieron la solicitud de concentración entre Grupo Iusacell y Grupo Televisa, pero decidieron dar a conocer el resultado de esta decisión 15 días después, “a más tardar el 7 de febrero”, argumentando el contenido del artículo 31-Bis de la Ley Federal de Competencia.

“Por mandato del último párrafo del artículo 31-Bis… la Comisión y todos sus funcionarios están imposibilitados de pronunciarse públicamente sobre el expediente hasta que la resolución del pleno se notifique a los agentes económicos involucrados”, advirtió el comunicado de prensa.

La ausencia de una versión oficial sobre el resultado del voto en torno a la concentración generó dos versiones encontradas: por un lado, que se rechazó por 3 votos contra 2 la operación por un monto de poco más de 1,600 millones de dólares que convertiría a Grupo Televisa en propietario del 50 por ciento de Grupo Iusacell, propiedad de Grupo Salinas, accionista de TV Azteca; por otro lado, se ventiló la versión de que se aceptaría la fusión siempre y cuando se cumplan varias condiciones que garanticen la competencia en los mercados de la televisión abierta y del triple y cuádruple play, es decir, los servicios convergentes de audio, video y telefonía móvil y fija.

Una versión, difundida por The Wall Street Journal, citó a “un alto ejecutivo de Televisa en la cual advierte que una decisión de la CFC contra la alianza “podría amenazar el futuro de Iusacell, que tiene sólo el 4 por ciento del mercado de telefonía móvil y necesitaría de la inyección de los mil 600 millones de dólares ofrecidos por Televisa para sobrevivir y hacer competitivo el sector de telefonía móvil”.

Por lo pronto, la incertidumbre frente a esta decisión provocó que en los tres días siguientes las acciones de Grupo Televisa en la Bolsa Mexicana de Valores disminuyeran 8 por ciento, en los días posteriores a la decisión del 25 de enero.

Distintos analistas financieros, consultados por Proceso, advirtieron que esta disminución en el valor de las acciones es resultado de que la decisión de la CFC, en cualquiera de los dos escenarios, implica condicionamientos, a pesar de las presiones ejercidas por las televisoras para que se aprobara sin afectación para sus intereses en los mercados de distribución de contenidos, de publicidad o de su dominio en televisión restringida.

Para el analista Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom, el argumento más débil a favor de la operación es que generaría competencia en telefonía móvil y que no tendría relación alguna con otros segmentos donde Televisa y TV Azteca participan, como es la televisión.

“Nadie se opone a que Televisa incursione en la telefonía móvil y complete su convergencia tecnológica. Sin embargo, por elemental concentración no sólo no puede sino que debiera prohibirse la alianza con el único competidor en televisión digital. De autorizarse la operación, México sería el único país en el mundo en el cual dos empresas de contenido audiovisual, que además concentran 88 por ciento de las concesiones de tv abierta, se articularían”, afirmó en un análisis previo a la sesión del 24 de enero en el pleno de la CFC.

Calderón y su Unica Cadena

Para ninguno de los integrantes de los organismos reguladores (CFC y Cofetel) pasó desapercibido que en vísperas de las dos decisiones más importantes en este sector, durante este sexenio, el primer mandatario Felipe Calderón visitara las instalaciones de Televisa San Angel, el 18 de enero pasado.

Un escueto boletín de la presidencia de la República confirmó que “intercambiaron puntos de vista sobre la situación nacional” y que fue acompañado por la Coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República y Vocera del Gobierno Federal, Alejandra Sota Mirafuentes.

Ni el primer mandatario ni Sota Mirafuentes han externado ninguna posición frente a las presiones recibidas por los dos organismos reguladores, ni ante la decisión de licitar o no una tercera cadena de televisión abierta.

A lo largo de su sexenio se ventilaron varias posibilidades, pero ninguna se concretó. El esfuerzo más visible fue el de la trasnacional norteamericana General Electric, propietaria del holding de medios NBC-Universal-Telemundo, que anunció en 2006 su sociedad con el empresario mexicano Isaac Saba para formar la empresa Palmas 26.

El 15 de diciembre de ese año, una campaña de linchamiento en las pantallas de Televisa y de TV Azteca, en contra de Isaac Saba y de sus empresas de distribución farmacéutica, inhibieron a este empresario para continuar con el proyecto, en sociedad con Telemundo.

En marzo de 2008 los empresarios de Telemundo decidieron aliarse a Televisa. Firmaron un acuerdo para transmitir, desde abril de se año, 19 horas de programación en el Canal 9, propiedad también de Azcárraga Jean.

En febrero de 2008, Alejandro Burillo Azcárraga, primo del actual presidente de Televisa, solicitó ante la Cofetel la posibilidad de tener una frecuencia de televisión abierta, a través de Grupo Pegaso.

En enero de 2011, Proceso revela en su edición 1783 que existe un proyecto para licitar este año dos cadenas de televisión abierta, en tecnología digital, que alcanzarían a cubrir el 95 y 80 por ciento de la población nacional.

