Escoltas de Hank Rhon gozan de permiso de Peña Nieto para portar armas

La CH Tijuana

El equipo de seguridad del empresario de Jorge Hank Rhon goza de un permiso para portación de armas de fuego que le fue brindado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, encabezada por el gobernador Enrique Peña Nieto.

Lo anterior se ha conocido tras la detención de diferentes personas que son escoltas tanto de Hank Rhon como de sus amigos, pero que están comisionados en el equipo de seguridad del Grupo Caliente en Baja California.

En octubre de 2010, elementos de la Policía Municipal detuvieron en Tijuana a una persona por golpear a su esposa.

Durante el arresto, los oficiales revisaron las pertenencias del agresor, de nombre Ramón, y le encontraron un arma de fuego.

El detenido, quien se identificó como escolta del diputado Gregorio Barreto y trabajador del Grupo Caliente, presentó documentación del Estado de México que avalaba la portación del arma de fuego.

El caso del escolta de Gregorio Barreto no es el primero que se presenta en Tijuana. El 19 octubre de 2009, cuatro hombres armados fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Playas de Rosarito.

Entre las personas aseguradas estaba el jefe de escoltas de Jorge Hank Rhon, Jorge Vera Ayala. Los detenidos fueron turnados a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tijuana y lograron su liberación al mostrar la licencia colectiva de armas de fuego del Estado de México.

El equipo de seguridad del propietario del Grupo Caliente utiliza la licencia colectiva del estado gobernado por Peña Nieto, porque el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Julián Leyzaola Pérez, les negó el permiso de portación de armas de fuego de la corporación a su cargo.

Tras la detención de Vera Ayala, su abogado, Ramón Félix Moreno, dijo que han solicitado al Secretario de Seguridad el permiso para portar armas, pero que sin argumentos se ha negado.

Por su parte, Leyzaola Pérez ha comentado en varias ocasiones que durante la administración de Jorge Hank Rhon, el secretario de Seguridad Pública y el director de la Policía Municipal, Luis Javier Algorri y Víctor Manuel Zatarain, mandaban a sus agentes a robar y extorsionar turistas.

Al concluir la gestión de Hank Rhon, Luis Javier Algorri, Víctor Manuel Zatarain y la mayoría de sus escoltas se integraron al equipo de seguridad del Grupo Caliente, que tienen sus principales centro de operación en el Hipódromo Caliente y el centro comercial y hotel Pueblo Amigo.

'Acelera' PGR consignación de Hank Rhon

La residencia del empresario, cuenta con una caseta de vigilancia con gruesas rejas metálicas y una barda de concreto de cuando menos cinco metros que la circunda para permitir el acceso.

Manuel Cordero / El Sol de Tijuana


Tijuana.- A "marchas forzadas" trabaja la delegación de la Procuraduría General de la República para cuadrar la indagatoria que inició en contra de Jorge Hank Rhon y así poder justificar la detención que hicieron en su contra elementos del Ejército mexicano que se contradicen en su versión.

Y es que en forma extraoficial se confió a este diario que el oficio de remisión elaborado por las autoridades castrenses expone que pasaban por las instalaciones del "Hipódromo Caliente" y darse cuenta que un sujeto se encontraba armado en las afueras.

Se anota que al percatarse de la presencia de entre seis u ocho vehículos de los militares apeló a la fuga e ingresó al interior de las edificaciones por lo que fue perseguido, con el argumento de la "flagrancia de delito" y luego detener al propietario del centro hípico y 10 personas más.

Lo que llama la atención es que la residencia del empresario, exalcalde de Tijuana y candidato a la gubernatura del estado, cuenta con una caseta de vigilancia con gruesas rejas metálicas y una barda de concreto de cuando menos cinco metros que la circunda para permitir el acceso.

Además de cámaras de circuito cerrado para la vigilancia exterior e interior y sólo contaba con tres vigilantes, según se dijo, agentes de la policía municipal de la sección comercial y bancaria, que portaban las armas de fuego asignadas oficialmente por las autoridades para su labor.

Sin embargo, la Segunda Zona Militar, mediante un comunicado de prensa, afirmó que la captura de Jorge Hank se derivó de una denuncia ciudadana que recibieron de forma anónima y luego detener "a tres personas armadas en las inmediaciones del "Hotel Palacio".

"Mismos que al ser aprehendidos por el personal militar señalaron que en un domicilio de la colonia Hipódromo ocultaban armamento", por lo que se desplazaron al lugar de referencia "detectando fuera del mismo a personas armadas quienes se introdujeron al domicilio".

"Ante la flagrancia de este ilícito se les persiguió al interior del mismo donde se aseguró a ocho personas más y se localizó lo siguiente: 40 armas largas, 48 armas cortas, nueve mil 298 cartuchos útiles, 70 cargadores y una granada de gas", se anota puntual en la información de los militares.

Posteriormente la Procuraduría General de la República aportó los nombres de los detenidos encabezados por Jorge Hank Rhon, Marco Antonio Trinidad Gómez, Luis Alfonso Sánchez Solís, Rubén Muñoz Nava, Víctor Manuel de la Torre Orta y Javier Marco Polo Ayala Roldán.

Asimismo, Rigoberto González López, César Pérez Guerrero, Carlos González Pérez Contreras, alias "Carlos González Rizo Pérez", Ramón López Apodaca y Juan Ignacio Parra Santos, todos ellos trasladados al anochecer del sábado a la ciudad de México y ponerlos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Se sabe que la delegación de la PGR está a la espera que se le obsequie una orden de cateo para llevar cabo una inspección oficial de la casa de Hank Rhon y analizar los videos de las cámaras de vigilancia que filmaron la ilegal incursión de los castrenses y tratar de justificar su intervención.

Se habla que la consigna que viene desde la capital del país es que el polémico empresario y político no recupere su libertad y para tal efecto entre las armas de fuego, supuestamente, incautadas por el Ejército se encuentran cinco rifles AK-47 conocidos como "cuerno de chivo".

Un número no determinado de fusiles de asalto AR.15 calibre 223 que de momento son sometidos a pruebas periciales de balística para determinar si están relacionados con algún hecho delictuoso y se vaticina que tal cuestión resultará positiva para evitar que sea liberado el indiciado.

El resto de las armas se confió que aunque su mecanismo aún está activo son sumamente viejas, similares a las que recibe el Ejército mexicano en donación a cambio de un vale de despensa por parte de la ciudadanía.

En forma extraoficial se confió que la presión que ejercen las autoridades federales de la capital del país han llegado al extremo de que numerosos funcionarios de la delegación de la PGR están "acuartelados" desde las 05:00 horas del sábado y todavía por la noche de ayer no se les permitía retirarse a sus respectivos domicilios.

Al cierre de esta edición se sabe que Jorge Hank Rhon se ha reservado su derecho a declarar ante la SIEDO en la ciudad de México, postura que también asumió en la delegación de la PGR y persiste en aseverar que el armamento y los pertrechos le fueron "sembrados" por los militares.

Mismos que llevaron a cabo un operativo debidamente planeado toda vez que se afirma no violentaron las puertas de acceso y no dispararon sus armas de fuego como en un principio trascendió y que había resultado una persona lesionada.

Investiga PGR vínculos de Hank Rhon con la delincuencia organizada

Apro

La situación jurídica de Jorge Hank Rhon y 10 de sus empleados se definirá hasta el próximo jueves a más tardar, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) determinó ampliar de 48 a 96 horas el término legal, debido a que, en las diligencias ministeriales, encontró indicios sobre la probable relación de los detenidos con la delincuencia organizada.

En un escueto comunicado difundido este lunes, la dependencia que dirige Marisela Morales puntualiza que la “duplicidad del término por 48 horas más evitará que los indiciados se sustraigan a la acción de la justicia, mientras se deslinda su participación en la comisión del delito de delincuencia organizada, con el que pudieran estar relacionados por el número de personas detenidas en flagrancia y por el tipo de armas que les fueron aseguradas”.

Además, refiere que los once inculpados “se encontraban en flagrante posesión ilícita de armas de fuego, de las cuales no pudieron acreditar la legal posesión, por lo que se inició una averiguación previa con motivo de la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.

Con base en tal situación, añade, “el fiscal de la federación adscrito a la SIEDO acordó la duplicidad de término respecto a la retención de once personas, aseguradas por elementos del Ejército Mexicano en la ciudad de Tijuana, Baja California, en posesión de armamento de diverso calibre”.

Los detenidos son: Jorge Hank Rhon, Marco Antonio Trinidad Gómez, Luis Alfonso Sánchez Solís, Rubén Muñoz Nava, Víctor Manuel de la Torre Horta, Javier Marco Polo Ayala Roldán, Rigoberto González López, César Pérez Guerrero, Carlos Gonzalo Pérez Contreras, Ramón López Apodaca y Juan Ignacio Parra Santos.

Carlos Hank fue capturado la madrugada del sábado en Tijuana, junto con 10 integrantes de su cuerpo de seguridad, en un operativo del Ejército en el que le fueron aseguradas 88 armas de fuego, 46 de ellas consideradas de alto calibre, así como 9 mil cartuchos.

Repunta violencia en Monterrey; 8 muertos en 24 hrs

Excélsior

Monterrey— La violencia por el crimen organizado dejó ocho muertos ayer domingo en Monterrey y sus municipios conurbados, entre ellos dos hombres colgados en un puente y tres mutilados, informaron autoridades del estado de Nuevo León.

Los cuerpos de dos hombres, colgados del cuello con cadenas, “fueron localizados en un puente peatonal de una avenida de Monterrey y una de las víctimas tenía la pierna amputada, misma que estaba tirada en el pavimento”, informó la Agencia de Investigaciones.

Caravana por la Paz se interna en zona de Los Zetas

Heraldo

La caravana contra la violencia en México que encabeza el poeta Javier Sicilia fue recibida por más de mil personas ayer en Zacatecas, desde donde partirá a Durango pasando por zonas con presencia del cartel de los Zetas, en su ruta de 3,000 km a Ciudad Juárez.

La denominada "Caravana del Consuelo", integrada por unos 15 autobuses y varios automóviles, fue recibida alrededor de las 14h30 (19h00 GMT) en la majestuosa plaza central de Zacatecas, en el norte de México, en medio de repiques de la campanas y los gritos y aplausos de más de mil personas.

Esta movilización, que demanda un alto a la violencia del crimen organizado y un cambio de la estrategia antidrogas del gobierno sustentada en el despliegue de 50,000 militares, partió por la mañana de San Luis Potosí y luego lo hará hacia Durango, uno de los distritos más golpeados por el crimen organizado.

En San Luis Potosí, cuyas carreteras han sido escenario de secuestros de migrantes y donde en febrero pasado fue asesinado un agente aduanal de Estados Unidos en un ataque atribuido a los Zetas, Sicilia instó de nuevo al gobierno a escuchar el clamor de los mexicanos que le reclaman modificar su estrategia militar contra los carteles.

