Paula Cussi, crónica de una detención

Jenaro Villamil

Acaban de detener a Paula Cussi –me dijo vía telefónica el abogado Ernesto Canales.

Desde el vestíbulo de la oficina de Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), yo esperaba la llegada de la viuda de Emilio Azcárraga Milmo y de su equipo de abogados. Era el único reportero. Me habían avisado que Cussi estaba citada a las nueve y media de la mañana para continuar con el desahogo de la prueba confesional, sesión que se había interrumpido desde el lunes 21 de febrero.

El juicio civil interpuesto desde enero de 2007 por Cussi se había vuelto tortuoso. Aquel 21 de febrero, la sesión en la sede de la presidencia del tribunal se suspendió porque habían notificado “una amenaza de bomba”. Dos semanas después, el jueves 3 de marzo, la jueza sexagésimo segundo de lo Civil, Yolanda Morales Romero, fue cambiada de adscripción. Ella conocía los detalles del juicio que llevaba cuatro años.

Y ahora, la viuda de Emilio Azcárraga Milmo, quien reclama el pago de 4% del valor de Televisa en cumplimiento de la sexta parte del legado que El Tigre estipuló en su testamento, había sido detenida, a las puertas de la máxima sede del Poder Judicial capitalino.

--¿Cómo? Si acaba usted de hablarme para decirme que estaban a unas cuadras –le pregunté a Canales.

--Sí. Unos ocho agentes de la Procuraduría del Distrito Federal nos detuvieron justo al bajar aquí, en la calle de Niños Héroes.

--¿Por qué?

--No mostraron ninguna orden. Sólo dijeron que era en cumplimiento de una orden que se giró ‘desde la semana antepasada’. Actuaron como unos gorilas. Me amagaron. Cussi me sujetó del brazo. No sabía lo que estaba pasando.

Canales, un hombre afable y de talante tranquilo, estaba muy alterado. Tenía la adrenalina de quien acaba de vivir un acto violento.

Canales y César García Méndez, el abogado que lleva el litigio civil de Cussi, discutían airadamente con el equipo de abogados de Televisa, encabezado por Alejandro Bustos y Everardo Hegewisch, quienes aguardaban en la entrada del edificio del Tribunal, a unos veinte metros de donde detuvieron a Cussi. Parecían atestiguar el cumplimiento de la orden de aprehensión.

Un personaje nuevo estaba en escena: el afamado penalista Alonso Aguilar Zínser. Era el abogado de la acusación penal en contra de Cussi.

--¿Por qué detuvieron a la señora Cussi? –le pregunté a Aguilar Zínser, quien fumaba, tranquilo, su infaltable cigarro.

--Fue en cumplimiento de una orden judicial por falsedad continuada de declaraciones en el juicio emprendido contra Televisa y varios codemandados –me dijo.

--¿Es una demanda penal?

--Sí. La falsedad de declaraciones continuada es un delito grave.

--Me dicen los abogados de la señora Cussi que la detención fue irregular porque no hubo notificación previa ni se le dio el derecho de audiencia.

--Todo se hizo conforme a derecho. Sí, ella no vive en la Ciudad de México, pero tengo entendido que se le intentó localizar desde la semana antepasada.

--¿Usted es abogado contratado por Televisa?

--Soy abogado de una de las codemandadas, filial de Televisa.

--¿Y dónde se encuentra la señora Cussi?

--Está en el penal de Santa Martha Acatitla.

La sangre fría de un penalista como Aguilar Zínser me demostró que todo estaba perfectamente sincronizado. Los únicos que no estaban enterados eran la propia detenida y sus abogados.

César García Méndez estaba furioso. Argumentó que “el acto jurídico no ha terminado. ¿Cómo la pueden detener por falsedad de declaraciones?”.

García Méndez y Canales entraron muy molestos a la oficina de Edgar Elías Azar, quien “por deferencia” a los involucrados en este caso había ofrecido la sede de la presidencia para que ahí se desahogaran las audiencias.

--Licenciado Elías, vengo de la revista Proceso. Quiero saber si no es irregular que esto suceda, a las puertas de su propia oficina y del tribunal.

--Mire, mejor no declaro nada porque estoy muy encabronado.

Elías Azar salió a paso vertiginoso de su oficina.

Durante más de una hora los abogados de Cussi intentaron comunicarse con quien pudiera informar de lo sucedido: con el procurador capitalino Miguel Angel Mancera, con su secretario particular, con alguna autoridad capitalina.

La respuesta a las llamadas era la misma: “El procurador Mancera no puede atender su llamada porque está en un evento con el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard”.

Llegué hasta las oficinas del juzgado 69 de lo penal, en las instalaciones del Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla. Paula Cussi no se había podido comunicar con sus abogados. A través de la llamada telefónica a un familiar, ella declaró que se consideraba “secuestrada”.

La información de la detención de la viuda de El Tigre Azcárraga se difundió en la página online de Proceso y a través de Twitter.

A las dos horas, el procurador capitalino Miguel Mancera declaró públicamente que la detención de Cussi fue en cumplimiento de una orden de aprehensión que se ejecutó, dictada por una juez penal.

Ante el escándalo generado en las redes sociales, la PGJDF emitió un comunicado para especificar que la averiguación previa es la número FAE/A/T3/57/11-03, iniciada el 17 de marzo del año en curso, derivado de la denuncia de hechos formulada por el apoderado legal de la empresa Grupo Acal SA.

“Cabe aclarar que obran en la indagatoria de mérito dos citatorios de fecha 25 y 30 de marzo de 2011, girados para que se presentara a comparecer en su carácter de probable responsable”, aclaró en su último párrafo el boletín de la Procuraduría.

Varios twitteros le enviaron mensajes a los principales conductores de noticias de Televisa para preguntarles si iban a dar a conocer la detención de Paula Cussi.

En su cuenta, Joaquín López Dóriga escribió simplemente, antes del mediodía:

“Feliz cumple hoy Sharon Fastlich”.

En clara referencia a la esposa de Emilio Azcárraga Jean.

Apenas el 16 de abril se cumplieron 14 años del fallecimiento de su padre, Emilio El Tigre Azcárraga. Y según el boletín de la Procuraduría, la orden de aprehensión contra Cussi fue girada un día antes: el 15 de abril de 2011. Quizá como parte de una singular advertencia.

Por violencia, amagan empresarios de La Laguna con huelga de pagos y paro de actividades

Empresarios de la Comarca Lagunera amenazaron con parar actividades y declararse en huelga de pagos de impuestos a partir del próximo viernes 29, en caso de que las autoridades estatales no presenten a los responsables del crimen del socio de Grupo Lala, Carlos Valdés Berlanga, ocurrido el pasado domingo en la ciudad de Torreón.

Representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) exigieron también a los gobiernos federal y estatal que presenten un plan de seguridad para empresarios, trabajadores y sus familias.

“En la Laguna nadie se siente a salvo, ni en sus casas ni en sus trabajos; hemos llegado a un límite”, sentenció Óscar Soto Sánchez, presidente de la comisión de seguridad pública de la dirigencia regional de Coparmex.

A su vez, el presidente de Coparmex, Roberto Rodríguez Cruz, comentó que la escalada de violencia en la región ha dejado 250 muertos en lo que va del año.
“Hay miedo entre los empresarios”, confesó.

Ernesto Llamas Sotomayor, presidente del CLIP, no se anduvo con rodeos.

“Ya basta. Que se pongan a trabajar, de lo contrario que renuncien; queremos una Comarca segura. Citaremos a las autoridades y que cada quien asuma su responsabilidad y si no hay respuesta tomaremos medidas; los empresarios no nos quedaremos con los brazos cruzados”.

El pacto de Cancún

Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal

Roberto Borge asumió la gubernatura de Quintana Roo a principios de abril pasado en medio de fiesta priísta a donde acudió la dirigencia del partido, gobernadores, artistas y un amigo personal del nuevo mandatario, el ex presidente Carlos Salinas. Pero lo importante no fue el evento en Chetumal sino una escala en Cancún, donde los líderes del partido se congregaron en una reunión secreta para analizar y decidir conjuntamente una estrategia para enfrentar al presidente Felipe Calderón.

Los términos de la lucha contra el Presidente los define el largo año electoral que se prolongará hasta 2012. En ese contexto, la idea que animó al presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, a llamar a todos al cónclave, fue buscar el consenso frente a lo que anticipa una lucha cuerpo a cuerpo con Calderón, que temen varios dirigentes del partido que incluya la persecución de ex gobernadores y una guerra sucia en el estado de México, Nayarit, Michoacán, que pudiera culminar con el descarrilamiento de su candidato presidencial el próximo año.

Moreira arrancó la reunión con un llamado a “endurecer” el discurso priísta contra el Presidente, y rápidamente fueron tomando la palabra los gobernadores, que hicieron un inventario de los agravios contra el gobierno federal. El más “duro”, a decir de testigos presenciales, fue el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que se quejó de lo que consideró como una intromisión del gobierno federal en su estado a través de las “provocaciones” del secretario del Trabajo, Javier Lozano.

Duarte supuraba por heridas recientes, pues días antes de la toma de posesión de Borge, Lozano visitó varias ciudades veracruzanas y se reunió con dirigentes y militantes del PAN. El gobernador lo acusó de hacer “turismo electoral” y lo declaró como “visitante non grato” en el estado. Duarte anticipó que hablaría del tema con el Presidente y con varios gobernadores, cosa que hizo en Cancún con los priístas.

El veracruzano no fue el único que habló con dureza del gobierno federal. Después de él tomó la palabra César Duarte, gobernador de Chihuahua, que se dijo agredido por la forma como la estrategia contra los cárteles de las drogas planteada por el Presidente ha incrementado la violencia y afectado su gobernabilidad. Después de él llovieron recriminaciones y acusaciones, muchas por el control de participaciones federales, que dependen directamente del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, delfín de Los Pinos en la contienda presidencial.

La reunión de Cancún abordó las realidades por las que estaban atravesando los priístas, pero la dinámica es cambiante, con nuevos jugadores que aparecen y desaparecen sobre un tablero en constante movimiento. Por ejemplo, cuando se dio la reunión secreta de Cancún no se habían descubierto las fosas clandestinas en San Fernando, que metió al gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, en una crisis política donde su puesto está en riesgo.

Como respuesta al fenómeno de Tamaulipas, en el espíritu de Cancún, el PRI empezó a trabajar con el senador perredista Graco Ramírez la destitución del gobernador panista de Morelos, Marco Adame, envuelto en un escándalo creciente por la participación de sus órganos de seguridad y policiales en la delincuencia. Entre los líderes del PRI hay la creencia que el gobierno federal sabe cuántos muertos hay en las fosas de San Fernando, pero creen que van dosificando el descubrimiento de cuerpos para ir debilitando al gobernador Torre Cantú.