“Es congruente con lo dicho por el presidente Calderón el pasado 2 de septiembre cuando se publicó el decreto de Televisión Digital Terrestre, pero también con lo anunciado por la propia Cofetel, el 14 de julio de 2010, cuando presentamos nuestra agenda de trabajo”, afirmó De Swaan.

El entonces comisionado de Cofetel, Rafael del Villar, pronosticó que en agosto de 2011 se darían a conocer los detalles de la licitación. El comisionado Gonzalo Martínez Pous afirmó que le parecía “aventurado” hablar de dos cadenas nacionales.

El 5 de octubre de 2011 la Cofetel presentó el estudio de capacidad espectral para la licitación de una tercera cadena. A sugerencia del comisionado Martínez Pous se aprueba y se realiza una consulta pública sobre esta posibilidad, en diciembre del mismo año. La consulta, no vinculante, arroja una mayoría de 90 por ciento de consultados a favor de la licitación de una tercera cadena.

El 11 de enero de 2012 el pleno de Cofetel conoció informalmente el Programa de Concesionamiento de Frecuencias para servicios de Televisión Abierta y el 18 de enero fue enlistado para su discusión. En esa sesión, se incorporaron comentarios de forma, no de fondo, de dos comisionados. El único que expresó abiertamente su posición en contra de esta licitación fue José Luis Peralta. A su vez, el comisionado Alexis Milo Caraza expresó dudas de si se trataría de una cadena nacional o regional.

En la sesión del 25 de enero, la mayoría de comisionados estuvo de acuerdo en aplazar la aprobación del proyecto de concesión de una tercera cadena por “razones ajenas a la Cofetel”.

Hasta ahora, se desconocen cuáles son exactamente esas “razones ajenas”.

Testimonio de un Periodista Sobreviviente en Reynosa

Texto leído en Casa Lamm, en el evento organizado por el Pen Club México

Raymundo Pérez Arellano


Yo puedo contarles sobre la censura y la intimidación hacia los periodistas en esta guerra absurda que se vive en el país.

El 3 de marzo de 2010 fui secuestrado junto a un camarógrafo en Reynosa, Tamaulipas, por un grupo de la delincuencia. Estábamos cubriendo la guerra entre los Zetas y el Cártel del Golfo.

Yo sentí el frío acero de una pistola en mi cabeza y escuché la sentencia de muerte: llévenselos y denles piso.

Al final no nos mataron. Pero nos advirtieron: no queremos ver a los de la prensa aquí, porque ustedes publican y nos calientan la plaza.

Soy una víctima de esa guerra, un sobreviviente, y por eso puedo venir a contarles esto.

Tuve suerte, mucha suerte. Muchos que han vivido situaciones similares nunca regresaron. Los encontraron muertos en el mejor de los casos. A otros ni siquiera los han encontrado.

Los días previos a mi secuestro desaparecieron cinco reporteros de medios locales en Reynosa. Sólo uno volvió. De los otros cuatro nada se sabe.

De 2010 a la fecha poco ha cambiado. Todavía existen zonas en el país donde los reporteros no podemos buscar historias, no podemos contar lo que pasa.

Y el denominador común continúa siendo la impunidad en un estado llamado democrático. De los más de 75 asesinatos de periodistas de 2000 a la fecha, solo unos pocos se esclarecieron. Y la autoridad todavía no localiza a los periodistas desaparecidos.

Motivos para estar en contra de la censura en Twitter

Jenaro Villamil

Compartimos las primeras 20 razones para estar en contra de los intentos de censura en redes sociales. Se aceptan más para completar 140.

1.-Twitter será incapaz de controlar un flujo de mensajes que llegan a ser de 250 millones al día en todo el mundo.

2.-La decisión se vincula al interés comercial de expansión hacia países con fuertes restricciones en internet (China, Corea del Sur, etc).

3.-Twitter se quiere congraciar con gobiernos autoritarios y olvida a la aldea global digitalizada.

4.-Twitter prometió “ser muy transparentes con el mundo cuando retiremos un mensaje”, según Alexander MacGilliviray. Si cumplen sólo darán mayor peso a los tuits incómodos.

5.-No se evitan así ni nuevas Primaveras Arabes ni supremos Otoños en el Caribe. Las sociedades siempre se movilizan y encuentran medios y recursos convergentes para hacerlo.

6.-Twitter es una red social más en una atmósfera cada vez más digitalizada. Afectará a aquellas sociedades con un retraso mayor en eliminar su brecha digital (como México).

7.-No son los mensajes los que derriban gobiernos, son las sociedades hartas de sus élites políticas.

8.-Los intolerantes, xenófobos, racistas como los grupos neonazis en Europa, los kukuxclanes y antinmigrantes en Estados Unidos son un pretexto. El contexto son los intereses globales de las empresas de la red social.

9.-Empresa que pierde credibilidad entre sus usuarios, pierde también a éstos.

