domingo, julio 27, 2008

Se Trata de la Misma Gata pero Empanizada

Mario Di Costanzo

Sin lugar a dudas, el maridaje entre el PRI y el PAN volvió a quedar de manifiesto, pues cuando la propuesta calderonista de privatización del sector petrolero, estaba prácticamente desechada, el Senador Manlio Fabio Beltrones, presentó la versión “reloaded” tal como en la película “Matrix”, del proyecto privatizador de Felipe Calderón.

De esta manera, y no obstante las diferencias en cuanto al número de ordenamientos jurídicos creados o modificados, de la comparación de ambos proyectos se puede observar que presentan las mismas deficiencias; siendo la única diferencia, la forma en la que se estaría dando paso a la inversión privada.

Esta diferencia, en cuanto a forma, más no en fondo, se puede advertir si comparamos las modificaciones propuestas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional; para ello, sólo basta mencionar que ambos proyectos buscan en esencia modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo.

Así, mientras que en la propuesta de Felipe Calderón la privatización es directa, en la presentada por Manlio Fabio Beltrones, esta se hace por “la puerta de atrás” al crear la figura denominada “organismos descentralizados de carácter estratégico” que son un mecanismo para eludir lo dispuesto por el Artículo 27 Constitucional, que establece claramente, la exclusividad del Estado en materia de explotación de hidrocarburos, añadiendo que “en esta materia no se otorgarán contratos o concesiones de ninguna especie”.

Es decir, mientras que Felipe Calderón ha propuesto la modificación al artículo 4 de la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional para establecer que; “Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos.”

Y añade que; “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo”.

Manlio Fabio Beltrones ha propuesto que “El Ejecutivo Federal podrá constituir, por decreto, organismos descentralizados con carácter estratégico filiales de Petróleos Mexicanos, con el objeto de realizar, por cuenta de aquél, las actividades de construcción de ductos y los servicios de refinación de petróleo, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados de éstos, que forman parte de la industria petrolera. Dichos organismos filiales serán propiedad exclusiva de Petróleos Mexicanos y se constituirán a propuesta de su Consejo de Administración”.

Añadiendo que:

“En los términos de su propia ley orgánica, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como los organismos filiales referidos en el párrafo anterior, estarán dotados de plena autonomía de gestión y presupuestaria, incluyendo la regulación para la contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios”.

Lo anterior significa que Pemex podrá crear “empresas filiales estratégicas” que gozarán de autonomía de gestión en toda la cadena de valor de la industria y aún y cuando se establece que estas empresas serán propiedad de la propia paraestatal, es decir de la Nación, no existe en la iniciativa priista ningún impedimento para que estas “filiales estratégicas de Pemex” se puedan asociar en cualquier actividad de la cadena productiva (exploración, distribución, transporte, almacenamiento, etc) con alguna empresa privada sea nacional o extranjera y en cualquier porcentaje de participación, dado que dichas filiales gozarán de autonomía de gestión.

Es decir y a manera de ejemplo; Petróleos Mexicanos, podría decidir crear una filial que se dedicara a la refinación de petróleo misma que podría ser una refinería en operación como la de Cadereyta o Cd. Madero.

En tal virtud, estas refinerías ya convertidas en una “filial estratégica de Pemex” y dada su autonomía de gestión; podrían asociarse con Exxon, Shell, o Halliburton para “ampliar o construir” la propia refinería o una nueva” en cualquier porcentaje de participación por que al final, serían esas petroleras extranjeras las que llevarían a cabo las actividades de la cadena productiva y con ello se violaría la Constitución, al transferir esas actividades estratégicas y por la tanto parte de la “renta petrolera” a la iniciativa privada.

Es muy importante señalar que ninguno de los 2 proyectos se aborda y y mucho menos se soluciona el problema fiscal y presupuestario que enfrenta Petróleos Mexicanos.

Mucho menos aún, se garantiza que lo excedentes petroleros se destinaran exclusivamente a Petróleos Mexicanos en virtud de que en la propuesta de Manlio se establece que Pemex podrá contar con el excedente de sus “ingresos propios”; al respecto cabe señalar que no es lo mismo lo que hasta ahora se entiende como excedentes petroleros y lo que se define como un “ingreso propio de Pemex”.

Por las demás cuestiones, como las relativas al Órgano de Gobierno de Pemex, a los Comités de Transparencia, a la “autonomía de la paraestatal”, al manejo de su deuda, ingresos excedentes, bonos ciudadanos, licitaciones (con excepción de los contratos de riesgo), es prácticamente lo mismo que ha propuesto por Felipe Calderón, por lo que al final de cuentas, se puede concluir que se trata de la misma gata pero empanizada.

viernes, julio 25, 2008

LA PROPUESTA DEL PRI IMPLICA LA PRIVATIZACIÒN DE PEMEX POR LA PUERTA DE ATRÁS

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública


Comparaciones entre la Iniciativa de Felipe Calderón y la del PRI.

El proyecto de reforma energética presentado por el PRI, no es más que el replanteamiento del proyecto calderonista, e implica la privatización de Petróleos Mexicanos, pero por la “puerta de atrás”.

Así, mientras que la propuesta de Felipe Calderón se propone la modificación o creación de 6 ordenamientos que son; (1) Ley Orgánica de Pemex, (2) Ley Reglamentaria del 27 Constitucional, (3) Ley de la Comisión Reguladora de Energía, (4) Ley Orgánica de la Administración Pública, (5) Ley de la Comisión del Petróleo y (6) la Ley de Derechos.

En el proyecto Priista, se propone la modificación o creación de 9 ordenamientos, los cuales son; (1) Ley Orgánica de Pemex, (2) Ley Reglamentaria del 27 Constitucional, (3) (4) Ley de la Comisión Reguladora de Energía, (5) Ley Orgánica de la Administración Pública, (6) Ley de la Comisión Reguladora del Petróleo, (7) la Ley Federal de Entidades Paraestatales, (8) la de Obras Públicas, (8) la de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público y (9) la Ley para el Financiamiento de la Transición Energética.

De esta manera, y no obstante las diferencias en cuanto al número de ordenamientos jurídicos creados o modificados, del análisis y comparación de ambos proyectos se puede observar claramente, que presentan las mismas deficiencias ; siendo la única diferencia, la forma en la que se estaría dando paso a la inversión privada.

Esta diferencia, en forma, más no en fondo, se puede advertir si comparamos las modificaciones propuestas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, ya que las demás cuestiones relativas al Órgano de Gobierno de Pemex, a los Comités de Transparencia, a la “autonomía de la paraestatal”, al manejo de su deuda, ingresos excedentes, bonos ciudadanos, licitaciones (con excepción de los contratos de riesgo), es prácticamente lo mismo que ha propuesto por Felipe Calderón, por lo que al final de cuentas, se puede concluir que las “diferencias son de forma y no de fondo”.

Para mostrar lo anterior, sólo basta mencionar que ambos proyectos buscan en esencia modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo, pero con la única diferencia que mientras la propuesta de Felipe Calderón lo hace de manera directa, la presentada por Manlio Fabio Beltrones (PRI) lo hace por “la puerta de atrás” al crear la figura denominada “organismos descentralizados de carácter estratégico” mismos que en esencia son un mecanismo para eludir lo dispuesto por el Artículo 27 Constitucional, que establece entre otras cosas, la exclusividad del Estado en materia de explotación de hidrocarburos, añadiendo que “en esta materia no se otorgarán contratos o concesiones de ninguna especie”.

Es decir, mientras que Felipe Calderón ha propuesto la modificación al artículo 4 de la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional para establecer que; “Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos”.

Y añade que; “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo”.

