miércoles, octubre 20, 2010

Licitación 21, ¿maniobra o derrota de Televisa?

Jenaro Villamil

Si el anuncio de la ruptura de la sociedad entre Televisa y Nextel tiene consecuencias administrativas y jurídicas reales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) deben declarar desierta la licitación 21 en relación con el bloque de 30 megahertz que ambas empresas obtuvieron por sólo 180.3 millones de pesos de enganche.

Como han advertido especialistas, legisladores y agrupaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, si se trata de enmendar un proceso viciado desde su origen, las autoridades del sector de telecomunicaciones deben reponer el procedimiento.

Si esto no se realiza, el anuncio de la “desinversión” o del “divorcio pactado” entre Nextel y Televisa será simplemente una maniobra para quitarle el impacto mediático y jurídico a una sociedad que se firmó expresamente para garantizar el ingreso de Televisa al mercado de la telefonía móvil convergente (cuádruple play) en condiciones sumamente ventajosas y de auténtica ganga, aunque le moleste este calificativo a los voceros y jilguerillos del monopolio de medios electrónicos.

No en balde, ahora resulta que bajo el espantapájaros de que Telcel-Telmex es dominante y es un monopolio en telecomunicaciones, tanto el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, como algunas voces vinculadas a Televisa, se quejan de que el gran favorecedor de todo el enredo en torno de la licitación 21 es el magnate Carlos Slim.

¿Qué acaso no cuenta la Cofetel o la SCT con elementos para impedir, regular o frenar la dominancia en esta área? ¿Por qué ahora pretenden presentar a la sociedad Televisa-Nextel como una “víctima” del emporio de Slim, si quienes redactaron las bases de licitación, determinaron el tope de 80Mhz, establecieron los tres bloques de 10 y dos de 30 Mhz a nivel nacional, y determinaron que con sólo 180.3 millones Nextel y Televisa se podían quedar con el espectro más valioso, fueron las autoridades regulatorias (Cofeco, Cofetel, SCT) y no el multimillonario de la telefonía mexicana?

Es muy probable que estemos asistiendo a una gran mascarada o a una maniobra político-jurídico-empresarial –para atenuarle el golpe a Televisa, que también se quedó con la licitación de los casi 20 mil kilómetros de fibra óptica (en sociedad con Megacable y Telefónica)– y no a un acto de corrección de la licitación más sucia en los últimos años.

Incluso hay especialistas que han advertido que la gran cantidad de litigios y de solicitudes de amparo que interpuso Iusacell, empresa del Grupo Salinas, forman parte de una estrategia para que TV Azteca le haga el trabajo a Televisa de “ganar tiempo”.

Si Televisa estuviera tan enfurecida con Iusacell, TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego, no hubiera pasado ni un día para que viéramos un linchamiento en la pantalla de Canal 2 o se rompiera la sociedad que mantienen ambas empresas en la Iniciativa México. Por menos, Televisa emprendió una agresiva campaña en contra del grupo editor del periódico Reforma.

La ruptura entre Televisa y Nextel debe echar abajo la entrega de la concesión que el 1 de octubre anunció a trasmano el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, después de una larga sesión de mentiras y medias verdades durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

¿Por qué decimos esto? Porque de acuerdo con los artículos 14 y 24 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, la licitación se entregó a una sociedad formada por Televisa-Nextel (anunciada desde febrero de 2010) y no a alguna de las dos empresas. El artículo 24 claramente establece:

“Los interesados en obtener una concesión para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones deberán presentar, a satisfacción de la SCT, una solicitud que contenga como mínimo:

1.- Nombre y domicilio del solicitante.

2.- Los servicios que desea prestar.

3.- Las especificaciones técnicas del proyecto.

4.- El plan de negocios, y

5.- La documentación que acredite su capacidad financiera, técnica, jurídica y administrativa. Lo anterior, sin perjuicio de obtener, en su caso, concesión para explotar bandas de frecuencia en los términos del artículo 14”.

Es decir, jurídica, técnica y administrativamente la concesión entregada el pasado viernes 1 por Molinar Horcasitas fue a una sociedad conformada por Nextel-Televisa y no a una sola empresa.