10.-En 2011 Twitter recibió 4 mil peticiones en EU de retiro de enlaces relacionados con la ley copyright en Estados Unidos. Su dinámica hace difícil cumplir con la mitad siquiera de ellos.

11.-La piratería no es el problema, sino la rebelión de los consumidores frente a la apropiación de bienes culturales.

12.-La dinámica tecnológica ha rebasado los criterios de control estatales, desde tiempo atrás.

13.-La libertad de expresión no es absoluta, pero tampoco la discrecionalidad en la censura.

14.-Las audiencias deliberativas, tengan o no razón, son un fenómeno imparable.

15.-Los ciberpolicías ya saben quiénes cometen delitos en las redes sociales, no se requiere presionar a Twitter, Facebook o Google.

16.-A cada censor le surge un hacker más hábil o una red de ciberactivistas más importante.

17.-El derecho a la información está por encima de la razón de Estado. Y Twitter se ha convertido en un medio alterno de información.

18.-Si Hitler viviera, en Twitter escribiera, pero ni así se le podría censurar.

19.-No es lo mismo un genocidio ni una dictadura militar que 140 caracteres incómodos.

20.-Twitter no está por encima de la ley, pero tampoco la ley se puede imponer unilteralmente.

Guerra ciudadana

Ricardo Eguia

“El Político corriente solo piensa en la próxima elección…el estadista piensa en la próxima generación” sentenciaba enfático Otto Bismark…

Aquí en éste México tan nuestro donde prevalece un modelo económico anacrónico que acumuló rezagos, injusticias, penurias y hambre entre la mayoría de la población creando tensión social pendiendo de un hilo y a pesar de que la realidad aporta suficientes datos para reforzar la hipótesis de la ingobernabilidad por la sensación general de Estado o de régimen fallido, sus gobernantes toman atajos para soslayar esa realidad abrumadora con esa desfachatez, caradura y el clásico cinismo de aquellos que no saben mucho de nada, hacen gala de inutilidad encrespada y pletórica ineficiencia…

Ni siquiera por la coyuntura electoral la clase política enana deja la estridencia estrambótica menos para dar paso a propuestas de cambio sólidamente estructuradas y como resultado de un responsable y profundo análisis de esa realidad insoslayable…

En medio de la diatriba, la denostación, la insidia, la animosidad, la rijosidad, la permanente descalificación y la degeneración del quehacer político, partidos y aspirantes están evadiendo las propuestas viables donde primero se reconozcan las causas multifactoriales que inciden en la falta de crecimiento económico, el desempleo, la inseguridad, la pobreza, la violencia y ahora también las hambrunas de millones de mexicanos condenados a muerte y a la desnutrición por un modelo asistencialista corrupto, demagógico, amañado e inhumano que entrega limosnas extemporáneas, mientras despilfarra recursos públicos en propaganda falsa, viajes inútiles al extranjero, guerra sucia contra la oposición política al régimen y presupuestos escandalosas a favor de las fuerzas armadas, la policía federal, el “CISEN”, PGR y toda la estructura gubernamental orientada a la represión, acelerar la violencia urdida, instigada por el gobierno para inhibir la participación ciudadana y sus disensos contra el autoritarismo y el batidero administrativo…

Pasan los días y con ellos cada vez está más enrarecido y confuso el ambiente político electoral…

El duopolio dolido por la Reforma que prohíbe la compra de publicidad electoral exacerba y magnifica las dudas, las interpretaciones y confusiones que derivan de una falta de una más clara y precisa reglamentación, pero que no les da derecho alguno para apostarle por ese atajo, a una contrareforma…

Urge que el “IFE” y el “TRIFE” envíen mensajes indubitables al electorado para evitar mayor abstencionismo más aún cuando el Duopolio atiza escabrosas diatribas para descarrilar el proceso promoviendo la confusión y acentuar la apatía en su evidente plan de sistemática descalificación de los órganos electorales así como de las leyes vigentes de estricta aplicación en todas las fases del proceso…

Por cierto y como hace 6 años en el mismo marco del proceso electoral presionaron al Congreso para que votara la “Ley Televisa”, ahora también intimidan, chantajean, despotrican y ejercen brutal presión política para que la titubeante “COFECO” les autorice la fusión de “Televisa (Iusacell) y TV Azteca” que implicaría un megamonopolio y otro retroceso por el daño irreparable que implica esa concentración televisiva violatoria del artículo 28 Constitucional al consumarse absoluta dominancia a favor de éste poder fáctico…

Pero es obligación de los partidos, de sus dirigencias, de sus candidatos no aumentar más ese ambiente de polarización y sin propuestas para un país desfondado por Calderón…La confrontación debe someterse a límites jurídicos y morales…

“Las injurias no resuelven conflictos, los agravan” y el país requiere con urgencia buenas dosis de inteligencia, tolerancia, diálogo y concentración tal como lo advirtió desde la antigüedad Cicerón que señalaba la condición que hace la diferencia en una Republica salvaje o civilizada y que se circunscribe a que las disputas sean entre gentiles y no riñas entre rufianes…

En una democracia (Norberto Bobbio) se sustituyen las técnicas de la fuerza y la violencia verbal que es equivalente, por la persuasión y la fuerza de los argumentos como método de solución a los conflictos pre y post electorales..

