GANA BITCOINS RAPIDO Y FACIL

martes, febrero 17, 2009

¿Por qué Carlos Slim tiene razón?

Rafael Irigoyen / Asuntos sin importancia (Cortesía Hoy Tamaulipas)

El ser reiterativo molesta pero a veces es necesario para fundamentar debidamente una hipótesis; en esta columna se ha escrito algo relativo a planes y aquí va de nuevo la insistencia: PLANEAR ES PREVER: lo que debe considerarse como un pensamiento universal y absoluto porque a pesar que los años van transcurriendo y la humanidad permanece inmortal no debemos olvidar que detrás de cada acción siempre existirá un razonamiento una idea para apoyarla y sostenerla.

Para eso se inventaron los silogismos, para razonar y tomar decisiones, llenas de realidad, con un objetivo que surge precisamente de los razonamientos y no a consecuencia de una política personal pensada y calculada para permanecer por siempre en el poder en distintas posiciones. La política es arte y ciencia. Los sofistas deben permanecer fuera.

Creo que debido a ese movimiento oscilatorio de un lado para otro no les permite ser expertos en asuntos nacionales importantes y con el Poder Supremo de la República en sus manos o el Poder Estatal de una entidad no aceptan junto a ellos un grupo de expertos que lo guíen en sus respectivas responsabilidades que son enormes y por lo tanto difícil resolver por una sola persona aunque el sistema de alfombras rojas y fanfarrias sea de lo más socorrido.

Se ha venido observando a través de los años que los tres Poderes de la República si son expertos en presupuestos, saben cómo estructurarlos, distribuirlos y ejercerlos, de ahí los jaloneos en el Congreso de la Unión y por razón natural al tener todos acceso a los medios de información las declaraciones convierten la situación en el ámbito ideal para desarrollar la confusión.

No son tiempos para seguir por ese camino, al menos eso es lo que creo, por eso es inconcebible que teniendo una institución a nivel nacional llamada de Inteligencia, utilicen recursos y funciones sin dar los resultados que México requiere en estos momentos. La Seguridad Pública no es Seguridad Nacional y en estos momentos se requiere tomar decisiones para mantener integrada y unida la República mediante un estudio certero y real de lo que ocurre en el mundo.

El Sistema de Inteligencia es para razonar como adversario, dominar sus pensamientos para deducir sus posibles acciones a futuro, establecer un Balance de Fuerzas y formular una Estimación de la Situación de las Áreas Estratégicas Mundiales definiendo sus políticas para sacar los Cursos de Acción que construirán la fuerza estratégica a seguir para contrarrestar los efectos de las presiones extranjeras dominantes (Globalización), de esa manera se estará en posibilidades de ganarle o al menos reducir sus impactos económicos.

Y eso es precisamente lo que hizo el Señor Carlos Slim, pensar en las posibles adversidades, en las futuras consecuencias de los efectos de la crisis, estableció virtualmente un problema, lo definió, lo limitó, para que todos los mexicanos nos pongamos a trabajar en su solución usando el método científico de resolución de problemas sobre todo los que tienen el control de los recursos en el país y las estrategias que manejan.

Ante la adversidad por venir el Señor Presidente ya dictó su política para que todos sus colaboradores se pongan a trabajar y no solo se dediquen al lucimiento personal declarando ante el pueblo que el empresario está equivocado. Por eso los Secretarios de Estado y los Directores Generales son la parte Técnica del Gobierno Federal para formular planes y presentarlos para su estudio si pasan la crítica se aplican y si no se reestructuran.

Esos colaboradores en lugar de reunir personas que tienen suficiente criterio y experiencia en asuntos nacionales, políticos, económicos, sociales, religiosos y de otros muchos temas y que tienen capacidad para formular y presentar estudios con sus respectivas recomendaciones deben ser tomados en cuenta para orientar las opiniones de la NACIÓN hacia una dirección estratégica que sería, por mucho, mejor que las políticas que salen de un reducido grupo de mexicanos que solo piensan en resolver su problema personal al aprovecharse del momento que viven por encontrarse inmersos en las estructuras de gobierno.

Aparentemente dan la impresión de ignorar el comportamiento de un país ante una situación crítica en extremo, parece que no saben lo que están haciendo y lo que es peor no saben lo que tiene que hacer y están esperando instrucciones del Presidente para actuar; presentan imágenes de pavor para tomar decisiones, en otras palabras, el pueblo piensa que no tienen iniciativa y no actúan si no reciben instrucciones de quien les manda, si reaccionaran para ayudar a su amigo el Presidente y entre todos lograran crear una situación política de unión nacional producirían un documento que ante la opinión pública sería un verdadero PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.

Estos posibles planes no deben pasar por el Poder Legislativo, 500 diputados son demasiados para manejar situaciones estratégicas de vital importancia para el país.

Felipe y los desesperados

Marcela Gómez Zalce

• Gerardo y su prepotencia
• Y más catastrofistas…

La palabra, mi estimado, es tan valiosa como el dinero. Exquisito comienzo de semana con la friolera de más de 40 ejecuciones en diversos estados —que suman más de los tres mencionados por la siempre cándida y obediente Patricia Espinosa—, que evidencian no sólo el cada vez más axiomático Estado fallido, sino el rotundo fracaso de la mal llamada guerra contra el narcotráfico cuyos grupos criminales, según el achispado discurso presidencial, se encuentran desesperados e intentan aminorar las acciones (¿?) que desarrolla el pobre presidente de este (des)gobierno al que hay que ayudar (Servitje dixit) para que no le vaya tan mal.

Sin duda en el término acierta Felipe aunque… los desesperados son millones de mexicanos, my friend, que ven la incompetencia, complicidad, ineficiencia y corrupción que siguen impulsando los motores para el colapso rápido de una administración de improvisados sátrapas que siguen navegando el barco de gran calado en las aguas del optimismo, mientras los jinetes de la tormenta se emocionan ante la escalofriante adversidad…

La misma que ha desencadenado una serie de señales catastrofistas que siguen in crescendo entre la cúpula empresarial, que no ve las acciones del estupendo equipo económico para enfrentar la crisis, cuyas manifestaciones de agravio aumentan y que el Gymboree y su jefecito no ven ni oyen.

Aunque para atractivas técnicas para que a uno lo escuchen deberían ser impartidas por esa lacra incrustada en Economía, Gerardo Ruiz Mateos —quien sigue con sus frívolas declaraciones, ahora desde París, donde escupe que los despidos rondarán los 300 mil en este año y es evidente que vamos a tener cierta pérdida de empleos—, que dio una lección de (how to be a complete fuckhead) cómo perder la figura en foros que valgan la pena. Y nada como reuniones con selectos invitados donde sumen un monumental porcentaje del PIB nacional.

Ahí donde el vino entró y la verdad salió...

¿Listo para escupir su drink mañanero? ¿Listo para atestiguar que los desperados están en el interior del infernal calderón…? ¿Listo para comprobar que como su jefe, no pueden… así que renuncien, esta bola de inútiles funcionarios vividores (cortesía again, del Lorenzo en Bimbo) en el poder (del no poder)? Ahí le va.

Turns out que el domingo de la fiesta brava en la Plaza de Toros México —la misma donde a Margarita la aclamaron, le brindaron el toro y le aplicaron el aplausómetro popular digno de una primera dama como Marta Sahagún— hubo una divertidísima cena organizada para el torero español, Enrique Ponce, en conocido lugar donde se dieron cita poderosos apellidos (aunque hay niveles) como Slim, Azcárraga, Alemán, Espinoza Iglesias y Arango, entre otros, en un alegre convivio para festejar a quien cortó rabo en la Monumental esa animada tarde.

Va de más decirle que los asistentes iban vestidos con cierto toque de formalidad y distinción, y todo transcurría en armonía hasta que… llegó Gerardo Ruiz Mateos… tarde, of course, y con ese toque de distinción en el vestir que caracteriza al Gymboree presidencial —incluido el vocero Cortázar— del look casual que raya en andar de guarros cual ridículos juniors.

En fin que al buen Gerardo, a quien todos los asistentes saludaron con cortesía, como llegó comenzó a chupar, para después comenzar a perder las formas y a vociferar (sí, my friend, a gritar) no sólo la interminable letanía de sus 25 guaruras (who gives a fuck), haciendo gala de su estulticia mental, sino de que los empresarios ahí reunidos eran unos traidores (léase catastrofistas) a los que el (des)gobierno de su súper cuate, amigo y brother del alma… Felipe, ya andaba investigando, y aventó hasta la cocina el nombre de la Interpol para que… ¿aprendan a respetar?

