¡Gana dinero con PayMeDollar! [AD]

lunes, octubre 25, 2010

Morir en 43 segundos

Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal

El 28 de junio no se olvida. Fue el día en que asesinaron al candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú. La Marina, que mantiene operaciones militares sistemáticas contra el narcotráfico en Tamaulipas, insinuó que detrás del crimen se encontraban priístas. La PGR abrió una línea de investigación y sus indiscretos funcionarios esparcieron la misma versión en algunos medios cercanos. En sintonía, el presidente Felipe Calderón le dijo al gobernador Eugenio Hernández, que no descartaban que su propio partido hubiera acabado con la vida de Torre Cantú.

La inducción de esa hipótesis no fructificó porque las investigaciones llevaron por otros derroteros de los cuales, todavía hasta este momento, no se puede determinar para quiénes trabajaba el comando que realizó el crimen, y menos aún la autoría intelectual. Los Zetas, sobre quienes cayó la primera sospecha, se deslindaron del asesinato, en una acción inusual para una organización delincuencial. ¿Quién fue?

Información sobre la investigación del crimen recientemente obtenida permite afirmar que Torre Cantú fue víctima de una emboscada meticulosamente ejecutada, donde participaron al menos ocho vehículos y un mínimo de 16 personas, quienes realizaron el crimen en una operación donde todos estuvieron en movimiento sincronizado durante 3 minutos con 29 segundos, y realizaron la maniobra para detener a los dos vehículos del candidato y su escolta en 13 segundos, para finalmente acabar con Torre Cantú y cuatro acompañantes, en 43 segundos.

La mecánica de la emboscada se pudo reconstruir a partir de los videos de seguridad sobre la carretera Soto La Marina, en cuyo kilómetro 13 fue el asesinato, justo frente al Tecnológico de Tamaulipas, aproximadamente a las 10 horas con 37 minutos y 50 segundos, que es cuando se aprecia que todos los vehículos, atacados y atacantes, se detuvieron. Torre Cantú, que había pasado a despedirse de su padre, como era costumbre cada vez que viajaba, iba rumbo al aeropuerto para tomar un avión a Valle Hermoso, para un cierre de campaña.

Unas seis semanas atrás Mario Guajardo, candidato a la presidencia municipal de Valle Hermoso, fue asesinado. Torre Cantú había pedido que la camioneta blindada en la que siempre viajaba, se adelantara a esperarlo a esa ciudad, por lo que en su corto recorrido hacia el aeropuerto, utilizaría un vehículo desprotegido. Los videos muestran que la operación de su asesinato estuvo planeada para ese día, hipótesis que se sostiene por el hecho que una hora antes de la emboscada, varios vehículos que participaron en ella se habían colocado en sus posiciones.

Los videos muestran que al menos cuatro vehículos, una camioneta Edge blanca, un auto compacto también blanco, una camioneta Mazda roja y una Suburban gris, se estacionaron metros adelante del entronque del libramiento “Naciones Unidas” que conecta con la carretera a Sota La Marina. También se ve cuando dos minutos antes de que pasarann por ahí las camionetas de Torre Cantú, la Suburban regresó hacia el libramiento y aguardó su paso en una gasolinera.

El primer registro de esos minutos finales en la vida de Torre Cantú se da a las 10 horas con 34 minutos y 21 segundos, cuando se ve a los dos vehículos del candidato detrás de una camioneta Van y un Pointer blancos, que participaron en la emboscada, casi frente a la Procuraduría estatal. Al llegar a la intersección, el Pointer iba casi pegado a la defensa trasera del vehículo de los escoltas, y al pasar por la gasolinera, la Suburban se incorporó a la fila, para entrar a la carretera.

Un minuto antes de ello, se ve en los videos, los tres vehículos que aguardaban a un costado de la carretera, en un aparcamiento de tierra donde hay una decena de automóviles, tomaron su posición. Al pasar las dos camionetas del candidato, arrancaron con fuerza, levantando una polvareda al sumarse al pelotón.

