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viernes, junio 27, 2008

PALABRAS DEL SECRETARIO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL GOBIERNO LEGITIMO EN EL SENADO DE LA REPUBLICA

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
26 de Junio

EL REGIMEN FISCAL DE PEMEX

A) Diagnóstico

Durante los últimos meses mucho se ha comentado sobre el petróleo y la industria petrolera en México y en el mundo; de hecho, cada día estamos más conscientes de la importancia geopolítica y comercial de este energético.

Cada vez estamos más convencidos de que la visión que en su momento llevó al general Lázaro Cárdenas y a los legisladores a establecer la exclusividad de la Nación en materia de explotación de petróleo y sus derivados, no fue producto de un capricho o de una simple ocurrencia, ya que los propios hechos nos muestran claramente la importancia estratégica que tiene, que tendrá y que ha tenido este energético en el desarrollo del país.

Luego entonces, habría que preguntarnos qué ha sucedido, por qué razón, si actualmente nuestro país es el sexto productor de petróleo en el mundo, tenemos que importar poco más de 40% de la gasolina que consumimos, 25% del gas natural y millones de dólares en productos petroquímicos.

Más aún, de acuerdo a diversas opiniones, estudios y análisis de instituciones y de técnicos ampliamente reconocidos, se ha hecho evidente que el país todavía cuenta con una cantidad muy importante de petróleo, tanto en el subsuelo de su territorio como en aguas someras y profundas.

Sabemos también, ya sea porque contamos con ellas o porque se pueden adquirir, que no existen barreras tecnológicas que nos impidan aprovechar en beneficio de la Nación el enorme potencial de desarrollo que ofrece la industria del petróleo.

Todavía más, resulta absurdo que se acepte —sin revisar a fondo— la premisa que sostiene que Petróleos Mexicanos está en quiebra, o bien que a pesar de los cuantiosos ingresos anuales que recibe haya registrado pérdidas en su operación.

Al respecto, conviene señalar que actualmente las ventas anuales de esta empresa superan el billón de pesos, es decir, que sus ingresos representan el equivalente a 50 años del presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo. O al presupuesto del Seguro Social durante casi todo un sexenio.

De esta manera, más allá de ideologías políticas o económicas, la sensatez y el sentido común nos indican que la primera reflexión que debemos de llevar a cabo consiste en saber si nuestro país enfrenta un problema petrolero que se origina en la propia paraestatal, o bien tiene su origen en el tratamiento fiscal y presupuestario que se le ha dado a la empresa, mismo que se deriva de las fallas que presenta el sistema hacendario del país.

Así, por ejemplo, de acuerdo con datos de PEMEX se observa que desde el año 2000 a la fecha, mientras que esta empresa ha registrado ventas acumuladas por 6 billones 307 mil millones de pesos, ha entregado ingresos a las arcas nacionales por 5 billones 100 mil millones de pesos, cifra que significa 80% de sus ventas.

Contrariamente, si revisamos los recursos presupuestarios que para el mismo periodo se han destinado a la inversión pública directa en Pemex, nos damos cuenta que estos ascienden aproximadamente a 180 mil millones de pesos, cifra que representa, apenas, 3% de sus ventas totales.

Esta, señores legisladores, es la verdadera razón que explica las circunstancias por las que atraviesa la industria petrolera del país y nos permite afirmar con la mayor contundencia del mundo, que la situacion de Pemex y de esta industria es resultado directo del fracaso de este neoliberalismo pervertido que busca proteger a pequeños grupos de poder económico, en detrimento del patrimonio nacional.

B) Por qué razón Pemex tiene tan elevada carga fiscal

En México, el sistema tributario tiene grandes “huecos”, es decir, mantiene la existencia de “regímenes fiscales especiales” que permiten que las grandes empresas prácticamente no paguen impuestos.

Para corroborar lo anterior, sólo basta mencionar que mientras que las empresas aportan entre 55 y 60% del ingreso nacional, su contribución al pago sobre el impuesto sobre la renta como porcentaje del PIB ha sido de 2.5% en promedio durante los últimos 7 años.

En tanto, la contribución fiscal de los asalariados que generan 25% del ingreso nacional, ha sido en promedio de 2.25 por ciento, en ese mismo lapso.

Esto es, aunque la contribución de las empresas debería ser al menos del doble de la de los asalariados, en virtud de que contribuyen con el doble a la generación de ingreso, no sucede así gracias a los “regímenes fiscales especiales”.

Estos “huecos”, combinados con la deficiente administración tributaria, han obligado a que a PEMEX se le tengan que confiscar prácticamente todos sus ingresos para financiar un creciente y desmesurado gasto público corriente, que se ha privilegiado por encima del gasto en infraestructura productiva.