El PRI ha propuesto que “El Ejecutivo Federal podrá constituir, por decreto, organismos descentralizados con carácter estratégico filiales de Petróleos Mexicanos, con el objeto de realizar, por cuenta de aquél, las actividades de construcción de ductos y los servicios de refinación de petróleo, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados de éstos, que forman parte de la industria petrolera. Dichos organismos filiales serán propiedad exclusiva de Petróleos Mexicanos y se constituirán a propuesta de su Consejo de Administración”.

Añadiendo que:

“En los términos de su propia ley orgánica, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como los organismos filiales referidos en el párrafo anterior, estarán dotados de plena autonomía de gestión y presupuestaria, incluyendo la regulación para la contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Lo anterior significa que Pemex podrá crear “empresas filiales estratégicas” que gozarán de autonomía de gestión en toda la cadena de valor de la industria y aún y cuando se establece que estas empresas serán propiedad de la propia paraestatal, es decir de la Nación, no existe en la iniciativa priista ningún impedimento para que estas “filiales estratégicas de Pemex” se puedan asociar en cualquier actividad de la cadena productiva (exploración, distribución, transporte, almacenamiento, etc) con alguna empresa privada sea nacional o extranjera y en cualquier porcentaje de participación, dado que dichas filiales gozarán de autonomía de gestión.

Es decir y a manera de ejemplo; Petróleos Mexicanos, podría decidir crear una filial que se dedicara a la refinación de petróleo misma que podría ser una refinería en operación como la de Cadereyta o Cd. Madero.

En tal virtud, estas refinerías ya convertidas en una “filial estratégica de Pemex” y dada su autonomía de gestión; podrían asociarse con Exxon, Shell, o Halliburton para “ampliar o construir” la propia refinería o una nueva” en cualquier porcentaje de participación por que al final, serían esas petroleras extranjeras las que llevarían a cabo las actividades de la cadena productiva y con ello se violaría la Constitución, al transferir esas actividades estratégicas y por la tanto parte de la “renta petrolera” a la iniciativa privada.

Por lo que respecta a temas relevantes en ambas propuestas, se observa lo siguiente:

Órgano de Gobierno:

Hasta ahora Pemex es dirigido por un Consejo de Administración (Órgano de Gobierno) que se integra por 6 representantes del Gobierno incluyendo al Presidente y por 5 representantes del Sindicato, es decir, 11 en total.

Dentro de los 6 representantes del Gobierno, se encuentran, los Secretarios de; Energía, quién además es el Presidente del Consejo de Administración, y los de Hacienda, Economía, Comunicaciones y Transportes, SEMARNAT, así como por un representante de la Presidencia de la República, que actualmente es el Jefe de la Oficina de la Presidencia.

Cabe destacar que este Consejo de Administración, cuenta también actualmente con la figura de un Comisario que es el representante de la Secretaria de la Función Pública y a su vez es el Titular del Órgano Interno de Control de la empresa.

Aquí conviene mencionar que por lo pronto, es este Consejo de Administración y los anteriores quiénes por lo pronto tendrían, que rendir cuentas sobre la situación por la que atraviesa PEMEX, ya que hasta ahora son ellos los que han tomado las decisiones.

Mas aún, la conformación actual del Consejo de Administración, conlleva la existencia de una multiplicidad de vicios, que están muy alejados de las Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo.

Así por ejemplo el hecho de que el Secretario de Hacienda sea parte del Consejo de Administración genera un grave conflicto de interés, pues mientras la Secretaria de Hacienda es quién determina año con año la carga fiscal de PEMEX o su superávit primario, en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, es también el Secretario de Hacienda integrante del Consejo de Administración.

El conflicto de interés existe ya que los integrantes del Consejo de Administración deben velar en primer lugar por el interés de la empresa, que es propiedad de la nación y no del Gobierno Federal, pero también en el caso particular del Secretario de Hacienda, habría que preguntarse si en las sesiones del Consejo cuando se toca el tema de la carga fiscal de PEMEX, el apoya su disminución o su incremento, ya que a el mismo en su papel de titular de Hacienda le toca definir la política tributaria del país.

Es decir, el asiste a las juntas de Consejo para cuidar los intereses de la empresa o de las finanzas públicas, por ello el no puede defender los intereses de la empresa, en virtud de su responsabilidad de obtener ingresos para las arcas nacionales.

Este tipo de situaciones no son corregidas por ninguna de las 2 propuestas ya que ambas buscan tan sólo añadir “4 consejeros profesionales” que serían designados por el propio Ejecutivo Federal.

Contrario a lo que establece la iniciativa, estos consejeros no son autónomos puesto que en primer lugar serán designados por el propio Ejecutivo Federal (o sea que le deberán el nombramiento).

Estos consejeros profesionales no representan al Estado, puesto que Estado y Gobierno Federal no son sinónimos, aquí no hay que olvidar que serán designados por el Ejecutivo Federal , para ser representantes del Estado, se requeriría de un proceso de designación en el que interviniesen los Poderes que conforman al Estado y también a la sociedad, y no sólo por dedazo del Ejecutivo Federal, aunque tengan que ser ratificados por el senado.

Más aún, los requisitos y método de designación que la iniciativa establece para ser Consejero Profesional son exactamente los mismos, a los que ya existen para los Consejos de Administración de otros Organismos del “Estado”.

Igualmente hacia el interior del Consejo de Administración de PEMEX, no existe una diferencia fundamental con los actuales integrantes del Consejo de Administración de PEMEX, salvo por el hecho de que estos por el simple hecho de ser Secretarios de Estado automáticamente son integrantes del Consejo de Administración de PEMEX.

Más aún, la propuesta de Beltrones, generaría más “elite burocrática” al establecer un consejo de administración para cada “filial estratégica”.

La del PRI al igual que la del PAN, amplia las facultades del Consejo de Administración; quedando a su cargo la conducción central y dirección estratégica de Petróleos Mexicanos, pero también las actividades relativas a , la programación, coordinación y evaluación estratégica institucional de sus actividades y las de sus organismos subsidiarios.

Esto significa que el Consejo de Administración se convierte en “juez y parte” al tener la dirección central y estratégica, pero al mismo tiempo la evaluación institucional de sus actividades.

En ambas iniciativas se establece que el Nuevo Consejo de Administración contará para su funcionamiento, con el Comité de Transparencia y Auditoría.

Este Comité propondrá al Consejo de Administración los criterios para determinar la información que se considerará relevante sobre Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, al igual que las normas para su divulgación, asimismo, vigilará que se rindan los informes que la Ley obliga a Petróleos Mexicanos.

En materia de auditoría, tendrá entre otras funciones, las de dar seguimiento y evaluar el desempeño financiero y operativo general y por funciones de Petróleos Mexicanos, designar al auditor externo; proponer disposiciones en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y enajenación de bienes, así como emitir opinión sobre la cuantificación de las reservas de hidrocarburos.

Ambas iniciativas establecen directa o indirectamente que este Comité tendrá atribuciones muy importantes en materia de vigilancia, ya que la iniciativa señalan que como se sabe la vigilancia, control y supervisión de cualquier entidad paraestatal es un factor fundamental para que el esquema de gobierno corporativo funcione de manera adecuada y responsable.

Por ello de manera tendenciosa y confusa se establece en ambas Petróleos Mexicanos contará con un Comisario.

Es importante mencionar que esto no es nuevo, ya que en la actualidad el Consejo de Administración de PEMEX, cuenta ya con un Comisario, que precisamente representa a la Secretaria de la Función Pública y es designado por el Ejecutivo Federal.

