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miércoles, septiembre 22, 2010

Peña Nieto: reglas a modo

Jesús Cantú

Ante la posibilidad de perder la sucesión en su entidad y, por ende, su eventual candidatura a la Presidencia de la República, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, modificó (en vísperas de que venciera el plazo constitucional para ello) las reglas para asegurarse de que las condiciones lo favorezcan.

La controvertida reforma aprobada el 14 de septiembre en el Congreso local afecta los procesos electorales en cuatro frentes: complica la creación de alianzas electorales entre diferentes fuerzas políticas al dejar únicamente vigente la vía de las coaliciones; reduce a la mitad el periodo de campañas y a una sexta parte el de las precampañas; disminuye el financiamiento público para la obtención del voto, y, finalmente, amplía en 45 días el periodo para que el gobernador mantenga en los medios de comunicación social la propaganda gubernamental.

La discusión se centra en la eliminación de la figura de las candidaturas comunes, por la expresa oposición del gobernador Peña Nieto a una posible alianza entre el PAN y el PRD para la contienda por la gubernatura, pero en realidad la estrategia para disminuir las posibilidades de éxito de una eventual alianza opositora es integral y busca debilitarla en varios flancos.

La forma más sencilla de concretar la alianza electoral era, hasta antes de la reforma, la candidatura común, que sí tenía un factor de inequidad (no todos los que señala la iniciativa de reforma) ya que mantenía el acceso del candidato común a radio y televisión de cada uno de los partidos que lo postulaban, es decir, sumaba los tiempos que le correspondían a éstos y no establecía un límite, pues a partir de la reforma del 2007 dichos tiempos ya no forman parte de los topes de gastos de campaña.

Al eliminar la figura de la candidatura común, la única vía para concretar la alianza es la coalición, que en el Código Electoral del Estado de México tiene requisitos que también pueden traducirse en inequidad en la contienda. El código señala que cuando una coalición postule candidato a gobernador del estado, “deberá acreditar ante los órganos del instituto y ante las mesas directivas de casilla tantos representantes como corresponda a uno solo de los partidos coaligados”, lo cual casi obliga a lograr la coalición total, pues los candidatos postulados únicamente por uno de los partidos coaligados no tendrán representación en ninguno de los órganos electorales, ni siquiera en las casillas, ya que la misma la ostentará el candidato de la coalición a gobernador.

Por otra parte, respecto al financiamiento público, asienta que “disfrutará del monto que corresponda a la suma de los montos asignados a cada uno de los partidos coaligados”, y más adelante indica que el convenio de coalición contendrá, “en su caso, la forma de distribución del financiamiento público que les corresponda, estableciendo cada uno de éstos el monto de las aportaciones para el desarrollo de las campañas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes”.

Lo anterior puede interpretarse en el sentido de que el instituto entregará el financiamiento a la coalición, y ésta, a su vez, retendrá la aportación de cada instituto político a la coalición y luego entregará el resto, lo que nuevamente conduce casi inexorablemente a ir en coalición total, pues de lo contrario la demora en la entrega del dinero puede traducirse en retrasos para la realización de las campañas de los candidatos no coaligados.

A nivel nacional, la legislación en esta materia se estableció tras el proceso presidencial de 1988 y tenía como objetivo dificultar, hasta donde fuera posible, la construcción de alianzas entre fuerzas opositoras, para evitar que se repitiera el fenómeno que condujo a la construcción del Frente Democrático Nacional, que en esa elección postuló a Cuauhtémoc Cárdenas. En el Estado de México, afortunadamente, se habían mantenido las candidaturas comunes, pero en materia de coaliciones se establecieron limitantes incluso mayores a las federales, como la señalada en materia de financiamiento.

Este no es el único obstáculo adicional que establece la Constitución o el código estatal. Otro muy significativo es el incluido en el artículo 12 constitucional, que señala: “Quien haya participado en un proceso interno de selección de un partido político como aspirante o precandidato, no podrá ser registrado como candidato por otro partido político o coalición en el proceso electoral correspondiente”. Este párrafo podría ser utilizado para cerrarles la puerta a candidatos como Mario López Valdez, en Sinaloa, o José Rosas Aispuro, en Durango, que previamente “aspiraron” a ser postulados por el PRI.

