domingo, febrero 08, 2009

El desafío del duopolio televisivo

Álvaro Delgado

Ante el desafío del duopolio televisivo, que incumplió con la ley al transmitir por la libre los promocionales electorales, tanto el IFE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberán actuar con firmeza y sancionar ese desacato. El presidente del IFE, Leonardo Valdés, debe cumplir lo que prometió el año pasado al asumir su cargo: no dejarse avasallar por el Cuarto Poder. Para el exconsejero Jaime Cárdenas Gracia el asunto no es anecdótico, pues lo que está en juego es la influencia de los poderes fácticos en los comicios del futuro.

"No me dejaré atemorizar por ningún poder formal ni por ningún poder informal", advertía en marzo de 2008 Leonardo Valdés, recién nombrado consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE); incluso garantizaba que no cedería a presiones del gobierno ni de las televisoras.

"Digámoslo con toda claridad –predicaba, en entrevista con el reportero–: Los medios de comunicación son un poder en nuestra sociedad y también ejercen presión sobre las autoridades públicas. Yo quiero ser tajante: ¡Ni siquiera el Cuarto Poder podrá atemorizar al consejero presidente del IFE!"

Menos de un año después, desamparado por los partidos políticos, el Congreso y el gobierno de Felipe Calderón –que ha abdicado de su deber de aplicar la ley en materia de medios de comunicación–, Valdés y el resto de los consejeros del IFE tienen el reto de sancionar con rigor a las cadenas de televisión por las violaciones legales cometidas justo cuando comienzan las precampañas electorales.

En lo que es el más reciente de los cíclicos desafíos del poder mediático al IFE, siempre con el sello de la impunidad, Televisa y Televisión Azteca violaron diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y de la Ley Federal de Radio y Televisión en la transmisión de los promocionales partidistas e institucionales a que legalmente están obligadas.

Pero no sólo cometieron violaciones legales, sino también a la Constitución General de la República, según documentó la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

De todas las violaciones –derivadas de "conductas atípicas" que detectó el IFE– hay plena constancia técnica, corroborada inclusive por las propias televisoras en las respuestas a los emplazamientos de la autoridad electoral, que cuenta también con sustento jurídico para aplicar a Televisa y Televisión Azteca sanciones más severas que las amonestaciones y multas que se pretenden imponer.

“La única verdad… es la mentira”

Jesús Anaya Rosique

Estamos frente a ”un texto amargo que nos permitirá esclarecer las raíces del coraje y la impotencia que sentimos como ciudadanos”. Su autora, la destacada escritora Sara Sefchovich, asevera que “ya es hora de que nuestros poderosos se den cuenta de que nos damos cuenta… el discurso público tiene poco que ver con los datos de la realidad nacional… mentir una y otra vez, durante años y años, no ha sido impune… ha llevado a la desconfianza de los ciudadanos, la falta de respeto a la ley, a las instituciones y a las autoridades, a la desmemoria colectiva, a esperar todo del gobierno, a la corrupción y a la doble moral, y, sobre todo, al desinterés y a la desesperanza”.

Este libro surge de una investigación sobre el discurso público en México, en donde la autora ha reunido diversos materiales: “mis propios artículos y programas de radio, testimonios ciudadanos, una búsqueda bibliohemerográfica prolija, lecturas teóricas de toda mi vida intelectual… como diría Teun A. Van Dijk, se trata de una denuncia que al mismo tiempo es una cuestión política y una mirada científica sobre la realidad”.

La obra se divide en dos grandes secciones: la primera parte de la constatación de que “la mentira ha sido siempre la esencia de la vida política mexicana y hoy se ha vuelto indispensable para gobernar”; y la segunda examina “el porqué de la mentira y sus consecuencias en la sociedad”. La primera sección comprende: las “mentiras cotidianas” (panaceas falsas como “crear burocracia y promulgar leyes”; y las “mil y una formas de mentir”, un verdadero catálogo: “prometer… negar… apostar al olvido… cinismo… transar”); “las grandes mentiras”: ficciones de exportación (derechos humanos, medio ambiente, multiculturalismo, diversidad, democracia), engaños para consumo interno (familia, justicia social, educación y cultura, los indios, economía, identidad nacional), “mentiras graves” (simulación en seguridad nacional y en los conflictos sociales) y “la mentira mayor: impartición de justicia”. La segunda sección tiene cuatro capítulos: “el piso social de la mentira” (de la indefinición, la incoherencia y la improvisación a la negligencia); la mentira como “código y práctica socialmente aceptados y compartidos” (la repetida incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace y su permanencia); sus consecuencias devastadoras; y una recapitulación final:”la mentira nuestra de cada día”.

