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viernes, octubre 08, 2010

El secreto mejor guardado de México

Francisco Garfias

El cártel de los hermanos Beltrán Leyva no cesa de buscar a los marinos que participaron en el operativo que hace 10 meses le costó la vida al Jefe de Jefes. Quieren venganza y para lograr sus propósitos han utilizado incluso las vías legales para allegarse información.

La Secretaría de Marina ha recibido solicitudes de la CNDH; los juzgados civiles, el IFAI, y hasta de la Sedena, para que identifique a los elementos que integraron el comando que en diciembre del 2009 irrumpió en el conjunto residencial Punta Vista Hermosa Cuernavaca, donde el temido capo murió acribillado

Las solicitudes han sido rechazadas con el mismo argumento: si los identificamos, son hombres muertos, aseguran fuentes de la Marina.. El asesinato de la familia del contramaestre Melquicedec Angulo Córdova, caído durante el asalto al refugio del fallecido Arturo Beltrán Leyva, transformó esa lista de nombres en “el secreto mejor guardado de México”.

Durante el operativo, la Marina bloqueó y escuchó todas las llamadas hechas por El jefe de Jefes poco antes de su muerte. La información que obtuvo es valiosísima. “Telefoneó a gente muy importante”, aseveraron las fuentes. La pregunta es ¿y que se hizo con esa información?

Las mismas fuentes nos aseguran que Los Zetas tienen serios problemas para “cubrir la nómina” de sus sicarios en Tamaulipas. Miembros de esta banda criminal, que la Marina detuvo por la terrible matanza de los 72 migrantes centro y sudamericanos, “nos dijeron que ya no querían ser Zetas, porque sus jefes no les pagaban”.

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La defensa de Enrique Peña Nieto, que hacia el diputado local del PRI, Pablo Basañez exasperó a su homólogo del PAN, Jorge Ernesto Insunza. El panista reviró con una cascada de descalificaciones al gobernador mexiquense, quien se ha convertido en el blanco de las críticas de azules, amarillos y naranjas, por ser el puntero en las preferencias electorales de cara al 2012.

El panista calificó los 600 compromisos del mandatario de obedecer a una “campaña mediática” para acrecentar su popular. Manifestó que la entidad es la número 32 en transparencia y el 28 en competitividad, y criticó duramente al gobierno por utilizar recursos para apuntalar la imagen de Peña Nieto que pudieran aliviar rezagos en el estado.

Ya encarrerado, acabó por tildar de “autoritario” al mandatario estatal priista y se fue al extremo: ¿Sabe usted cual es la única diferencia entre Díaz Ordaz y Peña Nieto? Preguntó a bocajarro. Sin esperar la respuesta, se autorespondió: “En que Díaz Ordaz era feo…”

¿La va a dejar pasar? Le preguntamos a Basañez. “Ese es un comentario absurdo”, repuso el priista, con cierto desdén.

La escena ocurrió durante la grabación del programa La Hora 25 que se transmitirá hoy a las 20:30 horas por Capital 21, la televisión por Internet del GDF. En el programa participó también el diputado federal del PRD, José Luís Jaimes, quien calificó de “regresiva y autoritaria” la llamada Ley Peña. “Es una reforma que busca reglas electorales a modo para los candidatos del partido en el poder en el Estado de México”, aseguró.

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El “oso” de la semana se lo llevaron los diputados de la ALDF. Primero acordaron eliminar el bono semestral que se entregaba a secretarios técnicos, mandos medios y superiores, en un esfuerzo por mostrarse austeros. Quitaron incluso el recurso del presupuesto para el 2011.

La cosa se complicó ahora que cambiaron de opinión. Y es que 44 de los 66 asambleistas piden que sí se les entregue el bono a estos funcionarios. El problema es que no está presupuestado. El recurso tendría que ser descontado de sus dietas, gastos en módulos, y el dinero adicional que reciben por ser presidentes de comisiones. ¿Serán tan generosos para aceptarlo? Dos a uno a que no.

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Juan Molinar Horcasitas no ve la suya. Ahora fue el diputado del PT, Mario di Constanzo, el que solicitó un juicio político contra el secretario de Comunicaciones y Transportes “por las inexcusables violaciones cometidas al emitir el fallo de la Licitación 21” del espectro radioeléctrico, a favor de Nextel.

El obradorista fue más lejos. Pidió juicio político también para Mony de Swann y Gonzalo Martínez Pous, en su carácter de Comisionados de Cofetel, por el “perjuicio” a los intereses públicos fundamentales, ocasionado con el fallo de los concursos para la citada Licitación 21. El fallo, pues, sigue coleccionando resistencias.

Cadena perpetúa para secuestradores

Omar Sánchez

Los diputados federales aprobaron castigar ayer a secuestradores que operan en México y la condena alcanzó hasta 70 años de prisión para quienes maten omutilen a sus víctimas.

Con esa pena, a diferencia de cualquier otro delincuente la minuta aprobada ayer por amplia mayoría, impide a los plagiarios la posibilidad de reintegrarse a la sociedad.
El proyecto contempla una bolsa por 98 millones de pesos como fondo de apoyo para la atención de víctimas del secuestro la cual se orientará a la atenciónmédica y psicológica, así como protección a menores en desamparo.

A los agentes investigadores la nueva ley les permite intervenir comunicaciones privadas, colocar dispositivos electrónicos de localización y vigilancia asecuestradores que por mal estado de salud o vejez no puedan purgar su condenaen la cárcel.

La medida tipifica el secuestro exprés, el autosecuestro y la retención comosecuestro. Además, establece que a la víctima se le deberán reparar los dañoscon recursos obtenidos en los procedimientos de extinción de dominio, es decir cuando se les confisquen propiedades a los delincuentes.

En la sesión estuvieron presentes los dos principales personajes sociales que han encabezado una intensa lucha para combatir el secuestro, quienes tuvieron la desgracia de que sus hijos fueran secuestrados y asesinados: Isabel Miranda Wallace y Alejandro Martí

“Esta ley es un triunfo de la sociedad civil, que organizada y coordinada colos legisladores demuestra que sí se pueden lograr acuerdos para bien del país ypara vivir enconvivencia”, dijo Wallace

“La ley antisecuestro es el vivo ejemplo de que se pueden dar logros importantesdesde la sociedad civil sin ocupar cargos burocráticos y vivir del erario”,aseguró Alejandro Martí.

El polémico Vargas Llosa

Martha Anaya / Crónica de Política

Ocurrió hace dos décadas. Mario Vargas Llosa fue invitado a México para participar en una serie de conferencias y mesas redondas que había organizado la revista Vuelta. Ahí, en ese marco, el escritor peruano soltó la famosísima frase que calificaría a México y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) como nadie antes lo había hecho: que en México se vivía una “dictadura perfecta”.

Aquellas declaraciones armaron tal revuelo en ese entonces –agosto de 1990–, tiempos en que gobernaba Carlos Salinas de Gortari, que al día siguiente de sus declaraciones Vargas Llosa abandonó el país de toda prisa y las últimas conferencias organizadas por Vuelta hubieron de suspenderse.

La polémica que desató el ya para entonces ex candidato presidencial –recién había perdido las elecciones en su país de origen, Perú, nada menos que frente a Alberto Fujimori—fue tal, que declaraciones, demandas, aplausos, gritos, injurias…¡de todo!, se dijo en ese momento del autor de “Conversación en la catedral”, “La ciudad de los perros”, “Pantaleón y las visitadoras”, “La tía Julia y el escribidor”, “La guerra del fin del mundo”, “La fiesta del chivo”.

Pero cómo fue aquel episodio. Hubo un momento en la conversación entre los participantes –recuerdo a Octavio Paz, a Enrique Krauze y al propio Vargas Llosa— en la mesa “Del comunismo a la sociedad abierta”, en el que tanto Paz como Krauze presagiaban el fin del PRI, pero Paz precisó que a diferencia de países como la Unión Soviética, en México aún cuando había muchos problemas, se tenían libertades políticas, sociales y económicas.

Vargas Llosa alegó entonces que México tenía todas las características de una dictadura, de una dictadura camuflada que utilizaba como medio al PRI. A saber: la permanencia de un partido que es inamovible, una dictadura que además había creado una retórica de izquierda y que a lo largo de su historia reclutó, muy eficientemente, a los intelectuales.

“El partido único –dijo aquella vez– concede suficiente espacio para la crítica, en la medida que esa crítica le sirve porque confirma que es un partido democrático pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia”.

Aseveró además que la reivindicación que hizo la Revolución del pasado, también había sido otro de los instrumentos que utilizaba “el sistema dictatorial del PRI para eternizarse”; es más, agregaría: “ha sido otro argumento de esa gran demagogia retórica a lo largo de su historia del PRI que se ha prestado a muchas falsificaciones”.

Así de fuertes e incisivos fueron sus comentarios en aquel encuentro de intelectuales cuando el país venía de sufrir una de sus elecciones más polémicas, la de 1988, en la que se enfrentaron Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas.

Cuando Vargas Llosa concluyó su intervención, Krauze alabó su “valentía” y mencionó la palabra “dicatablanda”. Paz, en cambio, se deslindó con un: “Yo hablé de sistema hegemónico de dominación…; yo, como escritor y como intelectual, prefiero la precisión. No se puede hablar de dictadura”.

Eso fue hace veinte años. Quién dijera lo que atestiguaríamos ahora: en lo que a México se refiere: el PRI dejó Los Pinos y ahora toca de nuevo a la puerta; ya no se habla de dictadura perfecta sino de democracia imperfecta o de Estado fallido. Y por lo que él toca, al propio Vargas Llosa, luego de haber perdido las elecciones frente a Alberto Fujimori, es distinguido ahora con el Premio Nobel de Literatura.

Sabadazo, Univisión y Brozo

Jenaro Villamil

Una serie de eventos, en apariencia inconexos, se sucedieron desde que el viernes 1 de octubre, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, decidió pasar por alto las medidas cautelares ordenadas por varios jueces y entregar los títulos de concesión para que Televisa y Nextel exploten durante 20 años la nueva banda de telefonía móvil convergente con triple play.

Un día después, el sábado 2 de octubre, Molinar convocó a una rueda de prensa para confirmar que la “ganga” a favor de Televisa-Nextel se había consumado. “No existía ningún obstáculo legal vigente para la entrega de los títulos”, advirtió.

