domingo, agosto 26, 2007

“Más rápido cae un hablador que un cojo”

Mario Di Costanzo*

El viejo refrán que dice “más rápido cae un hablador que un cojo” nuevamente se hace realidad, y ahora nos viene a la memoria la “guerra sucia” que el PAN, junto con grandes empresarios, encabezaron durante la pasada contienda presidencial en la que se advertía que AMLO era un peligro para México.

Todos recordamos el anuncio de los ladrillos que se derrumbaban o el billete de 20 pesos que compraba menos bienes, o la advertencia de que las personas perderían sus casas y toda la sarta de mentiras que se inventaron para dañar la imagen del candidato de la izquierda.

Pues bien, al cabo de casi 10 meses del “gobierno de la estabilidad y el empleo”, la economía mexicana se dirige al borde del colapso de continuar por el mismo camino y, para corroborar lo anterior, sólo basta mencionar que al saldo de la estabilidad económica que ellos pregonan, habría que incluir la producción de millones de pobres, de desempleados, de miles que han tenido que emigrar en busca de oportunidades de empleo, de miles de familias que pueden ser desalojadas de sus viviendas por problemas hipotecarios.

A lo anterior hay que agregar la destrucción de la economía nacional y del mercado interno, el desmantelamiento de las actividades y las funciones sociales del Estado; el desmantelamiento también de los aparatos de seguridad pública y la mayor dependencia financiera, de la historia, con Estados Unidos, país en el que se avizora una importante crisis financiera y económica.

Las finanzas del país se siguen sosteniendo con base en el tremendo castigo de los ingresos de Pemex, a la trágica decisión de los trabajadores migrantes y a la protección al capital financiero internacional, con el deterioro en la distribución del ingreso de la población y con la existencia de 26 multimillonarios de entre los más ricos de la tierra

Sin estos soportes no se explicaría el “famoso” equilibrio macroeconómico del que tanto se han ufanado, pero que la situación en Estados Unidos amenaza con derrumbar.

Mientras tanto, lo que en realidad ha sucedido es que los niveles de vida de la mayoría de la población se han visto abatidos; la pobreza y la miseria han aumentado en todo el territorio nacional; los sectores industrial y agrícola no han encontrado los recursos financieros ni políticos para su recuperación; la deuda ha seguido aumentando y, con ella, la vulnerabilidad de la economía ante los cambios en el entorno internacional.

Los hechos nos demuestran que enfrentamos las peores desigualdades de la historia, la distribución del ingreso se ha deteriorado, la sociedad se encuentra tremendamente polarizada, el desempleo persiste y amenaza con repuntar, y no se ven posibilidades de registrar tasas de crecimiento económico suficientemente altas para abatir el desempleo.

El país enfrenta múltiples rezagos en diversas áreas, que han dado como resultado que actualmente existan aproximadamente entre 50 y 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza, y para solucionar este problema lo único que hasta el momento ha ofrecido es una reforma fiscal, que tiene un tremendo sesgo antiempleo, que deja intactos los paraísos fiscales para las grandes empresas y que ahora, con el PRI, busca incrementar el costo de los energéticos.

En materia de finanzas públicas, la dependencia respecto de los ingresos petroleros se acentúa día con día, aunque éstos se han reducido y amenazan con disminuir aún más.

El gasto público corriente, que incluye sueldos de la burocracia y el pago de intereses sobre la deuda, absorbe 71 centavos de cada peso que gasta el gobierno y continúa expandiéndose, mientras que a la inversión pública directa se le destina en promedio 9.4 centavos de cada peso que se gasta.

El estancamiento económico por el que atravesamos refleja que el privilegio otorgado a ciertos grupos “monopólicos”, atenta contra el bienestar de las familias y contra la competitividad de la industria en el país.

La macroeconomía que vivimos los mexicanos no es la del bienestar familiar, sino la de los bajos salarios, la pobreza extrema, la vivienda precaria, las ciudades en ruinas, la falta de empleo, la educación en crisis, la inseguridad pública, los servicios médicos mediocres e insuficientes, en suma, el presente y el futuro inciertos.

La nación se ha supeditado al extranjero; el Estado a la empresa; el sector público al privado; el país y su pueblo a la capacidad de un pequeño sector moderno dominado por las empresas trasnacionales y los piratas de la acumulación y del tráfico de drogas.