El etílico oso obligó a que a Gerardito le dieran dos veces el mismo consejo de que adiós, so long, next, te ves, yes?

El problema es múltiple por la sencilla razón de quien lo dijo… cómo lo dijo… dónde lo dijo… y a quién(es) se los dijo.

Aunque seguramente su etílica estupidez que se suma a tantas maravillosas historias del sexenio quedará como una anécdota. Como un insignificante detallito que sustenta el ánimo de ese inner circle de pusilánimes cómplices que entronizaron a Calderón. Sobre todo porque Ruiz Mateos jugó un rol fundamental con aquellito de las maletas… así como el mastín Lozano, pues.

Pero lo importante, my friend, es que los aludidos… acusaron recibo. Ahora sume el catastrofista timing and do the math…

IFE: terroristas y cobardes

Álvaro Delgado

Por unas horas hubo la impresión de que los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) honrarían su investidura, hasta por razones de pragmatismo, y sancionarían a Televisa y Televisión Azteca por las violaciones constitucionales y legales que cometieron, pero al final no hubo sorpresas: fueron congruentes con su origen y ratificaron su condición de empleados de las facciones de poder.

El caso del consejero Marco Antonio Baños es inequívoco: de ser tenaz promotor del castigo a las televisoras, desde el mismo día del desacato a la ley en la transmisión de promocionales --el sábado 31 de enero--, pasó a ser entusiasta animador del perdón y de la impunidad.

Baños --que será consejero hasta el 2016-- exhibió a plenitud, en la sesión del Consejo General del viernes pasado, la efigie de Manlio Fabio Beltrones que trae dibujado en su propio rostro y que, en sí mismo, representa un mensaje a la manera de la mafia:

El senador priista prueba a las televisoras --para fines futuristas-- el nivel de control de amplias parcelas del tinglado electoral.

Porque otorgar el indulto a las televisoras pudo haber sido propuesto por Marco Antonio Gómez Alcántar o Francisco Guerrero, dos consejeros de la facción priista, y el resultado hubiera sido exactamente el mismo, pero el mensaje no tendría la claridad buscada: Beltrones, no sólo Peña Nieto, se pone a las órdenes de Televisa y Televisión Azteca.

Obviamente Felipe Calderón hizo su parte: aleccionó al elenco de consejeros del que es cómplice, Arturo Sánchez Gutiérrez y Benito Nacif --a Macarita Elizondo no la necesitaron por ahora-- para hacer mayoría con la facción priista y consumar el "arreglo" operado por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, como lo confesó él mismo, con toda impudicia.

Las conductas de PAN y PRI en la sesión sólo ratificaron el pacto cupular para pisotear la ley, pero ni siquiera tuvieron la gallardía de repetir los argumentos de los consejeros promotores de la impunidad. Ni Roberto Gil, embajador de Germán Martínez, ni Sebastián Lerdo de Tejada, representante de Beatriz Paredes, abrieron la boca.

Fue un silencio cobarde.

El Partido Verde tuvo más vergüenza: defendió, sin atenuantes, a las empresas televisoras y atacó a quienes los dirigentes de este partido identifican como "enemigos de los concesionarios", como en el caso del consejero Alfredo Figueroa.

Al Partido Social Demócrata (PSD) por ahora le conviene no defender a las televisoras y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) le correspondió una tímida condena a la claudicación del IFE ante las televisoras, una conducta a la que se sumará si no lleva el caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Pero en este episodio no sólo son responsables los artífices de la impunidad, que ya han sido nombrados, sino también el consejero presidente, Leonardo Valdés, quien ni siquiera fue capaz, ya no de persuadir a la constitución de una mayoría a favor de la legalidad, sino de que el proyecto elaborado por la Secretaría Ejecutiva –cuyo personal lo elaboró de manera rigurosa-- fuera siquiera discutido y votado.

De esa manera, si tan seguros estaban de sus argumentos los consejeros que propusieron sobreseer el proyecto, eufemismo de impunidad, pudieron dejar claro ante la sociedad que el juicio iniciado contra las televisoras era jurídicamente insostenible.

En realidad, Televisa y Televisión Azteca amenazaron a consejeros de que "reventarían" la elección si el IFE osaba sancionarlos por violar la ley, y le advirtieron además a Calderón que no sólo no tendría cabida en los espacios noticiosos, sino que él y su gobierno desaparecerían de las pantallas.

Y ya se sabe: ¿qué es Calderón sin la imagen?

Televisa, la empresa de Emilio Azcárraga, y su similar Televisión Azteca, del confeso golpista Ricardo Salinas Pliego, actuaron como terroristas al amenazar con dinamitar los comicios, y los consejeros y políticos se asumieron como cobardes para enfrentar esa afrenta, que ya marcó este proceso electoral.

El resultado está más que claro: el IFE es ya parte de la añagaza democrática en la que el duopolio televisivo es amo y son súbditos los miembros de la decadente clase política.

Apuntes

Los ardorosos defensores de la legalidad y la democracia, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Coparmex, así como ideólogos de la talla de Enrique Krauze, seguramente harán un contundente pronunciamiento en defensa de la aplicación de la ley a las televisoras. Claro, si la lógica de los negocios no dispone otra cosa…

Nuevo desplome de peso y BMV

Apro

Apenas al segundo día de iniciada la semana la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el peso cayeron drásticamente.

El dólar americano está a la venta en 14 pesos con 75 centavos, 12 centavos más que la jornada anterior; en tanto, la BMV registra ya una pérdida del 3.5 por ciento, para ubicarse en 18,834.38 unidades.

En Banamex, el euro se compra en 18 pesos con 22 centavos y se vende 30 centavos más caro.

A nivel internacional, los principales indicadores también se desplomaron. Son los casos del Ibex, que cayó un 2.87 por ciento; Dow Jones, 3.41 y Nasdaq, 3.88.

La partida secreta se transforma

Miguel Badillo / Oficio de papel

- La partida secreta se transforma
- Pasalagua, el último eslabón
- Las confidencias de Luis Téllez


De 1994 a 1997, Luis Téllez se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República cuando ésta era ocupada por Ernesto Zedillo Ponce de León. Durante ese periodo, inició lo que podría considerarse la única investigación seria y profunda, aunque inconclusa, sobre el abuso presidencial para usar a su antojo los recursos públicos que guardaba la denominada partida secreta. De tal manera que cuando el secretario de Comunicaciones y Transportes dijo hace unos días de que Carlos Salinas de Gortri se robó la mitad de la partida secreta, es porque conoció a detalle el caso y supo de los expedientes abiertos en contra de Carlos Salinas de Gortari en la Procuraduría General de la República y en la Unidad de Lavado de Dinero en la Procraduría Fiscal de la Federación.

Aunque con magros resultados, fue esta investigación a cargo de la exsubprocuradora María de la Luz Lima Malvido y de quien era responsable de lavado de dinero en México, Luz María Núñez Camacho, la que se acercó a las evidencias que hubieran logrado demostrar que el expresidente Carlos Salinas de Gortari no sólo protagonizó un gobierno corrupto y lleno de componendas con poderos políticos y fácticos, sino que incurrió en peculado de recursos públicos. De aquella indagatoria acaso podría decirse que la nación obtuvo un beneficio: la desaparición como tal de aquella partida secreta que no estaba sujeta a la obligación de rendir cuentas y mucho menos a la supervición de los órganos superiores de fiscalización.

Pero el “guardadito” del jefe del Poder Ejecutivo sobrevive con algunas variantes y fue el gobierno de Vicente Fox el que impulsó su permanencia en 2006, justo en la recta final de su controversial administración. Con una reforma al artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Fox logró que las partidas a que se refiere el artículo 75, fracción IV de la Constitución Política, que se incluyan en el Presupuesto de Egresos, únicamente pudieran destinarse a gastos de seguridad nacional y que permanecieran sujetas a la fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La información utilizada, así como la derivada de sus resultados, tendrá el carácter de reservada y confidencial.

Fue la diputada Susana Monreal quién aseguró que al definir como clasificada y reservada la información sobre el destino de ese gasto, “no será posible conocer y evaluar el buen uso de estos recursos; ni siquiera los diputados tendrán acceso a esa información”.

