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lunes, abril 02, 2007

Es preciso que la comisión de vigilancia cite a comparecer a Luis Miguel Álvarez, director del SAE

EL IPAB TRANSFIRIÓ 7,786 INMUEBLES AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS (SAE) Y PRESENTA IRREGULARIDADES DE MAS DE 10 MIL MILLONES DE PESOS: ES PRECISO QUE LA COMISION DE VIGILANCIA CITE A COMPARECER A LUIS MIGUEL ÁLVAREZ, DIRECTOR DEL SAE

Lic. Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo

Nuevamente se observan graves irregularidades en la venta de cartera y bienes inmuebles del IPAB y de acuerdo con información del Informe sobre la Revisión de la Cuenta Pública para 2005, recientemente entregado por la Auditoria Superior de la Federación, se observa que durante 2005 y de manera; prácticamente “silenciosa” el IPAB transfirió aproximadamente 7,786 inmuebles al Sistema de Administración de Bienes Asegurados, entre los cuales y en muchos casos los valores de catastro y avaluó asentados en las escrituras de compra venta son superiores en 10 mil 919 millones de pesos al valor en el que fueron rematados por el SAE, esto quiere decir que el SAE vendió estos bienes inmuebles por debajo de su valor de mercado por lo que nuevamente se observa que en materia de venta de activos y de cartera, estas instituciones violaron la ley, y dañan las finanzas públicas, al evitar que se reduzca el costo del rescate bancario por medio de la venta de activos.

Por ello la ASF concluye que: “no se obtuvieron las mejores condiciones económicas, y por lo tanto se presume un posible daño al patrimonio del Estado en su Hacienda Pública Federal”.

De manera adicional se observa que en el Padrón General de Bienes Inmuebles del IPAB no se refleja el saldo real de 7,284 bienes inmuebles, ya que registraba un total de 7,767 inmuebles, por lo que se desprende que existe una diferencia de 483 inmuebles, que no aparecen o se encuentran extraviados.

Es importante mencionar que las normas o disposiciones de ley que rigen a la venta de activos en el SAE son mucho mas “laxas” que las que rigen para el IPAB, por ello la transferencia de estos bienes inmuebles debió de haberse hecho con absoluta transparencia, ya que lo que se ha generado en el SAE, es prácticamente una venta de garage, por medio de la cual, personas que estén impedidas por ley para comprar cartera o bienes de manos del IPAB, o personas influyentes que fueron rescatadas por el Fobaproa, estén readquiriendo sus bienes de manos del SAE a precios verdaderamente irrisorios y escandalosamente inferiores a su valor real.

Más aún, la propia Junta de Gobierno del SAE a la fecha, no tiene establecidos lineamientos generales para la enajenación de los bienes, que permitan evaluar las propuestas y determinar la adjudicación de los bienes de acuerdo con su naturaleza.

Por ello, es preciso que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados cite a comparecer y a dar una explicación detallada del proceso de venta de activos al Director del SAE, ya que esta venta de garage podría originar hasta lavado de dinero.


En el IPAB la venta de activos y cartera también ha sido un negocio para ricos e influyentes:

El 12 de agosto de 1999, el Instituto de Protección al ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer su programa de Enajenación de Bienes, y bajo el amparo del mismo se realizarían todas las operaciones de venta de activos del Instituto.

El objetivo central del Programa era, el de obtener el máximo valor de recuperación posible de los Bienes, en los términos económicos y financieros más convenientes, para reducir lo más posible el costo fiscal del Rescate Bancario.

El propio marco jurídico estableció que las personas físicas o morales que hubieren causado quebranto a alguna institución bancaria, o que presentaran cartera vencida o bien que, mantuvieran algún litigio con las autoridades financieras gubernamentales quedarían impedidas para adquirir bienes o activos que vendiera el Instituto.

Lo anterior a pesar de contar con cierta lógica (que los grandes deudores no pudieran recomprar sus activos o deudas a precios chatarra) impidió que los pequeños y medianos deudores recompraran sus deudas y el negocio fuera para las Administradoras y Compradoras de Cartera, quiénes han lucrado con la deuda de muchos mexicanos.