¡No le hagan el caldo gordo ni el juego a las turbas panistas que para difuminar su erradero e incompetencia le apuestan al caos, comandadas por Calderón, un anarquista ruin forrado de lo mismo y agresor empedernido!!!

Los partidos de avanzada y los candidatos comprometidos no deben huir por el atajo del silencio cómplice y deben encabezar la otra guerra, la “GUERRA CIUDADANA” contra la emergencia nacional derivada de la inseguridad, de la elevada criminalidad de policías, la soldadezca, de las mafias de cuello blanco así como las del lumpen delincuencial y para retornar al orden legal, al crecimiento económico y a la justicia social en todo el país…

Es del todo impostergable esa “guerra ciudadana” contra la corrupción, el desperdicio, el despilfarro, la negligencia y el cinismo de militarizar el país para criminalizar la política, politizar la procuración de la Justicia y entrampar la sucesión presidencial utilizando la PGR que carece de independencia de un sujeto en el Poder Ejecutivo lleno de resentimientos y azas proclive a las venganzas políticas utilizando las Instituciones como hacha de ésta dictadura de facto que padecemos los mexicanos…

Una “guerra ciudadana” que ya no tolera más abusos, ni improvisación, pero exige honestidad en el servicio público; amplia y expedita rendición de cuentas y mecanismos de castigo como la Revocación de mandato para improvisados, negligentes y pillos que se han enquistado en la administración pública…

Sin atajos, ni remisos mucho menos desertores partidos y candidatos deben encabezar esa “guerra ciudadana” contra panistas nada creativos; sin lucidez y sin perspicacia que medrosos y corruptos rehuyeron por 12 años el reto de reducir el gasto corriente (Presupuesto triplicado para enriquecerse) el despilfarro tóxico al gasto que incurre en sobregiros la Presidencia de la República desde Los Pinos, el DIF y en los costosos e inútiles viajes al extranjero (como este último que realizó a Davos Suiza el “Basukas Calderón”) y en las estériles giras a los Estados que conmocionados, no por la grandeza o importancia de las obras, sino por la prepotencia y molestias a la ciudadanía que con una mueca de desdén resiente aparatosas movilizaciones de equipo aéreo y terrestre del Estado Mayor, cierres de calles, paralización de actividades en las Entidades solo para inagurar pequeños trozos carreteros, poner primeras piedras de obras que no se concluyen o de obras inconclusas al subejercerse criminalmente los presupuestos de infraestructura y solo servir esas giras como teatral culto al centralismo faraónico de un federalismo pírrico y tragicómico…

Es una “guerra ciudadana” contra la indolencia, malos tratos, escasez de medicamentos, mercantilismo y sobresaturación (por el fraude del Seguro Popular) en el IMSS y el ISSSTE y los hospitales del sector salud…Tambien por la mala y retardada respuesta a las 20 entidades que están padeciendo los efectos de una sequía extrema…un caso de emergencia nacional desdeñado con tortuosas reglas de operación que dificultarán la ayuda por un hiperburocratismo rapaz que ya está jineteando los exiguos treinta mil millones de pesos que por presión de la “Caravana del hambre” y a regañadientes (como si fuera de Calderón ese dinero) se autorizó en la “SEGOB”.

Es también la “guerra ciudadana” contra las candidaturas denominadas “de opción partidista múltiple” donde políticos de fachada, con total desprecio a la ciudadanía practican el saltimbanqueo sin ningún referente ideológico de un partido a otro y donde se refugian desencantados de la peor laya conocidos como “camaleones en subasta”, transas que se deben a las élites partidistas que los imponen y nunca defienden los intereses sociales ni las graves carencias y olvido de campesinos, trabajadores y desempleados…Contra esos “filtros de albañal” va también esa “guerra ciudadana”.

Contra el centralismo infatuante y macrocefálico irredento, obeso e ineficiente…Contra la atrofia de los mecanismos de verdadera representación…Contra la ficción democrática grata al paladar de las élites…Contra la simulación, el engaño y las falsas promesas…Contra la impunidad en la violación de los derechos humanos…Contra el “SAT” que solo para investigar a las empresas bloquea las cuentas bancarias…Contra Carstens (B de M) que quiere pagar con impuestos de los mexicanos más cuotas al “FMI” un organismo que en nada ha ayudado a este país…Contra la excesiva desregulación del sector Bancario, financiero y bursátil…Contra los privilegios fiscales y exenciones a los monopolios y empresas trasnacionales…

¡Todo esto y mucho más implica la urgencia de nuevas coordenadas para un sistema político y económico desgastado, injusto, costoso, opaco y autoritario!!!