Si es cierto o no, es un asunto secundario. En los canales de comunicación privada que mantienen con el gobierno federal, se ha hablado de Tamaulipas y Morelos como una especie de quid pro quo: que el PRI afloje la presión sobre Adame, jefe político del sector más reaccionario del PAN, y que el gobierno federal alivie la presión al priísta Torre Cantú. No hay datos que reflejen un acuerdo aún de esa naturaleza.

Otro punto de ebullición se da entre el propio presidente Calderón y Moreira. Cuando se aireó el supuesto alcoholismo del mandatario, en Coahuila aparecieron en decenas de bardas referencias al tema. Desapercibido para muchos en el país, no lo fue en Los Pinos. La respuesta fue la circulación de cientos de panfletos en las calles del estado donde acusaban a la madre de Moreira de ser una “aviadora” del magisterio. El líder del PRI respondió: “Calderón es un impostor”. El jaloneo es constante en Coahuila, cuya gubernatura disputarán este año el hermano del dirigente priísta y el compadre del Presidente.

Pero Moreira no convocó el cónclave para buscar apoyo para él, sino para trazar una estrategia que refleje espíritu de cuerpo, de acuerdo con priístas consultados sobre la reunión secreta. Hasta ahora, el dirigente priísta ha capturado los golpes presidenciales y del gabinete, que han respondido a las hostilidades verbales de Moreira. Pero al paso que lleva no resistirá el desgaste que le permita llegar en buenas condiciones políticas a la campaña presidencial el próximo año, ni a ser de utilidad en las elecciones estatales, críticas todas, este año.

La reunión en Cancún fue para construir un frente más amplio y nacional, con relevos en los choques contra el PAN y un frente de lucha más amplio y compacto. En los últimos días comenzó a circular en Coahuila un nuevo correo electrónico donde se acusa a Moreira de nepotismo, de corrupción y de vínculos con el narcotráfico. Es un anónimo que desacredita al dirigente nacional y lo ubica como un criminal. Son los prolegómenos de esa guerra sucia que algunos piensan que viene, y otros aseguran que, en realidad, ya llegó.

Militarización rápida y furiosa

Astillero / Julio Hernández López

- Militarización rápida y furiosa
- Estado electoral de excepción
- Toque cívico de queda
- Excluir a la izquierda


Un humor muy negro o una absoluta frivolidad acompañaron ayer al diputado federal priísta Rogelio Cerda a la hora de señalar que esta semana, así sea en una sesión rápida y furiosa, serán sometidas a votación las pretensiones de control militar a discreción que han acordado el comandante que presuntamente está en vías de dejar el hirviente cargo, Felipe Calderón, y el supuesto aspirante principal al relevo, Enrique Peña Nieto, quien cada vez parece más decidido a mostrar que su talante autoritario es similar o peor que el de su provisional aliado panista.

Evocar el nombre de las acciones realizadas por el gobierno gringo para entregar armas a Los Zetas tiñe de fundadas sospechas la premura con que San Lázaro pretende a su vez dar mayor poder a las corporaciones militares y marinas para apagar, paradójicamente, el fuego social atizado por la errática guerra felipista contra el narcotráfico. Pero a las maquinarias legislativas del peñanietismo y el calderonismo no parece importarles mayor cosa la creciente protesta que sus afanes de militarización ex- presa están provocando.

A fin de cuentas, es explicable la convergencia de intereses que pretende sacar adelante la mencionada ley. El peñanietismo salinizado busca centrar la competencia electoral en dos bandos circunstancialmente opuestos pero sustancialmente afines, es decir, en el del propio PRI, con el copete toluqueño como personaje movido tras las sombras por una calva del Distrito Federal, y en el PAN calderonista que a fin de cuentas podría negociar salvoconductos e impunidades a cambio de ceder el paso al partido tricolor. Haiga de ser como haiga de ser el desenlace formal de 2012, al pripanismo le conviene instaurar en el país un régimen político y social de excepción, con toque cívico de queda y mano dura contra movimientos de protesta. Las urnas de 2012 quedarían así condicionadas por dos factores que manejan en distintas proporciones los dos actores partidistas pactados: las fuerzas armadas, como instrumento jurídicamente legitimado de acción y represión de Los Pinos, y el narcotráfico como elemento de disuasión o promoción de candidaturas y resultados electorales oficiales.

Desde ahora, detectando los puntos de resistencia a la embestida fascistoide que se incuba en San Lázaro y midiendo la capacidad de respuesta social que genere tan lesivo proyecto de ley, la dupla que forman Peña Nieto y Calderón está anunciando formas de exclusión de la izquierda en el proceso de renovación del poder institucional el año venidero. El golpe que pretenden dar con el pretexto de la seguridad nacional significaría un retroceso brutal en materia de libertades y derechos sociales que ya ni siquiera tendrían un sustento pleno en términos meramente formales, jurídicos, pues serían arrasados por las nuevas normas de corte militar. Van por todo, al costo que sea, constriñendo las posibilidades de competencia electoral a una pareja derechista que en su momento podrá negociar lo que sea necesario para mantener el poder en sus arcones complementarios, amenazando desde ahora toda forma de protesta y lucha política, social y laboral, advirtiendo que el color dominante de las boletas electorales venideras será el verde olivo.

Astillas

Se agradece a Jaime Collado el llamar la atención sobre un detalle de la columna de ayer: “Me refiero al vocablo normatividad. Yo sé que es muy popular en México, pero el diccionario no lo registra y es difícil comprenderlo. Normatividad sería algo así como cualidad para normar, pero para ello existe la palabra normativo, que es lo que fija la norma, y la normativa es el conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad. Entonces, ‘a cambio de aprobar la nueva normatividad en materia de seguridad nacional’ bien podría redactarse como ‘a cambio de aprobar la nueva normativa en materia de seguridad nacional’, o bien, ‘a cambio de aprobar las nuevas normas (jurídicas) en materia de seguridad nacional’. Por lo demás, coincido plenamente con usted en que toda esta escalada de violencia es sólo un pretexto para encauzar a México hacia el fascismo. No es ineptitud del gobierno, sino perversión”... Segismundo Cortés Arenas replantea: “El diputado Alfonso Navarrete Prida (de negro historial en el estado de México) declaró que ‘... si en los operativos se cometen abusos contra la población civil, ello será responsabilidad de la autoridad que los aplique y no resultado de una ley’. Mi petición al diputado Navarrete Prida es que, siguiendo su forma de pensar, incluya en la ley de seguridad que propone que el Estado autorice a los ciudadanos tener y portar armas para su defensa, basándose para esto en su argumento, pues entonces el que mate o hiera a otra persona será responsable de disparar una pistola o cañón sin que se pueda echar la culpa a la ley que autorice la tenencia o portación de armas”... Vic Rey reflexiona: “FC declaró hace poco que una persona de 19 años ejecutó a más de 100 personas en San Fernando, Tamaulipas, para lo cual requirió buen tiempo. Así, Calderón sólo está exhibiendo al equipo de seguridad con el que cuenta el país, en los tres niveles, pues con toda su inversión y entrenamiento han sido menos eficientes que un solo adolescente. Por otro lado, este lunes el noticiario estelar de Televisa inició su transmisión con la nota sobre la beatificación de quien fuera amigo de Marcial Maciel, continuando con la nota de cierta boda en un país algo lejano del nuestro. Para lo anterior se consumieron alrededor de 20 minutos. Pregunta obligada: ¿Aquí, en México, necesitamos ese tipo de notas? ¿Aquí todo está bien? Patético”... Y, mientras los pederastas siguen tan tranquilos, disfrutando de las cárceles con servicio gastronómico fuera de rejas, como asegura el diputado panista Agustín Castillo que ha sucedido en Cancún con Jean Succar Kuri, ¡hasta mañana, con el diputado local de Guerrero, Faustino Soto Ramos, denunciando que militares lo maltrataron y golpearon el pasado 21 durante una revisión!

¿Por qué Tamaulipas?

Francisco Rodríguez / Índice Político

Sí, “¿por qué Tamaulipas?” La pregunta es planteada por el colega Humberto Gutiérrez Páez en su cotidiana columna Cartelera, publicada a lo largo y ancho de la entidad norteña. ¿Por qué Tamaulipas? Él responde:

“… La noticia de Semana Santa es que las expectativas de los empresarios del ramo del turismo fueron superadas. Miles, sí, miles de visitantes de San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Valle de Texas y vecinos los municipios tamaulipecos simplemente llenaron los destinos de playa de Tamaulipas.

“¿Será este fin de semana el preámbulo a la recuperación de la confianza para a salir a divertirse? Ojala y sí.

“El lunes 11 de abril, fecha en que el Gobernador Egidio Torre Cantú presentó el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 ratificó su compromiso por la paz: “no habrá tregua a la inseguridad” dijo en un momento del discurso, lo que provocó que aplaudiera la clase política allí reunida.

“En esta semana quedo demostrada la valía de Morelos Canseco al estar en sesión permanente el Grupo de Coordinación Institucional para ofrecer la seguridad a los vacacionistas custodiados por 5 mil efectivos de las diferentes corporaciones.

“El Gobernador Torre Cantú puso ante la vista de los agoreros del desastre la muestra del Tamaulipas que vibra. Que promete lo que cumple. Que busca la paz porque somos gente de trabajo.”

Y de todo ello, dice Gutiérrez Páez, nada salió en la televisión.

“¿Por qué Tamaulipas? Gobernar en época de guerra nunca será fácil, y si a la guerra le agrega usted la crisis económica, de desaliento y poca confianza en el gobierno federal misma que ha motivado el cierre de empresas dando origen a la causa del desempleo….

“¿Por qué Tamaulipas? Será porque Texas tiene el mayor territorio fronterizo de EU cubriendo cuatro estados de la República Mexicana: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, siendo Tamaulipas el punto más cercano con el mercado del este de Estados Unidos y Canadá. Sólo que sea por eso.

“¿O porque Tamaulipas tiene capacidad de poder exportar/importar el 44 por ciento del comercio exterior?

“¿O porque en Tamaulipas existen 17 cruces internacionales de los cuales dos son ferroviarios y cuenta además – el único Estado de la República– con cinco aeropuertos internacionales?

“¿O porque vivan en la zona fronteriza de Tamaulipas el 53 por ciento de la población de casi 3.5 millones de personas?

