lunes, abril 11, 2011

Azcárraga-Salinas, Nuevo Monopolio

Jenaro Villamil

Una trama de simulación empresarial, financiera y política, así como la ambición por controlar las dos terceras partes del mercado de 35 mil millones de dólares anuales que genera el sector de telecomunicaciones en México está detrás de la reciente operación confirmada por Televisa para adquirir el 50 por ciento de las acciones de Iusacell, la tercera empresa de telefonía móvil en el país, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

Esta transacción –que aún debe ser autorizada por la Comisión Federal de Competencia- incluye un compromiso de Televisa para invertir 1,600 millones de dólares (37.5 millones en capital y 1,565 millones de dólares en deuda convertible), a cambio de compartir con Salinas Pliego, “los mismos derechos de gobierno corporativo” en Iusacell, así como permitir negociaciones entre la empresa de telefonía móvil y “empresas filiales de Televisa para expandir su oferta de servicios”.

Es decir, el control del 50 por ciento de Iusacell, le permitirá a Televisa ser la única empresa que pueda dar los servicios de cuádruple play en México (televisión, internet y telefonía fija y móvil), a través de su red de empresas de televisión por cable (Cablevisión, TVI y Cablemás), más Sky, de televisión satelital, y la telefónica Bestel.

El anuncio de la transacción entre Televisa y Iusacell coincidió con la autorización para que la empresa de Emilio Azcárraga Jean aumente de 58.3 a 100 por ciento su inversión en Cablemás, el segundo operador más grande de televisión por cable en el país, con 2.8 millones de suscriptores y una red de 1 mil kilómetros de servicio.

Esta concentración se realiza, a pesar de que Televisa y Cablemás incumplieron con las condiciones impuestas por la Comisión Federal de Competencia desde agosto de 2007: que Cablemás abandonara su participación directa o indirecta en la Productora y Comercializadora de Televisión (PCTV, a través de su filial Paxia S.A. de C.V,; y de que Televisa diera acceso no discriminatorio a otras empresas a sus señales de televisión abierta y se prohibieran “las ventas atadas”.

Para Banamex Casa de Bolsa, la concentración de Televisa y Cablemás por 4 mil 700 millones de pesos, anticipa la compra de Televisa en Megacable, la empresa más grande del sector, con lo cual Azcárraga Jean tendría el dominio de más del 65 por ciento de la televisión por cable.

De esta manera, la adquisiciones de Televisa en Iusacell y Cablemás, le permitirán a Azcárraga Jean tener 57 megahertz de espectro en telefonía móvil sin necesidad de participar en una licitación, competir directamente con Telcel, la empresa de Carlos Slim que tiene el 70 por ciento de los 90 millones de usuarios de telefonía móvil, y con la española Telefónica-Movistar, con 19.7 millones de suscriptores, además de tener el dominio del 70 por ciento de las frecuencias de televisión abierta y el control de los contenidos en televisión restringida.

Frente a este nivel de concentración, ninguna autoridad del sector ha podido frenar el avance de Televisa y el recrudecimiento de la guerra que esta empresa y TV Azteca han emprendido en contra de Telmex-Telcel, de Grupo Dish y de los otros medios que se atrevan a oponerse al duopolio televisivo.

El comisionado de Cofetel, Gonzalo Martínez Pous, advirtió que la autorización de la compra de 50 por ciento de Iusacell “está en la cancha de la Comisión Federal de Competencia”. “Nosotros únicamente nos encargamos de la regulación”, afirmó.

Para Jorge Fernado Negrete y Jorge Bravo, analistas de Mediatelecom “se confirma la colusión de intereses en televisión abierta para impedir la entrada de nuevos competidores en ese mercado, y serán cada vez más evidentes los beneficios y prebendas a favor de Televisa, aliada con TV Azteca para operar una plataforma inalámbrica que difundiría los contenidos de los dos principales productores, que llega a 95 por ciento”.

“Esta concentración excesiva de recursos comunicacionales, además de las alianzas y colusiones, no fomenta la competencia sino su destrucción”, afirmaron los especialistas de Mediatelecom en su análisis sobre esta tracción.

La Simulación Empresarial

La historia de esta simulación inició en la segunda semana del mes de octubre de 2010. Tras sostener contra viento y marea su sociedad con Nextel para obtener por 180.1 millones de pesos el bloque más valioso de la Licitación 21 para telefonía móvil, Televisa anunció la ruptura del compromiso de invertir 1, 400 millones de dólares en Nextel y tener entre el 37 y el 40 por ciento del capital accionario de la compañía.

La Licitación 21 se volvió un escándalo político, legislativo y mediático. El Congreso aprobó una exención de dos años para el pago de derechos a las empresas que participaran en la licitación más compleja del sexenio. El entonces titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, y el presidente de Cofetel, Mony de Swaan, negaron una y otra vez que las bases se hubieran redactado para favorecer a la sociedad Nextel-Televisa, las únicas que pudieron competir por el bloque nacional de 30 Mhz.

Grupo Iusacell interpuso el 95 por ciento de los más de 60 litigios que provocó la Licitación 21. Su abogado Salvador Rocha Díaz salía un día sí y otro también a litigar en contra del “favoritismo” de las autoridades a Televisa-Nextel.

Televisa manejó que debido a la “politización” de la Licitación 21 suspendía su compromiso de sociedad con Nexte y privilegiaba su inversión en Univision, la cadena de televisión norteamericana de habla hispana que en junio de 2006 perdió Azcárraga Jean en su intento de adquirir el control accioniario.

En el mismo mes de octubre de 2010, Grupo Iusacell firmó un convenio con sus acreedores para reestructurar una deuda que ascendía a 544 millones de dólares: 344 millones de dólares con vencimientos para 2011 y 2012, y 200 millones de dólares más con vencimientos para 2013.

De esa deuda, 200 millones el empresario regiomontano David Martínez, director de Fintech Advisory, tenía el control del 98 por ciento de la deuda qe vencía en 2011, el 92 por ciento de la deuda de 2012 y 76 por ciento de la correspondiente a 2013.

Enigmático y astuto, David Matínez, especializado en la adquisición de compra de deuda a corporativos a descuento, tenía la intención de adquirir el 51 por ciento de las acciones Grupo Iusacell y competir en su terreno con Carlos Slim y con Televisa. Martínez es un viejo adversario de Alfonso de Angoitia, vicepresidente ejecutivo de Televisa y estratega de la expansión del consorcio hacia el área de telecomunicaciones.

Entre noviembre y diciembre de 2010, De Angoitia y Bernardo Gómez, los dos principales colaboradores de Emilio Azcárraga Jean, emprendieron sigilosas negociaciones con Ricardo Salinas Pliego para adquirir una parte del paquete de deuda de Iusacell y convertirse en accionistas mayoritarios de la empresa de telefonía celular.

El 21 de diciembre del año pasado se firmó un primer acuerdo confidencial entre Televisa y Grupo Iusacell, según fuentes cercanas a la negociación.

Un mes después, el 23 de enero de 2011, el columnista Miguel Angel Granados Chapa adelantó en su columna Plaza Dominical, en el periódico Reforma, que la operación de Televisa para quedarse con “la totalidad” de las acciones de Iusacell le permitiría “además de desembarazarse de su principal adversario en tribunales, contar de golpe y porrazo con 53 Mhz del espectro”, de lo cual posee la empresa telefónica.