Con cinismo, Molinar mintió y pasó por alto las severas críticas que horas antes le emitió el diputado federal panista, Javier Corral, quien lo acusó de formar parte de una trama de corrupción para favorecer a la empresa mediática más poderosa del país.

Molinar se indignó durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, pero ocultó la información sobre la entrega de los títulos.

El sabadazo de Molinar sólo confirmó cómo Televisa ordena y los funcionarios del gobierno calderonista se arrodillan. Peor aún: ningún funcionario de la televisora se atrevió a dar la cara en la rueda de prensa extraordinaria convocada en las instalaciones de la SCT. Sólo asistieron al sabadazo los representantes de la empresa Nextel, Peter Foyo y Gustavo Cantú.

El lunes 4 de octubre, el abogado de Grupo Salinas, Salvador Rocha Díaz, afirmó que se procederá legalmente contra Molinar por haber incurrido en al menos tres tipos de responsabilidades al firmar los títulos de concesión: de carácter administrativo, porque los entregó en contra de los mandatos judiciales; de carácter penal, por el desacato que le valdrá una demanda ante la PGR, y de carácter político, que puede costarle el puesto al funcionario que ha tenido un pésimo papel en el caso de la quiebra de Mexicana y en las licitaciones de la fibra óptica y de telefonía móvil, ambas en beneficio de Televisa.

Televisa envió el mismo lunes 4 un extraño comunicado a sus inversionistas bursátiles. En él señala lo siguiente: “Grupo Televisa S.A.B. anunció el día de hoy que, con respecto a la adjudicación de la concesión del espectro por 30Mhz en la banda AWS el pasado viernes, Grupo Televisa y NII Holdings están evaluando si las condiciones precedentes para cierre de la transacción se han alcanzado o se podrán alcanzar”.

En otras palabras, la sociedad con Nextel no es segura.

El críptico mensaje quedó en segundo plano frente al anuncio mediático de Emilio Azcárraga Jean, quien afirmó en Nueva York que Televisa va a invertir 1,200 millones de dólares para comprar el 5% del capital de Univisión y llegar hasta el 30% de la inversión en este conglomerado.

“Mediante este acuerdo, Univisión podrá expandir la oferta de canales de TV de paga y Televisa logrará finalmente llegar con su contenido a plataformas de internet a través de Univisión.com”, afirmó el presidente de Televisa.

El anuncio triunfalista tenía otro objetivo: convertir la derrota de Televisa en la compra de Univisión (junio de 2006) en una victoria pírrica. Falta que el consorcio de Azcárraga Jean sea autorizado por las entidades regulatorias y antimonopólicas de Estados Unidos.

En el país vecino no todo es tan rápido ni tan fácil para que Televisa incremente su presencia monopólica en territorio norteamericano. Ahí no hay un Juan Molinar o un Felipe Calderón que hagan todo para favorecerlas. Además, existe un candado legal que impide que un extranjero posea más del 25% de propiedad de un medio de comunicación electrónica en Estados Unidos.

Y eso lo saben Azcárraga Jean y su vicepresidente, Alfonso de Angoitia.

El anuncio tenía el objetivo de posicionar a Televisa en el mercado bursátil mexicano. Y lo lograron. Este martes, los títulos de la televisora (CPO’s) cotizaron en 53.80 pesos, lo que representó una ganancia de 12.8%, en comparación con un día antes. Pura especulación bursátil.

Todo parecía bien hasta que Brozo, el “Payaso Tenebroso”, el alfil de Televisa en los videoescándalos, lanzó al aire esta mañana una amenaza digna de un sicario: “Ya estamos sobre ti. Ya todos los instrumentos que hay en la empresa y en la justicia mexicana estamos muy cerca de ti. Hazte a un lado, bríncate, llégale como quieras. Estás en peligro. Ya estamos muy cerca y te vamos a caer, si te metes con uno de nosotros te metes con todos. Ya te chingaste y te lo estoy diciendo por la buena”.

Tal amenaza tuvo como pretexto un twittero que se hizo pasar por su colaboradora Marissa Rivera. Brozo afirmó que le llegaron amenazas que fueron subiendo de tono. Y como parece que no existe ministerio público que valga, Televisa decidió lanzar una amenaza al aire, sin que la dirección general de Radio, Televisión y Cinematografía –un organismo fantasma que solía vigilar que los concesionarios cumplan con la ley-- le dijera nada. Al menos hasta ahora.

¿De qué se tratan estos mensajes? ¿Televisa intimida así a las redes sociales o a sus críticos? ¿Estamos en la impunidad mediática o en un nuevo macartismo televisivo?

Agenda legislativa: militares y fuero civil

Sara Lovera

Mujeres organizadas se dispusieron a analizar, el pasado viernes 1, cuáles son los temas de la agenda en beneficio de las mujeres. Hay uno, actual y candente, que nos tendría que hacer reflexionar.

De manera central, esta agenda debería atajar la violencia institucional contra las mujeres, como la ocasionada por el funcionamiento de policías y militares.

Hace una semana, los senadores –encabezados por Manlio Fabio Beltrones– señalaron que el gobierno mexicano debía cumplir con los señalamientos de la Corte Interamericana para sacar del Código Militar la interpretación de que los militares sólo deben ser juzgados por una Procuraduría Militar, aun cuando cometan delitos del orden civil, lo que viola la Constitución.

Bastaría leer el artículo 13 de la Constitución, que señala claramente que “nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, y subsiste el fuero de guerra por delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares, en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”.

Hay más: “cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá el caso la autoridad civil que corresponda”.

El mandato constitucional es tan claro que provoca ira saber que las quejas realizadas a través de mecanismos nacionales e internacionales sobre abusos militares, no a paisanos, sino a paisanas, rebasa media centena, sin embargo persiste una impunidad que lacera.

Pero con frecuencia se ve que hay fiebre por legislar. Llovido sobre mojado, sin mirar lo esencial, e irse al bosque sin mirar la rama. ¿Para qué necesitamos tantas leyes, reacomodos, mejoras, si la Constitución es tan clara?

En el Congreso hay al menos tres iniciativas documentadas para que los militares respondan por delitos del orden común y penal como civiles, porque ninguna acción militar puede justificar el abuso a las mujeres.

Así también, una centena de modificaciones para perfeccionar leyes en materia de violencia contra las mujeres circulan desde que Griselda Álvarez --la primera gobernadora del país, a finales de los años 70-- puso el acento en que había que pasar del horror de considerar como mucho peor el robo de una vaca, que la violación a una mujer.

Hay ordenamientos estatales, como el de Quintana Roo, que todavía dicen eso. Las modificaciones urgen en los estados, o habría que hacer uso del 133 constitucional para hacer efectiva la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Belém do Pará, que México ratificó desde 1994.

Hoy sabemos que el estado de violencia circula y se pega como una hidra en el país, lo que hace prioritario detener el horror, donde las violaciones a manos de integrantes del Ejército son ciertas, insostenibles e inaceptables y se mantienen impunes.

Se conocen, se han documentado al menos 20 casos que no significan 20 personas, sino muchas más. Solamente en 1978, 18 mujeres fueron violadas en la región Triqui de Oaxaca; tres en Altamirano, Chiapas, en abril de 1994; otras más en San Cristobalito, en 1995, y también en Lagos de Montebello, por hablar sólo de Chiapas, pero está el caso de Soledad Atzompa, Veracruz, donde en 2007 fue violada Ernestina Ascencio, quien murió a causa de ese atropello. Y también la denuncia de dos adolescentes violadas en Ciudad Lerdo, Durango, en 1998, a manos de militares de la VI Zona Militar.

Desgraciadamente estos casos, documentados, sostenidos, tramitados en los espacios nacionales e internacionales, no han recibido la visibilidad necesaria, y la batalla por la justicia empieza a significar alguna respuesta.

Todo esto viene a cuenta porque el pasado viernes 1, cuando sesudamente se revisaba lo que había que hacerse, se supo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió dos sentencias condenatorias para el Estado mexicano sobre los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas guerrerenses violadas sexualmente por miembros del Ejército Mexicano en 2002 (la primera en Barranca de Bejuco y la segunda en Barranca de Tecuani).

Evidentemente esta sentencia condenatoria se suma a la surgida por el asesinato de varias jovencitas en lo que se conoce como Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En breve se conocerá oficialmente la primera sentencia relativa a la violación de mujeres a manos de elementos del Ejército, y debiera, esperamos, como la del Campo Algodonero, significar que en lo inmediato el Congreso resolverá las iniciativas que obran en sus archivos para, de una vez, juzgar en tribunales civiles decenas de casos que han sido documentados, como decía, desde 1956, entonces con el justificante de la guerrilla y hoy con el del narcotráfico.

Las denuncias de hechos similares han sucedido, según la investigación de numerosas organizaciones sociales y periodísticas, en Guerrero, Oaxaca, Durango, Chiapas, Veracruz.

Por supuesto que no puede desdeñarse el comunicado difundido por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Organización del Pueblo Indígena Me ‘phaa (OPIM), en el que resaltan que las sentencias fueron notificadas el pasado viernes 1 y significan un “reconocimiento a la búsqueda de la justicia de las mujeres indígenas”, quienes han mantenido su acusación desde 2002, año en que fueron agredidas sexualmente.

Querella similar existe desde 1994 por el atropello a las indígenas tzeltales, que también atiende Cejil y que comenzó la abogada Martha Figueroa.

El Estado Mexicano se rehusó sistemáticamente a reconocer el abuso de los militares que entonces habían cercado a cientos de comunidades en Chiapas, por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

La sentencia por los casos de Fernández Ortega y Rosendo Cantú ocuparán miradas y comentarios, porque la CoIDH considera al Estado mexicano “directamente responsable de haber violado el derecho a una vida libre de violencia, a no ser torturadas, a la integridad personal de los familiares de las víctimas, a la protección de la dignidad y la vida privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial”.

El tribunal estima que México “ha incumplido con la obligación de adecuar la ley interna con los tratados internacionales”, aunque la Ley General y sus similares en casi toda la República, que garantizan una vida libre de violencia para las mujeres, está, por supuesto, armonizada al derecho internacional.

Lo grave es que no se cumpla ninguna de las dos aristas y que, se sabe, “las sentencias son definitivas y no pueden ser impugnadas por el Estado”.

