martes, diciembre 15, 2009

"El efecto Peña Nieto"

Francisco Rodríguez

PERIODISMO Y LITERATURA
van de la mano. Más, todavía, cuando el informador dedica su profesión a la crónica y a la crítica política. Por tal es que con frecuencia aparecen en los estantes de las librerías textos de colegas en los que se amplían conceptos, se analizan a profundidad situaciones y se desarrollan dilatadamente proyecciones sobre lo inminente.

Es el caso del amigo y compañero de correrías informativas Joaquín Herrera, quien esta mañana, en el siempre acogedor y hospitalario Club de Periodistas que dirigen Celeste Sáenz de Miera y Mouris Salloum George, presenta el libro “El Efecto Peña Nieto”, que borda sobre el personaje que –dice el autor— tiene un club de fans en todos los partidos políticos del país.

En palabras de Herrera, “El Efecto Peña sustituyó y quizá superó al Efecto Fox y al Efecto López Obrador.”
En el libro, el autor repasa cómo las concertacesiones de Carlos Salinas al PAN, se tradujeron con Zedillo (acorralado con amenazas de golpe de Estado y atentados, que acepta Liébano Sáenz) en compartir el poder con el PRD, a cambio de gobernabilidad. “Esto se ensayó en el Estado de México y en el DF, en 1997.”

En doce capítulos y 300 páginas, Joaquín Herrera expone cómo es que a quien ven como el político “novato” y “verde”, parece ser la nave insignia del “Nuevo PRI”, mismo que este 2009 abatió al “corredor azul” y al “amarillo” mexiquenses, como la culminación de esta década de golpes priístas.

No soslaya el autor el caciquismo apoyado desde Los Pinos en Chimalhuacán (con La Loba levantada en armas en el año 2000) o los cárteles de Atizapán y Coacalco; cómo hubo crímenes por el poder en Ecatepec, Neza, Tlalne, Coacalco, Izcalli, Toluca o Naucalpan; saqueos al erario, nóminas dobles y escenarios como el de la delegación Iztapalapa, con el tragicómico Juanito.

El texto mezcla la suerte de famosos como Peña Nieto y media docena de políticos en sus tragedias y amoríos; refiere que 80 encuestas dibujan la ventaja de este hombre (quien de niño se juró a sí mismo que sería gobernador de su entidad natala), con al menos 25 puntos porcentuales sobre sus potenciales competidores por el 2012.

“El mexiquense repite el camino de sus ancestros, incluido Isidro Fabela, el célebre fundador del Grupo Atlacomulco, como también lo fue de la ONU y una luminaria como abogado de Madero o Carranza (que expulsó de Veracruz a tropas de EU, sin un tiro).

“Con fans propiamente en todos los partidos, a Peña se le atribuye influencia en el triunfo del PRI en más de una docena de estados en los últimos años, especialmente este 2009: a mil días de la sucesión de Calderón, esto se vio en entidades “perdidas” para el PRI, como Querétaro y SLP y ayudó en Nuevo León. Igualmente se le atribuye influencia sobre más de cien diputados, como una fuerza dentro de San Lázaro”.

He ahí una sinopsis de un libro que debe ser leído no sólo por su contenido y revelaciones, sino porque como escribía Jorge Edwards, “de vez en cuando conviene mirar las cosas literarias desde la óptica del periodismo. El periodismo está ligado a los orígenes de la literatura moderna. Constituye una de sus vertientes, una de sus opciones. Desde la opción del periodismo entra en la escritura la visión crítica el registro de los sucesos y su comentario, el uso, y el uso inventivo, pero no abusivo, de la memoria.”
¡Enhorabuena, Joaquín!

Índice Flamígero: “Tienen un enemigo astuto, el gobernador del estado de México, quien hoy está en el Vaticano en el inicio internacional y público de su campaña para cambiar de palacio porque en el de Toluca no cabe toda la fama de las telenovelas”: Jacobo Zabludosky, en la edición de ayer de El Universal.

