domingo, diciembre 04, 2011

Exterminio de la disidencia

Jorge Zepeda Patterson

Norma y Nepomuceno constituían un dolor de cabeza para las autoridades por exigir el esclarecimiento de la muerte de sus hijos: ambos han sido suprimidos.

Puede representar apenas una gota en el mar de sangre que ha dejado la guerra, pero la cada vez más frecuente desaparición de luchadores sociales y periodistas incómodos a los poderes (legales e ilegales) tiene un muy infortunado efecto para el resto de la sociedad.

Más de 70 periodistas asesinados o desaparecidos y varias docenas de activistas abatidos en 10 años representa una tímida estadística frente a los 50 mil muertos. Pero son justamente los periodistas y los activistas los pocos que siguen denunciando las masacres y pidiendo justicia para las víctimas.

Da la impresión de que los poderes salvajes no cejarán en mantener esa guerra civil en la que están enfrascados, pero ahora parecerían resueltos a eliminar a los que la denuncian.

El viernes pasado balearon a Norma Andrade en Ciudad Juárez y hace una semana asesinaron a Nepomuceno Moreno en Ciudad Obregón. Una madre y un padre que, al igual que Isabel Wallace o Alejandro Martí, se negaron a aceptar la versión oficial de la desaparición de un hijo. Por desgracia sin la visibilidad y relaciones del empresario y la ahora conferencista. Nepomuceno se había integrado al movimiento de Javier Sicilia y recorría el país exigiendo castigo para los asesinos de su hijo. Norma había fundado la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa y vivía entre amenazas para obligarle a abandonar su lucha.

Imposible conocer en este momento quién está detrás de los sicarios de cada uno de estos dos ataques, pero es preocupante la manera irresponsable, si no es que criminal, en que las autoridades reaccionaron en los dos casos. Pese a que Norma alcanzó a declarar que entregó bolso y llave del auto al ser encañonada, el sicario disparó en cinco ocasiones sin siquiera molestarse en tomar alguna pertenencia de la activista. Eso no impidió que antes aun de cualquier investigación la autoridad local ya hubiese declarado que se había tratado de un simple intento de robo de auto (una carcacha modelo 90). Norma se debate entre la vida y la muerte al cierre de este artículo.

El caso de Nepomuceno es aun más preocupante. La procuraduría de Sonora intentó convencer a la opinión pública de que el asesinato obedecía a presuntas relaciones que padre e hijo fallecidos sostenían con el crimen organizado. Un burdo intento para de alguna forma “justificar” la ejecución del luchador social.

En el mejor de los casos se trata de actitudes cobardes de la autoridad en su intento de despolitizar el asesinato de activistas y presentarlos como meros incidentes atribuibles a la delincuencia común. Y, en el peor de los casos, este apresuramiento en descalificar los atentados y satanizar a las víctimas puede ser interpretado como una acción cómplice para encubrir a los verdaderos responsables. En cualquier caso, no se vale. Asesinar a un padre que pide esclarecer la desaparición de su hijo representa una doble muerte. Acusarlo de pertenecer al crimen organizado para justificar su asesinato equivale a una triple muerte.

Por desgracia no se trata de hechos aislados. Sólo en Chihuahua, en los dos últimos años, cinco dirigentes de organizaciones en favor de víctimas de feminicidio han sido abatidos. Hay un claro propósito de descabezar y desmantelar las redes de participación civil que incomodan a los poderes. No muy distinto de lo que sucede en contra de radios comunitarias en zonas indígenas, asesinatos incluidos. En materia de periodistas, otro gremio que incomoda a los poderosos, los últimos dos años han sido los peores. Las amenazas a medios de comunicación y a reporteros se han generalizado en gran parte del territorio.

Muchas de estas agresiones ya no proceden del crimen organizado sino de la clase política y los aparatos de seguridad. En su último informe, la organización internacional Artículo 19 revela que la mayor parte tienen un origen político.

Todo indica que, amparados por la impunidad y el éxito que tienen los cárteles de la droga para amedrentar a los medios de comunicación, los políticos y jefes policíacos no ha resistido la tentación. Ellos saben que toda agresión vinculada al crimen organizado simple y sencillamente no será investigada. Basta correr la versión de que el activista social o el periodista tenían alguna relación con el narco para que el delito quede impune. Eso asegura que entrará en el inmenso e irresponsable hoyo negro de los 50 mil muertos que el gobierno de Calderón ha decidido que no tienen que ser investigados porque se trata de ejecuciones entre delincuentes.

