GANA BITCOINS RAPIDO Y FACIL

viernes, enero 28, 2011

Hallan ejecutado a hijo de exGobernador de NL

Con informacion de las Agencias

El ganadero secuestrado anoche en Guadalupe Arturo de la Garza González, fue hallado ejecutado esta mañana en el kilómetro 98.3 de la Autopista a Reynosa, en China. Según fuentes extraoficiales, el hijo del ex Gobernador Arturo B. de la Garza habia sido privado de su libertad por varios sujetos armados en las instalaciones de la Unión Ganadera de Nuevo León, en Guadalupe. El secuestro habría ocurrido alrededor de las 21:00 horas del lunes (ayer).

El hallazgo fue reportado alrededor de las 7:30 horas, por policías federales a un costado de la arteria, en la circulación de Monterrey a Reynosa.

Policías ministeriales y elementos del Ejército se movilizaron hasta el lugar, frente al Restaurante Los Ahijados, donde fue encontrado el cuerpo de De la Garza González, de 74 años, quien fue secuestrado en las instalaciones de la Unión Ganadera de Nuevo León.
Personal de Servicios Periciales recababa información, ya que aparentemente el cuerpo fue abandonado en ese lugar.

El occiso, ex secretario de Acción Política del PRI estatal, también fue presidente de la Unión Ganadera de Nuevo León, que tiene sus instalaciones en la Expo Guadalupe. Actualmente, su hijo, Adrián de la Garza, preside la Unión. Otro de sus hijos, Arturo B. de la Garza, igualmente ocupó la presidencia de la agrupación ganadera.

El ex legislador es hermano de Lucas de la Garza González, quien fue Secretario General de Gobierno en el sexenio de Jorge Treviño, Secretario de Gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal, y ex candidato del PRD a la Gubernatura de Nuevo León.

Sobre el cadáver, las autoridades encontraron un mensaje escrito del cual no se ha revelado su contenido. Se rumora, sin confirmar, que consiste en una advertencia al sistema del PRI a no ayudar a los otros carteles.

Justicia colonizada

Francisco Rodríguez / Índice Político

El caso Chihuahua es emblemático en el intento colonizador de los Estados Unidos para implantar su sistema de justicia penal en todo el continente americano. La Doctrina Monroe aplicada en nuestros juzgados y, en breve, hasta en la Suprema Corte.

Se logró, mediante la asesoría de Proderecho, la reforma al Código de Procedimientos Penales de Chihuahua para implementar el sistema de juicios orales y, al hacerse, se introdujeron costumbres, planteamientos y procedimientos ajenos a la ideología, cultura, historia y realidad mexicana, como por ejemplo, la declaración bajo juramento –en un país dónde todos preguntamos a los abogados qué decir–, la negociación de la acusación, la policía profesional investigadora y los juicios orales. En la misma situación se encuentra Nuevo León.

En ambos estados, Proderecho logró la reforma legal antes de la reforma Constitucional publicada el 18 de junio de 2008, misma que se aprobó sin considerar algunos de los aspectos promovidos por Proderecho. Los resultados están a la vista: el sistema judicial en Chihuahua ha colapsado y en otros lugares, como Nuevo León y Oaxaca, el sistema de justicia penal no ha logrado implementarse adecuadamente.

Proderecho es un organismo que dependía directamente de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), institución del gobierno de EE UU que se encarga de administrar programas de cooperación y asistencia en 80 países. USAID apoya, por ejemplo, el crecimiento económico, la salud, la educación, la democracia, la agricultura, la prevención de conflictos y provee asistencia humanitaria en caso de desastres. Fue creada en 1961 por el Presidente John F. Kennedy quien transformó el Proyecto de Ley de Asistencia Exterior (Plan Marshall) en ley que dio origen a la agencia. Desde entonces, USAID ha sido el principal órgano de Washington en brindar asistencia a los países que se recuperan de un desastre, tratan de salir de la pobreza y se embarcan en reformas democráticas. USAID participó activamente en la transición del 2000 en México, apoyando obviamente al PAN. Cuenta con oficinas centrales en Washington, D.C. y tiene representaciones en muchos de los países en los que cuenta con programas. Aquí funciona desde el edificio del Paseo de la Reforma que ocupa la legación de Barack Obama.

