domingo, mayo 29, 2011

Eruviel sólo gasta en grande: Encinas

Milenio

Tecámac. Bajo el quemante sol en municipios del norte del estado de México, Alejandro Encinas prometió exportar del Distrito Federal a esta entidad diversos programas sociales en la modalidad de una tarjeta llamada "La Cumplidora".

Paliacate en mano, sudoroso, bebiendo agua a cada momento, el ex jefe de gobierno continuó este domingo con su campaña en busca del voto para alcanzar la gubernatura mexiquense y prometió terminar con los gobiernos priistas en la entidad.

En la colonia Héroes de Tecámac, ya prácticamente sin figuras nacionales a su lado, Encinas refirió el dispendio de la campaña de Eruviel Avila de quien dijo realiza sin ningún escrúpulo, mientras en el estado hay siete millones de pobres y de ellos, tres millones en pobreza alimentaria.

Refirió que Tecámac y Ecatepec son dos de los municipios más violentos del país y éstos tienen un alto índice de robo a casa-habitación, así como a transeúntes y transporte público.

"¡Pregúntenle a Eruviel que fue presidente municipal de Ecatepec, él dice que no pasa nada, dice que piensa en grande, pero sólo gasta en grande!".

Aquí no venimos a hacer negocio sino a arreglar los problemas de la corrupción, dijo Encinas enfundado en un pantalón de mezquilla y camisa blanca, quien parafraseó a Carlos Hank González con una nueva versión: "político corrupto, pobre político porque se van a ir a la cárcel.

Ante unos tres mil simpatizantes, la mayoría de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), que arribaron en camiones tapizados de propaganda de Eruviel Avila, Encinas aseguró que ganará las elecciones del próximo 3 de julio.

El candidato de la coalición de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, aseguró que no son cuentas alegres, sino que ya en tres ocasiones han derrotado al partido tricolor mexiquense.

Al lado del templete en esta colonia popular se instalaron varias mesas en donde, previo a la toma de datos de la credencial de elector se les entregaba la llamada "Tarjeta cumplidora", que es la promesa de campaña de Encinas para acceder a becas, pensiones para adultos mayores y programas de salud.

Las filas en las mesas no cesaban, sobre todo de mujeres jóvenes con sus hijos y de adultos mayores, mientras Encinas daba su discurso en este domingo de campaña.

Un poco antes y ahí sí arropado por dirigentes de Convergencia como Alejandro Chanona, y de los legisladores federales del PT, Porfirio Muñoz Ledo y Gerardo Fernández Noroña, en el municipio de Zumpango, Encinas acusó a los medios de realizar un cerco informativo a su campaña.

Ahí mismo, refrendó el compromiso de la “Tarjeta universal” para jóvenes, adultos mayores y niños, y prometió un gobierno honesto y con transparencia.

Dijo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no busca ganar la elección en el estado de México, sino "comprar la elección con dinero y por medio de prácticas del pasado".

En este mitin en la plaza principal de Zumpango y ante unos mil 500 seguidores, Encinas Rodríguez escuchó a dirigentes municipales y estatales del PRD.

Ahí los dirigentes perredistas acusaron a alcaldes y regidores priistas de quienes aseguraron que al empezar la actual administración "no tenían ni un burro, y ahora son dueños de cuadras de caballos pura sangre".

Por otro lado, en este municipio Porfirio Muñoz Ledo criticó la posibilidad de que se suspendan las elecciones en Michoacán en noviembre próximo, y aseguró que eso sería muy grave para el país y para la democracia.

Muñoz Ledo con sombrero panameño y chaleco de piel refirió que esta zona del estado de México es el último vestigio de la región lacustre y tiene un simbolismo especial, por lo que llamó a votar por Encinas y erradicar a los gobiernos que, subrayó, han envilecido la política.

Nueve homicidios este domingo en Guerrero

Ezequiel Flores Contreras

Al menos cinco muertos, entre ellos dos policías y tres pistoleros, fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre policías municipales y sicarios en la zona conurbada de Acapulco.

Aparte, en distintos puntos de la entidad se registraron cuatro ejecuciones, indican reportes oficiales.

Sobre los hechos de Acapulco, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPyPC) informó que la balacera ocurrió cerca de las 13:15 horas en la colonia Las Margaritas, donde un grupo de sujetos armados, encapuchados, con chalecos tácticos con las siglas FEDET atacaron a policías municipales que viajaban a bordo de tres patrullas.

En la refriega murió un uniformado y otro más que resultó herido falleció cuando era trasladado a un hospital, indican reportes de autoridades locales; un civil fue lesionado al quedar en medio del fuego cruzado.

Los agresores huyeron del lugar y comenzó una persecución sobre la vía El Cayaco-Puerto Marqués, donde se sumaron policías de los tres niveles de gobierno y soldados que conforman los grupos denominados Bases de Operaciones Mixtas Urbanas (BOMU).

Posteriormente, señala el reporte oficial, cerca de las 16 horas fueron localizados dos presuntos agresores muertos y al interior de una camioneta que estaba abandonada a la altura de la unidad habitacional Joyas del Marques. Las víctimas portaban pasamontañas.

En la misma zona fue localizado el cuerpo de un tercer miembro del grupo agresor que estaba muerto al interior de una vivienda, donde presuntamente intentó refugiarse, refiere el parte.

Y 200 metros más adelante, las autoridades policíacas encontraron una camioneta abandonada y en su interior: dos rifles de asalto AK47, pasamontañas y chalecos negros con las siglas FEDET.

En otros hechos, la dependencia estatal informó que en la región de Tierra Caliente fueron ejecutados dos hombres.

El doble crimen se reportó a las nueve de la mañana en la comunidad de Santa Bárbara, municipio de Pungarabato y las víctimas fueron identificadas como Delfino Torres Santana, de 32 años y Guadalupe Ochoa Santamaría, de 36.

Previamente, en la comunidad de Parotitas, municipio de Petatlán -región de la Costa Grande-, fue asesinado a tiros un hombre que había sido levantado el viernes 27.

La víctima fue identificada como Santiago Martínez Silva, de 33 años de edad, señala el reporte.

Y cerca del mediodía, en el municipio de Ometepec, región de la Costa Chica, un grupo de sujetos armados que viajaba a bordo de una camioneta disparó en contra de un auto compacto en movimiento y asesinó a una persona que iba en el asiento del copiloto.

PRI y PAN ganan dos presidencias municipales en Veracruz

De acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares, el abanderado priísta José Vázquez obtuvo el triunfo con 3 mil 527 votos. En José Azueta, el panista Agustín Martínez se impuso, con 5 mil 429 votos.

Andrés Timoteo Morales, corresponsal.


Jalapa, Ver. En una jornada electoral que se caracterizó por los rumores de balaceras y secuestros así como acusaciones entre priístas y panistas por la compra del voto a cambio de dinero en efectivo, despensas comestibles y materiales de construcción y agresiones contra militantes, los partidos Revolucionario Instituicional (PRI) y Acción Nacional (PAN) obtuvieron las presidencias municipales de Coxquihui y José Azueta, respectivamente.

De acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), en el municipio totonaca de Coxquihui, el abanderado priísta José Vázquez Martín obtuvo el triunfo con solo 18 votos de diferencia sobre el panista Francisco García Jiménez, al acopiar 3 mil 527 votos contra 3 mil 509 sufragios del blanquiazul, tras el conteo de las 18 casillas electorales.

En José Azueta, municipio ubicado al sur del estado, el panista Agustín Martínez Gamboa se impuso, con 5 mil 429 votos, sobre el priísta Vladimir Auli Pérez que registró 5 mil 380 sufragios al contabilizarse las 35 casillas electorales instaladas.

En ambos municipios se registró una participación de casi el 61 por ciento de los ciudadanos, segun el IEV. Durante los comicios ordinarios del 4 de julio del 2010, el tricolor se adjudicó el triunfo en ambos municipios pero los procesos fueron anulados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debido a las anomalías acumuladas.

Los comicios extraordinarios para renovar ambos ayuntamientos iniciaron sin incidentes, salvo el retraso de hasta 45 minutos para la instalación de las casillas. En el primer municipio, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco García Jiménez acudió a votar acompañado por un grupo de seguidores y efectivos de la Policía Federal que también resguardaron su domicilio, ubicado en la comunidad Sabana de Xalostoc, debido que recibió amenazas de muerte presuntamente por parte del grupo delictivo *Los Pelones*, que encabeza el excaldalde priísta, Reveriano Pérez Vega.

Según denuncias de los ciudadanos, en la noche del sábado, este grupo delictivo realizó disparos en las congregaciones de Sabaneta, Sabanas de Xalostoc, Adolfo Ruiz Cortines y Cuauhtémoc como medida de intimidación en la víspera de las votaciones, lo que movilizó a efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado aunque no aprendieron a los causantes de los disparos.

En la comunidad Tuncuhuiní, dos personas identificadas como Pedro Méndez Garrido y Bernardo Espinosa Pérez, fueron brutalmente golpeados con piedras y palos, el primero de ellos recibió un cachazo con arma de fuego, mismo que le provocó una herida en el cráneo. Las víctimas acusaron a la banda de *Los Pelones* de la agresión y en especial a Alberto Rivera Vega, hermano del exalcalde Reveriano Pérez Vega, de encabezar a grupo de golpeadores.

A su vez, el Revolucionario Institucional acusó que el diputado local Loth Melquisedec Segura de Acción Nacional y al dirigente estatal, Enrique Cambranis de arribar al municipio para ofrecer dádivas y “operar a favor del abanderado panista a la alcaldía. En tanto, el candidato priísta, José Vázquez Martín voto también casi en secreto para evitar que simpatizantes del PAN lo abuchearan.

En José Azueta, al sur del estado, grupos de priístas denunciaron que sorprendieron al alcalde panista de Tierra Blanca, Tito Delfín Cano, que hace años también fue presidente municipal de este lugar, y al secretario general del partido, Herman Ortega Castro, supuestamente comprando votos con dinero en efectivo. Tras ser perseguidos por la turba los acorralaron en un domicilio cercano al palacio municipal.

Por su lado, el gobernador Javier Duarte de Ochoa ofreció un mensaje televisivo en alusión a los comicios extraordinarios en el cual aseguró que los mismos se desarrollaron “ en tranquilidad, orden y sin contratiempos que pusieran en riesgo el proceso electoral o vulneraran el voto de los ciudadanos”. Calificó la jornada electoral como “un ejemplo de civilidad y estatura política”, independientemente de los resultados que sean avalados por el Instituto Electoral Veracruzano (IEV).

Desmantelan el narcolaboratorio más grande que ha habido en Chiapas

Isaín Mandujano

La madrugada de este domingo cientos de efectivos del Ejército Mexicano descubrieron y desmantelaron el narcolaboratorio más grande de Chiapas y el que podría ser el más grande en el sureste mexicano.

Elementos del IV Regimiento de Caballería Motorizada de la 36 Zona Militar con sede en Tapachula arribaron alrededor de la 1:40 de la mañana a un rancho ubicado cerca de la colonia El Arenal, a 16 kilómetros de Huixtla, un municipio costero de Chiapas.