Las cámaras marcan las 10 horas con 37 minutos y 37 segundos. Todos los autos que participarían en el asesinato estaban en movimiento. Esto revela que el aparcamiento de tierra junto a la carretera es donde se ubica el comienzo de la zona de la emboscada. De ese lugar al sitio donde lo mataron, no hay más de 133 metros, y se estima que la velocidad a la que iban los vehículos era una máxima de 90 a 110 kilómetros por hora.

Las cámaras muestran dos vehículos más, uno que se incorpora desde un punto cercano a la caseta de peaje de la carretera, y otro que circula en sentido contrario y a la altura del Tecnológico se da una vuelta en “U” para participar en el ataque. Una de las camionetas del pelotón se adelantó a los vehículos de Torre Cantú y tras obligarlos a reducir la velocidad hasta 60 kilómetros por hora aproximadamente, se amarró y provocó un choque con la camioneta del candidato. La cámara señala las 10 horas con 37 minutos y 45 segundos. Dos vehículos más del pelotón comenzaron a disparar por el costado derecho, y uno más disparó al vehículo de las escoltas desde el lado izquierdo.

En ningún video se apreciar la escena de la ejecución, pero un sobreviviente afirmó que a Torre Cantú lo bajaron del vehículo y lo mataron; no se bajó voluntariamente de la camioneta, como inicialmente se especuló. Del momento en que están parados todos los automóviles y vuelven a ponerse en movimiento, pasaron 43 segundos.

Las cámaras muestran a la Edge, el Mazda y la Van de regreso sobre la carretera hacia el libramiento, y toman rumbos distintos. Una hora después, revela un video, la Edge pasó nuevamente por la intersección de la carretera con el libramiento. El resto de los vehículos, aparentemente, huyeron hacia Soto La Marina. La operación tuvo una precisión y ejecución, que no suele haber en los crímenes con sicarios.

En el asesinato de Torre Cantú destacó la forma cómo actuaron coreográficamente a alta velocidad ocho vehículos, donde cada uno tuvo un rol: unos dispararon y otros vigilaron y cuidaron la retaguardia. No fue una planeación improvisada. Sabían sus rutinas, la programación de su campaña y, quizás, que ese día no viajaba en un blindado.

No fue un mal día para Torre Cantú. Su muerte fue planeada por algún motivo y un fin que no está claro. Lo que sí parece cierto, es que ese día iba a ser el último de vida del candidato.

Los héroes de García Luna

Eduardo Ibarra Aguirre

En el cumplimiento de su deber cayeron 208 integrantes de la Policía Federal, desde diciembre de 2006, en que comenzó la llamada guerra contra el crimen organizado, y junio de 2010, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, que no son tan duros como sería de esperarse tratándose de vidas humanas y de agentes que son “héroes que entregaron su vida de manera consciente por un ideal: construir un mejor país”, como expone discursivamente Genaro García Luna.

Las cifras no cuadran, por ejemplo el mismo ingeniero informó el pasado 6 de agosto que de diciembre de 2006 a julio de 2010 fueron contabilizados 463 caídos “por ejecución, enfrentamiento y agresiones realizadas por la delincuencia organizada”, nunca precisó si contempla sólo a la corporación bajo su mando, la SSP, o también a la Policía Federal Ministerial, dependiente de la Procuraduría General de la República.

Con independencia de todo el alarde tecnológico del que da cuenta la insultante propaganda televisiva y radiofónica gubernamental, palidece ante la incapacidad para contabilizar las bajas de los agentes policiacos federales, el hecho es que con frecuencia son despedidos los restos mortales con encendidos discursos de los integrantes de la elite de la PF, honores de sus compañeros y la Bandera Nacional es entregada a las viudas o padres.

Pero la enseña patria y las emotivas ceremonias de muy poco le sirven a los deudos a la hora de hacer válidos los derechos elementales: el cobro de los seguros de vida a cargo de empresas privadas, la pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como ISSSTE, y la asesoría sicológica que, dicho sea de paso, se brinda a cuentagotas.