Todos aquellos que no aceptan la versión oficial, que exigen el esclarecimiento de algunas de estas muertes están en peligro. Como Norma y Nepomuceno.

Lavado y contrabando la DEA dinero del narco mexicano: NYT

NTRZacatecas

La Administración Federal Antidrogas (DEA) ha estado lavando y contrabandeando millones de dólares de ganancias de los cárteles mexicanos de las drogas como parte de la lucha contra el narcotráfico, reveló hoy The New York Times.

Los agentes estadunidenses han manejado cargamentos ilegales de dólares a través de la frontera, a fin de identificar cómo mueven su dinero las organizaciones criminales, dónde lo almacenan y quiénes son sus líderes, añadió.

“Las actividades de alto riesgo levantan delicadas preguntas sobre la eficacia de la agencia para acabar con los cabecillas del narco, subrayan preocupaciones diplomáticas sobre la soberanía mexicana y difuminan la línea entre vigilancia y facilitación del crimen”, apuntó.

Además, indicó el rotativo, “no está claro que el riesgo de esas operaciones valga la pena”.

“Hasta ahora hay pocas señales de que el seguimiento del dinero haya afectado las operaciones de los cárteles y que los narcos mexicanos están sintiendo un castigo financiero serio”, acotó The New York Times.

La DEA decomisó el año pasado mil millones de dólares en efectivo y bienes, mientras que el estimado de los recursos que mueven los cárteles ascendió a entre 18 mil millones y 39 mil millones de dólares, según cifras oficiales.

Las operaciones de lavado de dinero son autorizadas por el Departamento de Justicia cuando son mayores a los 10 millones de dólares, sin embargo funcionarios reconocieron que no es una regla estricta, citó el rotativo.

Aunque se reportó que la DEA realiza 50 operaciones similares en otros países, sus actividades de lavado y contrabando de dinero habían estado prohibidas en México desde que agentes estadunidenses realizaron un operativo sin notificar al gobierno mexicano en 1998.

Pero The New York Times sostuvo que eso cambió en años recientes después de que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles y enlistó el apoyo de Estados Unidos.

Asimismo señaló que las operaciones son cuidadosamente orquestadas para no violar restricciones de soberanía.

En algunos casos, agentes de la DEA llegan a contrabandear de dos a tres cargamentos de dinero a la semana.

En otros, agentes mexicanos acompañados por estadunidenses se hacen pasar por contrabandistas y recogen el dinero en México, según el diario.

Igualmente agentes estadunidenses transportan el dinero en aviones oficiales a Estados Unidos, donde es depositado en bancos de este país y después es transferido a cuentas bancarias en México, añadió.

Agentes estadunidenses dijeron al rotativo que buscan decomisar tanto dinero como es lavado y negaron que sus acciones sean comparables al polémico operativo “Rápido y Furioso” de trasiego ilegal de armas de alto poder a México.

Los agentes justificaron que el contrabando de dinero es un menor riesgo a la seguridad pública que las armas y que es factible que conduzca a los niveles más altos de las organizaciones criminales.

Video: Enrique Peña Nieto no puede responder pregunta de 3 libros que marcaron su vida

U.S. Agents Launder Mexican Profits of Drug Cartels

GINGER THOMPSON / NYT
WASHINGTON — Undercover American narcotics agents have laundered or smuggled millions of dollars in drug proceeds as part of Washington’s expanding role in Mexico’s fight against drug cartels, according to current and former federal law enforcement officials.

The agents, primarily with the Drug Enforcement Administration, have handled shipments of hundreds of thousands of dollars in illegal cash across borders, those officials said, to identify how criminal organizations move their money, where they keep their assets and, most important, who their leaders are.

They said agents had deposited the drug proceeds in accounts designated by traffickers, or in shell accounts set up by agents.

The officials said that while the D.E.A. conducted such operations in other countries, it began doing so in Mexico only in the past few years. The high-risk activities raise delicate questions about the agency’s effectiveness in bringing down drug kingpins, underscore diplomatic concerns about Mexican sovereignty, and blur the line between surveillance and facilitating crime. As it launders drug money, the agency often allows cartels to continue their operations over months or even years before making seizures or arrests.