La localidad de El Arenal en la zona baja del municipio de Huixtla, justo donde pasa su río principal que lleva su nombre, tiene 647 habitantes. El Arenal está ubicado a 20 metros de altitud sobre el nivel del mar. Colinda con los terrenos del Ingenio de Huixtla, propiedad del Grupo Porres. La zona es netamente agrícola, principalmente Caña y Palma de Aceite.

Hasta ahí llegaron los militares y aunque se percataron de personas armadas, estos lograron huir según el reporte preliminar, por lo que no hay ninguna persona detenida.

El narcolaboratorio estaba camuflado entre árboles de frutales y la montaña común de la zona baja. Había todo un campamento en una extensión de 5 a 10 hectáreas. Además de casas de campaña, tenían cocina, baños, el equipo de laboratorio, filtrados, una gran fosa donde derramaban los residuos químicos.

Sin que se tenga información oficial, se dijo que fueron decomisadas unas dos toneladas de anfetaminas. En el lugar habían 18 tambos de 200 litros con drogas a punto de recibir el último proceso para ser convertido en “ice”. Además habían otros 500 tambos de un precursor líquido.

Trascendió que personal del Inteligencia del Ejército Mexicano se demoró al menos dos meses en poder indagar la ubicación del narcolaboratorio. En el lugar de los hechos fueron encontrados documentos y maquinaria a nombre de una persona llamada Arturo Vela.

Era muy difícil dar con el narcolaboratorio desde el aire porque los tambos, por ejemplo, estaban ocultos entre árboles y maleza con enredaderas. Se dice que en el lugar laboraban al menos 100 personas todos los días. Los residuos eran arrojados a una fosa muy cerca del río Huixtla que desemboca en los esteros de la zona.

Después de que el Ejército Mexicano ingresara y mantuviera control de la zona con retenes dispuestos en diversos tramos del camino, la PGR y su personal especializado ingresaron esta mañana del domingo para determinar el peritaje y finalmente contabilizar e identificar el tipo de droga.

Hasta ahora no se ha dicho a qué cártel pertenecía dicho narcolaboratorio.

Rompe el PAN con el gobierno de Aguascalientes

El PAN rompió relaciones con el gobierno de Aguascalientes por la detención de Martín Orozco Sandoval, excandidato del blanquiazul al Poder Ejecutivo local.

En un comunicado, el presidente del PAN, Gustavo Madero, acusó al gobierno de Aguascalientes de ejercer “prácticas caciquistas, autoritarias y represoras”.

El excandidato del PAN fue privado de su libertad sin previa orden de aprehensión ni con la respectiva presentación ante el Ministerio Público, denunció el líder del PAN.

De paso, Madero se lanzó contra el gobierno de Carlos Lozano de la Torre:

“La administración de Lozano de la Torre no ha ofrecido resultados tangibles a los problemas de la población, ha habido un incremento de los índices delictivos y ha reprimido con violencia, orientado por rencores personales a quienes no piensan o actúan en base a sus caprichos”.

Juzgan ciudadanos a Estado por caso de Guardería ABC

Verónica Sánchez / Reforma

El Estado mexicano es juzgado por ciudadanos en el Zócalo capitalino por el incendio de la Guardería ABC.

A unos días del segundo aniversario de la muerte de 49 niños, los padres de víctimas, activistas, especialistas e intelectuales recrean un juicio oral público para delimitar responsabilidades a diferentes instancias del Poder Ejecutivo, como a la Procuraduría General de la República, al Presidente de la República, a la Suprema Corte de Justicia, así como al Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Como juez funge Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; como secretaria, Margarita Campuzano, licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM; como fiscal, Mónica González, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en derechos de niños y niñas.

El jurado lo integran Lorenzo Córdova, Elena Azaola, Nasheli Ramírez, entre otros.

En tanto, como testigos de calidad se encuentran Javier Sicilia, Denisse Dresser, Sergio Aguayo, Sabina Berman, Bruno Bichir y Eduardo Gallo.

Entre las acusaciones que ha hecho la fiscal destacan que los ministros no reconocieron que el esquema de subrogación de guarderías es contrario a la Constitución, que los legisladores fueron omisos en la realización de un marco normativo que especifiquen las reglas de operación de las guarderías.

Así como que personal de la CNDH no entrevistó a los sobrevivientes, incluyendo a empleados de la guardería, por el incendio de la estancia infantil.

Ciudadanos culpan al Estado mexicano por incendio en Guardería ABC

CNN

Las banderas rosas y azules que representaban a las 25 niñas y 24 niños que fallecieron hace dos años en el incendio de la Guardería ABC, ondeaban en la explanada del Zócalo de la ciudad de México en espera del juicio ciudadano en el que el Estado resultaría culpable de omitir su responsabilidad en el siniestro y de no atender el principio del interés superior de la infancia.

La Presidencia de la República, el poder legislativo y el judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fueron encontrados culpables en el juicio presidido por activistas, intelectuales y académicos.

Los cargos, denegación de acceso a la justicia a las víctimas y "establecer el peligrosísimo criterio de que los niños y las niñas no son sujetos de derechos", omisión de legislar para proteger a la infancia y negligencia y desatención a las víctimas.

Tras una hora de alegatos, el juez, representado por el defensor de derechos humanos, Emilio Álvarez Icaza, sentenció al Estado mexicano a modificar el esquema de subrogación de las guarderías del IMSS por contradecir lo estipulado en la Constitución y en tratados internacionales sobre los derechos de los niños.

El siniestro de la Guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009. Organizaciones civiles la consideran la mayor tragedia infantil en la historia de México, en la que fallecieron 49 niños y 104 más resultaron heridos.

Ocurrió cuando un incendio en una bodega adjunta se trasladó a las instalaciones de la instancia infantil que no cumplía con las normas de operación ni de seguridad para alojar niños, como lo confirmó el IMSS en un oficio publicado en julio de 2005.

En el Zócalo, los asistentes al juicio no dejaron de gritar "justicia" o "cárcel a los culpables", pese a la petición del juez de guardar silencio y evitar las consignas.

Finalmente hubo aplausos y gritos de júbilo cuando Álvarez Icaza exigió al Estado, como parte de la condena, una "auténtica y sentida disculpa pública" a los afectados de la tragedia en una ceremonia pública que deberá realizarse en Hermosillo, Sonora, donde ocurrió el incendio.

Como parte de la reparación de daño, también se solicitó la instalación de un Memorial en donde solían ser las instalaciones de la Guardería ABC, para honrar la memoria de todos los niños agraviados.

Los culpables directos

Durante el juicio ciudadano de este 29 de mayo se hizo hincapié en la necesidad de señalar a funcionarios públicos como responsables directos de la tragedia.

La omisión del Estado mexicano de incluir los nombres de los culpables, fue tomada como una de las causas principal para denegar justicia en la muerte de los 49 pequeños.

"La omisión del Estado no tiene remedio", "queremos solución y queremos a los culpables", "basta de cómplices de la corrupción", gritaba el público de este juicio.

"Es indispensable remarcar la responsabilidad ética ineludible de Juan Francisco Molinar Horcasitas y de Daniel Karam Toumeh", dijo el juez para despertar los aplausos y gritos de la gente.

El juez ciudadano condenó a los dos funcionarios a "un mes de trabajo comunitario por cada niño o niña que perdió la vida y/o resultó lesionado en una guardería pública (...) Esto es 153 meses, equivalente a 12 años con nueve meses".

También los inhabilitó para desempeñar cualquier cargo público en un periodo de 20 años.

Daniel Karam es actualmente director del IMSS, las víctimas lo acusan de no haber atendido correctamente a las víctimas, mientras que a Molinar Horcasitas —actual secretario de acción de gobierno del Comité Ejecutivo Nacional del oficialista Partido Acción Nacional y ex directivo del IMSS—, lo responsabilizan del desorden por la operación y supervisión del servicio de las guarderías que propiciaron las condiciones para la tragedia.

La sentencia, fue recibida con aplausos del público y algunas lágrimas de los padres de los menores que fallecieron. La escritora Sabina Berman, como testigo de calidad del juicio ciudadano, dijo que hay evidencias para mostrar la incapacidad del Estado para hacer justicia y que sólo en la sociedad civil estará la capacidad para alcanzarla.

Sobre los funcionarios enjuiciados, la politóloga Denisse Dresser dijo que "siguen aferrados a sus puestos en la vida pública, dispuestos a perpetrar la impunidad, evidenciando que dejaron la decencia atrás al momento de cruzar el umbral del poder".

La sentencia ciudadana contra el Estado mexicano, se dictó el 29 de mayo de 2011 a las 13:15 horas.

El poeta Javier Sicilia, el actor Bruno Bichir, el litigante Miguel Carbonell y el activista Eduardo Gallo; fueron algunos de los testigos que presenciaron el juicio que sin tener algún efecto vinculante, busca exponer a las autoridades mexicanas frente a su incapacidad de dar justicia por una tragedia prevenible, dijeron los organizadores.

Ante el llamado de la sociedad civil, la Secretaría de Gobernación respondió que resultaba "absolutamente improcedente la asistencia del Titular del Ejecutivo, así como designación de representante alguno" a este juicio ciudadano.

Atacan a familia de Alfredo Anaya

Este medio día, unos 20 delincuentes, al parecer encapuchados, balacearon el vehículo donde se conducían sus familiares

Este medio día, unos 20 delincuentes, al parecer encapuchados, balacearon el vehículo donde se conducían familiares del Diputado priísta Alfredo Anaya.

El hecho se sucitó en la carretera Sahuayo - Guadalajara. En el ataque falleció la señora Blanca Gómez y su esposo. Cabe señalar que la señora Blanca es prima de la esposa del diputado Anaya.

El Secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, fué informado de lo ocurrido por el mismo Diputado Anaya.

Teniente Hernández Hernández: calumniado

Gloria Leticia Díaz

En la guerra contra el narcotráfico, un escrito anónimo le basta a la justicia militar para relacionar a un soldado con un capo y procesarlo por delitos contra la salud.

Es lo que le pasó al teniente Julián Hernández Hernández y a seis oficiales más, ahora procesados por haber recibido “fajos de billetes” de manos de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas o El Jefe de Jefes.

Al menos así lo señala una carta anónima enviada al secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, fechada el 24 de diciembre de 2009, ocho días después de que el capo fue ejecutado por fuerzas especiales de la Marina y cuatro antes de que Proceso (edición 1729) revelara el testimonio de uno de los cinco detenidos en el operativo, identificado como El Cocinero:

Éste dijo que “el día del ataque el llamado Jefe de Jefes esperaba a comer en su departamento nada menos que al comandante de la XXIV Zona Militar con sede en Cuernavaca”, el general Leopoldo Díaz Pérez, así como a “un capitán y un mayor del Ejército”.

Los nombres de Julián Hernández y sus compañeros, que no se conocían, aparecieron en un documento anónimo redactado con lenguaje castrense. Esa “prueba” y recortes de periódico son los únicos elementos en su contra incluidos en la causa penal 896/2009 que se le abrió por “colaboración en cualquier manera en el fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos agravado”.