Para cambiar la estrategia y evitar el colapso es necesario superar una serie de retos fiscales, presupuestarios, de deuda e inversión; sin embargo, su solución requiere reformas integrales al sistema tributario, hacendario, al sistema presupuestario y a la política de deuda pública y a la política social, por ello, es urgente romper con la inercia del modelo económico vigente, ya que de no hacerlo así, el país enfrentará una crisis de importantes proporciones.

* Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo

miércoles, agosto 22, 2007

Prohibitivo para miles de Familias el Gasto por el Regreso a Clases De los Alumnos:

Se estima que las familias gastarán cuando menos 18 mil millones de pesos entre alumnos de primaria y secundaria sólo por concepto de útiles y uniformes

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
Agosto, 2007

Al incremento en el costo de los alimentos y que tiene sumamente preocupado al Banco de México, ahora se añade el gasto que tendrán que realizar las familias por el regreso a clases de millones de estudiantes.

De esta manera y de acuerdo con el análisis de la información publicada por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), el gasto en el que tendrán que incurrir las familias en este regreso a clases podría superar fácilmente los 1,000 pesos por estudiante, ya que se estima que tan sólo el gasto destinado para la lista oficial de útiles y el costo de un uniforme escolar básico (camisa, pantalón o falda, suéter y un par de tenis) ascenderá en promedio para un alumno de primaria aproximadamente 804 pesos, cifra que representa casi 16 días de salario mínimo (127 horas de trabajo percibiendo un salario mínimo) y que contraviene lo dispuesto por la Constitución Política respecto de la educación gratuita.

El análisis de la información revela que la lista oficial de útiles escolares publicada por la SEP, para alumnos de 6 grado de primaria, ha tenido un incremento de 27.20% si comparamos los precios observados en el mes de julio del año pasado, con los que se tienen reportados para mediados de este mes de agosto.

Conviene mencionar que el mayor incremento en el gasto destinado a los útiles escolares, se observa para los alumnos que ingresarán al tercer año de primaria ya que, en julio de 2006, la lista oficial implicaba un costo de $ 234.1 y para el mes de agosto del presente año, asciende a $ 302.4, lo que significa un incremento de 29.9%.

Contrariamente el menor incremento en el costo de los útiles escolares se observa en los alumnos que ingresarán al primer grado de primaria, ya que los padres de familia en este caso gastarán $ 174.9 por concepto de útiles escolares.

Así por ejemplo una familia que tenga 2 hijos una en 2 de primaria y otro en quinto de primaria, tendrá un gasto mínimo por concepto de útiles escolares de 556 pesos y de 783 pesos aproximadamente por concepto de un uniforme básico para cada uno de los hijos, de tal manera que su gasto total será de 1,339 pesos, cabe destacar que esta cifra es mayor que un salario mínimo mensual, y suponiendo que ambos padres de familia trabajen y cada uno perciba 2 salarios mínimos (3,000 pesos), aún así el gasto representaría el 22% del ingreso familiar total.

De esta manera se estima que el regreso a clases de los aproximadamente 21 millones de alumnos de primaria (15 millones) y de secundaria (6 millones) generarán un gasto total de las familias mexicanas tan sólo en útiles y uniformes escolares que será de casi 18 mil millones de pesos, si consideramos de manera muy conservadora un gasto promedio total por estudiante incluyendo secundaria, de 900 pesos por los 21 millones de alumnos que iniciarán clases el próximo lunes.

Finalmente es pertinente mencionar, que del gasto total en que incurren los padres de familia por concepto de reingreso a clases, poco más del 50% se explica por concepto de uniformes escolares.


miércoles, agosto 15, 2007

LOS ABOGADOS DE ZHENLI YE GON OBTENDRAN FACILMENTE EL AMPARO CONTRA LAS AUTORIDADES MEXICANAS,

EL PODER JUDICIAL TIENE GRAVES CONFLICTOS DE INTERES EN EL ASUNTO DEL DINERO DECOMISADO Y CALDERÓN PODRÍA SER SUJETO DE JUICIO POLÍTICO.

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pùblica
Gobierno Legitimo
Agosto, 07

Los abogados de Zhenli Ye Gon, deberán obtener fácilmente el amparo contra el decomiso y reparto de los más de 205 millones de dólares encontrados el pasado 15 de marzo en una casa de Las Lomas en el Distrito Federal.