Gracias al trabajo reporteril de Gustavo Castillo (La Jornada, 18-X-10, pp. 2-3) fue posible conocer el viacrucis que padecen las viudas y familiares de los caídos, a los que la SSP ofreció “un proyecto de vida y con la alternativa de crear toda una carrera policial”, pero en realidad padecen la doble tragedia de la pérdida del ser querido y las interminables exigencias burocráticas. Es la mexicanísima tramitología en los tres niveles de gobierno, auspiciadora de la bajísima productividad laboral, sin que autoridad alguna haga algo al respecto, y fuente de millones de ciudadanos extorsionados por funcionarios de oficinas privadas y públicas.

Naturalmente que ninguno de los testimonios publicados se acompaña del nombre auténtico y mucho menos del domicilio, por razones más que obvias. Rosa María, por ejemplo, acumula 13 meses de trámites y es objeto de “interrogatorios humillantes”. Raquel recibió la bella bandera hace 10 meses y todavía no puede cobrar la pensión del ISSSTE, aunque obtuvo 600 mil pesos por el seguro de vida de su marido, menos el descuento de 20 por ciento para que el trámite fuera rápido. A Jovita no le quieren dar la pensión porque su hijo era portador del VIH/sida y resume su trajinar con la siguiente frase: “Dinero, botella o queso. Algo hay que darles siempre”.

La triplicación del gasto de la SSP, de 10 mil 638 millones de pesos, en 2006, a 32 mil 437 millones de pesos, en 2010, y la publicitada tecnología de punta, ni remotamente se reflejan en la atención oportuna, transparente y cálida de los deudos que, además, en el mejor de los casos recibieron una sesión sicológica por familiar, viuda e hijos, como lo demuestran las estadísticas del reportaje de Castillo.

Mas las corruptelas provienen desde las alturas de la SSP, donde hasta hace un año algunos jefes hurtaban la mayor parte de los viáticos autorizados a los agentes en comisiones de trabajo. Y a este pillaje le llaman guerra.

Juanito “no-doy-una”

Francisco Rodríguez / Índice Político

JUNTO AL PROPIO Felipe Calderón, Juan Molinar Horcasitas personifica al “grillo” de partido político que, en cargos de responsabilidad pública, nada más no da una. Acción que emprende, acción que resulta fallida o, en el peor de los casos, se le revierte.

De las pifias, erratas y monumentales “osos” que el politólogo de Acatlán ha perpetrado en el IMSS y, hoy, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes –que ocupa desde la defenestración de Luis Téllez–, podría escribirse una enciclopedia. Con un anexo donde se exaltara su estulticia y su soberbia.

La SCT es, hoy por hoy, la dependencia que más conflictos enfrenta… y es incapaz de resolver. Se le caen los puentes –apenas, otro, en el kilómetro 30 de la carretera Tampico-Mante–… por su ineficiencia la FAA estadounidense degrada a la aviación mexicana al nivel ínfimo… Gastón Azcárraga y compinches saquean –y quiebran– a la aerolínea Mexicana, prácticamente en sus narices… las Administradoras Portuarias de han convertido en los más grandes nidos de corrupción –ayudados por deshonestos funcionarios de la SHCP–… sus licitaciones son una burla a la Contraloría, o como se llame ahora esa dependencia ocupada por un primo de Calderón, y al sentido común… y por si fuera poco, arrastra el mayor de los subejercicios presupuestales, cuando la inversión en transportes y comunicaciones, incluidas por supuesto las electrónicas, son hoy estratégicas para los habitantes del país.

Ahora que, todo ello –y mucho más que el breve espacio no permite enlistar– es hasta cierto punto natural. Una fallida Administración, como la encabezada por Calderón, no tendría por qué mantener un área de Comunicaciones y Transportes que fuese eficiente y exitosa. Tiene rato que al país lo mal administran mediocres, pusilánimes, y además corruptos que desvían los recursos públicos no invertidos o gastados hacia fideicomisos privados de los que nadie vuelve a saber… hasta que por ahí aparecen apoyando candidatos blanquiazules en campañas electorales.

De ello ha hablado apenas el senador Manlio Fabio Beltrones: hay un grave desorden en los sectores estratégicos de la economía nacional. Y ello obedece, desde su punto de vista, a la actuación de la Administración basada en decretos y criterios partidistas.