“La única verdad es la mentira”, es el epílogo de este documentado ejercicio de protesta ciudadana (que se irá actualizando en www.oceano.com.mx), donde la autora aborda una definición de verdad contraria a cualquier fundamentalismo: “en sentido cartesiano, la verdad es evidencia, adecuación, correspondencia, concordancia, ausencia de contradicción entre lo que se dice y lo que se es… Existe un principio de verdad que reside en la razón humana y es el fundamento de la ética y del derecho, necesario para convivir, lo cual hace que la verdad sea un valor”. Para subrayar la radicalidad de este análisis, Carlos Martínez Assad concluye: “Junto a este libro, la realidad nacional es un remanso espiritual”.

anaya.jess@gmail.com

*Sara Sefchovich, País de mentiras. La distancia entre el discurso y la realidad en la cultura mexicana, Océano, México 2008, $208, 392 pp. ISBN 978-607-400-043-6

De nuevo el desafío de las televisoras

Arnaldo Córdova

Para algunos, se trató sólo de una (mala) ocurrencia de Televisa y Tv Azteca el empaquetar en bloques espots del IFE y de los partidos y transmitirlos interrumpiendo programas comerciales predeterminados. Para otros se trató de una abierta violación de la legalidad que debe ser sancionada. Para otros (entre ellos los coordinadores de los grupos parlamentarios) fue algo que no quedó claro en cuanto a su legalidad o ilegalidad. Para el IFE se trató de “conductas atípicas”. En realidad, todos podrían tener razón, pero no se trata sólo de eso, sino de algo mucho más importante para la institucionalidad del Estado mexicano: el desafío abierto de las televisoras al árbitro constitucional electoral, a la legalidad y a la misma Constitución.

Ello no radica sólo en el hecho de haberse hecho esas transmisiones, sino en las justificaciones que durante y después han alegado los personeros de los monopolios televisivos. Ni siquiera hace falta, por principio, recurrir a las especificaciones reglamentarias del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe) para darse cuenta de que se obró contra la legalidad en esos actos de las televisoras. Éstas adujeron que lo hicieron porque así se los impuso el IFE (éste lo ha negado rotundamente); pero el hecho es que la misma Constitución establece claramente que la transmisión de comunicados del instituto y de los partidos debe darse tan sólo en los tiempos que corresponden al Estado (y el IFE forma parte del Estado). Esos tiempos deben separarse de los demás y utilizarse sin encimarse con otros. Era tan obvio que no se estableció en la ley.

El encabezado del apartado A del artículo 41 constitucional dicta que el instituto será la autoridad única para la administración del tiempo “que corresponda al Estado” para sus fines institucionales y para el ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales a realizar sus funciones (instituidas en la primera fracción del mismo artículo constitucional). El inciso d) del mismo apartado A establece que las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán en el horario de programación entre las seis y las veinticuatro horas en tiempo de precampañas y campañas. Se trata siempre sólo del tiempo que corresponde al Estado y que es un pago en especie de derechos e impuestos debidos al mismo.

El presidente consejero del IFE dio 24 horas de plazo a las televisoras para que informaran de las razones de sus hechos; la Secretaría de Gobernación les demandó “una explicación técnica” de las mismas. Los concesionarios explicaron que la saturación de anuncios que se han visto obligados a programar los obligó a interrumpir otros eventos para transmitir los del IFE; en los alegatos de los merolicos que justificaron esa medida se hizo gala de chacoteo y mala leche. “¡Agárrense! Vienen 24 millones de espots”, dijo Alatorre, de Tv Azteca. En un comunicado, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) afirma que las mil 569 concesionarias “otorgan gratuitamente 48 minutos diarios para los promocionales de los partidos políticos y de las autoridades electorales” y remata que ello “tiene un precio o costo para la sociedad” pues se trata del pago en especie de un impuesto.

El presidente consejero del IFE tendría que aclarar de qué instrumento legal sacó eso de “conductas atípicas” y, desde luego, qué diablos significa en el ámbito federal. Si sugiere que pudo haberse violado la ley y no tiene el valor para decírselo a las televisoras y todavía les pide que le expliquen en qué consistieron sus actos y si violaron la ley, quiere decirles que lo sorprendieron y, también, que el servicio de monitoreo de su instituto vale para maldita la cosa y no está en condiciones de parar o llamar instantáneamente la atención a quien no se conduce dentro de la normatividad. Por otro lado, está claro que actuó a destiempo y, él mismo, fuera de la legalidad que está obligado a resguardar y hacer respetar en el área de su competencia.

