Comunicado del SME del día 17 de noviembre de 2009

Circular # 2

Reunidos en la sala de plenos de la Secretaría General del Sindicato Mexicano de
Electricistas representantes de diversas organizaciones nacionales y locales, se tomó la resolución de convocar a los Delegados y Representantes de las diferentes organizaciones sindicales, sociales y políticas a la III Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, el próximo 20 de noviembre a las 17:00 horas a realizarse en el auditorio de Insurgentes 98 del SME, bajo la siguiente:

Orden del Día

1.- Balance del Paro Cívico Nacional.
2.- Integración del Consejo Nacional de Huelga (CNH).
3.- Conformación de los Consejos Estatales de Huelga.
4.- Plan de Acción.

Se sugiere poder presentar los balances por escrito por parte de cada organización, con una extensión máxima de tres cuartillas con el objeto de elaborar el balance general y publicarlo en las distintas páginas de internet de las organizaciones.

Igualmente, presentar e incorporar sus propuestas de Plan de Acción, al mismo cuerpo del balance.

A esta reunión, se presentara una propuesta sobre la integración del CNH, así mismo un proyecto sobre el Plan de Acción por parte del SME. Por lo pronto, se acuerda intensificar las actividades de recolección de recursos económicos y de acopio de víveres para los compañeros del SME, de parte de todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas.

Del mismo modo, se acuerda incrementar las acciones para la coordinación unitaria y
frentista en cada uno de los estados, como medida para la definición de las acciones
venideras y sobre todo de la Huelga General.

Fraternalmente

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

México D.F. a 17 de noviembre de 2009

Fernando Amezcua Castillo

Secretario del Exterior

Campañas de avanzada

Teodoro Rentería Arróyave

Como es sabido, el Distrito Federal o Capital de la República o Ciudad de México es la entidad de todos los mexicanos sin embargo por las leyes que nos rigen y por los estatutos que nos han impuesto, los habitantes oriundos, emigrantes o visitantes somos todos seres de segunda o de tercera categoría.

Eso no cambiará hasta que se entienda a cabalidad la garantía constitucional de que ante la ley somos todos iguales y se supere la trasnochada política de suponer que al otorgarle el estatuto de estado al Distrito Federal se convertiría en un supraestado.

Prueba de que tal situación es una sospecha sin sustento, es la decisión que en su momento decidió el presidente patriota, Benito Juárez, al crear el estado de Morelos, para que la sede de los poderes federales en un momento de conflicto político no fuera estrangulado por los estados circunvecinos, principalmente por el cerco de aquel entonces que representaba el Estado de México.

De ahí que tome especial importancia, dentro de las limitaciones en que subsisten las administraciones de los jefes delegaciones del D.F., que tal parece los quieren reducir a simples administradores de hacienda, las dos últimas decisiones que ha tomado el joven abogado y flamante jefe delegacional en Álvaro Obregón, Eduardo Santillán Pérez.

Son sin discusión inmejorables campañas sociales que, obvio, como todas las grandes decisiones van a provocar rechazos, enfados y en el mejor de los casos polémica. Se trata de las llamadas: “Programa cero-cero” y “Contra el juguete bélico”.

Se nos informa que a partir de este fin de semana, entra en funcionamiento en la Delegación Álvaro Obregón el Programa Permanente “Cero, Cero; a las Cero horas, Cero venta de alcohol”, el cual prohíbe la venta de alcohol después de la media noche, los siete días de la semana.

El Jefe Delegacional Eduardo Santillán Pérez, acompañado por el Consejero Secretario del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica y de Justicia, Luis Wertman Zaslav, así como de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, explicó que está comprobado que los comensales de restaurantes, cantinas, bares y “antros” cuando salen de esos lugares buscan en las tiendas de venta clandestina más alcohol para seguir la parranda y es cuando aumentan en forma circunstanciada los accidentes de tránsito con todas sus secuelas de daños económicos, lesiones y muertes.

Y para el futuro de las generaciones, la Campaña contra el Juguete Bélico y el Programa Permanente de Intercambio Voluntario de Armas de Fuego 2009, que consiste incidir de manera oportuna en la disminución de los delitos, afirma el delegado Santillán Pérez que el intercambio de un juguete bélico, por otro juguete didáctico es un claro compromiso en materia de seguridad pública.