Así, por ejemplo, en el año 2005, a pesar de que PEMEX tuvo ventas por 925 mil millones de pesos, registró una pérdida de 76 mil millones de pesos, mientras que TELMEX, que tuvo ventas por 162 mil millones de pesos, (es decir, sólo 17% de lo que vendió PEMEX), registró una utilidad neta de 28 mil millones de pesos.

O bien podemos comparar el caso de Wall-Mart, que tuvo ventas por 165 mil millones de pesos y su pago de ISR representó sólo 2.4% de sus ventas totales.

Esta situación fue advertida por la propia Auditoría Superior de la Federación, la que aun antes de que este Congreso aprobara la mal llamada Reforma Fiscal, señaló que durante 2005 (año en el que PEMEX registró una pérdida de operación por haber entregado todos sus ingresos al fisco), 50 grandes contribuyentes pagaron en promedio 74 pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta. De hecho, señaló textualmente lo siguiente:

Se detectaron 50 grandes contribuyentes, cuyos pagos individuales de ISR en 2005, deducidas las devoluciones, fueron menores a 74 pesos, esto debido a que las devoluciones efectuadas en el periodo 2001-2005, por 604 mil 300 millones de pesos, superaron en 216% al incremento en la inversión privada que fue de 279 mil 832 millones de pesos, lo que contradice la hipótesis de que una menor tributación (como en rigor implican las devoluciones), libera recursos a los particulares para incrementar la inversión en capital. Por ello se genera una situación de privilegio para unos cuantos contribuyentes que contraviene el principio de equidad fiscal.

Cabe señalar que las recientes reformas fiscales aprobadas y que incluyen al IETU, no resolvieron esta situación, por lo que la política tributaria sigue siendo altamente adversa para PEMEX.

Al respecto, conviene subrayar que de acuerdo con información del propio PEMEX, se observa que es una de las empresas petroleras con mayor carga fiscal en el mundo.

C) A pesar de su contribución fiscal, Pemex no recibe recursos del Estado para poder crecer como empresa

De esta manera, desde 1983, en vez de modernizar la industria petrolera y convertirla en palanca del desarrollo nacional, todos los gobiernos neoliberales han optado, deliberadamente, por arruinarla y tener el pretexto para venderla y convertirla en un negocio privado, que es también el objetivo final de las iniciativas enviadas por Felipe Calderón.

Sólo baste señalar que la inversión pública directa en Petróleos Mexicanos se ha reducido al mínimo, ya que pasó de representar 2.9% del PIB en 1982, a 0.57% del PIB en 2007.

Desde hace 25 años no se construye una nueva refinería y por eso estamos importando, en promedio, 307 mil barriles diarios de gasolina.

Contrario a lo que debería hacerse, se han diseñado esquemas poco transparentes, costosos financieramente y con nulo impacto para la demanda de insumos nacionales y de mano de obra, llamados PIDIREGAS, que han permitido sustituir a la inversión pública por inversión privada y que, paradójicamente, han generado “deudas para PEMEX” .

A todo esto hay que añadir; que las aportaciones fiscales de PEMEX no se reducen al pago de impuestos y derechos, sino que incluyen el llamado superávit primario, restriccion que se le impone con el único fin de incrementar la capacidad de endeudamiento del gobierno, sin que se refleje en su balance presupuestal.

Al respecto es preciso señalar, que en la iniciativa de Felipe Calderòn, no esta claro que esta restricciòn se elimina.

En materia de excedentes petroleros, nadie sabe con precisión en dónde se encuentran, o a qué han sido destinados.

Se dice que gran parte de ellos, se han esfumado en la importación de gasolinas.

Sin embargo, tengo en mis manos un oficio de Pemex, que muestra que el precio al que se importó la gasolina durante el primer trimestre del este año, fue inferior al precio de venta a los distribuidores del país.

¿Será que este “subsidio” es el resultado de la nociva política de precios de transferencia que se aplica sobre las “subsidiarias de Pemex” y que ha elevado el costo de los energéticos en el país.

O bien, ¿será que estos excedentes son un nuevo superávit primario adicional, para el gobierno?

Porque una cosa nos queda clara: los excedentes petroleros, han permitido la tremenda expansión del gasto corriente en los últimos años.

Legisladoras y legisladores:

Las iniciativas presentadas por Felipe Calderón, no garantizan que la situación fiscal y presupuestaria de Pemex, será modificada.

En cambio prometen la entrega del mercado petrolero a la iniciativa privada, y es precisamente ahí, donde se encuentra su inconstitucionalidad e ineficiencia económica.