Lo anterior en virtud de que el juez federal Gerardo Garcìa Anzures multó a la PGR por que a la fecha no ha dado una respuesta exacta sobre el destino de los màs de 205 millones de dólares en efectivo y el lote de joyas decomisados a Zhenli Ye Gon.
Más aún, si la PGR mantiene su negativa de informar sobre los movimientos que realizó para lavar el rastro del dinero, las autoridades involucradas en este asunto, PGR, SHCP, SAE e incluso el propio Felipe Calderón como titular del Poder Ejecutivo, podrían ser acusados de desacato e iniciarse un juicio político en su contra.
Lo anterior en virtud de que con su actuación dilatoria, y poco transparente en el manejo de los mas de 205 millones de dólares, estaría contraviniendo lo señalado en el Artículo 89 fracción XII de la Constitución Política que establece como una obligación del Presidente de la República, la de “Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones”.
El asunto se complica, ya que a lo anterior hay que añadir el hecho de que si en verdad una parte del dinero decomisado al empresario chino, fue destinado al Poder Judicial, entonces este, tendrían un grave conflicto de interés en todo el asunto, en virtud de que si su resolución fuese a favor de Zhenli tendría que devolver la parte del dinero asegurado en la Casa de Las Lomas, que le fue asignada y que de acuerdo a declaraciones de la propia SHCP, supero los 700 millones de pesos.
Sin embargo, en caso de que el Poder Judicial, le diera la razón a las autoridades mexicanas, el Poder Judicial automáticamente conservaría los recursos que le fueron asignados y que provienen del dinero asegurado.
Es importante mencionar que el artículo 17 de la Constitución Política establece textualmente que: toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
De lo anterior se observa que en este caso, se ha violado flagrantemente el principio de imparcialidad con el que debe actuar el Poder Judicial, ya que con la asignación de una parte de los recursos decomisados a éste, se le ha dado, un interés directo en el asunto.
Por ello, los abogados de Zhenli, podrían solicitar la anulación total del proceso en virtud de que los actos llevados a cabo por el Ejecutivo Federal y el interés económico directo del que se ha hecho objeto al Poder Judicial, impiden que la justicia sea impartida como lo marca la Constitución Política.
Conviene destacar que fueron las propias autoridades del Ejecutivo Federal, las primeras en violar el Código Federal de Procedimientos Penales al depositar en el extranjero los dólares encontrados en la Casa de Las Lomas, ya que dicho ordenamiento señala en su articulo 182-G que:”La moneda nacional o extranjera que se asegure, embargue o decomise, será administrada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, quien deberá depositarla en la Tesorería de la Federación”.

Más aún el artículo 183 del mismo Código Federal establece que :. Siempre que sea necesario tener a la vista alguna de las cosas embargadas o decomisadas, se comenzará la diligencia haciendo constar si se encuentra en el mismo estado en que estaba al ser asegurada. Si se considera que ha sufrido alteración voluntaria o accidental, se expresarán los signos o señales que la hagan presumir.

Es claro que el momento de que el SAE depositó los recursos en el Bank of America, se alteró sustancialmente la “prueba del delito” imputado a Zhenli Ye Gon, por ello, el proceso no pudo haberse iniciado jurídicamente, en virtud de que la prueba del delito, no estaba a la vista (ya que estaba en el Bank of América) por lo que el plazo para reclamar el dinero y mostrar su procedencia lícita, en todo caso no ha concluido, en tanto que el proceso ni siquiera ha iniciado en virtud de que la prueba del delito no estaba en el país.

martes, agosto 14, 2007

CALDERON Y CARSTENS ELUDEN SU RESPONSABILIDAD CON LA NACION EN LA REFORMA FISCAL:


CON EL PRESUPUESTO 2008 SE TRATARÁ DE CHANTAJEAR AL CONGRESO

Elaborado por Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legitimo
Agosto, 07

Si bien es cierto que las adecuaciones a la Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU) que actualmente se discuten en la Cámara de Diputados son positivas, ya que la inclusión de la deducibilidad de los salarios y las prestaciones sociales, podrían atenuar los nefastos impactos que este impuesto tendrá sobre la economía; en el fondo lo que se ha puesto de manifiesto es el temor y la falte de responsabilidad de Calderón y Carstens de incluir en la reforma fiscal las modificaciones necesarias en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que las grandes empresas y grupos empresariales “holdings” paguen impuestos.

El problema de la CETU no es sólo el sesgo antiempleo.