Se rumoran graves diferencias entre Nextel y Televisa, incluso desencuentros recientes. Pero eso no es lo importante. La pregunta que está en el aire es si el gobierno de Calderón está dispuesto, por una sola vez en este sexenio, de enmendar una licitación que compromete el futuro de las telecomunicaciones del país, o volver al ciclo de relación sadomasoquista con Televisa.

El IFE y el sello de Salinas

Álvaro Delgado

Fue la tarde del 7 de febrero de 2008, en el hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México, cuando Manlio Fabio Beltrones, previa consulta con Carlos Salinas, emitió el dictamen: Leonardo Valdés Zurita sería el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE).

“Gracias, senador”, respondió Valdés, según testigos del arreglo personal con Beltrones, quien enseguida se comunicó con sus operadores en la Cámara de Diputados para transmitirles que ya había “dispuesto” al sucesor de Luis Carlos Ugalde en la presidencia del IFE, en ese momento interinamente encabezado por Andrés Albo, amigo de bohemias de Felipe Calderón desde principios de los noventa.

Valdés había logrado convencer al coordinador de la bancada perredista, Javier González Garza, de proponerlo como aspirante a presidir el IFE sólo por haber sido militante del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) de Heberto Castillo, y Beltrones capitalizó astutamente esa torpeza para tener un consejero más a su causa, aunque con un barniz de “izquierda”, para usarlo en los momentos clave.

Las elecciones presidenciales de 2012, por ejemplo.

No es casual, por ello, que Salinas haya sido el invitado principal en las fiestas del 20 aniversario del IFE, cuya disertación tuvo como marco el patio central del Palacio de Minería, con burócratas del IFE, algunos estudiantes y periodistas como oyentes.

La justificación para esa presencia de Salinas fue que él creó esa institución, pero también se trata de un mensaje: El IFE nació sometido al gobierno de ese personaje y, 16 años después de irse del país por el repudio popular, retoma el control para la reconquista del poder presidencial a trasmano.

Esa trama está en curso ahora en la Cámara de Diputados, donde a la Comisión de Gobernación que preside el panista Javier Corral le corresponderá montar la escenografía para que más de cien aspirantes diserten sobre la autonomía del órgano electoral, pero la decisión de nombrar a los tres nuevos consejeros –que organizarán las elecciones federales de 2012 y 2018-- se tomará en otra parte.

Y Salinas está operando para ello.

Hay que recordar que el retroceso del IFE se produjo en 2003, cuando Elba Esther Gordillo y Calderón se repartieron los consejeros, encabezados por Ugalde, que supo unir a los intereses de la cacique magisterial y del panista.

Teresa González-Luna Corvera, Alejandra Latapí, Rodrigo Morales, Arturo Sánchez Gutiérrez y Andrés Albo eran claramente propanistas, mientras que Lourdes López Flores, Virgilio Andrade Martínez, Marco Antonio Gómez Alcantar y Ugalde respondían a los intereses de PRI de entonces.

Con la ruptura de Gordillo con el PRI, Ugalde se sumó en un momento clave a los panistas y proclamó, ilegal e inmoralmente, el falso triunfo de Calderón en 2006, lo que inició la remoción escalonada de los consejeros que sólo ha beneficiado al PRI.

En efecto, del equilibrio con tendencias propanistas en 2003 --gracias a que se excluyó de la negociación a las organizaciones civiles--, se pasó en 2008 a dos bloques más cargados al PRI.

La facción propanista está integrada por Arturo Sánchez Gutiérrez, Benito Nacif –por cierto amigo íntimo de Ugalde-- y María Macarita Elizondo, mientras que forman la facción propriista Marco Antonio Baños, Francisco Guerrero, Virgilio Andrade y Marco Antonio Gómez, con Valdés y Alfredo Figueroa en apariencia neutrales.

Con la salida de Sánchez Gutiérrez, el PAN se quedaría sólo con Macarita y Nacif como supuestos alfiles, mientras que el PRI se quedaría con Baños y Guerrero por la salida de Andrade y Gómez, y seguirían Valdés y Figueroa.

Todo apunta a que el PRI, por la fuerza que tiene en la Cámara de Diputados, mantendrá dos consejeros, lo más probable es que el PAN obtenga el otro o lo comparta con el PRD, con lo que la correlación de fuerzas favorable al priismo se mantendrá: Tres contra cuatro o 3 contra 5, si se incluye --como debe hacerse-- a Valdés.