El programa USAID-México fue establecido a finales de la década de los 50’s. (Junto con en el Plan Marshall). Los proyectos que se han desarrollado en nuestro país son Medio Ambiente, Conservación de Energía, Salud en áreas prioritarias para la prevención de la Tuberculosis y el SIDA, y Democracia en colaboración con la administración federal y la sociedad civil; en los últimos años (2003 a la fecha) ha sido prioritarios las “Iniciativas del gobierno mexicano sobre gobernabilidad, innovación gubernamental y gobierno transparente, lo mismo que el de procuración de justicia”. Para todos los programas de México USAID ha dedicado un presupuesto anual de $28 millones de dólares, aproximadamente.

USAID desempeñó un papel destacado como promotora de los cambios de 10 artículos de la Constitución. Desde el año 2004 empezó a cabildear la reforma como parte de su programa “Gobierno Transparente y Procuración de Justicia” Para ello contrató a dos empresas consultoras: Management Systems International (MSI) (http://www.msiworldwide.com), y Management Sciences for Development (MSD), para promover la reforma entre académicos (CIDE- UNAM- INACIPE- ITESM); legisladores (César Camacho) y otras instituciones (rupo Reforma, SOS, México Unido contra la Delincuencia, etc), todo ello a través de Proderecho (Programa de Apoyo al Estado de Derecho en México), que se convirtió en el principal “asesor” de los legisladores para el nuevo sistema judicial.

Pagó viajes, dio becas, otorgó contratos… en fin, USAID “maiceó” a no pocos actores políticos, académicos y de los medios mexicanos.

En resumen: para lograr su cometido, USAID se apoyó en Proderecho, que se describe como una “iniciativa financiada” por esa agencia “y operada por MSD”. Empero, Proderecho siempre se ha presentado como una iniciativa no gubernamental, multidisciplinaria e integrada por expertos en derecho. Su objetivo consiste en “dar asesoría técnica a los gobiernos… para la elaboración de los proyectos de ley y la aplicación satisfactoria de las reformas”.

Directores de Proderecho fueron en su momento, Fabio Valdés y Lucy Mery Tacher Epelstein (ésta última realmente fue de MSI y se le conoce como una profesional en esos menesteres: antes –de 1999 a 2001– se encargó de las relaciones con el gobierno en la oficina en México de la agencia estadunidense de relaciones públicas Burson Marsteller (…) y en el gobierno de Vicente Fox, estuvo a cargo del área internacional de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo).

Ha habido críticas serias a todo esto. Como la de Sergio García Ramírez –no tanto por lo que contiene–, sino porque esa reforma tuvo “un error de planteamiento, sin debate suficiente y sin claridad en el compromiso con un sistema penal democrático”, debido a que USAID la financió.

Paul White, exdirector de USAID en México, precisó muy bien lo que hace la agencia en una entrevista:

– ¿Bajo qué lineamientos y reglamentación trabaja la USAID con México? –le preguntaron.

– Toda acción que la Agencia para el Desarrollo Internacional realiza, está convenida con el gobierno mexicano y/o con la sociedad civil mexicana –respondió White–. Es un trabajo en conjunto. Tratamos de ser socios de México en un gran sector de la cooperación. La labor a desarrollar se va determinando de acuerdo con las necesidades de la población, las cuales son identificadas por instituciones Mexicanas. Al hablar de una sociedad con México, se entiende que ambos países invierten recursos en el desarrollo, pues la experiencia nos ha indicado que hay una mayor efectividad cuando la USAID coinvierte con instituciones locales en programas dirigidos por los socios Mexicanos…

Otra destacada representante, en su momento, de Proderecho es Rafaela Herrera a quien se le describía como “menudita, sencilla y expresiva”. Es originaria de Nicaragua y doctora en derecho penal; tuvo el cargo de asesora del Programa para el Estado de Derecho de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en México. También se presenta como asesora en asuntos de Gobernabilidad y Estado de Derecho. Ya no está en México, pero fue clave en las reformas de Chihuahua, antes de las reformas a la Constitución. Estuvo en varias entidades federativas impulsando al programa de Justicia Penal y muchas veces fue acompañada del mexicano Carlos Ríos y del exministro de la Corte Suprema de Costa Rica, Daniel González, coordinador del Proceso de Reforma Proderecho. Para Rafaela Herrera era un orgullo decir que Chihuahua se convirtió en el primer estado de la República Mexicana en aplicar el sistema de juicios orales en una reforma que contó con el apoyo y asesoría de ellos.

