lunes, octubre 04, 2010

Corrupción sin rienda en la CFE

Alberto Barranco / Empresa

Al margen de la petición colocada el fin de semana por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el pleno de la Cámara de Diputados votará mañana un punto de acuerdo para exigir a la Procuraduría General de la República transparentar el escandaloso caso de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad.

La presión apunta al inaudito retraso de 11 meses de la instancia para integrar una averiguación previa contra los presuntos responsables de aceptar sobornos por parte de una filial en Texas de la empresa suiza ABB Ltd. para adjudicarle contratos.

La sospecha, como usted sabe, apunta hacia el ex director de Operaciones de la paraestatal, Néstor Moreno Díaz, a quien se acusa concretamente de haber recibido un yate, un automóvil marca Ferrari y dos millones de dólares por el favorcito.

Sin embargo, se involucra también a su antecesor en el cargo, Arturo Hernández Álvarez, quien al parecer había tendido la cama poco antes de abandonar la posición.

El caso es que el 24 de noviembre del año pasado la empresa pública planteó una denuncia de hechos bajo el expediente PGR/AP/1466/DCSPCAJ/SP/M-XXVI/136/2009, que por aquellas cosas raras de la vida se ha movido a paso de tortuga, en sentido contrario a la agilidad de la instancia para consignar a presuntos cómplices del narcotráfico sólo por testimonios dudosos de ex delincuentes.

Ahora que la denuncia la planteó la paraestatal ante la presión de la opinión pública tras desnudarse el proceso que se abrió en los Estados Unidos contra la firma involucrada, quien por cierto acaba de declararse culpable de violar la Ley Contra Prácticas de Corrupción en el Extranjero.

A cambio de no hacerse más olas, la firma suiza le pagará una multa de 58 millones de dólares al Departamento de Justicia y a la Comisión de Valores del vecino país.

Ahora que tras la revelación del caso realizada por el diario estadounidense Houston Chronicle el 14 de agosto del año pasado, la CFE distribuyó a los medios de comunicación un desplegado en el que Moreno Díaz juraba inocencia.

Más aún, aunque en septiembre, dos meses antes de la querella, se divulgó que el funcionario había solicitado una separación provisional de sus funciones, para atender su defensa, éste siguió trabajando sin mayor problema.

De hecho, hasta la segunda semana de noviembre siguió cobrando.

Naturalmente, el caso es representativo de la fragilidad de los instrumentos de control contra la corrupción colocados en escena por el gobierno federal.

¿Dónde estaba, por ejemplo, el órgano civil de transparencia que dio fe de la equidad de los procesos de licitación para adjudicar dos contratos a ABB Ltd., bautizados como Sitracen y Evergreen, uno por 44 y otro por 37 millones de dólares?

¿Dónde estaba el órgano de control interno de la empresa pública que no detectó los correos electrónicos cruzados entre la sobornadora y los sobornados para fijar las vías de éstos?

¿Dónde estaba la Secretaría de la Función Pública para vigilar la legalidad de las adjudicaciones de contratos? ¿Por qué cerró los oídos a las protestas del resto de los participantes?

Más aún, ¿por qué cerró los ojos la ex Secretaría de la Contraloría cuando la presión del extinto líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Leonardo Rodríguez Alcaine, obligó a que se perdonara a Néstor Moreno Díaz de una inhabilitación de 10 años para trabajar en el servicio público?

Lo cierto es que el funcionario era algo más que Director de Operaciones de la CFE. Se diría que en el escalafón virtual era algo así como segundo de a bordo.

A él le correspondía, por ejemplo, representar a la paraestatal en las reuniones de la Junta de Gobierno de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

Más aún, en él recayó la entrega de las propiedades de ésta por parte del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

El ex funcionario recibió media docena de premios nacionales e internacionales de manos de los expresidentes Carlos Salinas y Vicente Fox.

Las fotos adornaban su oficina.

La paradoja del caso es que conocido el asunto por el gobierno mexicano desde julio de 2009, al hacerse públicos los correos electrónicos que imputaban al ex funcionario y su antecesor, nadie hubiera levantado la voz para deslindar responsabilidades.

Más aún tampoco hubo reacción tras la detención en Estados Unidos de una pareja de mexicanos que presuntamente intermedió la entrega de lo que en el país vecino se ubica como pagos deshonestos.

Y si le seguimos, el PAN, cuyo lema de campaña en la elección presidencial del 2006 era manos limpias, obstaculiza con toda su fuerza la posibilidad de una Comisión en la Cámara de Diputados para investigar el asunto que coloca nuevamente a México como el país de la corrupción galopante.