¿Quiénes serán esos dos consejeros propriistas? Es prematuro hablar de nombres, pero tendrán, sin lugar a dudas, el sello de Salinas...

Apuntes

Como no ocurría desde que Calderón utilizó el aparato gubernamental para controlar el PAN e imponer a Germán Martínez y César Nava, y cuando todos los panistas saben que su extrema debilidad obedece a que no hay más cargos que repartir en su agónica y fútil gestión, el tablero sucesorio en ese partido cobra interés. Por ejemplo, para la mala suerte de Francisco Ramírez Acuña, quien de la mano de Santiago Creel se veía como inevitable sucesor de Nava, se inscribirá Roberto Gil Zuarth, pero hay un factor que habrá de hacer la diferencia entre la victoria y la derrota para ambos: Cecilia Romero, la depuesta comisionada del Instituto Nacional de Migración. A los senadores Judith Díaz y Gustavo Madero ya nadie toma en serio… Lo dicho: El coqueteo de Marcelo Ebrard con el PAN ya empezó con su visita, este domingo, al Estado de México. Pero debe saber que Calderón es chueco…

En México: ¿Rumbo a una narcopresidencia?

Jesusa Cervantes

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, “en México se lavan 25 mil millones de dólares al año, esta cantidad nos habla de la capacidad que tiene el crimen organizado para comprar carros, casas, aviones y ahora para involucrarse en campañas electorales, para buscar compromisos con candidatos y posteriormente con diputados, con alcaldes, con senadores, con gobernadores”.

La declaración no es del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, ni del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. El personaje que habló sobre el tema, sobre la narcopolítica, fue justamente un diputado federal, el panista José Luis Ovando Patrón, actual presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

Por supuesto que se refería al caso del perredista Julio César Godoy Toscano, quien es acusado por la PGR de mantener vínculos con el grupo delictivo La Familia michoacana.

Este viernes, Ovando no descartó que el crimen organizado busque establecer compromisos con políticos, lo que lo llevó a pensar que “ante esta realidad, yo no dudo que en dos años alguna banda de criminales quiera también poner a un Presidente de la República que no le dé la pelea, que no le dé la batalla, que no los combata”.

¿Graves las declaraciones del panista? No. Se tratan de un simple reflejo de lo que ocurre en el país y que muchos niegan: que el narcotráfico ha permeado en los círculos del poder, aunque aún no sabemos en qué grado.

Quizá por eso el mismo diputado del PAN habla de “la necesidad de revisar los discursos políticos, sobre todo aquellos que se oponen al combate del crimen organizado”

Cuando Proceso realizó justo eso, revisar parte del historial de los políticos y de integrantes del Congreso de la Unión, e incluso lo publicó el 12 de junio pasado bajo el título, “El narco en el Congreso”, todos reclamaron el atrevimiento.

La Junta de Coordinación Política, integrada por PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Convergencia y Panal, acusó a la revista de “demeritar” al Congreso de la Unión.

Más todavía, los señalados en Proceso, tanto de PRI como de PAN y PRD, enviaron cartas aclaratorias en las que sostienen que nunca han realizado actividades ilícitas. Incluso se llegó a decir que todo era una estrategia publicitaria para vender más.

Ahora que el propio Congreso se encuentra inmerso en una discusión y análisis de documentos para determinar si uno de sus miembros, si un diputado federal, tiene vínculos o no con el narcotráfico, van más allá y aceptan que el narco puede llegar hasta a imponer gobernadores, e incluso no descartan que en unos años pueda imponer al Presidente de la
República.

Aquel 12 de junio, Proceso en ningún momento acusó a legislador alguno de ser narcotraficante o de tener vínculos con cárteles, sólo se limitó a detallar averiguaciones previas en donde se les mencionaba; en otros casos, cuando se les había mandado llamar para testificar y, en algunos más, cuando incluso han sido amenazados por grupos criminales.

De aquello han pasado apenas cuatro meses y ahora el tema está de nuevo instalado en el Congreso, abordado por sus propios miembros, quienes ahora sí tienen dudas y quieren indagar sobre algunas acciones o discursos de los legisladores.