El desmentido a Granados Chapa fue inmediato y hasta ofensivo. Televisa y Grupo Salians acusaron al periodista de haber mentido y de no haber consultado a las propias empresas. Manuel Compeán, vocero de Televisa, se dio el lujo de pontificar que el texto de Granados Chapa era “un desafortunado artículo que no cuenta con el mínimo rigor periodístico”.

Para los mismos días de diciembre de 2010, Telmex y Telefónica dieron a conocer un acuerdo de tarifas de interconexión por 0.95 centavos que sorprendió a los otros competidores. Tradicionalmente duros adversarios, la empresa de Slim y la dirigida en México por Francisco Gil Díaz, llegaron a una acuerdo que aceleró la negociación entre Televisa y Iusacell.

En febrero de 2011 inició la guerra abierta de Televisa y TV Azteca en contra de la poderosa dupla formada por Telmex-Telcel, y se ha extendido hacia Grupo Dish, propiedad de MVS en sociedad con EchoStar y Telmex.

El inicio de las hostilidades públicas se generó a raíz del incremento de las pautas publicitarias en los canales de Televisa. Slim decidió suspender el convenio para este año. Menos de una semana después, TV Azteca anunció que suspendía los anuncios de Grupo Carso por desacuerdos en las negociaciones de las tarifas de interconexión de Iusacell con las empresas de Slim.

En una reproducción casi calca de lo sucedido con la Licitación 21 comenzaron la ronda de demandas y denuncias. Iusacell, a través de su director jurídico Federico Borrego, interpuso ante la Comisión Federal de Competencia una demanda en contra de Telcel por presuntas prácticas discriminatorias y luego la demandó por el pago correspondiente al mes de febrero por interconexión.

Telcel-Telmex no se quedaron cruzados de brazos. Inundaron las páginas de medios impresos y cibernéticos con cintillos y desplegados en contra del “duopolio televisivo”, acudieron también a la Comisión Federal de Competencia para denunciar la dominancia de Televisa en el mercado de la televisión restringida y se defendieron ante la guerra de spots por las altas tarifas de interconexión
En una de sus últimas inserciones, Telmex afirmó: “Iusacell, ex monopolio celular pierde participación del mercado del 100 por ciento a 4.4 por ciento y usa noticiero con mentiras para presionar a las autoridades”.

Emilio Azcárraga Jean promovió en su cuenta de Twitter un blog en contra de Telmex titulado www.todoslosmexicanos.org y el nivel de agresión llegó casi al insulto.

El Enigma Financiero

Lo que antes negaron airadamente ante la columna de Granados Chapa, Televisa y Grupo Iusacell confirmaron cuando el 4 de abril Alberto Aguilar publicó que existían negociaciones ente ambos para aliarse y que Azcárraga Jean adquiriera la deuda de David Martínez.

“Hasta donde se sabe, Televisa adquiría la importante tenencia de deuda del regiomontano David Martínez, dueño de Fintech Advisory”, publicó Aguilar.

El miércoles 6 de abril, The Wall Street Journal citó a una fuente deTelevisa y adelantó que este grupo comprará el 50 por ciento de Grupo Iusacell por 1,600 millones de dólares. El vocero de la televisora afirmó al rotativo que esta adquisición es “una movida defensiva” en la batalla existente contra Slim.

“(Slim) nos está tratando de ahogar en una guerra de precios”, afirmó esta fuente. Criticó que a través de los servicios de comercialización y facturación que Telmex ofrece con Grupo Dish se ha reducido el precio de la televisión satelital, mientras que Telcel incrementó el número de teléfonos de la compañía.
La noche del mismo miércoles, el Consejo de Administración de Televisa aprobó la negociación realizada por Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia con su contraparte de Grupo Salinas, Pedro Padilla. El mercado bursátil no reaccionó favorablemente al anuncio: las acciones de Televisa disminuyeron entre 2.9 y 4 por ciento entre el 6 y 7 de abril.

Grupo Iusacell, que cotizaba en la Bolsa Mexicana de Valores, fue deslistada el año pasado por el alto costo de su deuda de 12 mil 047 millones de pesos. A finales de 2009, la Casa de Bolsa Ixe calificó como “delicada” la situación financiera de la compañía, ya que su flujo en efectivo era negativo y el pago de intereses absorbía prácticamente todo su flujo operativo.

“Teniendo como socio a Televisa se abre la posibilidad de que Iusacell se vuelva un jugador un poco más importante dependiendo de los acuerdos a los que lleguen y de la nueva estructura deuda-capital que tenga; el principal lastre de Iusacell siempre fue la deuda”, comentó a la agencia CNN Expansión Manuel Jiménez, subdirector de análisis de Ixe Casa de Bolsa.

Para distintos observadores, los ganadores de esta operación son David Martínez y Ricardo Salinas Pliego, cuya fortuna personal asciende a 8 mil millones de dólares, según la revista Fortune.

El financiero regiomontano, que vive entre Nueva York y Londres estuvo en México el mismo día de la comparecencia de Mony de Swaan ante las comisiones del Senado e hizo las últimas negociaciones para vender a un precio mayor los 200 millones de dólares de tenencia de la deuda que adquirió de Iusacell.

Para Martínez esta transacción representa también una vieja revancha financiera. En junio de 2003, Grupo Salinas dejó en el camino a David Martínez en la adquisición de las acciones de Verizon y Vodafone en Iusacell, empresa creada por Carlos Peralta, quien vendió en 2001 su última participación de 34.5 por ciento por 973.4 millones de dólares.

En 2003, por 10 millones de dólares, Ricardo Salinas Pliego adquirió el 100 por ciento de los títulos de Iusacell, empresa que ya arrastraba una deuda de 800 millones de dólares.

Ahora Televisa pagará 37.5 millones de dólares en capital y 1,565 millones de dólares en deuda convertible. A cambio, une fuerzas con TV Azteca para frenar cualquier otro competidor en televisión abierta y para “congelar” durante un tiempo el ingreso de Telmex a televisión restringida y la autorización para que MVS ofrezca servicios de banda ancha inalámbrica móvil a un precio mucho más barato que el cuádruple play de las televisoras.

Japón decidió elevar a 7 la alerta nuclear; como Chernobyl

Equipararía la situación con el accidente en el reactor en 1986, informó la agencia japonesa de noticias Kyodo

Reuters


Japón decidió elevar a nivel 7 la gravedad del incidente nuclear en la central de Fukushima tras el terremoto y un tsunami que sacudieron ese país oriental el mes pasado.

El registro es equiparable con la tragedia nuclear acontecida en Chernobil en 1986, informaron medios de comunicación locales.

La página digital la televisión pública NHK reportó que la Comisión de Seguridad Nuclear de Japón ha tomado tal decisión debido a los efectos ocasionados en la salud de los habitantes y en el medio ambiente de la zona afectada por los escapes radiactivos de la central nuclear.

Las autoridades japonesas habían punteado con 5 la gravedad del incidente dentro de la escala internacional (NIES), pero optaron por subir la medición al nivel 7, el máximo puntaje en dicho escalafón.

Se espera que el gobierno japonés realice una rueda de prensa en cualquier momento del martes para comunicar su decisión.

Kyodo dijo que la Comisión de Seguridad Nuclear del Gobierno ha estimado que la cantidad de material radioactivo liberado de los reactores de Fukushima, en el norte de Japón, alcanzaron un máximo de 10.000 terabequerels por hora en un momento por varias horas, que clasificaría el incidente como un accidente grave de acuerdo a la escala INES.