¿Le temen al olor de la cloaca?

A pesar de Ebrard, Barrales vs. Batres

Rubén Cortés

En comidas con líderes de opinión, el Jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, dice de manera clara y directa, sin insinuaciones o rodeos, que el candidato a sucederlo como candidato del PRD saldrá entre la diputada Alejandra Barrales y su secretario de Educación, Mario Delgado.

Que no será el secretario de Desarrollo Social, Martí Batres, quintacolumnista de AMLO en su gabinete, a quien quita fuerza y dinero para cerrarlo. Por ejemplo, de los más de 5 mil millones de pesos que maneja ahora, para 2011 le dejó en 1 mil 300 millones.

Batres se sentenció el 16 de diciembre pasado, cuando organizó una rechifla de recibimiento a Ebrard ejecutada por su hermana Lenia, durante el Congreso del PRD en Oaxtepec, con gritos de “Obrador, Obrador, Obrador”.

Pero, aun cuando Batres no está muerto (es el talibán de AMLO y único candidato de éste), Ebrard empezó a desplegar con Barrales y Delgado la estrategia que aprendió en sus tiempos con el ex presidente Carlos Salinas: poner a competir a los aspirantes.Por un lado, despejó el camino a la combativa líder de la Presidenta de la Mesa Directiva de la Asamblea del DF para que se promueva de la manera que entienda; y por otro pone a Delgado a repartir pensiones, tarea que correspondería a Batres, en todo caso.

Y a Delgado hasta lo llevará consigo a la gira de promoción nacional de su Fundación Equidad y Progreso, eufemismo encontrado por la gente del Jefe de Gobierno para nombrar al lanzamiento de su campaña por la presidencia.

La idea de Ebrard es dar a conocer a Delgado, un personaje brillante, licenciado en economía por el ITAM y una maestría en la Universidad de Essex, Inglaterra, pero que resulta un político opaco, sin chispa ni carisma y que no figura en las encuestas.

En cambio, Barrales sí es conocida, tiene amplísima base social y sabe amarrar alianzas, cabildear y manejar muchedumbres, lo cual va de la mano con sus habilidades no sólo para saber controlar recursos, sino para encontrarles el destino exacto a la hora de buscar apoyos.

Batres reúne características similares. Pero ella tiene más posibilidades, pues lo más seguro es que Delgado no prenda y a Ebrard le será imposible sostenerlo, así que deberá negociar con AMLO: entonces nadie mejor que Barrales, quien cuenta con la simpatía de ambos.

Por lo pronto, Delgado no pinta, salvo que posea habilidades ocultas para tragar los sapos que requieren las campañas para cargos de elección popular y las capacidades histriónicas que obligan los besos a los niños en las escuelas, abrazos a los adversarios, besamanos a los mecenas…

Así el cuadro, en este momento no hay que hacerse bolas: es Barrales.

La experiencia ecuatoriana

Francisco Rodríguez / Índice Político

¿ESTÁ SEGURO FELIPE Calderón rodeado de policías? Vale la pregunta cuando, está visto, a los genízaros de Genaro García Luna “les falta institucionalidad”, al decir de expertos militares.

Hay plazas, como Ciudad Juárez, donde son muchos más los efectivos de la Policía Federal (PF) que los elementos del Estado Mayor (EMP) que acompañan al ocupante de Los Pinos. Y ahí, los pefepos ya han dado muestras de inconformidad.

Las imágenes que a través de la televisión llegaron de Ecuador hace unos días, en las que el presidente Rafael Correa aparece amedrentado por sublevados policías, hicieron pensar a más de uno en la posibilidad, nada lejana, de que aquí pudiera acontecer lo mismo.

Recordemos, para empezar, los actos de indisciplina en el antiguo Paso del Norte donde los mandos fueron golpeados por policías, quienes no tuvieron la mínima consideración hacia sus superiores. Y eso que, tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública emitió un acaramelado boletín en el que, según la dependencia, a cuyo cargo está la Policía Federal y, en este caso, la seguridad de Ciudad Juárez, existen “los canales conducentes y apropiados para que todo aquel personal que deseé expresar alguna queja o irregularidad lo haga de manera segura y confiable”.

El caso de Javier Herrera Valles, comandante de la PF a quien aparentemente se le inventaron cargos tras denunciar la impreparación y la corrupción que aqueja a esa corporación, demuestra que no es así. Que a García Luna, protegeé de Felipe Calderón, no puede tocársele ni con el pétalo de una crítica.