No obstante, de acuerdo con información del reportero de La Jornada, Enrique Méndez, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2009, la Cámara decidió incluir un párrafo para acotar la discrecionalidad en el gasto y resaltó: “Para el presente ejercicio fiscal no se incluyen recursos para el Programa Erogaciones Contingentes, correspondiente a la partida secreta a la que se refiere el artículo 74 fracción IV párrafo cuarto de la Constitución”.

Actualmente, dicha disposición asienta lo siguiente: “No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto, las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República”.

Así, el presidente Felipe Calderón sigue teniendo la posibilidad de ejercer un gasto discrecional a pesar de que hace una década, se dice, desapareció la partida secreta, al menos sí con su cínica operación desde Los Pinos. La legisladora Monreal presentó una iniciativa para modificar este poder discrecional del presidente de la República sobre fondos públicos, pero permanece en la congeladora.

En su momento, Carlos Salinas buscó blindarse al presentar una denuncia de hechos ante la PGR por la entrega “selectiva y dolosamente” a la prensa de documentos confidenciales de investigaciones penales, como fue la información sobre el destino de los fondos de la partida secreta del erario federal. En aquella ocasión los abogados de Salinas presentaron, por instrucciones del expresidente, una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los servidores públicos que hubieran participado en ese supuesto hecho ilícito.

En un documento de 100 cuartillas con fecha del 15 de mayo de 2001, los abogados de Salinas tomaron como referencia información publicada en los diarios El Universal y Reforma, así como en la revista Proceso, en donde investigaciones periodísticas daban cuenta del dinero utilizado de la partida secreta para depositarlo en la cuenta 6300-0005 de Banco Mexicano a nombre de los hermanos Francisco y Araceli Vázquez Alanís, ambos exfuncionarios de Los Pinos y que manejaron dichos fondos cuando Carlos Salinas fue presidente de la República. Se dijo entonces que Salinas era víctima de un juicio paralelo ante la opinión pública.

La equivocación de Téllez fue repetir, en una conversación privada, una sentencia que las autoridades responsables tuvieron que haber emitido hace varios años sobre un expediente que quedó inconcluso a raíz de las presiones políticas y económicas del exmandatario. La renuncia entonces de la exprocuradora María de la Luz Lima Malvido, luego de que se dio a conocer un video cuando fue entrevistada por el Centro de Control de Confianza de la PGR, en donde reconoce haber cometido algunos delitos de juventud, o sus estrechos vínculos con grupos de ultraderecha, se convirtió en el pretexto ideal para cerrar la investigación que el general Rafael Macedo de la Concha encabezó hasta que los resultados comenzaron a mostrarse demasiado incómodos.

En derecho, aquel que denuncia tiene consigo la carga de la prueba. Por eso Luis Téllez, sin proponérselo, trajo de nueva cuenta el caso a la discusión pública. El funcionario del gobierno calderonista, antiguo priista y exfuncionario del gobierno de Salinas de Gortari, reconoce la conversación pero asegura que no cuenta con pruebas para sostener su dicho: “Carlos Salinas de Gortari robó la mitad de la partida secreta”. Unos 500 millones de dólares cuyo destino sigue en el aire.

Por tratarse de una conversación privada que, por lo tanto, pertenece a ese ámbito, Téllez se encuentra a salvo de cualquier escrutinio o responsabilidad. Queda allí, sin embargo, la duda en la opinión pública y la confirmación de que en el sector público los funcionarios callan ante los hechos y que las instancias dedicadas a la impartición de justicia también lo hacen.

Antes de que la PGR con Rafael Macedo de la Concha iniciara cualquier investigación sobre el uso de la partida secreta, en la que estuvo involucrado por obvias razones Raúl Salinas de Gortari, en esta columna de Oficio de Papel se dio a conocer los primeros indicios sobre el despilfarro y corrupción que se ejercía desde la residencial oficial de Los Pinos y que pasó por negocios vinculados con esa familia.

A finales de la década de los noventa escribí en Oficio de Papel que en el uso indebido de la partida secreta había argumentos legales que hacían presumir que los hermanos Salinas saldrían limpios en tribunales por el delito de peculado que intentó fincarles la PGR. La tesis del entonces procurador Macedo de la Concha era que sí había delito, porque ese dinero manejado desde Los Pinos debió destinarse para actos de gobierno y no para enriquecer a la familia presidencial.

Fue por ello que hacia finales de la administración foxista, se extraditó de Estados Unidos (10 de agosto 2005) al excuñado de Raúl Salinas, Juan Manuel Pasalagua Branch, máximo operador de la corrupción en Conasupo en el sexenio salinista, bajo acusaciones de evasión fiscal. En agosto de 2005, un juez giró orden de aprehensión en contra del excontador de Raúl Salinas, Juan Manuel Gómez Gutiérrez, nombre que también fue utilizado como seudónimo por el “hermano incómodo” para abrir cuentas bancarias en el extranjero.

Sin embargo, aunque a Pasalagua Branch no se le acusó de los negocios sucios que hizo en Conasupo bajo las órdenes de Raúl Salinas, sino por defraudación fiscal, en el expediente en contra del contador Gómez Gutiérrez están relacionados directamente los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari por el uso indiscriminado e ilegal que hicieron de la partida secreta manejada desde Los Pinos y mediante la cual se desviaron miles de millones de pesos del presupuesto público en los seis años del gobierno salinista.

La PGR intentó demostrar que el contador Gómez Gutiérrez era presumiblemente responsable de la comisión del delito de peculado; es decir, desvío de fondos públicos de la partida secreta. Bajo la causa penal número 54/2002 se señaló que Gómez Gutiérrez atendió y manejó directamente las operaciones en las cuentas bancarias a nombre de un alias del hermano del expresidente.

De acuerdo con el expediente, en dichas cuentas fueron depositados “recursos públicos que se distrajeron de su objeto y que debían ser aplicados en bienes y servicios de interés general para el país, correspondientes a la denominada partida secreta, dentro de los ejercicios de 1988 a 1994”, es decir, durante todo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Luego de analizar la información proporcionada por la PGR, el juez decimosegundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal le dictó auto de formal prisión al contador el 31 de agosto, tan sólo seis días después de que el propio Gómez Gutiérrez se presentara a declarar de manera voluntaria ante dicho juzgado con sede en el Reclusorio Oriente.

Pero lo más extraño de este caso de la partida secreta, es que ni el expresidente Carlos Salinas ni su hermano Raúl fueron acusados penalmente por el delito de peculado, aun cuando ellos son los principales responsables del manejo irregular de dichos fondos públicos.

Las preguntas sin respuesta oficial quedarán en la historia ¿por qué la PGR acusó sólo a Gómez Gutiérrez y exoneró a Raúl Salinas, cuando éste era quien le daba instrucciones a su contador del movimiento de las cuentas bancarias? ¿Si hubo algún delito de peculado con el manejo de la partida secreta, por qué no tiene responsabilidad el expresidente Carlos Salinas de Gortari, cuando éste era el responsable del uso de ese dinero público?

Juan Manuel Gómez Gutiérrez debió haber sido procesado por colaborar en el enriquecimiento ilícito de Raúl, lo que entre otras cosas hubiera demostrado que la PGR sí contaba con pruebas suficientes para juzgar a los hermanos Carlos y Raúl Salinas, pero en lugar de hacerlo guardó celosamente el expediente en espera de que la próxima administración federal decida qué hacer con éste o que la indiscreción de algún funcionario reviviera un asunto tan ominoso para el país.

Hasta ahora, nadie ha aclarado a cuánto ascendió la comisión pagada a este excontador, lo único que se sabe con relativa certeza es que la fortuna descubierta a Raúl en cuentas bancarias aseguradas en el extranjero supera los 100 millones de dólares.

Lo más paradójico no es que Carlos Salinas siga sin enfrentar un juicio por peculado, sino que ahora la PGR tendría que responder por las acusaciones hechas por Juan Manuel Pasalagua, quien el pasado 30 de enero recibió la noticia de que un tribunal unitario cerró en definitiva el litigio que iniciaron en su contra hace tres años y cinco meses la SHCP y la PGR.

El segundo tribunal unitario emitió una sentencia absolutoria que le garantiza la total libertad a Pasalagua Branch, quien fue detenido el 11 de agosto de 2005 en Estados Unidos, y deportado ese mismo día. A Pasalagua Branch se le acusaba de una defraudación fiscal de por al menos 2.4 millones de pesos. Sin embargo, al final del proceso, que por cierto parece haber olvidado la partida secreta, se determinó que el acusado era inocente por el simple hecho de que su declaración de impuestos con la que se pudo haber demostrado la supuesta defraudación data de hace más de cinco años. Esos documentos, por mandato de Ley debieron haber sido destruidos por la SHCP.