Pero estos obstáculos no eran suficientes para enfrentar una elección competida, por lo cual la reforma estrechó aún más los márgenes para la oposición y, por ello, canceló la posibilidad de las candidaturas comunes, al menos por dos razones: una, el impacto para los votantes duros de un partido político es muy distinto si tiene que cruzar un recuadro donde además del logotipo de su partido aparece el de uno de sus principales opositores, lo que es inevitable en el caso de las coaliciones; y dos, como las reglas para las coaliciones casi obligan a postular candidatos a todos los puestos de elección popular, el costo para las dirigencias partidistas se eleva mucho, pues prácticamente obliga a dejar de competir en distritos y municipios donde la contienda se da realmente entre PAN y PRD y no con el PRI.

Así, por una parte, se reducen las posibilidades de que la coalición se concrete al aumentar las dificultades; y en caso de que se lograra, impacta directamente sobre los votantes, particularmente los más duros, que eventualmente pasan a las filas del abstencionismo.

Todavía eso no brindaba suficientes garantías y, por ello, se incorporaron otras reformas, como la reducción del periodo de las campañas electorales de 90 a 45 días en el caso del candidato a gobernador, y de 60 a 35 para diputados locales y ayuntamientos. Esta reforma tiene un doble impacto: por una parte, le permite al gobernador en funciones mantener su propaganda gubernamental 45 días más; y, por el otro, reduce sustancialmente las posibilidades de un candidato de la alianza opositora sin mucho posicionamiento en Edomex, pues no tendrá el tiempo suficiente para hacerlo, especialmente porque también se redujo el tiempo de las precampañas a únicamente 10 días. Así, la presencia de los candidatos se limita a sólo 55 días, ni siquiera dos meses, en un estado con 125 municipios y casi 10 millones y medio de electores.

Tampoco esto era suficiente, y en el caso de que lograsen concretar la alianza y el candidato fuese popular, todavía había que estrecharle más su margen de maniobra, y esto se logra con otra iniciativa dirigida a reducir y limitar el destino del financiamiento público para la obtención del voto. La reducción en realidad es menor, pues la legislación del Estado de México es muy generosa y actualmente establece que para dichas actividades se otorgará a los partidos políticos una cantidad equivalente al doble del que reciben para actividades ordinarias, es decir, 200% más, y lo reduce a 190%.

Pero adicionalmente se establece que dicho financiamiento debe “aplicarse exclusivamente al desarrollo de las actividades directamente relacionadas con la obtención del voto dentro de la campaña electoral de que se trate”, lo cual eventualmente lo reducirá todavía más, dado que el límite de gastos de campaña puede ser inferior a la suma de los recursos que por dicha modalidad recibirán los partidos coaligados, lo cual obligaría a regresar dicho dinero.

Peña Nieto sabe de sobra el impacto que tendría sobre sus aspiraciones presidenciales una eventual derrota en la contienda electoral del 3 de julio del 2011, y, por ello, no está dispuesto a correr ningún riesgo. Así, por lo pronto, colocó en las normas constitucionales y legales las disposiciones necesarias para asegurar al candidato de su partido condiciones ventajosas o, al menos, no tan competitivas.

El PRI enseña intolerancia

Omar Sánchez

Dos mantas colocadas en la tribuna de San Lázaro en contra de la “Ley Peña”, provocaron que diputados priistas perdieran la cabeza y subieran a la tribuna a “arrancarlas”, con lo que sigue la “guerra electoral” que se vive anticipadamente rumbo al 2012.

No es la primera vez que en la Cámara de Diputados se colocan mantas con reclamos o exigencias, y los priistas nunca habían tomado la decisión de arrancarlas, e incluso hace dos semanas fueron ellos los que colocaron una donde pedían que no hubiera más impuestos.

Sin embargo, en esta ocasión tras la reciente aprobación de la ley en el Congreso Local del Estado de México que prohíbe las alianzas de cualquier partido político, diputados panistas colocaron en el salón de plenos dos pancartas en las que se leía:

“No a la Ley Peña, no más mentiras”, se leía en una de ellas, en tanto la segunda manta tenía la leyenda: “Ley Peña asesina a la democracia”.