Es tan evidente la indisciplina que hasta los propios mandos de esa corporación lo reconocen. Recientemente, por tal, fueron cesados 3 mil 700 pefepos. Entrenados paramilitarmente, cesados por corruptos, por ligas con el narco, y porque “el perfil policial fue rebasado por las filias (?)”, etc. En fin, pérdida de confianza.

Estos corruptos ex policías podrían seguir como sombra a Calderón. Tal como lo hacían los seguidores de AMLO en las giras presidenciales. Nada más que estos corruptos y narcoligados ex policías, con recursos del narco, podrían hacerle la vida imposible al EMP y, claro, a Calderón.

La seguridad de Calderón la garantizan entre 100 y 200 elementos del EMP. Y hay poblaciones, como la citada Ciudad Juárez, donde hay más de 9 mil elementos policiacos. La mayoría impreparados, mal adiestrados, algunos corruptos, y entre quienes no existe la mínima disciplina.

La falta de preparación hace que esta corporación, la PF, sea una policía indisciplinada que, hasta ahora, no cuenta con una doctrina o mística de servicio, cual reiteradamente se señala en círculos militares. Por las acciones de la PF se observa que no han sustentado ni presentado una lealtad institucional confiable hacia el Estado mexicano. A lo más, sólo chispazos de trabajo.

La falta de un marco jurídico es peligrosa. En la Secretaría de Seguridad Pública Federal creen que les es suficiente con una Ley Orgánica que, entre otras cosas, no le da certeza, en materia de seguridad social, al policía. A lo más que llegan las viudas de los caídos en cumplimiento de su deber es a recibir una bandera y a que Genaro García Luna pose para las fotos con una corbata negra. Nada más.

De más está decir que una policía respetada –primero, por el Estado; segundo, por la población civil– se torna respetable cuando cuenta con capacitación, marco jurídico y, sobremanera, institucionalidad. Los casos ejemplificativos son las Guardias Civiles de Chile y España.

Pero sin capacitación, sin disciplina no necesitamos a la Policía Federal. Así, ¿para qué?

¿Para que en cualquier momento suceda lo que paso en Ecuador?

¿Para que sean ellos mismos quienes atenten contra la seguridad de sus superiores –cual ya se vio en Ciudad Juárez–, cualquier otro funcionario o político, incluso algún crítico que moleste “al señor”?

¿Garantiza García Luna, con esta policía indisciplinada, lealtad institucional y seguridad para el ocupante de Los Pinos?

¿Es necesario, para la seguridad nacional, mantener una policía corrupta, indisciplinada, mal capacitada, con evidente penetración del narco y con un estado de fuerza superior a la del Estado Mayor Presidencial, prácticamente en el traspatio mismo de Los Pinos?

¡Cuidado! Hay policías asesinos a nuestro alrededor.

Índice Flamígero: Se habla de enfrentamientos entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas con el titular de la SSPF, ¿el tema de la institucionalidad podría ser la causa?

En el homenaje a “Maquío”

Martha Anaya / Crónica de Política

Siete de la noche. Casa Lam. Es el homenaje a Manuel J. Clouthier a 21 años de su muerte, a 62 de su natalicio, a 22 de la histórica elección de 1988 en la que contendieron por la Presidencia de la República el “Maquío”, Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Ibarra y Carlos Salinas de Gortari.

Los pequeños salones están atiborrados. Ya se encuentran Manuel Clouthier hijo –quien hará la presentación de la trilogía “Palabra de Clouthier”, que reúne los textos escritos por su padre en El Universal–, Luis H. Álvarez, José González Morfin, Santiago Creel, Javier Corral, Francisco Ramírez Acuña, Humberto Aguilar Coronado, Jorge Medina Viedas, Jorge Zepeda Patterson, Maritza López.

La figura esa noche es, sin embargo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Los periodistas le rodean, buscan su opinión sobre lo que acontece en el PRD, en torno a lo que piensa del “michoacanazo”; quieren saber si su hijo, Lázaro, va a la dirigencia del sol azteca; cómo ve a Marcelo Ebrard y a Andrés Manuel López Obrador, a cuál de los dos prefiere.

El ingeniero se deja querer. Sonríe y capotea las preguntas. La presentación de la trilogía está por comenzar y él, Cuauhtémoc, es uno de los que ocuparán el estrado y tomará la palabra.