Sin embargo y a pesar de la importancia que supuestamente se da a la vigilancia, transparencia y rendición de cuentas en PEMEX, la iniciativa del PRI es contradictoria ya a pesar de que se establece las facultades fiscalizadoras serán de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoria Superior de la Federación, añade que las tareas de la Secretaría de la Función Pública y de la ASF, como las del Órgano Interno de Control se circunscribirán a verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y demás funciones que correspondan no vinculadas a la revisión del desempeño de Petróleos Mexicanos, o de las metas, objetivos, programas y controles de sus unidades.

Esto es que ambas iniciativas la de Calderón y la del PRI, aunque con diferentes palabras, limitan la facultad de revisión de la Secretaria de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, conculca la facultad de supervisión por parte del Congreso y concentra toda la operación, fiscalización, evaluación y demás aspectos en el Ejecutivo Federal y en el Comité de Transparencia y Auditoría, y no en la Nación como lo quiere hacer parecer la iniciativa.

Deuda:

Uno de los temas que más ha difundió Felipe Calderón y ahora lo hace Beltrones es que con la aprobación de sus propuestas se permitirá que PEMEX pueda manejar de manera autónoma sus decisiones de endeudamiento ya que el régimen actual sujeta a dicho organismo a controles estrictos y a múltiples autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ocasiona que la contratación y administración de su deuda no sea oportuna ni eficiente.

Por ello, ambos pregonan que sus iniciativas buscan liberar a la paraestatal de los trámites o autorizaciones intermedios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en uso de su autonomía de gestión y en congruencia con el régimen de gobierno corporativo que se implementará, adopte las decisiones en esta materia que más beneficien al organismo y al país en general.

Desafortunadamente ambas iniciativas resultan mañosas y poco claras, ya que a pesar de que plantea que Petróleos Mexicanos proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que ésta apruebe, lineamientos específicos respecto de las características de su endeudamiento.

Proponiendo para ello, que la entidad pueda realizar las negociaciones y gestiones necesarias para acudir al mercado externo de dinero y capitales y contrate los financiamientos y la deuda que requiera, sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sólo con la obligación de registrar tales operaciones ante esa dependencia.

Ambas establecen que, “ se reserva a la Secretaria de Hacienda la facultad de ordenar que no se realice la operación de que se trate en caso de que pudiera perjudicar gravemente la estabilidad de los mercados financieros; incrementar el costo de financiamiento del sector público, o bien reducir las fuentes de financiamiento del mismo.

Así resulta obvio que ésta restricción mantiene la discrecionalidad de la Secretaria de Hacienda sobre el manejo de la deuda de PEMEX, limitando las decisiones del propio PEMEX sobre el manejo de su deuda.

Ya que resulta claro que PEMEX no podrá competir con las fuentes de financiamiento del propio gobierno quién siempre estará por arriba de PEMEX a través de la Secretaria de Hacienda.

Esto muestra una vez más la falsedad de la argumentación en cuanto a la “autonomía de PEMEX”.

Más aún, esta situación contraviene absolutamente la propuesta del Gobierno Legítimo que establece que en materia de deuda debemos comenzar a prepagar el saldo de Pidiregas, y asumir la deuda de Pemex como deuda pública, dicho prepago se puede financiar con emisión de bonos en los mercados internacionales, lo que generaría ahorros de cuando menos mil millones de dólares anuales tan sólo en intereses.

O bien el prepago lo lograríamos, si el gobierno adquiere reservas internacionales del Banco de México, logrando un ahorro en el costo de servicio de la deuda hasta de 2 mil millones de dólares en la contabilidad consolidada del sector público.

Es decir que la señal que debemos dar al mundo es que la deuda de Pemex es una deuda de la Nación.

Contrariamente Beltrones establece en el artículo 43 de la Ley Orgánica propuesta para Pemex, que “Las obligaciones constitutivas de deuda pública de Petróleos Mexicanos no constituyen obligaciones garantizadas por el Estado Mexicano”.

Esto combinado con el hecho de que en un momento dado, todas las “filiales estratégicas” de PEMEX podrán buscar sus propios financiamientos, seguramente provocará que el “costo financiero de Pemex en su conjunto se incremente pues competirán entre ellas.

Presupuesto:

En este tema tanto la iniciativa de Calderón como la del PRI vuelven a presentar una serie de contradicciones que revelan la falsedad en cuanto a la posibilidad de que PEMEX, pueda disponer de sus propios ingresos excedentes, pues mientras que la de Calderón la sujeta a su meta de Balance Financiero, la de Beltrones refiere en su Ley para el Financiamiento de la Transición Energética que Pemex podrá contar con el excedente de sus “ingresos propios”; al respecto cabe señalar que no es lo mismo lo que hasta ahora se entiende como excedentes petroleros y lo que se define como un “ingreso propio de Pemex” .

Los Bonos Ciudadanos:

En ambas iniciativas se observa que con una intención absolutamente demagógica, se propone la posibilidad de que Petróleos Mexicanos emita bonos ciudadanos, cuyo objetivo es que dichos bonos estén a disposición de la población en general y puedan ser adquiridos por personas físicas mexicanas, directamente o a través de las administradoras de fondos para el retiro, fondos de pensiones y sociedades de inversión, así como por otros intermediarios financieros (bancos).

Es importante señalar que en ambas iniciativas la información es confusa y poco clara, ya que por un lado establece que los “bonos ciudadanos” no otorgarán derechos patrimoniales ni corporativos sobre Petróleos Mexicanos, por lo que la propiedad y control del organismo no se verán comprometidos en forma alguna, ni se afectaran el dominio o explotación del petróleo.

Esto quiere decir que dichos bonos, no son acciones de PEMEX, pues no otorgan ningún derecho sobre la empresa, sin embargo la propia iniciativa señala que” el Comisario del Consejo de Administración de PEMEX actuará a la vez como representante de los intereses de los tenedores de los bonos ciudadanos.

Esto es sumamente contradictorio, ya que si el bono ciudadano, no me da derechos sobre PEMEX, que caso tiene que exista “alguien” en el Consejo de PEMEX que vele por los intereses de las personas que tengan esos bonos.

Es claro que el Gobierno emite Certificados de la Tesorería (CETES) y no existe nadie en la Secretaria de Hacienda o en el Banco de México, que este cuidando los intereses de las personas que tienen CETES.

Lo mismo sucede con las personas que tienen indirectamente bonos del IPAB (BPAS) y no existe nadie en la Junta de Gobierno del IPAB que cuide los intereses de aquellos que tienen un BPA.

Así la única razón que existe para tener a alguien que cuide los intereses de las personas que tienen estos “bonos ciudadanos”, es que en la realidad estos bonos si otorguen derechos sobre PEMEX, lo que definitivamente contravendría la Constitución.

Por ello, el hecho de establecer que habrá un “cuidador de los intereses de las personas que tienen estos bonos” es simplemente para engañar y hacerle creer a la población en general, que va a ser dueña de una parte de PEMEX.

Ya que estos bonos ciudadanos, no son más que un CETE disfrazado, que otorgará un rendimiento que necesariamente dependerá de la inflación, y no podrá ser muy diferente al rendimiento e los CETES o de otros instrumentos de deuda.

Al final, será otra manera de que PEMEX obtenga recursos para su operación, pagando un cierto rendimiento o tasa de interés.
Finalmente es muy importante señalar que en ninguno de los 2 proyectos se aborda y mucho menos se soluciona el problema fiscal y presupuestario que enfrenta Petróleos Mexicanos.

Lo anterior en virtud que no se establecen disposiciones de austeridad en el gasto del Gobierno Federal que permitan liberar recursos para ser invertidos en la paraestatal tampoco se proponen disposiciones fiscales que acaben con los regímenes tributarios que permiten que las grandes empresas eludan su pago de impuestos.