A pesar de ello, el objetivo del programa no se ha cumplido, y a la fecha el IPAB ha vendido un total de 325,698 créditos en tan sólo 10 mil 539 millones de pesos, esto es a un valor promedio de 32 mil 258 pesos por crédito, mismos que amparan casas de interés social, casas residenciales, bodegas comerciales, naves industriales, etc, y cuyo valor es muy superior al precio pagado por estas compañías al IPAB.

En una violación flagrante a la propia Ley del IPAB, y con consecuencias adversas para las finanzas públicas, grandes grupos rescatados por el Fobaproa, han podido recomprar sus propiedades a precios irrizorios, de hecho los propios bancos han recomprado a precios de ganga, las carteras que algunas ves le vendieron al gobierno con todo e intereses moratorios.

En otros casos mediante el tráfico de influencias y utilizando información privilegiada miembros de la familia presidencial se han visto beneficiados a través de empresas y prestanombres que han actuado a su favor; tal es el caso de Construcciones Prácticas y los derechos litigiosos para adquirir casas de 3,000 pesos.

Esta situación también ha provocado que gente vinculada con el narcotráfico utilice estos mecanismos para “lavar dinero”, ya que como se ha visto no hay ningún control sobre los supuestos compradores de la cartera, pues el IPAB en todo momento ha negado cualquier información coadyuvando con ello a la falta de transparencia y rendición de cuentas.



Para corroborar lo anterior solo basta recordar que existen bancos como Banorte, (banco que fue rescatado y que tiene pagarés de fobaproa) que aparecen como “compradores” de bienes subastados por el IPAB, también aparecen grupos económicos como Bachoco quien fue rescatado por el Fobaproa y ahora se beneficia con la “compra de activos vendidos por el IPAB” que consisten en 7 inmuebles ubicados en Puebla, hay que recordar que grupo Bachoco en dónde la familia Bours aparece como accionista perteneció al “barzón de los ricos” quiénes se beneficiaron a través de la UCABE de jugosas reestructuraciones y quebrantos de sus deudas que fueron a parar a la panza del Fobaproa.

También figuran personajes políticos, lideres síndicales o apellidos de prominentes empresarios como es el caso de: Patricia Olamendi, Gilda R. Bours, Marcos Giacaman (hermano del Subgobernador del Banco de México) entre otros,

De esta lista de “compradores de activos” destaca el denominado “Consorcio Panista” representado por Wadi Amar ShabShab e Isabel López Castellanos”, a quienes se enajenaron 2 inmuebles en Hermosillo Sonora, de hecho el edificio sede actualmente de los senadores panistas, también fue adquirido a por Diego Fernández, de manos del IPAB.

Todos recordamos todavía el caso de CINTRA y Mexicana de Aviación, es decir este tipo de operaciones y las personas físicas y morales que se han beneficiado con estas subastas explican en buena medida las razones por las cuales la venta de activos del IPAB ha sido un rotundo fracaso para las finanzas públicas y para los contribuyentes, y un jugoso negocio para los bancos y para los influyentes.

IVA en Alimentos y Medicinas NO ES LA SOLUCIÓN

Los Resultados Reportados por la Auditoria Superior de la Federación en Materia de Impuestos Fortalecen la Propuesta de Reforma Fiscal del Gobierno Legitimo y ponen de manifiesto la negligencia y corrupción en el Sistema de Administración Tributaria: El IVA en Alimentos y Medicinas NO ES LA SOLUCIÓN

Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo

Los resultados reportados por la Auditoria Superior de la Federación, como consecuencia de la Revisión de la Cuenta Pública para 2005, ponen de manifiesto dos situaciones que se hemos venido señalando desde hace varios años y que explican en buena medida el problema fiscal del país y que de manera adicional apuntan a que la aplicación del IVA a los Alimentos y Medicinas o bien las intenciones del Gobierno de Calderón de gravar el “consumo de las personas y de bajar la “tasa impositiva” a las empresas no constituyen la solución de México ante la falta de ingresos tributarios.

Así los resultados obtenidos por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) revelan que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la existencia de Regímenes Fiscales Especiales son el “Talón de Aquiles” del sistema tributario en México.

Para corroborar lo anterior, sólo basta señalar que la ASF concluye que el SAT no llevó a cabo las acciones de combate a la elusión fiscal; no elaboró un programa para la operación del Servicio Fiscal de Carrera, y en los procesos de planeación y de registro carece de los indicadores asociados a sus metas anuales que corresponden a las actividades sustantivas que realiza ese órgano desconcentrado, lo que no permite evaluar su desempeño.