Agency officials declined to publicly discuss details of their work, citing concerns about compromising their investigations. But Michael S. Vigil, a former senior agency official who is currently working for a private contracting company called Mission Essential Personnel, said, “We tried to make sure there was always close supervision of these operations so that we were accomplishing our objectives, and agents weren’t laundering money for the sake of laundering money.”

Another former agency official, who asked not to be identified speaking publicly about delicate operations, said, “My rule was that if we are going to launder money, we better show results. Otherwise, the D.E.A. could wind up being the largest money launderer in the business, and that money results in violence and deaths.”

Those are precisely the kinds of concerns members of Congress have raised about a gun-smuggling operation known as Fast and Furious, in which agents of the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives allowed people suspected of being low-level smugglers to buy and transport guns across the border in the hope that they would lead to higher-level operatives working for Mexican cartels. After the agency lost track of hundreds of weapons, some later turned up in Mexico; two were found on the United States side of the border where an American Border Patrol agent had been shot to death.

Former D.E.A. officials rejected comparisons between letting guns and money walk away. Money, they said, poses far less of a threat to public safety. And unlike guns, it can lead more directly to the top ranks of criminal organizations.

“These are not the people whose faces are known on the street,” said Robert Mazur, a former D.E.A. agent and the author of a book about his years as an undercover agent inside the Medellín cartel in Colombia. “They are super-insulated. And the only way to get to them is to follow their money.”

Another former drug agency official offered this explanation for the laundering operations: “Building up the evidence to connect the cash to drugs, and connect the first cash pickup to a cartel’s command and control, is a very time consuming process. These people aren’t running a drugstore in downtown L.A. that we can go and lock the doors and place a seizure sticker on the window. These are sophisticated, international operations that practice very tight security. And as far as the Mexican cartels go, they operate in a corrupt country, from cities that the cops can’t even go into.”

The laundering operations that the United States conducts elsewhere — about 50 so-called Attorney General Exempt Operations are under way around the world — had been forbidden in Mexico after American customs agents conducted a cross-border sting without notifying Mexican authorities in 1998, which was how most American undercover work was conducted there up to that point.

But that changed in recent years after President Felipe Calderón declared war against the country’s drug cartels and enlisted the United States to play a leading role in fighting them because of concerns that his security forces had little experience and long histories of corruption.

Today, in operations supervised by the Justice Department and orchestrated to get around sovereignty restrictions, the United States is running numerous undercover laundering investigations against Mexico’s most powerful cartels. One D.E.A. official said it was not unusual for American agents to pick up two or three loads of Mexican drug money each week. A second official said that as Mexican cartels extended their operations from Latin America to Africa, Europe and the Middle East, the reach of the operations had grown as well. When asked how much money had been laundered as a part of the operations, the official would only say, “A lot.”

“If you’re going to get into the business of laundering money,” the official added, “then you have to be able to launder money.”

Former counternarcotics officials, who also would speak only on the condition of anonymity about clandestine operations, offered a clearer glimpse of their scale and how they worked. In some cases, the officials said, Mexican agents, posing as smugglers and accompanied by American authorities, pick up traffickers’ cash in Mexico. American agents transport the cash on government flights to the United States, where it is deposited into traffickers’ accounts, and then wired to companies that provide goods and services to the cartel.

In other cases, D.E.A. agents, posing as launderers, pick up drug proceeds in the United States, deposit them in banks in this country and then wire them to the traffickers in Mexico.

The former officials said that the drug agency tried to seize as much money as it laundered — partly in the fees the operatives charged traffickers for their services and another part in carefully choreographed arrests at pickup points identified by their undercover operatives.

And the former officials said that federal law enforcement agencies had to seek Justice Department approval to launder amounts greater than $10 million in any single operation. But they said that the cap was treated more as a guideline than a rule, and that it had been waived on many occasions to attract the interest of high-value targets.

“They tell you they’re bringing you $250,000, and they bring you a million,” one former agent said of the traffickers. “What’s the agent supposed to do then, tell them no, he can’t do it? They’ll kill him.”