Lo importante es ir más allá: Las legisladoras debían concentrarse en hacer valer los contornos que ofrece la sentencia, no sólo en lo que se refiera a la reparación de daño para Inés y Valentina, sino sacar a relucir las denuncias históricas, las que están documentadas en la misma Corte, las archivadas en numerosas organizaciones de derechos humanos, y no quitar el dedo del renglón, en el sentido de señalar que el Ejército en la calle es un peligro real para las mujeres.

Es de aplaudirse la tenacidad de Cejil, que en forma sistemática e inteligente ha logrado armar un expediente tan contundente que la Corte actuó y ordenó, según las ONG, medidas para garantizar que hechos como los litigados no vuelvan a ocurrir.

Los documentos siempre dicen eso. Lo grave es que ocurre, sigue pasando, a la vista de todas y todos, sin posibilidades de juzgar a los culpables.

Al cierre de este escrito, la Secretaría de Gobernación ya había emitido un comunicado para dar cuenta de la recepción de las sentencias condenatorias, sin mencionar en ninguno de los nueve párrafos del documento que quienes agredieron sexualmente a Valentina e Inés fueron miembros del Ejército Mexicano. Lo de siempre.

El Departamento de Estado apoya a tropas estadunidenses en México


Por Erin Rosa / Via The Narco News Bulletin / Traducción del inglés por Fernando León

Contratos muestran que un Grupo de Operaciones Especiales de la Escuela de las Américas trabaja dentro del país

A petición del gobierno mexicano, el Departamento de Estado de los EEUU, está proporcionando entrenamiento militar para tropas mexicanas dentro de territorio mexicano, de acuerdo con datos federales obtenidos y por un comunicado dado a conocer por el Departamento.

Los datos obtenidos del Sistema Federal de Obtención de Datos muestra que en septiembre la Embajada de los EEUU en México pagó a los Hoteles Sheraton más de 15,000 dólares para un evento del Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (WHINSEC por sus siglas en inglés, anteriormente conocido como la Escuela de las Américas), una escuela del Departamento de Defensa que se especializa en entrenar a estudiantes de América Latina y que tiene una notable historia de contribuir a las violaciones a los derechos humanos en el extranjero.

La Universidad de Operaciones Especiales Conjuntas (JSOU, por sus siglas en inglés), escuela militar que enseña tácticas de operaciones especiales, también aparece involucrada. El Departamento de Estado no ha revelado que hoteles Sheraton fueron utilizados, pero los datos obtenidos afirman que el trabajo se llevó a cabo en México. La cadena hotelera Sheraton enlista las ubicaciones de sus hoteles en México en el centro histórico de la Ciudad de México, en la lujosa área de Santa Fe de la misma ciudad, en el centro turístico de Cancún, y en la ciudad de Monterrey.

Cuando se le preguntó al vocero de la Embajada, Alexander Featherstone, sobre los datos obtenidos, primero afirmó que el Comando Norte de los EEUU (NORTHCOM), unidad militar creada en 2002 para misiones de seguridad nacional, está involucrado con el entrenamiento de militares mexicanos con ayuda del Departamento de Estado.

“A petición del gobierno mexicano en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, el Comando Norte lleva a cabo intercambio de información y entrenamiento a través de grandes áreas y disciplinas”, Feahterstone dijo. “Estos entrenamientos se realizan tanto en México como en los EEUU.”

“Estas oportunidades de entrenamiento e intercambio han ayudado a que militares en México y Estados Unidos construyan una relación basada en la confianza, beneficio mutuo y en el mutuo respetuo a la soberanía”, agregó Featherstone.

En cuanto a los pagos del hotel, Featherstone dijo entonces que el Departamento de Defensa, a través de la Oficina de Coordinación de la Defensa en la Embajada de los EEUU, utiliza los salones de conferencia para “seminarios, conferencias y como lugar de reunión”, incluyendo eventos que se enfocan en los “esfuerzos antidrogas.”

Cuando se le preguntó si los fondos utilizados por la embajada eran parte de la Iniciativa Mérida, un pacto de seguridad acordado en 2008 en el que los Estados Unidos proporcionan entrenamiento y equipo para las fuerzas armadas y policiales mexicanas para librar la guerra contra las drogas, Featherstone dijo que no lo eran.

“Si bien este entrenamiento militar no es financiado por los fondos de la Iniciativa Mérida, el gasto es parte del espíritu de los objetivos de la Iniciativa Mérida y apoya plenamente los esfuerzos del gobierno de los EEUU para trabajar en estrecha colaboración con México,” dijo Featherstone.

Los equipos móviles de entrenamiento de la Escuela de las Américas y las Fuerzas Especiales

El Departamento de Estado no ha respondido las preguntas que buscan saber qué es exactamente lo que WHINSEC y JSOU estaban haciendo el mes pasado en México, y el Departamento de Estado remitió las preguntas a la Embajada en la Ciudad de México. La base de WHINSEC está en Fort Benning, Georgia, y la de JSOU se encuentra en Hurlburt Field, Florida.

La organización sin fines de lucro “School of the Americas Watch (SOA Watch)” que ha estado monitoreando al WHINSEC desde antes que cambiara su nombre en 2001, encontró que la escuela ofrece Equipos Móviles de Entrenamiento (MTT, por sus siglas en inglés), los cuales han sido enviados a otros países de América Latina. De acuerdo a una lista del curso 2004 obtenida por la organización, los MTT imparten clases en temas como “instrumentos militares y poder” y “operaciones conjuntas.”

A principios de año, WHINSEC anunció que había enviado esos equipos para entrenamientos militares a El Salvador, Colombia, Panamá y la República Dominacana.

En los últimos 60 años, WHINSEC ha ganado una obscura reputación como el lugar donde nacen los abusos a los derechos humanos. SOA Watch ha documentado numerosos casos en los que “cientos de miles de latinoamericanos han sido torturados, violados, asesinados, desaparecidos, masacrados y obligados a refugiarse por soldados y oficiales entrenados en esa Escuela.”

La JSOU realiza entrenamiento a fuerzas especiales. Un informe publicado por la escuela en Marzo, titulado “Compromiso Militar de los EEUU con México”, afirma que “A pesar del poco conocimiento público, las relaciones militares EEUU-México han cambiado radicalmente en los últimos años.” Al examinar la amenaza de la “narcoguerrilla” en México, el documento dice “Las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas (SOF, por sus siglas en inglés) en particular—así como componentes especiales encargados de la aplicación de la ley—han recibido una importante ayuda militar de los EEUU.”

Otras fuentes previamente habían informado a Narco News que un grupo de operaciones especiales bajo el mando del Pentágono está operando dentro de México, y está llevando a cabo “acciones directas” en contra de organizaciones del narcotráfico.

“El nivel de comunicación y cooperación entre los EEUU y las Fuerzas Armadas Mexicanas se ha incrementado dramáticamente en los últimos dos años y representa un máximo histórico,” dijo Featherstone.

Más denuncias por abusos a los derechos humanos en México

En México, el ejército ha estado plagado de denuncias de abusos a los derechos humanos y de corrupción con el narcotráfico. Nunca antes había habido tantas denuncias en contra de militares por abusos a los derechos humanos como en el sexenio del presidente Felipe Calderón. De las 4,035 denuncias que se han presentado desde 2006, solo 56 militares han sido sancionados.

En septiembre, el Departamento de Estado anunció la retención de 26 millones de dólares de los fondos de la Iniciativa Mérida debido a preocupaciones sobre los abusos cometidos por los militares mexicanos. El mismo mes, cuatro soldados fueron arrestados en el estado norteño de Nuevo León, después de haber disparado y matado a dos civiles que supuestamente no se habían detenido en un retén en la carretera.

Los Zetas, un relativamente nuevo grupo narcotraficante de ex militares de las fuerzas especiales mexicanas, habitualmente acaparan los titulares mexicanos por enfrentamientos con el gobierno federal y con los militares. Desde que Calderón utiliza al ejército para enfrentarse a los grupos narcotraficantes, la violencia sólo ha aumentado en el país, con más de 28,000 personas muertas debido a violencia relacionada con la guerra contra las drogas desde 2007.

La pregunta continúa siendo en que exactamente están entrenando el Departamento de Estado y los militares estadunidenses a los soldados mexicanos.

Eco-Noticias Político No. 601

Monitoreo del Entorno Político para los Negocios
Período del 30 de Septiembre al 05 de Octubre de 2010


NOTICIAS DEL IMPERIO DEL ESTADO DE DERECHO

EU prepara “agresiva” estrategia contra los cárteles mexicanos
Estados Unidos prepara una estrategia "agresiva" contra las finanzas de los cárteles mexicanos de las drogas, aseguró Jennifer Shasky, jefa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un artículo publicado en un diario estadounidense. […] El Departamento de Justicia de Estados Unidos está reorganizando su unidad contra el lavado de dinero para frenar el flujo de los cárteles mexicanos para lo que aseguró la funcionaria que se crearán dos grupos que se abocarán, "de forma agresiva", a esta tarea, así como a combatir activos de gobernantes corruptos. […] Dijo que el tema de los cárteles mexicanos "es una prioridad" para el gobierno de Barak Obama, por lo que las medidas que se tomarán a combatirlos también representan un cambio estratégico en el papel del Departamento en la guerra contra las drogas de México, para lo cual la Sección de Confiscación de Bienes ha empezado discretamente la contratación de 10 fiscales y abogados para dos grupos que se centrarán en estos esfuerzos. […] Las contrataciones señalan una escalada en la misión de lucha contra la corrupción y se enmarcan en las obligaciones derivadas de acuerdos internacionales. [Redacción / SDP; Sep. 30 / 2010]

ERPI afirma no tener que ver con el secuestro del Jefe Diego
De acuerdo a la organización guerrillera el secuestro del Diego Fernández de Cevallos es "es el resultado de las luchas intestinas de los grupos de poder que saquean y usufructúan las riquezas de la nación. Éste personaje es el fiel representante de la clase política corrompida que ha impuesto una política económica contraria al interés del país". […] En el comunicado, el ERPI acusó al "mal gobierno" de filtrar versiones a los medios de comunicación sobre el secuestro de este político, donde se menciona a su agrupación y declaran "al pueblo de México que no tenemos ninguna responsabilidad en el caso Diego, ni asesoramos a otros proyectos revolucionarios, amén de que no tenemos actualmente relación con otras organizaciones político-militares mexicanas". […] En la opinión del ERPI, la versión en la cual ellos pudieron secuestrar al político panista, sólo busca "criminalizar la lucha revolucionaria". [Redacción / SDP; Sep. 30 / 2010]