Mucho menos aún, se garantiza que lo excedentes petroleros se destinaran exclusivamente a Petróleos Mexicanos.

PALABRAS DEL SECRETARIO DE LA HACIENDA PUBLICA EN EL FORO SOBRE EL BALANCE DEL DEBATE ENERGETICO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS

23 de Julio de 2008
Señoras y Señores
Legisladoras y Legisladores

Durante los últimos meses mucho se ha comentado sobre el petróleo y la industria petrolera en México y en el mundo; de hecho, cada día estamos más conscientes de la importancia geopolítica y comercial de este energético.

Cada vez, estamos más convencidos de que la visión que en su momento llevó al general Lázaro Cárdenas y a los legisladores a establecer la exclusividad de la Nación en materia de explotación de petróleo y sus derivados, no fue producto de un capricho o de una simple ocurrencia, ya que los propios hechos nos muestran claramente la importancia estratégica que tiene, que tendrá y que ha tenido este energético en el desarrollo del país.

Más aún, durante el desarrollo de las mesas de discusión, quedó en claro que el país todavía cuenta con una cantidad muy importante de petróleo, tanto en el subsuelo de su territorio como en aguas someras y profundas.

Ahora sabemos que, ya sea porque contamos con ellas o porque se pueden adquirir, que no existen barreras tecnológicas que nos impidan aprovechar en beneficio de la Nación el enorme potencial de desarrollo que ofrece la industria del petróleo.

Luego entonces, habría que preguntarnos qué ha sucedido, por qué razón, si actualmente nuestro país es el sexto productor de petróleo en el mundo, tenemos que importar poco más de 40% de la gasolina que consumimos, 25% del gas natural y millones de dólares en productos petroquímicos.

Todavía más, resulta absurdo que se acepte —sin revisar a fondo— la premisa que sostiene que Petróleos Mexicanos está en quiebra, o bien que a pesar de los cuantiosos ingresos anuales que recibe registre pérdidas en su operación o bien no cuente con recursos para su expansión.

Al respecto, conviene señalar que actualmente las ventas anuales de esta empresa superan el billón de pesos, es decir, que sus ingresos representan el equivalente a 50 años del presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo. O al presupuesto del Seguro Social durante casi todo un sexenio.

De esta manera, más allá de ideologías políticas o económicas, la sensatez y el sentido común nos indican que la primera reflexión que debemos de llevar a cabo consiste en saber si nuestro país enfrenta un problema petrolero que se origina en la propia paraestatal, o bien tiene su origen en el tratamiento fiscal y presupuestario que se le ha dado a la empresa, mismo que se deriva de las fallas que presenta el sistema hacendario del país.

Así, por ejemplo, de acuerdo con datos de PEMEX se observa que desde el año 2000 a la fecha, mientras que esta empresa ha registrado ventas acumuladas por 6 billones 307 mil millones de pesos, ha entregado ingresos a las arcas nacionales por 5 billones 200 mil millones de pesos, cifra que significa 81% de sus ventas.

Contrariamente, si revisamos los recursos presupuestarios que para el mismo periodo se han destinado a la inversión pública directa en Pemex (sin incluir Pidiregas), nos damos cuenta que estos ascienden aproximadamente a 180 mil millones de pesos, cifra que representa, apenas, 3% de sus ventas totales.

Esta, es la verdadera razón que explica las circunstancias por las que atraviesa la industria petrolera del país y nos permite afirmar con la mayor contundencia del mundo, que la situacion de Pemex y de esta industria es resultado directo del fracaso de este neoliberalismo pervertido que busca proteger a pequeños grupos de poder económico, en detrimento del patrimonio nacional.

A) Por qué razón Pemex tiene tan elevada carga fiscal

En México, el sistema tributario tiene grandes “huecos”, es decir, mantiene la existencia de “regímenes fiscales especiales” que permiten que las grandes empresas prácticamente no paguen impuestos.

Para corroborar lo anterior, sólo basta mencionar que mientras que las empresas aportan entre 55 y 60% del ingreso nacional, su contribución al pago sobre el impuesto sobre la renta como porcentaje del PIB ha sido de 2.5% en promedio durante los últimos 7 años.

En tanto, la contribución fiscal de los asalariados que generan 25% del ingreso nacional, ha sido en promedio de 2.25 por ciento, en ese mismo lapso.

Esto es, aunque la contribución de las empresas debería ser al menos del doble de la de los asalariados, en virtud de que contribuyen con el doble a la generación de ingreso, no sucede así gracias a los “regímenes fiscales especiales”.

Estos “huecos”, combinados con la deficiente administración tributaria, han obligado a que a PEMEX se le tengan que confiscar prácticamente todos sus ingresos para financiar un creciente y desmesurado gasto público corriente, que se ha privilegiado por encima del gasto en infraestructura productiva.

Así, por ejemplo, en el año 2005, a pesar de que PEMEX tuvo ventas por 925 mil millones de pesos, registró una pérdida de 76 mil millones de pesos, mientras que TELMEX, que tuvo ventas por 162 mil millones de pesos, (es decir, sólo 17% de lo que vendió PEMEX), registró una utilidad neta de 28 mil millones de pesos.

O bien podemos comparar el caso de Wall-Mart, que tuvo ventas por 165 mil millones de pesos y su pago de ISR representó sólo 2.4% de sus ventas totales.

Esta situación fue advertida por la propia Auditoría Superior de la Federación, la que aun antes de que este Congreso aprobara la mal llamada Reforma Fiscal, señaló que durante 2005 (año en el que PEMEX registró una pérdida de operación por haber entregado todos sus ingresos al fisco), 50 grandes contribuyentes pagaron en promedio 74 pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta. De hecho, señaló textualmente lo siguiente:

Se detectaron 50 grandes contribuyentes, cuyos pagos individuales de ISR en 2005, deducidas las devoluciones, fueron menores a 74 pesos, esto debido a que las devoluciones efectuadas en el periodo 2001-2005, por 604 mil 300 millones de pesos, superaron en 216% al incremento en la inversión privada que fue de 279 mil 832 millones de pesos, lo que contradice la hipótesis de que una menor tributación (como en rigor implican las devoluciones), libera recursos a los particulares para incrementar la inversión en capital. Por ello se genera una situación de privilegio para unos cuantos contribuyentes que contraviene el principio de equidad fiscal.

Estos privilegios lejos de corregirse, se han acentuado y por ejemplo para 2007, de acuerdo con los informes presentados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y que no incluyen las devoluciones de impuestos hechas a estas empresas y bancos; se observa que 13 grandes empresas, 6 instituciones bancarias y 3 grupos aeroportuarios, a pesar de registrar ventas o ingresos que en conjunto ascendieron a 1 billón 600 mil millones de pesos, su pago de impuestos apenas y ascendió a 72 mil 641 millones de pesos; lo que representó en promedio apenas el 4.4% de sus ingresos.

Sin embargo los impuestos diferidos ascendieron a poco más de 130 mil millones de pesos, lo que significa que debido a la existencia de tratamientos fiscales especiales; como lo son la consolidación fiscal o la depreciación acelerada de activos, durante 2007, por cada peso que estas empresas e instituciones bancarias, le entregaron al fisco, este último les permitió “diferir” en promedio 51 centavos.

De estas empresas, sobresale el caso de CEMEX, que registró un incremento de 20 mil 188 millones de pesos, en sus impuestos diferidos, al pasar de 30 mil 119 millones en el 2006 a 50 mil 307 millones para el 2007; esto significó que por cada peso de impuestos que pagó el año pasado, se le permitieron diferir 10.50 pesos.