Ahora Pasalagua iniciaría un litigio contra la PGR, la SHCP y la Procuraduría Fiscal de la Federación para exigir la reparación del daño moral y económico que le ocasionó enfrentar un proceso penal sin pruebas contundentes.

Debió IFE sancionar a televisoras: Carbonell

Notimex

El investigador Miguel Carbonell consideró que el IFE debió sancionar a las televisoras por el caso de la transmisión de spots y dejar en todo caso que acudieran al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Luego de participar en una Mesa de Análisis sobre las reformas al Artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, opinó que el Consejo General de ese organismo debió continuar con el procedimiento especial sancionador contra Televisa y Televisión Azteca.

"La reiterada inaplicación de la ley pone a la autoridad en una legitimidad cuestionada frente al electorado y la opinión pública", advirtió el especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A su parecer, el día que la autoridad deba aplicar la ley deberá ser muy contundente, pues seguramente alguien cuestionará "por qué en este caso sí y en tantos otros no".

Más aún, añadió, cuando una autoridad sistemáticamente no hace valer las normas que rigen, habrá quien cuestione también el por qué ahora son muy estrictos cuando antes pasaron por alto la aplicación de sanciones.

En su oportunidad, el profesor de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios, Jorge Islas, recordó que la ley debe ser observada para aplicarse, porque el mejor elemento constitutivo de una sociedad que se respeta es el cumplimiento estricto de las normas.

A su parecer, el Instituto Federal Electoral (IFE) tiene su propia normatividad y con base en ella adopta su institucionalidad y resuelve los asuntos que se presentan en su agenda.

Islas López opinó que en asuntos de esa índole lo más importante es estudiar la valoraciones jurídicas del expediente para conocer las razones por las que el organismo dejó de sancionar con siete millones de pesos a Televisión Azteca, y con cuatro millones a Televisa.

El acto fue organizado por los institutos Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

También por el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Tranparencia de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esa casa de estudios.

Televisa y TV Azteca sin ley

Jorge Melendez Preciado

Nuevamente, el duopolio televisivo y el oligopolio radiofónico mostraron que poco les importa la ley y el orden (recordando una de las series estadunidenses de mayor éxito); más bien, son como los machos de Jalisco: cuando pierden, arrebatan. Si en marzo del año pasado fueron a las instalaciones del Senado para discutir las nuevas maneras en que se destinaría la propaganda oficial y luego de sus berrinches trataron de dar lecciones de moral, prepotencia y hacerse las víctimas –algo que rechazaron con muy buen tino legisladores como Ricardo García Cervantes y Pablo Gómez, entre otros–, desde el viernes 30 de enero de 2008 mostraron que la venganza, lejos de ser dulce, se torna ciega. Ello porque en las proyecciones de encuentros de la llamada patabola inicialmente, y en el juego cumbre del futbol americano después, interrumpieron las transmisiones para incluir bloques de tres, cuatro y hasta seis minutos de anuncios de partidos políticos y especialmente del Instituto Federal Electoral (IFE).

El objetivo era claro: irritar a la audiencia para que rechace al árbitro electoral y a los partidos políticos. El asunto no es nuevo. Gracias a modificaciones importantes, los organismos que batallan para obtener el voto no erogarán más el 75 por ciento de su presupuesto en los medios audiovisuales, lo cual irritó a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, ya que dejarían de percibir más de 1 mil 200 millones de pesos. Y eso en tiempos de crisis –el llamado Supertazón tuvo ahora menos anunciantes, algo único en la historia de dichos encuentros– es cardiaco.

Es notorio que el duopolio de la pantalla chica está acostumbrado a determinar lo que debe hacerse. Baste recordar el pasado sexenio: impusieron la Ley Televisa, que después fue modificada por la Suprema Corte; TV Azteca efectuó el asalto al Canal 40, y la empresa de Azcárraga llevó sumisamente a sus instalaciones a los candidatos a la Presidencia de la República. Recientemente, la compañía de Salinas Pliego ha vendido aparatos en sus tiendas Elektra para acceder a canales sin cumplir la norma oficial, mientras la que se encuentra en Chapultepec 18 realiza campañas abiertas y subliminales para los precandidatos a la silla embrujada que les aportan recursos (Enrique Peña Nieto, el más visible) y borra el rostro de su viejo aliado, hoy denigrado, Santiago Creel.

Ante ese panorama, era lógico esperar una mala jugada de los mencionados consorcios que juegan para engordar su cartera, amenazar cualquier reforma que los meta en orden y presionar para que los políticos bailen al son que ellos toquen. Es cierto, las primeras reacciones de los televidentes fueron indignarse contra el IFE y los partidos. Sobre todo porque los segundos insisten en erogar cantidades millonarias sin aportar propuestas, no digamos soluciones, al negro panorama que vivimos, amén de continuar repitiendo candidatos y fórmulas desgastadas. Pero en un segundo momento, si las televisoras continúan interrumpiendo las transmisiones, en lugar de meter en el bloque de anuncios los correspondientes a las campañas políticas, le saldrá el tiro por la culata, ya que el ciudadano dejará de sintonizar los espectáculos que le ofrecen.

Debemos señalar, por cierto, que una actitud similar a las televisoras comerciales lo tuvo Canal 22. No entendemos su falta de visión; el descuido es evidente. No ocurrió lo mismo con el 11 y 34. Incluso algunos medios oficiales están discutiendo con las autoridades cómo hacer para que algunas emisiones que requieren continuidad de una hora y más cumplan con el reglamento, el cual tiene interpretaciones que la autoridad debería precisar. Este último ejemplo da idea de cómo muchos asuntos se dejan al último, en lugar de aclararse; pero también muestra que se puede cumplir la ley sin alevantarse, parafraseando a Juan Rulfo.

Pero ya sabemos que los oligopolios nunca estarán contentos, ni siquiera dándoles las más grandes ventajas. Y eso lleva nuevamente a la reflexión: la democracia será un mito en tanto existan empresas que manejan a su antojo todos los procesos en la vida económica, social y política. Una muestra evidente son las cadenas televisivas multimencionadas; pero hay otras: Telmex y los bancos.

Frente al desafío, es cierto que el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deben actuar lo más rápido posible. Pero no deben ser ajenos al asunto tanto los desprestigiados partidos políticos como la Secretaría de Gobernación. Todos, a fin de cuentas, han sido burlados por dos señores que insisten en mantener sus privilegios, no obstante que la ley señale claramente: son concesionarios de un bien público. Desalentar el proceso electoral de este año, donde se prevé una participación de máximo 35 por ciento de los 75 millones de empadronados, es dar pie para que se insista que sólo unos cuantos son quienes deben tomar decisiones; algo que muestra el regreso a los tiempos más oscuros de la historia.

Poder, Estado, privatizaciones y concesiones

Marcos Chávez

Se hace necesario corromper la corrupción

Mario Benedetti


Si algo caracteriza en el mundo a la destrucción del Estado es la rapiña con que han actuado las elites, su voracidad con la que se apoderan de las riquezas de las naciones. Los límites a su depredación –que les ha permitido apoderarse de las empresas públicas, sectores estratégicos, llevar a cabo los servicios que antaño realizaba el propio Estado y acumular enormes fortunas a costa del erario y la sociedad– no son precisamente los impuestos por el imperio de las leyes, porque como sistema operan impunemente. La norma es la complicidad, la protección, el encubrimiento de los grupos de poder, los empresarios, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, mientras subsisten las estructuras despóticas, el derecho de los reyes.

El acotamiento a la rapiña de las elites está determinado por su creatividad. En ese sentido, la cleptocracia ha sido fecunda. Primero mostró su capacidad de mimetizarse; su disposición por abandonar su retórica nacionalista y sacrificar al Estado intervencionista, con cuyo amparo y usufructo habían crecido y fortalecido, ya que éste les garantizó un espacio geográfico protegido para la acumulación de capital, pero con el cual no se sentían precisamente cómodos; de adoptar el discurso ideológico del “consenso” de Washington, promovido por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el GATT-OMC, el cual, bajo el supuesto friedmaniano de que el arbitraje interfería en el funcionamiento victoriano del “mercado libre” y la “creatividad” empresarial, desencadenó una cruzada mundial para desmantelar los Estados nacionales y abrir las economías. Lo que se trataba era sencillo: privatizar la vida pública, desnacionalizar las economías y subordinarlas al mercado internacional, bajo los intereses del capital trasnacional que requerían ampliar su acumulación a escala mundial. La estrategia impuesta también fue simple.