Rumor y mentira son hermanos
Hay versiones de que la familia de Fernández de Cevallos pagó la segunda parte del rescate. Que pronto habrá novedades. ¡absolutamente falso! Quien lo insinúe miente como cretino irresponsable. Ya se sabe. Ya se supo… [José Cárdenas, Ventana, El Universal, Oct. 05 / 2010]

Negar la violencia
En cinismo no hay quien les gane
Las 14 personas, ocho adultos y seis menores, lesionados el sábado en la plaza pública de Guadalupe, Nuevo León, debieron conocer con alivio las palabras del Procurador Alejandro Garza: la violencia de que fueron víctimas en realidad no existe. Sus heridas y dolores, por lo tanto, han de ser virtuales, o imaginarios. O quizá tampoco existen: si la causa no se produjo, tampoco los efectos. […] Al cumplirse un año de su ascenso al Gobierno, el priista Rodrigo Medina sólo puede ofrecer a sus gobernados una peregrina tesis como la expuesta por su Procurador de Justicia. Tras una sesuda reflexión, el Procurador que contribuyó con su apresurada declaración a difundir la especie de que eran sicarios caídos en acción los estudiantes de posgrado del Tecnológico de Monterrey, muertos cuando salían tranquilamente del predio universitario, encontró explicaciones al atentado sufrido el sábado por la población civil en aquel municipio conurbado a Monterrey, y probablemente también a los ataques a varios edificios, importantes de suyo y además simbólicos, ocurridos el viernes anterior: "Podemos considerar como línea de investigación que las mismas fuerzas (las de la delincuencia organizada) están tratando de contrapuntear a la autoridad con la ciudadanía, haciéndola creer que existe una violencia que en realidad no existe". [Miguel Ángel Granados Chapa, Plaza Pública, Grupo Reforma, Octubre 05 / 2010]

…un puñado de interrogantes fundamentales:
¿Quién cree en la Procuraduría General de la República, en el Ministerio Público, en los jueces estatales o en los federales?, ¿quién cree en la imparcialidad de los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales, en los policías estatales y municipales?, ¿quién cree que no existe presunción de vínculos criminales entre gobiernos y narcos...? [Ricardo Alemán, Itinerario Político, El Universal, Octubre 05 / 2010]

La guerra contra el narco
Ni Calderón ni el país estaban preparados para esta operación. Escasamente mencionó la lucha contra el narco en campaña. El Congreso y el Senado actuaron irresponsablemente. Se negaron a escuchar a expertos que advirtieron la inminente necesidad de reestructurar el sistema de justicia penal y asegurarse de tener un buen equipo experto y blindado de ministerios públicos y jueces especializados en delincuencia organizada. Eligieron a procuradores débiles que mantuvieron a la PGR/SIEDO y al Poder Judicial casi intocados, cuyo reporte diario es: “estamos infiltrados, señor”. [Lydia Cacho, Plan B, El Universal, Octubre 04 / 2010]

Detienen por robo a Diego Sada
Diego Sada Zambrano, fundador de Marco y ex directivo de Alfa, fue detenido ayer por la PGR acusado de un robo en el extranjero por varios millones de dólares. […] Al mediodía de ayer, Sada fue aprehendido por elementos de la Policía Federal Ministerial al salir del sepelio de su hermana Lucía Sada, en San Pedro. […] La PGR actuó en base a una acusación de su ex esposa, María Eugenia Santos de Hoyos. […] El manejo presuntamente ilícito de Sada de una cuenta bancaria en Nueva York fue lo que generó que la autoridad estatal diera vista a la PGR, por tratarse de un delito del fuero federal. […] Una fuente de la Policía señaló que Sada, de 70 años, fue internado en el Cereso de Apodaca, sin precisarse si tenía derecho a fianza debido a que no se tiene claro el monto de la acusación. […] Aunque oficialmente no se señaló la cantidad robada, según fuentes podría ascender a 35 millones de dólares. [El Norte / Staff; Octubre 03 / 2010]

Sobre el caso de corrupción entre la empresa ABB y la CFE
Aquí en México nadie se siente amenazado con motivo de que la CFE haya presentado una denuncia de hechos en la Procuraduría General de la República a fin de profundizar en el caso ABB. Si el asunto está en la PGR eso significa que no hay nada de qué preocuparse, Elías Ayub sigue firme en su puesto con el apoyo del presidente Calderón. ¡Que viva el año de Hidalgo! [Enrique Galván Ochoa, DINERO, La Jornada, Oct. 01 / 2010]

Lo que quiso decir el Secretario de C y T
Lo que el secretario Molinar Horcaditas quiso decir es que se pasó por el arco del triunfo la sentencia judicial. [RAYUELA; La Jornada; Octubre 05 / 2010]

GOBIERNO DE FELIPE CALDERÓN

También los políticos del PAN saben prosperar en sus patrimonios
Si el departamento en Polanco de Navalú causó revuelo, hay que esperar la casa que Patyfló (Patricia Flores Elizondo, Ex jefa de la Oficina de la Presidencia con Calderón) construye en Las Lomas. [Carlos Loret de Mola, Historias de reportero, El Universal, Octubre 05 / 2010]

El cinismo de nuestras autoridades no tiene límite
El ataque en la plaza pública de Guadalupe, y otros dos similares, hicieron al avispadísimo procurador de justicia de Nuevo León, Alejandro Garza y Garza, abrir una línea de investigación respecto al hecho de que los narcotraficantes están tratando de contrapuntear a lo que es la autoridad con la ciudadanía, haciendo creer a ésta que existe una violencia que en realidad no existe, haciéndole aparentar hechos falsos, para desestabilizar lo que en estos momentos que estamos viviendo de tranquilidad. [Julio Hernández López, ASTILLERO, La Jornada, Octubre 04 / 2010]

Secretos del michoacanazo
El ensordecedor ruido esconde, sin embargo, una pequeña historia de acuerdos políticos por encima de la ley, pactos rotos, intrigas dentro del gobierno y un choque en el gabinete de seguridad cuando se dio el golpe del llamado Michoacanazo que el presidente Felipe Calderón no pudo resolver. El papel del presidente es toral, pues sus decisiones titubeantes, falta de control dentro del gabinete y secretarios que tomaban decisiones en lugar de él, no sólo contribuyeron a magnificar la politización de la justicia sino colocaron al propio gobierno en el ridículo. […] La historia del Michoacanazo no comenzó el 29 de mayo de 2009, sino desde que Calderón era presidente electo. * * * Si sus intenciones son tan prístinas como dice el discurso oficial, no se sustentan en la práctica. Al final, en la historia secreta del Michoacanazo, no quedan como sabor de boca los considerandos de seguridad nacional que significa la lucha contra el narcotráfico, sino los sinsabores de la manipulación de la justicia con fines políticos, y el asombro de que ni las cosas turbias pueden hacerlas bien. [Raymundo Riva Palacio, Estrictamente Personal, El Financiero, Octubre 01 / 2010]

Después del intento de “golpe” en Ecuador…
Ejem, ejem, dicen, ¿y Feli seguirá pensando en una policía única?
[Eva Makívar, La Créme de la Créme, El Financiero, Oct. 04 / 2010]

LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL

¿Cuántos y cuáles son los precandidatos a la Presidencia que pueden con el “paquete”? (Hay que ir analizando con tiempo el asunto)
Si en México existiera un verdadero gobierno, Gastón Azcárraga estaría preso, acusado de estafarle mil 500 millones de pesos a Banorte, mil millones al Banco Nacional de Comercio Exterior y 20 por ciento de sus salarios de cuatro años a los pilotos de Mexicana de Aviación, que era la principal aerolínea de nuestro país hasta que Vicente Fox se la regaló en 2005 para que la saqueara, la llevara a la quiebra y la dejara en los huesos. […] Si en México hubiera instituciones que protegieran los intereses de los ciudadanos, también estaría en la cárcel el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, cuyo hermano, Javier, fue miembro del consejo de administración de Mexicana y cómplice de Azcárraga. […] Si en México quedara en pie un vestigio del estado de derecho, los ex titulares de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Luis Téllez también estarían sujetos a proceso, como sospechosos de asociación delictiva con Gastón Azcárraga, ya que éste inició el desmantelamiento de la aerolínea durante las gestiones de ambos funcionarios. […] Pero el aparato judicial está en manos del hampa y Azcárraga disfruta de su impunidad, mientras los pilotos, con más de 30 años de antigüedad laboral en promedio se encuentran en completo desamparo, y 8 mil empleados, entre sobrecargos, mecánicos y personal de tierra, perdieron su trabajo y sus ahorros, y decenas de miles de personas más que prestaban servicios a la industria turística en los puntos de las rutas de Mexicana, se quedaron sin visitantes y deberán cerrar sus negocios. […] ¿Quién va a salir en defensa de este conglomerado de víctimas? Nadie. El timonel y los navegantes de ese barco en pleno naufragio que llaman “gobierno federal” sólo piensan en conservar el poder a toda costa después de julio de 2012 y el pavor que sienten frente a la posibilidad de perderlo explica sus desesperadas acciones de esta semana pródiga en medidas y propuestas absurdas. [Jaime Avilés, DESFILADERO, La Jornada, Oct. 02 / 2010]

LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA VAN DE LA MANO

Permisos de construcción 007
(Licencia para matar o terrorismo)
Los inquietantes sucesos de los últimos días, me refiero al infame granadazo del sábado en la noche en la Plaza Municipal de Guadalupe y a los tres del día anterior en otros puntos del área metropolitana, han traído a la agenda pública el tema del terrorismo. Es oportuno, me parece, que ubiquemos en su exacta dimensión la irresponsabilidad de funcionarios públicos estatales, municipales y judiciales que autorizan o amparan construcciones habitacionales extremadamente riesgosas y en la irresponsabilidad de los constructores que compran permisos y amparos ciegos. […] Los que permiten construir así y los que construyen así son terroristas que conspiran y atentan indiscriminadamente contra la comunidad, como indiscriminadamente atentaron contra la vida de los inquilinos de los edificios Santa Fe y de docenas de edificaciones riesgosas o construidas en zona de riesgo que son autorizadas diariamente, siempre aduciendo excusas fútiles, como la de que los reglamentos no piden tal o cual estudio, lo que los otorgantes de los permisos de los edificios Santa Fe tomaron como una licencia de matar. [Felipe Díaz Garza, Grupo Reforma, Octubre 04 / 2010]