"Mientras las instituciones no respondan a la ciudadanía, las condiciones de anarquía social, de impunidad, de falta de seguridad, de indignación por los agravios son muy grandes", remarcó en un mitin.

La vigilancia en torno a la procesión de vehículos se ha estrechado a medida que se acerca a la frontera con Estados Unidos, donde los carteles libran una sangrienta batalla por el control de las rutas de las drogas.

Polémica

La detención en Tijuana (noreste) de Jorge Hank Rhon, millonario e integrante de una dinastía política del PRI, puso en alerta a esa organización política que gobernó México por 71 años, la cual advirtió al gobierno del presidente Felipe Calderón que no aceptará "cacerías de brujas".

Hank Rhon, ex alcalde de Tijuana, vecina de San Diego (California, Estados Unidos) y fundador de un imperio de casinos e hipódromos en México, fue detenido el sábado en la madrugada en su casa, donde le fueron decomisadas 88 armas que, según la Fiscalía, tenía ilegalmente allí.

El sigiloso operativo de decenas de militares en la casa, culminó con la detención de Hank Rhon y diez personas más, luego de una denuncia anónima.

Llama el EZLN a poner fin al "carnaval sangriento"

Isaín Mandujano

El subcomandante Marcos envió una carta a quienes encabezan la Caravana por la Paz y a los deudos del caso ABC, en la que expresa la admiración y respeto.

“La lucha de ustedes nos hace sentir respeto y admiración por su causa, por su paso y por su empeño”, sostuvo el líder zapatista.

En la misiva, Marcos también destacó que los zapatistas, “aunque lejanos y pequeños”, reconocen su paso y su esfuerzo y los acompañan en el compromiso para que nunca más se repita la desgracia, y para que “termine el carnaval sangriento con que arriba festejan la impunidad y la desvergüenza".

Abundó:

“No es fácil sacar palabras del dolor, nosotros lo sabemos. ¿Y de la rabia? ¿Del saber que los malos gobiernos ignoran propositivamente los reclamos de justicia? ¿De ver cómo se manipula el calendario para simular justicia y para calcular que la desmemoria cubrirá la muerte?”.

En el caso particular de la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que ayer cumplió dos años, sostuvo que la muerte de los 49 pequeños fue de lo más absurda, sin más culpa que la de haber nacido en un país donde el gobierno ha unido el nepotismo con la corrupción y la impunidad.

Prosiguió:

“Poco o nada podemos agregar a lo que sus dignas palabras han señalado sobre lo que ocurrió: la desgracia llegando a quienes ni la esperaban ni la merecían; la irresponsabilidad que la propició; la complicidad de gobiernos, legisladores y jueces; la continua postergación de una investigación a fondo. Y los nombres y las imágenes de las niñas y los niños, las actividades y movilizaciones para honrarlos de la mejor manera, es decir, exigiendo castigo a los responsables, justicia para las víctimas y la adopción de medidas que impidan que la tragedia se vuelva a repetir”, resaltó el vocero del EZLN.

Agregó que la muerte de una niña, de un niño, siempre es desproporcionada, “llega atropellando y destruyendo todo lo cercano. Pero cuando esa muerte es sembrada y cultivada por la negligencia y la irresponsabilidad de gobiernos que han convertido la ineptitud en negocio, algo muy profundo se sacude en el corazón colectivo que abajo hace andar la pesada rueda de la historia”.

Marcos dijo también a que a dos años de la tragedia, las mismas preguntas siguen en el aire, sobre el por qué sucedió eso, quiénes son los culpables y qué hace ahora el gobierno de Felipe Calderón para que en el futuro no vuelvan a ocurrir esas desgracias.

“Ha sido el empeño de ustedes el que nos ha dado las respuestas. Porque de arriba (el gobierno) sólo hemos visto desprecios, burlas, simulaciones y mentiras”, acusó.

Señaló que la mentira es siempre un ultraje, “pero cuando desde el poder se teje para esconder a familiares y amigos, es una villanía”.

Luego el líder zapatista exaltó la lucha de los padres y madres como un ejemplo a seguir por muchos mexicanos que han perdido a sus hijos en una guerra tan absurda.

También los invitó a que vengan a Chiapas, pues acá encontrarán en los rebeldes “un corazón moreno que los abrazará, unos oídos atentos para escuchar, y una historia dispuesta a aprender de ustedes”.

“Con ustedes, y con quienes ahora marchan, podremos entonces, juntos, ustedes, ellos, nosotros, hablar palabras donde el dolor sea una cicatriz que nos recuerde y comprometa a que nunca más se repita la desgracia, y a que por fin termine el carnaval sangriento con que arriba festejan la impunidad y la desvergüenza”, se concluye en la carta del EZLN.

Como sea, en caso Hank el dinero es lo que importa: Shakira sí dará concierto

Sí habrá concierto de Shakira, asegura María Elvia Amaya

UniRadio


El concierto de la cantante colombiana Shakira programado para el 30 de julio próximo no está en riesgo, aseguró la presidenta de la Fundación por Ayudar, María Elvia Amaya.

Sostuvo que la detención de su esposo, el priísta Jorge Hank Rhon, no representa un obstáculo para que se lleve a cabo el evento, ya que el contrato que se firmó con la intérprete es con el organismo que ella encabeza, “no con el ingeniero”.

“Afortunadamente el concierto sigue en pie. La gente ha estado muy positiva, está apoyándonos mucho, están sonando los teléfonos para conseguir los boletos. Ocesa ya se comunicó con nosotros, que es la compañía que maneja a la artista Shakira, y nos dice que todo está bien con ellos, que ellos saben que esto es un ultraje y que están oyendo las noticias y viendo el internet y que no tienen ningún problema de presentarse”, comentó Amaya de Hank.

Dijo que el concierto no se llevaría a cabo sólo si hubiera problemas con la seguridad de la ciudad.

La presentación de la intérprete colombiana fue anunciada hace menos de dos semanas por María Elvia Amaya, quien explicó que el recurso que se obtenga de las entradas se aplicará a apoyar a personas que se acercan a la fundación que dirige.

Caravana por la Paz llegó a Durango, están cerca de narcofosas

Caravana contra violencia en México pernocta cerca de fosas del narcotráfico

La caravana contra la violencia en México que encabeza el poeta Javier Sicilia fue recibida la noche del lunes por estudiantes y familiares de asesinados en Durango (norte), donde han sido hallados desde abril 200 cadáveres en fosas clandestinas, constató la AFP.

Cientos de personas en varios puntos de la ciudad de Durango (a 1.000 km de la capital mexicana) dieron la bienvenida a la caravana compuesta por unos 15 autobuses y decenas de automóviles en los que viajaban activistas y familiares de víctimas de la violencia.

Catorce patrullas custodian a los manifestantes, así como un vehículo de la fiscalía general escolta el automóvil de Sicilia, cuyo hijo fue asesinado a finales de marzo.

En uno de los puntos en los que se detuvo la caravana un niño de siete años portaba una pancarta con la foto de su padre, cuyo cuerpo fue encontrado envuelto en una cobija recientemente en Durango, comentó a la AFP el tío del menor.

En otras pancartas mostradas se leía "No más sangre". Los activistas salieron el sábado del centro del país en un recorrido de 3.000 km con destino Ciudad Juárez.

La denominada "Caravana del Consuelo" exige un alto a la violencia del crimen organizado y un cambio de la estrategia antidrogas del gobierno bajo la cual han sido desplegados 50.000 militares.

La jornada del lunes se vio empañada por el allanamiento por parte de policías federales, presuntamente sin orden de registro, de las instalaciones de una organización no gubernamental.

El allanamiento a las instalaciones de Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, donde fueron revueltos archivos al parecer de policías implicados en supuestas violaciones de derechos humanos, fue interpretado como una "amedrentamiento" por el apoyo de la ONG a la caravana, denunciaron varias organizaciones.

Human Rights Watch demandó al gobierno mexicano el esclarecimiento del agravio, según un comunicado difundido en México.

Los participantes de la caravana pernoctarán la noche del lunes en las instalaciones de una ONG, a menos de 10 km donde han sido hallados más de 226 cadáveres en fosas clandestinas desde el 1 de abril.

Se presume que estas osamentes, la mayoría con más de un año de haber sido inhumadas, son de víctimas de ajustes de cuentas de bandas rivales del narcotráfico que se disputan Durango, como el cartel de Sinaloa y los Zetas.

En declaraciones hechas en San Salvador, en el marco de la Asamblea de la Organizaciones de Estados Americanos, que busca sentar las bases de un plan continental contra el crimen organizado, la canciller mexicana Patricia Espinosa defendió la estrategia antidrogas del gobierno.

Antes de llegar a Durango, la caravana estuvo en el estado de San Luis Potosí (norte) cuyas carreteras han sido escenario de secuestros de migrantes y donde en febrero fue asesinado un agente de aduanas de Estados Unidos en un ataque atribuido a los Zetas.
La movilización partió el sábado de la ciudad de Cuernavaca (centro), donde reside Sicilia y en cuyos suburbios su hijo y seis personas más fueron brutalmente torturadas y asesinadas a fines de marzo.

La caravana, la tercera movilización que encabeza Sicilia tras el crimen, ha hecho escalas también en Ciudad de México, Toluca (centro), Morelia (oeste) en su camino hacia la frontera, en lo que organizadores describen como "la ruta del dolor", pues recorre estados azotados por la violencia del crimen organizado.

La caravana llegará el martes a Monterrey, la ciudad más próspera del norte, convertida en campo de batalla de los cárteles y donde el domingo fueron hallados dos cuerpos colgados de un puente peatonal y otros tres en bolsas de plástico, con signos de mutilación.

El miércoles la caravana partirá a Chihuahua, capital del estado del mismo nombre, antes de enfilar el jueves hacia Ciudad Juárez.

En esa ciudad, de 1,2 millones de habitantes, que en 2010 registró más de 3.100 homicidios, se firmará el viernes un manifiesto por la paz.

El sábado, Sicilia cruzará brevemente la frontera para presidir un mitin en la vecina ciudad estadounidense de El Paso (Texas) junto a organizaciones de derechos humanos y de protección a los migrantes provenientes de distintos puntos del sur de Estados Unidos.

Atenco cinco años después

Noticias Aliadas

Cinco años después de los enfrentamientos ocurridos en las afueras de Ciudad de México, las víctimas de la brutalidad policial y presunta agresión sexual están exigiendo justicia al Estado mexicano.

El 3 de mayo del 2006, policías altamente militarizados impidieron que un grupo de unos 60 vendedores de flores realizaran sus actividades en el mercado de Texcoco. Éstos se sublevaron con el respaldo de vecinos de San Salvador Atenco, famosos por oponerse a la construcción de un aeropuerto en sus tierras cuatro años antes.