La Secretaría de Gobernación, ahora a cargo de Gómez Mont, prefirió nadar de a muertito. El encargado de esa dependencia dijo que, tan serio como es, “no va a precipitar sus juicios” y “lo que está sucediendo”, como si lo ignorara, lo “está moviendo a analizar cuál es la respuesta que deben tener de la secretaría estos hechos”. Luego dijo que el tema sigue en la agenda y “se avanzará en términos de la democratización del país”. Que no se sepa cuál ley fue violada y una dependencia del Ejecutivo, encargada de su estricta aplicación, también en los términos de su competencia, nos dice que lo está investigando no es otra cosa que tomarle el pelo a todo mundo.

Que el abogado al frente de la Secretaría de Gobernación (SG) no sepa ni qué leyes está encargado de ver que se apliquen, de verdad que sorprende. No así los voceros de las televisoras y de la CIRT. Para ellos las leyes no existen o se aprobaron sin su consentimiento y, además, no están de acuerdo con ellas. El número de espots es irrelevante. Se trata del tiempo, 48 minutos diarios, a disposición del IFE y de los partidos políticos, que se toma del que corresponde al Estado. La CIRT debería informar cuánto pagan por derechos e impuestos sus representadas y si no están de acuerdo en que se paguen en especie (tiempo del Estado). Ese tiempo no significa tiempo de la sociedad como dicen, sino de ellos que el Estado se toma como pago de derechos e impuestos. Si no están de acuerdo, entonces que paguen en dinero.

En febrero de 2008, la CIRT pidió al IFE que permitiera a los concesionarios ajustar el pautado de la transmisión de espots. Nada se dijo de interrumpir programas ni de presentar en bloque los mensajes. Ahora se dice que no hay violación a la ley. El tiempo que corresponde al Estado debe incluirse entre programas ordinarios y no en el seno de éstos. Las televisoras y las estaciones de radio lo hicieron, por tanto, violaron la ley (Cofipe, artículos 49 a 51 y 55 a 58) y la misma Constitución, de la que aquella deriva. Nadie pide que la SG y el IFE se vuelvan tribunales; pero si sus titulares saben de leyes podrán entender que sus dependencias están obligadas a hacer que los actores políticos (incluidos en este caso las televisoras) se conduzcan de acuerdo con la ley y la Carta Magna.

Gómez Mont está preocupado, dijo, porque no se viole la libertad de expresión de los dueños de los medios. Debería decirnos si él cree que esa libertad incluye permitirse violar la ley.

Yo, pecador catastrofista

Índice Político / Francisco Rodríguez

Con un abrazo solidario para Liébano Sáenz

YO PECADOR ME
confieso ante el señor Felipe Calderón de haber pecado de catastrofismo lo mismo de palabra, tanto como de obra y omisión, pero sobre todo de palabra.

Me confieso cual un inadaptado social, político y cultural al no aceptar la orden de ser optimista cuando los datos económicos son malos solamente porque el Gobierno es amigo, y tampoco aceptar la orden de ser catastrofista únicamente porque el Gobierno es enemigo del pueblo.

Me acuso de pensar que sería bueno que más allá del sí o el no a las grandes líneas políticas, se pudieran discutir los detalles: si el Pacto firmado en enero, funcionará o se revertirá en contra de quienes, "voluntariamente a fuerza" lo firmaron.


Yo pecador me confieso incrédulo de las palabras del señor Felipe Calderón, porque todos los días, a todas horas, es desmentido por la realidad y, sobre todo, por su secretario de Hacienda, el señor Agustín Carstens, él sí redomada y rotundamente catastrófico.

Y es que, ¿cómo que otra vez nos saquearon, don Agustín?

En la catástrofe de la paridad peso-dólar, dos veces ha cantado el gallo en voz del titular de la SHCP. La primera ocasión, cuando inculpó a la cadena de supermercados Comercial Mexicana, a la harinera de maíz propiedad del también banquero Roberto González, y a dos o tres bancos extranjeros de haber provocado la devaluación o deslizamiento, como diría él, de nuestra unidad monetaria en relación a la estadounidense.