Lo que el teniente Hernández califica de libelo fue escrito en computadora y supuestamente redactado por una mujer que asegura que sostenía relaciones sentimentales con un sargento y que fue testigo de un encuentro entre siete oficiales de la XXIV zona con “un hombre alto, de barba” que era custodiado por seis personas.

El “hombre de barba” habría entregado fajos de billetes a los oficiales en un bar, y después todos –los militares, la firmante del anónimo, el hombre de barba y sus guardaespaldas– se dirigieron a un hotel a las afueras de Cuernavaca. Presuntamente quien entregó el dinero era El Barbas.

Originario de un pueblo de la Huasteca Hidalguense, Julián Hernández ingresó al Ejército, como muchos de su pueblo, “para salir de pobre”.

Adscrito al Tercer Regimiento Blindado de Reconocimiento, de la XXIV Zona Militar de Cuernavaca, estuvo al frente de una sección de fusileros integrada por 30 elementos de tropa. Tenía como función patrullar las calles y comunidades en Morelos.

“¿Qué sabes de Beltrán?”

Residente de la Zona Militar desde 2006, se le ordenó presentarse ante el coronel del Tercer Regimiento, Jesús García García, la mañana del 28 de diciembre de 2009. En la oficina del coronel encontró a otro teniente que había recibido la misma indicación que él.

García García les comentó: “Yo no los necesito, no sé qué se trae el comandante de la zona (Leopoldo Díaz) con ustedes”.

A las 10 de la mañana un teniente coronel se dirigió a ambos tenientes y les exigió que le entregaran sus armas de cargo y sus celulares, mientras policías judiciales militares vestidos de civil les ordenaron que los condujeran a sus habitaciones.

“A los dos judiciales que iban conmigo les pedí algún oficio que justificara su actuación. Nunca lo hicieron y me dijeron que traían órdenes contra nosotros y que más valía que cooperara”, cuenta. “Ya en mi alojamiento se llevaron documentos personales, cámara de video, un GPS, cargadores de mi pistola, ropa, fornituras, chalecos tácticos, y me preguntaban por un celular, que yo les insistía en que no tenía.

“Me ordenaron desnudarme y empezaron a golpearme. ‘¿Qué sabes de Arturo Beltrán?’, preguntaban, y yo les decía: ‘Sobre mi cama está la revista Proceso. Todo lo que sé está ahí’. Y siguieron los golpes.”

El otro teniente y él fueron subidos a una vagoneta blanca con placas del Distrito Federal; de reojo vio cómo otro oficial fue subido a un vehículo particular. Dentro de los autos los judiciales militares les vendaron los ojos.

Conocedor de la Zona Militar, Julián advirtió que los vehículos nunca la abandonaron y que fueron llevados a instalaciones del Patronato del Campo Militar, donde cada uno fue conducido a un cuarto para ser torturado, afirma.

Recuerda: “Me sentaron en una silla metálica, me ataron los pies, me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza mientras me golpeaban el estómago; me envolvieron en una cobija mojada y me dieron toques eléctricos; por momentos quedé inconsciente, pero me despertaban a golpes”.

Deliberadamente, asegura, los judiciales militares se comunicaban por radio con otra persona, aparentemente “un mando”, quien decía que por órdenes superiores los siete oficiales tenían que ser detenidos, y cuando los torturadores informaron que el teniente Hernández se negaba a “cooperar”, la voz dio la instrucción de tirarlo en calles de Cuernavaca y “hablarle a La Maña para que me mataran”.

Con esa advertencia, añade, los torturadores lo subieron a una camioneta y simularon llevarlo a las calles de la ciudad; lo tiraron al pavimento, pero en realidad nunca salieron de la Zona Militar.

“Me dejaron un rato tirado y de repente oí un carro, me subieron a él y escuché a gente que decía: ‘¡Traicionaste al patrón!’. Pero eran las mismas voces de los policías judiciales militares y la misma camioneta; les dije que ya los había descubierto y me golpearon otra vez.

“Me llevaron al vivero de la Zona Militar; yo seguía negando todo y me dijeron que tenían luz verde para ir por mis papás, mi hijo y su mamá, que a ella la iban a violar. Escuché otra vez que por radio les decían a quienes me golpeaban que ya iban por el ‘paquete’, y daban señas de la ruta que se sigue para ir a la casa de mi hijo; cuando estaban supuestamente a una cuadra entré en pánico y les dije que dejaran en paz a mi familia, que iba a firmar lo que quisieran.”

Julián dice que, ablandado por los golpes y la tortura psicológica, recibió un documento con una declaración fabricada que tendría que aprenderse.

“No quiere cooperar”

La mañana del 29 de diciembre, los siete militares llegaron a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia Militar en el Distrito Federal, donde fueron atendidos por el jefe de Averiguaciones Previas, el mayor Jesús Rosario Aragón Valenzuela.

“Le dije al mayor que no sabía por qué estaba ahí, que los judiciales militares me habían torturado. El mayor puso un gesto de desagrado y les gritó a los judiciales: ‘¡Éste no quiere cooperar y yo no estoy jugando!’. Llegaron dos judiciales miliares y el mayor dijo que me llevaran al baño. Ahí otra vez empezaron a golpearme. Les dije que ya estaba bueno, que me dejaran en paz.

“El mayor me dijo: ‘No te preocupes, vas a salir en unos tres años’. Y firmé lo que me puso enfrente.”

El teniente Hernández recuerda cómo un sargento, detenido con él, le dijo al mayor Aragón que tenía derecho a hacer una llamada, que le permitiera hacerla, y el agente le respondió: “Eso sólo pasa en Estados Unidos. Estás en México y aquí te chingas”.

El mismo 29 de diciembre, los siete oficiales fueron conducidos a dormitorios de la Policía Judicial Militar, en el Campo Militar Número 1. Estuvieron hasta el 31 de diciembre esposados a las literas e incomunicados. “Querían que se borraran las huellas de la tortura antes de que nos hicieran el certificado médico para pasar a la prisión militar, pero no fue suficiente; a pesar de estar todos golpeados, el médico puso en el certificado ‘sin novedad’. Yo reclamé y me dijo que como podía caminar no había novedad”, dice Julián.

Cuando los soldados iban a rendir su declaración preparatoria le pidieron al primer abogado civil que vieron por los juzgados militares que los defendiera.

“El licenciado pidió peritajes por los golpes y alegó que nuestras declaraciones no era válidas por haber sido torturados. Cuando el licenciado salió del Campo Militar lo alcanzaron soldados y le dijeron que no se metiera en nuestro caso, que ya todo estaba armado. El abogado se asustó y se negó a defendernos.”

Su actual defensor, también civil, tramitó un amparo directo contra el auto de formal prisión en el Juzgado Tercero de Distrito, que resultó favorable: se ordena al juez militar que libere a los presos porque el auto no está fundado ni motivado.

Un tribunal colegiado ratificó la resolución, pero el juzgado militar les volvió a dictar formal prisión.

Hernández tiene miedo porque su familia está vigilada y se indigna porque su imagen es utilizada en una campaña interna de la Sedena contra la corrupción.

“Un amigo me vino a ver y me dijo que les habían pasado un video en el que aparece mi rostro: aparezco como un mal ejemplo de soldado, diciendo que yo trabajé para Beltrán y que ahora estoy en la cárcel. Mi amigo me dijo que después de ver ese video había decidido que ya no volvería a visitarme, que tenía miedo de que lo metieran a la prisión por hablar conmigo. Eso es lo que más me duele, que además de que me tienen encerrado, manchen mi imagen y mis amigos me dejen solo.”

El teniente Julián Hernández fue trasladado el 28 de abril de 2011 al penal de máxima seguridad de Perote.

Wikileaks y Peña Nieto

Arnaldo Córdova

Todos sabíamos de los enjuagues de Enrique Peña Nieto en su afán de alcanzar la Presidencia de la República en el 2012. En primer lugar, de su terror a una posible alianza entre el PAN y el PRD que hoy está muerta. Luego, de su campaña mediática con Televisa que se financiaba con millonadas que iban del erario del Edomex directo a las arcas de la televisora. También de su persistente labor de convencimiento en las filas priístas, en lo que ha derrochado, asimismo, montañas de dinero, en especial con los sindicatos y agrupaciones de masas. De igual manera, de su manejo ilegal de las partidas para los ayuntamientos y el ahorcamiento sistemático de los mismos. Y sin olvidar el encubrimiento criminal de auténticos delincuentes políticos, en particular, de su tío Arturo Montiel.

Pues todo eso lo vienen a mostrar documentos de la embajada de Estados Unidos en México filtrados por Wikileaks a La Jornada y muy bien reseñados por Blanche Petrich en la edición del 23 de mayo. En uno de esos documentos se puede leer: Hecho en el molde del anquilosado PRI mexiquense, Peña Nieto no es reconocido precisamente por su transparencia cuando se trata de amigos y aliados. Allí mismo se dice lo que todo mundo sabe: que es ahijado del ex presidente Carlos Salinas y que parece cortado con la misma tijera de la vieja guardia priísta. Todo eso ya lo sabíamos y lo decíamos; pero ahora sabemos que era también la opinión de los analistas de la embajada gringa.

Del derroche de dinero público, el mismo documento hace notar que el PRI en la entidad tiene fama de aprovechar las fisuras existentes en materia de transparencia para hacerse de fondos de campaña. En vista de la gran cantidad de dinero que fluye por la entidad y dada la posición que tiene Peña Nieto como puntero de la carrera presidencial, no parece improbable que su administración esté sacando ventaja de esta situación. Es un modo de decir que el gobernador mexiquense está canalizando todo el dinero que llega, en cantidades colosales, al Edomex para promover su imagen y su carrera presidencial.

Los empleados de la embajada que dicen esas cosas no fueron a aquel estado a fisgonear, cosa que, por lo demás, hacen continuamente en todo el territorio mexicano, sino que fueron invitados ex professo por la poderosa oficina de relaciones internacionales del gobierno mexiquense y les abrieron todas las puertas para su información. Sólo que los gringos supieron siempre que eran unas cuantas y que se les daba aquella información a cuentagotas. Por eso siempre desconfiaron de lo que se les decía. Hasta supieron qué era lo que se les quería ocultar. En sus entrevistas con los funcionarios mexiquenses, lo recuerdan a cada momento, éstos siempre trastabillaban y se confundían.

Lo primero que los de la embajada reprochan a sus anfitriones es el hecho de que en el Edomex no se cumple con los controles de confianza de mandos y operativos de las instituciones policiales y de procuración de justicia. Sólo un dos por ciento de los oficiales se ha sometido al examen, dice el despacho. Fue sólo un ejemplo. También pudieron constatar que sus interlocutores no les pudieron explicar con precisión en qué gastaban las enormes cantidades de dinero que llegaban al estado y que eran las mayores en toda la República por ser el estado más poblado. De ello no pudieron obtener ni un solo dato.