Proderecho despareció por problemas muy particulares y se dio Management Systems International México; su director, hasta hace poco, fue el senador panista Luis David Ortiz Salinas.

A USAID se debe el colapso del sistema judicial en Chihuahua.

Y, pronto, el de Nuevo León.

Índice Flamígero: “Como hombre de palabra que soy, sostengo lo que dije hace un par de semanas: jamás cruzó por la mente de Efrén Parra declinar a favor de alguno de los otros dos candidatos. La decisión de declinar a favor de Ángel Aguirre fue tomada por la dirigencia nacional del PAN sin que haya mediado consulta alguna a los panistas de Guerrero. A pesar de no compartir las razones que motivaron a la dirigencia nacional del PAN a tomar una decisión de tan bajo y ruin utilitarismo político, decidí aceptar por disciplina partidista su decisión, no sin antes hacerles sentir mi molestia por no haber consultado ni a la dirigencia, ni a la militancia panista en Guerrero. Me desilusiona la decisión que se tomó, porque declinar a favor del Candidato del PRD es tanto como aceptar las condiciones de miseria y de pobreza en las que sus gobiernos han sumido a los guerrerenses, mismas que como delegado del IMSS combatí sin descanso con todos los instrumentos legales a mi alcance.” Tomado de la página del ex candidato panista a la gubernatura de Guerrero, que así se deslinda de la decisión de Felipe Calderón de sacarlo de la contienda.

2012: Guerrero, segunda llamada

Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal

La elección para gobernador de Guerrero este domingo incluye una pelea lateral que permitirá ir probando si dos candidaturas presidenciales tienen posibilidades reales de competencia. Marcelo Ebrard y Manlio Fabio Beltrones buscan remontar las adversidades y demostrar que Andrés Manuel López Obrador –en el primer caso-, y Enrique Peña Nieto –en el segundo-, no tendrán un día de campo para conseguir la candidatura presidencial en 2012.

El jefe de gobierno del Distrito Federal y el presidente del Senado, ampliamente reconocidos por su talento y experiencia, son vistos como los segundos en la fila para aspirar a la candidatura presidencial del PRD y del PRI, y fuera de rango en este momento para desafiar a sus carismáticos rivales, el líder de la izquierda social y ex candidato a la Presidencia en 2006, y el gobernador del estado de México.

Con unos 10 meses más por delante para que se definan las nominaciones, los dos partidos han perfilado su deseo de tener un candidato único que resolverá su posicionamiento ante el electorado. Ebrard y Beltrones, que no tienen el arrastre mediático de López Obrador y Peña Nieto, buscan remontar el déficit de una personalidad que conecte con la gente –como en esos dos casos-, mediante la construcción de una imagen de políticos que generan expectativa de cambio.

Guerrero es el primer laboratorio para producir la fórmula mágica que empiece a trasladarles fuerza de sus adversarios. Ebrard está apostando por el candidato de la izquierda, Ángel Heladio Aguirre, mientras que Beltrones es quien ha empujado al candidato priísta, Manuel Añorve. Esta es la primera de las varias competencias laterales que se verán rumbo al 2012.

Ebrard enfrenta a López Orador, quien lleva una década en campaña por la Presidencia. No puede romper con él porque ni tiene aún la fuerza dentro del PRD para caminar solo, ni le conviene perder el respaldo del tabasqueño. López Obrador mantiene un núcleo duro de electores, calculado en este momento entre 4 y 6%, con negativos crecientes entre la población en edad de votar, que le quitarían toda posibilidad de ganar una elección presidencial, pero al mismo tiempo lo hacen indispensable para que un candidato de izquierda pueda estar en condiciones de competencia ante el PAN y el PRI.