PGR promete al PEN Club resolver crímenes de periodistas

Columba Vértiz de la Fuente / Apro

La Procuraduría General de la República (PGR) ratificó hoy ante representantes de una delegación del PEN Club International que en México la libertad de prensa e información están garantizadas por el Estado.

Más aún, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores, en representación de la procuradora Marisela Morales Ibáñez, se comprometió a resolver todos los crímenes que se han registrado contra comunicadores.

“No se escatimarán esfuerzos para lograr el esclarecimiento de los crímenes cometidos contra periodistas en el país”, dijo el funcionario.

Tan sólo en 2011 se registraron 17 homicidios en el gremio: 13 periodistas, dos trabajadores en áreas distintas a la redacción, dos laborantes de talleres y aparte dos familiares, lo que sumado en los años de gobierno panista, representan 101 asesinatos que se desglosan así: 85 periodistas, ocho trabajadores de talleres, seis familiares de víctimas y dos amigos. Además, hay que sumar catorce desapariciones sin resolver.

Al recibir a una delegación de la organización civil PEN International, encabezada por John Ralston Saul, el funcionario abundó en las medidas de protección a favor no sólo de periodistas y comunicadores, sino de aquellos que sin tener dicho carácter, su actividad redunda en escribir en medios impresos y electrónicos.

Ramos Flores resaltó la importancia de la existencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), cuyos avances y resultados, dijo, contribuyen a garantizar el libre ejercicio periodístico en el país.

En este sentido, destacó que México atraviesa una importante transición legal en materia de procuración y administración de justicia, demás de protección a los derechos humanos, que se materializó en dos importantes reformas constitucionales en el 2008 y2011.

Sostuvo que actualmente se encuentra en el Congreso de la Unión un proyecto de refo0rma al Código Penal Federal, a fin de que sea incluido un capítulo especial sobre delitos en agravio del gremio periodístico y con ello, darle competencia total a la PGR en la investigación de dichos actos.

Por último, expresó que los convenios de colaboración suscritos con instancias de procuración de justicia de las 32 entidades federativas para coadyuvar en una eficaz integración de investigaciones, haciendo especial énfasis en el permanente esfuerzo que se realiza con la secretaría de Gobernación en materia de implementación de medidas de protección como mecanismos de acción inmediata para garantizar la seguridad de los comunicadores.

Protesta “solidaria”

Ayer, al mediodía, dirigentes del PEN Club Internacional y representantes de varios países protestaron “solidariamente” por los periodistas asesinados y secuestrados en México durante los últimos años; y urgieron al gobierno a parar dicho conflicto.

En octubre de 2011, la organización Artículo 19 reveló que del año 2000 al 2011, organizaciones criminales mataron violentamente a 77 periodistas en México. En meses recientes, estos grupos asesinaron a 15 reporteros, desaparecieron a tres y atacaron con armas de fuego o explosivos a 19 centros de información mediática.

El domingo pasado, al mediodía, directivos del PEN club y representantes de varios países se reunieron en la Casa Lamm, donde realizaron un encuentro titulado PEN Protesta. En apoyo a los periodistas y por la libertad de expresión, el cual fue filmado por el cineasta Juan Carlos de Llaca.

El ensayista y novelista John Ralston Saul, presidente del PEN Club Internacional, destacó que cuando comenzaron los asesinatos no pensaron que la situación seguiría: “Aunque pesamos: ‘Es México, es una democracia, es una gran civilización, esto no va a durar’; pero después empezamos a ver 20, 30, 40 muertos, y nos dimos cuenta que es un patrón que iba a seguir y que no iba a terminar.”

Entonces, pensó visitar a México con una delegación y denunciar de manera pública que este es uno de los conflictos que le preocupa al PEN Club Internacional, “que también le afecta a la sociedad y es catastrófico para la reputación de la República Mexicana en el mundo”.

Destacó que es la primera ocasión en la que toda la junta directiva del PEN Club Internacional se reúne:

“Hay siete centros en Norteamérica, dos en Canadá, dos en Estados Unidos y tres en México, y es la primera vez que se unen, lo cual demuestra que esto (el asesinato y la desaparición de periodistas) es un gran problema.”

Participaron Hori Takeaki, secretario del PEN Internacional; Gillian Slovo, presidenta del PEN inglés; Emile Martel, presidente de PEN Québec; Jennifer Clement, presidenta del PEN México; la exgobernadora de Canadá, Adrienne Clarkson; y los escritores Luis Miguel Aguilar, Homero Aridjis, Luis Barjau, Federico Campbell, José de la Colina, Laura Esquivel, Eduardo Lizalde, David Olguín, Elena Poniatowska y Verónica Volkow, entre otros. También asistieron periodistas como Marco Lara, Isela Martínez, Braulio Peralta y Jenaro Villamil.