It is not clear whether such operations are worth the risks. So far there are few signs that following the money has disrupted the cartels’ operations, and little evidence that Mexican drug traffickers are feeling any serious financial pain. Last year, the D.E.A. seized about $1 billion in cash and drug assets, while Mexico seized an estimated $26 million in money laundering investigations, a tiny fraction of the estimated $18 billion to $39 billion in drug money that flows between the countries each year.

Mexico has tightened restrictions on large cash purchases and on bank deposits in dollars in the past five years. But a proposed overhaul of the Mexican attorney general’s office has stalled, its architects said, as have proposed laws that would crack down on money laundered through big corporations and retail chains.

“Mexico still thinks the best way to seize dirty money is to arrest a trafficker, then turn him upside down to see how much change falls out of his pockets,” said Sergio Ferragut, a professor at the Autonomous Technological Institute of Mexico and the author of a book on money laundering, which he said was “still a sensitive subject for Mexican authorities.”

Mr. Calderón boasts that his government’s efforts — deploying the military across the country — have fractured many of the country’s powerful cartels and led to the arrests of about two dozen high-level and midlevel traffickers.

But there has been no significant dip in the volume of drugs moving across the country. Reports of human rights violations by police officers and soldiers have soared. And drug-related violence has left more than 40,000 people dead since Mr. Calderón took office in December 2006.

The death toll is greater than in any period since Mexico’s revolution a century ago, and the policy of close cooperation with Washington may not survive.

“We need to concentrate all our efforts on combating violence and crime that affects people, instead of concentrating on the drug issue,” said a former foreign minister, Jorge G. Castañeda, at a conference hosted last month by the Cato Institute in Washington. “It makes absolutely no sense for us to put up 50,000 body bags to stop drugs from entering the United States.”

Peña Nieto: El candidato presidencial que no es capaz de citar tres libros que le han marcado

El candidato presidencial que no es capaz de citar tres libros que le han marcado

Peña Nieto, político del PRI favorito para las próximas elecciones mexicanas, protagoniza la anécdota del día en la Feria del Libro de Guadalajara

Salvador Camarena


¿Cuáles son los tres libros que han marcado la vida del candidato puntero de todas las encuestas en México, Enrique Peña Nieto? La respuesta tendrá que esperar a mejor ocasión, porque el aspirante priista a la presidencia no supo contestar de manera clara a esa pregunta que le hizo la prensa la mañana de este sábado en la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en esta ciudad.

"Definitivamente la Biblia es uno de ellos", contestó Peña Nieto (nacido en 1966). "No la leí toda", agregó. Pero de ahí en adelante, el exgobernador del Estado de México pasó fatigas para recordar títulos o autores. Atribuyó a Enrique Krauze la autoría de La silla del Águila, de Carlos Fuentes, y dijo que sí ha revisado "ese de caudillos" de Krauze (Siglo de Caudillos, de Tusquets), para enseguida también mencionar que leyó uno que habla de las "mentiras" de ese libro del historiador. Enseguida habló de una trilogía de Jeffrey Archer y uno de Enrique Serna sobre el dictador del siglo XIX Antonio López de Santa Anna.

"Mira, realmente no podría señalar un libro que haya marcado mi vida", contestó. Actualmente, dijo, ha estado leyendo uno que se llama La inoportuna muerte del presidente, y le pidió a su staff que le recordara el nombre del autor, pues dijo que cuando se pone a leer se olvida de autores o títulos. En la primera fila, su asesor Luis Videgaray, un diputado de sólida formación, le hacía señas con los dedos sobre la boca, como quien simula una tijera, para que el precandidato cortara ya su respuesta sobre los libros.

Antes, Peña Nieto había tenido una sesión de más de una hora en un abarrotado auditorio donde 750 priistas que le arroparon escucharon que sus "obsesiones" serán acabar con la pobreza, generar un despegue de la economía y abatir la inseguridad. Afuera del recinto, otras mil personas siguieron por medio de pantallas las palabras del exgobernador. En el ambiente era palpable la emoción de sus simpatizantes ante el que muchos ven, a ocho meses de las elecciones, como el próximo presidente de México.

En ésta su edición 25, la Feria Internacional del Libro también ha sido escaparate para políticos que buscan la presidencia de México. Antes de Peña Nieto, en la semana estuvieron aquí los panistas Santiago Creel, a quien pocos vieron, y Josefina Vázquez Mota, que tuvo misma convocatoria que el político priista.

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