Por segunda ocasión, ahora, cuando desde Nueva York –among all places--, el rotundo personaje explica que el interés de algunos grupos de inversionistas en tomar utilidades es lo que ha presionado la paridad del peso frente al dólar, por lo que el gobierno mexicano continuará con la subasta de dólares e interviniendo de forma discrecional cuando las condiciones de los mercados financieros así lo requieran.

No quiero pecar de más catastrofismo, pero ¿dónde quedó el cuento de la "libre flotación"? ¿Quiénes son esos "grupos de inversionistas" a quienes no identifica el señor Carstens?

Y al no recibir respuesta, yo, pecador, me confieso adepto de la hipótesis de que el mexicano si bien no es un Estado Fallido, sí tiene al menos un gobierno de disfuncionales.

Porque, explica la teoría, que un Estado Fallido es aquél que en pocas palabras ha perdido el control sobre partes de su territorio… que mantiene un débil uso de la fuerza legítima… y que carece de capacidad para proporcionar los más elementales servicios públicos a los habitantes.

Con las quejas de don Agustín, entonces, se confirma cuando menos un par de los dos supuestos. Catastrofista que me confieso, veo que tan rotundo personaje y su jefe don Felipe han perdido la capacidad de control de los "grupos de inversionistas", casi de la misma manera en la que, con el mismo jefe, los señores Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, han dejado en manos de la delincuencia organizada porciones significativas del territorio nacional.

De la capacidad para que a los ciudadanos se nos brinden los adecuados servicios, ¡mejor ni hablar!

Por mi culpa, por mi culpa…

EN OTRO PLANO, me confieso escéptico de la partidocracia. No creo en el IFE todopoderoso, dador de dinero a manos llenas, ni en los partidos que están sentados a su diestra y su siniestra.

Catastrofista que me acepto, auguro la mayor de las abstenciones para el próximo primer domingo de julio, cuando la crisis económica esté en todo su esplendor.

Porque, hasta hoy, la partidocracia –que remeda a una democracia--, vive otra realidad a la que a diario enfrentan millones de mexicanos. Tienen a su disposición dinero a manos llenas. Tiempo-aire en las estaciones de radio y televisión, como nunca habían tenido. Prácticamente sólo tienen un problema. Y ese es el de la credibilidad. No hay mexicano que dé un cacahuate por sus postulados, promesas, compromisos, jingles y actuaciones. ¿Quién, entonces, los ira a votar?

Yo, pecador, me confieso temeroso, pero a la vez agradecido por el milagro. Porque ya no es cuestión de preguntar si esta suerte de Estado Fallido ¿va a llevarnos al estallido?, sino preguntarnos ¿qué es lo que, hasta ahora, ha detenido la explosión de inconformidad de toda la sociedad?

Y esta vez no es sólo de los pobres, que están acostumbrados y quizá hasta resignados a seguir en la miseria. Lo peor es que los ricos, empresarios, industriales, se preguntan ¿por qué el señor Felipe Calderón nos pide a nosotros sacrificios –pago de más impuestos, de más altos precios de combustibles, etc.,--, si en su Administración no hay una sola muestra de disciplina, orden y austeridad.

¿Por qué tenemos que seguir pagando las fiestas de cumpleaños de sus hijos? ¿Por qué hay que pagar 100 por ciento de interés a los ahorros de la alta burocracia? ¿Por qué servicios médicos especiales, cuando todos pueden ir al ISSSTE?

El perdón de los pecados

¿SERÁ PORQUE ESCRIBO
a un centenar de metros de la calle Cuvier, así nombrada en honor del fundador de la teoría del catastrofismo –los cambios geológicos y biológicos del planeta no son graduales, obedecen a cambios repentinos y violentos--, pero mi ya inveterado sentido de que ahí viene lo peor, me avisa que en la Corte Suprema de Justicia podría encontrarse uno de los epicentros de la creciente inconformidad política.

Porque acaba de hacerse público que, por decisión de una de sus salas, los arrendadores tienen derecho a demandar judicialmente el pago de intereses moratorios y no sólo el saldo por las rentas vencidas, aun si en el contrato respectivo no se contempló esta posibilidad.

¿Va usted atrasado en el pago de su renta, debido al mal diagnosticado "catarrito" que ya se convirtió en "pneumonia" –pronúnciese en inglés, would you please--, no se apure que ahora tendrá que pagar intereses. ¿Cuánto? ¿Los que el arrendador quiera?