“¿O porque tenga litoral con el Golfo de México y tres puertos marítimos, de los cuales Altamira es el de mayor volumen e importancia de Latinoamérica? Solo que sea por eso, o porque Tamaulipas sea un bastión priista, próspero, pujante con visión de futuro.

“Esto que está pasando es cíclico. Con una franja fronteriza nacional del norte compuesta por 3 mil 100 kilómetros, de cuales 340 km. están en Tamaulipas, es el más claro ejemplo de la capacidad y competitividad que ofrece a nuestro estado frente al contexto nacional. Pocos kilómetros de frontera, más cruces vehiculares, más cruces ferroviarios, más aeropuertos internacionales, mas contribución al gobierno federal, mas riqueza en sus regiones…

“Vaya que son lamentables los hechos sucedidos en San Fernando, noticias que dieron la vuelta al mundo entero.

“Siendo Tamaulipas y la frontera con Laredo, Reynosa y Matamoros el punto más cercano de acceso a los mercados más importantes del país, DF, Monterrey y Jalisco, y por supuesto que está más cerca de los Estados del sureste y de Centro América donde abundan las familias con mayor pobreza, suena bastante lógico que sea por Tamaulipas donde se dé el paso de los migrantes, legales o ilegales.

“Por lo que es válido que hablen de Tamaulipas ‘nomas de oídas’ y se dejen llevar por su ignorancia al llamarle a sus municipios en forma distinta. Pero eso es lo de menos, dedican en sus noticieros más de la mitad del tiempo en noticias con la violencia de México, como si no supieran que los gobernadores tienen las manos atadas, que no deben meterse en asuntos que no son de su competencia, que las policía de los ayuntamientos tienen carácter preventivo y deben cuidar del orden público enmarcados en el bando de policía y buen gobierno.

“Esos delitos –los de San Fernando, los de las carreteras– a que se han referido son de atracción única y exclusivamente de la Federación, por ley.

“Que ¿porqué no hubo denuncias? Eso es cuento aparte.

“Allí están las fosas. ‘Lo demás’ es a cargo de la Federación. Es el gobierno federal el que tiene los pesos y centavos y por supuesto, el que manda. Y además, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, y de todos los estados, dependen del presupuesto federal. En eso consiste el mando único.

“¿O son instrumentos para crear el caos?”, vuelve a preguntar Humberto.

Y yo pregunto con él. ¿Por qué Tamaulipas? ¿Sólo para crear el caos en un estado gobernado por el PRI?

Índice Flamígero: “He insistido en el carácter paranoico de la clase gobernante –me dice el psicoanalista social José Antonio Lara Peinado– no en el afán de una crítica, más sí en la preocupación de lo que eso representa: la paranoia se sostiene desde fantasías persecutorias, o alucinaciones transitorias de eventos que todavía no pasan, pero que el sujeto dramatiza de tal manera que se convierten en ideas persecutorias obsesivas. Dos ejemplos que vale la pena comentar: 1.- La clase política que ahora gobierna al país, lejos de sensibilizarse ante el baño de sangre en el que se ha convertido México, se encapricha en continuar con una guerra que a todas luces nada tiene que ver con el narco. La vulnerabilidad con la que se llegó al poder ha desatado desde el 2006 ideas persecutorias, se ocupa al Ejército para buscar una legitimación tomando de pretexto al narco. Al paso del tiempo esa legitimación no llega, por lo tanto más Ejército. Ahora, ante el temor de un reclamo social generalizado, más agresión y más Ejército. Lo que pasó en Túnez y Egipto, donde detonaron aún más la idea paranoica. 2.- El PRI se apresta a aprobar una Ley de Seguridad que bien le hubiera gustado a Díaz Ordaz. Es tanta el ansia de poder, que esa misma ansia les llena de angustia ante el fantasma de que ese poder no llegue, o que cuando llegue la gente los rechace. Por lo tanto ante esa angustia desata el fantasma paranoico, es decir, fantasías obsesivas. Ante ese fantasma se aprestan a aprobar una ley que les garantice el uso del ejército de acuerdo a su criterio, y de forma facciosa… Ambos casos muestran claramente el desequilibrio por el cual pasa la clase política del país: buscan aprobar una ley que les permita, de acuerdo a su criterio, decretar virtuales estados de excepción y utilizar a las Fuerzas Armadas para enfrentar lo que a su personalísimo juicio constituya una alteración de la paz. He ahí el problema si, como está demostrado, su juicio está completamente desequilibrado, ¿qué es lo que nos espera a los mexicanos?”

Gasolina y pobreza en México

Carlos Fernández-Vega / México SA

- Gasolina y pobreza
- Alza a combustibles
- ¿A quién le pega?

Desde los gloriosos tiempos del cambio foxista, cuando menos, el pretexto perenne del gobierno federal y sus jilgueros (oficiales y encubiertos, con todo y hoja pautada) para justificar el aumento de los precios de las gasolinas y el diesel ha sido que éste no afecta a los sectores de menores ingresos, porque los pobres no tienen coche y no usan gasolina, especialmente Premium. Por si fuera poco, dicen, a los de salario mínimo tales incrementos les resultan maravillosos, porque no generan inflación.

Pues bien, los defensores de tal política suponen que los productores, los transportistas y los comerciantes, entre tantos otros que conforman la cadena, tampoco usan gasolina ni diesel, ni que éstos repercuten las constantes alzas en los combustibles en sus precios a los consumidores, mucho menos que los incrementos no tienen un efecto multiplicador, y que esto es así porque ellos lo dicen, entonces concluyen que sólo los propietarios de un coche pagan los aumentos. Todo esto como parte del concepto oficial de que el salario mínimo ya casi nadie lo percibe, que el mini ingreso sólo es una referencia para fijar multas y que, en fin, con 6 mil pesos mensuales se vive de maravilla (coche incluido).

En otras partes no suponen, sino que documentan una realidad distinta a la oficial. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, donde sus centros de análisis concluyen que el alza constante en los citados precios impacta prácticamente de forma automática al resto de la actividad económica. Citan que un par de años atrás, con precios menores a los actuales, los hogares con los ingresos más bajos (que no tienen coche) destinaron en promedio mensual 12.18 por ciento de su percepción monetaria para el consumo de gasolina, diesel y transporte público. En sentido contrario, en los hogares más pudientes (que sí tienen coche) tal promedio fue de 4.63 por ciento. Si se suma el gasto que realizan los hogares del país por el consumo de gasolina, diesel y transporte público, se observa que los hogares más pobres del país destinan 2.6 veces más de su ingreso monetario para la compra de estos bienes y servicios, que los hogares más ricos del país.

Un estudio más reciente de la propia Cámara de Diputados (Análisis de los precios y de los subsidios a las gasolinas y el diesel en México, 2007-2010) advierte que el aumento de los precios de los citados combustibles incide directamente en el poder de compra de los salarios de los trabajadores. Por citar un caso, si el propietario de un vehículo decide comprar 40 litros de gasolina o diesel, su gasto se incrementó así: para la gasolina Premium, en el año 2007 hubiera pagado 332.40 pesos; en diciembre de 2010 gastó 404 pesos, 71.60 pesos más respecto de 2007. Para la gasolina Magna, en 2007 hubiera pagado 270.40 pesos; en diciembre de 2010 gastó 350.40 pesos; 80 pesos más respecto de 2007. Y para el diesel, en 2007 hubiera pagado 229.20 pesos; en diciembre de 2010 gastó 364.80 pesos; es decir, 135.60 pesos más. Lo anterior, aclara, no considera uno de los problemas más recurrentes que enfrentan los consumidores de gasolina en México, consistente en que prácticamente en todos los expendios de petrolíferos del país los litros son incompletos. Esta práctica impacta adversamente por el lado del gasto o del ingreso a los consumidores del país, teniendo el efecto final de una carga impositiva adicional o de un sobreprecio por litro de gasolina o diesel adquirido.

Para el mismo periodo 2007-2010, el salario mínimo pasó de 48.88 a 55.77 pesos diarios, un incremento de 6.85 pesos. El aumento del salario mínimo cubre 9.57 por ciento del incremento del gasto por consumo de la gasolina Premium; 8.56 por ciento del relativo a la gasolina Magna, y 5.05 por ciento del autorizado al diesel. Podemos asumir que la población que percibe el salario mínimo, por tener ingresos bajos, carece de automóvil, como consecuencia, no consume gasolina o diesel. Sin embargo, la población de ingreso medio y alto está en condiciones de demandar estos petrolíferos; son asalariados que forman parte de la economía formal, cuyos ingresos monetarios se estiman en función del salario medio de cotización del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Así, en el periodo 2007-2010 el salario medio de cotización del IMSS pasó de 209.19 a 235.79 pesos, un incremento de 26.60 pesos. El aumento de este salario cubre 37.15 por ciento del incremento del gasto por consumo de la gasolina Premium; 33.25 por cient del relativo a la gasolina Magna, y 19.62 por ciento del autorizado al diesel. Como se observa, los incrementos salariales en nuestro país únicamente cubren una parte del aumento de los precios de las gasolinas y el diesel. Como consecuencia, el alza de los precios de los otros bienes y servicios ya no pueden ser cubiertos por el incremento salarial, porque todo se destina a cubrir el encarecimiento de estos petrolíferos, lo que se traduce en una pérdida acumulada de su poder de compra.

Otro efecto negativo lo resume así la Cámara de Diputados: el incremento de los precios de las gasolinas ha generado un efecto de sustitución en el consumo. Como la Magna es un sustituto perfecto de la Premium, la población está incrementando el consumo de la gasolina más barata (Magna), es decir aumenta la compra de un combustible más contaminante. De 2007 a noviembre de 2010, el volumen de las ventas internas de la gasolina Magna pasó de 658.9 a 750.7 mil barriles diarios, mientras que el consumo de la gasolina Premium pasó de 101.3 a 56.6 mil barriles diarios. En términos reales, de 2007 a noviembre de 2010, el volumen de las ventas internas de la gasolina Magna aumentó 13.93 por ciento, el consumo de la Premium se redujo 44.13 por ciento y el diesel aumentó 8.55 por ciento.

Lo anterior “podría exacerbar el impacto al medio ambiente, pues la concentración de azufre en la gasolina Magna es superior a la Premium. El costo de oportunidad que enfrenta el gobierno federal es que incrementa la recaudación del IEPS a través del deslizamiento de los precios de las gasolinas, pero genera un impacto ambiental adverso, porque la población está optando por sustituir el consumo de la gasolina menos contaminante por la que más daño le hace a la calidad del aire.