La policía respondió con ataques el 3 y 4 de mayo, y la prensa divulgó golpizas a manifestantes y periodistas. Dos personas murieron, y 207 fueron detenidas, según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

De los detenidos, 47 eran mujeres y 26 denunciaron haber sido agredidas sexualmente. Ahora esas mujeres luchan por que se vea su caso, y han recibido apoyo de grupos de derechos humanos en México y el extranjero.

Activistas llevaron a cabo manifestaciones en Ciudad de México, Hamburgo, Alemania, y Barcelona, España, para exigir que el Estado mexicano permita una investigación transparente. Las víctimas están tratando de que su caso sea visto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la Organización de Estados Americanos, que en los últimos dos años ha condenado al gobierno de México por los feminicidios en Ciudad Juárez y el asesinato de varios defensores de derechos humanos.

“[Estas] graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en contra de la población no han sido sancionadas ni reparadas de manera integral”, dice una carta abierta al Estado mexicano, firmada 73 por organizaciones mexicanas de derechos humanos, así como de Alemania, Suiza y EEUU. “No obstante ningún funcionario ha rendido cuentas, algunos hasta han sido promovidos en sus carreras y las investigaciones se encuentran paralizadas”.

“Finalmente queremos expresar nuestra solidaridad y reconocimiento con las mujeres que se resisten a ser vistas como víctimas sin rostro y no dejan de luchar contra el olvido y la impunidad”, agrega la carta. “Quien debe avergonzarse por lo ocurrido en Atenco son los que perpetraron los hechos, los que los ordenaron y los que les han garantizado la impunidad”.

Lozano, Moreira y el carbón rojo

Miguel Ángel Granados Chapa

En la región carbonífera de Coahuila llaman carbón rojo al que se obtiene a costa de la salud y la vida de los mineros que lo extraen. Sus condiciones laborales se asemejan a las descritas por Emile Zolá en Germinal. Sólo que el autor francés escribía a fines del siglo XIX y hoy estamos en el comienzo del XXI. Y en vez de que mejoren, tienden a empeorar porque están sujetas a un entramado de componendas políticas en pos de lograr ganancias en operaciones que no son rentables más que a costa de la explotación de los trabajadores.

El 3 de mayo, 14 mineros murieron y un niño quedó mutilado al producirse un estallido en el Pocito número 3 de un lote minero explotado por las empresas Binsa y Minería y Acarreos, S.A. Ambas empresas tienen como denominador común la participación de miembros de las familias Montemayor Seguy, Montemayor Marines y Montemayor Garza. Miembros de esas familias han sido, uno, gobernador del estado, y otro, presidente municipal de Sabinas: lo es hoy mismo Jesús Montemayor Garza, sobrino de Rogelio, el exgobernador. Tener presente ese dato es imprescindible para comprender la naturaleza de la industria carbonífera coahuilense y el escándalo político, creado quizás artificialmente, no para revelar, sino para ocultar los escondrijos de la inicua explotación minera.

Javier Lozano Alarcón no cesa de mostrar su despecho ante el PRI, partido al que perteneció y le dio altos puestos en el gobierno federal (hasta subsecretario de Gobernación llegó a ser) pero no pudo hacerlo diputado, porque perdió la elección a que se postuló en Puebla. Convertido en panista, o mostrándose tal como en realidad era, promovió durante un lustro una nueva legislación laboral. Cuando finalmente la había colocado en la ruta de la aprobación en la Cámara de Diputados, a través de la bancada priista, los desencuentros en el interior del PRI, y la movilización que ya se veía venir en contra del proyecto, obligaron a la fracción dirigida por Francisco Rojas a apaciguar su entusiasmo panista y a congelar su propia iniciativa. Del plato a la peculiar boca de Lozano se cayó esa sopa y el secretario del Trabajo no se cansa de reprocharlo a su antiguo partido. Se borró así el puntaje que ese proyecto le hubiera dado en su estéril lucha por ser candidato presidencial.

Harto a su vez de las invectivas de Lozano, y en torno a sus propios intereses, el líder del PRI salió a embestir al secretario del Trabajo. No lo hizo personalmente, sino que confió la tarea a David Penchyna, el brillante diputado hidalguense, vocero del comité nacional priista. El 25 de mayo, en medio de certeras y agrias críticas a Lozano, el PRI lo declaró inhábil como interlocutor válido. Recordó Penchyna su pobre desempeño, su ineficacia, y adujo para probar su dicho, entre otros casos, que el secretario del Trabajo “se mostró de cuerpo entero en la tragedia minera de Sabinas. Más preocupado por tuitear minuto a minuto, y culpar a su compañero de equipo, el titular de Economía, Bruno Ferrari, que en solventar las causas y raíces, entre ellas las inspecciones a cargo de su dependencia, que fincaron esa tragedia”.

Para su descargo, Lozano había alegado que la empresa tenía sólo 18 días de operación y que no había notificado su comienzo. Con ello quiso mostrar la imposibilidad de revisar las condiciones laborales. Es una mentira. Lo es porque una sana y eficaz administración pública en materia de riesgos industriales debería impedir que una empresa empiece operaciones sin contar con el visto bueno de la autoridad laboral, previa inspección de las condiciones de seguridad e higiene industrial. En rigor estricto, además, no es cierto que apenas iniciara labores la empresa. El Pocito 3, donde murieron 14 mineros, forma parte de un lote que consta de cuatro pocitos más, dos de ellos abandonados y otros tantos en operación. Éstos se hallan en esas condiciones hace más de un año, y la concesión data de 2007.

Lozano y Ferrari fueron llamados a comparecer, a causa de esa tragedia, ante comisiones de la Comisión Permanente del Congreso. Acudieron el último día de mayo, acompañados de otros miembros del gabinete: los secretarios de Energía, José Antonio Meade (a quien una semana de estas se verá mudarse, de regreso, pero a la oficina principal, a la Secretaría de Hacienda), y Rafael Elvira, secretario del Medio Ambiente, así como Antonio Vivanco, flamante director de la Comisión Federal de Electricidad, principalísimo adquirente de carbón para la planta termoeléctrica de Nava, en la propia Coahuila.

La sola presencia de esa variedad de funcionarios de ese rango resultaba promisoria. Parecía posible delinear con ellos allí los ejes de un plan integral para la explotación del carbón en esa comarca, única manera de modernizar una industria que no tiene por qué ser letal, salvo porque se ahorre en seguridad laboral a fin de minimizar los costos y aumentar las ganancias. Ese plan debería cubrir todos los aspectos del ciclo económico y social respectivo. Debería evitar las simulaciones, el arrendamiento de concesiones y la intermediación en la venta del combustible a la CFE, así como impedir trabajos en pocitos donde es imposible establecer condiciones de seguridad, como fue el caso del Pocito 3.

Pero Lozano tenía previsto reventar la sesión, como hacen los porros en los sindicatos, acaso la única enseñanza que le ha dejado su paso por la Secretaría del Trabajo. Encaró con pretendida valentía a los diputados y senadores que buscaban información sobre la seguridad e higiene en las minas del carbón. Los provocó y luego se ufanó, y después hasta ha buscado presentarse como campeón de la libertad de expresión, adalid de los pobrecitos e inermes miembros del gabinete que acuden al Congreso únicamente a ser vilipendiados y zaheridos por la turba legislativa. Ésta, en contraste, se halla exenta de ser llamada a cuentas. Lozano se empecinará, anunció, en seguir diciéndoles sus verdades.

El cruce de acusaciones y burletas entre legisladores y Lozano impidió que se ventilara el caso de Binsa, y ni siquiera pudo abordarse el de Pasta de Conchos. En la secuela de esa tragedia, verdadero crimen en realidad, a Lozano le ha correspondido, como en el momento del siniestro mismo a su antecesor Francisco Javier Salazar, cuidar los intereses de la empresa, parte del poderoso Grupo México de la familia Larrea. Por ello no ha sido posible rescatar los restos de 63 de las 65 personas sepultadas bajo los escombros de esa mina.

Ahora la protección opera a favor de las familias Montemayor, que obtuvieron concesiones y las hacen explotar por terceros, en una forma que cabría comparar con la aparcería rural. Sólo que esos encargados de la explotación, que pertenecen a la misma familia, simulan su actuación. Tal es el caso de Minería y Acarreos, que provee carbón a la CFE sin tener de dónde extraerlo. Cuenta con sólo 33 trabajadores y ni siquiera incluye la minería del carbón en su objeto social. Por lo menos, sin embargo, tiene inscritos a sus empleados en el IMSS, a diferencia de Binsa, que no los registra en ese instituto. A su planta pertenecían las 15 víctimas del Pocito 3, y los del resto de ese lote, que trabajan en plena desprotección.

No sé si de manera concertada, pero sí con efectos coincidentes, los intereses de Moreira (por su vínculo político con su antecesor Rogelio Montemayor, salinistas plenos ambos) y de Lozano quedaron bien servidos en estos lances que se vuelven anecdóticos. No lo son, en cambio, los de los mineros de Sabinas y otros municipios de Coahuila, expuestos a seguir produciendo carbón rojo.

¿Por qué no actuaron antes contra Hank?

Rubén Cortés

Es sintomático cuánto se parecen El Michoacanazo y la captura de Jorge Hank: el primero, contra una mayoría de alcaldes perredistas, un mes antes de las elecciones de 2009; y el otro contra un ex alcalde priista, a un mes de los comicios del Edomex.

El 28 de mayo de 2009, el gobierno federal panista capturó, por vínculos con el crimen organizado, a media administración estatal (17 funcionarios) del gobernador Leonel Godoy en Michoacán y a ocho alcaldes: dos perredistas, seis priistas y… sólo dos panistas.

Ni aún así el PAN impidió su mayor debacle electoral en 20 años: perdió Querétaro y San Luis Potosí, y si ganó Sonora fue por el voto de castigo contra el PRI tras el incendio de la guardería ABC.

Pasó de ser primera minoría en la Cámara de Diputados, al segundo lugar al caer de 206 a 143 diputados, y perdió bastiones como Naucalpan, Tlanepantla, Cuautitlán Izcalli, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Toluca y Cuernavaca.

Los 35 de El Michoacanazo quedaron libres porque las pruebas se esfumaron casualmente al calor de la alianza del PAN con el PRD, que le llevó a ganar Oaxaca, Sinaloa, Puebla y Guerrero.

El único implicado sobre el que había pruebas, el ex diputado perredista Julio César Godoy, anda prófugo gracias a subterfugios leguleyos solapados por el PAN gobierno.

Lo cual provoca pensar que este gobierno usa la justicia con políticos en etapas de cercanía electoral: hoy en el caso de Hank, como ayer con El Michoacanazo, hay una elección en puerta, la del Edomex, el primer domingo de julio.

Y, al igual que en los comicios previos a El Michoacanazo, el PAN está hundido y quiere levantar con golpes de efecto: su candidato, Luis Felipe Bravo Mena, está a 40 puntos del priista Eruviel Ávila.