El jefe de gobierno del Distrito Federal fue quien sacó a Aguirre del PRI y lo promovió mediante una negociación interna en el PRD, como candidato de la izquierda en Guerrero. Es uno de los promotores de una alianza electoral con el PAN en el estado de México, donde el objetivo no es sólo ganar al PRI la gubernatura, sino restarle fuerza a Peña Nieto, mostrar sus vulnerabilidades, y comenzar a construir la idea que López Obrador, que es dogmáticamente unidimensional, es un estratega sin futuro.

Beltrones no puede esperar a que otros hagan su trabajo con Peña Nieto. Impulsó la candidatura de Añorve por encima de Peña Nieto, que es buen amigo de Aguirre, y ha usado al senador bajacaliforniano Fernando Castro Trenti como un golpeador y como operador en Guerrero, cuyos cuadros de Tijuana son los que se han enfrentado con los operadores enviados desde el Distrito Federal.

Aunque a diferencia de López Obrador en Guerrero Peña Nieto se sumó a la candidatura de Añorve, es Beltrones quien ha llevado la estrategia de la batalla. Según priístas, la grabación telefónica entre Aguirre y la senadora perredista Claudia Corichi para ofrecerle apoyo -que el candidato niega que haya existido-, salió del Senado, donde se decidió el día y el vehículo para hacerla explotar.

Beltrones no tiene más opción frente a Peña Nieto que construir nuevas alianzas dentro del PRI y tener gobernadores que le deban su victoria a él para ampliar sus apoyos dentro del partido. Pero tanto él como Ebrard arrancan en desventaja frente a sus adversarios, sabedores sin embargo que difícilmente habrá una nueva oportunidad. Es 2012 o nada. El 2018 será para los que hoy vienen detrás.

En el pésame del EZLN

Martha Anaya / Crónica de Política

Aprecio, reconocimiento, enojo, desprecio, señalamientos. Distintas emociones saltan en el comunicado firmado por el subcomandante Marcos y el hoy teniente coronel Moisés, en el que manifiestan el pesar de los zapatistas por la muerte del Obispo Emérito Don Samuel Ruiz García.

La parte positiva toca a Don Samuel –así, con un “Don” mayúsculo se refieren a él en su escrito–, y a sus diáconos. Y no precisamente porque los integrantes del EZLN sean católicos fervorosos ni nada que se le parezca.

En el EZ, anotan en su comunicado, “militan personas con diferentes credos y sin creencia religiosa alguna”, pero la estatura humana de este hombre (y la de quienes, como él, caminan del lado de los oprimidos, los despojados, los reprimidos, los despreciados), indican, “llama a nuestra palabra”.

Reconocen que “aunque no fueron pocas ni superficiales las diferencias, desacuerdos y distancias”, con don Samuel, “hoy queremos remarcar un compromiso y una trayectoria que no son sólo de un individuo, sino de toda una corriente dentro de la Iglesia Católica”.

Y así lo hacen. Escriben:

“Don Samuel Ruiz García no sólo destacó en un catolicismo practicado en y con los desposeídos, con su equipo también formó toda una generación de cristianos comprometidos con esa práctica de la religión católica. No sólo se preocupó por la grave situación de miseria y marginación de los pueblos originarios de Chiapas, también trabajó, junto con heroico equipo de pastoral, por mejorar esas indignas condiciones de vida y muerte.

“Lo que los gobiernos olvidaron propositivamente para cultivar la muerte, se hizo memoria de vida en la diócesis de San Cristóbal de Las Casas”.

Siguen las notas con una reseña de cuantos ataques –no sólo quisieron remover y encarcelar al obispo de San Cristóbal de la Casas, sino matarlo—vertieron distintos gobernadores de Chiapas, funcionarios federales y Presidentes de la República en contra de Samuel Ruiz, pero la segunda parte de su misiva habla de lo que actualmente acontece, muy particularmente en relación al Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, que hoy en día “recibe continuamente amenazas y hostigamientos”.