“Sueño imposible”, la pieza favorita del “Maquío”, resuena en acordes de piano en los salones; es el tema musical de fondo al video con que inicia el homenaje. Aparece Clouthier en la pantalla en distintos momentos de su carrera política. Se le escuchar decir: “¡No es un cambio de amo lo que queremos, sino un cambio que nos permita dejar de ser perros!”

Su figura –alto y fornido— aparece en marchas, mítines, conferencias. Llama, grita, demanda, acusa, explica su lucha: “Me di cuenta de que el país se está yendo por la borda por dejarlo en manos de los ineptos…, y sobre todo, de corruptos.”

Clouthier hijo –actualmente diputado federal—toma el micrófono. ¿Por qué otro libro de él?, pregunta. Y él mismo responde: “Porque en la mayoría de la clase política falta generosidad…, porque es un momento que el PAN quiere olvidar”.

Es también, agrega, para que los jóvenes entiendan lo que ha costado este país “y que vean que ha habido retrocesos autoritarios”.

Su voz se quiebra cuando recuerda un artículo que escribió su padre en diciembre de 1982 –Clouthier hijo se acababa de recibir–, en el que “Maquío” le pedía perdón por el México que le estaba dejando… (una larga pausa entre sollozos) y en el que se comprometió a seguir luchando “para ver si a mis hermanos les dejaba algo mejor”.

“Democracia o autoritarismo, esa es la disyuntiva hoy”, remataría el primogénito.

Cuauhtémoc Cárdenas siguió en turno. Reelería algunos de los pasajes escritos por “Maquío” entre el 85 y el 88 (su etapa política) y una y otra vez se le escucharía agregar al de Michoacán: “esa posición es válida todavía”, lo mismo si se trataba del tema de la democracia que de la reforma fiscal, hasta esa que resumía en Clouthier una forma de vida:

“La única forma de vivir dignamente en México, es estar en la disidencia”. Esto, agregaría por enésima vez Cárdenas, “sigue siendo válido hoy en día”.

En primera fila, al lado de doña Leticia Carrillo viuda de Clouthier, Luis H Álvarez (artífice junto con Diego Fernández de Cevallos de la negociación con el PRI, que permitió a Carlos Salinas asumir como Presidente de la República) escucharía esta noche –22 años después—decir a Cárdenas una vez más: “Nunca estuve de acuerdo con la carta del PAN que permitió a Salinas ‘legitimarse en el gobierno’. El pasado no se borra. Salinas gobernó, pero no fue un Presidente legítimo.”

Don Luis guardó silencio.

Bicentenario: gigantes que apestan

Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal

El 20 de noviembre, el gobierno federal tiene una sorpresa. Por las calles de la ciudad de México caminarán un señor y una niña de 12 metros de altura para conmemorar la Revolución Mexicana. Será el último evento del año para recordar el Bicentenario y el Centenario –cinco conciertos simultáneos gratuitos en diciembre, con las artistas pop y los grupos más importantes hoy en día, fueron cancelados-, que será igualmente, para quien lo vea, inolvidable. Son las marionetas mecánicas gigantes de la compañía teatral francesa Royal de Luxe que han fascinado al mundo desde 1979.

Pero detrás del espectáculo hay otra historia que no termina de ser narrada. Se trata de un pleito en una corte de Nantes, Francia, la sede de la compañía fundada por Jean Luc Courcoult, por un asunto de derechos que involucra contratos por varios millones de euros. En el banquillo de los acusados no está el gobierno mexicano, pero es a propósito de él por lo que se están llevando a cabo las diligencias entre la empresa y sus representantes en Estados Unidos, que protagonizan la disputa legal.

El caso de Royal de Luxe es uno más de los componentes de los festejos del Bicentenario que han generado polémica dentro del gobierno federal. Fuentes del gobierno estiman que el monto de dinero del que no se tiene claridad de su destino asciende a 600 millones de pesos, y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda encontró movimientos a cuentas en el exterior que pertenecen a familiares de organizadores de los eventos.

En el caso de la compañía teatral francesa, su encuentro con los organizadores del Bicentenario se dio el año pasado cuando socios mexicanos del representante de Royal de Luxe para Estados Unidos y América Latina propusieron al comisionado Nacional del Deporte, Bernardo de la Garza, incluir a las marionetas gigantes como parte de los espectáculos que se venían planeando para estas fechas. Convencido de lo mucho que podrían aportar para los festejos, De la Garza llevó la iniciativa a Patricia Flores, en ese entonces jefa de la Oficina de la Presidencia, que tampoco dudó de sus bondades recreativas.