Las rebanadas del pastel

¡Qué generoso!: el PRI se dice dispuesto a asumir el costo político de aprobar la Ley de Seguridad Nacional, mientras deja a la ciudadanía pagar por la violación de sus derechos, toda vez que la citada legislación permitirá a Gustavo Calderón Ordaz la atribución de sofocar con el Ejército movimientos sociales, políticos, laborales y electorales, y decretar el estado de excepción en entidades o regiones del país (La Jornada, Enrique Méndez). ¡Felicidades! La disolución social rediviva.

Hallan a cuatro decapitados en Guerrero; el “Chapo” se habría atribuido los crímenes

Ezequiel Flores Contreras

Al menos cuatro hombres decapitados fueron encontrados esta madrugada en las inmediaciones del balneario Ixtapa-Zihuatanejo, región de la Costa Grande, con narcomensajes firmados por uno de los líderes del cártel de Sinaloa, Joaquín, “El Chapo”, Guzmán.

El hallazgo se registró cerca de las 5:30 horas sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de un paradero de autobuses de la comunidad de Los Almendros, municipio de José Azueta, indican reportes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil.

De acuerdo con el reporte oficial, los cuerpos estaban tirados sobre la calle y las cuatro cabezas regadas al interior de la estación de autobuses, donde fueron colocados siete narcomensajes que contenían una lista de nombres y apodos con el siguiente texto: “PARA TODOS LOS QUE SENTEN (SIC) VOLTENDO Y LOS QUE ESTÉN APOYANDO USTEDES SON LOS SIGUIENTES. ATTE. EL CHAPO GUZMAN”.

En los últimos días se ha recrudecido la disputa por esta plaza que conecta con el corredor de drogas sintéticas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, entre los remanentes del cártel de los Beltrán Leyva y células de “La Familia Michoacana” que están al servicio del cártel de Sinaloa y controlan gran parte del corredor de la Costa Grande de Guerrero y el estado de Michoacán.

Apenas este domingo 24 fue dejada una cabeza humana en la estación de autobuses de Zihuatanejo y al siguiente día un enfrentamiento entre presuntos sicarios y militares en el poblado de San José Ixtapa dejó un saldo de cuatro pistoleros muertos.

Molleras y Estado laico

Martha Anaya / Crónica de Política

Comenzaba la sesión en el nuevo “edificio inteligente” del Senado. Apenas empezábamos a habituarnos a reconocer las molleras de los dignos legisladores –es lo que alcanza a distinguirse de ellos desde los lugares adscritos a la prensa— y la secretaría daba cuenta de los distintos informes recibidos.

Uno de tales oficios, según alcanzaba a escucharse desde lo alto, procedente de la Secretaría de Gobernación, informaba –no solicitaba permiso, sino que informaba—que el Presidente de la República “se ausentará del territorio nacional, del 30 de abril al 1° de mayo del año en curso, con el objeto de participar en la ceremonia de Beatificación del papa Juan pablo II en la Santa Sede”.

Imposible registrar algunos gestos, expresiones o reacciones de los distintos senadores ante tal anuncio, desde la gallera. Mucho menos acercarnos a alguno de ellos para comentar el tema (el ingreso al pleno está prohibido a todo aquel que no sea senador). Pero he aquí que de pronto pidió la palabra Ricardo Monreal. O al menos parecía su voz.

Y sí, efectivamente era él, según confirmó luego la voz del presidente de la Mesa, Manlio Fabio Beltrones –¿era él, verdad?, aunque desde nuestro observatorio se veía chiquito, chiquito, pero un fotógrafo con enorme lente de aumento nos sacó de la duda–y el petista subió a la tribuna.

Monreal comenzó por explicar que el laicismo mexicano, consagrado en la Constitución, no es fundamentalista, ni es anticlerical; esto es, que no prohíbe a los Jefes de Estado profesar en lo personal creencia religiosa alguna.

Pero lo que sí mandata de manera expresa a los servidores públicos de todos los niveles –apuntaría–, es a “separar sus profesiones de fe personales, de su función pública como autoridades y representantes de la República”.

Ello significa –alegaría—que en la esfera privada, el titular del Ejecutivo puede practicar el culto religioso que más le convenza; el protestante, el católico, el musulmán o el agnosticismo. En contraparte, en la esfera pública, tiene que ser laico; es decir, “independiente y autónomo, al margen de cualquier religión”.

Las molleras de los señores senadores no expresaban mayor reacción a las palabras de su compañero en tribuna. Y como no les veíamos ojos en la espalda –aunque algunos aseguran que sí los tienen–, el contacto visual para intercambiar mensajes quedó mudo, al menos por ahora, en lo que les encontramos los ojos en la parte posterior de la cabeza, como a las moscas.

Ricardo Monreal siguió: Desde la perspectiva de la protección y tutela de los derechos de las minorías religiosas, “el señor Calderón tiene derecho de asistir a la Beatificación del Papa Juan Pablo II, en calidad de ciudadano mexicano, sufragando sus propios gastos y mediante un permiso laboral de por medio.

“Lo que no puede hacer, dada la laicidad del Estado mexicano, mandatada por la Constitución, es asistir como Jefe de Estado, con recursos y transportes del Estado, y con comitivas oficiales, que paga el Erario del Estado.

“Si asiste como Jefe de Estado a esta ceremonia en el Vaticano –agregó–, tendrá que honrar también el resto de las invitaciones que lleguen a extenderle las más de 20 religiones que actualmente se profesan de manera activa en el mundo; incluida la cienciología que practican Madonna y John Travolta o el neopaganismo sudafricano o el rastafaraonismo caribeño”.

Las molleras de los senadores permanecían inmóviles. Sólo relucía fulgentemente, toda rapada, la del senador de Convergencia, Dante Delgado. Era la única mollera inconfundible.

No así la confusión enorme entre lo público y lo privado de que hablaba el zacatecano desde la, disminuida y en picada, tribuna del fondo.

Lamentablemente –fustigaba Monreal–, “hoy el Senado renunció a su facultad de autorizar estos viajes y salidas del Presidente de la República. Hoy el Senado, simplemente, toma nota”.

Y relataría una conversación: Me decía un senador de la República, hace un rato: “ parecieran ser no giras de trabajo, sino fugas de trabajo… Velo por el lado positivo, Ricardo, me comentaba, quizá después de la canonización, el señor Calderón vaya a pedir el primer milagro…”

Las sonrisas no asomaron en las molleras. Tampoco los gestos de disgusto.

Sólo se alzó hasta los palcos la pregunta del orador: ¿Cómo se atreve a ir en este momento en que el país se está incendiando? ¿Cómo se atreve a pasear, en momentos en donde la República se encuentra en grave riesgo por su seguridad y su estabilidad?

Las molleras de los senadores permanecieron mudas.

Matar a tubazos en San Fernando

Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder

No se puede establecer un saldo sobre sucesos inconclusos, pero en el caso de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, es necesario hacer un corte de caja provisional, porque de otra manera la crueldad de los hechos, la violencia con la que se ejecutó a los sepultados, la sinrazón del crimen, la aparición de más entierros clandestinos en otras entidades de la república, como ahora ocurre en Durango, como sucedió en Guerrero y Michoacán, avasallarían la posibilidad de reflexión, nos sujetaría la desinformación del gobierno, la versión oficial de lo posible, pero no probable.

No queda claro que los restos encontrados en esos pudrideros sean de asesinados por narcotraficantes o sicarios; no queda claro, por la saña inaudita con la cual procedieron, por la rapidez con la cual lo hicieron, prácticamente en cuanto las víctimas fueron levantadas. Me aseguran -lo que azora, duele, mortifica y obliga a poner atención- quienes saben de lo que hablan en materia de seguridad pública y seguridad nacional, que a la mayoría de los ejecutados en San Fernando los mataron a tubazos. ¿Era necesaria tanta sangre, como la encontrada en los lugares donde los sacrificaron? ¿Quién o quiénes instruyeron que así se hiciera? ¿Para poner ejemplo, para infundir temor? ¿Quién se beneficia de tanta muerte? ¿Quiénes son los ejecutados? ¡Vamos!, no son ejecuciones gratuitas, obedecen a un fin que nada tiene que ver con el tráfico de seres humanos, armas o drogas. Puedo estar equivocado, pero lo ocurrido en esa población tamaulipeca, como lo sucedido en Durango, en Juárez -cuando aniquilaron a grupos de jóvenes en ejecuciones colectivas-, Tijuana y Torreón, carece de explicación; desconocemos en cuántos otros lugares de este aterido país han sido ejecutados los levantados, o los elegidos para imponer el terror.

La cifra de ejecutados por esta guerra pírrica ronda las 40 mil víctimas, ¿de cuántos se conoce su identidad y nacionalidad? La mayoría son muertes anónimas, como lo son también las razones por las cuales fueron silenciados, porque si se medita con sensatez, si se recurre al sentido común, puede llegarse a la conclusión de que ese no es el proceder táctico de los barones de la droga, pues es sabido que para el éxito de sus delitos, mientras menor sea el ruido, mejor.

Parece imponerse, entonces, la conclusión a la que llega Stratfor, la consultoría estadounidense de seguridad global, que en su reporte Mexican drug war 2011, señala que el presidente Felipe Calderón busca que el cártel de Sinaloa asuma una posición dominante y se imponga así “una reducción forzada de la violencia”. No lo creo, el costo sería altísimo, las sospechas incontrolables. 'Disminuir la violencia, no la eliminación de los cárteles', sostienen que es lo que interesa a este gobierno. ¿Para qué tanta muerte?

La conclusión de los analistas de esa consultoría, establece que “al parecer, el gobierno mexicano ha decidido que el mejor curso de acción en este entorno (de inseguridad) es librar una guerra de desgaste”, en la cual el cártel de Sinaloa asuma la posición dominante en el país, lo que permitiría “imponer una reducción forzada de la violencia de los grupos criminales”, para que el cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera “sea usado para someter a las bandas más débiles”. Sustentan su opinión en el hecho, según ellos, de que “en tanto que las luchas internas y presiones externas que realizan las autoridades con sus operativos han debilitado a todos los cárteles, el de Sinaloa ha demostrado ser inmune a la crisis y está creciendo”.

Si lo anterior es cierto -insisto, me niego a creerlo-, las consecuencias electorales para el gobierno de Acción Nacional y su futuro son funestas, pues han procedido en sentido contrario a lo que públicamente niegan: cero acuerdos, pero hete aquí que parece que han decidido usar al cártel de Sinaloa para evitar un mayor desgaste de las fuerzas armadas, y sacarle las castañas del fuego al presidente de la República. ¿Será cierto?