REFLEXIONES

Mexicana y el concepto de la “Democracia” de los gobiernos mexicanos
¿En qué terminará ese “esfuerzo” por evitar la quiebra (de Mexicana)? Sólo para dar una idea de cómo se las gastan en el gobierno federal en eso de “evitar quiebras”, vale recordar que en 1995, cuando los Azcárraga fueron “rescatados” por el Fobaproa, el plan gubernamental era quedarse con 6 por ciento de las acciones de Mexicana de Aviación y Aeroméxico; al final de cuentas se quedó con la parte mayoritaria, le inyectó miles de millones de pesos, le pagó, con intereses, los adeudos a los bancos involucrados, y diez años después la regresó, a un precio de regalo, a quienes una década atrás la habían quebrado. ¿Y los mexicanos? Pague que te pague el Fobaproa. * * * Las rebanadas del pastel: ¿Kafka en los negocios mexicanos? No: simple muestra de la “democracia de, para y por los empresarios” (Fox dixit). [Carlos Fernández-Vega, MÉXICO SA, La Jornada, Sep. 30 / 2010]

¿Entonces qué es?
Dice la Iglesia -sí, la Iglesia- que México no está "colombianizado"; Hillary Clinton afirmó que la violencia en nuestro País asemeja una "insurgencia armada", y nuestro Gobierno mandó taparle la boca con cinta canela; Colin Powell y otros afirman que lo que padecemos es "terrorismo" y los desmienten en un tris. […] ¿Cómo le llamamos entonces cuando tiran una GRANADA en una plaza pública HIRIENDO, lisiando y por poco matando a DOCE inocentes? […] ¡Nos damos! […] ¿Qué es, cómo se llama, cómo se le denomina a un escenario cuando en un País detonan coches bomba y tiran granadas a gente inocente en lugares públicos? […] Si no es colombianización, si no es insurgencia, si no es terrorismo, ¿entonces qué es? [Fricasé, El Abogado del Pueblo, El Norte, Octubre 04 / 2010]

El “Poder” de TELEVISA
…desde las pantallas de la compañía presidida por Emilio Azcárraga Jean se han fabricado telenovelas de nota roja como la de Salvador Cabañas y el Bar Bar, lo mismo que se ha atacado con saña a quienes pretenden instaurar una tercera cadena nacional televisiva o a quienes, como el diario Reforma, han insistido en las gangas con que Televisa y Nextel se están haciendo de nuevos negocios en materia de telecomunicaciones (Iusacell asegura que por esas concesiones deberían haberse pagado 5 mil millones de pesos, no 180 millones 300 mil pesos, lo que a juicio de la empresa de Ricardo Salinas Pliego “es un robo”). Televisa también ha mostrado su talante persecutorio en cuanto la periodista Carmen Aristegui trata a fondo en su noticiario radiofónico temas que resultan molestos para la firma cuyo emblema es El canal de las estrellas; igual agresión continua se mantiene contra el diputado panista Javier Corral, quien ha sido un persistente e informado denunciante de los excesos de dicha televisora. [Julio Hernández López, ASTILLERO, La Jornada, Octubre 01 / 2010]

Entran 2 mil armas diarias de EU a México
El decomiso de armas de contrabando en la frontera entre Estados Unidos y México ha aumentado al pasar de 155 en 2009 a 310 en lo que va de este año, y pese a lo cual no se ha logrado reducir significativamente el flujo, afirmó hoy el diario USA Today. […] Las armas decomisadas, que incluyen granadas y cohetes, representan una fracción mínima del flujo de armas de Estados Unidos hacia México, que según cálculos del Instituto Brookings, es de dos mil al día, apuntó el periódico. […] El director de operaciones de búsqueda en la frontera de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Steve Stavinoha, dijo al rotativo que la situación 'es un reto para nosotros' y que la agencia está reformulando su estrategia. [Redacción SDP / Notimex; Octubre 01 / 2010]

Lula, hechos; Calderón, discursos
De la diferencia entre gimnasia y la magnesia: mientras Lula sostiene que en poco tiempo seremos la quinta economía del mundo, porque las condiciones están dadas, el inquilino de Los Pinos promete lo mismo, pero para 2050. Ésa es la diferencia entre hechos y discursos. [Carlos Fernández-Vega, MÉXICO SA, La Jornada., Octubre 05 / 2010]

San Juan Copala y el Estado fallido

Javier Sicilia

Las circunstancias que se viven en dos extremos del país –Ciudad Juárez, Chihuahua, y San Juan Copala, Oaxaca– dejan claro lo que la propaganda mediática del centro quiere borrar: la evidencia de un Estado fallido. Aunque las circunstancias son distintas en los factos –Ciudad Juárez es rehén del narcotráfico; San Juan Copala, de paramilitares–, en sustancia son idénticas: ambos lugares son la muestra más clara de que vivimos en un país donde el Estado, que ha entrado en crisis, claudicó en su vocación fundamental –garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos– para convertirse en garante de la impunidad del poder.

Pero si la situación de Ciudad Juárez es terrible, la de San Juan Copala es peor. Aquí no es el vacío del gobierno el que impera, sino el uso ilegal del Estado para destruir uno de los fundamentos del Estado moderno: la subsidiaridad, es decir, el respeto máximo al derecho a la autodeterminación o, mejor, a la libre determinación de todos y cada uno de los miembros de una estructura social a autogobernarse.

San Juan Copala es una comunidad triqui de alrededor de 750 habitantes. Su lengua es una variante del mixteco. En diciembre de 2007, apoyándose en una declaración de la ONU, como consecuencia del movimiento zapatista, se convirtió en municipio autónomo, es decir, dejó de formar parte del de Santiago Juxtlahuaca.

La respuesta por parte del gobierno a esta proclamación no fue, como debía esperarse, aceptarla y trabajar con ella bajo el principio de la subsidiaridad, sino formar grupos paramilitares a través de una organización llamada Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), y poner a San Juan Copala en estado de sitio.

El 27 de abril de 2010 una caravana humanitaria, compuesta por 27 personas y seis vehículos se puso en marcha. Su intención era romper el cerco ilegal y llevar víveres y medicamentos a sus pobladores. Cerca de la población la caravana fue brutalmente atacada por los paramilitares. La mexicana Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola murieron; otros fueron heridos durante la huida, y varios más, retenidos y liberados días después. Desde entonces no sólo nadie ha podido entrar en San Juan Copala, sino que el estado de sitio se ha recrudecido. La Ubisort, de manera semejante a lo que sucedió en Sarajevo, ha apostado francotiradores en la parte alta del pueblo con la consigna de disparar a quien esté en la calle, y desde que los paramilitares se adueñaron del territorio hasta el momento en que escribo hay 500 desplazados, 30 asesinados y un número indeterminado de heridos.

Lejos de intervenir, el gobierno de Oaxaca, tanto bajo el mandato de Ulises Ruiz como del actual gobernador de la coalición, Gabino Cué, se escuda en el argumento de que “la región mixteca se ha vuelto peligrosa por las luchas intestinas del pueblo triqui”. El senador Carlos Jiménez Macías lo dijo a raíz del atentado que sufrió la caravana humanitaria donde Cariño y Jaakkola perdieron la vida: “Quienes organizan caravanas con extranjeros son los verdaderos asesinos (…) Si conduces gente hacia una emboscada, ¿eres o no responsable de lo que va a suceder? Los culpables son los que los llevaron allí” (La Jornada, 31 de mayo de 2010).

Calificar de “región peligrosa” a la mixteca y responsabilizar del atentado a testigos civiles que, frente a la inoperancia del Estado, llevan ayuda humanitaria a una población secuestrada, no es sólo el colmo del cinismo, sino el alarde de que el Estado hoy sólo sirve para administrar la impunidad, porque sabemos muy bien que bajo el poder del Estado se creó en San Juan Copala la Ubisort, se formó a los paramilitares y se les dotó de armas de uso exclusivo del Ejército y de sistemas de comunicación; asimismo, bajo el poder del Estado se declaró “zona de peligro” a la región mixteca y se ha evitado que las fuerzas de la legalidad entren en ese territorio y garanticen la vida y la libertad de los ciudadanos de Copala y de las caravanas humanitarias. Bajo ese mismo poder se ha dejado a Ciudad Juárez a merced de otras formas del paramilitarismo: las del crimen organizado.

El ciudadano del Estado moderno mexicano comienza a parecerse a ese “cliente generalizado” del que habla Giorgio Agamben en ¿Qué es un dispositivo?, ese cliente “que (bajo el espectro del miedo terminará ejecutando) celosamente todo lo que se le ordena hacer y no (se opondrá) a que sus gestos más cotidianos –su salud, sus diversiones, sus actividades, su alimentación y sus deseos– sean comandados y controlados hasta en sus detalles más íntimos por dispositivos”.

En una obra anterior, Homo sacer, a la que me referí en mi artículo El hombre desnudo y la guerra de Calderón (Proceso 1756), Agamben comparó a ese ciudadano con el “hombre sagrado” al que, según el derecho romano, la república no podía matar, pero cuyo asesino gozaría de la impunidad. De esa impunidad gozan hoy no sólo los soldados que, en su persecución de criminales, matan ciudadanos, sino también los que no son soldados, esos mercenarios a sueldo que sirven a innumerables poderes tanto en la región triqui como en Ciudad Juárez.

Hoy más que nunca urge repensar y refundar el Estado desde las vidas comunitarias de las regiones.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz.

Anuncian posible liberación de político mexicano secuestrado

PL

Los informativos de México amanecieron hoy alertas ante la posibilidad de que sea liberado el ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, luego del anuncio de su familia de que llegó a un acuerdo con sus captores.

El político del gubernamental Partido Acción Nacional (PAN) fue secuestrado en su rancho en el estado de Querétaro por desconocidos al anochecer del pasado 14 de mayo.

El periódico La Jornada informó que la familia de Diego Fernández de Cevallos envió una carta al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, en la cual le informa haber llegado a un acuerdo con los plagiarios del ex senador de la república.

La propia fuente señaló que los familiares de Fernández de Cevallos informaron al Procurador que el político del PAN sigue vivo y se espera su pronta liberación.

El pasado 13 de septiembre los secuestradores enviaron un correo electrónico a la prensa nacional, en la que adjuntaron una fotografía del Jefe Diego -como le llaman en medios políticos mexicanos- con el torso desnudo y los ojos vendados.