El caso Hank tiene el tufillo de El Michoacanazo en cuanto al uso de la justicia por razones políticas: el ex alcalde tijuanense es denunciado desde muchísimo como presunto criminal, acusado de corrupción, de tenencia ilegal de armas…

Es marcado como autor intelectual del asesinato del periodista Francisco Ortiz Franco, editor del semanario Zeta, y el propio PAN le achacó siempre colusión con el narcotráfico y el juego ilegal.

Ah, pero esperaron la cercanía de las elecciones mexiquenses para apresarlo y utilizar su detención como revulsivo contra el súper favorito Eruviel Ávila en esos comicios.

Por eso, el gobierno debería aclarar por qué no actuó antes contra Hank. También por qué no toca al gobernador panista de Morelos, Marco Antonio Adame, sobre quien pesan señalamientos documentados de penetración del narco en su gobierno.

Queda claro que no lo hace porque usa el poder del Estado únicamente contra sus enemigos.

No contra los suyos.

Los que buscan ganar la rifa del tigre en 2012

Álvaro Cepeda Neri

Fue Daniel Cosío Villegas (fundador de innovadoras instituciones, sólo y con otros sobresalientes mexicanos, de la Facultad, entonces Escuela de Economía, El Colegio de México, etcétera) quien, con su seductora prosa, sabiduría histórica e inteligencia sarcástica, compartía sus vastos conocimientos sobre la naturaleza humana de la política y los políticos mexicanos. Creó, con un nuevo significado, la palabra-concepto “suspirante”, dando un giro político a los que, alrededor del tapado o escogido por el presidente de la República en turno, también aspiraban a la sucesión presidencial. Este juego tenebroso y perverso tal vez inició con el destape de Miguel Alemán; pero parece que más con la sucesión callista al designar a Lázaro Cárdenas y éste al imponer como su heredero a Manuel Ávila Camacho.


Constantemente hay que leer y estudiar la obra completa de Cosío Villegas: Labor periodística; sus cuatro textos El sistema político mexicano; El estilo personal de gobernar; La sucesión presidencial, y La sucesión: desenlace y perspectivas. Y la más reciente recopilación del periodista Cosío Villegas, Crítica del poder. Esta breve evocación se debe a la publicación del libro, coordinado por Jorge Zepeda Patterson, Los suspirantes 2012, donde incluyendo a éste, 10 periodistas ofrecen las biografías políticas de los suspirantes para sacarse la rifa del tigre, tras el desastre total de la no alternancia y mucho menos transición del Partido Acción Nacional y sus representantes: Fox y Calderón. Suspirantes de la sucesión presidencial, entre los que, a mi juicio, sólo uno reúne las características de ser, auténticamente, una cabeza política (que el lector la encuentre y decida).

Los suspirantes en orden de aparición, con sus biógrafos (con su lámpara de Diógenes para encontrar a los posibles candidatos-suspirantes y, quizá, pronosticar al que se alce con la victoria en las urnas), son Peña Nieto, el Luis Miguel de la política; López Obrador, la revancha; Ernesto Cordero, el hombre del presidente; Manlio Fabio Beltrones, el profesional; Marcelo Ebrard, el pragmático imperfecto; Josefina Vázquez Mota, la candidata; Santiago Creel, el regreso del ausente; Alonso Lujambio, el intelectual; Beatriz Paredes, el enigma detrás del huipil, y Juan Ramón de la Fuente, Heriberto Félix, Javier Lozano, Carlos Navarrete. Es una competencia intrapartidos y sus camarillas, y de entre ellos, tres entrarán a la jaula del tigre (a este reseñador le parece que serán López Obrador, Beltrones y Santiago Creel).

Son textos de calidad para enriquecer la opinión de los lectores-electores, para la discusión en coincidencia y/o desacuerdos y provocar el debate con los trabajos periodísticos. Y manos a la obra: leyendo-conversando con los autores Ignacio Rodríguez Reyna, Jorge Zepeda Patterson, Luis Miguel González, Miguel Ángel Granados Chapa, Alejandro Páez Varela, Guillermo Osorno, Carlos Benavidez Ortiz, Ricardo Raphael, Lydia Cacho y Rita Varela Mayorga. Diez autores en busca del sucesor.

Ficha bibliográfica:

Coordinador: Jorge Zepeda Patterson

Título: Los suspirantes 2012

Editorial: Temas de hoy, Planeta, 2011

Los miedos del PRI

Miguel Badillo

A unas semanas de que se elija gobernador en el Estado de México y a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2012, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) revela su temor de que algunos de sus miembros, principalmente exgobernadores, puedan enfrentar a la justicia por tener vínculos con bandas del narcotráfico, proteger al crimen organizado y lavar dinero producto del tráfico de drogas.

Su líder nacional, Humberto Moreira, calificó la semana pasada de “terrorismo político” las indagatorias de los órganos de procuración de justicia y los constantes señalamientos en la prensa, salidos supuestamente de oficinas del gobierno federal, de que hay expedientes abiertos en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de algunos exmandatarios estatales.

Aunque de inmediato el vocero de la PGR respondió que hasta el momento no se ha citado a ningún exgobernador priista ni mandatario en funciones del mismo partido, lo cierto es que desde el año pasado se han integrado expedientes penales en contra de políticos priistas, así como también se han investigado sus movimientos financieros en instituciones bancarias, nacionales y extranjeras, en donde se han encontrado sumas de depósito y retiros que, con mucho, rebasan los ingresos comprobables por salarios devengados. Esto mantiene nerviosos a muchos priistas de primer nivel, pues saben que han utilizado dinero cuyo origen es difícil probar que sea lícito.

Sin duda, el PRI sabe y conoce cómo se presiona a políticos de oposición. Durante 70 años lo practicó en contra de políticos de derecha y de izquierda, ahora representados por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). Una de esas muchas formas de presión política es mediante la integración de expedientes penales bajo amenaza de enviar a prisión a los opositores. Ese riesgo de perder la libertad, como un bien tutelado en toda sociedad democrática, congela los ánimos de cualquier ciudadano y, mucho más, de aquellos con aspiraciones políticas.

En septiembre del año pasado, en esta columna señalamos que por lo menos tres gobernadores priistas que terminaban su sexenio por esos días eran sujetos de investigación en las oficinas de la PGR por supuestos vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.
Decíamos hace ocho meses que para integrar los respectivos expedientes judiciales, el Ministerio Público Federal contaba con el apoyo de una coalición político-judicial integrada por líderes nacionales del PAN, PRD, Convergencia y grupo Día, los cuales buscaban ver en prisión a otros exmandatarios estatales priistas luego del encarcelamiento del exgobernador Mario Villanueva.

De la lista de exgobernadores priistas vigilados desde el año pasado, destacan dos exmandatarios del Norte, uno del centro y otro del Sur, a quienes testigos protegidos señalan de estar relacionados con cárteles de la droga y participar en el blanqueo de dinero sucio.

La responsable de integrar esos expedientes fue precisamente la entonces subprocuradora de Investigaciones en contra la Delincuencia Organizada, Marisela Morales, actual procuradora General de la República, quien contó con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las cuales le entregaron información de los movimientos financieros de políticos de todas las corrientes, con especial énfasis en el PRI y PRD.

Calderón y el PAN al acecho
Con el poder que le da a cualquiera disponer de los órganos de inteligencia del Estado, desde Los Pinos se ordenó vigilar puntualmente a políticos de primer nivel: precandidatos presidenciales, gobernadores y exmandatarios, diputados y senadores, líderes sindicales, luchadores sociales, periodistas críticos y empresarios opositores al sistema.

Las áreas responsables de integrar expedientes políticos y financieros son el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de Gobernación, y la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ambos órganos, donde se concentra la documentación y los principales expedientes de políticos opositores, envían una copia a la residencia presidencial; otros son archivados y los menos son turnados a las procuradurías General de la República y Fiscal de la Federación, donde se abren los procesos penales respectivos para darle curso en cuanto reciban la instrucción presidencial.

El trabajo del Cisen es ya conocido por la población y se sustenta en el espionaje a través de las vías de comunicación, teléfono e internet, así como la persecución y vigilancia directa sobre individuos previamente seleccionados. Además, los analistas de este órgano de seguridad nacional también revisan publicaciones impresas y radio y televisión, de donde obtienen reportes que posteriormente convierten en informes “confidenciales”.

Más sofisticado y sobre todo más profesional que el trabajo que realiza el Cisen, está la labor que desarrollan los técnicos de la UIF, este órgano de inteligencia financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y único enlace del gobierno mexicano con organismos internacionales responsables de combatir el blanqueo de capitales, lo que lo convierte en un instrumento sumamente útil para recabar informes del dinero que muchos mexicanos sacan del país y ocultan en instituciones financieras extranjeras.

A diferencia del trabajo sucio que hace el Cisen con sus viles escuchas telefónicas, el análisis de la UIF responde a los movimientos financieros que políticos realizan en instituciones bancarias, casas de bolsa y de cambio, instituciones de seguros, transferencias internacionales, depósitos en efectivo y, en general, compra y venta de bienes y servicios.

Con esa información recabada en bancos e intermediarios financieros, así como en la CNBV, esa Unidad de Inteligencia elabora expedientes con las cuentas de ingresos y egresos de los políticos, donde confirma el uso de dinero sucio que no proviene de salarios y que puede corresponder a fondos irregulares provenientes de la comisión de diversos delitos, como narcotráfico, tráfico de personas, prostitución, fraudes y robos.

Obviamente, en este gobierno panista, la lista de expedientes corresponde principalmente a políticos de oposición: PRI, PRD, Partido del Trabajo, Convergencia y Nueva Alianza, mientras que los políticos panistas se encuentran bajo un manto protector gubernamental.

Es así como la UIF ha sido la encargada de integrar las acusaciones en contra de políticos priistas y perredistas. Los expedientes en poder de la UIF suman miles y sólo unos cuantos han sido turnados al Ministerio Público Federal para su indagatoria y posterior integración de averiguación previa.

Hasta ahora, lo que sabemos es que el blanco principal de la persecución financiera son los equipos de los precandidatos presidenciables Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, todos con posibilidades reales de alcanzar la Presidencia de la República. En la lista le siguen exgobernadores priistas y perredistas, líderes de fracciones en cámaras de Diputados y Senadores, congresos estatales, dirigentes de partidos políticos, empresarios, líderes sociales y dirigentes gremiales, dueños de medios de comunicación, periodistas y jefes de prensa.

Por eso tienen razón Moreira y otros priistas en estar preocupados y temerosos, pues saben muy bien que el gobierno tiene en su poder información que compromete a muchos políticos de su partido y eso, precisamente, es lo que buscan frenar arguyendo “terrorismo político”.

Peña Nieto pide imparcialidad en caso Hank Rhon

El Arsenal

Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, aseguró que el PRI es un partido está en favor de la aplicación “irrestricta de la ley”, sin ningún tipo de sesgo.
Así lo dijo el gobernador mexiquense al ser cuestionado sobre su opinión respecto a la detención de Jorge Hank Rhon, ex edil de Tijuana, por la presunta posesión de varias armas de uso exclusivo del Ejército.