Los reactores del complejo Fukushima Daiichi resultaron dañados el 11 de marzo, cuando un terremoto de magnitud 9,0 y un posterior tsunami destruyeron el noreste del país, debido a una pérdida de energía que afectó funciones de enfriamiento.

Un portavoz del organismo de supervisión de seguridad nuclear de Japón, la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial (NISA por su sigla en inglés), dijo el martes que el nivel del incidente de Fukushima era aún un 5 y que no conocía ninguna medida del Gobierno para elevar el nivel.

SME: año y medio de supervivencia

Miguel Ángel Granados Chapa

Mañana, lunes 11 de abril, se cumplirán 18 meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la empresa eléctrica que con distintas denominaciones y diversas condiciones jurídicas prestó el servicio público de electricidad a la Ciudad de México y a varios estados vecinos.

Aun si se considerara que tal fue el propósito llano, el de liquidar un organismo público que en vez de contribuir al desarrollo mexicano estaba lastándolo, el decreto correspondiente está probablemente viciado de origen, como se empeña en demostrar el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero es difícil encontrar que tras el decreto de extinción de una empresa gubernamental se escondía en realidad el propósito de exterminar a una agrupación sindical casi centenaria, que a lo largo de su prolongada existencia se apartó sistemáticamente del modelo de organización laboral por el que los gobiernos priistas sometieron a los trabajadores a sus designios.

El cálculo gubernamental resultó errado. El sindicato no sólo existe, sino que una vasta proporción de sus integrantes ha resistido durante este año y medio las varias tentaciones, amenazas y presiones para claudicar en su propósito de recuperar la fuente de trabajo de la que fueron despojados abruptamente, con nocturnidad y con apoyo de la fuerza pública.

A través del sector laboral (Secretaría del Trabajo y Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) el gobierno panista quiso eliminar al sindicato por medio de una añagaza permitida por la en ese punto opresiva legislación de las relaciones laborales. Se negó a reconocer a la dirección elegida por los trabajadores, auspició el avance de una corriente colocada ostensiblemente al servicio de las autoridades e instigó la discordia interna difundiendo la falsa especie de que el comité encabezado por Martín Esparza únicamente buscaba la liquidación del patrimonio sindical en beneficio de unos cuantos.

El sindicato ha remontado un sinnúmero de circunstancias adversas y continúa en pie de lucha. Legitimada su dirección sindical por el apoyo masivo de más de 15 mil de sus miembros, que arrancaron el reconocimiento oficial negado por meses de manera contumaz, el SME mantiene abiertos diversos frentes para impugnar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, aunque parezca un hecho consumado e irreversible.

A través de juicios de amparo, por ejemplo, insiste en que el decreto del 11 de octubre de 2009 carece de eficacia jurídica, porque se incumplieron normas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo. La consecuencia de tal incumplimiento, según el argumento del SME sobre el cual deberán manifestarse en estos días jueces de amparo, es que ese muerto que el Estado pretendió enterrar o incinerar en realidad sigue viviendo. Dicho de otra manera, con las palabras del alegato sindical, “el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro no se encuentra jurídicamente en extinción ni en estado de liquidación”, por lo cual es debido que la administración pública ordene “la apertura inmediata del centro del trabajo, reinstalando a sus órganos de dirección y a los trabajadores adscritos a sus unidades de operación, cubriéndoles su salarios y prestaciones respectivos”.

Es difícil imaginar a jueces federales (los que conocen de dos amparos con esta materia como acto de autoridad impugnado) procediendo con tal gallardía que pongan en jaque a la Presidencia de la República. Es de imaginar que interpretarán los preceptos legales aplicables de tal suerte que prevalezca la situación de hecho originada hace año y medio. Pero no hay duda de que los autores de la medida, los constructores del andamiaje jurídico, actuaron con ignorancia o con prepotencia, esto es ignorando cómo debían proceder para liquidar a LyF o haciéndolo a conciencia contra la ley, con la arrogancia de quien sabe que un acto autoritario se impone por sí mismo y se le hace valer contra todo argumento con la pura razón de Estado.

El decreto de extinción de Luz y Fuerza fue elaborado al margen de los mecanismos de “mejora regulatoria” establecidos desde 1994. La Ley de Procedimiento Administrativo de entonces estableció una comisión encargada de revisar los decretos (y otros documentos con que el Ejecutivo ejerce el poder administrativo) que, entre otros propósitos, modifican el aparato estatal.

Esa ley determina que antes de emitirse un decreto, se formule un anteproyecto y se elabore una manifestación de impacto regulatorio que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) debe conocer cuando menos con 30 días hábiles de anticipación, y darle publicidad para que opinen sobre su contenido los sectores interesados. En su premura por extinguir a Luz y Fuerza, al menos tres secretarios de estado (de Gobernación, Energía y Hacienda) omitieron esa manifestación de impacto regulatorio y no contaron con el dictamen aprobatorio de la Cofemer.

Especialmente responsable es el secretario de Gobernación (lo era Fernando Gómez Mont en aquel momento), pues la ley ordena que esa dependencia “no publicará en el Diario Oficial de la Federación los actos… que expidan las dependencias o los organismos descentralizados de la administración pública federal, sin que éstas acrediten contar con un dictamen final” de la Cofemer.

La consecuencia de que los jueces de amparo percibieran la gravedad de esa omisión, calcula el sindicato, es que “se impone restaurar de inmediato las funciones de Luz y Fuerza del Centro, retirar la fuerza pública ubicada en sus instalaciones, reinstalar a los trabajadores en sus empleos, cubrirles el importe de los salarios y prestaciones de que fueron privados y suspender las acciones de liquidación que resultan ser de facto”.

Freno del Gobierno de Calderón al Proyecto de MVS en Banda Ancha

Jenaro Villamil

Tras cinco años de negociaciones infructuosas con las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para determinar la prórroga en la mayoría de los 60 títulos de concesión de la banda 2.5Ghz y después de dos años de conversaciones con la Secretaría de Hacienda para determinar el monto de la contraprestación que deberán pagar para utilizar este espectro en servicio de internet en banda ancha móvil de cuarta generación (4G), la empresa MVS y sus socios del Consorcio Concesionario (Clearwire, Alestra e Intel) decidieron dar a conocer el proyecto que contempla inversiones por más de 1 mil millones de dólares y que ha frenado el gobierno de Felipe Calderón.

“Necesitamos que el gobierno conteste, que explique: ¿por qué no ha renovado las concesiones? ¿Por qué han frenado un proyecto que permitirá abaratar el servicio de internet en banda ancha y tenerlo a una velocidad veinte veces más que los servicios que existen ahora?”, subrayó Joaquín Vargas, presidente de MVS.

En entrevista con Proceso, Vargas relató que la última negociación, en marzo de este año, fue con el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, José Antonio González Anaya, y con el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

González Anaya, economista vinculado al expresidente Carlos Salinas de Gortari y a su actual esposa Ana Paula Gerard, les indicó que no podían hacer nada, mientras Cofetel no estableciera los lineamientos técnicos. Y Cofetel no ha respondido a la serie de oficios enviados desde noviembre de 2010.

MVS propuso que para el pago de la contraprestación para permitirles usar los 190 Mhz de la banda 2.5 Ghz en servicio de cuádruple play se tomara como base el costo impuesto por Hacienda en la licitación de la banda 3.5 Ghz, más una prima adicional de 30 por ciento.