Baste decir que en el Distrito Federal se cometen 649 homicidios anuales, de los cuales, el 65 por ciento son por dichos artefactos, además de que en la Ciudad de México hay cerca de 500 mil armas de fuego que son ilegales, las cuales ponen en grave riesgo a la seguridad de los capitalinos.

Sin duda se “pretende generar en los niños y jóvenes una conciencia y una cultura de prevención del delito”, así como “una cultura de convivencia pacífica”, sin embargo si los gobiernos delegacionales y municipales vecinos no colaboran impulsando estos valores, las campañas morirán por inanición. Confiemos que no suceda tal agravio, porque se habrá perdido una de las más grandes oportunidades sociales del presente y para el futuro no sólo del país sino de la nación misma.

Sin presupuesto para LFC se elevará costo de energía: Esparza

En tanto, el vocero del SME, Fernando Amezcua, denunció una presunta estregia de represión contra dirigentes del sindicato.

Fabiola Martínez y Notimex


México, DF. Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), advirtió que a partir de enero los usuarios de la zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro (LFC) pagarán un costo más alto por el consumo de energía eléctrica porque los diputados del PRI y del PAN eliminaron, “de manera irresponsable e ilegal”, el presupuesto 2010 para LFC.

Durante un foro realizado en la Cámara de Diputados (sin la presencia de legisladores), el dirigente y diversos especialistas en materia económica hicieron un amplio análisis sobre la red de fibra óptica así como el área de negocios que ya tiene en su poder la iniciativa privada en el sector eléctrico nacional.

Por separado, el vocero del SME, Fernando Amezcua, advirtió que los electricistas no darán ni un paso atrás en su lucha para revertir la extinción de Luz y Fuerza del Centro y adelantó que seguirán por la ruta de la legalidad, sin dejar de lado la movilización política y social.

En entrevista comentó que una comisión del SME trabaja con representantes de la Federación Sindical Mundial y la Confederación Sindical Internacional para presentar una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo y que ese organismo envíe una misión a México.

Indicó que el próximo 24 de noviembre estarán pendientes de la audiencia donde se revisará la parte constitucional del juicio de amparo que admitió una juez federal.

De igual forma, comentó que atenderán las audiencias a las que los citen derivadas de las denuncias que presentaron por despido injustificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Por otra parte Amezcua Castillo denunció una supuesta estrategia de represión en su contra que incluiría la detención de varios dirigentes.

Subrayó que desde la marcha del pasado 11 de noviembre han percibido la intención de "fabricar" delitos contra el movimiento y usar eso de pretexto para reprimirlos.

"Advertimos que desde este momento las autoridades impulsan todo lo necesario, incluidos los traidores que tenemos al interior, para montar un escenario de represión y detención de dirigentes", dijo.

Eco-Noticias Político No. 545

Monitoreo del Entorno Político para los Negocios
Período del 10 al 12 de Noviembre de 2009


NOTICIAS DEL IMPERIO DEL ESTADO DE DERECHO

Estamos listos para la huelga nacional: SME
El movimiento social que se ha levantado en contra del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) tiene las condiciones para llegar a la huelga nacional con el apoyo del pueblo, advirtió el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), durante una manifestación multitudinaria que aglutinó el descontento y la "ira" de organizaciones sindicales, sociales y campesinas contra el gobierno de Felipe Calderón y su secretario del Trabajo, Javier Lozano. […] En una jornada de protestas que logró interrumpir actividades en dependencias públicas y privadas, como parte del primer paro cívico nacional convocado por el SME, decenas de miles concentrados en el Zócalo votaron a mano alzada por que Lozano sea quien "cobre su liquidación y se largue". Antes, se le promovería juicio político. También exigieron que el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, también "se largue". [Patricia Muñoz, Fabiola Martínez y Alma Muñoz; La Jornada; Nov. 12 / 2009]