La PGR suspendió las investigaciones sobre el secuestro desde un principios, a pedido de las hermanas e hijos del abogado panista, quienes comunicaron a las autoridades que se mantenían en contacto con los secuestradores para negociar el rescate, por lo que deseaban no existiera intromisión policial.

Los informativos nacionales sostienen que en la PGR se filtró la información de que por el rescate de Fernández de Cevallos serán pagados 50 millones de pesos mexicanos, poco más de cuatro millones de dólares, al cambio actual.

Hace tres semanas, la Procuraduría General de Justicia de Querétaro declinó su responsabilidad en el caso, el cual traspaso al ámbito de la PGR.

Precisamente el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la vispera la primera ley antisecuestro de México, que contempla duras penas para quienes plagien a personas, incluidos los casos de retención de personas con fines de extorsión.

Aprueban en México ley que castiga el secuestro hasta con 70 años de cárcel

La Cámara de Diputados de México aprobó ayer una Ley Antisecuestro que establece penas de hasta 70 años de prisión, sugerida por el Gobierno federal como una medida para combatir este delito que ha crecido en los últimos años.

La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro fue aprobada por la cámara baja con 353 votos a favor, ocho abstenciones y cuatro en contra. Ahora, será enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En la norma quedaron descartadas la pena de muerte y la cadena perpetua como lo propusieron, en el primer caso, algunos sectores de la sociedad, y, en el segundo, el presidente Felipe Calderón.

Esta ley, aprobada en abril pasado por el Senado de México, dice que el llamado secuestro exprés se castigará con una pena de 20 a 40 años de prisión, y de 25 a 45 años en caso de que participen servidores públicos.

Cuando la víctima sea sometida a mutilación, el delito será castigado con penas de 25 a 45, y de 40 a 70 años si es asesinado el secuestrado.

El Ministerio Público actuará de oficio en todos los casos de secuestro y este delito no prescribirá. También establece la reparación del daño a víctimas y ofendidos.

En una sesión ordinaria, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Luis Ovando, refirió que en los últimos cinco años el secuestro en México se incrementó en un 317 por ciento, periodo que coincide con una espiral de la violencia desatada por el crimen organizado.

El diputado por el gobernante Partido Acción Nacional (PAN) señaló que de acuerdo a un informe que realiza el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, tan solo de 2007 a 2009 ocurrieron 236 casos de secuestro, en los que fueron plagiadas 294 personas.

Expuso que este delito afecta a los comerciantes en un 27,8 por ciento, 21 por ciento a estudiantes, el 16 por ciento a empleados y un 14,5 por ciento a empresarios.
La ley obliga a las fiscalías estatales a crear y operar unidades especiales para el secuestro, las cuales contarán con ministerios públicos, policías y funcionarios especializados en la materia.

Además, se establece un plazo de 180 días para conformar el fondo para la atención y para la prevención, sanción, persecución y castigo de los secuestradores.

El diputado Humberto Benítez Treviño, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que, para la creación del Fondo Nacional para Atención a Víctimas del Secuestro, la Comisión de Presupuesto de esta institución bicameral asignó de forma inicial 98,7 millones de pesos (8 millones de dólares).

"El verdadero enemigo del derecho penal es el delincuente, no es la sociedad (...) por eso se justifican las penas altas que marca la Ley, estableciendo hasta 70 años cuando se priva de la vida a la persona secuestrada", dijo el legislador.

Representantes de organizaciones civiles, como la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y el presidente de México SOS, Alejandro Martí, se congratularon por la medida del Legislativo.

Según datos de Alto al Secuestro, en 2009 fueron denunciados en México unos 1.300 casos de secuestro, cifra que supuso un aumento de un 15% en relación a 2008.

Con “goyas” expulsan a simpatizantes del SNTE de acto en la UNAM

Durante el coloquio "Dos siglos de educación en México", una persona interrumpió al dirigerse al ponente: "Dile a los jóvenes que sin el SNTE no van a tener empleo".

México, DF. Un grupo de simpatizantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue expulsado del Auditorio “Jesús Silva-Herzog” de Ciudad Universitaria al grito de “goya”, por parte de universitarios que se encontraban en el lugar.

El incidente ocurrió en el auditorio del edificio de posgrado de Economía, donde se desarrollaba la Mesa 10 del coloquio “Dos siglos de educación en México”, en su cuarto y último día de actividades, con el tema “El papel histórico del SNTE”.

El lugar lucía lleno, como no se había visto en los días anteriores del coloquio; sin embargo, la mesa se desarrolló con normalidad y fue moderada por Gilberto Guevara, director de la Revista Educación 2001.

En el encuentro participaron Alberto Arnaut Salgado, investigador de El Colegio de México; Aurora Loyo, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; y Carlos Ornelas, del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana.

La posición de los ponentes hacia el sindicato fue crítica y se resaltaron su poder económico y político, a la par que se pidió que el Estado retome las directrices de la educación en México.

Cuando hablaba Carlos Ornelas, el último ponente, un simpatizante del SNTE se levantó de su asiento y advirtió: “Dile a los jóvenes universitarios que sin el SNTE no van a tener empleo”. Muchos aplausos le siguieron.

Muchos otros simpatizantes lanzaron acusaciones de “mentirosos” y pidieron tomar la palabra. En tanto, Gilberto Guevara los acusó de sabotear un evento académico y dijo que en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no se acostumbra a discutir de esa manera.

Se levantaron varias voces que pretendieron echar porras al SNTE, pero fueron acalladas por los “goyas” de los universitarios del lugar y los simpatizantes del SNTE no tuvieron más remedio que retirarse.

Después de esto continuó la intervención del último orador y la sesión de preguntas y respuestas del público y los participantes.

Inician legisladores la revisión de desafuero contra Godoy Toscano

Comisión Jurisdiccional analiza el caso del diputado, acusado por la PGR de nexos con el crimen.

México, DF. El pleno de la Cámara de Diputados avaló la integración de la Sección Instructora que dará trámite a la solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) de juicio de procedencia en contra del legislador del PRD, Julio César Godoy Toscano.

El grupo de trabajo estará conformado por los diputados del PRI, César Augusto Santiago y Arturo Zamora; del PAN, César Octavio Madrigal Díaz, y del PRD, Mary Thelma Guajardo.

En la sesión ordinaria en San Lázaro se votó a favor de la integración de la Sección Instructora, que tendrá en su agenda de trabajo analizar la viabilidad de iniciar el juicio de procedencia o desafuero en contra del diputado Godoy Toscano.

Lo anterior, ante la petición de juicio de procedencia que realizó la Procuraduría General de la República (PGR), por los presuntos vínculos de Godoy Toscano con el grupo delictivo La Familia.

En el debate para la aprobación, el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Jaime Cárdenas cuestionó que la Sección Instructora sólo se integre por los grupos mayoritarios y que se busque acelerar el caso del legislador perredista.

Ello, al argumentar que “hay un rezago de diversas peticiones de juicio político en contra de funcionarios como el actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas”.

Los integrantes de la Comisión Jurisdiccional, que inició este jueves la revisión de la petición de la dependencia, acordaron que la Instructora deberá sesionar en privado y mantener en secreto la investigación que se realice sobre la solicitud para retirarle el fuero al legislador de Michoacán, acusado de presuntos nexos con el crimen organizado.

El diputado del PRI, Arturo Zamora indicó que conforme a la ley "debemos ser muy cuidadosos para reservar la información que tiene que ver con el fondo del procedimiento, lo que podemos decir es la etapa del procedimiento, pero no el fondo, la ley nos obliga a mantener la reserva".

Agregó que esta es la única solicitud de declaratoria de procedencia que atenderá la Sección Instructora.

La cual, señaló, una vez instalada tendrá que sesionar y seguir el curso del procedimiento para determinar en un plazo de 60 días o más si procede o no la solicitud de procedencia que es diferente al juicio político.

La solicitud de procedencia tiene como fin que se pueda gestar acción penal y el juicio para que se separe de su cargo al funcionario en cuestión.

Además de que en el juicio de procedencia sólo actúa la Cámara de Diputados y en el juicio político intervienen los diputados y el Senado.

ONG: México retrocedió en acceso a información y transparencia

Funcionarios ignoran decisiones de Ifai y no sufren sanción, señala National Security Archive, de EU.

IPS


México ha retrocedido en materia de transparencia y acceso a la información, según los expertos Thomas Blanton y Kate Doyle, de la organización no gubernamental estadounidense National Security Archive (NSA).

Blanton reconoció, en entrevista con IPS, que México tiene una fortaleza institucional en su sistema de acceso a la información, que incluso sirve de modelo para el mundo. Pero, a la vez, funcionarios del gobierno ignoran hoy las decisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) y no sufren ninguna sanción por ello, completó.

"No es posible que el Procurador de la República, que es el primero que debe reforzar la ley, no haga caso a las decisiones del Instituto", agregó el director del NSA, una entidad ligada a la Universidad George Washington que se dedica a la recolección y publicación de documentos gubernamentales desclasificados invocando la ley de libertad de información de Estados Unidos.

Ante ello, auguró que las próximas batallas por el acceso a la información en México se darán en la Suprema Corte de Justicia.

"Sigue la cultura del secreto, que es un problema mundial, pero en este país es más difícil por los altos niveles de corrupción", apuntó, para luego indicar que el "Ifai no puede sancionar a menos que la gente vaya a la Corte".

Por su parte, la analista Kate Doyle mencionó que las restricciones de información de las dependencias públicas se incrementaron en el segundo gobierno del Partido Acción Nacional (PAN).

"En México, estamos en un momento difícil en materia de acceso a la información, porque se han dado cuenta (en el gobierno) de que estas leyes están causando problemas y no les gusta", dijo Doyle, directora del Proyecto México del NSA y analista del IRC Programa de las Américas.

El equipo del NSA está en este país para participar en la segunda semana México Infórmate, la red social que busca dar a los ciudadanos herramientas para poner al gobierno bajo la lupa, para que fiscalicen el uso de recursos públicos y la forma en que las autoridades toman las decisiones que afectan a todos. Desde el lunes lleva a cabo al menos 75 actividades en diversos estados con el fin señalado.

En 2002, el gobierno de entonces de Vicente Fox (2000-2006) promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que dio paso, un año después, a la creación del Ifai y a un sistema de solicitudes de información al que están ligadas más de 200 dependencias federales.