“Hacienda durante mucho tiempo insistió en que se debía licitar una parte, 50 megahertz. Nosotros le argumentamos que se necesitaban los 190 megahertz para dar una mejor cobertura y que dependiendo del volumen de suscriptores aumentáramos la prima de la contraprestación”, relata Vargas.

“Hicimos lo que nos pidieron: democratizamos la tenencia accionaria del consorcio concesionario para que ninguno pudiera tener más del 20 por ciento. Incluso, le ofrecimos al gobierno que participara. Seleccionamos a un operador autónomo para que diseñara, construya y opere la red y les ofrecimos que sería una red verdaderamente abierta, incluso para Televisa o Sky. Y ni así nos han resuelto”, resume el presidente de MVS.

La única autoridad regulatoria que se ha pronunciado a favor de este esquema es la Comisión Federal de Competencia. En un oficio del 4 de noviembre de 2010, el secretario ejecutivo del organismo, Ali B. Haddou Ruiz, admite que el despliegue de esta nueva red de banda ancha inalámbrica con cobertura nacional “puede tener un impacto favorable en las condiciones de competencia y libre concurrencia”.

La CFC observó las siguientes bondades del proyecto: promoverá el uso eficiente del espectro radioeléctrico; introducirá mayor dinamismo al sector de telecomunicaciones; garantizará el acceso no discriminatorio, la convergencia y la neutralidad de la nueva red; y evitará el acaparamiento o las reservas excesivas de capacidad.

José Antonio Abad, responsable del proyecto denominado “Banda Ancha Móvil para Todos”, aclaró en la rueda de prensa del 6 de abril que es mentira que detrás del proyecto esté Carlos Slim y Telmex. Al contrario, afirmó, este nuevo consorcio representaría una competencia para la red de banda ancha de Slim. También afirmó que “es mentira que este espectro se lo hayan regalado a MVS”. Aclaró que 16 por ciento de las concesiones fueron ganadas por asignación directa; 37 por ciento a través de licitaciones y 47 por ciento se compraron a terceros.

Consecuencias Jurídicas para el Gobierno

La inacción del gobierno federal frente al proyecto de MVS y sus socios ya provocó que la empresa norteamericana Hicks Muse Capital Partners, socia de la familia Vargas en el 23 por ciento de la explotación de la banda 2.5Ghz, ya inició un procedimiento por “daños y perjuicios” contra el gobierno de Felipe Calderón ante el retraso en el refrendo de las concesiones que detentan ambas empresas.

El abogado de MVS, Eduardo Sánchez, precisó que esta demanda se basa en el capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio donde se prevé que empresas norteamericanas puedan solicitar el arbitraje. Existe un plazo hasta diciembre de 2011 para determinar si procede o no la demanda.

También MVS está evaluando opciones jurídicas como demandar al gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no se aprueba el proyecto para la explotación de esta banda, aclaró Sánchez.

MVS también ya promovió más de 100 amparos para impedir qu el gobierno federal expropie las frecuencias que detenta en la banda 2.5Ghz. En el documento dirigido a la Comisión Federal de Competencia, MVS aclara que entre 2005 y 2009 vencieron 20 de los 60 títulos de concesión sin que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se haya pronunciado en definitiva si otorgará o no la prórroga. Los restantes 40 títulos vencen entre 2018 y 2020.

“Concretamente, MVS solicita que se le otorguen concesiones para la explotación de entre 120 Mhz y 190 Mhz en la banda de 2.5Ghz, por un plazo de 20 años, considerando una dimensión geográfica nacional”, advierte el mismo documento.

A pregunta expresa de Proceso, el abogado Eduardo Sánchez advirtió que en tanto MVS esté amparado “no hay riesgo de expropiación” por parte del gobierno federal.

Ernesto Vargas, presidente de MVS Telecomunicaciones, lamentó que “sería un tema muy triste que se desaprovecharan 4 año de negociaciones y que esperáramos hasta el próximo sexenio para que otro gobierno tomara la decisión.

El anuncio de MVS y sus socios coincidió con el nuevo flanco de la guerra en telecomunicaciones: la demanda interpuesta a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contra Grupo Dish, la empresa de televisión restringida que le ha quitado el 40 por ciento del mercado a Sky, la filial de Televisa en televisión satelital que antes controlaba el 90 por ciento del mercado y que ha tenido que abaratar sus costos ante la competencia.

Cobra el fin de semana 31 vidas en Juárez

Un total de 31 personas fueron asesinadas durante el fin de semana, entre los crímenes destaca una doble matanza que cobró la vida de diez personas en menos de media hora y el asesinato de tres elementos de la Policía Municipal.

Durante el viernes se registraron ocho homicidios en el transcurso del día, entre ellos, el asesinato de un comandante de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) adscrito al Distrito Policíaco Chihuahua, que comprende el sur poniente de la ciudad.

Durante ese mismo día, un gerente y un empleado de una funeraria fueron perseguidos y asesinados, después de que un comando los emboscara y les cerrara el paso, dándoles muerte a bordo del vehículo de la empresa.

Para el sábado, los asesinatos múltiples fueron el distintivo, registrándose dos muertes simultáneas; en una de ellas seis hombres que se encontraban en un taller en la colonia Lomas del Rey, al sur de la ciudad, fueron acribillados por varios sujetos que portaban armas de grueso calibre.

Apenas había transcurrido media hora cuando se alertó de una segunda masacre, en esta ocasión al norponiente de la ciudad, donde cuatro hombres fueron asesinados, apenas a unos metros del Río Bravo, cuando reparaban un automóvil, durante este día se registraron 18 homicidios.

El domingo fueron cinco los hombres asesinados, entre los cuales se contabilizó a dos agentes de la policía municipal.

Uno de ellos fue asesinado al terminar su turno, cuando llegaba a su domicilio, aún vestido con su uniforme y aunque en primera instancia se manejó que pertenecía al grupo especial Delta, autoridades informaron que se trataba de un agente del distrito Chihuahua, el mismo al que coordinaba el comandante que murió un par de días atrás.

El otro agente policíaco estaba adscrito a la policía especial, encargada de vigilar bancos y comercios. El elemento fue asesinado mientras se encontraba en su día de descanso.

Por la noche de domingo se tuvo conocimiento de un ataque a balazos, dos mujeres que viajaban en una camioneta de reciente modelo resultaron heridas. En el vehículo viajaba una niña de 7 años de edad, que resultó ilesa.

En este atentado, la conductora intentó evadir a sus atacantes, impactando en reversa su vehículo en una barda en el cruce de las calles Yepómera y Santiago Troncoso, al sur oriente de la ciudad.

En este caso, primeras versiones indican que pudiera tratarse de dos agentes policiacas, lo cual no ha sido corroborado por ninguna autoridad.

Balaceras, ataques, homicidios y actos vandálicos en Acapulco

Ezequiel Flores Contreras

Un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en la zona urbana de Acapulco desató varios hechos de violencia en distintos puntos de este destino de playa donde se reportaron balaceras, un taxista ejecutado y varios autos incendiados.

Estos hechos se registran luego de que durante la noche del domingo un agente de tránsito fuera acribillado por un comando que atacó la sede de la Secretaría de Protección y Vialidad de Acapulco, mientras que el director de Gobernación municipal Rogelio Lozano Herrera salió ileso de un ataque perpetrado por otro grupo armado donde resultó herido el chofer del funcionario municipal.