“Nos preocupa que se empiece a volver costumbre gobernar por decreto, algunos de ellos emitidos y ejecutados en días inhábiles, porque ello no es propio de gobiernos democráticos y sólo abona a la incertidumbre sobre las reglas del juego”, dijo el presidente de la Cámara Alta en un encuentro con integrantes de la Liga de Economistas Revolucionarios.

Beltrones, además, sostuvo que en el sector de telecomunicaciones las consecuencias de los decretos presidenciales animados por criterios partidistas están a la vista: procesos que se judicializan como en el llamado “apagón analógico”, y refrendos como en el caso de la radio que no generan la seguridad jurídica que otorgaría una ley derivada de un proceso legislativo ordinario.

En forma similar, el empeño en designar a los “cuates” en puestos de alta responsabilidad pública para empujar intereses partidistas, ha dado lugar a una licitación, la 21, del espectro radioeléctrico que es un monumento a la opacidad y la corrupción, y cuya cancelación es ahora obligada; a graves omisiones en materia de política aeronáutica como es el caso de Mexicana y el incumplimiento de requerimientos de seguridad internacional; a una franca ineptitud para ejecutar el programa nacional de infraestructura; así como a numerosos juicios laborales e indemnizaciones ocasionadas por los despidos que ocasiona la contratación de funcionarios inexpertos, cuya lealtad mal entendida linda con el vasallaje.

Esta acumulación de incompetencias e irresponsabilidades debe frenarse de inmediato, por el perjuicio que está causando a los bienes y a los intereses públicos, así como a la competitividad del país y el bienestar de los consumidores.

Por eso se está llamando a comparecer ante el Senado de la República a los titulares de la SCT y la Cofetel; y por eso la insistencia en legislar para que los órganos de regulación económica sean autónomos y transparentes en sus decisiones, y en modernizar el régimen presidencial para fortalecer los mecanismos de equilibrio y control entre los poderes públicos, enfatizó Beltrones.

Ahora que una comparecencia, no va a quitarle a Juanito “No-doy-una”, ni siquiera la soberbia, menos aún lo… ineficiente. ¿O sí?

Índice Flamígero: La SCT enfrentará en breve huelgas en las Administradoras Portuarias Integrales. El emplazamiento corre a cargo del Sindicato Autónomo de Trabajadores y Empleados de Comercio, Industria, Agencias Aduanales y Similares de la Republica Mexicana ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Sospechas de la guerrilla sobre el secuestro de Fernández de Cevallos

Al considerar a la guerrilla como responsable del secuestro del "Jefe" Diego, se señala indirectamente al PDPR-EPR, ya que se ha mencionado como la única organización con la infraestructura para realizar una acción de esta magnitud y también por la venganza de sus desaparecidos.

Jorge Lofredo


Abierto un compás de espera hasta conocer la segunda parte del comunicado de Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), algunos elementos merecen destacarse a partir de la información que se ha dado a conocer sobre el secuestro de Diego Fernández de Cevallos. Sin que ello implique, necesariamente, culpabilidad o inocencia de su parte, debido a la escasez de elementos y datos duros, es llamativo que se hayan descartado otras hipótesis en tanto que la de la responsabilidad guerrillera se ha sostenido durante todo este lapso.

En un primer momento se señaló por la responsabilidad del hecho al Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), pero tras dos comunicados, donde deslindó su responsabilidad, circuló una nueva versión, esta vez acerca de la participación de un desconocido Ejército de Liberación Nacional (ELN) –idéntica denominación a la organización colombiana– que tendría presencia en las Huastecas, la que contiene la idea implícita de la participación de extranjeros en el secuestro o, por lo menos, de mexicanos asesorados o vinculados con organizaciones del exterior.

Después se mencionó al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), pero el grupo ha sido descabezado en dos ocasiones y también dio a conocer un escrito en el cual negó cualquier participación en el hecho. Debido a ello se argumentó la relación entre la organización con sicarios o profesionales en esta materia. (La alianza entre un grupo revolucionario con sicarios, delincuentes u otro con esas características definiría la descomposición política, incluida la abdicación ideológica, de la organización política: de hecho, es lo ideológico lo que distancia a un grupo armado común del revolucionario y ningún argumento que se esgrima alcanzaría para justificar esta decisión.) Finalmente se mencionó a TDR-EP.