Es conveniente recordar que el sesgo antiempleo que presenta la CETU, no es la única deficiencia que tiene de origen la Tasa Única, así por ejemplo conviene recordar, que el tributo que se propone se aplica sobre los ingresos y no sobre las utilidades, lo que puede convertirlo en un impuesto “confiscatorio” ya que en muchos caso el impuesto a pagar sería más alto que las utilidades obtenidas por las empresas, en especial las pequeñas y medianas.

Otro punto que vale la pena considerar es que la CETU, es que al no limitar la depreciación acelerada de activos, en apariencia aumenta la base gravable de los contribuyentes al impedir la deducción de cualquier gasto que no sea materia prima y depreciación.

Sin embargo, deja abierta la puerta para que empresas con suficiente capacidad económica reduzcan la base gravable mediante deducción inmediata de las compras de activos fijos, así como de cualquier compra que aumente sus inventarios. Este sesgo no sólo permitirá a grandes contribuyentes que ya estén acostumbrados a aprovechar los resquicios de la ley para no pagar impuestos mantener sus prácticas, sino que además las facilita permitiendo esta deducción con mucha mayor libertad que en el régimen actual.

En otras palabras, la CETU como está, ofrece la posibilidad de que las grandes empresas y aun las no tan grandes, se cuestionen, si prefieren pagar impuestos al fisco o bien comprar otro terreno.

Debe enfatizarse que la deducción en un primer año de todo el valor de activos fijos no guarda ninguna relación con la realidad económica, pues los activos fijos se deprecian a lo largo de varios años.

Desde el punto de vista legal, la CETU aún y cuando se permita la deducción de los salarios y prestaciones sociales, no es un gravamen proporcional y equitativo, en virtud de tener una tasa única, luego entonces, la autoridad, en caso de que el contribuyente se inconforme a través del recurso de amparo, tendrá muchas dificultades para que hacer valer la proporcionalidad y equidad establecida en el 31 Constitucional.

Un elemento adicional, se daría por la propia Suprema Corte de Justicia quién podría señalar que al gravar las mismas operaciones o transacciones que el impuesto al valor agregado, es decir, la enajenación de bienes, la prestación de servicios o arrendamiento de estos, se declarara inconstitucional.

Finalmente, al determinar que su base gravable es diferente a la del ISR este impuesto (CETU), no seria acreditable en el extranjero, por lo tanto no sería sujeto a los tratados para evitar la doble tributación solo incluyen I.S.R..

La Recaudación se Desplomará:

Los parches que se le están haciendo a la CETU, necesariamente se traducirán en una menor recaudación, de hecho se estima que la inclusión de una menor tasa que podría ser entre el 12% y el 14%, combinada con la deducibilidad de los salarios y las prestaciones sociales, implicarían una recaudación menor en casi 90 mil millones de pesos, es decir 1% del PIB, lo que afectaría el margen de maniobra de las finanzas públicas y las Participaciones Federales a las Entidades Federativas , que necesariamente verían disminuidos sus ingresos y prácticamente se les estaría obligando a poner un impuesto adicional a la gasolina y al resto de los productos gravados con IEPS (Tabacos, Bebidas Envasadas, etc).

Si esto añadimos, que a PEMEX se le tendrían que destinar y garantizar recursos, entonces la recaudación obtenida neta para el Gobierno Federal, sería menos de la mitad de lo previsto originalmente (entre 1% y 1.4% del PIB), con lo que la supuesta “reforma fiscal” generaría más distorsiones en la economía, que los beneficios recaudatorios que estaría generando.

Esto pone de manifiesto que tanto Calderón, como Carstens, están eludiendo su verdadera responsabilidad con el país y con las finanzas públicas al no ir de manera directa a cerrar los huecos que actualmente tiene la Ley del Impuesto Sobre la Renta, como son la Consolidación Fiscal, la depreciación acelerada de activos y las operaciones en la bolsa de valores, así como el pago de dividendos y regalías.

Hay que recordar que la propuesta del Gobierno Legitimo, le garantizaría al Estado recursos por un monto equivalente al 3% del PIB, sin crear distorsiones en la economía y sin incrementar la carga fiscal actual a ningún agente económico.