Desde hace varios sexenios, la relación narco-política ha sido tema en círculos de poder y en medios de información. Sin embargo, pocos casos han llegado hasta los juzgados, como por ejemplo, el del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, quien hoy está preso en Estados Unidos.

Recientemente, el coordinador perredista en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, aceptó que temas como la narcopolítica o los narcoempresarios ya no son novedosos.

Y es cierto. Ahora, en la lucha por el poder, ante la falta de un control y de alianzas diversas, y entre niveles políticos distintos, hay cabos que han quedado sueltos.

Es difícil pensar qué grupos de narcotraficantes logren tal lavado de dinero, adquieran tantas propiedades, abran tantos negocios lícitos o diversifiquen a tal grado su actividad con el simple poder de las armas.

Sin duda, el poder del Estado, a distintos niveles, ha acudido en su auxilio en algunos momentos, o incluso han convivido juntos por conveniencias mutuas, aunque no necesariamente sean socios.

En el Ejército lo saben, incluso sostienen como hipótesis que los partidos los quieren fuera de las calles en su lucha contra el crimen organizado, pero no porque les interese realmente la protección de los derechos humanos o evitar abusos contra la población civil, sino más bien porque no quieren seguir siendo descubiertos. No quieren que los militares interfieran en sus negociaciones con grupos delictivos.

Hay quien piensa en el sector castrense que los que los políticos no quieren que los militares investiguen y combatan el crimen organizado porque las cabezas a las que han llegado han sido justamente personajes de la política.

Y esté vinculado o no el diputado Julio César Godoy Toscano con el crimen organizado, o se trate de una treta del gobierno calderonista con fuertes impactos mediáticos y manipulaciones de parte de la PGR, la verdad es que el caso ha generado preocupación entre algunos políticos, al grado de que ya buscan revisar la actuación de sus colegas.

La guerra de los insultos

Javier Sicilia

Para Tomás Calvillo


Para las lenguas antiguas –pienso en el sánscrito, en el hebreo o en el griego–, las palabras son sagradas. No sólo nombran las cosas, sino que hacen que las cosas sean, es decir, poseen un dinamismo y una fuerza vital que permite que su contenido se realice. Sólo existe lo que se nombra. La rosa, por ejemplo, sólo aparece en el mundo porque pronunciamos su nombre, porque le damos con él una existencia activa y un contenido. De lo contrario sólo sería algo sin significado, una realidad incognoscible, sumida en la oscura pasividad de su ser.

A pesar de que esa percepción ha desaparecido de nuestros conceptos lingüísticos, las palabras siguen teniendo ese peso. Ellas –lo sabemos aún los poetas y algunos filósofos y psicoanalistas– pueden liberar de la oscuridad y del laberinto interior el sentido, pueden poner fin a la soledad, establecer una unión de amor y cambiar el rumbo de una vida. Pueden también hacer lo contrario: humillar, destruir la vida de alguien y desatar una guerra. Las palabras, cosidas al pensamiento y al ser, se desprenden de la persona que las pronuncia para asumir una existencia independiente.

El libro de los Proverbios lo dice con el delicado sabor de la sentencia: “La vida y la muerte está en poder de la lengua, del uso que de ella haga tal será el fruto”. Con no menos delicadeza, Platón lo repite en otro contexto y otra cultura: “Entiéndelo bien, mi querido Critón, la incorrección en la lengua no es sólo una falta contra la lengua misma, hace también mal a las almas”.

Por desgracia, esta realidad de la lengua que ya no se enseña, ha llegado en México a grados de perversión tales que se ha convertido en una especie de babel a través de la cual no sólo puede decirse cualquier cosa sin responsabilidad alguna, sino que en el espacio público se ha degradado, como si no sucediera nada, al insulto, a la difamación, a la amenaza y a la banalidad.

El uso irresponsable de la lengua en nuestros políticos y en los medios de comunicación, está destruyendo la pequeña franja política que, en medio de la guerra y del Estado fallido en el que nos encontramos, aún nos queda.

Desde que Calderón, y quienes estaban decididos a destruir el ascenso político de López Obrador, tomaron la determinación de difundir por todos los medios a su alcance que era “un peligro para México”, la consecuencia fue, primero, la fracturación de la ciudadanía entre los que aceptaron creerlo y los que, con justicia, negándose a creerlo lo defendieron; después, la guerra contra el crimen organizado, el hundimiento del Estado y la violencia en la que estamos inmersos. Unas simples palabras de desprecio y de odio hicieron posible que el desprecio y el odio se instalaran en el país.