Mas aún el informe señala que de 2001 a 2005, el saldo de los créditos fiscales pasó de representar 27.0% de los ingresos ordinarios del Gobierno Federal a 35.1%, al ascender a poco más de 495 mil millones de pesos.

Los créditos controvertidos es decir aquellos que se encuentran en algún tipo de litigio representaron el 40.3% de la cartera de créditos fiscales totales al ascender a casi 200 mil millones de pesos , seguidos por los irrecuperables que se ubicaron en 135 mil millones de pesos y por su parte el propio auditor superior señala que la recuperación de créditos fiscales que se obtuvo durante 2005 fue sólo de por 8 mil 522 millones de pesos, únicamente representó el 1.7% de la cartera total;

Es importante señalar que en estor créditos fiscales existe evidencia de corrupción y negligencia de las autoridades hacendarias ya que se encontró que 298 deudores acumularon 20,717 créditos fiscales, esto es, 70 créditos en promedio.

También se detectaron 15 contribuyentes con más de 100 créditos fiscales cada uno y, de ellos, seis registraron más de 300; en particular, uno acumuló 1,453 créditos.

Por tanto, no existe un límite para la determinación de créditos fiscales y ciertos contribuyentes se han dedicado a omitir obligaciones por largo tiempo sin que a la fecha se haya hecho nada al respecto. Tres bancos concentraron 780 créditos fiscales por un monto de 28 mil 663 millones de pesos, que además fueron rescatados por Fobaproa, entre ellos HSBC, BBV Bancomer y Banamex.

Cabe destacar que para diciembre de 2006, los créditos fiscales irrecuperables fueron de 161 mil 58 millones de pesos y los controvertidos de 233 mil millones de pesos.

Adicionalmente el informe de la ASF confirma que el SAT gana sólo 4 de cada 10 juicios en los que participa, por ello buena parte de los recursos que involucran los créditos fiscales controvertidos se perderán en detrimento del fisco y del Estado.

El otro grave problema del sistema tributario mexicano y que es revelado por el Auditor Superior es el que refuerza de manera contundente la propuesta fiscal del Gobierno Legitimo, ya que la ASF concluye que:

“La existencia de tratamientos preferenciales, regímenes especiales y omisiones e imprecisiones en la legislación tributaria, propicia la generación de elevados créditos fiscales y explica en alguna medida el bajo coeficiente de recuperación de dichos créditos por parte del SAT. Esta situación incide de manera significativa en la baja eficiencia recaudatoria del país.”

Hay que recordar que la Propuesta Fiscal del Gobierno Legitimo busca la desaparición de un regímenes preferenciales como la Consolidación Fiscal, y que la misma propuesta busca eliminar el tratamientos preferenciales que se le da a la adquisición de activos por parte de las empresas, ya que la propuesta fiscal del Gobierno Legitimo busca eliminar la deducción (depreciación acelerada de activos) precisamente para evitar que las empresas utilicen esta práctica para “eludir” impuestos, también propone que las operaciones en la bolsa de valores paguen impuestos, ya que en la actualidad están exentas, lo cual constituye otro tratamiento preferencial en el sistema fiscal mexicano, que sólo favorece a un pequeño grupo de empresas y de personas.

Finalmente resulta absurdo que ante esta realidad Calderón, Carstens y el Consejo Coordinador Empresarial, busquen desesperadamente argumentos para aplicar el IVA en Alimentos y Medicinas y reducir la carga fiscal de las grandes empresas, ya que de ser aprobada la propuesta fiscal del Gobierno Legitimo, ni se aumentaría la carga fiscal a los asalariados, y mucho menos se aplicaría el IVA a los Alimentos y Medicinas.

La propuesta del Gobierno Legitimo, le permitiría al Estado Mexicano contar con un margen adicional en sus finanzas públicas de 300 mil millones de pesos (100 mi millones de reducción de gasto y 200 mil millones de ingresos adicionales), lo que permitiría reducir la carga fiscal de PEMEX, y poder expandir la industria petrolera sin la necesidad de inversión privada, así como incrementar el gasto en infraestructura social y educativa.

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