Es la misma Corte del anatocismo. La que permite que se cobren intereses sobre intereses. Y a la Administración Pública, impuestos sobre impuestos.

Vamos a la catástrofe. La del cambio. No será gradual. Obedecerá a eventos repentinos y violentos.

Yo, pecador, me imagino que, al contrario de la Iglesia católica, la moderna ortodoxia de la opinión pública oficial no conoce el perdón de los pecados ni la salvación de los mexicanos.

Y usted, ¿no peca de catastrofismo?

Índice Flamígero: En filosofía de la ciencia, lo opuesto al catastrofismo es el uniformismo. Y el señor Felipe Calderón, todo lo indica, junto con Hutton, Playfair, Lyell y Whewell, uno de sus principales seguidores. Dijo en Querétaro el 5 de febrero: ""Se puede discrepar, pero no deliberadamente falsear, dividir y enconar. Se puede opinar distinto en el marco de libertad que el propio Estado garantiza, pero no atentar contra el Estado mismo. Los mexicanos les decimos a quienes quisieran ver debilitada a la Nación y las instituciones, que el Estado es más grande y más fuerte, y por eso nunca nos verán divididos". Gracias, por ese permisivo "se puede".

Evidencia polémica con televisoras la necesidad de legislar: AMEDI

Notimex

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) aseguró que la polémica por la transmisión de los promocionales electorales en la televisión confirma la urgencia de regular mejor las telecomunicaciones.

El presidente del Comité Directivo de la AMEDI, Javier Corral Jurado, señaló que hace falta reglamentar, entre otras cosas, el derecho de réplica.

"Necesitamos una legislación que propicie la diversidad y la calidad en la televisión mexicana", consideró el ex legislador quien calificó como "desplantes de las televisoras", las anomalías en la difusión de los promocionales.

En un comunicado, indicó que la asociación que encabeza califica de "dolosa" la decisión de las televisoras sobre la transmisión de los promocionales, para "confundir a los ciudadanos y contraponerlos con las instituciones políticas".

Corral Jurado recordó que anteriormente los consorcios televisivos utilizaron la posibilidad de cobrar tarifas diferenciadas y de bonificar la contratación de propaganda para presionar a los partidos políticos.

Prueba de ello, fue "la aprobación de las reformas a las que por su intencionada orientación fue posible llamar "Ley Televisa", lo cual fue "uno de los ejemplos de la capacidad de amago de las televisoras", expuso.

De hecho, en relación al conflicto generado por la transmisión en bloque de los promocionales tanto de los partidos como de los organismos electorales, la AMEDI consideró que las televisoras mienten.

Explicó que contrario a los señalamientos de las televisoras, la ley electoral establece la obligación de transmitir los promocionales entre las 06:00 y las 24:00 horas en periodos de entre dos y tres minutos cada hora.

Sin embargo recalcó que "ningún artículo dispone que los programas deportivos o de cualquier índole, deban ser interrumpidos" tal como sucedido.

Por ello, acotó, hace falta que la legislación en materia de telecomunicaciones se adecue, para regular a las radiodifusoras y canales de televisión y reglamentar, entre otras cosas, el derecho de réplica.

Preocupa a Inmujeres posible aumento de violencia por la crisis

Notimex

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) llamó a evitar que en esta época de crisis la violencia hacia las mujeres aumente, pues normalmente la falta de recursos lleva a los hombres a un estado de frustración.

La presidenta de dicho instituto, Rocío García Gaytán, dijo a Notimex que "ante la falta de dinero el hombre cae en un estado muchas veces de depresión, pero otras de ansiedad, de desesperación y se disparan los índices de violencia".

La población debe tomar en cuenta que no es con violencia como se resuelven los problemas, porque ello complica la situación y la familia se desintegra, señaló.

La funcionaria federal comentó que cuando hay crisis económica es la mujer quien por lo general sale a buscar recursos para mantener a los hijos, lo que propicia un incremento en el trabajo informal "no ilegal", y aunque no hay cifras que esa situación incida en un mayor índice de prostitución tampoco puede descartarse ese fenómeno.

Rocío García destacó que el Inmujeres continuará con las campañas publicitarias a favor de la igualdad de género y platicará con las autoridades electorales para impulsar un mensaje de apoyo a las mujeres que aspiren a una diputación federal en los comicios del 5 de julio próximo.