Marcos y Moisés afirman lo siguiente:

“Además de ser haber sido fundado por Don Samuel Ruiz García y de tener una inspiración cristiana, el “Frayba” tiene como “delitos agravantes” el creer en la Integralidad e Indivisibilidad de los Derechos Humanos, el respeto a la diversidad cultural y al derecho a la Libre Determinación, la justicia integral como requisito para la paz, y el desarrollo de una cultura de diálogo, tolerancia y reconciliación, con respeto a la pluralidad cultural y religiosa.

“Nada más molesto que esos principios.

“Y esta molestia llega hasta el Vaticano, donde se maniobra para partir la diócesis de San Cristóbal de Las Casas en dos, de modo de diluir la alternativa en, por y con los pobres, en la acomodaticia que lava conciencias en dinero. Aprovechando el deceso de Don Samuel, se reactiva ese proyecto de control y división.

“Porque allá arriba entienden que la opción por los pobres no muere con Don Samuel. Vive y actúa en todo ese sector de la Iglesia Católica que decidió ser consecuente con lo que se predica.

“Mientras tanto, el equipo de pastoral, y especialmente los diáconos, ministros y catequistas (indígenas católicos de las comunidades) sufren las calumnias, insultos y ataques de los neo-amantes de la guerra. El Poder sigue añorando sus días de señorío y ven en el trabajo de la Diócesis un obstáculo para reinstaurar su régimen de horca y cuchillo.

“El grotesco desfile de personajes de la vida política local y nacional frente al féretro de Don Samuel no es para honrarlo, sino para comprobar, con alivio, que ha muerto; y los medios de comunicación locales simulan lamentar lo que en realidad festinan.

“Por encima de todos esos ataques y conspiraciones eclesiales, Don Samuel Ruiz García y l@s cristian@s como él, tuvieron, tienen y tendrán un lugar especial en el moreno corazón de las comunidades indígenas zapatistas.

“Ahora que está de moda condenar a toda la Iglesia Católica por los crímenes, desmanes, comisiones y omisiones de algunos de sus prelados…

“Ahora que el sector autodenominado “progresista” se solaza en hacer burla y escarnio de la Iglesia Católica toda…

“Ahora que se alienta el ver en todo sacerdote a un pederasta en potencia o en activo…

“Ahora sería bueno voltear a mirar hacia abajo y encontrar ahí a quienes, como antes Don Samuel, desafiaron y desafían al Poder.

“Porque est@s cristianos creen firmemente en que la justicia debe reinar también en este mundo.

“Y así lo viven, y mueren, en pensamiento, palabra y obra.

“Porque si bien es cierto que hay Marciales y Onésimos en la Iglesia Católica, también hubo y hay Roncos, Ernestos, Samueles, Arturos, Raúles, Sergios, Bartolomés, Joeles, Heribertos, Raymundos, Salvadores, Santiagos, Diegos, Estelas, Victorias, y miles de religios@s y seglares que, estando del lado de la justicia y la libertad, están del lado de la vida.

“En el EZLN, católicos y no católicos, creyentes y no creyentes, hoy no sólo honramos la memoria de Don Samuel Ruiz García.

“También, y sobre todo, saludamos el compromiso consecuente de l@s cristian@s y creyentes que en Chiapas, en México y en el Mundo, no guardan un silencio cómplice frente a la injusticia, ni permanecen inmóviles frente a la guerra.

“Se va Don Samuel, pero quedan muchas otras, muchos otros que, en y por la fe católica cristiana, luchan por un mundo terrenal más justo, más libre, más democrático, es decir, por un mundo mejor.

“Salud a ellas y ellos, porque de sus desvelos también se nacerá el mañana”.

Fechada simplemente “en el sureste mexicano”, el EZLN hizo un paréntesis a su largo silencio con este comunicado que no sólo honra a don Samuel Ruiz sino a los que siguen su lucha.