Lo que vieron en la Oficina de la Presidencia fue el montaje del Buzo y la Niña, donde el gigante con escafandra se sumerge en el río Loire, cerca de Nantes, donde nació Julio Verne, para iniciar la búsqueda por el mundo de su sobrina perdida. Este espectáculo causó sensación cuando fue presentado originalmente en el Festival de Verano de Nantes el año pasado, y en otoño de 2009 iba a ser presentado en el Lincoln Center de Nueva York, lo que finalmente no sucedió. El problema vino después, con los procedimientos de la contratación.

El gobierno mexicano hizo a un lado a los representantes americanos de Royal de Luxe e hizo la contratación en forma directa. Los representantes americanos se quejan de que hay una violación de derechos y que la compañía incurrió en un delito. Royal de Luxe entró en un hoyo financiero el año pasado cuando cinco espectáculos en Estados Unidos, con un costo superior de cinco millones de euros –alrededor de 100 millones de pesos- fueron cancelados por la crisis económica. La compañía se quedó con las marionetas construidas y con la necesidad de asumir las pérdidas.

Los representantes americanos, que también perdieron con la cancelación de los cinco espectáculos –de hecho, este año, antes del de la ciudad de México, sólo han podido realizar uno en agosto en Amberes, Bélgica-, reclaman el pago de comisiones que les debe tocar. Las insinuaciones de que las comisiones que les correspondían terminaron en otros bolsillos no han podido probarse porque los documentos de los contratos se mantienen todavía bajo resguardo del público, aunque es parte de la litis del juicio que se celebra en Nantes.

En la documentación del juicio por parte de los representantes americanos de Royal de Luxe se presume dolo en la contratación, que alegan se hizo a sabiendas del gobierno mexicano de que existían los derechos y que, por lo tanto, no podían haber firmado el espectáculo en forma directa. Esta presunción es negada por el mismo De la Garza.

Según explicó recientemente, la contratación del gobierno mexicano no violó nada porque su información era que nadie tenía los derechos para poder realizar el espectáculo en México. Ante las imputaciones de que él mismo conocía el contrato de derechos de Royal de Luxe, De la Garza las negó completamente. Más aún, dijo, hubo consultas al respecto con Royal de Luxe, que le informó al gobierno mexicano que sí podía firmar contratos en forma directa.

De la Garza fue quien introdujo el espectáculo a la Oficina de la Presidencia, pero no continuó con todo el proceso. Por tanto, explicó, todo aquello que tenga que ver con el acuerdo definitivo para el espectáculos de las marionetas gigantes, incluido el tema del costo final y las comisiones, está fuera de su conocimiento.

El tema del contrato con Royal de Luxe es el más controvertido de todos los que se realizaron con motivo de las conmemoraciones de 2010, porque se está dirimiendo en una corte internacional. Su impacto directo en México sólo podrá ser calibrado en el momento en que salgan a la luz pública los documentos de la contratación para los festejos del Bicentenario y las empresas que utilizó el gobierno mexicano para conseguir a la compañía teatral. Hasta entonces se podrá determinar si en efecto en Los Pinos sabían que tenían que haber contratado a través de sus representantes americanos o si, como dice De la Garza, Royal de Luxe les informó de otra cosa.

En cualquier caso, siguen incrementándose las dudas y las sospechas sobre el manejo de los dineros destinados al Bicentenario que manejó la señora Flores. Sus defensores aseguran que ella aclaró todo el manejo con quien correspondía en Los Pinos, y que no hay nada irregular en lo que hizo. Pero la cruda del Bicentenario no ceja. O peor, como en el caso de Royal de Luxe, ya existe una aún antes de que las marionetas gigantes irrumpan por las calles de la ciudad de México.

Síntomas de una ruptura anticipada: Marcelo Ebrard vs AMLO

Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno del Distrito Federal, insiste en que el pacto con Andrés Manuel López Obrador para que la nominación presidencial se decida en función de quien está mejor posicionado en las encuestas de preferencia electoral, será respetado por el tabasqueño.

Ebrard se está quedando solo, pues en su entorno crecen las dudas de que el ex candidato presidencial mantendrá su palabra.

Dos elementos para documentar su pesimismo: la carta que 14 senadores perredistas enviaron el viernes pasado a su líder en la Cámara Alta, Carlos Navarrete, exigiéndole que se decida por su apoyo a López Obrador, presionando su definición o su salida de la coordinación, toda vez que esos 14 son mayoría en la fracción perredista; la insinuación de López Obrador este fin de semana de que si se concreta una alianza PRD-PAN en el estado de México, pedirá licencia al PRD para apoyar a un candidato petista.