Justicia para unas nal… Para los niños olvido
Puede hacerse ahora una amarga comparación: mientras las instituciones actúan para ofrecer justicia a dos nal… heridas, los niños fallecidos y heridos por el incendio en la bodega ABC, sus abatidos padres, sus familias, todo Sonora entristecido, todo México consternado esperan justicia. Vale comparar los balances: por una parte dos nal… heridas, diez reos; por la otra cuarenta y nueve niños fallecidos, una detenida (la infortunada empleada del IMSS cuya labor era revisar los menús). […] Este balance pone al descubierto una característica de las instituciones mexicanas: están diseñadas para cuidar a la gente VIP (very important person). A los ojos de los gobernantes (Calderón, Bours, Padrés, Gándara) los niños fallecidos o heridos y sus familiares fueron y son mexicanos de segunda. Por ello el juez federal que atiende el caso fijó, para los dueños de la bodega-guardería, entre quienes està una pariente de Margarita Zavala, una fianza de dos mil pesos. $ 40.82 por niño. Cuarenta pesos por cada vida perdida. […] Por eso Padrés se dio el lujo de ratificar a Abel Murrieta, el procurador de Bours. Por eso Calderón, en su reciente visita, ignoró a los padres de los niños fallecidos. Es que no se apellidan Gómez del Campo… ni siquiera Guzmàn. [Martín Vélez, SDP, Noviembre 10 / 2009]


Despilfarro criminal
Ante esta doble crisis fiscal de ingresos y egresos que nos golpeará por todas partes, es indispensable establecer la obligación de generar una verdadera auditoría ciudadana que apoye el gasto público bien ejercido, pero que impida y sancione la distorsión, la inmoralidad y la ineficiencia que estamos sufriendo, y que evidentemente se puede remediar, si a partir de enero de 2010 contamos con un sistema de auditoría confiable e independiente que nos permita impedir que continúe el desastre que estamos viviendo. […] Por todas estas razones, desde este momento nos estamos comprometiendo para formar un frente ciudadano de diputados en el Congreso para establecer todos los métodos que sean necesarios para ejercer una función real y cotidiana de auditoría; y para ello, generaremos las obligaciones y la transparencia que son indispensables en la Auditoría Superior de la Federación, mientras logramos la creación de la Contraloría General de la Nación como órgano de Estado independiente, autónomo y ciudadano que verdaderamente nos defienda y represente. [Alejandro Gertz Manero, El Universal, Noviembre 11 / 2009]

GOBIERNO DE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA
La alianza de Calderón con la maestra Gordillo
Todo parece indicar que para Calderón este noviembre no sólo será temporada de tormentas naturales, también pasará a la historia como el mes en que comenzó la muerte de una alianza; de una amistad altamente valorada por el panista que está demasiado ocupado liderando la guerra para la cual Manlio Fabio Beltrones dice tener estrategias de negociación. […] La pregunta es ¿qué hará Calderón cuando vea la evidencia? Los actos de corrupción y abusos sindicales de Gordillo están más que documentados, ¿irá tras ella como hizo con el SME? […] Los huracanes nos recuerdan la fragilidad de lo que consideramos sólido y seguro. Lo cierto es que no puedo sino pensar que algún día Calderón se arrepentirá de muchas cosas, entre otras de no haber dado prioridad real a la educación, al empleo, al combate a la pobreza y a la transformación del sistema de justicia. Comienza el ocaso del PAN. La maestra le dio la lección a su alumno: el PRI tiene su venia. A mí me recuerda que lo que en verdad transformará a México es el muy, muy lento pero seguro camino del trabajo comunitario de las redes sociales, aquellas que tienen una misión transparente y concreta, que no venden sus principios y valores a nadie. [Lydia Cacho, Plan B, El Universal, Noviembre 09 / 2009]

LA CLASE POLÍTICA MEXICANA

El PAN y Mauricio Fernández
Cuando es víctima de un delito (como amenaza de muerte, por ejemplo), prefiere no denunciar. Ha buscado un pacto con narcotraficantes para que no se metan con los suyos, según conversaciones grabadas y difundidas este 2009. Como el gobierno federal no le garantiza su seguridad ni la de sus allegados, toma la justicia por sus manos. Unos lo ligan con ejecuciones, es decir, con homicidios, que en este país y casi en cualquiera que tenga un mínimo respeto por el Estado de derecho, están penados. Él mismo ha sugerido que tiene fuerzas paramilitares a su cargo, a las que se culpa de haber matado, con tiro de gracia, a supuestos secuestradores. Y grita su impunidad a todos los vientos. ¿Quién es este hombre, que pone en evidencia (¿en ridículo?) a las autoridades que deben garantizar la seguridad del país, y que además vienen de su mismo partido, Acción Nacional? ¿Quién es este que hace exactamente lo contrario a lo que se le pide a los ciudadanos: denunciar, no tomar la justicia por nuestra mano, no matar, no hacer apología el delito, no…)? Se llama Mauricio Fernández y es alcalde de San Pedro. Ayer compareció cinco horas ante la PGR. Su escandaloso proceder no es de hoy, sino de años. Y aun así ha sido candidato del PAN una y otra vez; la penúltima, por la gubernatura de Nuevo León. Antes fue alcalde de San Pedro; hoy repite en el puesto, gracias a su partido y a sus votantes. [Bajo Reserva, Periodistas de El Universal, Noviembre 11 / 2009]