La relevancia que adquiere el nuevo texto se limita a que TDR-EP sí admitió en forma explícita la práctica del secuestro como una medio “legítimo” de actividad político-militar –la expropiación a los poderosos como medio de financiación, demostración táctica de fuerza ante el “enemigo” y estrategia publicitaria para sus fines–, esta es la diferencia y circunstancia que la separa de otros grupos con similares características y objetivos, quienes negaron en reiteradas ocasiones su decisión de producir en este tipo de hechos. Aún así, restará saber si en su próximo escrito referirá a la cuestión abordada.

Sin embargo, el deslinde vía comunicado no alcanza para condenar o absolver de responsabilidad alguna, pues sólo sirve para conocer su posición pública sobre un hecho político determinado. Hay que evaluar, en cambio, el contexto político que rodea a las organizaciones. El PDPR-EPR siempre subrayó que su actividad se rige por lo ideológico y lo político, más no así por venganza, y si se comprobase una hipotética participación o responsabilidad en el secuestro, de inmediato sería inculpado de un acto con esta motivación. Y no sólo ello: le quitaría todo espacio para cualquier argumento como así también su credibilidad y búsqueda de legitimidad en cuanto a sus demandas por la presentación con vida de sus desaparecidos. En este contexto, el PDPR-EPR no anunció la conclusión de su campaña político-militar, en la que se incluyen los atentados contra los ductos de Petróleos Mexicanos, pero continuará en tregua mientras prosiga en funciones la Comisión de Mediación.

El argumento que sostiene al acto de venganza como respuesta por los desaparecidos no sólo sería inculpatorio por el hecho en sí mismo sino también deslegitimador, porque de esta manera se lo reduce exclusivamente a su expresión armada y se lo vacía de todo contenido político. De esta manera, la venganza se presenta como un aspecto “natural” de su actuación, lo que le quitaría toda legitimidad a sus reivindicaciones. Sin embargo, la sola mención del vocablo “guerrilla” tanto como “EPR” (hay una cotidiana y usual referencia de su denominación sólo como “ejército”, sin mención de “partido”, con lo cual se lo iguala automáticamente con el uso de la violencia) refiere, indiferenciadamente, a un sector o conjunto que contiene como argumento central la “teoría de los espejos”, aquella que señala la inexistencia de las divisiones internas y que en realidad compone una estrategia de seguridad del eperrismo como también para proyectar una imagen de un México asediado por distintas organizaciones guerrilleras.

Por todo ello, al considerar a la guerrilla como responsable del secuestro en general resulta un señalamiento indirecto al PDPR-EPR en particular, debido a que no se reconoce a los grupos escindidos de esta organización como autónomos; porque además se ha mencionado como la única organización de
esta especie con la infraestructura necesaria para realizar una acción de esta magnitud; y, finalmente, porque se le impuso una razón: la venganza por sus desaparecidos.

Posdata: También existe una expectativa razonable por las definiciones que decidan ofrecer las organizaciones político-militares sobre los acontecimientos en San Juan Copala y el reciente asesinato de Beto Pazos –por mencionar sólo dos ejemplos recientes– sobre los cuales, hasta ahora, no se ha conocido ni una línea desde ese lugar. Será interesante conocer también, si ello así sucede, algún argumento que rompa la lógica discursiva acotada a la denuncia de la guerra de baja intensidad o el testimonio del paramilitarismo, y profundice más sobre las causas, razones y circunstancias de lo que allí sucede. Oaxaca es una de las entidades donde la presencia guerrillera ha sido una constante, tal como lo han reconocido algunos de estos grupos, desde décadas pasadas. En fechas más recientes el PDPR-EPR, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, TDR-EP como Coordinación Revolucionaria o Comando Magonista de Liberación, Brigada Popular Revolucionaria del Sur (sí existe un texto, sobre un total de dos, donde vinculan a San Juan Copala con Loxicha y que data de mayo de este año), la Organización Revolucionaria Armada del Pueblo de Oaxaca (reivindicó de la colocación de un petardo contra un cajero automático en esa capital en pleno desarrollo del conflicto), el Ejército Revolucionario del Sureste o elMovimiento Armado Revolucionario-Frente Revolucionario Patriótico Nacional (a quien “no le temblaría la mano para hacer justicia”) han emitido señales de presencia en el estado –aunque, vale la obvia aclaración, muy distintas unas de otras– principalmente cuando tuvo lugar el movimiento social encabezado por la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO). Por supuesto que muchas de ellas ya no existen o de hecho nunca han existido. Sin embargo, es de esperar que, debido a la magnitud de estas circunstancias, se manifiesten sin recaer en lugares comunes como los ya mencionados más arriba o, peor aún, redunden en un silencio imposible de explicar.