EL Presupuesto 2008:

Ante este panorama tanto Calderón como Carstens, buscarán chantajear y presionar al Congreso para aprobar la reforma fiscal basada en el CETU, al presentar el 8 de septiembre próximo un presupuesto que afectará fundamentalmente los programas sociales y de desarrollo de infraestructura, para ello proyectarán un gasto neto total de sólo 2.3 billones de pesos, lo que apenas significará un crecimiento real de 1.5%, en dónde los servicios personales, el gasto corriente y el pago de intereses de la deuda, absorberán entre el 60% y 70% del gasto total y en dónde programas sociales como PROCAMPO, Apoyo a Pueblos Indígenas, el Programa Carretero, Oportunidades y los destinados a las Universidades Públicas, registrarán reducciones reales con respecto a lo asignado en el presente año, tratando de condicionar el incremento de las asignaciones presupuestarias, a la aprobación de la Reforma Fiscal, en los términos planteados originalmente.

domingo, agosto 12, 2007

1 DE SEPTIEMBRE: LO QUE LA GENTE QUIERE SABER

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo

El articulo 69 de nuestra Constitución Política, establece que: “a la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”, y tal y como viene sucediendo desde hace varios años, a tan sólo unos pocos días de que llegue ese plazo fatal, los legisladores han iniciado la batalla por dirimir al formato que debería tener el llamado “Informe Presidencial” .

Como si la Constitución Política no existiera, los diputados buscan “consensuar” un formato que satisfaga a todos los grupos políticos, así, se están discutiendo propuestas que incluyen desde el viejo y caduco formato que apoyaron los regímenes pristas y que terminaba siendo el “día del presidente con todo y el besamanos” hasta la hecha por el propio Calderón quién con tal de legitimarse ha ofrecido entrar a un debate con los propios legisladores.

Así lo único que esta claro es que todas estas propuestas tienen dos cosas en común; la primera, es que ninguna de ellas se apega al mandato constitucional, y la segunda, es que ninguna de ellas, busca que el llamado Informe Presidencial, responda a la gente, lo que verdaderamente quiere saber.

Los ciudadanos ya conocen cual es el estado que guarda la administración pública del país, por ejemplo; los campesinos conocen muy bien los estragos que les ha causado el Acuerdo de Libre Comercio, es más, predicen con mucha razón que de seguir así, el campo se va a acabar, las amas de casa, se han dado cuenta de cómo se han incrementado los precios de los alimentos que se consumen diariamente, y como cada día el dinero les alcanza menos.

Por su parte los pequeños y medianos empresarios, se han dado cuenta de la existencia de monopolios que les impiden crecer y ser competitivos, los asalariados han visto que gracias a los paraísos fiscales que existen en el país, las grandes empresas pagan menos impuestos que muchos de ellos.

Los estudiantes ya saben que mientras que las universidades públicas no tienen suficientes espacios para que ellos puedan cursar una carrera, los banqueros cobran a través del IPAB miles de millones de pesos provenientes del gobierno, gracias al FOBAPROA.

Los desempleados ya saben que el autollamado “presidente del empleo” presentó una reforma fiscal que va a provocar que exista más desempleo y los obreros también saben que con la reforma fiscal, pagarán más impuestos y la gasolina costará más, y conocen muy bien que el Secretario de Hacienda cobra un salario mensual, 100 veces mayor al que ellos cobran.

Los trabajadores y pensionados del IMSS se han dado cuenta, que sus pensiones no les alcanzan y que contrario a lo que hace diez años les dijeron, la reforma del IMSS de nada ha servido, por su parte los trabajadores del ISSSTE ya saben perfectamente que Elba Esther Gordillo y Joel Ayala se vendieron y que la reforma del ISSSTE, no servirá y los empobrecerá más.

Los industriales ya saben, que el gobierno no invierte en infraestructura productiva, por que su gasto superfluo, sigue creciendo a tasas insostenibles, y mientras tanto PEMEX no puede incrementar su producción, exploración y refinación de energéticos y petroquímicos, por que tiene que darle todos sus ingresos al gobierno, ya que las grandes empresas no pagan impuestos.

Por ello, los ciudadanos quieren que se ha hecho verdaderamente para resolver estas tremendas inequidades que ya son más bien injusticias, que se ha hecho contra los monopolios y paraísos fiscales, contra los efectos negativos del TLC, contra el desempleo, contra la carestía de la vida, contra las pensiones de los expresidentes, contra los grandes desfalcos a la nación, contra las comisiones que cobran las AFORES y los bancos, contra los que abusan de los deudores.

La sociedad quiere saber, por que se reconcesionan a privados las carreteras que tanto nos costó rescatar y que muchas de ellas ahora son rentables.