Permítanme recordarles, que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, al mes de diciembre de 2007 la deuda total del sector público se ubicó en 3.5 billones de pesos, de los cuales 45%, es decir, 1.6 billones, corresponde a conceptos que están directamente ligados con privatizaciones, como son el rescate bancario y el carretero, sin olvidar los PIDIREGAS, que han sido al final de cuentas intentos poco transparentes de promover la inversión privada en el sector energético.

Así, de los 33 mil 500 pesos que cada mexicano ya debe al nacer por concepto de deuda pública total, poco más de 15 mil son producto de privatizaciones.

Y a esto hay que añadir que, pese a esta deuda, enfrentamos bancos que cobran altas comisiones y elevadas tasas de interés, carreteras costosas y en mal estado, y por si fuera poco, elevadas tarifas de energía eléctrica y una gasolina cara; pero “subsidiada”.

De esta manera, para los mexicanos las privatizaciones están asociadas directamente con las palabras “rescate”, “falta de transparencia”, “corrupción” y “deuda”.

Luego entonces, resulta absurdo que ahora se pretenda resolver el problema que enfrenta el sector petrolero utilizando como herramienta principal a la “privatización” o, como algunos dicen para evitar esta palabra, la “inversión privada”, tal y como lo señala la iniciativa de Felipe Calderón.

Por ello, ustedes deben reflexionar y reconocer que gran parte del problema que enfrenta Pemex es fiscal y presupuestario.

Deben aceptar que ha sido con dinero del presupuesto y proveniente del petróleo con el que se han llevado a cabo los costosos rescates, producto precisamente del fracaso de las privatizaciones.

Así, por ejemplo, mientras en los últimos ocho años se han destinado poco más de 318 mil millones de pesos sólo para cubrir los intereses de la deuda generada por el rescate bancario, Pemex ha contado en el mismo periodo con recursos para inversión por 180 mil millones de pesos (cabe señalar que esta diferencia acumulada representa el costo de por lo menos tres y media refinerías).

Está absolutamente claro, pues, que los recursos económicos generados por nuestra industria petrolera han sido utilizados para eludir una reforma fiscal progresiva, que afecte los intereses de las grandes empresas privadas.

Está claro también que esto ha provocado que el Estado haya transformado el lugar que ocupaba PEMEX; y de ser un proveedor seguro de energía, lo ha convertido en la principal fuente de recursos fiscales.

Este régimen fiscal y presupuestario, al que durante años se ha sometido a Petróleos Mexicanos, ha tenido como resultado una baja dramática de nuestras reservas probadas de hidrocarburos, una creciente importación de petroquímicos y refinados, la descapitalización de PEMEX, y la consecuente disminución en su capacidad de crecimiento.

Esto nos permite afirmar que el problema de la paraestatal más bien obedece a un asunto fiscal y presupuestario, y no a uno de carácter energético: Pemex es uno de los principales damnificados de la política económica, como lo ha sido el campo, o el mercado interno.

Por ello, la solución debe buscarse en el marco de una reforma hacendaria que provea los recursos financieros que permitan el diseño de una política energética que responda y respete al mandato constitucional.

Es necesaria, aun y cuando Felipe Calderón tenga temor de afectar los intereses de quienes legitimaron el fraude del 2 de julio del 2006, una reforma tributaria que ataque los paraísos fiscales que hoy permiten a las grandes empresas no pagar impuestos.

Y también resulta indispensable terminar con los privilegios, prebendas, altos salarios de los funcionarios públicos y dispendios, que han provocado un desmedido crecimiento del gasto público superfluo.

Si Felipe Calderón teme adoptar estas medidas, asuman ustedes, legisladores y legisladoras, la responsabilidad de cumplir con la Constitución y otorgar a PEMEX viabilidad para llevar a cabo mandato, ya que esta orden constitucional, es a Pemex, y no a la iniciativa privada.

De lo contrario, cargarán con el estigma de haber entregado el patrimonio petrolero de la Nación.
Muchas gracias.

Ineficacia operativa, principal lastre de Pemex, coinciden expertos en el Senado

■ Para siete de los ponentes en el debate, la renta petrolera es del pueblo de México, no del gobierno

Roberto Garduño y Enrique Méndez / La Jornada

El análisis del régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) generó coincidencias entre los especialistas convocados al Senado de la República: el problema principal de la paraestatal no es la escasez de recursos para inversión, sino la ineficacia operativa e incapacidad en el momento de ejecutar proyectos de gran complejidad y tamaño.

Siete de los ponentes invitados al foro sobre el régimen fiscal de Pemex, incluidos los que defienden la iniciativa de reforma del Ejecutivo federal, argumentaron que la renta petrolera pertenece al pueblo de México y no al gobierno ni a la empresa paraestatal.

No obstante, el subsecretario de Ingresos de Hacienda, José Antonio Meade, reseñó la concepción del Ejecutivo sobre el tema: “Los mexicanos son dueños de la renta petrolera sólo en la medida en que Pemex pague impuestos, y el organismo estará en posibilidad de pagarlos en tanto logre extraer el petróleo de los yacimientos”.