Ralston Saul propuso que en cada acto del Pen Club Internacional se pongan una silla vacía en representación de los periodistas asesinados y desaparecidos de México, y resaltó que también existe en nuestro país, como resultado de la violencia, la autocensura.

Baja “contagio” de narcoviolencia en frontera con México: EU

J. Jesús Esquivel / Apro

El gobierno de Estados Unidos reportó “estabilidad” y reducción en el “contagio” de crímenes violentos procedentes de México, en las comunidades que colindan con la frontera limítrofe entre ambas naciones.

“Los crímenes violentos en la frontera sur de Estados Unidos se han mantenido sin incrementos, o incluso han disminuido en la última década”, declaró Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior del gobierno de Barack Obama.

Al presentar el Segundo informe sobre el estado de la seguridad interior de Estados Unidos, Napolitano aseguró que gracias a las nuevas tecnologías, al incremento del capital humano y la infraestructura de vigilancia instalada en la frontera sur, la violencia generada por el trasiego de las drogas en México no ha trastocado las comunidades estadunidenses de la región fronteriza.

“Estamos utilizando tecnología en nuevas formas, incluyendo los lectores de placas de automóviles para detectar vehículos sospechosos, vigilancia y supervisión aérea; cámaras y sensores a lo largo de las fronteras terrestres”, acotó Napolitano.

También destacó que la seguridad o estabilidad en las comunidades de la frontera sur es el resultado de la cooperación en materia de seguridad fronteriza con el gobierno de Felipe Calderón.

Las tecnologías, “combinadas con el incremento de capital humano y de infraestructura, dan a nuestro personal –de seguridad fronteriza— un mejor conocimiento del ambiente que priva en la frontera”, subrayó Napolitano.

El temor de “contagio” de la narcoviolencia que priva en México, sobre todo en las comunidades de la frontera norte del país, obligaron al gobierno de Obama a invertir más recursos en la vigilancia y protección de la línea común.

El Departamento de Seguridad Interior anotó que con la nueva estructura de vigilancia en la frontera con México, los agentes estadunidenses pueden actuar con mayor celeridad para resolver amenazas potenciales o actividades ilegales en la zona.

“Desde todos los ángulos está claro que este tipo de objetivo de seguridad está funcionando”, afirmó Napolitano.

Sobre el flujo de la inmigración indocumentada que cruza la frontera norte de México hacia Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Interior informó que, de acuerdo con las últimas estadísticas de la Patrulla Fronteriza, en los últimos tres años se ha dado una caída de 53% en los intentos de cruce de inmigrantes ilegales.

Aunque no dio cifras, Napolitano también señaló que, en este mismo lapso, en la frontera con México se incrementaron las confiscaciones de drogas, dinero en efectivo y armas.

“Hemos incrementado el numero de agentes de la Patrulla Fronteriza a más de 21 mil, lo que representa más del doble del personal que se tenía en 2004”, puntualizó Napolitano.

Pide Duarte a PGR le regresen los 25 MDP que aseguró a sus empleados

Regina Martínez / Apro

El gobierno de Javier Duarte, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) “devolver” los 25 millones de pesos que decomisó a dos de sus empleados el viernes pasado en el aeropuerto internacional de Toluca, Estado de México.

Para apaciguar el escándalo que desató en el estado la detención de los dos colaboradores de Duarte con los 25 millones de pesos en efectivo, el gobierno de Veracruz se limitó a difundir un comunicado. Ni el gobernador ni el titular de la Sefiplan, Tomás Ruiz, han dado la cara. A ninguno se le ha visto en actos públicos este día.

En su comunicado, el gobierno veracruzano aseguró que el dinero está “plenamente acreditado”. Sin embargo, por la tarde, el tesorero de la Sefiplan, Vicente Benítez González, presentó su renuncia. Aunque no explicó los motivos, el anunció abonó las especulaciones.

En su oportunidad, la Sefiplan, a través de su titular, Tomás Ruiz González, aseguró que dichos recursos que transportaban dos de sus empleados (Saíd Zepeda y Miguel Morales) eran para “pagar algunos contratos” con empresas que participarían en las fiestas del Carnaval de Veracruz y de la Candelaria en Tlacotalpan, así como de la Cumbre Tajín, en Papantla.

Hoy, en un comunicado, Ruiz González, insistió en que los 25 millones de pesos incautados “están plenamente acreditados ante la autoridad correspondiente”, y son parte de las inversiones para las fiestas tradicionales que en los próximos dos meses se realizarán en la entidad.

Este dinero fue incautado por elementos de la Policía Federal adscritos al aeropuerto internacional de Toluca a los dos empleados del gobierno de César Duarte que viajaban a bordo de un avión propiedad del gobierno de Veracruz. El dinero lo transportaban en dos maletas.

En su comunicado, Ruiz argumentó que, para dichos eventos, “se han destinado importantes recursos para realización y promoción que darán como resultado el arribo al estado de más de 2.5 millones de visitantes, lo que dejará una importante derrama económica”.