En efecto, están los síntomas de la ruptura anticipada, pero aún no hay un diagnóstico concluyente.

PAN y PRD sin candidato para elecciones 2011 en el Estado de México

Cuando las alianzas electorales probaron su efectividad en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, la idea de un candidato de unidad contra el PRI en el estado de México era una fórmula que podría funcionar.

La idea se está convirtiendo en utopía porque los estrategas del PAN y del PRD no encuentran al candidato ideal.

En el campo perredista, el deseo ardiente es que fuera un candidato ciudadano el que pudieran presentar; en cambio, quien trae muy caliente la cabeza es Alejandro Encinas, coordinador de los diputados, quien si no es el abanderado de su partido podría terminar como candidato del PT.

En el campo panista, quien más quiere ser es el senador Ulises Ramírez, pero no tiene la fuerza interna en el partido para lograrlo.

La candidata que más ambicionan para enfrentar al candidato del gobernador Enrique Peña Nieto es la coordinadora de los diputados, Josefina Vázquez Mota, quien sin embargo ya les dijo que se olvidaran de ella, porque su mente, su corazón y sus esfuerzos ya van encaminados al 2012.

Marisela Morales y el nuevo “michoacanazo”

Miguel Ángel Granados Chapa

Cuando el martes 28 de septiembre salieron a la calle cinco agentes policiacos que habían sido detenidos junto con 30 personas más en el célebre michoacanazo, y sólo siguió preso uno de dos docenas y media de alcaldes y funcionarios municipales y estatales de Michoacán privados de su libertad en mayo de 2009, quedando de manifiesto la injusticia, el ridículo y el talante político de la operación, su autora, Marisela Morales Ibáñez, tuvo que dar la cara.

Aunque no necesariamente tenga autoridad para hacerlo, la avaló su jefe, el procurador Arturo Chávez Chávez, quien no había sido designado en ese cargo cuando se inició la vasta maniobra que ahora reventaba. Como se recuerda, en aquel entonces era abogado postulante o consultor en el despacho de Diego Fernández de Cevallos, quien lo había ya colocado en la lista de espera para cuando se marchara (a Londres) Eduardo Medina Mora. Aunque Chávez Chávez participó también en la conferencia de prensa del jueves 30, en torno a casos que no conoce desde su origen, cedió la palabra a la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), a quien reconoció “públicamente capacidad, entrega, profesionalismo y valentía”, atributos de los que dudaría quien estuviera al tanto del tema por abordar.

La subprocuradora dijo en síntesis, aunque con otras palabras, que no fueron apreciados por los jueces los muy completos expedientes de acusación contra quienes pasaron hasta 17 meses sin que se les hallara responsabilidad penal. Descargó sobre ellos la responsabilidad de que la peligrosa movilización en que se detuvo a funcionarios que disponían de fuerza pública (y por lo tanto hubieran podido utilizarla para su protección, pues los policías que los capturaron parecían y actuaban como si fueran secuestradores o asaltantes) terminara en fracaso, como la opinión pública interpretó el que de treinta y tantos procesados sólo quedara uno, el alcalde priista de Múgica, en la penitenciaría michoacana. Centró su defensa de las actuaciones ministeriales en la participación de los testigos colaboradores, cuyos dichos, alegó, fueron avalados por tribunales de apelación, que otorgaron “pleno valor probatorio a la declaración de esos testigos”.

La tomó especialmente en contra del juez primero de Distrito en Morelia, autor de varios de los fallos por los cuales están en libertad los injustamente presos, y el que permitió a Julio César Godoy Toscano protestar su cargo de diputado federal. Dijo la subprocuradora que en nueve casos ese juzgador, Efraín Cázares, “no sólo decretó en forma cuestionable la libertad de los inculpados, sino que actuando en total contradicción a la ley, resolvió, al momento mismo de decretar la procedencia de la libertad por falta de elementos y la libertad por desvanecimiento de datos, el sobreseimiento del proceso, sin contar para ello con fundamento legal alguno, lo que implica que con esa determinación impide al agente del Ministerio Público de la Federación presentar pruebas y reactivar el procedimiento”.