También resaltan los casos de TELCEL, TELMEX Y GRUPO CARSO, quienes en conjunto aumentaron sus impuestos diferidos entre 2006 y 2007, para ubicarlos en 38 mil 197 millones de pesos, lo que en promedio significó que por cada peso pagado, difirieran 1.32 pesos.

Cabe señalar que las recientes reformas fiscales aprobadas y que incluyen al IETU, no resolvieron esta situación, por lo que la política tributaria sigue siendo altamente adversa para PEMEX.

Para mostrar lo anterior, sòlo basta mencionar que de acuerdo al Presupuesto de Gastos Fiscales para 2008 entregado por la Secretaria de Hacienda a la Càmara de Diputados, se observa que de los 772 mil 364 millones de pesos que se dejaran de recaudar por concepto de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades, estímulos, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales, el 26%, es decir 202 mil 144 millones de pesos, corresponde directamente a conceptos relacionados con prácticas fiscales elusivas que llevan a cabo las “grandes empresas.

Lo anterior, a pesar de que tanto Agustín Carstens como Felipe Calderón, en su momento señalaron que el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), tenía como objetivo “acabar con los paraísos fiscales en que tributaban las grandes empresas”; la realidad refleja que no fue así y que la falta de recaudación por este concepto, es lo que en realidad ha impedido disminuir de manera significativa “el régimen fiscal confiscatorio” que Pemex enfrenta.

Al respecto, conviene subrayar que de acuerdo con información del propio PEMEX, se observa que es una de las empresas petroleras con mayor carga fiscal en el mundo.

B) A pesar de su contribución fiscal, Pemex no recibe recursos del Estado para poder crecer como empresa

De esta manera, desde 1983, en vez de modernizar la industria petrolera y convertirla en palanca del desarrollo nacional, todos los gobiernos neoliberales han optado, deliberadamente, por arruinarla y tener el pretexto para venderla y convertirla en un negocio privado, que es también el objetivo final de las iniciativas enviadas por Felipe Calderón.

Sólo baste señalar que la inversión pública directa en Petróleos Mexicanos se ha reducido al mínimo, ya que pasó de representar 2.9% del PIB en 1982, a 0.57% del PIB en 2007.

Desde hace 25 años no se construye una nueva refinería y por eso estamos importando, en promedio, 307 mil barriles diarios de gasolina.

Contrario a lo que debería hacerse, se han diseñado esquemas poco transparentes, costosos financieramente y con nulo impacto para la demanda de insumos nacionales y de mano de obra, llamados PIDIREGAS, que han permitido sustituir a la inversión pública por inversión privada y que, paradójicamente, han generado “deudas para PEMEX”.

A todo esto hay que añadir; que las aportaciones fiscales de PEMEX no se reducen al pago de impuestos y derechos, sino que incluyen el llamado superávit primario, restriccion que se le impone con el único fin de incrementar la capacidad de endeudamiento del gobierno, sin que se refleje en su balance presupuestal.

Al respecto es preciso señalar, que en la iniciativa de Felipe Calderòn, no esta claro que esta restricciòn se elimina.

En materia de excedentes petroleros, nadie sabe con precisión en dónde se encuentran, o a qué han sido destinados.

Se dice que gran parte de ellos, se han esfumado en la importación de gasolinas y en el “subsidio a la gasolina”.

Sin embargo, datos de Pemex, que muestran que durante el primer trimestre del presente año, el precio al que se importó la gasolina, fue inferior al precio de venta a los distribuidores del país.

De tal manera que para el primer semestre del año, el costo neto total de la importación de gasolinas, esto es descontado el precio al que se vende internamente, apenas representó el 8.4% de los excedentes petroleros, que se ubicaron en 92 mil 276 millones de pesos.

Cabe destacar que durante los primeros 18 meses de la administración calderonista, los excedentes petroleros ascienden ya, a 236 mil millones de pesos. Esta cifra resulta 150% superior a lo destinado para inversiòn fisica directa gubernamental para PEMEX en los ùltimos 8 años.

¿Será que este “subsidio” es el resultado de la nociva política de precios de transferencia que se aplica sobre las “subsidiarias de Pemex” y que ha elevado el costo de los energéticos en el país.

O bien, ¿será que estos excedentes son un nuevo superávit primario adicional, para el gobierno?

O bien puede estar sucediendo que los excedentes petroleros, se han utilizado para cubrir el faltante de recaudación originado por los impuestos que no pagan las grandes empresas?

Porque de no ser así nos debe quedar claro: que los excedentes petroleros, han permitido la tremenda expansión del gasto corriente en los últimos años y el pago del costo de las privatizaciones fracasadas.

C) Conclusiones:

De esta manera, después de revisar el proyecto de Reforma presentado por el Ejecutivo podemos asegurar que:

Las iniciativas presentadas por Felipe Calderón, no garantizan que la situación fiscal y presupuestaria de Pemex, será modificada.

En cambio prometen y garantizan la entrega del mercado petrolero a la iniciativa privada, y es precisamente ahí, donde se encuentra su inconstitucionalidad e ineficiencia económica.

Vale recordar, que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, al mes de diciembre de 2007 la deuda total del sector público se ubicó en 3.5 billones de pesos, de los cuales 45%, es decir, 1.6 billones, corresponde a conceptos que están directamente ligados con privatizaciones, como son el rescate bancario y el carretero, sin olvidar los PIDIREGAS, que han sido al final de cuentas intentos poco transparentes de promover la inversión privada en el sector energético.

Así, de los 33 mil 500 pesos que cada mexicano ya debe al nacer por concepto de deuda pública total, poco más de 15 mil son producto de privatizaciones.

Y a esto hay que añadir que, pese a esta deuda, enfrentamos bancos que cobran altas comisiones y elevadas tasas de interés, carreteras costosas y en mal estado, y por si fuera poco, elevadas tarifas de energía eléctrica y una gasolina cara; pero “subsidiada”.

De esta manera, para los mexicanos las privatizaciones están asociadas directamente con las palabras “rescate”, “falta de transparencia”, “corrupción” y “deuda”.

Luego entonces, resulta absurdo que ahora se pretenda resolver el problema que enfrenta el sector petrolero utilizando como herramienta principal a la “privatización” o, como algunos dicen para evitar esta palabra, la “inversión privada”, tal y como lo señala la iniciativa de Felipe Calderón.

Por ello, debemos de reflexionar y reconocer que gran parte del problema que enfrenta Pemex es fiscal y presupuestario.

Debemos de aceptar que ha sido con dinero del presupuesto y proveniente del petróleo con el que se han llevado a cabo los costosos rescates, producto precisamente del fracaso de las privatizaciones.

Así, por ejemplo, mientras en los últimos ocho años se han destinado poco más de 318 mil millones de pesos sólo para cubrir los intereses de la deuda generada por el rescate bancario, Pemex ha contado en el mismo periodo con recursos para inversión por 180 mil millones de pesos (cabe señalar que esta diferencia acumulada representa el costo de por lo menos tres y media refinerías).

Está absolutamente claro, pues, que los recursos económicos generados por nuestra industria petrolera han sido utilizados para eludir una reforma fiscal progresiva, que afecte los intereses de las grandes empresas privadas.

Está claro también que esto ha provocado que el Estado haya transformado el lugar que ocupaba PEMEX; y de ser un proveedor seguro de energía, lo ha convertido en la principal fuente de recursos fiscales.

Este régimen fiscal y presupuestario, al que durante años se ha sometido a Petróleos Mexicanos, ha tenido como resultado una baja dramática de nuestras reservas probadas de hidrocarburos, una creciente importación de petroquímicos y refinados, la descapitalización de PEMEX, y la consecuente disminución en su capacidad de crecimiento.