Para la consultoría estadunidense, el cártel de La Familia Michoacana depende de Guzmán Loera para “restablecer su infraestructura antigua y sus rutas de contrabando”; en cambio, el cártel de Sinaloa es visto como “el poder hegemónico regional en la mitad occidental de México”, y como el grupo que “está ampliando activamente su territorio. Esta expansión se constata en Durango, Acapulco -su ruta vital a Oriente- y Michoacán, así como la ciudad de México. Debido a que se ha mantenido como una organización cohesionada y conserva ingresos muy diversificados -desde estupefacientes hasta aguacates-, éste es el grupo delictivo que se beneficiará más del caos en todo México”.

De lo anterior y acerca de las fosas clandestinas que ya pueden aparecer en cualquier parte del territorio nacional, me cuenta en conversación privada mi gurú político: “Se dice que la Policía Federal no hizo nada para prevenir tamaños crímenes, tamaña violencia; es cierto que fue omisa en su mandato constitucional, pero -afirma mi interlocutor- lo que no puede prevenir ningún sistema de seguridad nacional es el vértigo producido por el miedo…

“No son sucesos aislados estas fosas clandestinas, estas ejecuciones a tubazos; son más feroces que las acciones terroristas, facilitadas por la ausencia de acciones que unan a la sociedad; es el rompimiento irreparable del tejido social. Más bien, es la implosión del modelo político mexicano, lo que se manifiesta como un vacío de poder en las explosiones originadas por el resentimiento y la confrontación de los grupos propiciada por el gobierno. Es el silencio de las conciencias, es la indiferencia y el mutismo cómplice de buena parte de las redes sociales, profundizado por las fosas clandestinas. No es un hecho irracional e irrepetible, pues aparecen más y más cadáveres. Es la aceleración del desconcierto, del azoro, para facilitar la imposición del autoritarismo”.

Luego, con una sonrisa forzada en los labios, acepta: “Lo que te he dicho es mi interpretación de lo escrito por Jean Baudrillard”, pero me doy cuenta que tampoco a nadie le importa.

Es cierto, no importa porque somos incapaces de buscar una sencilla respuesta: ¿En qué México vivimos? En una paráfrasis de Kurt Wallander, puede sostenerse: “Es una pregunta demasiado amplia para detenerse a considerarla. Más bien deberíamos preguntarnos si lo que tememos que suceda no habrá sucedido ya, si no nos hallamos a un paso más allá del hundimiento definitivo del Estado de Derecho. Un México en el que cada vez más mexicanos se sienten inútiles o, peor todavía, no necesitados. En ese contexto, la violencia irracional detonada por la guerra del gobierno al narcotráfico, cuyo culmen son las fosas clandestinas; violencia en la que los ejecutores carecen de rostro, no tienen identidad, se convierte en algo cotidiano. Nos quejamos de lo mal que están las cosas, pero es momento de preguntarnos si no están mucho peor de lo que nos imaginamos”.

El gobierno juega con fuego; en la confrontación social por él propiciada busca encontrar el apoyo necesario para imponer criterios y políticas públicas, sin importar si los muertos superan la realidad.

No caben las analogías, no podemos vernos en el espejo de Colombia, como sugiere Héctor Aguilar Camín, porque son países, fronteras y épocas diferentes, y porque no podemos esperar a gritar de espanto, hasta que se llegue a la cuota de 80 mil muertes anuales, como puede deducirse de su texto. Bastante sangre corre ya como para cerrar los ojos. No hay cifras que avalen el éxito de las políticas de seguridad como resultado de tanta muerte, tanta tumba clandestina, tanta enfermedad que exige, demanda matar a tubazos.

Incrementan a 279 los cadáveres en fosas clandestinas en México

Xavier Flores cortesía IBTimes

La cifra de cadáveres encontrados en fosas clandestinas al norte de México se incrementó a 279, con posibilidad de que autoridades realicen más hallazgos en Tamaulipas y Durango.

Ya con un total de 40 fosas clandestinas atribuidas al crimen organizado, principalmente al grupo delictivo Los Zetas, el gobierno federal busca más en ambas entidades, e indicó que la mayoría de los cuerpos son vinculados al secuestro de pasajeros que viajaban en autobuses rumbo a la frontera con Estados Unidos.

Tras el primer hallazgo de 59 cuerpos en Tamaulipas en abril de este año, el gobierno mexicano suma más de 250 víctimas, de los cuales se ha logrado identificar a 72 inmigrantes centroamericanos, que en su intención por llegar a Estados Unidos, caen en poder del grupo delictivo Los Zetas y colaboradores de Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del narcotráfico en México.

Desde el inicio de la administración del presidente Felipe Calderón en 2006 el gobierno federal lanzó operativos antidrogas como parte de su política de seguridad nacional. Derivado de esto, hasta el momento han muerto por la violencia ligada al narcotráfico más de 37 mil personas en todo el país.

Calderón propone dejar fuera a Estados Unidos de nuevo organismo paralelo a la OEA

En febrero del año pasado en Cancún, en una cumbre del Grupo de Rio, el presidente Felipe Calderón propuso la creación de un organismo latinoamericano y caribeño paralelo a la Organización de Estados Americanos para construir una doctrina y propuestas de la región.

Lo más interesante de esa propuesta era que Estados Unidos -que controla la OEA-, quedaría excluido del nuevo organismo, algo que en su momento no gustó nada en Washington.

La iniciativa parecía muerta, pero sólo andaba madurando. Este martes en Caracas, en una reunión auspiciada por el presidente Hugo Chávez, los cancilleres de más de 30 naciones de la región comenzadon a discutir formalmente -y se esperaría prácticamente a pulir- lo que será el nuevo organismo multilateral que rompería con la hegemonía de la diplomacia estadounidense en América Latina durante más de medio siglo.

Una pregunta inocente es si el tema será abordado de alguna manera este viernes por Hillary Clinton, secretaria de Estado en la Administración Obama, cuando se reúna con la canciller Patricia Espinosa dentro de un encuentro sobre temas de seguridad.

Defensa de Cussi estudia posibilidad de presentar queja ante la CDHDF

Jenaro Villamil

La defensa de Paula Cussi se desistió hoy de solicitar la duplicidad del término de 72 horas con el propósito de que la juez 69 penal, Nelly Ivonne Cortés Silva, resuelva lo antes posible la situación jurídica de la viuda de Emilio Azcárraga Milmo.

Además, analiza “todas las posibilidades en relación con una integración viciada y viciosa” de la orden de aprehensión contra Cussi que podría incluir una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Al término de la diligencia de este miércoles se informó que no asistieron dos testigos claves de la defensa ante el llamado de la juez Cortés Silva: Ricardo Aguirre Marín, apoderado de Grupo Acal, S.A., filial de Televisa, quien interpuso la denuncia por falsedad continuada de declaraciones, así como Ignacio Armida Graham, exapoderado legal de Cussi, quien supuestamente recibió notificaciones e informes de Televisa y los coacusados en el proceso civil sobre sucesión testamentaria.

Debido a esta situación, la juez Cortés Silva podrá definir la situación jurídica de Paula Cussi en el plazo de 72 horas, que se vencen este jueves, dictándole auto de formal prisión, liberándola o reclasificando el delito para que no sea grave y pueda alcanzar libertad bajo fianza.

“La situación jurídica de la señora Cussi se resolverá en las próximas horas y nosotros esperamos que sea liberada”, afirmó el abogado César García Méndez, quien abandonó, serio, sin hacer mayores declaraciones a la prensa, las instalaciones del penal femenil de Santa Martha Acatitla, luego de desahogarse la audiencia judicial.

Paula Cussi, detenida la mañana del pasado lunes 25, acusada de presunta delito de falsedad continuada de declaraciones en el juicio contra Emilio Azcárraga Jean y otra decena de coacusados, compareció ante la rejilla de prácticas, junto con su defensa. Sin embargo, en ningún momento estuvo a la vista de reporteros, abogados y familiares.

García Méndez insistió en la inocencia de Cussi y basó su argumento en el simple hecho de que “acto jurídico no ha terminado”; es decir, explicó, la audiencia de ley en el juicio civil que interpuso contra los albaceas de la sucesión de Televisa y el propio Emilio Azcárraga Jean no había concluido.

El abogado defensor advirtió que estudian “todas las posibilidades en relación a un proceso viciado”, incluyendo una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Ernesto Canales, del equipo de defensa de Paula Cussi, advirtió que la audiencia “se llevó conforme estaba planeada”.

Suspenden audiencia de Paula Cusi; no se presentaron dos testigos

La defensa de la ex esposa de Emilio Azcárraga Milmo, indiciada por falsedad de declaraciones, se desistió de presentar pruebas ante el Juzgado.

México, DF. El proceso que se le sigue a Paula Cusi, quien fuera esposa de Emilio Azcárraga, por falsedad de declaraciones fue suspendido debido a que los testigos Ricardo Aguirre Marín, quien interpuso la denuncia, así como Ignacio Armida, quien fungió como apoderado legal de la indiciada, en el tema de sucesión testamentaria, no se presentaron a la audiencia.

Ante tal situación, la defensa de Paula Cusi se desistió de presentar las declaraciones como pruebas de la presunta inocencia, con lo que las autoridades tienen hasta el domingo próximo para dictar su fallo en este caso.

Andrés Manuel López Obrador anuncia gira por todo México


http://youtu.be/LVDxPq3_pUE

Las propuestas de Calderón y de diputados priistas

Jesús Cantú

Las reformas que los diputados priistas pretenden hacer a la minuta aprobada por el Senado a la Ley de Seguridad Nacional van más allá de la propuesta que envió el presidente Felipe Calderón. De manera que si dichas enmiendas se concretaran, la bancada tricolor estaría logrando lo que el mismo Calderón y el secretario de la Defensa Nacional no pudieron conseguir en el Senado.

La propuesta de Calderón abarcaba básicamente las mismas disposiciones que hoy plantean los diputados, en lo referente a los términos para declarar una afectación a la seguridad interior y la persistencia del fuero militar para los miembros de las Fuerzas Armadas que cometan delitos en contra de civiles. Pero en varios aspectos los diputados tricolores la superan.

La minuta que aprobaron los senadores el 23 de abril del 2010 dejaba claro que cuando los integrantes de las Fuerzas Armadas cometieran delitos que afectaran a civiles, éstos serían perseguidos y sancionados por las autoridades competentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 133 de la Constitución. El artículo 13 establece: “Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”. Así, en esos casos los militares serían juzgados por tribunales civiles, no por los militares, como hoy sucede.