La operación de la Semar, que comenzó desde la madrugada de este lunes y concluyó cerca de las 11:00 horas, se llevó a cabo en la colonia Loma Bonita, ubicada al noreste del puerto en las inmediaciones de la céntrica avenida Farallón, y participaron al menos 80 infantes de Marina, movilizados en vehículos y apoyados por dos helicópteros que sobrevuelan la zona.

Hasta el momento no existe ningún reporte oficial sobre los hechos, sin embargo, se pudo conocer que los infantes de Marina cerraron un carril de la carretera Acapulco-México, a la altura de la avenida Adolfo Ruiz Cortines, situación que provocó que decenas de automovilistas dejaran abandonados sus vehículos ante el temor de un enfrentamiento.

Este operativo desató una serie de incidentes violentos en diferentes puntos de la franja turística de este destino de playa donde se reportan al menos tres vehículos quemados: dos sobre la avenida Cuauhtémoc y uno en la calle El Morro, cerca de la avenida Costera Miguel Alemán, indican reportes oficiales.

Uno de los autos incendiados se encontró a la altura del puente vehicular Bicentenario, otro más a unos metros frente a un restaurante de la costera.

El parte oficial señala que un taxista fue ejecutado en la colonia Progreso, luego de que un grupo armado lo interceptó. Los sicarios obligaron a los pasajeros a descender de la unidad; al pretender huir, el chofer fue atacado a balazos.

Levantan a un pastor en pleno culto religioso en Lázaro Cárdenas

Un comando de encapuchados que portaban fusiles de asalto, secuestró en plena ceremonia, a un pastor de la Iglesia cristiana El Shaddai, en la ciudad de Lázaro Cárdenas, confirmó este día la Procuraduría de Justicia de Michoacán (PGJEM).

Jonathan Espinosa, vocero de la PGJEM, explicó que la institución religiosa se reservó el derecho de presentar la formal denuncia por privación ilegal de la libertad.

La identidad del clérigo tampoco ha sido revelada, con la finalidad de proteger su integridad física.

Feligreses de la Iglesia El Shaddai, se niegan a proporcionar el nombre de su pastor, por temor a las represalias y clamaron por la pronta liberación de su líder espiritual.

El grupo armado irrumpió la mañana del pasado domingo, en el templo que se ubica en el primer cuadro de la ciudad de Lázaro Cárdenas, en la esquina que forman las calles Francisco I. Madero y Francisco Villa, cuando se realizaba la ceremonia dominical.

Para intimidar a los feligreses, los encapuchados que penetraron armados, hicieron disparos al aire y sacaron al pastor a empujones para subirlo a una unidad y darse a la fuga.

Luz y Fuerza del Centro “estorbaba”: Calderón

Apro

El presidente Felipe Calderón afirmó que Luz y Fuerza del Centro (LyFC) “sólo estorbaba” a la economía nacional.

Ante empresarios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, Calderón declaró que “una reforma estructural muy importante y muy difícil fue la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. No era nada más que nos costara 50 mil millones de pesos al año de subsidios, que sí era una lana y teníamos que cortarle al gasto. Era lo que estaba estorbando para el crecimiento de la economía”.

La permanencia de LyFC, insistió el presidente, impidió la celebración de negocios y detuvo desarrollos habitacionales.

“Imagínense el cuello de botella que estaba atorando ahí, todos los centros comerciales que tenían que jalar electricidad a base de máquinas de diesel, por ejemplo”, insistió.

Aparte, el procurador General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, confirmó que once miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas fueron detenidos, acusados de agresiones en el Circuito Interior.

El ‘Armagedón’ de las telecomunicaciones en México

Jorge Fernando Negrete P. y Jorge Bravo*

Dos noticias han incendiado el ya de por sí candente sector de las telecomunicaciones mexicano: el anuncio de MVS para firmar una alianza que permitiría crear una red de banda ancha de cobertura nacional a través de la banda 2.5 gigahercios, y el anuncio de que Televisa compraría el 50% de la empresa de telefonía celular Iusacell.

Ambas noticias están interrelacionadas porque, como hemos venido insistiendo en Mediatelecom, lo que está en disputa no es uno u otro mercado, sino la convergencia misma de servicios de telecomunicaciones. La convergencia (la técnica mediante la cual es posible transmitir cualquier contenido e información a través de todas las plataformas tecnológicas) no sólo es un proceso tecnológico y económico, sino sobre todo social que, además, resulta irreversible.

En este sentido, la autoridad sectorial y regulatoria en México ha resultado incapaz de comprender las verdaderas dimensiones de la convergencia digital. Ante la batalla de los operadores de telecomunicaciones, que buscan acaparar y tener una presencia dominante o hegemónica en el mercado convergente de servicios, la autoridad ha quedado absolutamente rebasada por acotar su visión estratégica al corto plazo, los procesos electorales y la conveniencia de no confrontarse con el duopolio televisivo, que cada vez es más evidente e innegable, aunque los funcionarios digan lo contrario.

En temas como política de competencia o interconexión, en México hemos adoptado las teorías y los modelos económicos de la Escuela de Chicago de Estados Unidos, pero no las instituciones que harían posible que esos paradigmas funcionen en la realidad mexicana, donde las decisiones se toman con tintes políticos. En nuestro país se ha cometido el grave error de regular al mercado, en lugar de regular el servicio público de comunicación. La distinción no es menor. Al regular el mercado se analizan los modelos de negocios de las empresas y se busca que las telecomunicaciones sean rentables y por eso existen mercados saturados y otros abandonados. En cambio, al regular el servicio público de comunicación se busca garantizar derechos fundamentales, penetración de servicios y se atienden las zonas más desprotegidas para alcanzar una cobertura universal, sin afectar el legítimo interés de los operadores de hacer sus empresas rentables.

Regular el mercado implica que los beneficios se trasladen directamente a los operadores. Regular el servicio público de comunicación significa que el usuario constituye el epicentro de las políticas públicas. En este caso, el Estado, en plena facultad de la rectoría económica sobre el espectro radioeléctrico, ante la imposibilidad de ofrecer y garantizar los servicios, concesiona bandas de frecuencia a actores privados, quienes deben hacer valer el servicio público de comunicación. Por eso, en las condiciones de los títulos de concesión deben establecerse de manera clara las obligaciones que deben cumplir los operadores para garantizar dicho servicio público.

En suma, en México no tenemos ni las políticas públicas ni las instituciones, mucho menos los funcionarios capaces de regular a los operadores de radiodifusión y telecomunicaciones en un entorno convergente, basado en el servicio público de comunicación.

Sobre MVS

Es innegable que MVS Comunicaciones concentra el 90% de la banda 2.5 Ghz, equivalente a 190 megahercios. El resto de la banda de frecuencia está en manos de otros nueve concesionarios (2009). Hay que recordar que desde los años 80, Multivisión obtuvo 10 concesiones (en igual número de plazas), a solicitud de parte, para operar el servicio de televisión restringida a través de microonda (MMDS), bajo la extinta Ley de Vías Generales de Comunicación.

Como se sabe, este servicio ha venido en picada y ha sido reemplazado social y tecnológicamente por la televisión satelital que, en cambio, en los últimos años ha tenido crecimientos exponenciales. En los siguientes años, ya con Ley Federal de Telecomunicaciones, Multivisión obtuvo nuevas concesiones para operar el servicio de televisión restringida en poblaciones mayores a 50 mil habitantes (es decir, regulando el mercado). En este caso, la Comisión Federal de Telecomunicaciones adoptó el modelo irlandés, que concentraba en un mismo concesionario el mayor porcentaje de la banda, por razones de viabilidad económica y para evitar interferencias perjudiciales. Por el contrario, en Estados Unidos la administración de la banda de 2.5 Ghz buscó repartirse entre ocho distintos operadores en una misma región. A lo anterior se sumó el avance tecnológico que le permitió ofrecer servicios bidireccionales, es decir, Internet; ahora, además, presta el servicio de banda ancha E-go, que se promociona como Internet para llevar.