Esto nos permite afirmar que el problema de la paraestatal más bien obedece a un asunto fiscal y presupuestario, y no a uno de carácter energético: Pemex es uno de los principales damnificados de la política económica, como lo ha sido el campo, o el mercado interno.

Por ello, la solución debe buscarse en el marco de una reforma hacendaria que provea los recursos financieros que permitan el diseño de una política energética que responda y respete al mandato constitucional.

Es necesaria, aun y cuando Felipe Calderón tenga temor de afectar los intereses de quienes legitimaron el fraude del 2 de julio del 2006, una reforma tributaria que ataque los paraísos fiscales que hoy permiten a las grandes empresas no pagar impuestos.

Y también resulta indispensable terminar con los privilegios, prebendas, altos salarios de los funcionarios públicos y dispendios, que han provocado un desmedido crecimiento del gasto público superfluo.

Por ello, la propuesta del Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México, tiene como objetivo capitalizar a PEMEX, a través de canalización de los excedentes petroleros, de la reducción del gasto superfluo y del establecimiento de una reforma fiscal que permita destinar mayores recursos a esta empresa.

Busca integrar a PEMEX en una sola empresa, lo que permitirá, aprovechar la cadena de valor de la industria y acabar con la nefasta y nociva política de precios de transferencia, que sólo ha encarecido el costo de los energéticos y de los petroquímicos, restando competitividad a la economía en su conjunto.

Propone también vincular el desarrollo tecnológico tanto del IMP como de otros centros de investigación, directamente con Petróleos Mexicanos.

De manera adicional, propone la creación de un comité de ciudadanos que vigile al Consejo de Administración de Pemex, para erradicar la corrupción, que tanto ha dañado a esta empresa.

Busca, utilizar parte de las reservas internacionales del país, para prepagar la costosa deuda de Pemex, adquirida a través de los PIDIREGAS, asumiendo estos compromisos como una deuda de la nación.

Si Felipe Calderón teme adoptar estas medidas, es necesario que los legisladores y legisladoras, asuman la responsabilidad de cumplir con la Constitución y otorgar a PEMEX viabilidad para llevar a cabo su mandato, ya que esta orden constitucional, es a Pemex, y no a la iniciativa privada.

De lo contrario, se estará entregando el patrimonio petrolero de la Nación, y las futuras generaciones de mexicanos, nos recordarán simplemente como una generación de cobardes, que no supimos como defender este gran patrimonio.
  • Un resumen de esta misma ponencia fuè presentado por la tarde de ese mismo dia en la Universidad Autònoma de la Ciudad de Mèxico, en el plantel de la Colonia Del Valle

miércoles, julio 23, 2008

Los excedentes petroleros al mes de junio fueron de 92 mil millones de pesos y el costo neto de la importación de gasolina de 7 mil 800 millones

De acuerdo con información de PEMEX durante el primer semestre del año el precio promedio de `la mezcla mexicana de exportación de crudo, se ubico en 93.9 dólares por barril con una plataforma de exportación mensual promedio de 43.6 millones de barriles, con lo que los excedentes petroleros al mes de junio se ascendieron a 92 mil 276 millones de pesos, con los que los excedentes acumulados en los 18 primeros meses de la administración de Felipe Calderón se ubicaron en 236 mil 812.4 millones de pesos, cifra superior en 150% a los recursos destinados a la inversiòn publica directa en PEMEX durante los ùltimos 8 años.

Lo anterior significa que durante los 6 primeros meses del año los ingresos por concepto de exportación de petróleo ascendieron a 259 mil 727 millones de pesos, cifra que resulto en un excedente de 92 mil 276 millones de pesos, con respecto a la estimación original, en virtud de que en la Ley de Ingresos para 2008, se proyectó un precio promedio de 49.5 dólares por barril y una plataforma de exportación de 50.3 millones de barriles mensuales, con lo que la proyección original ubicaba los ingresos por exportación de petróleo en 167 mil 450 millones, cifra que fue ampliamente superada, debido al comportamiento del precio del petróleo en el mercado internacional.



Sin embargo, a pesar de estos cuantiosos excedentes el Gobierno Federal ha pretendido “esconder” o “negar” su existencia argumentando que dichos excedentes se han utilizado para financiar las importaciones de gasolina, que han aumentado en valor debido principalmente al incremento de las “gasolinas en Estados Unidos” como consecuencia del incremento en los precios del petróleo.

De esta manera, y de acuerdo el oficio GP- 0437/2008 de fecha 13 de mayo de 2008, de PEMEX se observa que el precio promedio de importación de gasolina durante el primer trimestre fue de $ 7.39 para la gasolina magna y de $ 7.44 para la gasolina Premium, esto significa que el precio promedio de importación de ambos tipos de energéticos fue $ 7.41 por lo que en realidad el precio de importación fue menor al que se vendió a las gasolineras del país, ya que del mismo documento de PEMEX se observa que durante el primer trimestre del año el precio a gasolineras nacionales fue de 7.08 para la gasolina magna y de 8.86 para la gasolina Premium.

Esto significa que a pesar de que durante el primer trimestre del año, se importaron aproximadamente 30 millones 687 mil litros de gasolina, el diferencial de precios entre importación y venta en el mercado interno le genero a PEMEX ingresos por aproximadamente 2 mil 783 millones de pesos.

Sin embargo para el segundo trimestre, asumiendo que actualmente el costo promedio de la gasolina en los Estados Unidos es de 3.78 dólares por galón, es decir que un litro de gasolina en la unión americana cuesta aproximadamente un dólar, entonces un barril de gasolina (a precio de gasolinera) cuesta 159 dólares.

Por ello, si consideramos que la importación total de gasolina durante el segundo trimestre del año fue de 28 millones 827 mil barriles y asumimos un costo de 159 dólares por barril, se obtiene que el gasto total en importación de gasolina durante el segundo trimestre del año fue de 47 mil 751 millones de pesos.

Sin embargo a este total tenemos que descontarle, los ingresos que obtuvo PEMEX por la venta de esa gasolina importada, misma que vendió en promedio durante el segundo trimestre del año en 121 dólares por barril, por lo que obtuvo ingresos de 36 mil 500 millones de pesos, con lo que el costo neto de la importación de gasolina al segundo trimestre del año, fue de 11 mil 251 millones de pesos.

De esta manera, si consideramos que durante el primer trimestre del año, prácticamente el costo de la importación de gasolina, fue menor al precio de venta en el mercado interno, el costo neto acumulado de la importación de gasolina, durante los primeros 6 meses del año fue de 7 mil 817 millones de pesos, que representaron el 8.4% de los excedentes petroleros generados al primer semestre del año.


lunes, julio 14, 2008

El Año Pasado, 12 Grandes Empresas, 6 Bancos y 3 Grupos Aeroportuarios Registraron Impuestos Diferidos por más de 130 Mil Millones de Pesos.

De acuerdo con los informes presentados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y que no incluyen las devoluciones de impuestos hechas a estas empresas y bancos; se observa que 12 grandes empresas, 6 instituciones bancarias y 3 grupos aeroportuarios, a pesar de registrar ventas o ingresos que en conjunto ascendieron a 1 billón 600 mil millones de pesos, su pago de impuestos apenas y ascendió a 72 mil 641 millones de pesos; lo que representó en promedio apenas el 4.4% de sus ingresos, sin embargo los impuestos diferidos ascendieron a poco más de 130 mil millones de pesos, lo que significa que debido a la existencia de tratamientos fiscales especiales; como lo son la consolidación fiscal o la depreciación acelerada de activos, durante 2007, por cada peso que estas empresas e instituciones bancarias, le entregaron al fisco, este último les permitió “diferir” en promedio 51 centavos.