“Como partido creo que hemos estado siempre a favor de la aplicación irrestricta de la ley y del cumplimiento del estado de derecho, y evidentemente hemos señalado que cuando hay una actuación de parte de las instituciones del Estado mexicano deseamos que no se haga con sesgo, no se haga con otro interés que no sea el de hacer cumplir la ley y vaya más allá de este único propósito, más cuando estamos viviendo procesos electorales”, dijo el gobernador durante una visita que realizó a Nayarit donde apoyó al candidato de la alianza “Nayarit nos une”, Roberto Sandoval.

Peña Nieto pidió a las autoridades conducir una investigación transparente y reiteró “el posicionamiento invariable del partido, de un servidor, y de tener esta convicción y de simplemente esperar que este hecho pues al final de cuentas la procuraduría y quien lleva a cabo la investigación actúen con apego a la legalidad, con una gran transparencia, imparcialidad y objetividad en sus actuaciones”.

Durante la visita que realizó el mandatario mexiquense, estuvo acompañado de la primera dama Angélica Rivera. También estuvo presente el gobernador de Durango, Jorge Herrera.

Por su parte, el candidato de “Nayarit nos une”, agradeció la visita de Peña Nieto. Y aseguró que el PRI no utiliza “la guerra negra, utilizamos las propuestas, utilizamos el acercamiento con la sociedad y por eso seguro que sí la victoria de este 3 de julio”.

La invasión mexicana

Jorge Carrasco Araizaga

La “guerra a las drogas” de Felipe Calderón y la expansión de los cárteles mexicanos como empresas delictivas transnacionales está causando estragos en la imagen de México en el exterior.

La matanza de 27 campesinos en la comunidad de La Libertad, en el Departamento del Petén, Guatemala, a manos de un grupo de sicarios mexicanos y guatemaltecos pertenecientes al cartel de Los Zetas ha servido para inflamar el antimexicanismo en Guatemala.

Agraviados de por sí por el maltrato a sus connacionales que pasan por México en su migración hacia Estados Unidos, los guatemaltecos tienen más motivos para mirar con desconfianza hacia los mexicanos desde la masacre ocurrida el 15 de mayo en la frontera con México.

Los medios de comunicación desplegaron una intensa campaña para insistir en los efectos de la presencia de los narcotraficantes mexicanos en Guatemala. La prensa escrita, la radio y la televisión mencionan insistentemente a los “zetas mexicanos”, a la “violencia mexicana” y, en el extremo, “la invasión” mexicana a Guatemala.

Más preocupante aún es la presencia que Brasil está adquiriendo en esta frontera. Los brasileños están construyendo una carretera que llegará a las puertas de México, por donde dicen en esta nación les entra la violencia.

Ese discurso es alimentado por la clase política en medio de la campaña de la elección presidencial del próximo 11 de septiembre. Aunque se trata de mensajes para el consumo interno, “el narco mexicano en Guatemala” es un tema entre los candidatos presidenciales.

El propio presidente Álvaro Colom ha intentado chantajear al Congreso en un intento de obtener más recursos para seguridad, pues dice que si Calderón no ha podido con el narco en México, qué se puede esperar en Guatemala.

En el contexto de la “guerra de Calderón”, el discurso maniqueo subraya que la violencia asociada al narcotráfico en Guatemala es resultado del “efecto cucaracha” de las acciones emprendidas por México, cuando en realidad la expansión del narcotráfico responde a una dinámica económica en la que se disputan los ingresos ilegales del tráfico de estupefacientes y de otras actividades de delincuencia organizada.

Más allá de la utilización política, en algunos sectores de este país hay una auténtica preocupación y temor por la expansión del narcotráfico mexicano, particularmente de Los Zetas y sus enfrentamientos con los grupos locales aliados al cartel de Sinaloa que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán.

Además de algunas poblaciones que han sido controladas por el narcotráfico, el terror es manifiesto entre los fiscales o ministerios públicos, luego de que uno de ellos, Allan Stowlinsky fuera descuartizado en la ciudad de Cobán, al día siguiente de la matanza de la vecina Petén, en represalia por participar en varias acciones contra el narcotráfico.

Al igual que en muchas comunidades de México, la sociedad guatemalteca ha convivido por años con narcotraficantes sacando provecho del tráfico ilícito de drogas, ante las condiciones de pobreza y la ausencia institucional. La violencia extrema no es nueva en Guatemala. Los 36 años de guerra civil dejaron miles de muertos, desaparecidos y torturados y dejaron como herencia una sociedad armada en extremo.

El cese del conflicto armado también dejó una “infraestructura de la violencia” aglutinada en fuerzas privadas de seguridad en manos de militares retirados que suman más de 150 mil hombres, casi cinco veces superior a la fuerza combinada del Ejército y las Fuerzas Armadas.

En el contexto de extrema debilidad institucional en el que la propia Fiscal General del Estado, Claudia Paz, reconoce la ausencia del Estado en vastas zonas del territorio guatemalteco, no sorprende la presencia de los narcotraficantes mexicanos, que de por sí llevan varios lustros protegidos por autoridades locales.

Como una actividad transnacional, los narcotraficantes mexicanos necesitan socios locales y en Guatemala los tienen en todo el territorio. La presencia del Chapo, los Zetas y el Cartel del Golfo no se explica sin esa protección y connivencia.

Pero la imagen de violencia que México le ha dado al mundo durante el gobierno de Calderón ha causado estragos en la consideración hacia lo mexicano en el extranjero.

Durante los conflictos armados que padecidó en el último tercio del siglo pasado, Centroamérica tuvo a México como un referente en la búsqueda de la paz. Hoy México es sinónimo de violencia, y sus vecinos, que tienen incluso una historia más sangrienta, lo ven de menos y voltean cada vez más hacia el sur, en particular a Brasil.

Perú: las razones detrás de la victoria de Humala

Los peruanos votaron por un cambio y contra el retorno del fujimorismo. Así se puede explicar la histórica victoria de Ollanta Humala en la segunda vuelta de las elecciones en Perú.

El exmilitar nacionalista, quien obtuvo 50,7% de los votos, se impuso a la congresista, quien alcanzó 49,2% y será el primer hombre de tendencia izquierdista en llegar al poder en el país por la vía de las urnas.

"Hemos ganado las elecciones", aseguró en sus primeras declaraciones, ofrecidas siete horas después del cierre de las urnas.

Humala prometió mantener la senda del crecimiento pero hacerlo con inclusión social, hacer un Perú menos desigual y propuso la constitución de un gobierno de concertación nacional.

Tendrá un desafío enorme por delante: despejar rápidamente las dudas que se tienen acerca de su programa de gobierno, inspirar confianza y tender la mano para que ceda la polarización, característica mayúscula de una tensa campaña electoral.

El resultado, aseguran analistas consultados por BBC Mundo, es un reflejo de la necesidad de mucha gente por un cambio. Humala fue el único que hizo hincapié en ese punto.

El candidato de Gana Perú supo capitalizar el descontento de una porción grande de peruanos que no ha visto los frutos de la bonanza económica en un país que ha crecido a un promedio de 5% en los últimos diez años, pero que mantiene un tercio de la población en la pobreza.

Ahora deberá hacer equilibrio: calmar a las elites, temerosas de su gobierno, y darle respuestas a las demandas de una parte del pueblo que vio en él la posibilidad de ser escuchado.

"La pregunta es si tiene cintura para hacer ambas", le dice a BBC Mundo el analista Aldo Panfichi.

Las razones

Humala había encendido en 2006 la luz de alerta cuando quedó a un paso de la Presidencia, tras perder en el balotaje frente a Alan García tras obtener el 47% de los votos.

Ya en ese entonces medio país se sentía olvidado, pero un radical discurso de Humala -en ese entonces más cercano en sus palabras a Hugo Chávez que a Lula da Silva, su actual modelo- demostró que el país todavía no estaba dispuesto al salto.

Ahora sí. Lo ayudó que el gobierno de García mantuviera el rumbo del crecimiento pero sin hacer ajustes de inclusión social.

También su rival, en parte, jugó a su favor. El hecho de tener una Fujimori en la contienda fue un trago difícil de superar para muchos peruanos que sentían no iban a poder convivir con el hecho de votar por el retorno del fujimorismo.

Ser la hija de Alberto Fujimori, el expresidente ahora preso por violaciones a los derechos humanos, terminó siendo un arma de doble filo para su adversaria. La conciencia pesó.

Su equipo, conformado por figuras importantes del gobierno de su padre, hizo de lastre y su promesa de hacerle frente a la corrupción no terminó de convencer al electorado.

A la expectativa

Humala asumirá el mando el 28 de julio y gobernará durante los próximos cinco años.
Pero deberá, lo antes posible, dar señales cruciales para tranquilizar a distintos sectores, que aguardan ansiosos sus primeros pasos.

Entre ellos, el mercado, los inversionistas y el mundo empresarial, que veían con malos ojos -y temor- algunas ideas en el programa de gobierno del candidato tendientes a poner en tela de juicio ciertos elementos del modelo económico.

Las contramarchas en sus propuestas despertaron críticas y crearon un aura de misterio en torno a qué haría de llegar a la Presidencia del país que más ha crecido en América Latina en la última década.

Dar a conocer rápidamente el nombre de su primer ministro y el titular de la cartera de Economía -y que sean personas que le aporten peso al gobierno-, son algunas sugerencias que hacen los analistas en aras de apaciguar los ánimos dubitativos.

"Debe poner gente que calme las aguas. Pero si eso es suficiente, no lo sé", dice Panfichi.

Este domingo el ministro de Economía, Ismael Benavides, dijo que el gobierno tenía un plan de contingencia en caso de que el mercado caiga por la victoria de Humala.

En la recta final

Aunque su victoria se empezó a gestar en la elección de 2006, a lo largo de la campaña Humala siempre vino de atrás.

A principios de marzo, apenas un mes antes de la primera vuelta de abril, aparecía relegado en las encuestas. Pero empezó a remontar y terminó llevándose la victoria con el 31,7% de los votos.

En la campaña para el balotaje nuevamente arrancó de abajo. Una semana atrás, las encuestas las lideraba Fujimori.

Y en la recta final le arrebató la victoria. Los analistas no descartan la existencia de cierto "voto oculto" favorable a Humala que no aparecía en las encuestas.

También, asegura Guillermo Loli -de la encuestadora Ipsos-Apoyo- se puede haber dado por pérdidas del voto femenino a Fujimori, tras las denuncias reflotadas esta semana de esterilizaciones forzadas de mujeres bajo el gobierno de su padre.

Para Panfichi también influyó un "efecto boomerang" por la campaña mediática en contra de Humala: "La gente sintió que le estaban pegando por todos lados, lo que terminó por victimizar a Humala".

El resultado de la elección confirma el divorcio entre Lima y el resto del país: Fujimori arrasó en la capital y Humala consiguió la victoria en la amplia mayoría de las regiones.