Juan José Suárez Coppel respaldó la iniciativa de reforma enviada por el presidente Felipe Calderón, al cuestionar la dependencia de Pemex de las asignaciones presupuestales por año; el sometimiento de las adquisiciones y contrataciones a un marco regulador rígido, y el impedimento legal para asociarse con empresas privadas para optimizar su producción.

Destacó que el principal lastre de Pemex “no es la falta de recursos, sino problemas de eficiencia operativa y capacidad de ejecución en proyectos. La propuesta del Ejecutivo crea el marco normativo que permitirá a los mexicanos exigir cuentas de la operación” a la paraestatal, aseguró.

Críticas al proyecto

Por su parte, Fluvio Ruiz Alarcón señaló que la Secretaría de Hacienda “controla y reparte” la totalidad de los ingresos excedentes del petróleo con fundamento en criterios financieros convertidos en obligaciones de ley.

También criticó la propuesta de reforma en materia de derechos, enviada el 13 de mayo por el Ejecutivo Federal, porque adiciona tres derechos sobre extracción de petróleo crudo y gas natural en los campos de Chicontepec y aguas profundas. También crea uno más que, dijo, resulta poco significativo, al que se denomina derecho para la fiscalización tributaria.

“Salvo estas propuestas, la parte fiscal de Pemex se mantiene intacta, es decir, tan sólo se adecua el marco jurídico en materia de derechos para engarzar las propuestas operativas, donde el capital privado jugará un papel fundamental, y aquellas que tienen que ver con las contribuciones que deberán reportar Pemex y los privados que participen en las actividades de la industria petrolera, específicamente en Chicontepec y aguas profundas”.

Para el priísta Jorge Chávez Presa no cabe sombra de duda respecto de la propiedad de la renta petrolera: no le pertenece ni al gobierno ni a Pemex; corresponde a la nación el dominio directo sobre los hidrocarburos y, consecuentemente, las ganancias que esto genera.

“El gobierno tiene la obligación de destinar estos ingresos extraordinarios a conformar la riqueza de la nación. Esto, tristemente no ha sucedido así. Los mexicanos, por falta de ingresos tributarios, hemos dilapidado la riqueza petrolera. Como estos ingresos provienen de un recurso natural no renovable, significa que en su aplicación deben ser consideradas las futuras generaciones.

“La única forma de tomar en cuenta a las futuras generaciones en la explotación de los hidrocarburos es transformando la renta petrolera en activos o bienes de capital, que pueden ser infraestructura de alta rentabilidad social, capital humano, invertir en el bienestar de la población, en ciencia y tecnología que amplíen el potencial productivo de la economía nacional, esto es, generar riqueza”.

Para Sergio Ramírez Martínez Pemex está a un paso de la crisis, porque la empresa importa 40 por ciento de las gasolinas; subsidia el consumo de petrolíferos; las reservas han caído casi 28 por ciento; se tiene enorme deuda en Pidiregas; se encuentra descapitalizada; se tiene dificultad para contratar financiamientos, y carece de personal calificado para enfrentar graves retos.

Subrayó que “la falta de inversión en las áreas de refinación y petroquímica, actualmente ineficientes, podrá resolverse mediante una adecuada y bien regulada mezcla de la participación de Pemex y de la iniciativa privada”.

En abierta defensa de la iniciativa gubernamental, Roberto Newell, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, adujo que generaría mayores beneficios para el país:

“Daría estabilidad a la finanzas públicas y con ello mejores perspectivas de competitividad, y mejoraría el funcionamiento del mercado energético a través de una mejor arquitectura institucional. Se obtendría el mandato institucional más claro para Pemex y se fortalecería la autonomía de gestión”.

Asunto fiscal, no energético

En tanto, Mario di Costanzo criticó la iniciativa calderonista en materia del régimen fiscal de la paraestatal, porque “el problema obedece a un asunto fiscal y presupuestario, y no de carácter energético. Pemex es uno de los principales damnificados de la política económica. Por ello la solución debe buscarse en el marco de una reforma hacendaria que provea los recursos financieros que permitan el diseño de una política energética que respete el marco constitucional y no lo viole”.

En contra de esas críticas, el subsecretario de Ingresos José Antonio Meade, repitió parte del discurso de Felipe Calderón en defensa de la iniciativa, al subrayar que el esquema tributario propuesto aporta las bases para el desarrollo nacional.

“Los mexicanos son dueños de la renta petrolera sólo en la medida en que Pemex pague impuestos, y el organismo estará en posibilidad de pagarlos en tanto logre extraer petróleo de los yacimientos.”

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