Sin embargo, se observa que en el caso de las empresas, el diferimiento de impuestos representó que en promedio por cada peso que se pagó, el fisco les permitió “diferir” 2 pesos.

Es pertinente mencionar que los impuestos diferidos que registraron estas 12 grandes empresas se incrementaron en poco más del 34% entre 2006 y 2007, al pasar de 82 mil 193.8 millones de pesos a 110 mil 343.2 millones de pesos, mientras que los impuestos pagados registraron tan sólo un ligero incremento de 3.5%, al pasar de 53 mil 424.5 millones en 2006 a 55 mil 283.8 millones en 2007, en tanto que sus ingresos crecieron en mas del 11.5%.

De estas empresas, sobresale el caso de CEMEX, que registró un incremento de 20 mil 188 millones de pesos, en sus impuestos diferidos, al pasar de 30 mil 119 millones en el 2006 a 50 mil 307 millones para el 2007; esto significó que por cada peso de impuestos que pagó el año pasado, se le permitieron diferir 10.50 pesos.

También resaltan los casos de TELCEL, TELMEX Y GRUPO CARSO, quienes en conjunto aumentaron sus impuestos diferidos entre 2006 y 2007, para ubicarlos en 38 mil 197 millones de pesos, lo que en promedio significó que por cada peso pagado, difirieran 1.32 pesos.

Por lo que respecta, al pago de impuestos como porcentaje de las ventas totales, se observa que también registro una disminución entre 2006 y 2007, al pasar de 4.6% a 4.3% en promedio, aun y a pesar de que en contrapartida las ventas totales de estas 12 empresas registraron un incremento de 133 mil 63 millones de pesos; lo que represento un ingreso mayor en 11.49%. lo cual contraviene todo principio de progresividad y equidad tributaria.

Así por ejemplo se observa que mientras que las ventas de Kimberly Clark, en el 2006 fueron de 20 mil 839.5 millones de pesos y en el 2007 se ubicaron en 21 mil 480.2 millones de pesos, sus impuestos pagados como proporción de sus ventas, disminuyeron de 6.5% a 5.7%, con lo que su contribución fiscal el año pasado fue de sólo 1 mil 214.3 millones de pesos.

Mientras tanto sus impuestos diferidos ascendieron a 2 mil 219 millones de pesos, por lo que por cada peso que pagaron, se les permitió diferir 1.83 pesos.

Es pertinente señalar que de las 12 empresas en cuestión, Grupo Saba es la que registró el menor porcentaje de impuestos pagados, como porcentaje de sus ventas, al ser para 2007, de sólo el 0.7% de los 25 mil 259.7 millones de pesos que obtuvieron por concepto de ventas totales.




Los Bancos:

En el caso de las 6 instituciones bancarias seleccionadas; BBV-Bancomer, Banamex, HSBC, Santander, Banorte e Inbursa, se observó que para 2007 sus ingresos ascendieron a 319 mil 23 millones de pesos, cifra que representó un incremento de 34 mil 870 millones de pesos; es decir el 12.63%, con respecto del 2006; sin embargo sus impuestos pagados registraron una disminución del 9.0%, al ser de sólo 17 mil 242 millones de pesos, cifra que resultó inferior en 1 mil 743 millones de pesos, a los impuestos pagados en el 2006, y que representó el 5.4% de sus ingresos.

Por su parte, estos 6 bancos en conjunto registraron impuestos diferidos por 18 mil 154 millones de pesos, de los cuales Bancomer y Banamex concentraron el 90% de este total.

Aquí llaman la atención los casos de los bancos españoles: BBV-BANCOMER y de Santander, ya que mientras que el primero registró en el 2007 un incremento de 18% en sus ingresos con respecto a 2006, para ubicarlos 91 mil 851 millones de pesos, sus impuestos pagados fueron de 2 mil 865.7 millones de pesos, es decir, el 3.1% de sus ingresos totales.

Cabe destacar que los impuestos pagados en el 2007 por BBVA-BANCOMER representaron solo la mitad, de los impuestos pagados en el 2006, a pesar de que sus ingresos se incrementaron en más de 14 mil millones de pesos con respecto al 2006, lo cual contraviene todo principio de progresividad y equidad tributaria.

En materia de impuestos diferidos entre 2006 y 2007, este banco incrementó sus obligaciones fiscales diferidas, al pasar de 5 mil 311.7 millones en el 2006 a 6 mil 905 millones en el 2007.

Por su parte, el Grupo Financiero Santander, incrementó en 6.4% sus ingresos entre 2006 y 2007, al pasar de 53 mil 912 millones de pesos a 57 mil 377 millones de pesos, sin embargo su pago de impuestos se redujo en más del 59% , al pasar de 4 mil 95 millones de pesos a 1 mil 675 millones de pesos, lo que significó sólo el 2.9% de sus ventas.




Los Aeropuertos Privatizados:

En el caso de los aeropuertos que años atrás fueron privatizados, se observa que los tres grupos aeroportuarios, reportaron ingresos durante el 2007, por 7 mil 813 millones de pesos, cifra que resulto superior en 1 mil 79 millones, a la obtenida durante 2006, sin embargo y a pesar de lo anterior sus impuestos pagados, fueron inferiores a los pagados en 2006, en 225.9 millones de pesos, al totalizar 657.8 millones de pesos, entre los tres grupos que operan los principales aeropuertos del país.

De esta manera, mientras que en el 2006 los impuestos pagados por estos tres grupos (ASUR, GAP y OMA) representaron el 13.1% de sus ingresos, para el 2007, la proporción disminuyó a 8.4%, es decir que mientras que los ingresos percibidos en su conjunto se incrementaron en 16%, los impuestos pagados disminuyeron en 25.6%, lo cual contraviene todo principio de progresividad y equidad tributaria.

Por su parte, y por lo que respecta a los impuestos diferidos en el balance, estos registraron un incremento del 82% en el 2007, al ubicarse en 3 mil 979 millones de pesos, con lo que se puede decir que por cada peso pagado de impuestos, el fisco les permitió diferir 6.1 pesos.





domingo, julio 13, 2008

A mis amigos, justicia y gracia; a los demás, la ley a secas

Sin lugar a dudas, el titulo de esta colaboración describe totalmente al régimen fiscal que opera en el país, pues mientras un selecto grupo de empresarios goza de verdaderos paraísos fiscales, el resto de los contribuyentes es víctima del “largo brazo de la ley” en materia de aplicación y el pago de impuestos.

Señalo lo anterior porque, en días pasados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados el Presupuesto de Gastos Fiscales para 2008 (“presupuesto” que comprende en términos generales lo que el gobierno dejará de recaudar por la existencia de créditos fiscales, condonaciones, facilidades, estímulos, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales) y en él se observa que, a pesar de que tanto Agustín Carstens como Felipe Calderón en su momento señalaron que con la “reforma fiscal aprobada” —en particular con la aplicación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU)—, se acabarían los paraísos fiscales en que tributaban las grandes empresas y cuya existencia les permitía prácticamente no pagar impuestos, la realidad refleja que no fue así.

Se puede observar que por concepto de “consolidación fiscal”, régimen que supuestamente había desaparecido, se dejarán de recaudar 51 mil 794 millones de pesos, y por conceptos relativos a la deducción acelerada de activos, llamada “depreciación acelerada de activos”, se dejarán de recibir otros 42 mil 96 millones.

Es decir, que de acuerdo con la propia dependencia que dirige Agustin Carstens, la existencia de estas dos “facilidades” que utilizan sólo por las grandes empresas le costará al fisco mexicano en el presente año 93 mil 890 millones de pesos.