El funcionario estatal, detalló que para la feria de la Candelaria, en Tlacotalpan, se invertirán 8 millones de pesos, para el Carnaval de Veracruz 45 millones, de los que 30 millones “ya han sido entregados” al comité organizador, mientras que la cumbre Tajín, se destinarán 40 millones de pesos.

Según Ruiz González, los 25 millones de pesos, “servirán para la contratación de artistas, montaje de escenarios y producción de materiales de promoción y serán divididos”, es decir, “2 millones para La Candelaria, 15 millones para el Carnaval de Veracruz y 8 millones para la Cumbre Tajín”.

En el boletín, el titular de la Sefiplan argumentó que “está facultada para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales”, establecidos en los artículos 207 fracción V del Código Financiero del Estado, 24 fracción III del Presupuesto de Egresos y 92 de los Lineamientos Generales y Específicos de la Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las dependencias y entidades del poder Ejecutivo.

Sin embargo, la Ley de Fiscalización del estado, obliga al gobierno local a licitar cualquier proyecto u obra que rebase los 10 millones de pesos.

Luego de esta explicación, según el comunicado oficial, Ruiz González remarcó que el gobierno veracruzano ha iniciado la gestión para la liberación de los 25 millones incautados por la PGR ya que, remarcó, “la administración estatal cumple de manera escrupulosa con la normatividad aplicable”.

En este contexto, el área de comunicación social del gobierno duartista argumentó que el origen de los 25 millones de pesos “fue acreditado” ante la s autoridades federales y que no hay delito en torno a su transportación por parte de los empleados de la Sefiplan.

Según la vocería del gobierno de Duarte, “el traslado de valores no es ningún delito y no hay ninguna intención de evadir impuestos, el gobierno del estado ha acreditado plenamente ante la autoridad competente el destino de ese dinero, tan es así que las dos personas detenidas ya fueron liberadas”.

En este caso, la empleada de Duarte, María Gina Domínguez, en otro comunicado difundido en medios afines a la actual administración estatal, insistió en que, en este asunto, “no hubo ningún delito”, al asegurar que ya se presentaron (ante la PGR) los contratos y facturas.

Este asunto fue cuestionado por la oposición. El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Danilo Alvízar, acusó que las finanzas de Duarte, “son oscuras, opacas, deficitarias y sujetas a un extremo de manipuleo político derivado del populismo que aún sobrevive en la forma de hacer política por parte de la administración estatal”. Del lado de la bancada priista no hubo respuesta.

Por separado, las dirigencias estatales del PAN y del PRD, destacaron la “sospecha” del origen de los recursos incautados por la PGR a los empleados de la Sefiplan, y no descartaron que este dinero tenía como destino “financiar” la campaña presidencial del mexiquense Enrique Peña Nieto.

En este caso, el director jurídico del CDE del PAN, Víctor Salas, subrayó que, si lo dicho por el gobierno estatal es cierto, “nosotros podemos decir que no hay convocatoria, licitación o bases para la compra de servicios para esas festividades, tal y como lo marca la ley estatal”, y por ello, “podemos decir que todo indica que ese dinero iba a las campañas del PRI, en el mejor de lo casos porque no queremos pensar que ese dinero iba hacia las campañas del PRI”.

A ello, el dirigente estatal del PRD, Juan Vergel no creyó las explicaciones del gobierno estatal sobre este tema, las cuales calificó de “ingenuas e infantiles”, ya que la norma para el pago de servicios y promoción de servicios turísticos debe hacerse a través de “cheques nominativos o a través de transferencias bancarias, por eso resulta altamente sospechoso que un empleado traslade por avión una cantidad tan enorme”.

Empleo escaso y precario

Creciente deterioro laboral
Ingreso minúsculo y pobreza

Carlos Fernández-Vega / México SA


De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 2.7 millones de mexicanos se encuentran en desocupación abierta (el doble que seis años atrás). Esa abultada proporción da pie para que, un día sí y el siguiente también, el inquilino de Los Pinos presuma que es la más reducida entre los países de la OCDE, ergo vamos por el rumbo correcto (Calderón dixit). Eso dice, pero, más allá de la raquítica generación de empleo formal, ¿en realidad allí queda el deterioro laboral en el país?

Un detallado análisis sobre la realidad laboral mexicana, elaborado por el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, documenta que dicha cifra sólo es la punta del iceberg, la más visible, toda vez que las altas tasas de desocupación provocan mayores niveles de pobreza en el país, pero también la precariedad del empleo. En este sentido, el escaso avance en materia de creación de empleo se ha dado en un contexto en el que, además, la mayor parte de la población ocupada enfrenta una condición de precariedad. Es decir, el problema yace no únicamente en la falta de generación de empleo sino en que las plazas laborales no brindan los ingresos suficientes para los hogares.