Alertan que diabetes mellitus se asocia a problemas cardiovasculares

Notimex

La diabetes mellitus se considera como una enfermedad que más se asocia a problemas cardiovasculares como la hipertensión arterial, enfermedad vascular cerebral e infartos que merman la calidad de vida de los pacientes, alertaron especialistas.

El titular de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, Juan Díaz Salazar, precisó que entre cinco y 10 por ciento del presupuesto total del Sector Salud de un país se canaliza al tratamiento de complicaciones de quienes la padecen.

De acuerdo con resultados de la encuesta "Impacto económico de la diabetes" representa una carga económica particularmente con el control inadecuado como resultado de la aparición de complicaciones graves y de sus secuelas.

En entrevista, apuntó que la encuesta referida evaluó el impacto económico y social de esta afección, sus complicaciones y las implicaciones en la vida cotidiana en México, Alemania, India, Reino Unido, Canadá y Francia.

Explicó que dicho ejercicio consistió en la realización de entrevistas a endocrinólogos, internistas y médicos generales o familiares con experiencia en ese campo de entre tres a 35 años y a enfermeras tratantes de pacientes con este padecimiento y con al menos dos años de diagnóstico.

El especialista en medicina interna y endocrinología dijo que sin lugar a dudas, este mal es la causa más importante de ceguera, insuficiencia renal y amputaciones no traumáticas.

El médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que la encuesta reveló que en el país los pacientes de este tipo destinan en promedio más de dos mil pesos mensuales, para reducir el riesgo de complicaciones y mejorar su calidad de vida.

En el Reino Unido se destinan 12 libras para los mismos objetivos.

"Sorprendentemente, más de la mitad de los pacientes están conscientes de su nivel deseable de HbA1c (Hemoglobina Glucosilada) y el nivel actual", indicó.

Asimismo, "la mayoría también están conscientes de que un control deficiente de HbA1c puede contribuir a complicaciones", señaló el especialista.

El también integrante del Colegio de Medicina Interna de México detalló que es una enfermedad metabólica grave a nivel mundial y a pesar de tener identificados los factores de riesgo su incidencia continúa en aumento.

Con base a las proyecciones existentes para 2025 se espera que 299 millones de personas en el mundo sufrirán diabetes, de ellas 11.7 millones estarán en México, lo que lo colocará en el lugar siete a nivel mundial en la incidencia de esta enfermedad.

Resultó más caro el caldo que las albóndigas

Mario Di Costanzo Armenta

No cabe duda de que las declaraciones que hiciera el ex presidente Ernesto Zedillo respecto del rescate bancario y las recomendaciones de Felipe Calderón en el sentido de “aplicar un Fobaproa mundial” deberían apenarnos como mexicanos, pues reflejan la tremenda ignorancia de quienes dicen ser o haber sido nuestros gobernantes.

A todos ellos les dirijo en estas líneas una reflexión que, por dignidad y respeto a los mexicanos, deberían aclarar públicamente. Más aún, cuando aseveran que el Fobaproa tuvo como fin proteger a los ahorradores y salvar a la gente.

Para ello, sólo basta señalar lo siguiente:

De acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el Fobaproa permitió que 14.7 millones de personas (cuentahabientes) no perdieran sus ahorros y de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el costo del salvamento de esas cuentas ascendió a 1.2 billones de pesos.

Sin embargo, en el Informe Anual del IPAB correspondiente a 2000 se señala textualmente que “considerando las cifras de captación de la banca comercial en moneda nacional a junio de 2000, el universo de ahorradores bancarios en México está representado por 29.3 millones de contratos que representan 996 mil 341.8 millones de pesos”.

“Cerca de 50 por ciento de los ahorradores bancarios mantiene un saldo promedio en el total de instrumentos de captación inferior a 500 pesos. En este estrato de depositantes, cuyo saldo fue de 6 mil 119.2 millones de pesos, se encuentran 14.87 millones de contratos”.

El mismo informe añade: “El siguiente rubro, que incluye depósitos mayores a mil y hasta 5 mil pesos, mantiene un saldo de 17 mil 940.6 millones de pesos, en un total de 5.6 millones de contratos (19.1 por ciento)”.


Y continúa: “El mismo patrón de captación se mantiene para los siguientes tres estratos que incluyen saldos hasta por 100 mil pesos. Estos cinco estratos incorporan a cerca de 97 por ciento de los contratos”.