El silencio de los priístas
Julio Castellanos, secretario de la Comisión de Presupuesto, les espetó: “Eso (los recortes) no podemos aceptarlo. Nos sale más barato comprar a los diputados del PRI que aceptar eso”. El comentario acusador del panista no encontró respuesta. […] Cuentan asistentes a la reunión que más bien se indignó otro panista, el presidente de la Comisión de Hacienda, Mario Alberto Becerra, quien se levantó de la mesa y abandonó la reunión: “No voy a quedarme en una reunión donde se hagan esas ofensas”, dijo y salió. Pero los aludidos, que eran los diputados del PRI, hicieron como que no oyeron la indirecta, muy directa, del secretario de la Comisión de Presupuesto y siguieron en la reunión. […] El dato lo comentan en la propia bancada del PRI, en la que aún hay molestia e indignación contra el coordinador Rojas y su “burbuja”. Si ya tras la aprobación del aumento al IVA había dudas y comentarios sobre el grupo de economistas del PRI que negoció con Hacienda el paquete fiscal, el comentario no atajado de Castellanos sobre “comprar a diputados del PRI” cayó como bomba en la bancada tricolor. […] Todavía no hay respuesta a una pregunta que muchos priístas, diputados y senadores, se siguen haciendo: ¿qué fue lo que negociaron Beatriz, Rojas y sus diputados economistas para aprobar el aumento al IVA y los nuevos impuestos en San Lázaro? O lo que es lo mismo: ¿a cambio de qué? [Salvador García Soto, Serpientes y Escaleras, El Universal, Noviembre 10 / 2009]

LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA VAN DE LA MANO

Calderón pide reformas para evitar monopolios
Tras pronunciarse en contra de los monopolios, el presidente Felipe Calderón llamó a eliminar las barreras que impiden la competitividad y la productividad de la economía. […] El titular del Ejecutivo federal participó en los trabajos del Foro "México, Cumbre de Negocios", en donde enlisto varias de las reformas que son necesarias, como la laboral y relacionada de la competitividad. […] "No nos engañemos. No habrá competitividad si no hay más competencia en el país, y en ese sentido la reformas que debemos de emprender para eliminar barreras de entrada que generan voluntaria o involuntariamente prácticas monopólicas en los mercados que impiden verdaderamente la competitividad y la productividad de la economía" dijo. […] En este paquete de reformas pendiente también citó la de las telecomunicaciones. [Jorge Ramos, El Universal, Noviembre 09 / 2009]

La promesa antimonopolios
En unas se gana y en otra se pierde. Es la ley de la vida… pública. Ayer, el presidente Felipe Calderón tuvo dos episodios. En uno le aclaró tajante al alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, en su propio municipio de Nuevo León, que no permitirá que se ande con grupos de “tarea ruda” por encima de la ley. “La tarea más importante del Estado es ésa: cumplir y hacer cumplir la ley. Es lo primero a lo que nos comprometemos los gobernantes. En eso, el gobierno federal es absolutamente claro: hacer cumplir la ley sólo por la vía de la ley misma, que es la fuente de toda legitimidad”. Y por supuesto que la declaración mereció todos los aplausos. Nomás faltaba. Pero después, en un foro con empresarios, Calderón habló de otras leyes: “No habrá más competitividad si no hay más competencias en el país. Las reformas que debemos emprender son para eliminar barreras que de entrada generan voluntaria e involuntariamente prácticas monopólicas en los mercados relevantes”, dijo. Y, ni modo, alguien recordó que esa idea vendió su gobierno hace justamente tres años, cuando tenía Congreso, capital político e impulso. ¿Lo recuerda? Acabar con monopolios, supuestamente, haría Luis Téllez. Todavía lo estamos esperando… [Bajo Reserva, Periodistas de El Universal, Noviembre 10 / 2009]