El arranque de Manlio Fabio

Martha Anaya / Crónica de Política

Manlio Fabio Beltrones arrancó con fuerza su pre-pre campaña. Muy a su estilo, a través de la palabra.

Comenzó la semana pasada con un spot en el que se presenta a los escuchas como alguien de clase humilde, que estudió en escuelas públicas y que hoy, como Presidente del Senado, quiere “reordenar” al país y que México “vuelva a crecer y a creer en sí mismo”.

¡Poner orden en el país!, es su divisa. Viene repitiéndolo de unas semanas para acá y en el spot de dos minutos y medio que lanzó vuelve al punto tras anunciar una serie de giras por el país con la idea de “poner orden para cambiar a México”.

Si alguien –que los había—pensaba que el sonorense se quedaría de brazos cruzados mirando cómo punteaba a lo lejos Enrique Peña Nieto, se equivocó. Pero valga mencionar que la decisión de Manlio Fabio de lanzarse de manera tan abierta por la candidatura presidencial del PRI lleva más mar de fondo que su simple aspiración.

Sus cálculos políticos incluyen no sólo el apoyo de algunos de sus compañeros tricolores sino que llevan también el impulso –explícito o tácito, según el caso—de otras fuerzas y poderes que van más allá del ámbito político. Su decisión, como diría uno de sus cercanos, “no la tomó a tontas ni a locas”.

Y si el spot que a la fecha se transmite marcó su banderazo de salida, este domingo Manlio Fabio Beltrones comenzó a desmenuzar sus dichos en un comunicado cuyo tono, por su dureza, es clásico de temporadas electorales. Éste va dirigido al área de telecomunicaciones y aquí van algunas de sus expresiones:

-Se gobierna “por decreto y con criterios partidistas”.

-Hay “falta de experiencia y ética profesional” en el sector.

-Se empeñan en designar a los “cuates” en puestos de alta responsabilidad para empujar intereses partidistas.

-La lealtad mal entendida de funcionarios inexpertos “linda con el vasallaje”

Pero el texto no se queda en meras frases sueltas. Se sostienen con hechos que enumera del propio ámbito de las telecomunicaciones:

-Procesos que se judicializan como en el llamado “apagón analógico”, y refrendos como en el caso de la radio que no generan la seguridad jurídica que otorgaría una ley derivada de un proceso legislativo ordinario.

-Una licitación (21) del espectro radioeléctrico que es un monumento a la opacidad y la corrupción, y cuya cancelación es ahora obligada

-Graves omisiones en materia de política aeronáutica como es el caso de Mexicana y el incumplimiento de requerimientos de seguridad internacional.

-Una franca ineptitud para ejecutar el programa nacional de infraestructura.

-Numerosos juicios laborales e indemnizaciones ocasionadas por los despidos que ocasiona la contratación de funcionarios inexpertos.

Esta “acumulación de incompetencias e irresponsabilidades debe frenarse de inmediato”, demanda el Presidente del Senado, “por el perjuicio que está causando a los bienes y a los intereses públicos, así como a la competitividad del país y el bienestar de los consumidores”.

Y reitera para concluir en su insistencia en legislar para que los órganos de regulación económica sean autónomos y transparentes en sus decisiones, y en modernizar el régimen presidencial para fortalecer los mecanismos de equilibrio y control entre los poderes públicos.

Es así como el senador Manlio Fabio Beltrones entra a la competencia por el 2012 junto con su compañero de partido Enrique Peña Nieto para hacer el dos a dos frente a las figuras de la izquierda que ya también se echaron a andar: Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard.

¡Gana USD con Neobux, prueba la nueva sección de ENCUESTAS!