La gente quiere saber por que razón, Calderón ha mantenido las políticas económicas que han hundido a la nación en la desigualdad y la pobreza, en el atraso productivo y competitivo, en el dogmatismo neoliberal, “que ha hecho que rebase a la derecha, por la derecha”.

Finalmente, lo que quiere Calderón, es un debate a “modo” con diputados, para ganar la legitimidad, que perdió el 2 de julio de 2006.

Sin embargo, sus asesores y él, vuelven a estar equivocados, ya que unos cuantos diputados, no pueden subsanar los que piensan y lo viven día a día, millones de mexicanos.

mariodc50@yahoo.com

martes, agosto 07, 2007

REFORMA FISCAL 07 PARTICIPACIONES FEDERALES



Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública

Gobierno Legitimo

LA PROPUESTA DE FORMULA DE PARTICIPACIONES SI GENERA UN EFECTO REDISTRIBUTIVO ENTRE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS OCASIONANDO GANADORES Y PERDEDORES

Se parte de supuesto de que las nuevas fórmulas no disminuirían el monto de los recursos actuales para ningún Estado, esto debido a que se propone fijar el monto nominal de las participaciones recibidas por entidad en el año 2007 y distribuir los incrementos en el fondo correspondiente que deriven de una mayor Recaudación Federal Participable (RFP). Sobre el particular cabe señalar que con las nuevas fórmulas prevalece el efecto de la suma cero, por lo que al modificarse los coeficientes de distribución de los recursos entre las Entidades Federativas, va a presentarse el caso de ganadores y de perdedores una vez que entre en vigor el nuevo esquema y conforme empiece a transcurrir el tiempo, independientemente que se fije el monto nominal de las participaciones recibidas por entidad en el año 2007.
El 60% DE LAS PARTICIAPCIONES SE DISTRIBUIRÍA CON INDICADORES POCO OPORTUNOS

Se propone distribuir el 60% de las participaciones en ingresos federales mediante el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) de la Entidades Federativas ponderado por población.
Al respecto, es importante señalar que la última información oficial dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI) del PIB por Entidad Federativa es del 2004 y a partir del año 2003 este indicador tiene el carácter preliminar, lo que no garantiza “una relación más estrecha con la actividad económica”

El 90% DE LAS PARTICIAPCIONES SE PONDERARÍA CON ESTIMACIONES DE LA POBLACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA, LAS CUALES EN EL PASADO RECIENTE MOSTRARON TENER CLAROS SESGOS


Además de distribuir el 60% de las participaciones en ingresos federales mediante el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) de la Entidades Federativas
ponderado por población, el 30% de los recursos, se distribuirían en función del promedio de tres años de las tasas de crecimiento en la recaudación de impuestos y derechos locales ponderados por población. Una vez que las entidades hagan su máximo esfuerzo fiscal, se esperaría que la recaudación de todas ellas crecería a tasas similares, por lo que la mecánica para determinar la participación del 30% de los recursos se distribuiría con criterio poblacional.

Así, la iniciativa de la SHCP plantea eliminar el componente redistributivo que “neutraliza el mejor desempeño tributario y de actividad económica”, pero
propone distribuir 90% del FGP con un coeficiente muy cercano a la participación de la población en el total nacional. Asimismo, se pretende utilizar como fuente para determinar la población la última publicación oficial del INEGI, por lo que la referencia para determinar la población por Entidad Federativa continuaría siendo la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que se publica trimestralmente, misma que en el pasado reciente demostró tener sesgos en relación con el Censo y Conteo de Población y Vivienda por no ser el instrumento idóneo para determinar la población.

LA PROPUESTA DE FÓRMULA DE PARTICIPACIONES NO ES CLARA YA QUE NO ESPECIFICA PUNTUALMENTE QUE SE DEBE INCLUIR COMO IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES


El 30% de los recursos, se pretende distribuir en función del promedio de tres años de las tasas de crecimiento en la recaudación de
impuestos y derechos locales y el 10% restante de acuerdo a la recaudación de impuestos y derechos locales, sin especificarse que conceptos de ingresos propios se deben incluir como variables, provocando incertidumbre para el cálculo de estos montos (¿La tenencia Federal se debe incluir o no?).