La propuesta de Calderón de reforma al Código de Justicia Militar excluía de la jurisdicción militar únicamente tres delitos, pero dejaba siempre en manos del Ministerio Público Militar la decisión de enviar los casos a la justicia civil o mantenerlos dentro del fuero militar. La propuesta de los diputados tricolores, de acuerdo con lo publicado por el periódico Reforma, señala que dichas conductas delictivas “serán perseguidas y sancionadas de conformidad con las normales legales que los rigen (es decir, el Código de Justicia Militar)”, con lo cual remiten a la iniciativa de Calderón.

En cuanto al procedimiento para la declaratoria de la existencia de una afectación a la seguridad interior y, por lo tanto, para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas, el Senado había hecho tres modificaciones fundamentales a la iniciativa de Calderón, consistentes en: limitar la solicitud de la declaratoria al Ejecutivo o al Congreso; que el Senado o la Comisión Permanente revisaran la legalidad de una eventual declaratoria, y que la Fuerza Armada Permanente actuara en auxilio de la autoridad civil que lo hubiese solicitado, lo cual significa que las Fuerzas Armadas no serían las autoridades responsables, sino auxiliares.

La propuesta de Calderón dejaba abierta la solicitud a “la autoridad competente que considere que existe una afectación”; dejaba a discreción del Consejo de Seguridad Nacional la propuesta de la institución que debería ser designada como responsable –es decir, podían ser las Fuerzas Armadas–; únicamente solicitaría la opinión de la Comisión Bicamaral y sería el presidente quien emitiría la declaratoria de existencia de afectación.

Esto está en consonancia con lo que las versiones periodísticas atribuyen a la propuesta de los legisladores priistas. Incluso la definición que los legisladores hacen de lo que denominan “desafío”, que es “un obstáculo que afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado Mexicano”, es muy similar a lo que Calderón denominaba “riesgo”: “las circunstancias que puedan afectar, parcial o totalmente, la estabilidad o el desarrollo nacionales”.

De este modo, al menos, en estos aspectos el dictamen aparentemente emanado de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, presidida por Rogelio Cerda, recoge las principales preocupaciones de Calderón, que habían sido atenuadas en el Senado.

En otros puntos, como la propuesta de que podrá declararse la afectación a la seguridad interior cuando las acciones derivadas de conflictos laborales, políticos, sociales o electorales “constituyan un desafío”, los diputados priistas van incluso más allá de la propuesta de Calderón, pero todo indica que su intención es básicamente impedir la reforma, es decir, al hacer enmiendas a la minuta que envió el Senado, tiene que regresar a dicha cámara y, como ya adelantaron senadores priistas y perredistas, ellos las rechazarán.

Ante la posibilidad de que en el futuro los militares sean juzgados por los delitos que han cometido contra civiles en la lucha contra el narcotráfico, ellos prefieren quedar siempre en manos de la justicia militar y no de los tribunales ordinarios, aunque la reforma propuesta regule con claridad el procedimiento para permitir su intervención en asuntos de seguridad interior, pues saben que ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que establece: “Es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública”.

Todo indica que la estrategia de los diputados priistas, más que respaldar la propuesta de Calderón, aunque la retoman en varios de sus aspectos centrales, es evitar una reforma que elimine en las leyes ordinarias el fuero militar para los miembros de las Fuerzas Armadas que cometan delitos en contra de civiles, a pesar de que tal disposición ya se encuentra prevista en la Constitución y en diversos tratados internacionales que México ha suscrito, además de que inclusive fue motivo de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

VIdeo: Llaman a no votar en el Estado de México por el partido de la guerra: el PAN


http://youtu.be/jRGE28pPyTw

Gobierno militar en México

John M. Ackerman

Con la nueva versión de la Ley de Seguridad Nacional, que se pretende incluir en la avalancha de dictámenes que aprobará en los próximos días la Cámara de Diputados, se busca abrir la puerta al franco establecimiento de un gobierno militar en el país. En lugar de escuchar el reclamo popular de “No + sangre” y empezar a construir una ruta para el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles y el establecimiento de un ejercicio de rendición de cuentas ante tribunales civiles, Felipe Calderón está empeñado en normalizar y ampliar el nuevo papel de los militares de control directo sobre la población.

La verdadera nuez de esta reforma, que ha sido negociada en sigilo entre las Fuerzas Armadas, la Presidencia y algunos sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es la nueva definición de “paz” que incluye. El dictamen contiene joyas argumentativas como la siguiente: “La paz debe interpretarse como el estado contrario a la guerra, pero no como el estado exento de conflictos o alteraciones diversas de mayor o menor peligro. La Constitución no señala expresamente que existen diversos ‘niveles o grados’ de paz, por lo que no se debe interpretar este concepto en ‘blanco y negro’. Existen las más variadas gamas de grises; la paz en todo lugar y momento es relativa”.

Estos absurdos malabares, que de forma peligrosa plantean la existencia de una “paz conflictiva”, tienen el macabro objetivo de ignorar lo expresado en los artículos 29 y 129 de la Constitución. En el primero, la Carta Magna permite la declaración temporal de un estado de excepción únicamente frente a casos de “perturbación grave de la paz pública”. En el segundo, el texto constitucional señala tajantemente que, “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. La jurisprudencia en la materia (Tesis 38/2000) también es explícita al señalar que las fuerzas militares únicamente pueden trabajar en auxilio de las autoridades civiles, y nunca sustituirlas o suplir sus funciones constitucionales.

Pero Calderón ya ha demostrado que no le presta demasiada atención a lo que dice la Constitución. Y tampoco cuenta con la legitimidad social y política requerida para lograr modificaciones a la Carta Magna. Así que, tal como ocurrió con la reforma petrolera, y más recientemente con la reforma laboral, el Partido Acción Nacional y el PRI se proponen empujar su agenda por la vía de una reforma capciosa a una ley secundaria que supuestamente permitiría una reinterpretación del texto constitucional.

De manera preocupante, con la nueva Ley de Seguridad Nacional también se buscaría eliminar la posibilidad de enjuiciar en tribunales civiles a los militares que cometan delitos contra la población. En cumplimiento de una serie de fallos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la minuta aprobada por el Senado señalaba que “las conductas que (las Fuerzas Armadas) realicen y pudieran ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 (que se refiere a la competencia de las ‘autoridades civiles’) y 133 (que otorga a los tratados internacionales la calidad de ‘ley suprema’) constitucionales”. Sin embargo, el dictamen de los diputados señala que los delitos de los militares únicamente serán perseguidos y sancionados “de conformidad con las normas legales que los rigen”. En otras palabras, será el Código de Justicia Militar el único instrumento a ser aplicado.

El dictamen que se discutirá en comisiones incluye disposiciones que permitirían a las Fuerzas Armadas liberarse de los mandos civiles para convertirse en “coordinadores responsables” ante “afectaciones a la seguridad nacional”. Así, los militares ya no serán solamente “auxiliares” sujetos a las órdenes de los mandos civiles, sino que estarían directamente a cargo de la “guerra” de Calderón. De esta manera, ya no serán Genaro García Luna ni Marisela Morales los encargados de informarnos sobre el estado de la seguridad de la nación, sino el general Guillermo Galván y el almirante Mariano Saynez, quienes directamente asumirían la conducción pública y política de la estrategia de seguridad pública. De aquí solamente faltaría un pequeño paso para que estos poderosos mandos militares puedan ocupar directamente el mando de todo el país desde Los Pinos.

Otros detalles problemáticos del nuevo dictamen son la autorización a los militares para coadyuvar con la PGR en detenciones y cateos, realizar “operaciones de vigilancia y seguimiento” y establecer retenes de manera indiscriminada. También se autoriza a los militares dilatarse en la entrega a la PGR de los delincuentes detenidos “en flagrancia” con el fin de “proteger la integridad física de la autoridad”. Asimismo, el nuevo capítulo octavo de la ley amplía de manera radical las facultades del presidente de la República para utilizar unilateralmente a las Fuerzas Armadas cuando existan “amenazas provenientes del exterior”. Así que bastará con la participación de un par de narcos colombianos en algún acto de violencia para que Calderón realice su sueño de “disparar misiles” contra cualquiera que se le ponga en frente.

Pero quizás el elemento más preocupante de la pretendida reforma es la autorización incluida en el artículo 74, VIII para la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión de “acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social” cuando constituyan un “desafío” o “amenaza” para el país. Estos términos se definen, respectivamente, como un “obstáculo” que “afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado mexicano” y uno que “atenta contra la permanencia o la existencia del Estado mexicano”. Al parecer, Calderón se ha inspirado en la respuesta violenta que el general Gadafi ha dado a los rebeldes libios.

La paz no se debe matizar, negociar ni dejar al arbitrio de las fuerzas militares o de Calderón. Ojalá que los diputados actúen y defiendan las instituciones estatales y la Constitución antes de que el verdadero “peligro para México” se materialice por medio de un golpe militar.

Norberto hipócrita, Marcelo igual

Álvaro Delgado

El Gobierno del Distrito Federal que encabeza Marcelo Ebrard estaba obligado a proceder jurídicamente contra las siete personas que interrumpieron groseramente la ceremonia religiosa celebrada en la Catedral Metropolitana, este Domingo de Pascua, y esclarecer si eran militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) o si son simples mercenarios al servicio del propio clero.

Fue evidente que las seis mujeres y el hombre que irrumpieron en el recinto católico durante la homilía no son “loquitos” ni espontáneos enardecidos por un agitador, ni siquiera es creíble que sean parte del grupo que cada domingo se manifiesta --con máscaras de demonio-- fuera de la catedral contra el cardenal Norberto Rivera, porque el montaje --embarazos simulados, uso de altavoz, destrucción de imágenes-- responde a una lógica de violencia que busca enardecer a los fieles y victimizar a la Iglesia.

La provocación se produjo en un contexto que anticipaba escándalo: No sólo durante la homilía de una misa, de suyo grave, sino en un día de prominente significación para los católicos, la resurrección de Jesús, pero además cuando la mayoría de la población está de asueto y las noticias más relevantes son sólo las relacionadas con la violencia criminal que ya tiene a los mexicanos hasta el copete.

Y el remate: La declaración de la Arquidiócesis Primada de México de culpar de esos hechos al PRD, el partido que ha forzado a la Secretaría de Gobernación a sancionar, así sea casi de manera simbólica, a un ministro de culto por violar la ley y a quien el Instituto Federal Electoral (IFE) exige otra sanción por violar la Constitución y el Código Electoral.

El individuo en cuestión es Hugo Baldemar Romero Ascensión, quien se hace llamar también Hugo Valdemar (con “v” labiodental o “de vaca”), justamente el vocero del cardenal Rivera Carrera, quien apenas el jueves 21 rechazó esas sanciones y recordó que las irrupciones a la Catedral Metropolitana han quedado impunes.