Noticias MVS del 15 de diciembre con Carmen Aristegui



Noticias MVS con Carmen Aristegui

Plaza Pública con Miguel Ángel Granados Chapa · 15 de diciembre de 2009








Descargar Plaza Pública del 15 de diciembre

El fulano que ensangrentó al país

Álvaro Delgado

El desastre económico y de violencia que atormenta al país, que a menudo trata de encubrirse con escándalos tipo Juanito --cuyo desenlace tiene enfurecida a la derecha que a veces usa ropaje progre--, no es nada que no se haya anticipado desde que Felipe Calderón se “parapetó” en el Ejército para justificar su adulterino triunfo.

Desde antes del 1 de diciembre, cuando Calderón se introdujo por una puerta trasera del Congreso para rendir protesta, gracias a Manlio Fabio Beltrones, aquí se escribió lo que, malamente, se ha cumplido: El desgarriate en todos los órdenes de la vida de la nación, cuya expresión más cruenta es el rotundo fracaso de la “guerra” que declaró --el 11 de diciembre de 2006-- al crimen organizado.

Hay que insistir: Salvo en el reguero de casi 17 mil cadáveres en todo el territorio nacional, en el desempleo de más de 6 millones de mexicanos y en el aumento de impuestos, la gestión de Calderón ha sido yerma y tiende a degradarse hacia una mayor represión selectiva y abierta.

En medio del desangramiento causado por esa “guerra”, que ya no es sólo contra los grupos criminales que no tienen tratos con el gobierno federal o “amarres” con los gobiernos estatales, se han comenzado a manifestar fenómenos de una degeneración que pronto pueden ser incontrolables: La operación de grupos paramilitares que ajustician extrajudicialmente a quien se les ordena.

Y más aún: A las agresiones de los criminales, que mediante la fuerza someten a pueblos y comunidades para que se alisten en el trasiego de droga o, sencillamente, se callen la boca sobre las conductas delincuenciales, se han multiplicado las arbitrariedades de los efectivos del Ejército y de las policías en sus tres niveles.

La “guerra” de Calderón es ya un fracaso completo, como lo documenta el semanario Proceso en su edición que está circulando, en la que se informa de los cruentos combates en extensas comarcas del territorio nacional, en una de cuyas entregas un prominente panista, Manuel Espino, expresidente del PAN, lo dije sin atenuantes.

“Es una estrategia fallida, pero si se sostiene será una estrategia suicida, porque se sabe de antemano que no funciona”, subraya Espino, quien revela que esa “guerra” tiene motivaciones políticas que están resultando muy costosas para el país.

“Es una estrategia que no tiene sustento en una labor de inteligencia y en una evaluación previa de las causas del problema. Más parece una prótesis política que una decisión de Estado.”
--¿Qué quiere decir con esto?
--Que con ello el gobierno se pretende justificar políticamente.

Añade: “Defiende a ultranza una estrategia que más bien parece justificación política, más bien parece tener orientación política-social y más bien parece ser el capricho del que gobierna, que la decisión de un estadista.”

En la entrevista Espino explica que el uso del Ejército Mexicano en la “guerra” contra el crimen organizado, que no les es propia, no sólo ha generado quejas --“reales y supuestas”-- de violaciones a los derechos humanos, sino que ha sometido “a un severo desgaste” a la institución.

Parafraseando al general prusiano Carl von Clausewitz, un clásico de la estrategia militar, expone: “¿Estamos ante una guerra que es la continuación de la política por otros medios? ¿Al combatir el narcotráfico se persiguen también objetivos políticos? Sería muy grave que resultara cierta esa tesis, tan frecuentemente esgrimida y que cada día cobra mayor sentido.”

Censura: “No se pueden usar las armas como herramienta política o como prótesis emocional. El riesgo es máximo. Es prudente, urgente e imperativo dar a las Fuerzas Armadas su lugar en el recto orden del Estado, para que puedan seguir contribuyendo a crear un México más seguro, con respeto a la dignidad de las personas y justicia para todos.”

Y advierte: “De cara a 2010, en el que ya muchas voces advierten la amenaza de brotes subversivos, es imperativo contar con Fuerzas Armadas respaldadas por la confianza y la aprobación de la ciudadanía. Sólo así los hombres de armas podrán cumplir cabalmente con su papel constitucional primordial. Si el Ejército no militariza la política, el gobernante no debe politizar a los militares.”