LA PROPUESTA DE FÓRMULA DE PARTICIPACIONES NO GENERAL LOS INCENTIVOS ADECUADOS PARA QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS REALICEN MAYORES ESFUERZOS RECAUDATORIOS


La iniciativa argumenta que la fórmula vigente no provee de incentivos claros a las entidades para aumentar la recaudación. Sin embargo, la fórmula que propone “castiga” a las entidades que en el pasado hayan hecho esfuerzos importantes porque tienen menos espacio para aumentar su recaudación, además de que “premia” a las entidades que pospongan su esfuerzo fiscal, ya que éste sólo tendrá efecto en tres años y conforme pasa el tiempo la base a distribuir (la diferencia entre el FGP de 2007 y el del año corriente) es mayor.

jueves, agosto 02, 2007

El chinogate cobra nuevas víctimas, mientras surgen nuevos indicios de posible contubernio gubernamental en el escándalo

Elaborado por Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
Agosto, 2007

El asesinato en Guerrero de dos miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI) provoca de nuevo la sospecha de que existe una extensa red de corrupción y complicidades entre los más altos niveles de gobierno del país en relación al escandaloso caso del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, acusado por las mismas autoridades por presunto tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas de propiedad exclusiva del Ejército.

El recelo toma nuevos bríos al conocerse que ambos agentes, Josué Hernández Hernández y Aníbal Sánchez Peredo, participaron tanto en el aseguramiento de 19 toneladas de seudoefedrina en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en noviembre de 2006, como en la el decomiso de más de 205 millones de dólares en la casa de Zhenli en la colonia Lomas de Chapultepec, en la ciudad de México, en marzo último.

Ambos agentes, que según la Secretaría de Seguridad Pública federal realizaban labores de inteligencia contra el crimen organizado en Guerrero, aparecieron muertos el martes en el paraje conocido como Cruz Alta, municipio guerrerense de Mochitlán.
Según los datos proporcionados por la SSP y divulgados por la prensa nacional, los dos agentes egresaron del Instituto de Capacitación Policial con reconocimiento honorífico y "tenían una carrera policial en ascenso", ya que "participaban en tareas especiales de alto riesgo".

Sánchez Peredo, por ejemplo, tomó parte en el desmantelamiento de laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas en Jalisco entre 2005 y 2006, así como en el decomiso de las 19 toneladas de seudoefedrina en noviembre de 2006, que luego llevaría al descubrimiento de los más de 205 millones de dólares en la residencia de Zhenli Ye Gon, operativo en el que también colaboró.

A su vez, Hernández Hernández, quien también estuvo involucrado en las investigaciones contra Zhenli, estuvo involucrado en las indagatorias relativas al desmantelamiento de bandas de secuestradores en el Distrito Federal.

La sospecha cobra igualmente mayor fuerza cuando trasciende que la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) ha iniciado en China, como parte del proceso que contra Zhenli lleva a cabo Estados Unidos bajo cargos de lavado de dinero, investigaciones en torno de las importaciones de seudoefedrina que desde aquel país hacia México realizó durante los últimos años el empresario naturalizado mexicano.

Y es que a diferencia de las autoridades mexicanas, los agentes estadunidenses sí decidieron comenzar su investigación desde el mismo país de origen del presunto narcotraficante, cuyo caso parece destapar el mayor caso de corrupción en la historia de nuestro país, si consideramos la red de personajes, funcionarios y entidades de gobierno que aparecen involucrados en el escándalo.

Sobre todo porque, según los primeros trascendidos respecto del trabajo de la DEA, las autoridades chinas rechazan toda posibilidad de corruptelas en su territorio y afirman que las ventas de seudoefedrina a la empresa de Zhenli cumplieron con absolutamente todos los requisitos que demanda una transacción de ese tipo. Es decir, que el gobierno de China asevera sin admitir replica alguna que dichas importaciones de la sustancia base para fabricar metanfetaminas fueron “legales”.

Más aún: a juicio de las autoridades de China, en el caso existen indicios claros de que sin el contubernio de altos funcionarios del gobierno de México, Zhenli Ye Gon no hubiese podido realizar las masivas importaciones de seudoefedrina que ahora le valen ser acusado de narcotráfico.

¿A quién o quiénes beneficia, entonces, el sospechoso homicidio de los agentes de la AFI que participaron en los operativos para destapar el escandaloso caso de Zhenli Ye Gon que traspasa cada vez más fronteras y se torna en un escándalo de dimensiones internacionales?