REFLEXIONES

La diplomacia de Carlos Pascual
Sorprendente el tubazo ¿diplomático? del embajador Carlos Pascual sobre la mal llamada guerra contra el narco puntualizando no dejar solo al Ejército Mexicano porque no están entrenados para tomar el papel que tienen que tomar ahora (?) y que no quisieron tomar ese papel porque lo están haciendo por necesidad (¿¿??). [Marcela Gómez Zalce, A Puerta Cerrada, Milenio Diario, Noviembre 10 / 2009]

De “justicieros” a extorsionadores
Nos cuentan una historia. Que hace dos años, un grupo de empresarios de un estado mexicano del norte-centro contrató a un grupo de “especialistas en hacer limpiezas de criminales”. Al gobierno no le desagradó. Lo dejó correr. Pero hace unos pocos meses, estos mismos empresarios se acercaron al gobierno estatal para pedirle ayuda. Los secuestros y asaltos se han multiplicado. Y ahora se concentran en las empresas y en las familias de aquellos que contrataron su ejército privado de “justicieros”. Lo adivinó: los “especialistas en hacer limpiezas de criminales” acabaron con los que dominaban la plaza, y se quedaron con ella. Tenían todos los datos, toda la información. Extorsionaron a medio mundo y por allí andan, mochando orejas, dejando familias en la miseria moral, económica, humana. Por cierto: Mauricio Fernández, el alcalde de San Pedro, llega hoy al DF para reunirse con César Nava, primero, y después con Felipe Calderón. Que no le harán buena cara… [Bajo Reserva, Periodistas de El Universal, Noviembre 12 / 2009]

Enfrentando una temeraria adversidad…
La vorágine de la descomposición no tiene retorno. La cruda… realidad alcanza rápidamente el callejón sin salida. Sin rutas para el diálogo, cerrando opciones jurídicas y subestimando la fuerza y el agravio social, el barco de gran calado y su emocionado capitán seguirán enfrentando una temeraria adversidad… de pronóstico muy, pero muy reservado. [Marcela Gómez Zalce, A Puerta Cerrada, Milenio Diario, Noviembre 12 / 2009]

Para meditar…
… en su primer mensaje a los centros patronales, el presidente de la Coparmex, Gerardo Gutiérrez Candiani, señaló: “México no puede salir del estancamiento debido a la falta de rumbo”. “La preocupación [de la clase política] es ver quién se queda con el timón del barco, no la dirección que hay que seguir” (El Financiero, 6/XI/09). Ese es el punto. [José Luis Calva, El Universal, Noviembre 12 / 2009]

BUEN HUMOR…

A propósito de que ya se acerca el período navideño
Un grupo de señoras fue a visitar la fábrica de básculas de la ciudad. Les dice el encargado de la planta: “-Estamos por sacar al mercado un nuevo producto. Es una báscula que dice con voz humana el peso de la persona. ¿Les gustaría probarla?”. Una de las señoras sube a la báscula. Y se oye la voz del aparato: “Por favor, sólo una persona a la vez” [Catón, De Política y Cosas Peores, Grupo Reforma, Noviembre / 2009]


Autonomía en riesgo

Samuel García / El Observador

Después del vergonzoso espectáculo ofrecido por los grupúsculos de políticos en el poder al procesar y aprobar ingresos y gastos públicos de acuerdo con sus intereses particulares —sin que les importe en lo más mínimo el interés público, el de la nación—, ahora se disponen a intentar controlar los pocos organismos públicos que, gracias a su autonomía institucional, están teóricamente fuera de su alcance.

Y es que de aquí al 15 de diciembre tres organismos públicos de alta relevancia para el país renovarán o ratificarán a miembros clave, por lo que la disputa política por estas posiciones se ha convertido en un serio riesgo para la autonomía de la que gozan.

El texto editorial de El Semanario resume bien la situación: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibirá a dos nuevos ministros —de los 11 que la conforman— en reemplazo de dos prestigiados juristas, Mariano Azuela y Genaro Góngora. A la Auditoría Superior de la Federación llegará un nuevo auditor, si es que no se reelige a Arturo González de Aragón en el cargo. Y el Banco de México iniciará 2010 con la reelección de Guillermo Ortiz o con la designación de un nuevo gobernador en su Junta de Gobierno, si es que el presidente Calderón así lo propone y el Senado lo aprueba. Adicionalmente, el próximo año dos consejeros del Instituto Federal Electoral serán reemplazados en sus cargos por el término de sus periodos legales.