En la entrevista con Proceso, después de que difundió una carta abierta dirigida a Calderón para exigirle que “asuma su responsabilidad de la tragedia en Ciudad Juárez”, Chihuahua, porque “estamos ante una guerra fallida (y) ante un estéril derramamiento de sangre”, Espino afirma que la violación de derechos humanos por parte de elementos del Ejército es “porque los fueron a meter a un terreno que no les es propio”.

Pero además, como ocurre en Juárez, la presencia del Ejército es sólo “escenográfica” porque, en vez de inhibir, ha estimulado las conductas criminales, como la extorsión de la que ya es víctima su propia familia que, el viernes 4, fue amenazada de sufrir secuestro si no cumplía con el pago de 2 mil dólares mensuales.

“La gente lo ve como un desfile. El convoy de vehículos de soldados o de policías federales por las calles principales de la ciudad es un desfile de carros alegóricos. Eso no da un solo resultado. La presencia militar ha sido eso: escenográfica, es parte de la escenografía de Juárez ver patrullas de soldados o policías por aquí y por allá. Desfiles nada más, transitan las calles.”

–Y por las calles transitan, impunes, los criminales…
–Por supuesto.
Tal cual.

SME: amparos y desamparos

Miguel Ángel Granados Chapa

El viernes pasado, 11 de diciembre, la jueza Guillermina Coutiño negó al Sindicato Mexicano de Electricistas el amparo que esa organización y 20 mil de sus agremiados solicitaron contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, el organismo público de que eran contraparte laboral, emitido precisamente dos meses atrás, el 11 de octubre. La noticia desconcertó a quienes supusieron que, habiendo otorgado esa misma juzgadora a los quejosos las suspensiones provisional y definitiva, dictaría sentencia en el mismo sentido favorable a los trabajadores. No tenía por qué ser así, ni tampoco es el final del camino. Compréndase que, si bien no es una aventura jurídica como desdeñosamente llamó el secretario del Trabajo el ejercicio de un legítimo derecho, que pone en valor a las instituciones, el juicio de garantías es un procedimiento que puede concluir en la restitución de derechos vulnerados o en la afirmación de que no hubo tal violación.

No sería extraño comprobar que la jueza Coutiño sufrió presiones o amenazas para emitir su sentencia. Pero técnicamente es posible que haya resuelto conforme a su conciencia y a su formación. Cuando concedió la suspensión provisional lo hizo únicamente con el punto de vista de los quejosos; recabó entonces los informes previos de las autoridades responsables, y a partir de esa información mantuvo su decisión de otorgar la suspensión y la hizo definitiva, es decir, vigente mientras durara el proceso. En este lapso se hizo entregar los informes justificados, documentación más amplia en que las autoridades contra las que se pide amparo exponen los fundamentos de su acción.

Tales informes justificados fueron hechos llegar a la juzgadora con retraso. Ella debió imponer una sanción a quienes así demoraron su participación en el juicio de amparo. Pero, tardíos y todo, en ellos –y en los alegatos que reiteran o amplían las posiciones de las partes– se basó Coutiño para emitir su sentencia. Le pareció convincente el argumento de que el Ejecutivo actuó con apego al artículo 16 de la Ley de Entidades Paraestatales, que lo autoriza a crear o extinguir ese tipo de empresas públicas. Y no consideró vulnerado el derecho de audiencia de los quejosos porque no hay procedimiento alguno que obligue al liquidador a consultar a los servidores públicos empleados en las entidades que desaparecen. Poco le faltó para desechar la demanda de amparo por falta de interés jurídico.