Al respecto, Valdemar (también autollamado Baldemar) imputó con malicia los hechos a militantes perredistas, entre los que efectivamente suele haber quienes confunden intolerancia con valentía:

“No dudo que sea una respuesta a lo que el señor cardenal dijo el jueves pasado, no lo dudo. Porque veintitantas veces lo han hecho, una más no dudaría. Pero igual yo necesitaría las pruebas para afirmarlo. Me parece que la Iglesia católica nunca nos hemos (sic) ido a meter a una reunión plenaria del PRD para ofenderlos, insultarlos”.

Como este cura no tiene credibilidad por lo menos por ser parte del conflicto ni en esa misma lógica tampoco la tiene el PRD --que rechazó de inmediato que los involucrados sean parte de sus filas--, la autoridad competente para poner en claro los hechos era la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que por salud pública debió proceder al margen de simulaciones e hipocresías.

La PGJDF está dotada de todo el instrumental jurídico y técnico para conocer el móvil de la protesta que trasciende el derecho a la libertad de expresión y establecer las sanciones que correspondan, pero sobre todo esa instancia debió sentar un precedente para quienes tramen una acción análoga y dejar claro, también, que la militancia en un partido o la pertenencia a una iglesia no es sinónimo de impunidad.

Si resultase que el grupo de provocadores forma parte del PRD, este partido deberá asumir por lo menos las consecuencias políticas de esos hechos, pero si el cardenal Rivera Carrera, su vocero Hugo Valdemar (o Baldemar) y su jefe de escoltas, Armando Martínez --también presidente del fantasmal Colegio de Abogados Católicos--, tramaron el montaje, proceder con todo rigor.

Tal como suelen comportarse unos y otros, ninguna de las dos hipótesis podía desecharse.

Pero no, otra vez Ebrard actuó con tibieza, sello de los moderados de la izquierda moderna: El funcionario obviamente condenó los hechos, confirmó la liberación de los siete involucrados, porque no se actualizó ningún delito, expuso que el procurador Miguel Angel Mancera le dijo que pertenecían a una “iglesia” sin registro, que eran de Ecatepec, Estado de México, y ya.

¿Quiénes son y para quién trabajan Hortencia Jiménez Ojeda, María Magdalena Orta López, Dinora Alvarez Rendón, Lorena López, Isabel López Chávez, Angelina García, José Francisco Avila García y otra mujer no identificada? Nadie lo sabe, porque la autoridad no hizo su trabajo.

Por tanto impunidad absoluta para quienes, si no cometieron ningún delito, agredieron a ciudadanos que, en ejercicio de sus libertades, asistían a un respetable rito religioso y podrán volverlo a hacer cuando se les pegue la gana.

Y obviamente, ante la impunidad, el clero se desquita: Hugo Valdemar --alias Baldemar o al revés-- insiste en que, “por la forma de actuar”, los responsables son miembros del PRD. “Ante un hecho así lo primero que nos viene a la mente es pensar en ellos, que por cierto se deslindan, pero nosotros en varias ocasiones hemos demostrado que se trata de simpatizantes y gente de ellos”.

¿Quién va a desmentir a este sujeto, ya denominado por sus cofrades “mártir de la libertad de expresión”, si la autoridad no hace su trabajo? Y más aún, ¿la Secretaría de Gobernación podrá sancionar la recurrente insolencia de este ministro de culto que es, en realidad, el muñeco de ventrílocuo de Norberto Rivera?

¡Hipócritas!

Apuntes

Si procede que la Ley de Seguridad Nacional otorgue facultades para que el titular del Ejecutivo declare estado de excepción mediante un simple decreto, como traman PAN y PRI, estaremos entrando --ahora sí-- al infierno de la represión con un sujeto como Felipe Calderón. ¡Cuidado!... Para cualquier mexicano, no sólo habitante del Distrito Federal, debe ser inaceptable que un gobernante ponga en venta la vía pública a favor de emporios como Comercial Mexicana y Televisa, como lo está haciendo Ebrard, pero el oportunismo del PAN también repugna…

Asesinan a golpes a un sacerdote en Coyoacán

Rodrigo Vera

El sacerdote Francisco Sánchez Durán, párroco de la iglesia Patrocinio de San José, ubicada en la colonia Educación, en Coyoacán, fue asesinado a golpes, al parecer en un intento de robo.

Fuentes de la policía del Distrito Federal informaron que el homicidio ocurrió durante la madrugada de hoy martes, cuando el sacerdote dormía en la casa parroquial, aledaña a su templo, ubicado en Avenida 8, esquina con Calle B.

Agregaron que Sánchez Durán, de 60 años de edad, fue encontrado boca abajo y con lesiones en la cabeza, sin que hasta el momento se sepa si se consumó algún robo, pues las pesquisas aún continúan.

Paramédicos del Grupo Pedregal que analizaron el cuerpo, informaron que éste presenta contusiones, aparentemente provocadas al golpear al sacerdote con una silla de su habitación.

Familiares y fieles de la parroquia se apostaron en el lugar de los hechos exigiendo justicia, mientras se levantaba el cadáver para trasladarlo al anfiteatro de la Coordinación Territorial Coyoacán 3.

Hasta el momento no hay personas detenidas. La policía empieza sus pesquisas para dar con los asesinos.

Con Sánchez Durán ya van trece sacerdotes asesinados, en lo que va del sexenio de Felipe Calderón. Estas muertes, según un reporte que acaba de dar a conocer la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), son provocadas por el crimen organizado o por la delincuencia común, y colocan a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el ministerio sacerdotal.

Aumenta a 183 la cifra de muertos en San Fernando, Tamaulipas: PGR

La procuradora general de la República, Marisela Morales, dio a conocer que aumentó de 176 a 183 el número de muertos enterrados de forma clandestina en San Fernando, Tamaulipas, al tiempo que se hallaron cuatro fosas más, con lo que ya suman 40.

En conferencia de prensa sostuvo que ya hay 74 personas vinculadas, entre quienes destacan 17 policías municipales que ya están bajo arraigo para determinar el nivel de su responsabilidad y quienes han sido detenidos por personal de la secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública.

Acompañada por el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré Romero, refirió que desde el 2 de abril la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación y existe una colaboración estrecha con la procuraduría de Tamaulipas.

Recordó que hasta el momento se han entregado a sus familiares los cuerpos de dos personas que fueron identificados, y que otros 120 serán trasladados al Distrito Federal en espera de su identificación y de los resultados de dictámenes periciales.

Asimismo confirmó que fueron detenidos Sarahí Fabiola Díaz Arroyo, “la Muñeca”, por quien se ofrecían cinco millones de pesos, y Martín Omar Estrada de la Mora, “el Kilo”, cuya recompensa era de 15 millones de pesos.

Morales Ibáñez abundó que también han sido identificados como líderes de células delictivas de “los Zetas” Esbi Leonel Batres Hernández, alias “el Gato”, y Johnni Torres Andrade, alias “la Sombra”, quienes operaban en Tamaulipas.

Las 74 personas detenidas y arraigadas están sujetas a investigación por delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, homicidio, violación a las leyes de inhumación y exhumación de cuerpos y federal de armas de fuego y explosivos, así como lo que resulte.

La funcionaria explicó que la PGR trabaja en diversos estudios para la identificación de los 181 cuerpos cuya identidad se desconoce; entre esas acciones se han tomado muestras de ADN y se han recabado documentos que contienen huellas dactilares de las víctimas.

Abundó que personal de la PGR también ha atendido de manera permanente a familiares de las víctimas desaparecidas, a quienes además se les ha proporcionado atención sicológica y en algunos casos médica.

Carlos Salinas de Gortari tiene menos impacto que Ernesto Zedillo

La historia, la misma que deseaba Carlos Salinas de Gortari lo recordara como "el mejor Presidente de México", lo ha puesto en un lugar de pasajero en el cabús del ferrocarril de las celebridades.

Apenas este lunes publicó sendos artículos en Reforma y El Universal que tuvieron un impacto marginal en la opinión pública, y que fueron rápidamente olvidados ante otra noticia de otro ex Presidente, Ernesto Zedillo.

Citigroup, uno de los grandes bancos del mundo que se quedó con Banamex dentro del proceso de rescate de la banca que se hizo durante el gobierno de Zedillo, lo nombró uno de sus consejeros.

Un consejo más al que se suma Zedillo -el último fue el del Grupo Prisa-, dentro de su carrera nada estática en las élites del mundo, mientras que Salinas de Gortari, que le heredó el poder y que a cambio recibió la persecusión familiar, se tiene que seguir conformando con escribir mamotretos para tratar de establecer un legado, y reproducir sus ideas en artículos periodísticos para ver si alcanzan difusión y, quizás impacto.

No lo ha logrado en más de una década, y uno podría asumir con amplios márgenes de seguridad, que así se mantendrán las cosas.

Zeferino Torreblanca será investigado por desfalco de 2 mil millones de dólares

Zeferino Torreblanca dejó de ser gobernador en Guerrero, pero sus problemas no cesan, al ser sujeto a una investigación que puede ser penal.

El nuevo gobierno de Ángel Eladio Aguirre y la Auditoría Superior de la Federación están investigando un desfalco superior a los dos mil millones de dólares en la Secretaría de Salud estatal, la misma que prestó un helicóptero -por instrucciones del gobernador- para una competencia de esquí acuático.

El monto del desfalco es de tal magnitud que es altamente probable que las responsabilidades, de fincarse, superen el escalón administrativo, y pueda ser que varios miembros de la anterior administración, vayan a parar a la cárcel.

Parche reformista

Astillero / Julio Hernández López

- Parche reformista
- Colapso político
- Golpe a discreción
- IFE: Teleconsejera


Los culpables y, al mismo tiempo, grandes beneficiarios del colapso político mexicano se afanan en generar una reforma legislativa que, a como se ven las cosas, solamente acabará siendo un ofensivo parche mal puesto y una demostración más de que ni siquiera en su etapa de mayor crisis el sistema político vigente es capaz de generar alternativas inteligentes, modernas y eficaces para su sana renovación.