La excursión de los personeros de la embajada por el Edomex ocurrió poco después de las elecciones intermedias de 2009, cuando Peña Nieto se alzó con la victoria en 97 de 125 municipios mexiquenses, con 40 de 45 diputados locales y 38 de 40 diputados federales. El documento parece cantar victoria: “… pasó la prueba del ácido, pudo demostrar que es capaz de obtener resultados electorales favorables para su partido y que es algo más que una cara bonita”. La popularidad de Peña Nieto, que era en esos días de 70 por ciento de los encuestados, según el propio documento, fue la causa principal de ese éxito. Pero también reconoce que ello se debió a la debilidad de sus enemigos, sobre todo a las pugnas internas del PRD y el pago que el PAN tenía que hacer por la crisis económica.

No se habla del derroche de dinero que se hizo desde el gobierno mexiquense para obtener esos logros. Pero se pregunta: “…aquí la cuestión es ver hasta qué punto esta popularidad es resultado del carisma personal del gobernador y del cuidado que pone en labrar su imagen o qué tanto tiene que ver con un trabajo serio para mejorar las condiciones de su estado y llevar a cabo reformas necesarias”. La cuestión es falsa en sí misma. Debieron haberse preguntado, más bien, de qué medios se valió Peña Nieto para obtener esos resultados. Habrían podido ver que de lo que se trató fue, de nueva cuenta, de un derroche fenomenal de dinero, cosa que, desde luego, todos pudimos ver.

Ese abuso de los recursos públicos es reconocido por la embajada en otro documento, esta vez del 26 de enero de 2009, redactado por la entonces encargada de negocios Leslie Basset. Se dice: Quizá como nunca lo había hecho en procesos electorales previos, el mandatario estatal está concentrado y ha lanzado proyectos de trabajo en zonas que le pueden aportar votos; analistas y líderes de su propio partido han expresado ante consejeros políticos de la embajada sus sospechas de que está pagando dinero a los medios bajo la mesa para favorecer una cobertura favorable, y también que financia a empresas encuestadoras para que presenten resultados alterando las tendencias a su favor. Ese documento es anterior a las elecciones de ese año. Si eso hizo con las encuestas, habrá que imaginarse lo que hizo con las elecciones y los votantes.

Los cuestionamientos de los enviados de la embajada, de una pálida y candorosa objetividad, empero, hicieron señalamientos que son una novedad para el público mexicano. En el tema de seguridad contra la criminalidad, por ejemplo, pusieron en aprietos al grupo de investigación llamado C-4 del gobierno mexiquense, encargado de recopilar y procesar investigación sobre la potencialidad del crimen en la entidad; no sólo les hicieron preguntas que no pudieron responder, sino que hicieron la observación crucial de que ese grupo no tenía relación con la procuraduría estatal, lo que resulta incomprensible.

En el primer cable que reseña Blanche Petrich se hace notar que las dudas y cuestiones que se les plantearon a los funcionarios mexiquenses no siempre pudieron ser respondidas. Se dice, para el caso: “Presionamos para que nos explicaran en qué radica la popularidad de Peña Nieto. Los funcionarios respondieron explicando los ‘600 compromisos’ o promesas de campaña” que el gobernador firmó ante notarios. Y se concluye: A nuestros asesores políticos esto les olió más a populismo que a logros duraderos para mejorar las condiciones del Estado.

En el fondo, todo ello ya lo sabíamos, pero es bueno que a eso se agregue el testimonio de la embajada de Estados Unidos. Peña Nieto es un farsante y, lejos de ser la cara moderna del PRI, chorrea por todos los poros la misma vieja basura y porquería del antiguo partidazo que ya se sueña, a pesar de los reiterados golpes que ha recibido, de nuevo dueño del poder. Peña Nieto es tan sólo eso.

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks

Reservas... ¿de cuáles?

Antonio Gershenson

En estas páginas vimos que Pemex anuncia haber descubierto reservas de gas hasta de 600 mil millones de pies cúbicos, con una perforación en aguas profundas.

Hay muchas aclaraciones que son necesarias aquí. Se han dicho tantas mentiras con estos descubrimientos que puede haber muchas otras ocultas aquí. Ya nos dijeron que en Chicontepec se iban a producir 800 mil barriles diarios de petróleo, y aún con dudas expresadas en la prensa local, lo más que estarían produciendo son 50 mil barriles. En tiempos de Díaz Serrano las reservas de crudo eran de 50 mil millones de barriles de petróleo, y al poco tiempo resultó que sólo eran 10 mil millones, no porque se hubieran sacado los demás, sino porque los otros nunca existieron. ¿Y el famoso gasoducto de esos mismos tiempos, de 40 pulgadas de diámetro o algo así, que iba del sureste a la frontera con Estados Unidos, y que no se usó porque esos súper yacimientos de gas nunca existieron?

De Chicontepec, los funcionarios han dicho que tienen las mayores reservas del país. Pero no dicen cuáles y tampoco cuántas de las reales. De las llamadas reservas probables, en 2009 eran 52.9 por ciento del total nacional. Para el primero de enero de 2011, ya eran sólo 38.7 por ciento. Y no porque se hubiera sacado semejante cantidad, simplemente resultó que sus datos, ellos mismos los habían inflado. De las llamadas reservas posibles, supuestamente, y a la vez oficialmente, en 2009 eran 53.3 por ciento del total. En 2011, ya eran 35.9 por ciento. ¿Acaso de ahí salieron reservas probadas?

Nada de eso. Las probadas de 2009 eran el 4.8 por ciento del total, y en 2011 ya eran sólo 3.2 por ciento. Pero se destina más presupuesto a Chicontepec que a zonas más ricas en verdaderas reservas. Se perforaron cerca de 100 pozos al mes a finales de 2009, y ahora sólo 20 a 30. Y el rendimiento por pozo... Decíamos en 2008 que sólo daba en promedio 40 barriles diarios de petróleo frente a miles de barriles diarios en cada uno de los mejores pozos del sureste. Pues cada año, rinden menos.

En 2009, ya rendían por pozo 29 barriles. En 2010, 26 barriles, y en el primer trimestre de este año, 24 barriles de petróleo por pozo en Chicontepec. El 40 por ciento menos en este trimestre que en 2008.

Esos eran en la realidad, los 800 mil barriles diarios prometidos. Pero el presupuesto de Chicontepec para el año en curso es de 28 mil 756 millones de pesos. En cambio, para el Litoral de Tabasco, su producción de crudo pasó de 38 mil barriles diarios en 2003, hasta 790 mil diarios en el primer trimestre de este año, 20 veces más, y 17 veces más producción que Chicontepec. En cuanto a gas natural, en el mismo período y en la misma zona, la producción aumentó siete veces. Pero el presupuesto de Litoral de Tabasco es de 8 mil 600 millones, el 30 por ciento que el de Chicontepec.

La producción del Delta del Grijalva –en Tabasco también, pero en tierra– pasó de 45 mil barriles diarios en 2005, a 141 mil en 2010. Más del triple de aumento, y casi el triple de la producción de Chicontepec. Su presupuesto de este año es de 4 mil 940 millones de pesos, y el de Chicontepec resulta casi seis veces más.

Volvemos a la nueva especulación, en el mejor de los casos. Si es un solo pozo, de mil 928 metros de profundidad del agua, no se puede delimitar el yacimiento, para lo cual se necesitarían varios pozos. Los hasta 600 mil millones suenan mucho pero no son nada precisos. No pueden ser de reservas probadas, obviamente. Pues las reservas sí probadas de gas en la Región Marina Suroeste, para buscar algo cercano a la nueva perforación, son 4 mil miles de millones, 8 veces más que la del anuncio, y éstas están ya probadas. A esa profundidad, de la nueva perforación anunciada, no sólo es carísimo sino que se tardaría años en pasar a producción, si todo va bien. En la citada región marina está el Litoral de Tabasco, donde hay pozos de 20 y 30 metros de profundidad inclusive, frente a los mil 928 del ahora anunciado.

No está de más recordar, en el mismo Litoral de Tabasco, que ya vimos que el presupuesto de Chicontepec es de más del triple que el suyo, está el área Tsimin-Xux. En los tres últimos años concluidos, tuvieron más reservas de gas probadas descubiertas en cada año, que todas las demás del país juntas.

Algo de propaganda había que hacerles a las aguas profundas y los carísimos contratos para perforarlas, pero al lado de la realidad son ridículas. Y eso que gastaron en estas aguas 84 por ciento de las exploraciones sísmicas 3D nacionales, en el primer trimestre de este año. ¿Qué garantía tiene la imaginación del anunciante de la perforación única, después de los casos de Chicontepec, de las súper reservas de Díaz Serrano y su gasoducto, y después de tantos discursos recientes y optimistas al respecto?

Subteniente Colorado Montejo: torturado

Gloria Leticia Díaz

Originario de Cárdenas, Tabasco, el subteniente de Infantería José Freddy Colorado Montejo es un hombre de 31 años, de estatura más bien baja, ojos rasgados y oscuros, piel morena... y la camisola de su uniforme azul de reo de la prisión del Campo Militar Número 1 no puede ocultar una pancita que revela que no es afecto al ejercicio.

Pero después de tres días de tortura a manos de policías judiciales militares en instalaciones de la XXX Zona Militar de Villahermosa, del 23 al 26 de mayo de 2009, Colorado firmó una declaración en la que admitió ser varios centímetros más alto, de piel blanca, ojos color miel, cuerpo de fisicoculturista, ser apodado El Rojo y recibir 25 mil pesos mensuales de Los Zetas por darles información de los operativos castrenses.

No sólo eso. Bajo la amenaza que le hicieron los militares de llamar a la maña (al crimen organizado) para que matara a su mujer y a sus hijos delante de él, Freddy Colorado firmó documentos en los que implicaba a cuatro soldados más y en los que aceptaba haber reclutado para trabajar para Los Zetas.

Los cinco son procesados en la causa penal 407/2009 en el Juzgado Tercero Penal Militar por delitos contra la salud en su modalidad de “colaboración en cualquier manera en el fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos agravado”.

El subteniente Colorado narra la serie de irregularidades que lo llevaron a la cárcel del Campo Militar Número 1, donde estuvo del 31 de mayo de 2009 al 28 de abril de 2011, cuando fue trasladado al Cefereso de Perote, Veracruz.

Adscrito al 57 Batallón de Infantería de Cárdenas y comisionado para resguardar la base de operaciones de Pemex en La Venta, Tabasco, el 23 de mayo de 2009 recibió la orden del comandante de su batallón, Domingo Vargas Merlín, de presentarse ante el comandante de la Zona Militar, general José de Jesús Ramírez García.

Antes de ser trasladado, los oficiales Joa Omar Rodríguez Ocampo y Sandro Díaz le confiscaron el arma de cargo y el celular, y además se le impidió redactar un escrito por el que dejaba constancia de que la responsabilidad del resguardo de las instalaciones de Pemex quedaba en manos del teniente Julio César Rodríguez Arenas.

Tortura y amenazas

En la XXX Zona Militar lo obligaron a firmar una boleta de arresto por ocho días por “sustraer lo perteneciente a Pemex”. El subteniente replicó: “Esto no es un arresto, es un delito y yo no lo cometí”, pero le recordaron que si no firmaba podrían procesarlo por desobediencia.