“En estos nombramientos no sólo se juega un cargo público. Allí va de por medio el fortalecimiento o debilitamiento de los necesarios contrapesos que requiere la democracia para que funcione efectivamente y rinda los frutos que los ciudadanos esperan en su vida cotidiana. Los organismos públicos autónomos son precisamente eso, contrapesos al poder político y a sus frecuentes tentaciones de cooptar la toma de decisiones públicas con base en sus intereses privados. Desempeñan tareas fundamentales del Estado que están vacunadas de cualquier trasfondo partidista. De allí la necesidad esencial —y ciudadana— de fortalecerlos.

“Los pasados nombramientos de funcionarios en el Instituto Federal Electoral, y los recientes en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no cumplieron con este cometido. Se dejó ver —una vez más— que el blindaje institucional que se otorgó a los organismos autónomos en la propia Constitución aún tiene debilidades propicias para la manipulación, las presiones y hasta el capricho de los políticos. Así, de un plumazo y con base en acuerdos privados entre la Presidencia y el PRI, se “deconstruyó” a un IFE que había ganado mucho en autonomía y confianza ciudadana en los años anteriores.

“Este mismo riesgo se corre, pero ahora con el Banco de México, la Auditoría Superior de la Federación y con la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La rendija a utilizar para rendir a las instituciones autónomas a los deseos de los cónclaves de las élites políticas es el nombramiento de personas que respondan a intereses particulares y no a los intereses signados en la Constitución para las instituciones autónomas.”

El riesgo de “deconstruir” las instituciones autónomas que tanto esfuerzo y recursos le han costado al país es real. Para muestra sólo basta echar una mirada al IFE, al IFAI y al reciente presupuesto público. Y es que la lucha política está cegada por el poder en 2012, cueste lo que cueste.

Presupuesto: tarde y mal

Miguel Ángel Granados Chapa

A la hora de escribir estas líneas, han transcurrido más de 15 horas de cumplido el término dentro del cual la Cámara de Diputados debía aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. En este momento ni siquiera hay certidumbre sobre el recomienzo de la sesión plenaria en que debe discutirse y aprobarse el dictamen respectivo. De esa suerte, no es seguro que cuando los lectores tengan delante de sí esta columna haya sido concluido el procedimiento para aprobar el gasto público, que debió terminar cuando más tarde el domingo 15 por la noche.

No es trivial, aunque parezca no generar adversos efectos prácticos, que los legisladores incumplan los plazos que fijan la Constitución y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los términos deben ser puntualmente acatados, pues de lo contrario pierden su función ordenadora, y abren al error por improvisación y descuido brechas de anchura impredecible. Al aprobar la Ley de Ingresos, los diputados se excedieron en un día, y los senadores a su vez en otro más, y las normas correspondientes sólo estuvieron listas el 2 de noviembre y no el 31 de octubre. Demora semejante, y aun mayor, se observa en San Lázaro en la aprobación del presupuesto.

En los tiempos del autoritarismo presidencial más acusado se ponía en un brete anual a los legisladores, pues las iniciativas fiscales llegaban al cuarto para las doce, al finalizar el periodo de sesiones ordinarias, que entonces se extendía hasta el 31 de diciembre. Esa falta de respeto del Ejecutivo al Congreso se compensaba ahorrándoles trabajo. Los proyectos presidenciales eran acatados en sus términos, y hasta los dictámenes respectivos eran elaborados fuera de los recintos legislativos. Nunca, en consecuencia, se corrió el riesgo de no contar con el presupuesto de egresos vigente el 1o. de enero, aunque su aplicación, precisamente por esa tardanza en la aprobación, sólo se iniciaba ya entrado el año.

Cuando a partir de 1997 la oposición tuvo en sus manos la posibilidad de modificar las iniciativas presidenciales se introdujo el desorden, especialmente perceptible la última noche de asignación de recursos dentro del plan de gasto. Los diputados chalaneaban partidas para cumplir promesas electorales (en el mejor de los casos) o para obras y servicios que dieran beneficios a sus clientelas o a ellos mismos. Para poner fin a esa feria de intereses descarnadamente ejercidos se reformó la Constitución y se emitió una Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que busca poner orden en los debates respectivos. El Ejecutivo quedó obligado a ir dibujando, en trazos parciales (transmitidos al Congreso en abril y junio) su idea del próximo ejercicio presupuestal y a enviar, apenas abiertas las sesiones, el 8 de septiembre, el paquete económico, que incluye los criterios generales y los proyectos de ley de ingresos y de presupuesto de egresos. Para la primera los diputados disponen de seis semanas y los senadores casi dos más. Y para lo segundo, en San Lázaro se dispone de 15 días.