Esas resoluciones y otras a las que la funcionaria se refirió, así de pecaminosas, no fueron objeto de queja alguna, en su momento, ante el Consejo de la Judicatura. Sólo ahora, cuando quedó claro que las acusaciones no fueron probadas y casi todos los detenidos se han marchado a sus casas, la PGR presentó ese recurso ante el órgano que supervisa la actuación de los juzgadores.

Con insistencia que parecía insidiosa, la subprocuradora añadió cargos contra Cázares, a quien no mencionó por su nombre, sino sólo aludió refiriéndose al juzgado del que es titular: “Las decisiones del juez primero de Distrito en Michoacán son contradictorias, toda vez que en una misma resolución señala que las declaraciones de los testigos colaboradores tienen pleno valor probatorio y son útiles para comprobar que se cometió el delito de delincuencia organizada, y en otra parte menciona que esas declaraciones no son válidas, porque los testigos no declararon en presencia de un abogado”.

Fue más allá la titular de la SIEDO: dijo del multicitado juez primero de Distrito que “resolvió extrañamente acumular” el proceso de Luis Servando Gómez Patiño –hijo de La Tuta, como se apoda al jefe de La Familia michoacana– al de los detenidos en mayo de 2009. La extrañeza le viene de que el juicio contra Gómez Patiño “es más antiguo que el de los servidores públicos del estado de Michoacán y en todo caso lo procedente debió haber sido acumular a la inversa, por lo que se prevé utilice los mismos argumentos anteriormente señalados para dejarlo en libertad”.

Esos y otros señalamientos contra el juez primero de Distrito de Morelia hacen suponer que pronto se intentará procesarlo. Pero si se llega a ese extremo, o al esbozado por el procurador y la subprocuradora de reiterar las acusaciones contra los detenidos y liberados, aun los que fueron absueltos en sentencias (que no están firmes, según insistieron), se enfrentarán a la incredulidad ciudadana, pues la gente supondrá que para lavarse la cara puede llegar a cualquier extremo –incluido un nuevo michoacanazo corregido y aumentado– el Ministerio Público, a cuya cabeza actúa en este caso la licenciada Morales Ibáñez.

Ella ascendió a su actual cargo al comenzar agosto de 2008, cuando se iniciaba la operación limpieza en la PGR. El entonces procurador Medina Mora despidió en un reajuste de su gabinete a los subprocuradores Noé Ramírez Mandujano y José Luis Santiago Vasconcelos, quienes en ese momento iniciarían un trayecto trágico. Ramírez Mandujano –en cuyo lugar fue nombrada Morales Ibáñez, quien hasta entonces estaba bajo sus órdenes, como jefa de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores– recibió un aparente premio de consolación: se le envió a Viena, como representante de México ante el organismo de la ONU contra las drogas. Pero sólo permaneció allí unos meses. En noviembre se percató de que se realizaban averiguaciones en su contra, volvió a México a responder en ellas y se le detuvo. Actualmente está sujeto a proceso, preso en una cárcel de alta seguridad.

Fue peor el destino de Santiago Vasconcelos, quien durante unos meses, después de un breve periodo de desasosiego (pues lo dejaron en la calle), fue llamado a encabezar el organismo que implementa la reforma judicial en materia penal. Volvía de San Luis Potosí tras un acto relacionado con esa función cuando, pasajero casual en el avión en que viajaba el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, murió al precipitarse a tierra el aparato.

En poco más de dos años al frente de la SIEDO, además del resultado del michoacanazo, Morales Ibáñez ha tenido otros momentos difíciles. En un juicio contra un presunto miembro de Los Zetas, se le perdió la testigo colaboradora en que se sustentaba su acusación. No le quedó más remedio que comunicar ese hecho al juez del caso: se excusó de presentar a ese testigo “toda vez que por el momento no es posible localizarlo, ya que abandonó el servicio de escolta y se procede a girar la localización y presentación en contra de dicho testigo”. Era probablemente una delincuente arrepentida, que se habría fugado, por lo cual la triste comunicación concluye diciendo que “se está en el proceso de estudio de su situación jurídica”.

Agente del Ministerio Público Federal desde tiempo atrás, el procurador Rafael Macedo de la Concha la nombró coordinadora general de Investigaciones de la PGR. Entre los casos que le correspondió encarar ante la opinión pública se contó el de la reanudación de las averiguaciones sobre el asesinato del cardenal José de Jesús Posadas Ocampo, donde su actuación no arrojó ninguna novedad. Fue diferente el resultado en la indagación que condujo al desafuero de Andrés Manuel López Obrador, en que aportó las constancias ministeriales utilizadas para el juicio legislativo contra el jefe de gobierno del Distrito Federal.