Con las políticas estabilizadoras se impuso la eliminación del déficit fiscal, al que se le responsabilizó de la inflación y todos los males imaginables. El ajuste fiscal recayó en los egresos públicos, ya que, al mismo tiempo, se recortaron los impuestos a las empresas y los sectores de altos ingresos. Ante los escasos recursos disponibles, se castigó el gasto programable, el social y de inversión, no el destinado al pago de la deuda estatal, lo que deterioró la calidad y cobertura de los servicios públicos que generó el descontento de la población (el Estado como desastre), la construcción del consenso necesario para justificar el desmantelamiento del Estado y la coartada requerida para abrir las puertas a la participación del sector privado que, imaginariamente, es más eficiente y “ético”, porque los límites a la desmesura del que carecía el sector público se los imponen la “competencia”, el licencioso ojo “escrutador” del cancerbero de las leyes y la “sanción” de los ciudadanos travestidos en consumidores. A lo anterior siguieron las contrarreformas estructurales reaganiana-thatcheriana de varias generaciones con un solo fin: jibarizar al Estado, desaparecer y vender empresas públicas; ceder actividades exclusivas del Estado al empresariado, retirarlo de sectores estratégicos, compartir el negocio público con el privado: la energía, la educación, la salud, el agua, las comunicaciones, el transporte, las carreteras, los fondos de pensión, los servicios financieros, las obras públicas, el abastecimiento. Hasta donde alcance la generosidad gubernamental y la “creatividad” empresarial. El horizonte de lo público ahora privatizado es dilatado.

Pero como nada es gratis en la vida, las elites no se conformaron con ser mudos testigos en el festín que se dan las empresas multinacionales con las riquezas del Estado y la nación. Exigieron su parte en la rapiña; algún beneficio tienen que obtener. No es lo mismo ser una burguesía dominante hacia dentro y dominada hacia fuera, que simples palafreneros. Ahora dominada en ambos lados, exigió ser “socio”, aunque sea liliputiense, para compartir el botín: a menudo humildes pero sustanciosos despojos, comparados con los de los inversionistas extranjeros. En el banquete ha demostrado soberbiamente su “perspicacia”. Al binomio privatización-trasnacionalización lo transformaron en triada al añadirle la corrupción, a veces refinada, a ratos arrabalera, pero jugosa para acrecentar fortunas. Con ello no quiero decir que antes no existiera la pudrición; como los nuevos ricos, sólo se volvió más desvergonzada. Eso depende de las relaciones en los laberintos del poder y las redes de protección que sean capaces de construir. Sea flemática o advenediza, la podredumbre es sagaz: los irresistibles precios cobrados por las empresas rematadas, previamente saneadas y extrañamente valuadas porque se venden por debajo de sus valores reales, a depredadores elegidos desde el Olimpo; el tráfico de influencias, la información privilegiada y el respectivo cobro de comisiones, los sobornos, el otorgamiento de créditos públicos, en ocasiones subsidiados, por si los afortunados y con frecuencia amnésicos compradores carecen de la liquidez necesaria, ya que no es raro que se les olvide saldar sus compromisos de honor que luego son cancelados, sin pruritos; las exenciones fiscales, uso discrecional del dinero de las ventas; los favores familiares y a los amigos; la compra de las empresas por los mismos funcionarios o interpósita persona si es que se presenta el conflicto de intereses; las concesiones o concesiones directas, restringidas o arregladas para realizar negocios con los gobierno: abastecimiento, obras en nombre del Estado o explotación exclusiva de actividades y sectores estatales, bajo comprensibles arreglos contables en la travesía por el aumento de costos de insumos, del crédito o cualquier imprevisto, ajustes siempre escrupulosos por los empresarios y los administradores, cuya ética está fuera de duda, por lo que es innecesaria la presencia de otros garantes de la legalidad; la renegociación de la deuda pública y la conversión de la privada en pasivos de la nación, por medio de procedimientos sólo para iniciados. Ésas son unas cuantas técnicas de las empleadas por las sutiles elites.

Es natural que los gobiernos protejan la información sobre las privatizaciones, concesiones, licitaciones y demás como si fueran secretos de Estado, que los “libros blancos” abiertos al público sobre los procesos sean tan transparentes que deliberadamente no informen nada –que desinformen, para ser precisos– o que operen en las translúcidas leyes que aprobaron ad hoc con antelación, porque siempre habrá un ignaro cretino que ponga en duda los procedimientos y su pulcro apego al estado de derecho, algún mal perdedor, un avieso descontento, antes y después. Excesiva democracia paraliza la “modernización”. Afortunadamente los déspotas no tienen esos inconvenientes, mientras no se derrumben. Pero los republicanos tropicales siempre tienen la salvaguarda de las leyes ambiguas, la ausencia de mecanismos de sanción, la comprensión de los responsables de la justicia y del congreso. En última instancia el recurso de las lealtades, las complicidades, la protección, el pago de servicios. Si después emerge algún acto de corrupción, si no se cumplen las expectativas en precios y calidad de los bienes y servicios privatizados o concesionados, o en las obras realizadas por los contratistas, sólo serán simples anomalías que no pervierten la pureza del modelo neoliberal, perfectible como cualquier otro.

De Estados Unidos a Rusia supuran las llagas de la corrupta “creatividad” empresarial y gubernamental. Si funciona la maquinaria de la justicia, esas tentaciones son acotadas y sancionadas, sin el desasosiego de la población, porque sabe y tiene confianza que el estado de derecho y el patrimonio público estarán salvaguardados, hecho que no sucederá donde priva la solidaridad mafiosa. El sistema siempre estará bajo sospecha, acrecentada por la esquiva postura gubernamental como sucede en México, lo que obliga a la sociedad, sus miembros activos y organizados, asumir la responsabilidad abandonada por el gobierno: velar por la salud pública para evitar que la destruya la corrupción.

En esa tarea juegan un papel fundamental los periodistas que deciden no postrarse ante el poder y medrar de él, como son los casos de Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez y sus compañeros de las revistas Contralínea y Fortuna, que a costa de su seguridad, del amedrentamiento, las amenazas de muerte, la virtual cacería emprendida en contra de ellos, deciden develar, de manera seria, las relaciones anómalas entre gobernantes y empresarios. A los supuestos garantes del estado de derecho les corresponde investigarlas. Las denuncias están allí, documentadas. Pero en lugar de asumir sus responsabilidades, desvían la mirada hacia otro lado: consideran que los periodistas rebasaron “el límite del derecho a las libertades de expresión e información”, consideradas derechos humanos fundamentales. ¿Y las denuncias documentadas carecen de importancia, al igual que el amedrentamiento y las amenazas de muerte? ¿Antes de ellas se agotan caprichosamente los límites de la “libertad de expresión” y los “derechos humanos”? ¿Esos actos sí tienen permiso? ¿Acaso la aplicación de la justicia es lenta pero segura y, por tanto, debemos tener paciencia mientras llega el juicio final, a riesgo de que prescriba el supuesto delito? ¿Su función es encubrir las prácticas anómalas y actuar por consigna o cuando es inevitable, por las razones que sean? El curso de las investigaciones sobre la presunción del tráfico de influencias, el conflicto de intereses o la corrupción alrededor de Juan Camilo Mouriño o la familia Fox o Francisco Gil Díaz, por mencionar algunos casos, sólo han acrecentado legítimamente el descrédito de las autoridades y las instituciones. Las resoluciones de jueces y magistrados se encargan de reforzarlas.

En el paraíso del imperio de las leyes llamado México, nadie tiene derecho a dudar sobre las privatizaciones y reprivatizaciones de empresas públicas, rescates, concesiones, obras y servicios, la multiplicidad de relaciones construidas entre el gobierno y el sector privado. Somos la excepción mundial y de la historia. Jueces, magistrados y demás funcionarios se merecen un recatado monumento, al menos. Nadie debe sentirse inquieto por los contratos firmados con el sector privado (Pidiregas), cuyo monto acumulado entre 1997 y 2008 ascendió a 1 billón 183 mil millones de pesos, de los cuales, al menos, 900 mil millones corresponden a Pemex, alrededor de 80 mil millones en promedio anual.