Mas nieve en NY


Via Brownstoner

Esta dramática foto nos fue enviada por el lector Samuel Effron de Brooklyn, quien escribió que las “la burbuja de las canchas de tenis encima de la azotea del Gimnasio New York Sports Club (NYSC) de Brooklyn, se colapsó ayer ante el peso de la nieve. Ayer cayeron 19 pulgadas de nieve en la zona metropolitana de Nueva York

Embajador de EU exige se esclarezca muerte de misionera

Pedro Matías

El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, pidió al gobierno de Felipe Calderón una “investigación más efectiva” en tragedias como la ocurrida a la misionera estadunidense Nancy Davis, de 59 años, quien falleció el miércoles 26 en un hospital de Texas después de haber sido baleada por hombres armados en Reynosa, Tamaulipas.

El diplomático insistió en que, con base en el respeto a leyes y soberanía, ambos gobiernos investiguen el caso de manera efectiva. “Queremos dar un mensaje claro de que no debe existir impunidad en los que toman la vida de otros, que van a ser castigados y que queremos crear confianza entre los dos países”, precisó.

“Ayer vivimos una situación trágica con el homicidio de una ciudadana de Estados Unidos, una misionera que regresaba de México a Estados Unidos. En Tamaulipas fue herida en una balacera y llegó a Estados Unidos y se murió”, dijo Pascual en conferencia de prensa.

Davis, integrante de la iglesia metodista God’s Missionary Church de Beavertown, Pensilvania, fue trasladada al puerto de entrada Pharr-Reynosa con un balazo en la cabeza, después de haber sido agredida en territorio mexicano.

El embajador estadunidense dijo que el gobierno de México se ha comprometido a investigar la causa y las circunstancias de esta tragedia. Consideró, además, que el hecho es una invitación para ambos países trabajen de una manera constructiva en este tipo de casos.

Luego hizo un llamado a no caer en consideraciones de nacionalismo y empezar a criticar de un lado y del otro cuando hay circunstancias trágicas de este tipo.
Por otra parte, se refirió a la Iniciativa Mérida, plan para el que el Congreso estadunidense aún no aprueba los recursos de este año, pese a que el gobierno de Barack Obama ya solicitó 330 millones de dólares.

“El monto para el presupuesto para 2011 todavía no los sabemos exactamente. El Congreso de Estados Unidos sacó recursos en el 2010 y dio un avance del financiamiento de 175 millones de dólares, pero hasta ahora no hemos pasado en el Congreso el presupuesto para el 2011.

La solicitud del presidente Obama, añadió Pascual, “fue de más que 330 millones de dólares para apoyar programas como la Iniciativa Mérida, pero aún no sabemos cuánto va aprobar el Congreso”.

Sobre los cuestionamientos formulados por Human Rights Watch (HRW), en el sentido de condicionar esos recursos a que el gobierno de Felipe Calderón respete los derechos humanos, el diplomático manifestó que ese “asunto no es algo opcional”, sino parte de la política central del gobierno de Obama.

El Plan Mérida, destacó, tiene cuatro puntos clave: Uno es para encarar las capacidades de la delincuencia que tienen que ver no solamente en cómo se puede mejorar en la capturar de capos de las organizaciones, sino también en cómo atacar los cuerpos de ellos, es decir, cómo asegurar el dinero, así como frenar el tráfico de armas.

Un segundo aspecto tiene que ver con apoyar los esfuerzos de la parte mexicana para impulsar las instituciones de procuración de justicia y mantener el estado de derecho en México.

El tercer tema tiene que ver con la manera en que manejemos la frontera los dos países parar detener el tráfico ilegal y finalmente en cómo apoyar las inversiones que están haciendo las comunidades para que se puedan involucrar más en su seguridad.

En el caso de la migración, el embajador consideró que “una de las cosas que creemos poder hacer es ayudar a los países --de Estados Unidos a Sudamérica, pasando por México y Centroamérica-- a poder crear mejores condiciones para sus ciudadanos.

Por último, destacó el caso del periodista Bradley Roland Will, asesinado en octubre de 2006 durante el conflicto popular magisterial.