De esta manera, si asumimos que en 1995 la estructura de las cuentas bancarias era la misma que en 2000, se obtiene que cerca de 50 por ciento de las cuentas, es decir, la mitad de los 14.7 millones de cuentas que dice la SHCP que salvó (7.35 millones de cuentas bancarias) eran de cuentahabientes que mantenían un saldo promedio inferior a 500 pesos. Luego entonces, el costo para el Fobaproa de haber rescatado a la mitad de los cuentahabientes que existían en 1995 dado su saldo promedio fue de 3 mil 675 millones de pesos (es decir, 7.35 millones multiplicados por 500 pesos).

Más aún, si añadimos el siguiente nivel de cuentahabientes rescatados, los que mantenían un saldo promedio de entre mil y cinco mil pesos y representaban 19.1 por ciento del total de los cuentahabientes en 1995 (2.8 millones de cuentas bancarias), obtenemos que el costo de salvamento de este segmento ascendió hace 14 años a 8 mil 400 millones de pesos (2.8 millones multiplicados por 3 mil pesos, que es un promedio entre mil y 5 mil pesos).

Hasta este punto podemos decir que el salvamento de 10.1 millones de cuentas bancarias (7.35 millones de 500 pesos y 2.8 millones de 3 mil pesos), es decir, de 69 por ciento de las cuentas bancarias que existían en 1995, le costó al Fobaproa aproximadamente 12 mil 75 millones de pesos.

Si consideramos el mismo razonamiento para el tercer segmento de cuentas, que representaba a cuentahabientes que mantenían saldos promedio de entre 5 mil y 10 mil pesos y que representaban aproximadamente 20 por ciento del total de las cuentas de 1995, podemos decir que el costo del salvamento para el Fobaproa de este segmento de cuentahabientes fue de 23 mil millones de pesos.

Así, podemos afirmar que el salvamento de 13.23 millones de cuentas bancarias, o 90 por ciento de las cuentas que existían en 1995, le costó al Fobaproa aproximadamente 35 mil 25 millones de pesos (3 mil 675 más 12 mil 75 más 23 mil).

Luego entonces, ¿cómo es que estos 35 mil 25 millones de pesos se convirtieron en 1.2 billones? Es decir: la cifra creció 35 veces.

¿Acaso el salvamento de las cuentas de los más ricos y que representaban sólo 10 por ciento del total de las cuentas bancarias que existían en 1995 fue lo que elevó 35 veces el costo del rescate de los ahorradores?

Si lo anterior es cierto, podemos concluir que lo que elevó el costo del rescate de los ahorradores fue paradójicamente el rescate de los ricos. Y nos preguntamos, entonces, ¿por qué los pobres están pagando el rescate de los ricos?

Si lo anterior no es cierto, entonces debemos de asumir que lo que verdaderamente elevó el costo del rescate de los ahorradores en más de 35 veces fue el rescate de los banqueros… por lo que Ernesto Zedillo miente al señalar que fue un rescate de ahorradores y Felipe Calderón lo que en realidad le recomendó al mundo fue rescatar a ahorradores ricos y a banqueros, con su propuesta de un “Fobaproa mundial”.

Conviene señalar que datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revelan que en junio de 1995 los 14.7 millones de cuentas que existían en México representaban ahorros por 656 mil 700 millones de pesos.

Es decir, que esta cifra resulta ser la mitad del costo del rescate bancario según la ASF (1.2 billones de pesos), luego entonces: esto quiere decir que por cada peso que rescató el Fobaproa acabó pagando dos pesos.

Pero lo más grave es que durante la semana el grupo Vitro se adhirió al “nuevo Fobaproa” implementado por Felipe Calderón y Nacional Financiera, y lo curioso es que, Gustavo Madero, presidente del Senado, ahora resulta que figura como integrante del Consejo de Administración de Vitro. Por eso digo, no nos vaya a resultar otra vez, más caro el caldo que las albóndigas.

¿Sólo con refinerías privadas?

Antonio Gershenson

El ocupante principal de Los Pinos culpó al PRI y a los partidos de izquierda de que en México no se puedan construir varias refinerías al mismo tiempo, por haber rechazado su propuesta de refinerías de empresas privadas. Que por haber mantenido el postulado constitucional de que sólo el Estado, Pemex en este caso, puede hacer refinerías, por eso sólo se pueden hacer de una en una.

Primer punto que no es cierto: no fueron sólo el PRI y los partidos de izquierda los que votaron en ese sentido. También el PAN y otras agrupaciones de derecha votaron por la iniciativa actual que excluye refinerías privadas y deja la responsabilidad a Pemex.