¡Qué diferencia de México, gracias a las autoridades de aquellos países donde las elites, desde el poder político, destruyeron al Estado y sus naciones, se apoderaron de los bienes públicos, cambiaron la propia estructura de poder y se convirtieron en la nueva burguesía! Joseph Stiglitz, en su libro El malestar en la globalización, afirma que las privatizaciones se llevaron a cabo sin controles, se sustituyeron los monopolios públicos por los privados provocando sufrimientos a los consumidores, y que estuvieron envueltas en un marco de corrupción y sobornos. Debió añadir que salvo el caso excepcional de México.

En Chile, a ese grupo se les conoce delicadamente como las pirañas, encabezado por Augusto Pinochet. Ellos son ahora 34 nuevos ricos y personajes importantes en la vida política de su país. Varios de ellos tienen al menos tres características: son chicago boys, redomados católicos (egresados de la Universidad Católica de Chile) que le ofrecieron a la dictadura el modelo neoliberal y de privatizaciones. Se apoderaron de 725 empresas estatales privatizadas entre 1973 y 1990, según la comisión oficial investigadora de ese proceso y el libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, de la periodista María Olivia Monckeberg. Al menos la venta de 30 empresas más grandes (la Compañía de Acero del Pacífico, CAP; la Empresa Nacional de Electricidad, ENDESA, con su vasta red de generadoras y embalses; la Línea Aérea Nacional, LAN, con sus jugosos derechos de ruta propios de la nación; la Compañía de Teléfonos de Chile, CTC, virtual monopolio de la telefonía; la Industria Azucarera Nacional, IANSA; SOQUIMICH, con todas las pertenencias mineras bajo protección del fisco, etcétera) representó un saqueo al Estado por 6 mil millones de dólares. En Argentina, las privatizaciones menemistas (Entel, Aerolíneas Argentinas, Petroquímica Bahía Blanca, concesiones petroleras, etcétera), según la oficial oficina anticorrupción, fueron curiosamente similares a las chilenas. El periodista Horacio Verbitsky lo calificó como Robo para la corona. Los frutos prohibidos del árbol de la corrupción. David E. Hoffman, del Washington Post, documentó cómo se labraron las fortunas con la corrupción, tráfico de influencias, remate de empresa y otras formas por los nuevos potentados rusos (en su libro Los oligarcas. Poder y dinero en la nueva Rusia). En Perú, el economista Óscar Ugarteche, en su libro Vicios públicos. Poder y corrupción, documenta prolijamente la “creatividad” de la elite autóctona, que incluye la deuda pública. Sus arquitectos más destacados fueron Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. En Bolivia y Brasil comparten el “honor” los exgobernantes Jaime Paz Zamora (las empresas Yacimientos Petrolíferos, corporación minera, ferrocarriles, telecomunicaciones, electricidad o aérea).

La lista es prolija para el limitado espacio, pero esos y otros casos guardan algunos rasgos en común: la corrupción en las privatizaciones y la concesión de servicios y obras públicas; la complicidad, el encubrimiento de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en regímenes autoritarios o “democracias” neoliberales”; el valeroso trabajo de los periodistas por develar la miseria sistémica, pese a la oposición y persecución de las elites que llegó al asesinato; los esfuerzos de los nuevos gobiernos por revisar esos procesos y tratar de aplicar las leyes.

Afortunadamente en México no se requiere la limpieza legal de la casa.

Lista, reforma que federaliza delitos contra periodistas

Notimex

La Cámara de Diputados tiene lista la reforma para federalizar los delitos contra periodistas, en la cual se prevén sanciones de hasta cinco años de cárcel a quien obstaculice su labor y 7.5 años si se trata de funcionarios.

El presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho Quiroz, explicó que la modificación al Código Penal Federal pretende imponer sanciones de uno a cinco años y de 100 a 500 días de multa a quienes impidan, interfieran o limiten el libre ejercicio de esa actividad.

En rueda de prensa, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que además se aumentará hasta en una mitad la pena señalada, cuando la agresión sea cometida por un servidor público.

La reforma pretende añadir al Código Penal Federal un Título Vigésimo Séptimo: "De los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión", en el que los Artículos 430 y 431 sustentan las bases integrales que defienden la actividad periodística.

Dicho Título define actividad periodística como: "El ejercicio de buscar, recolectar, investigar, sintetizar, redactar, jerarquizar, editar, imprimir o publicar informaciones, noticias, ideas u opiniones, relacionadas con el acontecer público, para su difusión a través de cualquier medio de comunicación, así como la distribución de estas".

"Esta actividad puede realizarse de manera habitual o esporádica, remunerada o no, y sin que necesariamente exista una relación laboral con un medio", se detalla en la propuesta.

La finalidad, explicó Camacho Quiroz, es proteger también a los fotógrafos, camarógrafos, como parte de la cadena de generación de un producto socialmente apetecible y apreciado, como lo es la información periodística.

Calificó de paradójico que exista una fiscalía de la Procuraduría General de la República (PGR) para perseguir delitos de este tipo, pero no haya delito federal. "La fiscalía se creó con la mayor buena fe, pero ha sido prácticamente inútil porque los instrumentos a su alcance son deficientes", anotó.

El legislador consideró que dicha fiscalía se debe dedicar sólo a proteger el libre ejercicio de la actividad periodística, para no integrar averiguaciones previas por delitos que no necesariamente entrañen ataques contra la función periodística.

En la reforma se tipifica la agresión contra esta actividad, y no a la libertad de expresión en general, ya que de lo contrario traería como consecuencia la obligación del Ministerio Público (MP) de integrar averiguaciones previas por delitos que no necesariamente entrañen ataques contra la función periodística, detalló.

Con ello, aclaró, "se saturaría a las autoridades federales con asuntos que desvíen su atención de lo que constituyen las agresiones a la actividad periodística".

El diputado priista adelantó que la comisión trabajará lo antes posible en el dictamen para tenerlo a más tardar a finales de este mes, a fin de redondear y perfeccionar el entramado jurídico para proteger la actividad periodística.

¿El diputado federal Samuel Aguilar Solís es un funcionario corrupto?

Extraído del Correo Ilustrado de La Jornada

Aclara relación con diputado y abogado ante caso legal

Mucho agradeceré servirse indicar la publicación de mi réplica al comunicado del diputado federal Samuel Aguilar Solís, que fuera publicada el viernes 13 de febrero, en la página 31, sección Estados, con el siguiente texto:

Respuesta al diputado Samuel Aguilar: El diputado miente y resulta fácil acreditar sus falsedades. Miente cuando dice que no me conoce. Según él, conoce sólo a mi hermano, quien le pidió recomendarme a un abogado para que me representara en un divorcio y que, entonces, "sugirió" contratar a Gabriel Vanegas, quien por ello habría recibido un millón de pesos por honorarios.

Precisamente, fue mi hermano quien me lo presentó y nos reunió. ¿Qué caso tendría involucrar a un diputado federal que ni siquiera conozco?

El diputado es amigo de mi hermano y me recomendó a su colaborador, el abogado Gabriel Vanegas; pero es falso que lo hubiera hecho para tramitar un divorcio, fue para litigar un adeudo hipotecario, y Gabriel Vanegas, aprovechando la confianza que me había causado el diputado –precisamente por ser amigo de mi hermano– y por su promesa de solucionar rápida y totalmente mi asunto, me obligó a firmar un pagaré por un millón de pesos, según me aseguró sólo en garantía de sus honorarios, mismo que –sin haber resuelto el juicio hipotecario– ahora pretende hacer efectivo mediante el remate de mi casa. Ese fraude lo denuncié ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, señalando como presuntos responsables a Samuel Aguilar Solís, Gabriel Vanegas González y Alejandro Adriano Anaya, este último un abogado del IMSS que indebidamente usa tiempo oficial para litigar asuntos particulares en nombre de Vanegas, quien varias veces fue a mi consultorio a exigir el pago de un millón de pesos.

El diputado sabe de la gravedad de su conducta y por eso promovió un amparo en contra de la averiguación previa que se ventila en su contra. Un juez de distrito y un tribunal colegiado me concedieron el amparo y protección de la justicia federal para que se investiguen los hechos denunciados conforme a la ley y se sancione a los responsables de este fraude. En cambio, al diputado y sus dos colaboradores les fue negado.

Gerardo Zertuche

Atenco y el 97 constitucional

Bernardo Bátiz V.