Pero lo relevante es que la banda de 2.5 Ghz, que originalmente le fue asignada casi en su totalidad a MVS, ahora ha sido revalorada (como resultado de la digitalización y el avance tecnológico) por instituciones como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), así como sus capacidades técnicas y tecnológicas redimensionadas. Ahora, a través de esa banda del espectro es posible ofrecer servicios de Internet de banda ancha de alta velocidad. La banda 2.5 Ghz posee un enorme valor económico y la concentra un operador al que repetidamente Televisa ha obstaculizado su ingreso al mercado de la televisión abierta.

El motivo de la disputa: otra vez mal árbitro

Hoy en día, la empresa de la familia Vargas, también con presencia en cadenas de restaurantes de perfil ejecutivo, posee 41 concesiones para el servicio de MMDS, cuya cobertura alcanza 70% de la población y más de 15 millones de hogares, cuyos usuarios podrían verse beneficiados con Internet de banda ancha móvil. A finales de 2009, existían 26 concesiones vencidas en la banda 2.5 Ghz, 16 del servicio de televisión y 10 de audio restringido. De las concesiones de televisión de paga vencidas, 12 corresponden a MVS y ¡datan de 2005 y 2009! De audio restringido, MVS tiene 10 concesiones en la incertidumbre jurídica y se remontan a 2007. Las demás concesiones en esta misma banda vencerán en 2018 y 2020.

Una vez más, la autoridad ha dado palos de ciego y se ha conducido bajo criterios de improvisación, de prueba y error y no con base en una política pública. Ante el proceso de renovación de las concesiones de MVS, en un principio la Cofetel emitió opinión favorable a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que le fueran refrendadas las licencias a MVS. Esta opinión de la Cofetel vino acompañada de otra de la Comisión Federal de Competencia, que no encontró elementos que pudieran configurar alguna práctica monopólica o concentración indebida. Posteriormente, la misma Cofetel emitió una resolución que revocaba dicha opinión favorable. El argumento fue la subutilización del espectro de MVS.

En efecto, el artículo 37-IV de la Ley Federal de Telecomunicaciones establece que una concesión puede terminar por causa de rescate de la misma. Lo anterior sucede, según el artículo 23 del mismo ordenamiento, cuando lo exija el interés público, para la introducción de nuevas tecnologías o para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano. Ciertamente, éstas podrían ser causales suficientes para no renovarle las concesiones a MVS.

Sin embargo, diversas anomalías de la autoridad no han sido resueltas. Por ejemplo, el 15 de febrero de 2011 los senadores Carlos Sotelo y Jesús Garibay García propusieron un punto de acuerdo para que la Cofetel aclare y emita un informe detallado de la situación jurídica por la que atraviesan las concesiones de MVS. Hasta el momento, no se sabe que ese exhorto haya sido satisfecho por un organismo regulador que en cada oportunidad presume de ser transparente, pero que en realidad no lo es.

Por lo tanto, no tenemos evidencia documentada de que MVS esté haciendo una subutilización del espectro. Si es así, ¿por qué no actuó la autoridad en su oportunidad? ¿Por qué ha dejado pasar tiempo y ahora politiza el asunto? Por otra parte, la banda 2.5 del espectro está sufriendo una transformación tecnológica como resultado de la introducción de la tecnología WiMax.

El 16 de enero de 2009, Joaquín Vargas, presidente de MVS, declaró: "Nosotros no podemos invertir [100 millones de dólares] en estas nuevas tecnologías porque no tenemos la certidumbre jurídica de que nos van a renovar las frecuencias. Entonces, estamos pidiendo, y lo hacemos muy respetuosamente, pero al mismo tiempo enfáticamente, que antes que se inicie el proceso de licitación, el gobierno federal finalmente determine el criterio mediante el cual se van a renovar los títulos". (El Universal y El Financiero, 16 de enero).

Es decir, la autoridad que ha estado obsesionada con regular el mercado, debería saber que cualquier empresario que no tiene aseguradas sus inversiones como resultado de incertidumbre jurídica y procedimientos administrativos eficientes y expeditos (como es el caso de una renovación de título de concesión), difícilmente se atreverá a hacerlo. Es el caso de Televisa, que prefirió retirarse de la licitación 21.

Independientemente de aclarar si realmente MVS subutiliza o no el espectro radioeléctrico que le fue concesionado, y la causa de ello, es preciso aclarar que la autoridad se encuentra en falta flagrante. El artículo 27 de la LFT dice claramente que para el otorgamiento de las prórrogas será necesario que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en la concesión que se pretenda prorrogar, lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del plazo de la concesión y acepte las nuevas condiciones que establezca la SCT, la cual resolverá lo conducente en un plazo no mayor a 180 días naturales.

La Cofetel no ha sido transparente y no ha aclarado si MVS ha cumplido con las condiciones de su título de concesión, y si solicitó a tiempo la prórroga de sus concesiones. En donde no hay duda, es en que el plazo de 180 días no ha sido acatado por la autoridad. No es posible que un organismo especializado y técnico, que dice regular el mercado, administrar el espectro y ser transparente, demore años en resolver una prórroga de concesiones y se obstine en tomar decisiones de forma discrecional y política. En ese contexto de incertidumbre jurídica y de falta de inversión, ¿qué argumentos esgrimirá la autoridad cuando MVS opte por la vía de los litigios, los tribunales y los estrados? ¿Ahora a quién van a culpar?

Lo cierto es que la entrada de un operador vigoroso en la banda de 2.5 Ghz traería consigo una reconfiguración del espectro, el mercado y fomentaría la competencia. Con base en el Índice de Herfindahl que mide la concentración en los mercados, las licitaciones 20 y 21 arrojaron mayor acaparamiento de espectro en el segmento de telefonía y servicios inalámbricos en las bandas de frecuencias de 800 Mhz, 1.9, 1.7-2.1 y 3.4-3.7 Ghz.

Actualmente, en todas esas bandas y en todas las regiones en que se divide el país, Telcel-Telmex poseen 32.16% del espectro; Nextel, 26.05%; Telefónica, 15.51%; Iusacell-Unefón, 13.61% y Axtel, 21.64%. Con un nuevo operador en la banda de 2.5 Ghz, el panorama de las telecomunicaciones en lo que se refiere a tenencia de espectro sería el siguiente: MVS, 32.46%; Telcel-Telmex, 21.72%; Nextel, 17.60%; Telefónica, 10.47%, Iusacell-Unefón, 9.19% y Axtel, 8.54%.

Así, la concentración de espectro y de mercado se reduce claramente con el ingreso de un nuevo operador en la banda de 2.5 Ghz.

Sobre Iusacell-Televisa

Finalmente está por consumarse la revelación que en su momento dio a conocer el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, la compra de Iusacell por Televisa, y que mereció los más encendidos descalificativos, principalmente por parte de operadores de las televisoras.