Es allí donde tendrá una prueba importante. Con cientos de conflictos sociales en todo el país, deberá empezar a desactivarlos. "La impaciencia en las provincias puede ser su talón de Aquilies -dice Panfichi-. Van a querer que les responda rápido".

Podrían extender plazo para definir situación jurídica de Hank Rhon

La Procuraduría General de la República (PGR) puede definir mañana la situación jurídica del empresario Jorge Hank Rhon, quien permanece en calidad de presentado en sus instalaciones.

Fuentes de la dependencia informaron que se cuenta con un plazo de 48 horas para determinar su situación jurídica; sin embargo, de considerarlo necesario, el Ministerio Público Federal podría solicitar la duplicidad del término para realizar una mayor investigación.

Hank Rhon fue detenido el día de ayer por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en un domicilio ubicado en calles de la colonia Hipódromo, en la ciudad de Tijuana, Baja California, junto con 10 personas más.

Por estos hechos, el agente del Ministerio Público de la Federación inició una averiguación previa por la probable comisión de delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego de que se aseguraran 88 armas.

Ollanta Humala es el nuevo presidente de Perú

Los primeros resultados oficiales dan cuenta de que el candidato nacionalista logró un 50,08% de los votos frente al 49,91% que obtuvo la conservadora Keiko Fujimori.

Luego de varias horas de conteo, los primeros resultados oficiales indican que Ollanta Humala es el nuevo presidente de Perú.

Con el 75% de las mesas escrutadas, el candidato nacionalista se impuso con el 50,08% de los votos frente a su competidora, la conservadora Keiko Fujimori, quien logró el 49,13%.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), comunicó que aún faltan computar los datos de las zonas rurales -donde se considera que Humala un apoyo mucho más sólido que su rival-.

Asimismo, en el departamento de Lima, que congrega a cerca de un cuarto de los electores y que fue contabilizado en su totalidad, Keiko obtuvo un 57% de los votos frente a un 42% que alcanzó Humala.

Keiko se fue

La candidata conservadora, e hija del ex presidente peruano Alberto Fujimori, dio por perdidas las elecciones al abandonar el búnker donde pasó gran parte de la jornada. Keiko se retiró a su casa mientras que los simpatizantes de Humala abarrotan una plaza del centro de Lima, donde esperan a su líder para festejar su victoria.

Eco-Noticias Político No. 644

Monitoreo del Entorno Político para los Negocios
Período del 01 al 06 de Junio de 2011


NOTICIAS DEL IMPERIO DEL ESTADO DE DERECHO

Hank: entonces el lobo llegó
El problema con Hank Rhon es más profundo de lo que se supone. En EU hay varias investigaciones judiciales abiertas -o cuando menos aún no cerradas- cuyas pistas llevan a la familia. Hasta ahora nada se les ha probado. Y cuando menos Carlos Hank Rhon ha hecho negocios en EU sin obstáculos judiciales. Sin embargo, el caso de Jorge es diferente. Lo de las armas podría ser apenas la punta de iceberg de indagaciones en curso. [Carlos Ramírez, Indicador Político, El financiero, Junio 06 / 2011]

Ingresa Hank Rhon a la SIEDO
Jorge Hank Rhon, ex Alcalde de Tijuana, ingresó a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR. […} Cerca de la 1 de la madrugada el empresario Hank Rhon y los 10 vigilantes detenidos con él durante el operativo efectuado en su domicilio de Puerta de Hierro, Baja California, arribaron a la SIEDO en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. […] Las aeronaves procedentes de la Base Aérea Militar en la Delegación Mesa de Otay llegaron al hangar de la PGR, en el aeropuerto capitalino, custodiadas por las fuerzas especiales del Ejército y elementos de la Policía Ministerial. [Henia Prado, Grupo Reforma, Junio 05 / 2011]

¿Tendrán relación ambos hechos?
Que la aprehensión del ex alcalde de Tijuana puede tener repercusiones mucho más allá del Estado de México, quizá hasta Estados Unidos, cuyo gobierno retiró la visa al empresario el año pasado. [Trascendió / Milenio Diario, Junio 5, 2011]

Salinas: la Corte y el sarao… Los casos de Valls y Silva
En la tradición mexicana, las fiestas de los poderosos son, como en las formas de hacer el poder de la mafia, relaciones políticas. Durante el sexenio de Salinas se torció el sistema judicial y el poder presidencial se impuso a las leyes en los temas de las reformas de Salinas que liquidaron el proyecto político de la Revolución Mexicana, como se revela en la colección de documentos reunidos en el libro La Suprema Corte de Justicia durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994): el operativo contra La Quina violando los derechos humanos, las relaciones con el Vaticano, el caso de los magistrados que protegieron a un violador en Guerrero, la reprivatización bancaria, el tratado de comercio libre, el asesinato de Posadas que hasta la fecha la Corte rechaza su indagación, la crisis de seguridad y la renuncia del ministro presidente Carlos del Río. […] De ahí el hecho de que ministros de la Corte como Valls Hernández realicen fiestas al viejo estilo priista y que tengan como invitado de honor a personalidades del poder aún vigente como el expresidente Salinas de Gortari. Sobre todo por el hecho de que Salinas de Gortari sigue en activo con asuntos pendientes en el terreno judicial. […] Un asunto aún abierto en la sociedad y obviamente en el sector judicial involucra a la Corte de Valls y de su actual presidente Silva Nieto, el primero como anfitrión de la fiesta en Chiapas y el segundo como invitado, y en la misma fiesta el expresidente Salinas de Gortari como figura estelar: el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo de 1993. […] Apenas el año pasado el gobernador jalisciense panista Emilio González Márquez y el congresista estadounidense Christopher H. Smith solicitaron formalmente a la Corte el ejercicio de la facultad de atracción de la investigación salinista del caso Posadas y los ministros Valls y Silva Nieto votaron en contra de la solicitud, con lo que Salinas de Gortari le dio otro cerrojazo al caso Posadas. La solicitud se hizo con base en el segundo párrafo del 97 constitucional, así como la Corte sí había aceptado los casos de Aguas Blancas, Atenco y los de los gobernadores de Puebla y Oaxaca. […} En este contexto debe leerse políticamente el sarao priista del ministro Valls Hernández en Chiapas con la presencia del expresidente Salinas de Gortari. En la sesión de la Corte del 20 de abril de 2012, en la que el pleno votó contra la solicitud de atraer la autoinvestigación del crimen del cardenal que realizó el gobierno de Salinas que a la vez era el principal sospechoso del asesinato, el ministro Valls Hernández estableció su criterio a favor de los intereses de Salinas. [Carlos Ramírez, Indicador Político, El Financiero, Mayo 31 7 2011]

GOBIERNO DE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA

¿Alguien había pensado otra cosa?
El presidente Feli dejó en claro ayer que el gobierno federal mantiene una alianza con el sindicato magisterial, "pero no es una alianza de carácter político y oportunista, es una alianza por la calidad de la educación en México"... Pues sí, señalan, nadie había pensado otra cosa... [Eva Makívar, La Créme de la Créme, El financiero, Junio 01 / 2011]

LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL

Pide Vázquez Mota reglas claras en PAN
La diputada federal, Josefina Vázquez Mota, pidió reglas claras para la etapa informal y el proceso formal de elección del candidato del PAN a la Presidencia de la República, a fin de preservar la unidad interna. […] En rueda de prensa en el Senado, Vázquez Mota dijo que incluso se debe analizar la posibilidad de abrir ese proceso al voto ciudadano, pues siempre se ha dicho que Acción Nacional no tiene dueños y que es un partido de la gente. [El Financiero con información de Agencias/TPC, Junio 01 / 2011]

AMLO
Nos caiga bien o mal AMLO, debemos estar atentos a lo que hace y reconocer la importancia creciente de su discurso. Si usted hace a un lado sus vísceras y escucha con atención sus palabras, deberá aceptar que sus propuestas pueden no gustar, pero sus acusaciones y reclamos son ciertos: el dinero del País sigue en unas cuantas manos, la corrupción aumenta día a día, la impunidad sigue reinando por todos lados, tenemos una ley para los ricos y otra para los pobres, las instituciones no funcionan, la educación está de capa caída, el PAN ha resultado igual o peor que el PRI en muchas cosas, los diputados y senadores son levantadedos... [Rosaura Barahona, El Norte, Junio 02 / 2011]

Enrique Peña Nieto… empezó la caída libre
Aunque para algunos la detención de Jorge Hank Rhon fue solamente una llamarada de petate, lo cierto es que el golpe de las Fuerzas Federales cimbró la estructura y hasta los cimientos de los más altos círculos del poder político en México. Es cierto, Hank Rhon no es funcionario público sin embargo, el más joven de los hijos del profesor Carlos Hank González es uno de los pilares del negado Grupo Atlacomulco que ejerce desde hace tiempo una suerte de dictadura en el Estado de México. [Claudio F. Orenday especial para RMX, Junio 05 / 2011]

¿Gobernador (es) priísta(s) en la mira?
Se dijo en el cónclave priísta del domingo por la noche: el ex gobernador al que le tienen puesta la mira en el gobierno federal no necesariamente es por presuntos vínculos con el narcotráfico. ¿Y si fuera en realidad Arturo Montiel? Hay priístas que creen que, más que por el tema del narco, en la administración calderonista estarían evaluando un “expediente negro” por corrupción en el Estado de México. De ese modo, explican, darían un golpe con doble efecto: le pegan al PRI y también a su precandidato puntero al 2012, Enrique Peña Nieto. ¿Será real el temor priísta...? [Salvador García Soto, Serpientes y Escaleras, El Universal, Junio 01 / 2011]

LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA VAN DE LA MANO

El banco de inversión Goldman Sachs, en la mira del fiscal de NY
Los fantasmas de la crisis financiera de 2008 no dejan de hacer sombra en el banco de inversión Goldman Sachs, por lo que ahora recibió una citación judicial de fiscales de Nueva York. […] Las autoridades buscan información sobre el papel del banco en el desarrollo de la crisis financiera mundial, dijo una fuente con conocimiento del asunto. […] La citación del fiscal del distrito de Manhattan, Cy Vance, es el golpe más reciente para el gran banco de inversión estadunidense, que está reinventándose en momentos en que nuevas regulaciones financieras en Estados Unidos socaban algunos de los negocios claves de Goldman. * * * De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, además de la citación de Nueva York, posiblemente también el Departamento de Justicia cite al banco. […] Una citación es un pedido de información y no representa ninguna garantía de un cargo. […] En ambos casos, los fiscales buscan conocer más en relación a documentos desenterrados por un informe de un subcomité del Senado estadunidense acerca del rol de Wall Street en el colapso del mercado inmobiliario. […} El informe señala que Goldman traspasó parte de su exposición hipotecaria subprime a clientes incautos a fines de 2006 y en 2007, cuando el mercado estaba iba en picada.[…] En algunos casos, el banco se demoró cuando los clientes quisieron cerrar las posiciones que tenían pérdidas, de acuerdo al informe. [Redacción, Excélsior, Junio 03 / 2011]