La modificación constitucional para elevar a ese rango el derecho a la información pública, en 2007, y la aprobación, este año, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, que amplió las facultades, atribuciones y responsabilidades del Ifai, han coronado un conjunto de leyes que hacen del sistema mexicano un ejemplo para el mundo.

El problema, advirtieron los especialistas del NSA, está en la aplicación de esas leyes.

Doyle señaló que, al principio del sexenio de Fox, el nivel de cumplimento de las solicitudes de información por parte de las dependencias y el nivel de satisfacción por parte de los solicitantes era bastante alto, en parte porque esos pedidos eran muy básicos.

"Desde nuestra perspectiva, ahora las solicitudes se han vuelto más complejas. En cuanto a nuestra experiencia, en los primeros meses y años hemos tenido más problemas de nuestros temas", dijo esta experta en archivos mexicanos relacionados con la "guerra sucia" contra la guerrilla y las desapariciones forzadas de personas.

"Los instrumentos de acceso a la información son lentos y frustrantes, pero sólo por utilizarlas van a mejorarlas, situación en que se puede demandar, que cumplan sus obligaciones los gobiernos", puntualizó.

Desde la creación del Ifai, en junio de 2003, hasta diciembre de 2009, el Poder Ejecutivo Federal recibió más de 489 mil requerimientos de información, según su séptimo informe anual, presentado en agosto.

El documento indica que en 2009 el número de solicitudes de información ingresadas a las dependencias y entidades federales tuvo un incremento de 12 por ciento, respecto de 2008. Más de la mitad de los solicitantes tiene entre 20 y 39 años y 97 por ciento del total de las solicitudes se hicieron por vía electrónica.

El Distrito Federal capitalino y el contiguo estado de México concentraron 57 por ciento de las solicitudes de información, y, como en años anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue la institución con mayor número de solicitudes ingresadas, seguido de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Blanton sostuvo que México tiene un nivel de demanda que en Estados Unidos tomó más de 10 años conseguir y también estableció el mejor estándar de acceso a la información en el mundo. "¡En Estados Unidos nunca tuvimos un Ifai!", afirmó con énfasis.

Sin embargo, consideró que, con las nuevas tecnologías, todos los gobiernos tendrán que ir en esa dirección.

Los mexicanos deben cambiar su mentalidad hacia el tema de la transparencia gubernamental y no verla sólo como un "ente monolítico, sino como diferentes dependencias a las que hay que referirse".

Sobre todo, dijo, deben entender que la lucha por la transparencia gubernamental es un proceso largo, pero necesario. Y que "la mejor forma de hacer que la ley sea efectiva" es usando el sistema de acceso a la información.

"En México hay cientos de historias y no las estamos mostrando. No mostramos las consecuencias directas y el impacto del acceso a la información, ni cómo se pueden proteger las vidas tendiendo la información necesaria", comentó.

"Tal vez tomará otros 20 años para conseguir todos los archivos de narcotráfico. A lo mejor tomará otros 20 años dar a conocer lo que hizo la policía en Guerrero, con relación al caso de El Charco (masacre de indígenas a manos del ejército en 1998). Esto es una lucha muy larga. Pero hay que hacerlo", aseguró Blanton.

Presentarán controversia ante SCJN diputados por tv digital

El pleno avaló presentar el recurso pues consideró que el Ejecutivo no tiene las atribuciones para haber decretado el paso del sistema de televisión analógico al digital, el cual fue anunciado por Felipe Calderón el 2 de septiembre.

México, DF. La Cámara de Diputados dio su aprobación para presentar un recurso de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto por el cual cambiará el sistema de televisión analógico por uno digital, anunciado el 2 de septiembre por el presidente Felipe Calderón.

El pleno instruyó a la Mesa Directiva a para interponer la petición, toda vez que consideró que el Ejecutivo no cuenta con las atribuciones para ello, ya que corresponde a la Comisión Federal de Telecomunicaciones resolver lo relativo a radio y televisión.

Al presentar la propuesta, el priísta Alfonso Navarrete expuso que la controversia obedece a que con dicho decreto se pone el interés de particulares en materia de competencia por encima del interés del país. Detalló que "se trata de esclarecer las competencias de un órgano autónomo técnicamente que determina la ley y que el Ejecutivo ha invadido la competencia del mismo.

Asimismo, dejó en claro que “los diputados no estamos en contra de la transición digital, sólo buscamos clarificar competencias", subrayó.

Las fracciones de PRI, PRD, PVEM, PT, Panal y Convergencia avalaron el sentido de la controversia, sólo el PAN se manifestó en contra.

Y es que según dichos grupos parlamentarios, “se está invadiendo las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel)”, por lo cual piden a la Corte clarificar las competencias constitucionales en materia de telecomunicaciones.

De acuerdo con esas bancadas, el Ejecutivo invadió la competencia de un órgano al que el Congreso le otorgó el carácter de autónomo e independiente, que es la Cofetel y arrojó facultades que no le son propias en el referido decreto.

"No se trata aquí de discutir las bondades del decreto. Eso debe quedar muy claro. Ningún diputado aquí está planteando discutir las bondades del decreto, ni es la cerrazón o no de la transición analógica a digital. Eso está fuera de la discusión", aclaró Navarrete.

(Con información de Notimex)

Muy "machito": Felipe Calderón amaga con vetar baja al IVA

Afirma el Presidente que no descarta recurrir al veto presidencial en caso de que se apruebe a la baja la tasa del IVA al 15%, como plantea el PRI en el Congreso; sería muy dañino para el país, advierte

El presidente Felipe calderón advirtió que recurrirá al veto presidencial en caso de que se apruebe a la baja la tasa del IVA al 15%, como ha planteado el PRI en el Congreso.

"No lo descarto, porque sé, pero yo quiero respetar la voluntad de los legisladores, porque sé que sería muy, muy, muy, dañino para el país" afirmó el presidente en una entrevista para la radio.

"En este momento, sobre todo con tantos desastres naturales que tenemos, una baja en la capacidad recaudatoria del gobierno, en las contribuciones que son las más necesarias, que son generales al consumo, sí sería de tal manera seria que me obligaría como presidente de la República ha valorar una atribución que es constitucional, que está para eso, para evitar, precisamente, algún perjuicio a la vida del país".

El mandatario también refrendó su defensa de la Licitación 21, de la banda 1.7, que actualmente se encuentra en litigio en tribunales.

"Que sí, fue una licitación muy controvertida. Qué es lo que pasó. Hay que decirle al auditorio que las autoridades, primero la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y la Comisión Federal de Competencia (COFECO), establecieron reglas para que de todo el espectro que íbamos a licitar guardáramos una parte, 30 megahertz, concretamente, para que se licitara sólo a nuevos jugadores, en este caso, básicamente a NEXTEL; no sólo NEXTEL, sino cualquier otro", explicó.

"Muchos de los críticos de la medida tenían también perfectamente el derecho de entrar a competir si era nuevos jugadores. Y algunos medios de comunicación que han criticado la medida dirán: pudieron haber participado también, como en el sector telecomunicaciones, con el mismo derecho de ser nuevos entrantes".

Calderón dijo que "quizá no estaba previsto que finalmente hubiera un solo jugador, que por ser un solo jugador la licitación no obtuvo el mismo precio que otras licitaciones, cosa que ocurre en todo el mundo".

"Las reglas sí fueron aprobadas conforme a derecho y los participantes potenciales estuvieron conforme a las mismas", afirmó.

"Yo sé que es una solución controversial, pero sí nos está permitiendo tener un marco mucho más claro del sector y con mucha mayor competencia", declaró.

El Universal

2012: ¡Batalla campal!

Ricardo Rocha / Detrás de la Noticia

Anteriormente, en la lucha libre no había reglas ni réferi

Así, con signos de admiración, se anunciaban en mis años infantiles esos agarrones trepidantes de aquella religión llamada lucha libre. Diez ó 12 auténticos gladiadores encerrados en el mismo ring en el que apenas y cabían. Hagan de cuenta que los estoy viendo en el sueño dorado de la Arena México: El Santo, Gori Guerrero, Blue Demon, Black Shadow, El Cavernario Galindo, “Tarzán” López, La Tonina Jackson, Enrique Llanes y hasta El Médico Asesino con todo y su Enfermero. Una pléyade de ídolos de capas espectaculares, máscaras inolvidables y rostros feroces por los cuales valían la pena los apretujones para tener el privilegio celestial de rozar sus vestimentas o cruzar una mirada con cualquiera de ellos.

Si usted no es muy versado en el arte del pancracio, que dirían los clásicos, déjeme y le cuento: la batalla campal era una variante caótica, anárquica y salvaje: consistía en que los luchadores se empezaban a golpear todos contra todos; a veces entre dos o tres agarraban a uno, lo tundían bien y bonito y lo aventaban por arriba de la tercera cuerda entre los alaridos del público; luego se volteaban y se atizaban entre ellos; así, hasta que iban quedando seis, cuatro y finalmente dos que, ya exhaustos, apenas alcanzaban para alguna patada voladora o si acaso algún tope suicida que les diera el tan anhelado triunfo final.

Por cierto, se me estaba olvidando un pequeño detalle: en las campales no había reglas ni réferi. Todo se valía, incluidos los golpes bajos y los piquetes de ojos. Incluso las alianzas se rompían al calor del combate. Así que de pronto no era raro ver enfrentados a los nobilísimos maestros Tarzán contra Llanes. O dándose con todo entre ellos a los fraternos de la inmortal Pareja Atómica, El Santo y Gori. Y hasta al Enfermero jugándole las contras a su jefe, El Médico.

Algo así empezamos a vivir en esta campal adelantada que ya es el 2012. Nomás póngales usted máscara y nombre a nuestros políticos y decida quiénes son los técnicos y quiénes los rudos. Quiénes los buenos y quiénes los malos.

Por lo pronto, a la izquierda del cuadrilátero la madrina entre Andrés Manuel, Ebrard y “Los Chuchos” ya chorrea mole en el enlonado… ¡Nomás de uno por uno!, dicen que grita el celebérrimo “Peje”. Mientras que en la extrema derecha, “Cesarito”, “Mascarito Santiago” y hasta la “Vaca Tomasa” también le echan montón al bronquísimo rudo Espino para que no se coma a los niños Ernestito y Alonsito.

En el mero centro, “Batman Beltrones” y el “Niño Maravilla” se dan la mano y prometen un duelo de poder, pero sin marrullerías. Puro llaveo y fuerza. Una lucha clásica y al viejo estilo. Claro, siempre y cuando a alguno de ellos no se le pase la mano y haga enfurecer al otro.