A las 10 de la noche lo entregaron a policías judiciales militares vestidos de civil, comandados por el capitán segundo de artillería Antonio Ruperto Gasca Pérez. Lo trasladaron a la enfermería para hacerle una revisión médica.

Después lo llevaron a un cuarto de lo que se conoce como la enfermería vieja. “Me taparon con vendas la cara, sólo me dejaron libres las fosas nasales y la boca; me envolvieron con hule espuma el tórax y me esposaron las manos y los pies a una silla metálica.

“Me golpearon los oídos y el estómago, me dieron toques eléctricos en el cuerpo y en los testículos, me pusieron una bolsa de plástico en la cara, me sumergieron en agua... y los golpes que no acababan”, cuenta.

Al principio, asegura, los torturadores le ofrecieron ser testigo protegido: querían que declarara que el general Jaime Rufino Hernández Vázquez, quien antecedió a Ramírez García como comandante en la XXX Zona Militar, trabajaba con Los Zetas.

Hernández Vázquez fue condecorado por el secretario Guillermo Galván Galván el 20 de noviembre de 2008 por “Perseverancia Institucional”. Meses después solicitó el retiro y desde entonces salió del país, según el subteniente Colorado.

Freddy formó parte del grupo de enlace del general Hernández Vázquez, pero con funciones de mantenimiento de la Zona Militar. “No tenía información del movimiento de tropas; quienes hacen ese trabajo son los que están en el GAOI (Grupo de Análisis de Orden Interno).

Según el soldado entrevistado en los jardines de la prisión militar, luego de varias sesiones de tortura, sin conseguir que implicara a su exjefe, los judiciales militares lo acusaron a él de reclutar soldados y le dijeron que tenían un testigo: un indocumentado hondureño llamado Juan Carlos Martínez Sosa, El Negro Hondureño.

Esposado a la silla metálica y con las vendas de los ojos aflojadas, Colorado Montejo pudo ver a su acusador: un hombre flaco, con el rostro hinchado por los golpes y el brazo vendado, quien frente a él fue golpeado para que dijera que Freddy era uno de los militares a quienes Los Zetas entregaban 25 mil pesos mensuales.

“Cuando los judiciales militares me mostraron fotos de mi mujer y mis hijos y dijeron que iban a ir por ellos para matarlos delante de mí, me doblé. Les dije que firmaba lo que quisieran pero que no les hicieran daño”, cuenta Colorado con voz entrecortada.

Los otros cinco militares involucrados, apunta, también fueron torturados y obligados a firmar declaraciones.

El 31 de mayo, Freddy y sus compañeros fueron trasladados en avión al Distrito Federal e internados en la prisión del Campo Militar Número 1.

En su declaración preparatoria, el 1 de junio de 2009 en el Juzgado Tercero Penal Militar (documento del que este semanario tiene copia), el subteniente denunció las torturas físicas y psicológicas a las que fue sometido para autoinculparse e implicar a cuatro soldados más.

Narró el momento en el que sucumbió a las órdenes de los policías militares. Con la foto de su mujer e hijos le dijeron que “iban a pasar los datos a La Maña para que matara a mi familia; o si no, que me iban a tirar en una calle de la ciudad con las fotografías de mi esposa y mis hijos nada más, y después ellos calentarían el terreno para que me localizara La Maña y me mataran a mí y a mi familia, dejándoles un mensaje de que yo era dedo”.

Amenazado, explicó, señaló a sus compañeros. Dice que incluso fue videograbado.

En el documento también señaló a un civil vestido sólo con una trusa, vendado de los ojos y esposado a una silla, quien habría sido golpeado en su presencia para acusarlo de tener relaciones con otro oficial procesado por delitos contra la salud. De esa persona Freddy sólo señaló que fue militar pero que no conoce su nombre.

En los primeros días de junio de 2009 pudo comunicarse con su familia, que lo había buscado desde el día de su detención.

Por la incomunicación y las acusaciones contra Freddy, el 6 de julio, su padre, Javier Colorado Ramos, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que explica cómo le fue negada la información del paradero de su hijo en las instalaciones militares de Tabasco y pide que se verifique su estado de salud, porque “prácticamente fue secuestrado por la misma milicia”. La queja tiene el número CNDH/3/2009/3172/Q.

El subteniente Colorado cuenta que después de que su padre denunció los hechos acudió un visitador de la CNDH a entrevistarlo. Desde que su familia fue notificada de la admisión de la queja, el 14 de julio de 2009, no volvieron a saber nada del organismo.

El testigo que señala a Freddy y a sus compañeros de estar al servicio de Los Zetas, Juan Carlos Martínez Sosa, está preso actualmente en la cárcel de Villahermosa, procesado con otras tres personas por robo de vehículo y asociación delictuosa agravada, según el expediente 125/2009 del Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro. Proceso tiene copias de ese documento.

Martínez Sosa fue detenido la tarde del 18 de mayo de 2009 en un operativo policiaco en Villahermosa manejando un automóvil robado; fue puesto a disposición del Ministerio Público la madrugada del día siguiente, lo arraigaron y rindió cuatro declaraciones ministeriales. El 21 de julio fue puesto a disposición de un juez.

En una ampliación de su declaración ministerial, el 23 de mayo, Martínez Sosa asume que trabajaba para el “cártel del Golfo, es decir para Los Zetas”, y que su función era “ser operativo para usar armas como la nueve milímetros, R-15 (…) secuestrar personas, transportar droga, transportar polleros, es decir personas indocumentadas, y cobrar las cuotas de la gente que trabaja con nosotros”.

Después de operar en Palenque, se indica en la declaración ministerial, marchó a Villahermosa como escolta de un hombre apodado El Cejas, quien “se encargaba de pagar a los informantes”.

Según el documento, El Negro Hondureño da una serie de apodos y descripciones de cinco policías ministeriales y de cuatro militares que presuntamente colaboraban con Los Zetas.

De las referencias de los militares, Martínez Sosa describe a El Rojo como “una persona del sexo masculino, de color de piel blanca, de pelo color café, de ojos claros de color miel, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, medio robusto, con cuerpo marcado y que hace ejercicio”.

En el auto de formal prisión, de fecha 25 de julio de 2009, el juez de la causa, Rutilo Ramón Pérez, consideró como prueba para inculpar a Martínez Sosa por los delitos de robo de vehículo calificado y asociación delictuosa agravada la “declaración de José Freddy Colorado Montejo alias El Rojo”.

Sin embargo, en la declaración preparatoria del 21 de julio ante el mismo juzgado, Martínez Sosa reconoce únicamente la declaración ministerial que hizo el 19 de mayo, y las otras tres “no las ratifico porque no dije eso, ya que eso lo pusieron los soldados y los policías; ni las firmas reconozco”.

La rebeldía apenas comienza

José Agustín Ortiz Pinchetti / El Despertar

En México, como en España, emergen rebeldías fuera de las instituciones y de los partidos. La efervescencia va creciendo conforme las autoridades son incapaces de hacer frente a una múltiple crisis. El sistema de partidos parece agotado y también las políticas públicas inspiradas en el neoliberalismo. Se hacen cada vez más intolerables los abusos. En México el denotante es una guerra sin objetivos ni posibilidades de desenlace que ha provocado casi 40 mil muertos en el sexenio y que ha hecho patente la incapacidad del Estado para proteger a la población y garantizar el mínimo de seguridad. Es probable que estos movimientos se concreten después en formas políticas estables o que sean preludio de nuevas rebeldías e incluso de rupturas.

Las diferencias entre el movimiento español y el mexicano se dan porque aquella es una sociedad democrática fruto de una transición pactada y cumplida. México padece una transmisión fallida y el peso del viejo régimen sigue gravitando sobre los incipientes aunque indudables rasgos democráticos.

El movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador es parte del fenómeno. Morena surge en respuesta a un fraude electoral, pero se nutre con ciudadanos politizados que no militan en partidos. Guarda distancia de ellos aunque pretenda aliarse para ganar el poder en elecciones.

Hay otra vertiente del movimiento ciudadano que no pretende ganar elecciones ni conquistar el poder. Tiene como eje la agrupación por la paz con justicia y equidad que encabeza el poeta Javier Sicilia. Organiza manifestaciones y marchas para presionar al gobierno y obtener de él decisiones concretas. Es fácil simpatizar con el futuro de este movimiento: su origen es genuino y lo encabezan personalidades prestigiadas, no utiliza medios violentos y ha atraído gente limpia y decidida a participar y a abandonar el inmovilismo.

El destino de este movimiento y otros dependerán de su capacidad para movilizar a la opinión pública que fuerce al gobierno a abandonar sus tercas resistencias. Podrían organizarse nuevas marchas y plantones, pero el gobierno que controla los medios y una legión de plumíferos podría aislar a los rebeldes.

También podrían replegarse y organizar en todo el país una estructura permanente para aprovechar las coyunturas y emprender acciones de desobediencia o de resistencia para forzar cambios. Es probable que estos fenómenos sociales se multipliquen. Estas corrientes tenderán a unificarse si es que quieren aprovechar la oportunidad de un cambio profundo que les dará la sucesión presidencial.

Caen dos más relacionados al homicidio de Juan Francisco Sicilia

Gumaro López Ruiz y Juan Carlos Librado Márquez Zagal, fueron detenidos en posesión de la camioneta que usaron para secuestrar a Sicilia y a sus amigos en Cuernavaca.

Leticia Isidro, Morelos / Milenio


Integrantes del ejército mexicano detuvieron a dos integrantes del Cártel del Pacífico Sur que, confesaron, estaban bajo el mando directo de Víctor Manuel Valdés Arteaga, alias “El Gordo Varilla”, recientemente detenido.

Los miembros del CPS: Gumaro López Ruiz y Juan Carlos Librado Márquez Zagal, fueron asegurados la tarde del 24 de mayo en el kilómetro 014+000 de la carretera Puente de Ixtla-Iguala, a bordo de una camioneta Ford Escape, tipo guayín, color gris, modelo 2010, con placas LTA 5995 del Estado de México, pero con engomado de las placas 820 WTF del Distrito Federal, con reporte de robo.

Durante la detención, se les encontró un cartucho útil, calibre .9 mm; así como tres teléfonos, con registro de llamadas y mensajes de personas que cuentan con órdenes de presentación, relacionadas con el homicidio de Juan Francisco Sicilia Ortega y seis personas más el pasado 27 de marzo en Jiutepec.

Este vehículo, a decir de Gumaro López Ruiz y Juan Carlos Librado Márquez Zagal, los que operaban bajo las órdenes directas de “El Gordo Varilla” (detenido el 19 de mayo último y jefe inmediato de Julio de Jesús Hernández “El Negro” Radilla, asegurado el pasado 26 de mayo), fue el que se utilizó para el “levantón” de los siete ejecutados de “Las Brisas” de Temixco, entre ellos Juan Francisco Sicilia.