REFLEXIONES

Para meditar: Si las gotas de lluvia fueran de chocolate…
Hasta hace no mucho solía cantarla junto con mi hija Alejandra. Era, por graciosa, una de nuestras favoritas. Pero jamás pensé que podría llegar a ser tan estremecedora. Que la habría de oír con un nudo en la garganta y la rabia en el pellejo. Acompañada de las ráfagas criminales de allá afuera. Entonada con una extraña mezcla de miedo y determinación por la maestra. Susurrada apenas por los niños de caritas pegadas al suelo. En un salón de kínder amenazado por las balas. […] Qué bien por la capacidad de reacción de la profesora Martha, quien dijo aplicar los protocolos de seguridad del gobierno. Pero qué vergüenza que eso ocurra en un país que libra una guerra perdida. Si las gotas de lluvia fueran de chocolate… [Ricardo Rocha, Detrás de la Noticia, El Universal, Junio 01 / 2011]

Es indignante que no haya un movimiento de indignados en México.
Sé -porque conozco a muchos y soy uno de ellos- que México está lleno de indignados. Están dadas todas las condiciones para un masivo movimiento ciudadano, no violento, que cimbre al País y haga temblar a sus inefectivos gobernantes. A veces tengo esa sensación de que algo está a punto de brotar o de explotar en México. Falta la chispa. […] ¿Dónde están los indignados en México? Por ahora, en su mayoría, en sus casas y en sus oficinas, no en las plazas y en las calles. Y así no viene el cambio. Mientras los indignados mexicanos no actúen, no exijan, no desenmascaren a sus gobernantes, no protesten, no pregunten, no desmaquillen a México, no incomoden, no propongan... nada va a cambiar. [Jorge Ramos Ávalos, Grupo Reforma, Junio 05 / 2011]

Para meditar… [Manuel Bartlett Díaz, El Universal, Junio 02 / 2011]
El sistema era seguro, suponían Ben Alí, Mubarak y Zapatero, expulsados precisamente por ajenos a sus pueblos. Estamos cerca, hay grandes similitudes.

Pemex como botín

Marcos Chávez

Comparado con lo que los panistas y los priistas están dispuestos a pagar para comprar la Presidencia, el daño que causa al país el denominado “crimen organizado” –el descompuesto residuo del sistema y su modelo neoliberal, cuyas huellas a menudo se pierden entre los laberintos del poder, donde priman operaciones de similar o peor catadura, pues éstas son amparadas por una legalidad espuria que las elites manipulan a su libre arbitrio– es un juego de niños.

El escalamiento de la rivalidad de esos partidos por ganarse los favores del verdadero elector, la oligarquía y el capital trasnacional: ha adquirido un perfil alarmantemente siniestro. En su inmensurable apetencia por controlar el gobierno, rivalizan por tratar de demostrar quién tiene una mayor capacidad para subordinar al Ejecutivo y al Legislativo ante los llamados poderes fácticos, quién les otorgará mejores concesiones, quién intensificará la entrega de la nación como botín. Con escaso éxito hasta el momento, la facción priista asociada a Manlio Fabio Beltrones busca venderles mayores beneficios tributarios. La coligada a Enrique Peña, el desmantelamiento de los derechos laborales de los trabajadores. Uno y otro partido, desde la Presidencia y el Congreso, comparten los dividendos devengados por las jugosas concesiones otorgadas a los monopolios y oligopolios, nacionales y trasnacionales, Televisa, TV Azteca, Bimbo, Peñoles, Maseca, Monsanto, Halliburton, Schlumberger o Repsol, entre otros, cuyos dueños –Emilio Azcárraga, Carlos Salinas Pliego, Germán Larrea, Lorenzo Servitje o Roberto González Barrera, por mencionar a algunos–, señalados por financiar sus campañas electorales, se han convertido en factores decisivos en la selección y encumbramiento presidencial de sus candidatos, en los grandes triunfadores de los negocios de conveniencia establecidos entre los grupos políticos y empresariales, en pontificadores de sus decisiones públicas, en feroces mastines que atacan despiadadamente a quienes tienen la osadía de desafiar sus intereses.

Petróleos Mexicanos (Pemex) es un caso paradigmático de esa oscura relación. Desde la década de 1980, la competencia y la connivencia entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional por desmantelar a la industria petrolera, depredarla y saquearla han sido despiadadas. Con interpretaciones y cambios constitucionales tramposos, primero destruyeron su cadena productiva al cercenarle la petroquímica básica. Luego la subordinaron a los intereses geopolíticos de Estados Unidos e inventaron los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas) –178 mil millones de pesos que terminaron consolidándose como deuda pública– y, después, con otro nombre, desempolvaron los alemanistas contratos de riesgo para abrir las puertas a la inconstitucional inversión privada en las obras de infraestructura de la paraestatal, en la exploración de yacimientos y la perforación de pozos, supuestamente para contrarrestar el desplome de las reservas petroleras. El número de pozos perforados durante el panismo pasó de 283 a 1 mil 490; los campos descubiertos, de seis a 13, y los explotados, de 4 mil 184 a 6 mil 890. Sin embargo, la productividad media por pozo cayó de 959 mil barriles diarios a 459 mil, 43 por ciento menos. La producción total de hidrocarburos, de 3 millones de barriles diarios a 2.6, 13.4 por ciento menos; las reservas totales se desplomaron de 58.1 mil millones de barriles (MMB) a 43.1 MMB, 26 por ciento, y las probadas, de 25 MMB a 14 MMB, 44 por ciento. Los resultados empresariales han sido paupérrimos; pero sus ganancias, seguras como los pasivos que acumula Pemex. Ahora les entregan los campos maduros. En cambio, a los consumidores locales de los derivados (gas, gasolinas, gasóleo) les imponen precios de primer mundo con ingresos de tercero.

Para justificar la depredación privada, los priistas y después los panistas han saqueado fiscalmente a Pemex. Con Fox y Calderón, la empresa registró una ganancia acumulada por 3.7 billones de pesos nominales, pero ésta se convirtió en una pérdida después del pago de impuestos por 353 mil millones. A ello hay que agregar el manejo turbio de la empresa por parte de sus funcionarios, por ejemplo de su área internacional, y su deliberado interés por castigar sus actividades. ¿Dónde está la refinería que supuestamente se iba a construir en Tula, Hidalgo, para reducir la importación de gasolinas? Los panistas y priistas del Congreso han solapado la estrategia destructora y depredadora de la paraestatal.

Ahora, en su desesperado intento por evitar la derrota electoral de su partido en 2012, Felipe Calderón dobla la apuesta en el proceso silencioso –si es que se le puede llamar de esa manera– para reprivatizar Pemex a través del mercado accionario. La misma treta empleada por el renegado de la izquierda Fernando Enrique Cardoso para entregar Petrobras al capital privado, o por Carlos Menem: hacer lo mismo que hizo con la entidad pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales. En Estados Unidos, a través de la empresa Bloomberg, sondeó esa posibilidad. A los oligarcas mexicanos les prometió lo mismo, según reveló Mario Sánchez Ruiz, dirigente del Consejo Coordinar Empresarial, y, como es natural, éstos inmediatamente le propusieron hacerlo con todas las empresas públicas. José Méndez Fabre, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, sugirió que iniciara el banquete colocando Aeropuertos y Servicios Auxiliares en la mesa, y luego, con fresca desvergüenza, añadió: “¿Qué mejor inversión podemos tener como mexicanos que ser dueños de una acción de Pemex, de ASA o de la Comisión Federal de Electricidad, con todos los requisitos de transparencia y gobierno corporativo que exige la bolsa?”. El colapso financiero mundial de 2007-2009 evidenció lo que representa la transparencia: los “capitales buitres”. Ésa es la democracia del capitalismo mafioso que, además, en voz de Méndez Fabre, exige cambios en las reglas de los fondos de pensión, saquear los ahorros acumulados de los trabajadores. Para la oligarquía, los beneficios; para los trabajadores, las pérdidas.

El señalamiento de que la emisión de acciones bursátiles de Pemex significa la “democratización” de su capital, la cual, adicionalmente, le aportará capitales frescos que fortalecerán sus actividades, no es más que un grosero argumento para tratar de justificar un paso más en la reprivatización de la empresa. Se ha señalado a Petrobras como ejemplo. Sin embargo, Lula se vio obligado a crear una empresa pública petrolera para reiniciar el proceso de la soberanía brasileña en la materia. Los argentinos son víctimas de los abusos que cometen las empresas con la manipulación de los precios de los derivados de los hidrocarburos y que, adicionalmente, se desinteresaron por invertir en la búsqueda de nuevos yacimientos.

Pemex aporta actualmente entre el 35 y el 40 por ciento de los ingresos fiscales del Estado. La emisión accionaria significaría redistribuir las ganancias de la empresa a favor de quienes concentren los papeles, agravando sus problemas financieros de la empresa. Ello implicaría, asimismo, una pérdida de ingresos estatales, lo que obligaría al gobierno a aumentar los impuestos, sin duda los aplicados al consumo, para compensar la pérdida, o a reducir el gasto para compensar su caída, o una combinación de ambos.

Retorno a Copala

Más de 300 familias pretenden llegar a San Juan Copala, centro ceremonial de la cultura triqui, de donde fueron desplazadas por las organizaciones MULT y Ubisort durante la administración de Ulises Ruiz. Apostados en el centro de Oaxaca, esperan que el gobierno aliancista de Gabino Cué Monteagudo les garantice una entrada libre de violencia a su tierra. A su paso por la ciudad de México, reciben cobijo y solidaridad de colonias y pueblos en lucha; pero ni una puerta oficial se les abre; silencio e indiferencia de autoridades federales y consorcios mediáticos

Érika Ramírez


Fidelfia tiene 12 años; su hermana, 14. La mayor es tímida, apenas habla; entrelaza y desata sus dedos, mientras Filadelfia denuncia con voz clara y fuerte. Se nota el carácter, la fuerza, también la desesperación: “Es que mis hermanitos no tienen nada. Mi papá no puede trabajar por el balazo en la cabeza. Mi abuela tampoco: se lastimó un brazo al salir por el monte. Por eso, nosotros les mandamos dinerito, pero no nos alcanza para todos”.

Para la niña triqui, no hay más opción que trabajar, tejer todo el tiempo, todos los días. Las diademas que elabora apenas si le dan para comer y mandar un poco de “dinerito” a Yosoyuxi –la comunidad vecina de San Juan Copala, de donde escapó con su familia el año pasado.

Teresa Ramírez Sánchez, mujer triqui, de 32 años de edad, era la madre de Fidelfia. Fue asesinada al pie de la carretera el 19 octubre de 2010. Apenas había salido de la tierra que la refugiaba, una bala atravesó su espalda. Su esposo y padre de seis hijos, Jordán Ramírez González, libró la muerte, pero ahora padece enfermedades, hambre, desempleo, la orfandad de su familia y la suya.