La sociedad civil exige respuestas inmediatas.

miércoles, agosto 01, 2007

INCONTENIBLE EL CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS EN ESPECIAL EL COSTO DE LOS ALIMENTOS QUE COMPONEN LA CANASTA BASICA

Elaborado por Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
Julio, 2007

De acuerdo con datos obtenidos por la Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno Legitimo de Andrés Manuel López Obrador, se observa que la evolución de los precios de 42 productos que componen la canasta básica revela que el crecimiento de los precios durante los primeros 7 meses del año, fue de 27.70% y el de los alimentos que forman parte de la canasta básica aún mayor ya que se ubicó en casi 30%.

Así mientras que en enero de 2006 para adquirir éstos 42 productos básicos una persona que percibía un salario mínimo tenía que realizar un gasto de $ 740.44 pesos, para el mes de diciembre de 2006, el gasto necesario para adquirir esos mismos productos se ubicó en $ 818.44 pesos y para el mes de julio del presente año ascendió a 1,045.15 pesos

Cabe destacar que durante el año anterior, el salario mínimo mensual fue de 1,457.1 pesos, por lo que y costo de estos productos pasó de representar el 50.8% del ingreso total de un trabajador que percibe el salario mìnimo en enero de 2006, al 69.7% para el mes de julio del presente año.

Sin embargo esta situación se ha visto recrudecida en el caso de los productos alimenticios que forman parte de la canasta básica, asi por ejemplo se observa que el costo de los alimentos que integran una canasta bàsica pasò de 485.4 pesos en enero de 2006, a 818.44 en diciembre de 2006 y a 701.82 pesos en julio de 2007, cifra que representa un incremento de 44.57% con respecto a enero de 2006 y un crecimiento de 27.70 en lo que va de este año.

Es importante destacar que en el caso de los alimentos, prácticamente todos los productos que integran la canasta básica han registrado incrementos superiores al 40%, con respecto al mes de diciembre del 2006, dichos productos son los siguientes: lenteja (97%) salchicha (69%), fríjol (66%), leche condensada (63%), leche en polvo (58%), mantequilla (54%), el arroz y el huevo (48%).

Por su parte el pollo y la carne molida de res, han registrado incrementos de casi 20%.
Esto quiere decir que mientras que en enero de 2006, un obrero requería de 15.24 días de trabajo (jornada laboral de 8 horas) percibiendo un salario mínimo, para adquirir 42 productos de la canasta básica, para el mes de julio del presente año requiere de 20.33 días de trabajo, para adquirir la misma canasta de productos.

Lo anterior significa que en la actualidad un obrero que percibe el salario mínimo tiene que destinar 20 días de trabajo para poder obtener una canasta de 42 productos básicos, por lo que con lo que le resta (10 días de trabajo) tiene que hacer frente a los costos de transporte, vestido y vivienda, lo cual resulta prácticamente imposible, ya que el incremento del salario mínimo en 2007 fue de sólo 3.9%.

Cabe destacar que los datos muestran que durante al mes de julio de 2007, de los 42 productos básicos de la muestra, sólo 2 (el jamón y la cebolla) registraron incrementos inferiores al porcentaje de incremento al salario mínimo en 2007 ya que el resto de los productos mostró crecimientos superiores al 14%, lo cual ha aniquilado el poder adquisitivo del salario mínimo, incluso por debajo de los niveles alcanzados en enero del 2006.

Así por ejemplo, un obrero que percibe el salario mínimo requería en enero de 2006 de 9.55 horas de trabajo para adquirir un kilo de bistec, de 6.59 horas de trabajo para adquirir un kilo de carne molida, de 0.82 horas de trabajo para adquirir un kilo de tortilla o de 2.47 horas de trabajo para adquirir 2 kg de azúcar.

Sin embargo para julio de 2007, el mismo obrero percibiendo un salario mínimo requiere en la actualidad de 11.40 horas de trabajo para adquirir un kilo de bistec, 8:53 horas de trabajo para adquirir un kilo de carne molida, 1:35 horas de trabajo para adquirir un kilo de tortillas. En tanto Felipe Calderón invierte sólo 0.10 horas para adquirir un kilo de bistec.

Esta situación sugiere que el seguimiento de los precios que realiza el Banco de México, para obtener la inflación o el crecimiento de los precios en la economía, ya no refleja la realidad del poder adquisitivo de las familias y revela que el costo de los alimentos ha tenido un crecimiento superior que el del resto de los productos de la canasta básica.



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