El panista Javier Corral dijo que esa actitud por parte del PRI demostraba el miedo que tienen a perder en las elecciones con las alianzas del PRD y PAN: “el miedo no anda en burro, anda en Peña Nieto”.

A la defensa del PAN se sumó el PRD, e incluso el petista Gerardo Fernández Noroña, acérrimo rival de estos al pedir que se respetara el derecho de expresión por parte de la bancada panista.

Tras la falta de acuerdo entre los diputados, el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, decidió decretar un receso y después, levantar definitivamente la sesión, fue lo más fácil que pudo hacer el priista, quien demostró cargarse a favor de su partido por que nunca condenó la actitud de sus correligionarios y en cambio siempre llamó al orden a los panistas que desplegaron las mantas.

Los coordinadores del PRI, PAN y PRD no estaban en el salón de plenos, por lo que los vicecoordinadores propusieron que el PRI daría disculpas por haber retirado las mantas de los panistas, y después seguirían las disculpas del PAN por haberlas colocado.

Pero al no darse este anuncio las bancadas del PAN y PRD decidieron retirarse del pleno.

Atacan a funcionario de San Luis Potosí y matan a dos de sus escoltas

El Subsecretario de Readaptación del gobierno estatal, Jaime Delgado Alcalde, resultó herido en un atentado cuando se encontraba en Ciudad Valles.

Dos de sus escoltas fallecieron y un tercero quedó herido.

De acuerdo con las primeras versiones, el funcionario estatal había efectuado una visita de inspección al Centro de Readaptación de Ciudad Valles, y había cenado en un local sobre el bulevard principal cuando fue atacado por sicarios que abrieron fuego contra él y sus escoltas.

Delgado Alcalde fue trasladado a un hospital junto con el escolta Regino Martínez, mientras que en el lugar murieron Rubén Hernández Rendón y José Oriol Martínez, uno de ellos chofer del funcionario.

Este ataque ocurre un par de semanas después del crimen del Alcalde de El Naranjo, el priísta Alexander López García, quien el pasado 8 de septiembre fue acribillado cuando se encontraba despachando en su oficina del Palacio Municipal.

Al día siguiente del asesinato del Edil, el gobernador Fernando Toranzo declaró un estado de emergencia por la violencia desatada en los municipios de la Huasteca Potosina, desde Ríoverde hasta los que se encuentran en los límites con Tamaulipas.

Toranzo pidió la ayuda federal para reforzar la presencia del Ejército y la PFP en su estado.

Dos decapitados en Acapulco

Dos hombres fueron decapitados en este centro turístico.

Un reporte oficial señala que el hallazgo se registró cerca de las cinco de la madrugada en la comunidad Kilómetro 30, sobre la carretera federal Acapulco-México, donde dejaron abandonado un vehículo.

En el toldo de la unidad, los criminales colocaron las cabezas de sus víctimas, amordazadas con cinta canela. En el interior del vehículo se encontraban los cuerpos atados de pies y manos.

En el lugar también fue dejado el siguiente mensaje escrito en una cartulina: "ESTO NOS PASO X TRANSPORTARLE ARMAS A NICASIO ARIZMENDI Y A SU FAMILIA. ATENTAMENTE: LA PLAZA?".

Apenas este lunes fueron levantados dos hombres que se desplazaban a bordo de un auto tipo Bora, tras un enfrentamiento armado en plena avenida costera Miguel Alemán.

Informes oficiales vinculan estos hechos a la disputa de la plaza de Acapulco entre células de sicarios al servicio de Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie” y Héctor Beltrán Leyva, “El H”.

“Motivos personales...”

Francisco Garfias

Una de las líneas de investigación del asesinato del periodista en Ciudad Juárez, que ya habría sido puesta en conocimiento de los directivos de El Diario, es la del enfrentamiento entre dos grupos antagónicos de jóvenes que vivían en departamentos diferentes de un mismo edificio, de acuerdo a fuentes vinculadas con seguridad nacional.