Es explicable que a lo más que estén llegando los senadores encargados de la ínfima reforma política sea a un remedo de solución. Para empezar, el bando priísta senatorial, coordinado por Manlio Fabio Beltrones, está en desventaja aparentemente irreversible respecto al expansivo grupo que tiene a Enrique Peña Nieto como virtual candidato presidencial, y ese desequilibrio en las filas del partido de tres colores se está reflejando en los procesos de aprobación de iniciativas legislativas, pues los diputados y los gobernadores alineados con Toluca cierran el paso (o disminuyen o estancan), cada vez de manera más abierta y brusca, a las propuestas identificadas con el senador sonorense. Y justamente uno de los proyectos más largamente cincelados por el bando beltronista es el de la zanahoria llamada reforma política, entendida ésta como suerte de traje a la medida de las pretensiones presidenciales del autor e incluso como una especie de pasaporte decoroso al sexenio venidero si el ex gobernador norteño no llegara a Los Pinos ni su partido.

Pero hoy, en las circunstancias actuales, los planteamientos de reformismo limitado no tienen impacto real, entre otras cosas porque el tejido social y cívico ha sido concienzudamente dañado por la clase política abusiva, frívola y corrupta y porque los procesos políticos y electorales están sujetos a una lógica distinta, la de las armas, tanto las gubernamentales (policías, soldados y marinos) como las de los narcotraficantes (en su relación ambivalente y fluctuante con el poder: a veces confrontados, a veces a su servicio). Cada vez menos gente cree en la viabilidad de lo político y lo electoral, y cada vez hay menos respeto, en general, por el oficio político y sus resultados. A ello se añade el hecho de que la iniciativa de reforma política actualmente a discusión en el poder legislativo federal es engañosa e insuficiente, calculada para aparentar avances y concesiones, pensada para preservar privilegios e incluso inaugurar una casta de diputados y senadores con derecho a ciertas elecciones consecutivas.

Peor resulta el panorama si se toma en cuenta que los supuestos ánimos de reformismo democrático tienen como siniestro telón de fondo el intento de dotar al actual ocupante de Los Pinos de facultades discrecionales para decretar virtuales estados de excepción y utilizar a las fuerzas armadas para enfrentar lo que a su personalísimo juicio constituya una alteración de la paz o un problema de índole política, electoral o laboral.

Esa pretensión dictatorial es de una gravedad extrema, pues en los hechos significará la supresión de derechos, garantías y libertades, de tal manera que los placebos reformistas en materia electoral quedarán convertidos en nada si se aprueba la pretensión mayor, la del virtual golpe calderonista que según eso habrán de apoyar los diputados priístas, dominados por el peñanietismo, en intercambios mafiosos de favores que al partido tricolor reportará la cancelación o la no utilización de expedientes criminales relacionados con el narcotráfico, correspondientes a algunos de los ex gobernadores priístas recientes, que además de prometer a Peña Nieto un caudal de votos en sus estados (a conseguir haiga de ser como haiga de ser) son también sus financistas comprometidos.

La dimensión nefasta del tianguis legislativo en curso se manifiesta también en la pretensión priísta de que, a cambio de aprobar la nueva normatividad en materia de seguridad nacional (el golpe felipista), los panistas den su voto en favor del hasta ahora pospuesto plan tricolor de hacerse de dos de las tres consejerías del IFE que están pendientes de designar, y que en una de ellas quede Arely Gómez, hermana de un vicepresidente de Televisa, empresa que así ampliaría su fuerza política hasta el mismo ámbito de organización y realización de los próximos comicios.

Astillas

Desde Cocoyoc, Morelos, el doctor Leonardo Moctezuma comenta: “la beatificación de Juan Pablo II con carácter exprés es una farsa, y farsantes serán los que se presten a ello: la jerarquía católica necesita ‘nuevos productos’ para mantener el clientelismo fanático y ávido de nuevos ‘santos’ para adorar, los creyentes simplemente deben tomar referencia del texto bíblico que indica claramente que ‘sólo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, su hijo’”...

El sicoanalista José Antonio Lara Peinado escribe: San Fernando y sus fosas clandestinas, donde han aparecido 145 cadáveres, son la radiografía de un México preso entre los desequilibrios de la clase gobernante y el cinismo de la televisión. La aparición del fantasma paranoico en la clase gobernante y los delincuentes ha desatado desesperados actos histriónicos que van del aparente enojo hasta la victimización hipócrita de lo que está pasando. Declaraciones propias del discurso esquizofrénico son el pan cotidiano de los discursos, juegos de palabras y aparentes enojos combinados con sonrisas sarcásticas son parte del paisaje político cotidiano de este país. En el colmo de la fantasía perversa, los muertos son convertidos en meras estadísticas, en parte de las encuestas y, como dato para campañas políticas, se sostiene el discurso de la confrontación y de la guerra, como si los muertos, las pistolas y las balas fueran de juguete. Delincuencia y gobierno, completamente desequilibrados y en medio de una locura de dos, sostienen su fantasía apoyándose mutuamente...

Y, mientras los subordinados mexicanos son citados a Washington este viernes para arreglar asuntos sangrientos del traspatio, ¡hasta mañana, con la novedad de que ya ni expediente hay en Guerrero del asesinato de Armando Chavarría!

Suman 96 cuerpos hallados en dos fosas de Durango

La Fiscalía General del Estado informó que en el transcurso de este martes se encontraron 21 cadáveres más en el fraccionamiento Las Fuentes. El número podría elevarse ya que se trabaja en la ubicación de una tercera excavación.

Durango, Dur. Personal de la Fiscalía General del Estado halló este martes otros 21 cuerpos en una de las dos fosas clandestinas ubicadas en esta ciudad, con lo que suman 96 cadáveres localizados y reveló que podrían aumentar debido al trabajo que realizan para ubicar una tercera excavación.

En el transcurso de este martes se realizó el hallazgo de estos 21 cuerpos en el fraccionamiento Las Fuentes, a los cuales se les suman los 58 localizados hasta ayer, dando un total de 79; mientras que en La Hacienda se han ubicado 17 restos humanos.

Elementos de la Policía Federal revelaron que las excavaciones en la fosa encontrada en el fraccionamiento Las Fuentes seguirán en los próximos días, y una vez concluida iniciarán con la detectada en el fraccionamiento La Hacienda.

Por otra parte, informaron que el número de cuerpos en las fosas de la entidad podría elevarse, debido a que se trabaja en la ubicación de una tercera fosa más.

En rueda de prensa, en donde fueron citados solamente algunos corresponsales y reporteros de medios de comunicación de la entidad, policías federales revelaron datos acerca del trabajo que realizan en las fosas.

Un agente que no quiso dar su nombre ni su cargo por cuestión de seguridad, dijo que el hallazgo de estas fosas en la ciudad se debió a una investigación por un grupo de personas que fueron detenidas y que comparecen ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

(Con información de Notimex)

Trabajadores y estudiantes urgen a frenar crisis de UACM

Reforma

Trabajadores y estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) realizaron ayer una asamblea en el plantel Del Valle para exigir una solución a la crisis que enfrenta la institución.

Durante la reunión se informó que prevén que esta semana se defina si procede o no la solicitud de revocación de mandato a la Rectora Esther Orozco Orozco.

En tanto, titulados de la UACM preparan un documento en defensa del modelo de la Universidad pues señalan que les permitió recibir estudios que difícilmente en otra institución habrían obtenido.

De los 47 egresados 20 se han manifestado en apoyo a este documento aunque no fijan postura sobre la posible destitución de la Rectora.

En medio del conflicto, la UACM cumple hoy 10 años de haber sido creada.

Ante ello, integrantes de la Comisión de Organización de su Consejo Universitario se reunieron ayer a fin de buscar convocar a una nueva sesión en la cual este órgano de Gobierno defina la situación de su Rectora.

Consejeros informaron que entre miércoles o jueves podrían sesionar y recibir las firmas y documentos de los detractores de Orozco.

El descontento con la funcionaria ya no es sólo por el diagnóstico que hizo de la institución -en el cual señaló que sólo cuenta con 47 titulados y 52 por ciento de sus estudiantes tienen un coeficiente de desempeño de 2 y 2.

5 en una escala de 0 a 10-; sino también porque la acusan de obstaculizar los trabajos del Consejo Universitario.

Y es que entre el 11 y 15 de abril se cancelaron dos sesiones del órgano de Gobierno en las que integrantes de la comunidad tenían planeado entregar 3 mil firmas para solicitar la salida de la Rectora.

En este contexto, Orozco fue citada a comparecer ante las comisiones de la Asamblea Legislativa para que fundamente las observaciones que hizo de los escasos resultados de la casa de estudios.

La cita tendría que darse esta semana, pues el actual periodo ordinario concluye el 30 de abril.

10 cosas que no sabías de Paula Cussi

Paula Cusi, ex pareja del antiguo presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, fue arrestada el día de ayer bajo el delito de falsedad en declaraciones en diferentes audiencias públicas.

Cusi fue detenida cuando se disponía a acudir a un desahogo de pruebas para el juicio civil que ella había interpuesto en contra de Emilio Azcárraga Jean por falsedad de declaraciones.

Ayer, cuatro años más tarde de iniciada la demanda que ella misma interpuso en la búsqueda de la herencia de El Tigre Azcárraga, Alonso Aguilar Zínser, abogado y representante legal de la televisora mexicana, presentó una demanda del mismo orden contra la viuda de Azcárraga.

Ahora, te presentamos los diez datos que no conocías acerca de Paula Cusi.

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- Nació el 22 de enero de 1951 en la ciudad de México y su nombre real es Encarnación Presa Matute.
- Luego de estudiar en México y en Estados Unidos, fue modelo en España para Pertegaz y Mitzu, tras lo cual regresó a México en los años 70.
- Se especializó en astrología y entró a trabajar para la sección de Horóscopos en el noticiero de Jacobo Zabludovsky, 24 horas.
- La frase clásica “¿Ya llegó Paula?” fue acuñada por Zabludovsky en su noticiario refiriéndose a Paula Cusi, quien daba los horóscopos un poco antes de que finalizara el programa.
- Además de ser astróloga, se dice que es supersticiosa y que en 1970 anunció que habrían grandes cambios “de todos los órdenes” en la televisión.
- Su relación con Emilio Azcárraga Milmo inició en 1970; tiempo después se casó él en una boda exprés en Estados Unidos, su enlace duró 25 años.
- Creó, al lado de su esposo, el Museo de Arte Contemporáneo.
- Cuando Azcárraga Milmo inició su relación con la joven de 18 años, Adriana Abascal, Cusi se traslado a vivir a Nueva York.
- Al fallecer El Tigre Azcárraga, iniciaron las disputas con la familia del ex presidente de Televisa y con Adriana Abascal por la herencia.
- Colaboró como actriz en los filmes Todo un horizonte para morir (1971); en El Sinvergüenza - con Mauricio Garcés- en 1971; en Me he de comer esa tuna, La otra mujer y Lo que más queremos