La precariedad del empleo representa un grave problema estructural, una situación que no tiene una solución a corto plazo y que de no atenderse continuará avanzando. Al cimentarse la precariedad se exacerba la debilidad del mercado laboral y la vulnerabilidad de la población en general, incubando con ello una mayor inestabilidad social. La precariedad laboral frecuentemente degenera en informalidad, criminalidad y violencia, atentando también contra la dignidad y la identidad en sí de las personas. Por tanto, ser partícipes del desarrollo de la sociedad y acceder a un trabajo digno, estable y bien remunerado es el requerimiento mínimo que los mexicanos deben alcanzar, apunta el CIEN.

El desarrollo social y económico de México tiene como imperativo evitar que el mercado laboral continúe deteriorándose. Durante años se ha considerado que una reforma avocada a flexibilizar el mercado de trabajo puede ayudar a dotar de mayor competitividad a nuestro país. Se argumenta que los costos laborales y la rigidez salarial impiden que las empresas puedan alcanzar mejores resultados en productividad. No obstante, una pregunta que puede realizarse es sobre cómo cambia la perspectiva cuando se analiza que hay entidades federativas donde una cantidad considerable de su población ocupada no recibe ingresos. Puesto en otras palabras, estas personas tienen una función laboral pero no perciben un beneficio económico o en especie por ello.

Oficialmente existen 2.7 millones de mexicanos en desocupación abierta, pero hay un trasfondo que el gobierno calderonista obvia cada que puede, y puede seguido: un ejemplo es el caso de Guerrero, en el cual según estadísticas oficiales, 34.7 por ciento de la población ocupada no recibió ingresos durante 2011. Sin lugar a dudas lo anterior permite cuestionar sobre la calidad del empleo que existe en ese estado. Lamentablemente, dicha situación no es una excepción, pues Oaxaca y Chiapas constituyen los siguientes en la lista, con 28.3 y 16 por ciento de su población ocupada en esta situación, respectivamente. Además se puede indicar que justamente en las entidades citadas se tiene un problema adicional, una gran cantidad de personas recibe, cuando mucho, un salario mínimo como remuneración. Al considerar ambos grupos, resulta que Guerrero, Chiapas y Oaxaca tienen a la mitad de su población ocupada en situación de precariedad laboral: sin ingresos o, en el mejor de los casos, con un salario mínimo como percepción económica, esto aún sin tomar en cuenta otras características laborales como las prestaciones.

Durante los últimos 30 años se ha buscado contener la inflación y aumentar la competitividad internacional de las exportaciones mexicanas mediante la aplicación de una política laboral que otorga bajos incrementos salariales y reduce las prestaciones de los trabajadores, impidiendo que se alcance el objetivo de un mayor bienestar social. La necesidad de implementar una política integral, que tenga al bienestar social de la población como prioridad (y no a los mecanismos económicos de estabilización y control de la inflación) es fundamental. En este punto convergen aspectos sociales y económicos: con base en la calidad del empleo y los salarios percibidos, las personas están en condición de elevar el nivel de vida de sus familias, de proporcionarles un entorno estable e impulsar el crecimiento del mercado interno. Cuando lo anterior falla se tiene un problema estructural que genera pobreza, bajo crecimiento económico y que atenta contra la seguridad nacional.

La población económicamente activa del país se aproxima a 50 millones de personas. De éstas, oficialmente sólo 2.7 millones está desocupada. Sin embargo, más de 4 millones no reciben ingresos; más de 6 millones obtienen un salario mínimo, cuando mucho; más de 10.6 millones ganan entre uno y dos salarios mínimos, y casi 10 millones entre dos y tres mini salarios, de tal suerte que en la precariedad laboral sobrevive 63 por ciento de la población ocupada, lo que ni de lejos sustenta el discurso oficial. El empleo siempre se ha encontrado en el discurso de la clase política gobernante, pero no en los resultados que año con año se han alcanzado en el país. En este sentido, la degradación del nivel de vida de los mexicanos es entendible: escaso empleo formal, salarios utilizados para controlar la inflación, contracción y escasa eficiencia del gasto social, inversión pública improductiva y fuertes trabas fiscales para que las empresas puedan crecer y generar más empleo. Este contexto refleja la ausencia de una política que solucione el problema de la pobreza. Su dimensión pone en evidencia la gravedad del rezago en el bienestar de los mexicanos. Contar con un empleo que genere los ingresos suficientes para tener capacidad de aumentar los niveles de consumo (alimento, vivienda, educación, salud, vestimenta, etcétera) es una necesidad impostergable para elevar el bienestar de la población, puntualiza el CIEN.

Las rebanadas del pastel

Comenzó el éxodo de oportunistas: poco más de 25 por ciento de los diputados y 28 por ciento de los senadores han dejado sus curules y escaños, o están a punto de hacerlo, porque van en pos de otro hueso, de otra liana que los mantenga mamando del presupuesto, como si lo merecieran. Y el ejercicio se repite en el gobierno federal y en los estatales. Vergüenza les debería dar.

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