Al comienzo de cada legislatura, los diputados no pueden abordar de inmediato sus responsabilidades. La ley orgánica del Congreso les otorga un plazo de hasta de 30 días para integrar las comisiones dictaminadoras. De modo que en vez de ocuparse del paquete económico tan pronto como lo reciben el 8 de septiembre, lo hacen apenas tres semanas después, o pasado aún más tiempo. En ese lapso, las fracciones parlamentarias de mayor tamaño convienen cuáles comisiones encabezarán sus integrantes. En las recientes legislaturas el PAN y el PRI se han alternado la presidencia de las dos comisiones torales en esta materia, la de Hacienda (que encabeza el panista Mario A. Becerra) y la de Presupuesto, que preside Luis Videgaray. En su caso, a su novatez en la vida pública y más acusadamente en la legislativa se agregan otros factores contrarios a la eficacia de su tarea: el que representa no a su partido sino a su jefe político, el gobernador Enrique Peña Nieto, cuyos intereses vela por encima de todos. Un ejemplo que delinea con claridad tal sesgo es que una ampliación determinante al gasto público para el campo tuvo que negociarlo el presidente de la Comisión de Agricultura y dirigente de la CNC, Cruz López Aguilar, directamente ante la Secretaría de Hacienda, pues no encontró útil seguir el camino de la ley, que manda que las comisiones hagan llegar los requerimientos de la materia de que se ocupan a la de presupuesto, para que ésta los incorpore al dictamen. Pero tal dictamen apenas fue aprobado en la madrugada del lunes, porque Videgaray trabajó a favor de su propio interés y no en el de su partido, y ya no digamos el de la Cámara como institución responsable de fijar y vigilar el gasto, y mucho menos el de la sociedad.

Esta última, la gente, quedó esperando una respuesta del Congreso al reclamo de austeridad que por doquier se ha esparcido, y que se acendró a la vista del esquilmo a que la ley de ingresos sometió a la mayor parte de los contribuyentes. En vez de programar erogaciones superfluas mucho menores (o suprimirlas), tarea posible ante el cúmulo de dispendios abusivos en que incurren los poderes, la Cámara trasladó esa obligación al Ejecutivo, como si sólo allí hubiera ahorros que practicar. El presupuesto compromete al Ejecutivo a presentar el 15 de marzo un programa de austeridad cuyos lineamientos están lejos de la exigencia ciudadana de que no se derroche el dinero público.

Cajón de Sastre

Con la pretensión de regular la propaganda política personalizada, por la falta de la reglamentación respectiva el artículo 134 de la Constitución, reformado en 2007 abrió la puerta a los excesos publicitarios de gobernantes que aprovechan la licencia que para esos efectos y con motivo de sus informes anuales les permite tal disposición constitucional. Lo hemos comprobado este fin de semana en torno de la presentación de esos documentos en Jalapa y Oaxaca. Fidel Herrera y Ulises Ruiz, gastalones de suyo, multiplican su presencia propagandística. A ese efecto, se prestan -o se alquilan, para mejor decir- comunicadores profesionales que a diario presentan propaganda como si fuera información y en ocasiones como ésta cotizan por lo alto entrevistas hechas a domicilio, para que no quepa duda de su carácter.

SME: después del paro cívico nacional

Luis Hernández Navarro

Terminó el plazo que el gobierno federal dio para liquidar a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) ofreciendo un bono extra. Aunque sigue la disputa por las cifras, los resultados no son buenos para la administración de Felipe Calderón: los empleados que aceptaron indemnizarse son poco más de la mitad de la plantilla. Apenas unos cuantos seguidores más de los que votaron por la planilla del disidente Alejandro Muñoz en los pasados comicios sindicales.