Carece de razón la jueza al estimar que el Ejecutivo puede hacer y deshacer en esta materia sin intervención del Congreso. Y yerra, por lo tanto, en su intento de reforzar su argumento con la creación misma de Luz y Fuerza del Centro, que en su opinión surgió sólo de un decreto presidencial. Amén de que infringir la ley al crear un organismo no autoriza a repetir la falta al extinguirlo, precisamente la cita que hizo Coutiño es un argumento en contra de la decisión presidencial. Cuando Carlos Salinas canceló el estado de liquidación en que languidecía Luz y Fuerza del Centro y gestó el organismo público que prestó servicios al DF y zonas aledañas en los tres lustros más recientes, lo hizo en acatamiento de una instrucción expresa del Poder Legislativo. Una intervención de la misma índole faltó en la extinción, y de allí se desprende la inconstitucionalidad del acto reclamado. Por ello, por esa marginación del Congreso, sus cámaras hubieran debido iniciar una controversia constitucional contra el decreto de extinción. Pero fueron más poderosos la mezquindad, el oportunismo y la inclinación al canje de favores políticos que el respeto al órgano legislativo, y el PRI decidió que el conflicto eléctrico no le incumbe y no quiso inmiscuirse en él, con lo cual se inclinó a favor del gobierno.

Afortunadamente la sentencia del viernes 11 no es definitiva. Como en toda resolución de amparo puede ser demandada su revisión. Eso hará en estos días el SME, como continuación de la “aventura jurídica” en que se adentró en defensa de sus agremiados y del propio sindicato como persona jurídica surgida (este lunes 14 hace precisamente 95 años). Un tribunal colegiado, o eventualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueden confirmar lo dicho por la jueza, o revocar su fallo o instruirla para que reponga el procedimiento. De modo que la vía del amparo está lejos de su conclusión. Todavía no se ha dicho la última palabra.

Tampoco se han cerrado todas las opciones jurídicas, viables algunas de ellas si se las combina con el diálogo político. A la hora de escribir estas líneas, el viernes ya avanzada la tarde, estaba pendiente la definición de cinco personas a las que el SME solicitó su mediación para que su conflicto con el gobierno se encamine a una salida negociada. El rector de la Universidad Nacional, José Narro Robles; el director del Instituto Politécnico Nacional hasta el 11 de diciembre, Enrique Villa Rivera; y los coordinadores de las tres fuerzas con mayor representación en el Senado: Gustavo. E. Madero, Manlio Fabio Beltrones y Carlos Navarrete, se hallaban en una fase de exploración para determinar cuán ancho o angosto es el camino del diálogo que pueden suscitar y qué tan hacedero es llegar a su meta. Es posible que con su participación las partes hablen entre sí y encuentren una solución al conflicto, que debe basarse en el mutuo respeto, que incluye la deposición del ánimo excluyente que ha caracterizado a la acción gubernamental. El gobierno está resuelto a acabar con el SME y asocia con ese propósito la liquidación de la contraparte laboral de ese sindicato. Es necesario romper esa meta dual.

De las pláticas que los mediadores pueden propiciar acaso surja una declaración de voluntad del gobierno federal que reconozca al sindicato su existencia y su derecho a existir. El propósito explícito del gobierno se ha ya conseguido, pues consiste en cerrar el drenaje de recursos públicos que a su juicio afectaban al erario y la nación. Luego entonces, manteniéndose firme en su decisión de extinguir ese organismo público, el gobierno puede quedar abierto a la aplicación de otra figura jurídica que asegure empleo a los miembros del SME que optaron por no ser liquidados y garantice también la existencia misma del sindicato.

Se trata de la sustitución de patrón. La Comisión Federal de Electricidad debe suministrar, está haciéndolo ya, el servicio eléctrico a la región central del país. Para ese efecto puede suscribir con el SME un contrato colectivo de trabajo nuevo, sin las excrecencias que a juicio de los oportunistas morales son “privilegios” que ofenden, y que simultáneamente asegure el empleo de los electricistas experimentados y conocedores de las peculiaridades de instalaciones y equipos viejos en la zona en que operaba Luz y Fuerza. Esta empresa se ha extinguido. No tiene que ser esa la suerte del SME.

Aunque mermado numéricamente, golpeado por la furia propagandística, y debilitado por las carencias padecidas por sus miembros, el sindicato perdió la primera instancia de un amparo. Pero no quedó desamparado. Todavía hay rutas que recorrer.

Amenazan de muerte a la presidenta de Argentina Cristina Fernández


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