Hoy, cuando Felipe Calderón vuelve a decirlo, está empujando lo que queda de la vida política del país al terreno de una violencia sin retorno. Lo mismo puede decirse que hace López Obrador cuando continúa llamando a Calderón “espurio” y “pelele” o cuando el lenguaje del insulto entre diputados, senadores, comunicadores y prelados recorre el espacio público. Decir hoy que López Obrador es “un peligro” para el país y que sus seguidores son una “feligresía del odio”; gritar que Calderón es un “pelele”, vociferar “que el Estado laico es una jalada” es darle carta de ciudadanía a la violencia y al caos, es permitir que el lenguaje de la criminalidad y de la negación de lo humano se instale para siempre en la mesa de la política y de la vida pública, es aceptar que sólo podemos dirimir nuestra existencia como ciudadanos a través de esa palabra con la que el español de México define su barbarie: los chingadazos, es destruir en la conciencia de la ciudadanía lo poco que queda de dignidad en las figuras que la representan y cuya presencia debe ser la propuesta, el debate y la controversia, es decir, el diálogo y la presencia de la palabra como contenedora de sentido y de bien, de crítica y de verdad. Insultar, lejos de humanizarnos y de rehacer la realidad, la oscurecen, destruye el sentido, “daña –como señalaba Platón– las almas” y, trae, como lo muestra el libro de los Proverbios y la realidad en la que vivimos, frutos de muerte.

Quienes aún amamos este país, quienes aún tenemos un sentido del peso de las palabras, no podemos permitirlo. No se trata de hablar con un lenguaje light ni de utilizar la hipocresía del eufemismo –tan en boga en lo que se ha dado en llamar “lo políticamente correcto” de las democracias–, sino de negarse al insulto para, dados los problemas que nos rodean, entrar en el debate de contenidos, un debate duro, pero inteligente, crítico y a la vez propositivo. Si aceptamos que nuestros políticos continúen utilizando el lenguaje de la violencia y la descalificación, y nos contaminamos de él no contribuiremos en nada a los contenidos de verdad y de sentido que perdimos y que nos tienen en la irritación. En tiempos de violencia no necesitamos palabras nuevas, sino una relación grave y respetuosa con la lengua, es decir, recordar que las palabras pesan y se concretan en lo real, que del uso que de ellas hacemos tal es el fruto, y que únicamente el corazón dicta los verdaderos sentidos con el respeto y la firmeza que el amor produce, esos sentidos que pueden devolverle al país su voz profunda.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz.

'¿A qué le tiene miedo?', cuestiona Ebrard a Peña Nieto

"Él se la pasa alborotando en todos los estados, ¿ahora resulta, que él si puede ir a los estados y nosotros no? Todos tenemos derecho a ir y decir lo que pensamos, él también lo hace", señaló Ebrard.

México, DF. Marcelo Ebrard aseguró que el Estado de México "no es propiedad" de Peña Nieto. Archivo La Jornada

México, DF. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, cuestionó al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, al citar la frase "¿a qué le tiene miedo?", luego de que el mexiquense llamará "alborotadores" a Andrés Manuel López Obrador y al ejecutivo capitalino por la visita que realizaron el fin de semana a la entidad.

"Él se la pasa alborotando en todos los estados, ¿ahora resulta, que él si puede ir a los estados y nosotros no? Todos tenemos derecho a ir y decir lo que pensamos, él también lo hace", señaló Ebrard tras colocar la primera piedra del Centro Deportivo Bicentenario, en la colonia Buenos Aires

El ejecutivo del Distrito Federal también rechazó que exista una adversidad con Andrés Manuel e indicó que el verdadero adversario en las elecciones era el PRI, quien lleva gobernando 80 años en el Estado de México, por lo que las alianzas para enfrentarlo no dividirán al PRD, aseguró Marcelo Ebrard.

"No, no nos vamos a dividir, Andrés Manuel es un amigo y compañero", respondió y agregó que el Estado de México "no es propiedad" de Peña Nieto.

¡Gana USD con Neobux, prueba la nueva sección de ENCUESTAS!