De igual manera, los integrantes del CPS detenidos, dijeron haber participado en el asesinato del Agente del Ministerio Público Federal Jesús Daniel Quiroz Pizar, sobre el libramiento de la Autopista México-Acapulco, a la altura de la Colonia Satélite de esta ciudad, el 23 de noviembre de 2010. Además de ser los encargados de colocar las narcomantas firmadas por el Cártel del Pacífico Sur.

Ambos detenidos, fueron trasladados ayer a la Ciudad d2e México, para ponerlos a la disposición de las autoridades federales, quienes determinarán su situación jurídica.

Presentará PAN denuncias por agresiones del SME contra Bravo Mena

Notimex

Este mediodía el Partido Acción Nacional (PAN) presentará las denuncias por las agresiones que integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) realizaron en actos de campaña de su candidato, Luis Felipe Bravo Mena.

Las denuncias en contra de quienes resulten responsables serán iniciadas ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) por parte del presidente del Comité Directivo Estatal del PaN, Octavio Germán Olivares y el representante de este partido ante el IEEM, Francisco Garate Chapa.

Después de este trámite, se ofrecerá una conferencia de prensa en donde se darán a conocer detalles de las denuncias presentadas.

Cabe recordar que integrantes del SME han irrumpido en tres actos de campaña de Luis Felipe Bravo Mena.

Primero en un mitin en Axapusco, luego en un recorrido en Texcoco, en donde lanzaron huevos a la caravana de campaña y por último en un mitin en Villa Nicolás Romero, en donde el candidato tuvo que suspender actividades para cuidar la integridad de los asistentes.

Pide PRI enmendar estrategia contra el crimen mediante diálogo

Notimex

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) llamó a enmendar, a partir del diálogo, la cooperación y comunicación con todas las fuerzas y actores políticos, la estrategia contra el crimen organizado del Gobierno Federal.

Al participar en la reunión con legisladores del PRI en Mazatlán, Sinaloa, la secretaria general, Cristina Díaz, refrendó el interés del partido porque se cambie la estrategia contra el crimen organizado.

Calificó de fallida la estrategia pero consideró que se puede enmendar siempre que haya “voluntad de diálogo, de cooperación y de comunicación”. De lo contario, advirtió, “la insistencia por dejar fuera la razón tiene un costo muy grande”.

Explicó que para el PRI la inseguridad y la lucha que se desata contra ella es insostenible e inaceptable, por lo que el partido buscará opciones.

Defendió que el PRI ha promovido desde el legislativo mecanismos que permitan al Estado mexicano tener instrumentos para hacer frente al crimen organizado.

Abundó que entre ellos está la aprobación de la Ley de Lavado de Dinero que dota de “dientes” a la PGR, al otorgarle una Unidad Especializada en Análisis Financiero en contra de la Delincuencia Organizada.

“Estas soluciones integrales tienen la mano del PRI, un PRI con miras de amplio alcance, no de corto plazo, no con balas, no podemos seguir parchando ni nuestra seguridad ni nuestra justicia, la Seguridad no se compone con un decreto”, argumentó.

Comentó que a ellas se suma correcciones hechas a la ley antisecuestro, la ley anticorrupción o la ley de amparo.

Ante ello conminó a los legisladores y miembros del partido a promover acciones y normas que otorguen a la ciudadanía lo que demanda y ayuden a la reconstrucción de México.

Opinó que es necesario para ello que los legisladores del partido se mantengan cerca de la ciudadanía, toda vez que hay quienes no caminan por los pueblos, municipios, ciudades, no conviven con la gente y se dedican a presumir números macroeconómicos mientras se vuelven omisos a los problemas de la población.

Proceso en la prisión militar

Gloria Leticia Díaz

Su nombre hacía temblar a los luchadores de la izquierda en los años setenta y ochenta… En torno a la prisión del Campo Militar Número 1, emblema de la represión ilegal de Estado, se tejieron historias siniestras: que desde ahí el Ejército se deshacía de los “problemas” del gobierno en turno, que era un auténtico hoyo negro del que pocos salían vivos... Durante varios meses, la reportera Gloria Leticia Díaz, como parte de una investigación periodística, logró franquear los muros de esa cárcel, que se creía inexpugnable, y entrevistar a soldados y oficiales presos, de cuyo testimonio se desprende que la sórdida instalación castrense mantiene su vocación torturadora y represiva. En este reporte especial ofrecemos las historias de quienes han comprobado que la maquinaria negra del régimen continúa vigente...

Lugar de torturas y encierro de estudiantes, sindicalistas y luchadores sociales; de
campesinos “sospechosos” de simpatizar con la guerrilla; de militantes de organizaciones armadas clandestinas y hasta de ciudadanos inocentes –muchos de ellos incluidos en las listas de desaparecidos políticos del país–, la del Campo Militar Número 1 se consideraba en los años setenta y ochenta la prisión clandestina más grande y siniestra de México.

Una investigación periodística realizada durante varios meses por Proceso en las entrañas de esa cárcel, considerada inexpugnable, permite sostener que los motivos de su negra fama permanecen tan vigentes como entonces.

Inaugurada en el sexenio de Adolfo López Mateos y destinada supuestamente al confinamiento de militares que incurrieran en delitos, durante la guerra sucia y el movimiento estudiantil de 1968 se convirtió en el punto de origen de las desapariciones de opositores al régimen.

En abril de 1988, la publicación en este semanario de una serie de revelaciones hechas por un desertor del Ejército permitió confirmar las atrocidades que solían cometerse en el Campo Militar Número 1, siempre desmentidas por autoridades civiles y militares que señalaban que eran meras leyendas inventadas por los enemigos de la nación.

En la publicación referida, el paracaidista Zacarías Osorio Cruz, quien solicitó y logró obtener refugio político en Canadá, reveló que entre 1978 (cuando se dio de alta en las Fuerzas Armadas) y 1983 (cuando desertó) participó en acciones en las que decenas de civiles recluidos en la prisión del Campo Militar Número 1 fueron ejecutados.

El exmilitar dijo que había tomado parte en unos 15 ó 20 operativos ordenados por el general José Hernández Toledo, consistentes en sacar de esa prisión a grupos de entre cinco y siete presos civiles y trasladarlos a un polígono de tiro del Ejército en el Estado de México, en San Juan Teotihuacán, en el que, sin más, eran ejecutados.

Estas declaraciones las expuso Osorio Cruz en una audiencia efectuada en Montreal el 14 de marzo de 1988 para revisar su solicitud de refugio político (Proceso 598).

Las mismas historias

Según pudo constatar este semanario a lo largo de una investigación periodística que duró varios meses, los testimonios que refieren torturas y encarcelamientos bajo sospecha de ilegalidad en la prisión militar se repiten hoy como hace 30 o 40 años, ahora en perjuicio de soldados que participaron en la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico.

En pláticas y confidencias de los familiares de algunos presos con la reportera de Proceso, surgió la idea de invitarla para que visitara a los reos y conociera de primera mano sus casos. Uno de los internos –cuyo nombre se reserva a petición suya para evitar represalias– accedió a recibirla como “visita” y la puso en contacto con numerosos militares dispuestos a rendir sus testimonios.

La reportera ingresaba a la cárcel los días de visita –jueves y sábados–, momentos que dedicó a realizar las entrevistas con quienes decidieron dar su versión acerca de la guerra contra el crimen organizado.

Son oficiales que estuvieron al frente de operativos de combate al narcotráfico y están convencidos de que, por encima de la lealtad que le deben al Ejército, está su derecho a la libre expresión y el de los ciudadanos a estar informados.

Las charlas con esos soldados tuvieron lugar en los jardines de la cárcel y su contenido se registró en notas a lápiz, pues está prohibido meter equipos de grabación o de telefonía.

En las conversaciones se tomó nota de la inconformidad de las tropas por estar obligadas a salir a las calles a combatir a narcotraficantes, sabedores de que la Constitución no los faculta para esa tarea y porque, aseguran, no tienen el equipo ni el armamento adecuados.

Hubo la oportunidad de entrevistar a oficiales. Algunos de ellos expresaron su frustración y su convicción de que fueron traicionados por la institución castrense.

Los procesados por supuestos vínculos con el narcotráfico afirman ser chivos expiatorios; quienes enfrentan cargos por asesinar a civiles consideran que su encarcelamiento es una estrategia mediática para contener las críticas de las organizaciones que exigen castigo a los soldados homicidas.

Los militares que aceptaron hablar con este semanario sobre su experiencia en la guerra contra el narcotráfico pusieron una sola condición: que no se publicaran sus nombres. La petición no es gratuita. Su vida está en manos del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván. Además, aseguran, grupos de soldados han sacado de las celdas a prisioneros para torturarlos o desaparecerlos.

Más de uno expresó su temor por ellos y por sus familiares o amigos, de quienes la Sedena tiene todos los datos: acta de nacimiento, identificación oficial, dirección, teléfono, y en algunos casos hasta croquis con indicaciones claras para llegar a sus domicilios.

Lo menos que a los internos se les puede imponer como castigo, afirman, es recluirlos en “las negras” –celdas donde permanecen aislados largo tiempo–, prohibirles la visita conyugal o maltratar a sus mujeres e hijos en la revisión para ingresar a la prisión.

Quienes accedieron a que sus nombres se publicaran –los oficiales Freddy Colorado Montejo, Julián Hernández Hernández y Eladio Arriaga Pérez– lo hicieron para dar a conocer sus procesos jurídicos y para denunciar abusos y anomalías.

Dos de ellos, Colorado y Hernández –acusados de tener vínculos con el narcotráfico–, fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Villa Aldama, en Perote, Veracruz, la madrugada del pasado 28 de abril, junto con otros 50 reos procesados por los mismos cargos, ante cuyas familias no se ha justificado la reubicación. Varios de los trasladados habían dado su testimonio anónimo a Proceso.

Todos los entrevistados solicitaron que se publicara la siguiente advertencia: responsabilizan al titular de la Sedena y a los encargados de la prisión militar y del Cefereso de Perote de cualquier atentado que pueda haber contra su vida o la de sus familias.

Por ese irregular traslado, familiares de algunos de los procesados interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

No es la primera queja que se presenta ante ese organismo por presuntas violaciones a derechos humanos de los militares. La CNDH informa que de 2008 a abril de 2011, 99 soldados y sus familias han interpuesto quejas por tortura o detenciones ilegales, entre otros agravios, contra miembros de la Sedena.

Filtros, filtros y más filtros...

Para encontrarse con los presos, desde el registro en la puerta 7 del Campo Militar Número 1 hay que pasar cinco puestos de revisión. Seis, si se llevan alimentos.
No todos los soldados reciben visitas. Muchos son de otras entidades y sus familiares no tienen los recursos suficientes para viajar al Distrito Federal.

Al trasponer las puertas de esta prisión, resguardada por altos muros de piedra vigilados desde torretas por guardias con armas de alto poder, hay que abordar un camión.

En ese transporte las esposas de los presos platican y se cuentan sus apuros. En la mayoría de los casos los soldados encarcelados eran el único sostén de sus casas, y ahora, por lo que establece el reglamento castrense, sus haberes se reducen: un teniente que ganaba 15 mil pesos al mes ahora sólo recibe mil; un cabo que percibía 6 mil mensuales ahora sólo gana 600.