Siendo dueño de los negocios de televisión, telefonía, servicios bancarios y electrodomésticos en abonos, Ricardo Salinas Pliego ha perdido la oportunidad de convertirse en un operador convergente incluso antes que Televisa y Telmex-Telcel. La decisión ha sido desastrosa. Su falta de visión, experiencia y conocimiento del mercado del entretenimiento y la comunicación lo lleva ahora a vender 50% de su empresa Iusacell a su principal competidor, lo que exhibe una simulación.

Imaginemos que, como resultado de la convergencia, los clientes de bajos ingresos que compran a altísimo precio sus utensilios para el hogar en las tiendas Elektra, pudieran hacer micro pagos y transacciones financieras a través de Banco Azteca mediante el teléfono móvil. Además, un dispositivo inalámbrico de la marca Samsung, que sólo vende Iusacell, puede recibir las señales abiertas de TV Azteca, sin mencionar muchas otras aplicaciones.

Televisa, en cambio, exhibe su amplia experiencia y pragmatismo al aliarse con su único competidor en televisión abierta, para incursionar de lleno al mercado de la telefonía para nichos de elevado ingreso y participar en el triple y cuádruple play. Ahora entendemos por qué Iusacell de pronto comenzó a preocuparse e interesarse por las tarifas de interconexión, cuando se había mantenido al margen de la discusión: porque Televisa ha orquestado (con el poder de la pantalla y los contenidos) una campaña para crear un adversario (Telmex-Telcel) sobre el cual recaigan todas las restricciones regulatorias, además de la sanción de la opinión pública.
Particularmente interesante es el papel que desempeñará la empresa Nextel en toda esta reconfiguración. Por lo pronto, y si no ocurre otra cosa, Nextel ya ganó la licitación 21 y ya acapara buena parte del espectro para comunicación inalámbrica y telefonía móvil. Por nicho de mercado y plan de negocios, el principal competidor de Nextel no era Telcel ni Telefónica (como quiso creer durante el proceso de la licitación 21), sino precisamente Iusacell que, precisamente, interpuso más de 80 amparos contra la licitación 21.

El otrora aliado de Nextel, Televisa, ahora adquiere el 50% de Iusacell, el todavía opositor a esa alianza. Aquí se perfilan, por lo menos, dos escenarios en la enmarañada reconfiguración de las telecomunicaciones en México.

1. Se consuma la traición a Nextel por parte de Televisa, quien no tendrá impedimento legal, y mucho menos político, para incursionar en el mercado de la telefonía móvil a través de Iusacell. Nextel volverá a ser la víctima de operadores y autoridad, pues su solicitud para operar una concesión de telefonía móvil demoró más de seis años.

2. Nextel, con el apoyo financiero de Televisa, adquiere la otra mitad de Iusacell, convirtiéndose en Nextel-Iusacell, pero con pleno control de Televisa y una cuota de mercado de 8%. Desaparece un operador (Iusacell) que, en manos de Salinas Pliego, realizó una muy pobre inversión y cobertura.

Ambos escenarios ocasionarían que Iusacell dejaría de rentar a Telcel el espectro que no utiliza. Pero lo más relevante es la desproporción que se produciría en cuanto al mercado de la televisión. Un fenómeno inédito sería que los dos principales productores de contenidos audiovisuales estarían aliados para difundirlos a través de la misma compañía de telefonía.

Por todo lo anterior, se plantean las siguientes conclusiones.

1. La autoridad sólo se ha preocupado por regular ‘y mal' el mercado de las telecomunicaciones, en lugar de regular el servicio público de comunicación que sí traería beneficios a la población. Los funcionarios han copiado y adoptado modelos y teorías de otros países, pero carecemos de las instituciones que regulen el sector en un ambiente de convergencia.

2. Los operadores buscarán ‘a pesar de la autoridad e incluso de la regulación' competir en el mercado de la competencia para ofrecer servicios a través de múltiples plataformas. La competencia es un proceso irreversible que no ha sido incorporado en una política pública incluyente y cada vez más necesaria.

3. La autoridad reguladora en competencia y telecomunicaciones autorizará la compra de 50% de Iusacell por Televisa, así como la concentración con Cablemás. Se confirmará la colusión de intereses en televisión abierta para impedir la entrada de nuevos competidores en ese mercado, y será cada vez más evidentes los beneficios y prebendas a favor de Televisa, aliada con TV Azteca para operar una plataforma inalámbrica que difundiría los contenidos de los dos principales productores, que llega a 95%. Es legítimo que esta empresa quiera participar y obtener ganancias de la convergencia, pero por qué no se le permite ese mismo derecho a otros operadores de redes públicas de telecomunicaciones. Esta concentración excesiva de recursos comunicacionales, además de las alianzas y colusiones, no fomenta la competencia sino su destrucción.

4. La convergencia de servicios será un proceso que beneficie a los mexicanos si la autoridad exige obligaciones de inversión en infraestructura, cobertura universal y penetración de servicios en las regiones más apartadas y desprotegidas del país, así como en zonas rurales y urbano-marginales. La mejora y ampliación de servicios de salud, educación, seguridad y gobernanza es una condición sin la cual la convergencia no puede ser garantizada.

* Los autores son Director y editor de Mediatelecom, respectivamente, un portal y empresa consultora dedicada al análisis estratégico de las telecomunicaciones en México.

Slim vs Televisa-TV Azteca: Las guerras en México

Manuel Velásquez

Si no puedes con la competencia, úneteles —o en su caso cómpralos—. Al menos, así es como lo ha entendido Televisa. Desde principios de año se ha venido manejando que Televisa habría entrado en tratos con Iusacell para adquirir a la telefónica o parte de esta. Sin embargo, todos estos rumores se habían desmentido insistentemente. No les convenía a ninguna de las partes que se supiera.

Sin embargo, el Wall Street Journal sacó a la luz que la empresa de Emilio Azcárraga, estaría en tratos con la compañía de Ricardo Salinas Pliego para comprar un 50 por ciento de ésta. La inversión sería de unos mil 600 millones de dólares en compra de deuda de Iusacell.

Aunque la operación está prácticamente cerrada, sólo son tratos, dicen las empresas. Pero lo cierto es que detrás de la compra de la mitad de la compañía telefónica, se encuentra el interés de Televisa por tener los cuatro rubros de las telecomunicaciones en la mano: telefonía fija, telefonía móvil, Internet y televisión. Esto le serviría para poder remontar la "guerra" que actualmente libra con Carlos Slim.

Lo paradójico del asunto, sería que estaría comprando a la empresa que llevó el estandarte para impedir que Televisa y Nextel se adueñaran de la licitación 21, la cual le hubiera permitido entrar al campo de la telefonía móvil por su propia cuenta.

Aunque también hay que señalar que Iusacell pasó de ser una de las empresas con mayor número de usuarios en México, a contar con tan sólo cuatro millones, controlando únicamente el 4 por ciento de la telefonía celular. En cambio, Telcel cuenta con alrededor de 60 millones de usuarios. En el país, existen casi 100 millones de usuarios de telefonía móvil, siendo uno de los mercados más grandes y con mayor crecimiento a nivel mundial.

Habría que señalar que es curioso el hecho de que Iusacell pertenezca a Ricardo Salinas Pliego, el otro magnate de las comunicaciones en México, dueño de Televisión Azteca. También es uno de los que está envuelto en la actual guerra contra Carlos Slim.