Justicia al estilo Macedo de la Concha

Jorge Carrasco Araizaga

Colocado en el centro de las críticas al Estado mexicano por violar los derechos humanos, lo mismo en la guerra sucia que en la “guerra al narcotráfico”, el Ejército mexicano no respeta la dignidad ni de los suyos.

La próxima semana, un Consejo de Guerra habrá de decidir la suerte del general de brigada Ricardo Martínez Perea, quien desde 2001 cumple una pena de 15 años de prisión acusado de supuesta protección al cártel del Golfo.

Como suele ocurrir en los consejos de guerra, que se integran al arbitrio de la cúpula militar, los jueces castrenses que habrán de resolver la demanda de reconocimiento de inocencia presentada por el general Martínez Perea, tendrán dificultades para actuar con independencia y hacer justicia.

Los jueces designados por el Supremo Tribunal Militar para resolver la demanda sólo tienen dos opciones: rechazar o validar la acusación contra del último general de brigada táctico del Ejército; es decir, no Diplomado de Estado Mayor (DEM).

En términos prácticos, los jueces tendrán que decidir si echan abajo la acusación que enderezó uno de sus exjefes, el generado retirado Rafael Macedo de la Concha, quien al momento de la detención de Martínez Perea era el procurador General de la República, cargo del orden civil al que lo llevó el expresidente Vicente Fox desde la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM).

El cargo contra el general de brigada resultó del operativo en el que fue capturado Gilberto García Mena, El June, detenido a principios de 2001 en Tamaulipas, acusado de ser lugarteniente del entonces capo del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, aprehendido dos años después y extraditado a Estados Unidos en 2007.

La acusación sorprendió porque Martínez Perea había sido reconocido por la propia Secretaría de la Defensa Nacional, precisamente por su historial de incautación y detenciones de narcotraficantes. Tal vez cometió “un error”: incautar droga de quien no debía.

Macedo de la Concha lo puede saber, en tanto que él inició el proceso judicial. Fuera del servicio público en lo que va de este sexenio, ahora se le menciona como eventual secretario de Seguridad Pública o procurador de Justicia de Veracruz en el gobierno del priista Javier Duarte, quien aún debe asegurar la gubernatura en los tribunales electorales.

La presencia del exprocurador no es la única peculiaridad del proceso. Como ya es costumbre en el Ministerio Público civil y militar en los casos de delincuencia organizada, los cargos contra Martínez Perea son de oídas. A partir de ahí, las irregularidades no han dejado de acumularse.

Durante todo el proceso, que derivó en una condena de 15 años, los testigos de oídas nunca se presentaron a declarar. Como consecuencia, el general de brigada no sabe ni quiénes son sus acusadores.

Peor aún, los propios testigos ofrecidos por la PGJM –los dos policías judiciales militares responsables del informe incriminatorio contra el general de brigada– admitieron públicamente durante un Consejo de Guerra que no habían investigado para elaborar el reporte.

Una más. Los detenidos en Guardados de Abajo, Tamaulipas, donde el Ejército detuvo al June, nunca identificaron al general como supuesto protector. Todo eso lo hizo saber el general Martínez Perea el pasado miércoles al Consejo de Guerra que lo escuchó antes de emitir su fallo, programado para el próximo 8 de octubre.

En su argumentación, el general procesado lanzó también una advertencia: en la actual “guerra a las drogas” lo mismo le puede pasar a cualquiera de los generales, jefes, oficiales o tropa al ser acusados, sin pruebas, de servir al narcotráfico.

Fuera de los militares verdaderamente implicados con la delincuencia organizada, basta con que un elemento caiga de la gracia del superior, se entere de lo que no debía o en sus servicios afecte a quienes gozan de la protección. Los casos dentro del Ejército no son pocos.

Rafaguean fachada del diario El Debate de Mazatlán

Las instalaciones del diario El Debate de Mazatlán fueron atacadas este domingo por un grupo armado.

La Procuraduría General de Justicia de Sinaloa informó que los hechos se registraron a las 5:15 horas de este domingo, dejando las ráfagas de metralla múltiples daños al inmueble.

Según el reporte oficial, al sitio arribaron sicarios, quienes dispararon a la fachada principal de la casa editorial. Peritos de la PGJE contaron al menos 17 impactos de arma de fuego, dos de ellos contra una puerta de vidrio que resultó quebrada.

Al momento del ataque se encontraba en el edificio personal del departamento de circulación, pero no se reportó ningin lesionado.

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