A fuerza de verse durante ese trayecto, las familias acaban estableciendo lazos amistosos. Comparten angustias por las lesiones que, aseguran, tienen sus maridos tras las sesiones de tortura a que los sometieron para que aceptaran su responsabilidad en los delitos de los que se les acusa.

Al llegar al estacionamiento de la prisión se anotan los nombres de las visitas y se recogen las identificaciones. Después se pasa por un detector de metales. Por último, los visitantes son sometidos a una revisión corporal en busca de sustancias o artículos prohibidos que podrían ocultarse entre la ropa interior. A los guardias les preocupa especialmente que entren chips de celular, memorias usb, teléfonos, grabadoras o cámaras.

Para meter libros o revistas el interno debe hacer una solicitud a la dirección de la cárcel, instancia que analiza si el contenido es apto para los internos.

Si se lleva comida hay que pasar otro filtro. Con una misma cuchara que se usa una y otra vez y sólo se limpia con servilletas, los soldados revuelven los alimentos en busca de objetos prohibidos.

Una vez pasadas esas revisiones se cruza un camino flanqueado con malla ciclónica hasta llegar a los jardines donde los reos –vestidos con uniformes tipo militar pero de color azul añil– reciben a las visitas. La ocasión es ambientada con música instrumental, interrumpida de vez en cuando por el voceo a los presos para que se presenten a la puerta de ingreso a recibir a sus visitantes.

Aunque todos tienen los mismos uniformes azules, las insignias se conservan en hombreras y gorras. Aquí, el respeto a los rangos superiores debe mantenerse.

Aparentemente las instalaciones están bien cuidadas. El mantenimiento corre a cargo de internos que purgan penas por deserción; ellos deben llevar distintivos blancos en la ropa y no pueden hablar con los procesados o sentenciados por otros delitos.

Los desertores se levantan a las tres de la mañana todos los días y no dejan de trabajar sino hasta las ocho de la noche, cuando se cierra la treintena de dormitorios o cuadras, cada una de las cuales aloja un promedio de 50 hombres.

En los jardines hay juegos para los hijos de los soldados. También una pequeña tienda o “casino” donde se vende todo lo que los visitantes no pueden llevar: pan, gelatina, arroz, tamales, pasteles, frituras, dulces... productos que se llegan a vender hasta tres veces más caros que en cualquier tienda de la ciudad.

Los presos calculan que cada mes ingresan al casino alrededor de 80 mil pesos, dinero que por reglamento debe invertirse en el mantenimiento del penal. Pero aseguran que buena parte de esas ganancias va al bolsillo del director de la cárcel.

Como en todas las prisiones, la principal queja de los internos tiene que ver con la comida. Dicen que es tan mala que un día, después de comer, 90 de ellos tuvieron que ir a la enfermería con severas molestias estomacales.

Cifras carcelarias

En respuesta a una solicitud de información de Proceso, el pasado 30 de marzo la Sedena informó sobre los ingresos a la prisión del Campo Militar Número 1, clasificados por grados y delitos o faltas, de 2007 a los primeros meses de 2011.

El oficio de respuesta, con el número 1425 y firmado por el encargado de la Unidad de Enlace de la Sedena, general Julio Álvarez Arellano, hace evidente el crecimiento de ingresos por delitos relacionados con la guerra contra el narco.

Mientras que en 2007 fueron recluidos tres militares y en 2008 sólo dos acusados por delitos contra la salud, en 2009 la cifra se disparó a 28. En 2010 fueron 10 y uno más por “delincuencia organizada agravada”, mientras que en los primeros meses de 2011 la prisión militar registró 20 ingresos por esos delitos. En suma, 64 militares procesados presuntamente por colaborar con narcotraficantes.

El reporte señala que por esos delitos se procesa a un coronel, dos tenientes coroneles, un mayor, cuatro capitanes, 16 tenientes, 8 subtenientes, 17 sargentos, 11 cabos y cuatro soldados rasos.

Esa cifra cambió el 28 de abril cuando, en los primeros minutos del día, 52 de los procesados por delitos contra la salud fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Perote.

Hasta el cierre de esta edición, los familiares de los presos no tenían información acerca de los motivos del traslado y pidieron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Ni siquiera los jueces militares que llevan las causas de esos internos conocieron los motivos de la transferencia. Un oficio firmado por el director del penal, el general Carlos Murguía Alonso, informa que por órdenes de “DN-12”, a las 5:30 horas del 28 de abril se trasladó a los presos.

DN-12, se enterarían los familiares después, es la clave interna para identificar a la Procuraduría de Justicia Militar.

Testimonios de la guerra

Gloria Leticia Díaz

Militares presos por supuestos vínculos con el crimen organizado o acusados del asesinato de civiles cuentan sus experiencias a Proceso, pero por su seguridad no es posible identificarlos aquí por sus nombres. Los testimonios obtenidos a través de horas y horas de conversaciones con ellos, en las instalaciones de la prisión del Campo Militar No. 1, estremecen: hablan de la colusión de altos mandos del Ejército con los cárteles del narcotráfico, de las órdenes que la tropa recibe para robar o para proteger a ciertos delincuentes... y hasta de un grupo castrense dedicado exclusivamente a cometer homicidios.

En el norte del país, sobre todo donde operan Los Zetas, los soldados arriesgan la vida todo el tiempo. Para evitar que los asesinen, los altos mandos les ordenan disparar a “cualquier carro sospechoso”.

“¿Qué características debe tener ese vehículo ‘sospechoso’?”, se le pregunta a un grupo de militares que han recibido esa indicación en sus misiones en Nuevo León y Tamaulipas.

Luego de pensarlo un rato, uno de ellos responde: “Los que tienen los vidrios polarizados y los que están mugrosos, con lodo pegado; eso quiere decir que anduvieron en la sierra o que no quieren que los identifique el helicóptero”.

Otro interviene: “De un carro de esos a un amigo le dispararon en la cabeza; los superiores nos dicen que para qué esperar a que nos tiren, que lo hagamos primero”.

En un convoy o en un retén, cuenta uno más, un tiro al aire sin previo aviso es suficiente para que el resto de la tropa dispare; más aún si el que inicia la refriega es el superior al mando: “Si dispara el comandante del grupo, nosotros tenemos que seguirlo, porque si no, podemos ser procesados por desobediencia”, agrega.

Un soldado sobreviviente de ocho tiroteos con zetas en el noreste del país reconoce que estas decisiones han derivado en graves “accidentes”: la muerte de civiles que viajaban en “carros sospechosos”.

Pero no dudan en responsabilizar a las víctimas, ya sea porque conducen erráticamente o no atienden las señales para que se detengan.

Para dejar a salvo la imagen del Ejército y de la “guerra de Calderón”, pero sobre todo para evitar procesos judiciales, dice, “los superiores ordenan que se les pongan armas o drogas” a las víctimas, a los “daños colaterales”.

Las armas y las drogas, explica, “se sacan de los decomisos, o cuando vamos en operativos mixtos con Policías Federales o de la PGR, ellos la ponen; pero también hay superiores que tienen contactos con el cártel del Golfo... les hablan para que les echen la mano y ellos llegan con ese material”.

“Te das cuenta con quién está el superior...”Confía un oficial que operó en varios estados del país: “Ningún superior me ha dicho que proteja a tal o cual cártel, pero por las órdenes que nos dan los generales de las zonas y coroneles de los batallones, te das cuenta con quién tienen arreglos. Uno tiene que obedecer. Si no, te pueden procesar, así que no queda otra.

“En 2004 me mandaron al frente de un operativo de destrucción de plantíos en la sierra de Michoacán. Mientras destruíamos la hierba llegó un señor, un ranchero; no estaba armado pero sí estaba bravo. Me gritoneó que por qué estábamos haciendo eso, que él ya se había arreglado allá en Morelia, en la XXI Zona Militar.

“Yo le dije que cumplía órdenes y que mejor le bajara porque me lo iba a llevar detenido. Se fue. Después recibí la llamada del general de la zona para ordenarme que me retirara y que le urgía que me trasladara a otro punto donde iba a reunirme con más elementos a las ocho de la mañana del otro día. Nos fuimos caminando toda la noche para llegar hasta el punto que nos ordenaron, pero ahí no había nada.”

“Suéltelo…”

En las ciudades la venta de droga y las narcotienditas, asegura otro oficial, no escapan al control de algunos altos mandos militares, y a la tropa no le queda más que obedecer órdenes.

Cuenta una anécdota: “Estaba al frente de un patrullaje nocturno cuando de repente vimos a un tipo que al vernos corrió y se metió a una casa. Ordené seguirlo y entramos a la casa. El tipo tenía una tiendita y lo detuvimos.

“De inmediato me comuniqué con el coronel del batallón para informarle de los hechos y que pondría a disposición de la PGR al detenido y la droga. El comandante me pidió el nombre del detenido y me dijo que esperara un momento antes de entregarlo. Unos minutos después me llamó para decirme que lo soltara y que sólo pusiera a disposición la droga.

“Al día siguiente, después de entregar mi parte, el comandante me mandó llamar. ‘¿Por qué en el parte dices que yo te ordené soltar al narcomenudista?’, me preguntó muy enojado. Yo le recordé que era eso lo que había ocurrido y me ordenó borrar esa información y poner que me había encontrado la droga en la calle.”

“Muy amigo del comandante…”

Una anécdota más ocurrida en una carretera del sureste del país: “Estaba al frente de un retén, pedimos al conductor de una camioneta de lujo que se parara para un revisión de rutina. Un soldado me informó que había encontrado armas y portafolios llenos de dinero. Los ocupantes de la camioneta no llevaban permisos para portar armas y me salieron con que eran guardias personales de un diputado.

“Les dije que por las armas y el dinero tenía que detenerlos, pero uno de ellos insistió en llamar a su patrón, quien supuestamente era muy amigo del comandante de la zona. En minutos mis superiores me llamaron. Me ordenaron dejarlos libres.”

“Se les pasó la mano…”

La mayoría de los soldados encarcelados sienten que fueron traicionados por sus superiores y que pagan los errores de estrategia de la guerra de Calderón. Un oficial procesado por la muerte de un presunto halcón considera que hay una gran hipocresía porque “nosotros somos entrenados para matar y sabemos que para ascender o lograr otro grado no hay otra forma que dar resultados, sea como sea... a los superiores no les importa”.

Cuenta: “Para qué le digo que no, sí le di unas cachetadas a ese cabrón (el halcón), pero no había otra forma de que hablara. Estábamos en su casa, hacía mucho calor, me salí unos minutos para respirar un poco y dejé a la tropa con el halcón. Sólo fueron unos minutos que salí a respirar y cuando regresé, el tipo ya estaba tendido en una mesa, muerto. Se les pasó la mano: le metieron la cabeza en una cubeta de agua y no se dieron cuenta cuando le dio un paro cardiaco.

“Yo di parte a mi superior, pero no creí que me acusaran a mí; son unos grandes hipócritas. Me ha tocado limpiar chingaderas de otros que no son tocados porque son gente del general secretario”, suelta indignado.