“Allá teníamos todo: ropa, huaraches. Mi papá sembraba frijol, maíz, quelite, también guayabas y duraznos; con eso comíamos. Ahora comemos lo que se puede”, dice la niña ataviada con un huipil rojo que le tejió su abuela.

Fidelfia va de una oración a otra, trata de decir todo, que nada se le olvide. Ella quiere regresar a su casa. “Nos salimos de Copala porque los del MULT [Movimiento de Unificación y Lucha Triqui] y la Ubisort [Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui] nos disparaban”.

“Teníamos miedo. Nos prestaron una casa en Yosoyuxi; ahí nos quedábamos. Pero nacimos en Copala. Nos acostumbramos a vivir ahí, ahí pensamos que es nuestro único hogar. Mi mamá era buena, trabajadora, nos quería”, dice.

A Fidelfia y a sus hermanos se les acabó todo: la tranquilidad, la alimentación precaria, pero asegurada al día; la escuela, la familia, la infancia. “Desde que mi mamá murió, nos tuvimos que venir a México, con mi tía, a vender diademas”, relata.

Como la familia de Filadelfia, otras 300 (más de 1 mil personas) salieron huyendo de las balas, las violaciones sexuales, los golpes y el saqueo en San Juan Copala, centro ceremonial de la región triqui en Oaxaca. En ese lugar se desató una guerra silenciosa comandada por paramilitares.

Desde noviembre de 2009, los habitantes que exigían autonomía para el municipio de San Juan Copala –hombres, mujeres, niños y ancianos– viven asilados en el zócalo de su propio estado o el de la ciudad de México. Salieron poco a poco, mes tras mes, en espera de que todo terminara pronto.

Ahora, viven en “plantones” donde padecen la incertidumbre, la zozobra, el hambre y el abandono de los gobiernos. También llegaron a Guadalupe Tilapa, Yosoyuxi, Santa Cruz Tilapa, Agua Fría, pueblos vecinos en los que encontraron un amparo.

La indiferencia

Los portones de Palacio Nacional, cerrados. En el mástil no había bandera que ondeara ante su paso. Soldados y policías los miraban de reojo, como negando a su propio pueblo. Algunos con sorna, indiferencia o incomprensión. Llegaron los indios, los desplazados. Los triquis habían arribado a la plancha del zócalo capitalino después de cinco días de recorrer carreteras y caminos. El fin: intentar el regreso a su comunidad.

Alzaban cinco mantas con la exigencia de justicia y respeto para su pueblo. Gritaron consignas que parecían irse al vacío. Hubo eco sólo entre ellos y sus acompañantes. Son los desplazados de San Juan Copala que marcharon con la misma fuerza bajo una pertinaz lluvia o a los rayos del sol. Ellas, ataviadas con su huipil de estambre rojo y listones de colores, que se levantan a la menor provocación del viento.

Las mujeres que encabezan la Marcha del Color de la Sangre –como se le llamó a esta manifestación de los indígenas del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente– fueron escoltadas por sus hombres, maestros, obreros, campesinos.

No hubo cámaras de video que transmitieran a nivel nacional el conflicto que ha dejado a más de 300 familias sin vivienda, sin tierras donde sembrar. Tampoco, micrófonos que llevaran a las estaciones de radio la problemática.; pero sí, escasas plumas, que parecía no tener espacio en sus medios. Nada se publicó, nada se dijo, como si nada pasara.

Acompañados por la sociedad civil, los campesinos, los despojados del empleo, sus bienes. Unas 500 personas rodearon la plaza principal para exigir justicia y el esclarecimiento de la muerte de Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y Jiry Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés, asesinados el 27 de abril de 2010 en la comunidad La Sabana cuando pretendía entrar la primera caravana de paz a la zona.

Justicia, también para Timoteo Alejandro Ramírez, líder triqui de la comunidad de Yosoyuxi e impulsor del Municipio Autónomo de San Juan Copala, ejecutado con Tleriberta Castro, su esposa, el 20 de mayo de 2010. Justicia para los más de 20 muertos que ha dejado el asedio paramilitar en la zona. Justicia para las mujeres violadas; para los desplazados que ahora quieren regresar a su tierra.

Triquis en el DF

Llegaron la madrugada del 25 de mayo. Habían pasado por Oaxaca, Puebla y el Estado de México. Recorrieron universidades, campos, urbes. Acamparon donde les abrieron las puertas, donde también hay problemas, donde se busca la unión.

En el Distrito Federal, pernoctaron en las casas semidestruidas que ha dejado la obra de la Supervía, en la colonia La Malinche, delegación La Magdalena Contreras. Como en un campo de batalla, los niños jugaban entre los escombros. Allí, se prepararon 30 kilos de maíz para pozole, se escucharon discursos, se bailó. Fueron recibidos por los integrantes del Frente Amplio contra la Supervía Poniente, quienes se oponen a la construcción privada de capital español que impulsa el gobierno de Marcelo Ebrard al Sur de la ciudad.

Un día antes habían estado en la Universidad Autónoma de Chapingo y en el pueblo de San Salvador Atenco, donde Ignacio del Valle, líder de los campesinos de esta comunidad, les entregó un machete como símbolo de resistencia.

En La Magdalena Contreras, Rafael Martínez, vocero del Frente Amplio contra la Supervía Poniente, dice que “el desplazamiento de las personas no sólo se está dando en las comunidades indígenas en toda la República, sino también en las ciudades, con el propósito de realizar grandes obras. Cuando los gobiernos ya no funcionan, creemos que ya no importa a quién se le pega. Hoy en día lo hacen con la gente del Municipio Autónomo de San Juan Copala, pero también lo hacen aquí. Es importante tener este vínculo para ver cómo podemos hacer esta lucha frontal”.

Timoteo sigue

Se va terminando el recorrido. Una centena de mujeres triquis se enfilan en dos grupos, levantan las fotografías de sus muertos. Ahí va Bella Alejandro, hija del líder triqui Timoteo Alejandro. Grita, sonríe, comparte con sus compañeras la consigna “¡Gabino, Gabino, castigo a los asesinos!”.

“De mi padre aprendimos mucho; nos enseñó a apoyar a las personas y a ser solidarios. Nos decía que debíamos compartir todo. Le importaba mucho la gente de San Juan Copala y a las de las otras comunidades también. Daba su propia vida por ellos; la dio, lo hizo.

“Nos enseñó a cuidar a las mujeres. Nos mandaba a aprender de los derechos de las mujeres con Bety Cariño. Lo que más nos ha dolido de todo esto es que los de la Ubisort y del MULT no sólo han asesinado a los hombres, también han violado a las mujeres. Eso es un horror. Mi padre nunca quería eso”, recuerda la joven de 18 años.

Bella creció en Yosoyuxi; ahora vive en todas partes. Después del asesinato de su hermano, su padre y la esposa de éste, nada es seguro. Va de un estado a otro en busca de trabajo, de sustento. Supo de esta marcha mientras se conmemoraba un año de la muerte de Timoteo en su comunidad.

“A veces no sé qué hacer; no tengo ganas de nada, me siento muy triste. Pero, como un día dijo mi padre, así es la vida. Lo que tengo ahora es a su gente; por eso estoy aquí”, dice.

La autonomía

La calle 5 de Mayo, en el centro histórico de la ciudad de México, es el escenario donde los reclamos, los machetes y la fuerza se combinan. Ahí van los triquis, también los opositores a la Supervía, los adherentes a La Otra Campaña y los universitarios.

Ahí va Ignacio del Valle, excarcelado el 1 de julio de 2010 luego de permanecer cuatro años y 27 días recluido en el Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano por el delito de secuestro equiparado.

También, Ángel Benhumea, padre de Alexis Benhumea Hernández, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México asesinado en 2006. El joven fue herido en la cabeza por un proyectil de gas lacrimógeno durante los hechos violentos del 4 de mayo en San Salvador Atenco.

Con el machete en alto, Ignacio del Valle habla de la autonomía que exige San Juan Copala: “Quien en su boca tiene la palabra autonomía es porque encierra una actitud de conciencia revolucionaria. Plantea la no dependencia, la libertad, la democracia. Quizá en una forma que pareciera rudimentaria, es lo que significaría en un país la soberanía, la libertad de decidir el futuro de una comunidad.

“Conseguir la autonomía no es fácil, es todo un proceso de conciencia de quienes esgrimen en su voz esa forma de querer vivir diferente. La diferencia está en reconocernos como pueblo, en fincar un futuro que emerja de la decisión de cada uno de los ciudadanos. Esto es consecuencia de que el sistema ha llegado a un punto de crisis, en donde ya no se enmascara, reprime a la gente que protesta”, dice.

Medidas cautelares ineficaces

Desde septiembre de 2010 se han pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la seguridad y protección a más de 1 mil habitantes de San Juan Copala y las comunidades aledañas.

Sin embargo, Priscila Rodríguez Bribiesca, abogada responsable de la solicitud al organismo interamericano, dice que “el gobierno mexicano no ha hecho nada en estos nueve meses que lleva de desplazamiento, pese a que la CIDH ordenó al gobierno mexicano entablar reuniones semanales con los primeros 135 beneficiarios de estas medidas cautelares”.

El pasado 24 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también emitió una serie de recomendaciones, entre las que destaca: “Se tomen las medidas inmediatas que se consideren pertinentes para lograr la efectiva restitución de los derechos humanos a la seguridad pública, a la educación, a la protección de la salud y al libre tránsito de los habitantes de San Juan Copala, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, con el propósito de preservar el orden en la comunidad, sentar las bases para la consecución de una convivencia social armónica perdurable; y garantizar la no repetición de estos actos violatorios de los derechos humanos y se remitan a este organismo nacional las constancias que acrediten su cumplimiento”.

Las recomendaciones fueron dirigidas al gobernador Gabino Cué Monteagudo, a la diputada Eufrosina Cruz Mendoza –presidenta de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso oaxaqueño–, y a los integrantes del Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, dice a Contralínea que, con ello, “estamos acompañando por segunda ocasión a los miembros de la caravana que proceden de San Juan Copala. También que se puedan abrir los canales institucionales para dotar de garantías adecuadas a todos los miembros de la comunidad y que puedan ejercer plenamente sus derechos, sobre todo vivir con la seguridad adecuada”.

La CNDH ordena que se instrumenten las acciones “necesarias para garantizar el retorno de los pobladores que, con motivo de la inseguridad que prevalece en San Juan Copala, abandonaron sus domicilios; así como impulsar el desarrollo regional, con el propósito de fortalecer la economía local y mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes”.

Para el organismo defensor de los derechos humanos, es necesario que se “instruya a quien corresponda para que se repare el daño a las víctimas del presente caso, con motivo de la actuación irregular de los servidores públicos del Estado, tendientes a reducir los padecimientos que presenten en cada situación en particular a través del tratamiento médico y sicológico que sea necesario parar establecer su salud física y emocional”.