Cabe destacar que si a lo anterior añadimos la pérdida de recaudación derivada de “otras facilidades administrativas”, dirigidas también a las grandes empresas, se obtiene que “el hoyo fiscal” que provocarán los impuestos no pagados asciende a poco más de 200 mil millones de pesos.

Esta cifra, que por “mera casualidad” es similar a los excedentes petroleros que se generarán durante el presente año, nos podría sonar como una locura… si no supiéramos que, de acuerdo con informes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), diversas empresas identificadas con la guerra sucia desatada contra Andrés Manuel López Obrador durante su campaña electoral de 2006 prácticamente no pagaron impuestos el año pasado y, por lo que se observa, tampoco pagarán este año.

Así, por ejemplo, el año pasado CEMEX tuvo ventas por 236 mil 669 millones de pesos, pero pagó impuestos por cuatro mil 796 millones; es decir, 2% de sus ventas, pero también reportó impuestos diferidos por 50 mil 397 millones de pesos: por cada peso que pagó de impuestos, las “leyes fiscales” le permitieron postergar el pago de diez pesos.

O bien el caso de BIMBO, que registró ventas por 72 mil 294 millones de pesos y pagó impuestos por mil 692 millones de pesos; es decir, 2.3% de sus ventas, e impuestos diferidos por mil 318 millones de pesos: por cada peso que pagó, se le permitió diferir 67 centavos.

Aquí convendría que se preguntaran mis estimados lectores, a ustedes, ¿cuánto dinero de los impuestos les ha permitido “diferir” la Secretaria de Hacienda? O bien, ¿acaso les permiten pagar impuestos por el equivalente a 2% de sus salarios o, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, por 2% de sus ventas?

Lo peor de todo es que para la mayoría de los economistas, el impuesto más inequitativo que existe es la inflación, ya que le pega más duro a quien menos tiene, y lo comento porque de acuerdo con el Banco de México el crecimiento de los precios ya es alarmante, por lo que además del IETU, el IDE, el IVA y el impuesto a la gasolina ahora tenemos que pagar el “impuesto inflacionario”.

Por eso digo que, a mis amigos, justicia y gracia; y a los demás, la ley a secas.

viernes, julio 04, 2008

La reforma fiscal no afectó a las grandes empresas: 202 mil millones de pesos se dejarán de recaudar por tratamientos especiales

En el artículo 28 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, se establece la obligación para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de publicar en su página de Internet y entregar a la Cámara De Diputados, el Presupuesto de Gastos Fiscales.

Este “presupuesto” comprende en términos generales, los montos que deja de recaudar el erario federal por disposiciones establecidas en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal.

De esta manera y a pesar de que tanto Agustín Carstens como Felipe Calderón, en su momento señalaron que el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), tenía como objetivo “acabar con los paraísos fiscales en que tributaban las grandes empresas”; la realidad refleja que no fue así y que la falta de recaudación por este concepto, es lo que en realidad ha impedido disminuir de manera significativa “el régimen fiscal confiscatorio” que Pemex enfrenta.



Para corroborar lo anterior, sólo basta mencionar que de los 772 mil 364 millones de pesos que se dejaran de recaudar por concepto de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades, estímulos, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales, el 26%, es decir 202 mil 144 millones de pesos, corresponde directamente a conceptos relacionados con “grandes empresas”, lo que supera por mucho a los 122 mil 192.5 millones de pesos, que se dejaran de recaudar por la aplicación de la tasa cero en alimentos.

A) El caso del IETU:

Así en lo que se refiere al IETU, de los 96 mil 309 millones de pesos que se dejaran de recaudar, casi la mitad, es decir 42 mil 847.3 millones de pesos, se explican por concepto de las exenciones y tratamientos especiales que se otorgaron a las empresas en la fase final de aprobación de dicho impuesto , de esta manera, por consolidación fiscal se dejarán de recaudar en el caso del IETU, 19 mil 993 millones de pesos, por deducción de la adquisición de automóviles nuevos, 3 mil 481 millones de pesos, y por las deducciones que se relacionan con la adquisición de activos (depreciación acelerada de activos), poco más de 18 mil 882.6 millones de pesos.



B) El caso del ISR:

De manera adicional y por lo que toca al Impuesto Sobre la Renta (ISR), de los 252 mil 962.8 millones de pesos, que no se recaudarán, más del 60% se explica por las exenciones y tratamientos especiales en materia del ISR empresarial “cuyas posibilidades de elusión fiscal” ascenderán a 159 mil 297.9 millones de pesos, dónde destaca nuevamente el régimen de consolidación fiscal, con 31 mil 801 millones de pesos, así como la deducción inmediata de activos fijos con 23 mil 214 millones de pesos, la adquisición de automóviles nuevos con 9 mil 204 millones de pesos, que en conjunto ascienden a más de 64 mil 219 millones.



C) IETU E ISR:

En resumen, se observa que por concepto de “consolidación fiscal” régimen que supuestamente había desaparecido con la “supuesta reforma fiscal aprobada” se observa que se dejarán de recaudar, 51 mil 794 millones de pesos, y por conceptos relativos a la deducción acelerada de activos, “depreciación acelerada de activos”, 42 mil 96 millones de pesos.

Es decir que, de acuerdo con la propia dependencia que dirige Agustin Carstens la existencia de estas 2 “facilidades” que son utilizadas sólo por las grandes empresas, le costara al fisco mexicano en el 2008, 93 mil 890 millones de pesos, cabe destacar que si a lo anterior añadimos, la deducción sobre la adquisición de automóviles nuevos, la “elusión fiscal” asciende a poco más de 106 mil millones de pesos, cifra tan sólo 14% inferior a lo que se deja de recaudar por la tasa cero en el IVA de los alimentos.

Esto explica las verdaderas razones del porque en nuestro país la recaudación tributaria es de las más bajas de los países miembros de la OCDE y confirma que mientras que las empresas aportan entre 55 y 60% del ingreso nacional, su contribución al pago sobre el impuesto sobre la renta como porcentaje del PIB ha sido de 2.5% en promedio durante los últimos 7 años.

En tanto, la contribución fiscal de los asalariados que generan 25% del ingreso nacional, ha sido en promedio de 2.25 por ciento, en ese mismo lapso.

Esto es, aunque la contribución de las empresas debería ser al menos del doble de la de los asalariados, en virtud de que contribuyen con el doble a la generación de ingreso, no sucede así gracias a los “regímenes fiscales especiales” fundamentalmente dirigidos a las grandes empresas.

D) El caso del IVA:


Si bien es cierto, que lo que el fisco se dejará de recaudar por la aplicación del IVA en alimentos, ascenderá a 122 mil millones de pesos, no puede soslayarse que de acuerdo a la teoría económica y a pesar de que este tipo de impuestos resultan ser los más fáciles de administrar, en la realidad son altamente regresivos, es decir gravan más a aquellos que menos tienen, por lo que necesariamente empeoran la distribución del ingreso.

Para mostrar lo anterior asumamos el siguiente ejemplo:

Una persona en situación normal necesita consumir cierta cantidad de alimentos diariamente, independientemente de sus ingresos, por ello entre menos ingresos tenga dicha persona, mayor será la proporción de su ingreso que le destine a sus alimentos, conforme aumenten sus ingresos la proporción de su ingreso que destina a adquirir alimentos será menor.

De ésta manera, al gravar los alimentos se estaría dando una mayor carga fiscal a las personas de menores ingresos, y con ello se estaría empeorando la distribución del ingreso.

Más aún si consideramos que los mexicanos destinan en promedio el 30% de sus ingresos para la adquisición de alimentos y cerca del 80% de las familias en el país viven con un ingreso inferior a 6 salarios mínimos.



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