“En una ocasión me dieron la orden de dirigirme a un punto en Reynosa. Ahí estaba una unidad de Gafes que sólo obedecen órdenes del general secretario y del presidente (Calderón). Hicieron una matazón de zetas y a mi unidad le tocó limpiar esa porquería.”

–¿Ese grupo especial únicamente ejecuta narcotraficantes?

–Al que ordenen el general secretario y el presidente.

–¿Defensores de derechos humanos?

–Puede ser. El único caso que sé que no fueron ellos es el de la señora que mataron en Chihuahua, a la que le mataron a su hija.

Se refería a Marisela Escobedo.

A matar desertores

Interviene otro soldado, procesado también por la muerte de un supuesto halcón cuando era torturado.

“Es cierto que nos dan cursos de derechos humanos, pero cuando salimos a los operativos los mandos nos hacen olvidar todo. Por supuesto, nunca nos lo dicen por escrito, pero nos dan órdenes como la de eliminar a todo aquel narcotraficante que sea desertor del Ejército o que se haya dado de baja para colaborar con el crimen organizado. Según nos han dicho, esa es la indicación del general secretario.

“Hace poco vino a visitarme un compañero y me contó que recientemente (en febrero) detuvieron a unos zetas. Les ordenaron eliminarlos e irlos a tirar a Chiapas. Desde luego, la instrucción de matarlos y tirarlos nunca fue por escrito, pero estaban obligados a obedecer. Es lo que tienes que hacer si quieres ascender.”

El botín

Denunciado por organizaciones de derechos humanos y víctimas de allanamientos de morada encabezados por militares, el hurto es generalizado y hasta ordenado por los superiores. Se trata de tomar el botín de guerra, según los entrevistados.

Cuenta un oficial que fue transferido a Chihuahua: “En mi primer operativo me sorprendió ver que los soldados salían con mochilas vacías. Llegamos a una casa donde encontramos droga y armas y de repente vi que los soldados empezaron a robarse cosas; yo traté de pararlos pero llegó un capitán y me dijo que no me hiciera el inocente. Vino después un mayor y me dijo: ‘A ver, llévate este aire acondicionado’. Me negué y el capitán intervino: ‘Es una orden de un superior’, y subieron el aire a mi camioneta.

“Después llegó un coronel y por la radio se comunicó con el general de la zona, quien le preguntó qué había en la casa. Yo creí que el coronel le iba a pasar un reporte de la droga y de las armas, pero no: le empezó a describir las televisiones de pantalla plana que había, el refrigerador, las computadoras, y el general le dio órdenes de llevar algunos de los artículos a la casa de una señora que, después me enteré, cortejaba.”

Y una mujer le gustó al oficial...

Un caso similar fue atestiguado por otro oficial: “Mientras estuve en Tabasco me tocó formar parte de una sección (integrada por 30 militares) y participar en tres operativos fallidos. Nos metíamos a casas sin orden de cateo ni nada de eso, porque supuestamente informes de inteligencia militar aseguraban que ahí había drogas y armas.

“Nunca encontramos nada. Nomás asustábamos a la gente porque llegábamos armados y encapuchados.

“En una ocasión el capitán que encabezaba la misión empezó a dar órdenes para que saquearan la casa. En eso llegó el dueño. Era un licenciado que preguntó quién estaba al frente del operativo, y el capitán señaló a un mayor. Ese mayor está ahora procesado por robo.

“En otra ocasión ocurrió algo más grave. En esa casa había puras mujeres y una le gustó al oficial al mando. La violó. En el forcejeo la señora le arrancó el pasamontañas y después lo denunció.

“Llegaban los policías y abogados con el retrato hablado a las puertas de la zona y nomás les decían que ahí no estaba esa persona.”

Los incondicionales del comandante

No todos los soldados desplegados en el combate al narcotráfico tienen carta libre para cometer arbitrariedades y abusos, sostiene un soldado que ha vivido la guerra en el sureste, en Sinaloa y en Durango.

“Todas los comandantes de las zonas y los batallones tienen a sus grupos especiales, son oficiales y tropa dispuestos a todo, son incondicionales de los comandantes: lo mismo pueden hacer investigaciones y decomisos que entrar a domicilios sin órdenes de cateo y aprovechan para robar y cometer barbaridades.

“Por lo general esa gente es del GAOI (Grupo de Análisis de Orden Interno), en las zonas, y del pelotón de información, en los batallones. Cuando salen a sus operativos especiales no utilizan vehículos militares. Se mueven en camionetas y carros particulares decomisados. Tampoco llevan uniformes o nomás se quitan las insignias para que no los reconozcan. Claro, todos llevan pasamontañas.”

Hacerse de la vista gorda

Muchos de los prisioneros aseguran que para sobrevivir en el medio militar hay que hacerse de la vista gorda.

Un soldado fue testigo de cómo un hombre a bordo de una camioneta de lujo baleada llegó hasta las puertas del batallón en el que se encontraba de guardia: “Nos pidió apurado que le abriéramos la puerta, que lo andaban persiguiendo los zetas. Nosotros le negamos el paso pero él sacó su celular y llamó a un alto mando del Ejército que está acá en el Distrito Federal.

“Minutos después el coronel nos ordenó que le abriéramos la puerta y lo pasáramos a la casa de visitas, para que comiera y durmiera.

“Al día siguiente se fue escoltado hasta el aeropuerto y su vehículo baleado fue reparado en la Zona Militar; lo sé porque días después llegaron guaruras del señor ese para llevárselo.

“Después nos enteramos que pertenecía a una familia de empresarios al parecer ligados con el cártel de Sinaloa y al que los zetas ya le habían matado dos hermanos.”

Los narcos pagan bien

En el medio militar, para vincularse con el narcotráfico las estrategias varían según la región del país, comentan los enterados.

En el sur y sureste “por lo general los narcos contactan a soldados para que les pasen información de operativos y desplazamientos. El pago depende de la jerarquía y del tipo de información”.

“A los altos mandos les dan unos 40 mil a 50 mil pesos al mes, y a los de más bajo rango, de 3 mil a 5 mil pesos mensuales. Generalmente hay un intermediario, que es el que paga.”

En el norte los traficantes de drogas y armas “pagan en el momento, cuando llegan a los retenes militares; generalmente los pagos son en dólares y varían dependiendo de la carga”.

A la guerra sin fusil

En las entrevistas los militares procesados manifestaron su inconformidad porque aseguran que están siendo enviados a la guerra sin contar con el equipo necesario para enfrentar a narcotraficantes mejor armados que ellos.

“Nos mandan a la guerra con fusiles de mala calidad, algunos hasta se rompen si se caen; los chalecos antibalas que nos dan están vencidos o no resisten impactos de alto calibre; las botas son de vinil y pesan tres kilos; los trajes y los cascos son un horno cuando hace calor y un congelador cuando hace frío. Lo único bueno es que si morimos, las familias quedan pensionadas y ellos pagan los gastos de marcha”, explica un soldado que ha sufrido las inclemencias del clima en los estados del norte.

Y de los estímulos “mejor ni hablar”, acota otro. A los soldados enviados a combatir al narcotráfico se les alienta con una aportación diaria de entre 30 y 50 pesos, según el rango.

“Los generales y coroneles se llevan la mayor parte del dinero, pero quienes estamos al frente, los que recibimos los balazos somos la tropa, y nomás nos dan 30 pesos al día... y eso si no te transa el pagador.”

Mantiene sección 22 del SNTE paro en Oaxaca

Martha Izquierdo

Oaxaca.- Por acuerdo de la Asamblea Estatal de la Sección 22 del SNTE, los profesores continuarán con el paro de labores que iniciaron la semana pasada.

Tras declarar un receso, los docentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) decidieron mantener su movilización, que incluye un plantón en el Zócalo de la capital del estado y en 26 calles aledañas.

Lo anterior, a apesar de que el Gobierno estatal les entregó un tercer documento de respuesta sus demandas salariales para destrabar el conflicto que mantiene a un millón 300 mil niños sin clases.

El secretario general de la Sección 22, Azael Santiago Chepi, informó que este lunes realizarán una consulta con las bases, y que por la tarde se podría reinstalar la asamblea estatal para determinar si continua el paro o no.

Las bases, dijo, serán quienes decidan si son suficientes las respuestas ofrecidas, y si hacen un receso táctico en sus movilizaciones.

Explicó que la consulta se hará en el plantón con cada una de las delegaciones, y una vez con las respuestas reanudarán la asamblea.

Santiago Chepi mencionó que mantienen la exigencia de que aparezca el profesor Carlos Rene Román Salazar, por lo que continuará el ayuno por parte de familiares, además de que piden el esclarecimiento de la desaparición del profesor Guadalupe Pérez Sánchez, el 14 de este mes.

Señaló que también esperan la remoción de funcionarios y una auditoría a la administración anterior, que encabezara Ulises Ruiz, en relación al otorgamiento de plazas, el manejo de recursos del IEEPO, y el de la Secretaría de Finanzas.

Santiago Chepi aclaró que no existe un rechazo a las últimas propuestas gubernamentales, ya que los avances son superiores al segundo documento de respuestas, ofrecimientos que serán valorados y consensados por los trabajadores de la educación.

Aunque la administración local y el SNTE se reservaron el contenido de los nuevos ofrecimientos, el miércoles pasado el Gobernador Gabino Cué anunció que entregaría un anexo "contundente" que superaría la anterior oferta de mil 542 millones de pesos.

Los maestros estallaron el paro el pasado lunes 23, dejando sin clases a un millón 300 mil alumnos de 14 mil centros escolares en la entidad.

Unos 70 mil maestros se encuentran en el plantón masivo en 26 calles aledañas al zócalo de la capital.

El magisterio alega falta de respuesta a sus exigencias, entre ellas la rezonificación, que para la quinta etapa será de 166 millones de pesos; regularización para 3 mil maestros por régimen de honorarios; cancelación de módulos de la Sección 59, y regularización de los módulos irregulares.

También demandan la aceptación del programa de mejoramiento educativo, que consiste en tres programas básicos: mejoramiento de infraestructura educativa, mejoramiento para la vida y el desarrollo integral de los niños, y mejoramiento educativo para maestros.

Reclama sección 59

Maestros de la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación advirtieron ayer que si el Instituto Estatal de Educación intenta desaparecer las escuelas y módulos que ellos operan, por acuerdo con la Sección 22, van a emprender también movilizaciones.

Miguel Silva Selvas, integrante del Frente Democrático Magisterial "Primero de Mayo", acusó que de manera arbitraria el IEEPO ha elaborado una serie de acuerdos con la dirigencia disidente.

"Si Bernardo Vázquez Colmenares insiste en querer desaparecer las escuelas y módulos de la Sección 59, para complacer a la Sección 22, no lo vamos a permitir", destacó.

Indicó que por el momento tienen previsto un plantón en el zócalo y una marcha-caravana hacia la Ciudad de México, para establecerse frente a las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues "se están violentando los derechos de los niños y trabajadores",

Actualmente la Sección 59 del SNTE en Oaxaca atiende a más de 32 mil alumnos en 458 escuelas que son atendidas por 4 mil 500 trabajadores.

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