Atenco, dice el doctor Antonio Peñafiel en su Diccionario de jeroglíficos de nombres geográficos (1885), tiene un glifo peculiar, unos labios o boca semiabierta, hacia el agua o rodeada de agua. Atenco es un pueblo muy antiguo, prehispánico, situado en la ribera de ese mar interior que fue el gran lago de Texcoco, lo imagino poblado por pescadores y cazadores de aves acuáticas, con chinampas en las orillas y milpas en las tierras más altas, casas humeantes y un teocali en el centro; su historia debe ser muy parecida a la de otros tantos pueblos que sucumbieron a la conquista española, primero incuria, después abandono, aislamiento y luego, con la desecación de los lagos, pobreza y trabajo agotador para sobrevivir.

Durante la Revolución es muy posible que los atenquenses hayan luchado por sus tierras al lado de las fuerzas zapatistas que tuvieron gran influencia en los rumbos de Tlaxcala y el estado de México. No hay que olvidar que fue muy cerca de este poblado, donde don Andrés Molina Enriquez lanzó en 1911 su celebre Plan de Texcoco, encaminado a reivindicar las tierras de los campesinos despojados por las haciendas y a rescatarlos de la esclavitud de las tiendas de raya y de la arbitrariedad de mayordomos y administradores.

Atenco, como tantos otros pueblos, valora sus tierras, que le dan el magro sustento, pero que también le proporcionan identidad, sentido de pertenencia e inspiran un patriotismo local que no fácilmente entienden los extraños; la tierra es sagrada para el campesino, no se concibe sin ella, y si un pueblo la pierde, pierde su razón de ser. Por eso la resistencia al proyecto del aeropuerto invasor que se pretendía en sus campos de cultivo, por eso los machetes y la tenacidad heroica de sus habitantes que con tanto empeño resistieron primero y al final impidieron el despojo.

Pero todo eso, por supuesto, lo ignoraron Fox, el gobernador, el secretario de Seguridad y sus respectivos cortesanos y operadores; para ellos los terrenos de Atenco eran tan sólo la perspectiva de un gran negocio, de oportunidad de contratos, inversiones y riquezas, y por ello no pueden perdonar a los tercos campesinos que les echaron a perder todo. No pudieron adueñarse del espacio a cambio de migajas, quedaron muy mal ante la opinión pública, y por lo tanto tenían que vengarse con el primer pretexto que tuvieron a la mano; lo hicieron, enviaron a sus policías a castigar a los reos del delito ya extinguido hace siglos, de "lesa majestad", pero restablecido para el efecto de dar un escarmiento a esos alzados y desobedientes.

Para escarmentarlos a ellos y para asustar a otros posibles reclamantes en otros sitios y en otros momentos, se recurrió a la persecución bárbara, a las golpizas, a las detenciones arbitrarias y a los abusos de todo tipo. En otro momento o quizás en otra entidad, con ese escarmiento, las cosas hubieran regresado a su curso y la población estaría dolida y resentida, pero calmada.

En Atenco no sucedió así; sus habitantes siguieron su lucha, con sus líderes principales presos o escondidos, no han dejado de reclamar que se haga justicia y que se sancione a los responsables de la desalmada agresión, pero esto no es posible cuando los investigadores del delito habían sido nombrados por quienes tendrían que investigar.

El asunto, después de tiempo, tuvo que llegar a la Suprema Corte de Justicia, por vía de la investigación de violaciones a garantías individuales, reconocida en el artículo 97 constitucional, inspiración invaluable del Constituyente del 17; para cuando las instituciones regulares y locales no pueden o no quieren hacer justicia, al menos queda ese último recurso, que es la investigación del tribunal federal de mayor rango. Fue ésa la última esperanza de una condena adversa a los autores intelectuales y materiales de los hechos de Atenco, lástima que sólo tres de los integrantes del alto tribunal estuvieron a la altura de su papel de juzgadores de nivel superior, con autoridad moral para señalar culpables con nombres y apellidos; la mayoría, en defensa de su propia clase social y quizás de sus amigos y anfitriones, rebajó la resolución y sólo se atrevió a decir que sí hubo violación a garantías individuales, pero que sólo eran condenables los ejecutores materiales, mientras que quedaron impunes y tranquilos los más encumbrados.

A pesar de ello, el baldón es difícil de quitar, para quienes aun exonerados en la fórmula de la resolución fueron señalados por parte importante de la opinión pública y por la minoría de ministros durante el debate. Helioflores, el agudo caricaturista, hace unos días fue más elocuente que mil palabras. Aparecen en el cartón, publicado en El Universal, el gobernador Peña Nieto y el procurador Medina Mora con caras de niños incapaces ni de una travesura, bien peinados, pero atrás, sobre las sombras de sus cabezas, destacan las cruces de las tumbas que se supondrían de los jóvenes asesinados en los hechos; el título del editorial gráfico es por demás concluyente: "Sombras nada más", pero añado, también nada menos: de esas sombras es difícil liberarse.

El 97, a pesar de la reticencia de quienes no gustan emplear las facultades que les otorga, volvió a funcionar.

México perderá 250 mil empleos en 2009

EFE/AFP

El ministro mexicano de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, estimó ayer que el recorte del crecimiento económico en México provocará unos 250.000 despidos en 2009, aunque recordó el compromiso de su Gobierno de que “el último recurso” para reducir costes sea la eliminación de puestos de trabajo.

Según el Instituto Nacional de Estadística (Inegi), la tasa de desempleo en México en 2008 se ubicó en 3,99% de la Población Económicamente Activa (PEA), cifra superior a la registrada en 2007 que se situó en 3,70%.

“Durante el año 2008, en promedio, la desocupación se ubicó en 3,99% de la población económicamente activa, cifra comparable con una tasa de 3,70% en 2007”, informó el Inegi en un comunidado.

En el mes de diciembre, el desempleo se situó en 4,32% del PEA, índice superior al 3,93% registrado en el mismo mes de 2007, según la encuesta de la entidad.

“En una economía que va a decrecer cerca del 1%, es evidente que vamos a tener cierta pérdida de empleos”, señaló Ruiz Mateos a la salida de una reunión que celebró ayer en París con su homóloga francesa, Christine Lagarde.

El nivel de falta de trabajo, por ejemplo, entre los hombres se incrementó de 3,42% a 4,27% y el de las mujeres pasó de 3,37% a 4,40% entre diciembre de 2007 e igual mes de 2008.

Ante este aumento de desempleo, no obstante, recordó los dos programas impulsados por el Gobierno de promoción del empleo temporal, que ocupará a 750.000 personas, y de protección al empleo, dirigido a empresas que van registrar un descenso de demanda por exportaciones, con el que se pretende evitar medio millón de despidos.

El ministro mexicano de Economía apuntó que “es normal” que las empresas reduzcan sus niveles de inversión en un mercado recesivo mundial, pero reveló que “ninguna empresa” de la industria automovilística que anunció programas de inversión en México “se va a echar para atrás”.

En este sentido, recordó que la empresa Ford anunció el año pasado una inversión de 3.500 millones de dólares, que “continúa”, del mismo modo el programa de inversión de General Motors para una planta de transmisiones por 600 millones de dólares.

Sin embargo, Telmex, el gigante de telecomunicaciones del magnate mexicano Carlos Slim, anunció que recortará “sustancialmente” sus inversiones en México para 2009, cifradas en 835 millones de dólares en total. “ Vemos que va a haber una caída de la inversión en México”, señaló Ruiz Mateos. Sin embargo, agregó que hay muchas empresas que están aprovechando la oportunidad de la crisis para invertir, ya que no todas las empresas del mundo están mal.

Asimismo, el ministro mexicano explicó que la reducción de las exportaciones a Estados Unidos se debe a motivos de demanda más que por problemas de proteccionismo.

Así, reconoció que no existe riesgo de que México siga una política proteccionista, ya que “ha estado dando pasos más adelante que otros países”, al haber firmado un acuerdo hace unos meses con empresas privadas para facilitar el comercio.

En cuanto al plan de estímulo económico estadounidense, el funcionario recalcó que “si es un programa que incentiva y saca de la crisis a Estados Unidos, va a ser de gran ayuda para la economía mundial”.

Carlos Slim: el magnate de los medios, es evasivo con la prensa

El Periódico / Guatemala (Especial para RMX)

Es el hombre más rico de México. El segundo más acaudalado del planeta (según Forbes, su fortuna, estimada en US$60 millardos, lo ubica por detrás tan sólo de Warren Buffet). Gran parte de su caudal tiene como base las comunicaciones. Sin embargo, en un perfil publicado ayer por el diario estadounidense The New York Times a Carlos Slim Helú se le critica por su díficil relación con la prensa.