Para acabarla de amolar, el gerente temporal de la AAA quiere ser juez y parte atacando ferozmente a unos y defendiendo ignominiosamente a otros. Quiere que uno de ellos gane “haiga sido como haiga sido”. Y cuando le hablan de que puede triunfar alguno otro, amenaza con tres palabras: está por verse.

¿A poco no, una campal impredecible?

Sexo, ética y dinero

Lydia Cacho / Plan B

El gran reto es entender si en verdad se puede separar la trata de la prostitución

No es lo mismo entrevistar a una norteña de 26 años que gana 50 mil pesos mensuales en un prostíbulo VIP, que a una guatemalteca ilegal explotada en Puebla por 300 pesos a la semana. Ni es igual el travesti que controla la calle en Tlalpan con sus redes, que el adolescente gay de Cancún a quien indujeron a las drogas y a ser “chichifo” para pagarlas.

En caso de que se prohibiera la prostitución, las “edecanes, acompañantes o masajistas” que sirven a la clase alta ¿seguirán operando desde las élites y para las élites? Hay quien propone la abolición, que implica mucho trabajo educativo para transformar nuestra visión de la sexualidad, del erotismo.

Legalizar la prostitución, establecer controles sobre quienes la ejercen y erradicar el lenocinio, o determinar jurídica y socialmente que constituye una práctica deshumanizante y debe ser abolida (dando opciones educativas y laborales a las personas). Así se sintetizan las posturas del próximo debate legislativo. El gran reto es entender si en verdad se puede separar la trata de la prostitución no forzada. Aquí algunos datos y preguntas.

El debate académico, que resulta indispensable, debe analizar el creciente poder de las pequeñas y grandes mafias que promueven la mercadotecnia de la sexualidad adolescente como producto de consumo (no como libertad sexual). La demanda de sexo comercial con personas adultas y menores va al alza. Los hombres constituyen el 90% de los clientes y el 70% de líderes de las redes de explotación son varones. ¿Asumen su responsabilidad los consumidores o están conscientes de su eventual complicidad? Y los que no consumen ¿dónde están? Más de la mitad de las entrenadoras de esclavas sexuales son mujeres que forman parte de colectivos pro-legalización. Hay grupos de mujeres en la industria del sexo que no explotan a otras y se oponen a la trata, pero han normalizado la violencia inherente.

Cada vez más cárteles operan centros nocturnos como negocios de lavado de dinero y tienen interés en que la prostitución persista tal como está. Los tratantes de personas las insertan en la industria del sexo comercial que crea fuentes económicas valiosas cuyos recursos benefician al Estado. Por su parte, los líderes morales de comunidades gay (y TSL) deben revisar sus discursos sobre erotismo, sexualidad, violencia y explotación sexual, ante el creciente mercado sexual de hombres menores.

Debatir la trata y la prostitución no es hablar de sexo, sino de construcciones culturales, relaciones humanas, erotismo, economía, violencia, migración, poder, ética y moral, de sexismo y racismo; de libertad, esclavitud y criminalidad. No hay respuesta fácil, sin embargo urge que este sea un debate informado y realista. En ello va la vida de millones de víctimas.

FBI destapa cloaca en México

David Aponte / Contraflujo

Los pasos de agentes del Buró Federal de Investigaciones a los actos de corrupción de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad enseñan, dejan ver, que el gobierno de México ha hecho poco por combatir a los servidores públicos que aceptan dádivas a cambio de la entrega de contratos, y evidencia que no hay controles suficientemente robustos para frenar la compra-venta de favores en México. El seguimiento puntual de oficiales estadounidenses evidencia la debilidad de las instituciones mexicanas, el poco músculo para atajar escándalos internacionales, que hoy involucran a una trasnacional asentada en Suiza, ABB, compañía que ha aceptado en tribunales de Estados Unidos su responsabilidad en el pago de sobornos, a través de subsidiarias, a servidores públicos de la empresa de clase mundial.

El punto clave de estas investigaciones del gobierno de Washington, una que comenzó en Houston, Texas, y otra en Los Ángeles, California, es que arrancaron hace más de tres años y reventaron en noviembre de 2009, con evidencias de las transferencias bancarias para el pago ilegal a los funcionarios de la CFE. Y nadie hizo nada en México. De hecho, uno de los servidores públicos que aparecieron en las indagatorias, Néstor Moreno Díaz, director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, permaneció oficialmente en su puesto hasta el 14 de septiembre de 2010.

La cronología de los hechos delata también el poco interés de la Secretaría de la Función Pública y de la Procuraduría General de la República por llevar a juicio a los ahora ex funcionarios de la CFE, Moreno Díaz y Arturo Hernández Álvarez, cuyos nombres están en un proceso judicial de una corte de Los Ángeles, señalados de recibir dádivas, favores y miles y miles de dólares (a Moreno Díaz se le acusa además de aceptar un Ferrari Spider F430 de 297 mil 500 dólares y un yate Dream Seeker de 1.8 millones de dólares).

¿Cuál fue la ruta de las dos investigaciones del FBI, que dio con los sobornos de ABB a la CFE? ¿Cómo los agentes estadounidenses se fueron topando con una intrincada red de empresas en Suiza, Estados Unidos, Panamá y México, y cuentas bancarias en Europa y América?

El 18 de noviembre de 2009, el FBI dio a conocer que agentes federales de Estados Unidos arrestaron a John Joseph O’Sea y el mexicano Fernando Maya Basurto, acusados de formar una red de corrupción para tener negocios con CFE por más de 100 millones de dólares para ABB, trasnacional que ahora sabemos tuvo contratos con la extinta Luz y Fuerza del Centro y tiene más de 600 con el gobierno federal (Petróleos Mexicanos, Secretaría de Economía y el Instituto de Investigaciones Eléctricas).

Maya Basurto fue trasladado a una corte de distrito en Houston, acusado de ser uno de los intermediarios en el pago de sobornos entre 1997 y 2003 a funcionarios de la CFE, bajo el expediente criminal H-09-325. El vocero de la Comisión Federal de Electricidad, Estéfano Conde, declaró el 24 de noviembre de 2009 que la empresa estatal se había enterado del caso por un cable del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que el director Alfredo Elías Ayub, había pedido a la Función Pública que interpusiera denuncias a la PGR. La CFE desea que “se investigue este caso hasta sus últimas consecuencias”, dijo.

El mexicano Maya Basurto aceptó un trato con la fiscalía federal para colaborar en las investigaciones del Departamento de Justicia. Las últimas consecuencias, anunciadas en México, llegaron pero en otra indagatoria que cruzó el territorio estadounidense. Otro agente del FBI siguió la ruta de otras empresas de dos mexicanos, Ángela María Gómez Aguilar y Enrique Faustino Aguilar Noriega, que utilizaban el mismo modus operandi en Los Ángeles, California, para sobornar a funcionarios de la CFE, empresa que no hizo nada en 11 meses por atrapar a los supuestos implicados del primer caso en Houston.

Después de una investigación de más de tres años, agentes federales detuvieron el 10 de agosto de 2010 a Ángela María Gómez Aguilar, bajo la causa criminal CR10 1031 en una corte de distrito en California (su esposo y socio Enrique Faustino Aguilar Noriega se encuentra prófugo de la justicia de EU). En el expediente judicial, botaron los nombres de Néstor Moreno Díaz y Arturo Hernández Álvarez, como los beneficiarios de los sobornos para obtener contratos de CFE.

El 15 de septiembre de 2010, el FBI dio a conocer un comunicado de prensa con el caso, sin mencionar los nombres de los funcionarios implicados: sobornos en CFE para obtener contratos. A manera de control de daños, la Comisión Federal de Electricidad difundió la tarde de ese mismo día que Moreno Díaz, director de Operaciones, había presentado su renuncia el 14 de septiembre y que tenía licencia desde el 16 de agosto. Desde luego, la empresa de clase mundial no dio detalles de la separación de este servidor público.

El FBI había destapado la cloaca en México…

Sobre el departamento incómodo de César Nava ¿y si hubiera sido de AMLO?

Para un usuario en twitter, la pregunta que formuló en la red social sobre qué habría pasado si la revelación de la adquisición de un departamento de lujo, supuestamente comprado a una tercera parte del precio en el mercado, no hubiera sido de César Nava, sino de Andrés Manuel López Obrador, respondió que habría sido un escándalo en los medios.

No fue así con Nava, presidente nacional del PAN, lo que no significa que su operación inmobiliaria no sea un escándalo.

El departamento se encuentra ubicado en la calle de Rubén Darío, donde el metro cuadrado es uno de los más altos en la ciudad de México.

La prensa reportó que pagó 14 millones de pesos, y Nava aclaró que habían sido siete.

El precio de mercado es en realidad de 22 millones de pesos, lo que no incluye los terminados de lujo que desde hace meses le está haciendo.

La pregunta del escándalo es de dónde sacó el dinero para pagarlo, o con qué respaldó un crédito.

El presidente Felipe Calderón se vio sometido a una fuerte crítica cuando, como director de Banobras, pidió un crédito de tres millones de pesos para comprar su casa en Las Águilas, pese a haber sido diputado varias veces y presidente del partido.

Calderón tuvo que regresar el crédito para evitar más crítica, pero Nava no ha hecho nada al respecto.

Entonces, vienen otras dudas.

¿De dónde salió el dinero? ¿Hay compromisos creados con los constructores?

¿Se pueden fincar responsabilidades por presunto lavado de dinero?

Como se dijo previamente, que no haya escándalo mediático no significa que no sea un escándalo, donde las autoridades deberán de tomar cartas en el asunto, o serán contaminadas por el affaire Patylu.

Se le "frunció" a Julio César Godoy Toscano del PRD

Orondo, echado para adelante, el diputado Julio César Godoy Toscano había dicho en la víspera que hablaría con el procurador general Arturo Chávez cuando este miércoles compareciera en el Congreso.

Pero el diputado, al que acusa la PGR de tener vínculos con la Familia Michoacana, ni siquiera se paró en Sán Lázaro.

No hubo explicación convincente por la ausencia del diputado, al cual el PRD cobijó para regresarlo a la vida pública, luego de más de un año de ser prófugo de la justicia, y le ayudó a conseguir el fuero.

Pero cómo debe traer las culpas que Godoy Toscano, por las dudas y por si acaso, estuvo lejos lejos de quien lo quiere procesar.

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