Segundo: no es cierto que con Pemex, que con una empresa estatal, se deban hacer las refinerías una por una. De esto nos vamos a ocupar más en detalle.

Tercero: el estudio de Pemex para una nueva refinería concluye que para la mayor rentabilidad no se debe hacer sólo un tren de refinación que procese 300 mil barriles de petróleo crudo diarios, sino 600 mil en dos trenes de refinación. Y establece que “una vez que se determinen el tamaño y configuración del primer tren de refinación (lo cual ya se hizo), pueden iniciarse los estudios para definir el segundo tren”, del cual dice que incluso podría ser en un sitio diferente del primero, o sea, una segunda refinería… y nada dice de esperar a que se termine la primera.

Se plantea que la ingeniería sea en 2009 y 2010, y que de 2010 a 2015 sea la obra. Todo 2009 debería aprovecharse consiguiendo el terreno, aplanándolo y en general empezando la obra civil en lo que ésta no requiere de los proyectos específicos.

Es un problema la lentitud con que se procede con esa parte inicial de la refinería. No sólo nos referimos a las declaraciones que sustituyen a los hechos. Una publicación especializada del medio petrolero internacional publica una información firmada en Los Ángeles. Dice que Pemex retrasa la construcción de la nueva refinería hasta fines de año (se refiere a fines de 2009). Se atribuye a funcionarios mexicanos a que de aquí a fin de año se definiría la mejor ubicación para la planta. Sin embargo, el estudio que, entre otras cosas, evalúa nueve posibles sitios y concluye cuál es el más rentable, no sólo ya se terminó sino que se envió al Congreso de la Unión desde el 31 de julio de 2008.

El artículo mencionado señala que Pemex anunció el plan de la refinería a mediados de 2008, y preveía empezar a preparar el sitio antes del final de 2008. Es obvio que eso implica un retraso.

No he visto que haya ningún desmentido de Pemex al citado artículo.

En cuanto a que siendo una empresa pública sólo se pueden hacer las refinerías una por una, ponemos un ejemplo que acaba de ocurrir: Brasil y la empresa pública Petrobras. Ya lo mencionamos el domingo pasado en este espacio; vamos a detallar más la información.

El viernes 23 de enero pasado, el consejo de administración de Petrobras aprobó el plan quinquenal 2009–2013, con un aumento de 55 por ciento frente al plan anunciado hace poco más de un año para 2008-2012. El aumento se aprobó a pesar de las críticas de sectores privados que decían que con la crisis esa inversión no se iba a recuperar. La respuesta fue que para cuando se terminen las refinerías de exportación, a partir de 2013, ya no va a haber crisis y sí una gran demanda de refinados, especialmente de diesel.

Una parte del plan de cinco años son las nuevas refinerías. Y sí se pueden hacer simultáneamente por una empresa estatal. La de Pernambuco, con capacidad de 200 mil barriles de crudo al día, entrará en operación en 2011. La de Río de Janeiro, que alimenta un nuevo complejo petroquímico del cual forma parte, procesa 150 mil barriles diarios y se termina en 2012. La unidad Premium I de Marianao, con 600 mil barriles diarios de capacidad, entra en 2013. Esta última tiene una capacidad doble que la de la única refinería que se anuncia para México. La Premium II, con 300 mil, en Ceara, entra en operación en 2014. Las Premium son para exportar refinados a Europa y Estados Unidos. También se construirá una refinería pequeña, para 30 mil barriles diarios, en Río Grande do Norte.

No se trata sólo de palabras y escritos. Para el complejo de Río de Janeiro, del que dijimos que entra en operación en 2012 (habrá una segunda etapa que se termine en 2013), ya se convocaron los primeros concursos (y no como aquí, puros discursos) de la parte de refinería, incluyendo la destilación atmosférica. Se anuncia que las obras de aplanado de tierras y otras asociadas estarán terminadas en diciembre de 2009.

Los nuevos yacimientos del área bajo la roca salina entrarán a tiempo para ayudar a alimentar las refinerías que vayan entrando en operación. La intención es no exportar crudo, sino vender ya el producto con el valor agregado por la refinación.

Las obras se llevan a cabo con recursos presupuestales, en buena medida con ingresos propios y lo demás consiguiendo dinero en el mercado. Ya hubo un crédito enorme de un banco japonés.

Así que sí se puede. Tal vez sean las personas a cargo del asunto quienes no sean las indicadas para que se pueda.

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