Slim, narra Marc Lacey, reportero del diario del cual el mexicano es dueño del 6.9 por ciento de acciones, convocó a un grupo de corresponsales extranjeros a un almuerzo el año pasado. Todo iba bien (se le cuestionaba sobre tendencias de negocios) hasta que uno de ellos insistió en preguntarle cómo se sentía valer tanto en un país “donde mucha gente batalla para seguir adelante”.

El magnate cortó la entrevista. Defendió el liderazgo de su emporio y dejó claro que ese tipo de cuestionamientos no van con él. La relación del mexicano con los medios se puede describir como compleja: invierte millones en prensa y televisión, pero prefiere que a él lo dejen el paz.

The New York Times no pudo entrevistarlo para el perfil publicado ayer. Su vocero y yerno, Arturo Elías, fue quien comunicó que Slim, un viudo padre de seis hijos, declinaba conversar con el diario.

En México, la presencia de Slim se siente en casi todos los ámbitos, pero no es del tipo de persona que toma un teléfono y amenaza a quienes publican o dan a conocer algo que no le parece. Sus vastos recursos se traducen como parte de una maquinaria que parece estar bien engrasada, en que la cobertura que se le haga no sea tan crítica.

Así, el veterano periodista mexicano Raymundo Riva Palacio recordaba cómo, luego de tildarlo monopolista en el diario El Universal, un asesor de Slim amenazó con dejar sin pauta al medio.

El problema se resolvió sin mayor complicación. Arturo Elías aseguró que su suegro no actuaría jamás así: “somos importantes anunciantes, pero eso no nos da derecho a entrometernos con la línea editorial de los medios”, aseguró.

Raúl Trejo, catedrático de periodismo de la Universidad Autónoma de México coincide en que no es el magnate el que dicta cobertura. Para Slim, según dijo Elías, invertirle US$250 millones a The New York Times es un asunto de negocios. Algunos creen que todo forma parte de una estrategia para vincularse a nivel global con una marca conocida.

Slim es enigmático. Llega con mucha frecuencia a eventos solo, y cuando se dirige a la prensa a veces parece más ser un dueño de un pequeño negocio que el dueño de Telmex y Sanborns. “Ademas, aquí le damos cobertura a personas muy malas y a egos muy grandes. Slim, a pesar de todo, no es tan malo”, concluye Riva Palacio.

Carta de Andrés Manuel López Obrador dirigida a los legisladores

"gobierno legítimo"

Como es evidente, la crisis económica está causando estragos en el país. En los últimos tres meses, según datos oficiales, han perdido el empleo 541 mil trabajadores; hay decrecimiento económico y se encuentra paralizada la industria de la construcción; el peso se ha devaluado 40 por ciento con relación al dólar; la inflación está creciendo por encima de los aumentos salariales; en fin, millones de mexicanos padecen por la falta de empleo o porque sus ingresos no les alcanzan ni siquiera para lo más indispensable.


Y hasta ahora no ha habido ninguna respuesta gubernamental para proteger al pueblo ante la crisis. Es notoria la ineptitud y la irresponsabilidad de quien se ostenta como presidente de México. En el mejor de los casos, están pasando por alto que el Estado no puede incumplir su responsabilidad económica y social, como ha quedado demostrado ante el fracaso del modelo neoliberal en el mundo.

Por ello, sostenemos que el Congreso debe intervenir para evitar un mayor deterioro en todos los órdenes de la vida pública del país. Si no se actúa de inmediato, habrá mayor mortandad de pequeñas y medianas empresas, más desempleo, más pobreza y, en consecuencia, más inseguridad y violencia.
Nuestra propuesta es muy concreta: consiste en que el Congreso convoque a todas las fuerzas políticas y a todos los sectores económicos y sociales, a la celebración de un acuerdo para llevar a cabo un Plan de Emergencia y de Salvación Nacional.

Sostenemos que en una primera etapa, el Plan de Emergencia, debe considerar reducir en 200 mil millones de pesos el gasto corriente del gobierno, que ha aumentado en los últimos dos años en 437 mil millones, y se ha destinado, básicamente, a sostener estructuras burocráticas improductivas y a mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos.

Volvemos a reiterar que es un insulto que haya funcionarios públicos que ganen 600 mil pesos mensuales y que gocen de servicios médicos privados, fondos de ahorro especial, bonos discrecionales y otras prebendas. Este comportamiento es inmoral y nada tiene que ver con el recto proceder y la justa medianía a que debe sujetarse el funcionario público, según la recomendación del presidente Juárez.

El ahorro de 200 mil millones de pesos se puede lograr reduciendo a la mitad los sueldos, desde el presidente espurio hasta los directores generales y adjuntos del Poder Ejecutivo Federal; a la mitad las percepciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de los consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral; de diputados federales y senadores. Suprimiendo las partidas de fondo de ahorro especial y de gastos médicos para atención en hospitales privados de la alta burocracia. Cancelando las pensiones millonarias a los expresidentes de México. Eliminando la entrega de bonos discrecionales, la compra de vehículos para altos funcionarios, los gastos de representación, viáticos, la remodelación de oficinas, la renta de oficinas alternas, los boletos en primera clase y gastos de vestuario. Reduciendo drásticamente las partidas de publicidad, servicios telefónicos, celulares, fotocopiado y papelería, alimentación de funcionarios, congresos y convenciones, viajes al extranjero, servicios de asesoría, donativos, combustibles, arrendamiento de inmuebles, fideicomisos, entre otras. Todo ello acompañado de la disminución de estructuras burocráticas para bajar los gastos de administración.

Con un ahorro de 200 mil millones de pesos, se podrá incrementar a más del doble el presupuesto del Procampo; derogar el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU); apuntalar con créditos baratos y a la palabra, a pequeñas y medianas empresas; reducir hasta en un 15 por ciento, en promedio, los precios de las gasolinas, el gas, el diesel y las tarifas eléctricas para consumidores domésticos; y alcanzaría para destinar recursos a adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, comedores populares, becas para estudiantes de escuelas públicas, atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social.

Todo esto lo tenemos bien analizado, sabemos que es posible aplicar una política de austeridad republicana y liberar fondos para el desarrollo económico y social del país. Inclusive, señoras y señores legisladores, si ustedes así lo consideran, en aras del interés nacional los economistas y técnicos del Gobierno Legítimo, podrían participar en los trabajos de ajuste y de reorientación del presupuesto público.

Diputados y Senadores:

Es el momento de actuar como verdaderos representantes populares, de hablarle al pueblo de México con la verdad, de decirle que la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 26 años sólo ha beneficiado a traficantes de influencias y a políticos corruptos; que durante todo este tiempo, la economía nacional ha permanecido estancada; que no se han generado empleos; que se abandonó el campo; que somos el país del mundo que más mano de obra expulsa al extranjero; y que la inseguridad y la violencia que padecemos, es el resultado de la política de corrupción y pillaje que ha imperado en el país.

Un dato: En 1987, cuando se desataron las privatizaciones, en la lista de la revista Forbes, donde aparecen los hombres más ricos del mundo, sólo había un mexicano con mil millones de dólares. Al finalizar el sexenio de Salinas, ya eran 22. Y actualmente, sólo diez acumulan 100 mil millones de dólares, mientras la mayoría del pueblo ha sido condenada al destierro o a la sobrevivencia.

El país ya no aguanta más de lo mismo. Hay que acabar con la política del agandalle. Es el momento de poner un alto a la rapiña del presupuesto, de los recursos naturales y de los bienes de la nación; de terminar con los monopolios y de rescatar al Estado y a las instituciones de manos de la mafia para ponerlas al servicio del pueblo y construir una convivencia social más justa, más humana, y más igualitaria.

Señoras y señores legisladores:

Aunque nosotros creemos que sin una transformación de fondo de la vida pública de México, no vamos a poder enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, mucho se puede hacer en esta circunstancia de incertidumbre, si cuando menos se construye un acuerdo nacional para atemperar los afectos más nocivos de la actual crisis económica y se detiene la descomposición social.

Por eso volvemos a insistir en una respuesta formal a la carta-propuesta que les enviamos el día 3 de febrero del presente año, y una vez más dejamos de manifiesto que, a pesar de nuestras diferencias, estamos dispuestos a contribuir en todo aquello que realmente vaya en beneficio del pueblo. Por encima de nuestras posiciones políticas siempre estará el interés de las mayorías y de la nación.


ATENTAMENTE

Andrés Manuel López Obrador
Presidente Legítimo de México