Luis Carlos Jiménez Orozco, el reportero gráfico asesinado, y su compañero, Carlos Manuel Sánchez Colunga, lesionado de bala, formaban parte de un grupo de ex compañeros de secundaria que ya se traían con los vecinos pandilleros que, de acuerdo a esta hipótesis, los atacaron.

“Ya habían amenazado a uno de ellos, lo habían golpeado por una chamaca. Los vecinos, hartos de escucharlos pelear, pidieron incluso que los corrieran del edificio”, aseguraron las fuentes.

Esa línea de investigación, que sigue la Procuraduría de Chihuahua, es la que habría llevado a Alejandro Poire, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, a manifestar que el asesinato de Luís Carlos fue por “motivos personales”.

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Otra de las líneas que se siguen es la de la equivocación del blanco. En el momento de la agresión, Orozco y Sánchez Colunga viajaban en un vehiculo que pertenecía al visitador de la CNDH, de apellido De la Rosa, quien ya había sido amenazado por el crimen organizado.

El reportero gráfico era como “su hijo adoptivo”, por eso traía su auto. “En una de esas iban por mi…”, comentó de la Rosa a la Procuraduría de Chihuahua

Las fuentes no descartaron la línea de investigación que tiene que ver con el desempeño profesional de los jóvenes periodistas, pero aclararon que es la más endeble. “Eran poco menos que aprendices; nunca trabajaron en un asunto vinculado con el crimen organizado. Ni siquiera estaban en nómina”, nos aseguran.

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La irritación es grande en el gobierno federal por la gravísima pifia, reconocida por los directivos de El Diario de Juárez, que puso en su portal una explosiva entrevista con Cesar Nava, que nunca se realizó.

Al jefe nacional del PAN le atribuyeron, ni más ni menos, haber urgido un pacto con el crimen organizado para terminar con la violencia del narco. Mas tarde admitieron que fueron “engañados” y a retiraron del portal, pero el daño estaba hecho.

La noticia fue reproducida no solo por los diarios nacionales. Las agencias internacionales también la recogieron y le dio la vuelta al mundo.

”Es una muy grave difamación por un supuesto error. Le hicieron daño a la imagen de México; le hicieron daño a la lucha contra le crimen organizado”, puntualizan en el entorno del presidente Calderón.

Tampoco acaban de asimilar el multicitado editorial ¿Que quieren de nosotros? Publicado por El Diario, que califica a los criminales como “autoridades de facto”, y literalmente le pide línea al narco sobre como escribir, a cambio de que dejen de matar reporteros. Insisten que el editorial promueve precisamente lo que adjudicaron equivocadamente a Nava: pactos con el narco.

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Otra vez los diputados transformaron el Palacio Legislativo en un circo. Otra vez un ataque a Enrique Peña Nieto, el rey de las encuestas para el 2012, provoco un sainete que obligó a suspender la sesión en San Lázaro.

Los priistas no toleraron la frase “democracia asesinada” incluida en una de las mantas contra la llamada “Ley Peña” que los panistas, al mas puro estilo de sus aliados del PRD, colgaron en la tribuna. Los diputados Víctor Flores, Héctor Pedraza, y Manuel Cadena, la vanguardia del “nuevo PRI”, sacaron el cobre de la intolerancia y las arrancaron de inmediato.

Los panistas se calentaron y no solo exigieron les regresaran las dos mantas, sino que los priistas los desagraviaran públicamente. Nigüas, respondieron los “tolerantes” del tricolor y allí se acabo la sesión.

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En esa sesión estaba proyectado que rindiera protesta como diputado el perredista Julio Cesar Godoy Toscano, sobre quien pesan sendas órdenes de aprehensión, a pesar de que fue exonerado de tener vínculos con la Familia.

La PFP y la PGR hicieron hasta lo imposible para evitar que Godoy ingresara al Palacio Legislativo. Solicitaron al priista Jorge Carlos Ramírez Marin autorizara el ingreso de sus agentes a la Cámara, para echarle guante al hermano del gobernador de Michoacán.

El presidente de la mesa directiva, único autorizado para pedir el ingreso de la fuerza pública, denegó el permiso. Por eso los policías se vieron obligados a acordonar inútilmente el recinto legislativo. Y decimos inútilmente porque cualquier legislador puede meter encajuelado a Godoy.