Dejando a un lado el tema de las telecomunicaciones, el miércoles pasado a nivel nacional, se realizaron varias marchas en 17 de los estados de la República, convocadas por Javier Sicilia, escritor y poeta que perdió un hijo en Cuernavaca, Morelos. Junto con él, fueron encontrados los cuerpos de otras seis personas, todos amarrados de pies y manos y con signos de tortura.

Esto desató en las redes sociales un maremágnum de opiniones repudiando los hechos de violencia y exigiendo al gobierno un alto a la ola de sangre que vive el país.

Sin embargo, estas protestas no fueron exclusivas de México, si no que también en otros países se dieron. España, Dinamarca, Francia, Argentina, Los Países Bajos, Estados Unidos, Canadá, Chile.

Pero el llamado de Sicilia no fue únicamente al gobierno federal, si no también al crimen organizado, el cual ha hecho de las calles en algunas partes del país una verdadera pesadilla. No hay noche que descansen, ni tanta sangre que les baste. Mientras, el tejido social se desgarra poco a poco.

Para ser candidato presidencial, por obligación, te tiene que “desnudar” el embajador yanqui

Pedro Echeverría V.

La visita del derechista Calderón fue entreguista y la dedicó a acusar a AMLO de ser un peligro para México; la de López Obrador fue seria, pero demostraron ambas que los gringos mandan en México.

1. El desayuno de López Obrador con el Embajador yanqui Tony Garza me vino a cerrar una idea que he expresado más de 50 veces en mis artículos: Que todos los candidatos presidenciales –sean del PRI, PAN, PRD y los pequeños, tienen que inclinar la cerviz ante el gobierno yanqui. Pensé que López Obrador fue una excepción, pero no; el maravilloso Wikileaks y La Jornada nos trajo hoy la noticia. Aunque no se quiera reconocer, la realidad es que el poder de los embajadores yanquis en México suele ser más grande que el de los mandatarios de la República. Es lo que se puede ver después de la lectura de sendas visitas de Calderón y López Obrador al embajador gringo Garza. Obviamente la visita del derechista Calderón fue entreguista y la dedicó a acusar a AMLO de ser un peligro para México; la de López Obrador fue seria, pero demostraron ambas que los gringos mandan en México; de ninguna manera son “visitas de cortesía”.

2. Nunca un candidato hace “visitas de cortesía” ni “desayuna” en plena campaña en las embajadas de Rusia, China, Francia o Alemania; las visitas sólo están reservadas a los yanquis que son quienes determinan las políticas en el país y tienen la fuerza para decir quien debe ser o quién no presidente de México. Los embajadores, además de contar con profundas informaciones acerca de lo que sucede en cada rincón de México, llaman a quien les de la gana, sea alto empresario o funcionario, alto mando del clero o del ejército, para que les informen con detalle acerca de lo que se registra. Por lo menos desde 1923, con los Tratados de Bucareli que reconocieron al gobierno de Obregón, ordenan y mandan en México desde la embajada que resguarda a miles de militares y agentes de la CIA, FBI, DEA y más personal de migración. Un bunker del Paseo de La Reforma vigilado por fuera por alrededor de mil agentes “armados hasta los dientes”.

3. La embajada interpretó así: “AMLO dijo que su diplomacia sería “prudente, consistente con los logros internos”. Interrogado por Garza sobre su posición frente a Cuba, Venezuela y Bolivia (temas que generalmente López Obrador no aborda en público), el candidato explicó que cada caso es distinto, que no existe una sola “izquierda” y que no había que olvidar que también Brasil, Argentina y Chile (en ese momento) eran gobiernos de izquierda. Ante la insistencia del embajador de que México, por su tamaño y su economía, tenía que ser fiel de la balanza en la región latinoamericana, López Obrador aclaró que no le interesaba encabezar iniciativas ni sumarse a los bloques regionales, “específicamente los bloques anti Estados Unidos o anti Mercosur”. Concluyó aclarando que para él no resulta especialmente placentero viajar y que no conocía en persona a Hugo Chávez, a Fidel Castro ni a Evo Morales.

4. Sin embargo en menos de un mes los consejeros de la embajada de EEUU se empezaron a poner nerviosos por el contenido de la campaña de AMLO, que en febrero de 2006 superaba por diez puntos a todos sus contrincantes. “Parece que se está inclinando por una retórica populista”, advierte un consejero cuando López Obrador descalifica las reformas fiscal y energética del foxismo señalando que son dictadas por los organismos financieros internacionales y de efectos regresivos. El candidato de la izquierda denuncia que la reforma fiscal favorecerá a los grandes evasores y la reforma energética pretende privatizar el sector. “Habrá que ver más adelante –dice el comentario del cable de la embajada– si éste es el verdadero AMLO o si se trata solamente de una táctica de campaña para consolidar su base popular.” Los EEUU no sólo se pusieron nerviosos sino que comenzaron a mover sus redes.

5. Leía ayer a alguien que decía: “Primero que llegue AMLO a la Presidencia y después vemos, porque lo primero es lo primero”. Eso no garantiza nada bueno, a pesar que López Obrador es el único que todavía da algunas esperanzas de cambio de proyecto político en México. Hay que combatir a todos los candidatos del PRI, del PAN y demás partidos porque representan la misma corrupción, a la misma burguesía y clase empresarial; pero aunque el trabajo de AMLO durante seis o siete años ha sido muy importante y honesto, nunca hay que esperar nada cuando se tiene conciencia de lo que ha sido y es la política, sobre todo en un país como México donde el imperio de los EEUU y el poder de la clase empresarial lo dominan todo. Es incorrecto plantear que AMLO es más de lo mismo, que es tan burgués como los otros candidatos; pero tampoco puede plantearse que debe darse toda la confianza y cerrar los ojos ante lo que suceda.

6. Según el artículo de Wikileaks bastó con que Muñoz Ledo –partidario de AMLO-haya organizado una reunión de intelectuales mexicanos de izquierda del PRD, incluso del PRI, con el fin de analizar un Proyecto Alternativo de Nación, para que en la embajada yanqui platearan que las propuestas llevarán al desastre y podrían llegar al radicalismo. ¿Cómo entonces podrá cambiar el país si los EEUU tienen toda la fuerza para acabar con cualquier política que no le guste y para oponerse a cualquier alianza con bloques latinoamericanos antiimperialistas? Recuerdo cuando Fidel Castro viajo en sus primeras semanas de gobierno a los EEUU para buscar apoyo a la nueva Cuba revolucionaria y al mismo tiempo tenía que expropiar tierras y grandes propiedades que estaban en manos de yanquis. Fidel vio que no hacía esto último la economía cubana no podría caminar. EEUU lo amenazó, lo mandó por un tubo y Cuba se sintió obligada a encontrar otros aliados.

7. La realidad es que mientras el imperio yanqui no se derrumbe como tal, ningún país latinoamericano podrá lograr su real liberación, mucho menos México que es su patio trasero. Podrá haber cambios, incluso importantes, pero ninguno de ellos rebasará los marcos del capitalismo, es decir, continuará la explotación, la acumulación capitalista y la miseria de la mayoría de la población. Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua y otros países han puesto toda su voluntad y de manera abierta han denunciado el saqueo imperial de los EEUU; sin embargo no han dejado de sufrir amenazas de invasión, bloqueos a su financiamiento, apoyos a los medios de información derechistas, así como a las oposiciones empresariales, todas apoyados por los EEUU. Es lo que nos indica que debemos buscar las mejores estrategias posibles que permitan que los pueblos de América Latina, entre ellos México, batallen de manera correcta contra los poderes que impiden su liberación.

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