El gobierno necesitaba que cerca de 90 por ciento de los electricistas dieran por terminada la relación laboral. No lo consiguió. No obstante las deudas y necesidades económicas de los trabajadores, cerca de la mitad siguen resistiendo. Los electricistas sortearon una feroz campaña en su contra en medios y se mantienen en pie de lucha. A pesar de que la administración de Calderón requisó los fondos sindicales y el gremio no contaba con un fondo de huelga para enfrentar un conflicto de esta magnitud, la movilización continúa. El conflicto subsiste.

El servicio eléctrico no ha podido ser regularizado. Cortes de energía y apagones son hoy continuos y de mayor duración que en el pasado. Con frecuencia, los afectados se han visto obligados a ocupar la vía pública para que se restablezca el servicio. Tan constantes y extendidas son las fallas que ya ni se reportan en la prensa. Se han convertido en parte de la vida cotidiana en las zonas que abastecía LFC.

La Comisión Federal de Electricidad no ha podido cobrar el servicio eléctrico, pues no cuenta con personal para la toma de lecturas de los medidores. Ahora, en una acción a toda luces ilegal, pretende que los usuarios paguen la luz con base en estimados de consumos anteriores. Muy probablemente se levantará una ola de inconformidad entre los usuarios.

En el terreno jurídico, el gobierno federal sufrió un sonoro descalabro. El pasado 6 de noviembre, la juez Guillermina Coutiño Mata concedió la suspensión definitiva al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se abstenga de resolver sobre la terminación de la relación colectiva de trabajo entre LFC y el sindicato. Eso significa que, desde el punto de vista legal, sindicato y contrato colectivo de trabajo siguen existiendo. Alrededor del 25 de noviembre se espera que se emita la sentencia definitiva.

A su vez, la administración de Calderón tuvo un respiro por la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a aceptar una demanda de controversia constitucional interpuesta por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Falta aún ver qué suerte corre la demanda promovida por el Congreso de Hidalgo y si la Cámara de Diputados presenta la suya. El punto se ha vuelto un asunto controvertido dentro de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que ve en ello el terreno de una fructífera negociación con el gobierno. Los diputados de la Confederación Nacional Campesina apoyan que se promueva la demanda.

El pasado 11 de noviembre se efectuó un paro cívico nacional en apoyo de los electricistas. La acción fue una contundente demostración de fuerza y de capacidad de convocatoria, una de las más resonantes en muchos años. El funcionamiento de la ciudad de México se desquició, el tránsito vehicular a través de las principales carreteras que conectan a la capital con el resto del país se estranguló por momentos y los medios de comunicación debieron reportar las acciones de protesta.

Curiosamente, como si respondiera a un guión dictado, la prensa destacó tres hechos: que en la protesta habían participado menos personas que en la marcha del 15 de octubre, que los trabajadores habían radicalizado sus acciones y que la dirigencia del SME había enarbolado un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Cómo midieron el número de asistentes a una jornada de lucha que duró más de 12 horas y que abarcó 22 estados de la República es un misterio.

La realidad fue mucho más compleja y rica. En estados como Michoacán y Oaxaca, por ejemplo, el magisterio suspendió clases en prácticamente todas las escuelas. En muchos de los municipios donde la generación eléctrica es la principal actividad económica, las movilizaciones paralizaron las actividades económicas. En la ciudad de México se efectuaron acciones simultáneas (desde asambleas hasta marchas) en multitud de colonias. Las universidades públicas del Distrito Federal no funcionaron; la participación estudiantil fue notable. Muchos de quienes protestaron no asistieron a la manifestación que fue al Zócalo porque ya lo habían hecho en sus centros habitacionales o de trabajo.

El paro cívico nacional no articuló el descontento existente entre los no organizados; no provocó una explosión social. ¿Alguien supuso seriamente que algo así sucedería el 11 de noviembre? Participó, sí, la mayoría de los sectores populares organizados del centro y parte del sur del país en los que las izquierdas influyen. A pesar de que muchas de las fuerzas involucradas enarbolaron sus propias demandas (por ejemplo, los telefonistas) fue, en lo esencial, una movilización de apoyo a los electricistas.

A cinco semanas de la declaración de guerra del gobierno federal contra el SME, la administración de Felipe Calderón no ha podido triunfar. Para avanzar en el terreno jurídico deberá hacer concesiones significativas al PRI en otros ámbitos. Un conflicto que creyó poder resolver en menos de un mes de plazo, y que necesitaba ganar con rapidez, persiste en la escena política nacional y amenaza con extenderse, radicalizarse y durar todavía más.