En este punto, elogió el compromiso del gobernador Gabino Cué en “proseguir la investigación” de todos los eventos del 2006 y “esclarecer exactamente qué pasó para poder cambiar la reputación de Oaxaca”.

Pascual puntualizó que “el gobernador ha indicado que no se quiere deshacer de su compromiso de seguir este asunto y tratar de encontrar la manera, junto con la Procuraduría General de la República, de saber exactamente qué pasó y así atraer la investigación que ha preocupado mucho a mi país y a la familia de Brad Will, y por esa razón me complace mucho que en el gobierno estatal estén preocupados por cerrar este caso de manera transparente”.

En México, tres poderes: caros y contrarios al pueblo, ¿Para qué los queremos si sólo sirven a los ricos?

Pedro Echeverría V.

1. Por medios impresos y por Internet han estado circulando manifiestos y firmas para reducir el número de diputados y senadores de 500 a 300 o 200. Esa campaña, aunque tiene tintes derechistas y empresariales, es apoyada por una parte de la población. ¿Por qué los derechistas y empresarios? Porque ellos a través de la historia han pensado –silenciando lo que ellos hacen- que Estado, gobierno y políticos son muy corruptos y dilapidan el dinero del presupuesto en altos salarios, gastos suntuarios y corrupción y, por otro lado, todo ese dinero –así piensan- debe ser manejado por los empresarios privados para hacer más grandes sus negocios y crear mayor cantidad de empleos. Gran parte de la población, en particular las clases medias acomodadas, piensa casi de igual manera. Esta campaña derechista se desarrolló mucho en los años sesenta y setenta contra la Conasupo, el IMSS, las empresas eléctricas y de petróleos, pero en particular contra todas las empresas paraestatales.

2. La revolución burguesa mexicana de 1910-17 originalmente se hizo contra los grandes terratenientes, los militares porfiristas, el alto clero y la aristocracia de las ciudades, es decir, fue contra los conservadores, los restos feudales y eso que se llama derecha mexicana; sin embargo ésta en vez de considerarse derrotada se metamorfoseó, decidió acomodarse a la nueva política y a los renovados funcionarios, muchos de ellos sus hijos o parentela. Permaneció seis décadas desarrollándose y viviendo bajo la protección o sombra del Estado hasta que en los ochenta –ya muy fuerte- sacó la cabeza y reclamó abiertamente el gobierno. Por eso 1982, año de la intervención de los bancos por López Portillo y al mismo tiempo de la abierta protesta de los empresarios encabezados por Clouthier, es significativo. Este mismo personaje –presidente del Consejo Empresarial y destacado militante del PRI- se transformó en militante del PAN y se convirtió en candidato presidencial de este mismo partido.

3. Esto fue lo que durante muchos años, sobre todo en las décadas de los sesenta y setenta, planteamos los espartaquistas mexicanos como burguesía burocrática (o política) que se hizo poderosa a partir de la revolución, de los cargos de gobierno y los negocios a través del Estado, que educó y protegió a la burguesía privada (comercial, industrial y financiera) cuándo ésta no sabía manejar la política ni agruparse para defender sus intereses en conjunto. También se puede pensar, a través de esta idea, por qué los del PRI se hicieron ricos a través del gobierno y la política y cuál es la causa que los sectores privados –el PAN entre ellos- son muy ignorantes en política pero muy profesionales en negocios y en abogados que los defienden. Sin embargo esa división de intereses -aunque los hacían confrontarse- nunca les impidió que estuvieran unidos en los negocios que siempre les produjeron enormes ganancias.

4. Hay que decir que el problema no es que hayan 500, 300 o tres legisladores sino saber a qué intereses responden. ¿Si sirven a los intereses de la población mayoritaria, al de los millonarios o a sus personales intereses? ¿Si son parte de un gobierno honesto por cobrar un salario parecido al de los trabajadores o, por el contrario, de un gobierno funesto, caro, que se asigna salarios como las “ganancias” de los grandes empresarios? ¿Cambiaría algo si eliminamos a 200 o 400 legisladores aunque los que queden sigan siendo tan corruptos e inefectivos como ha sido siempre? Más aún, podríamos reducirlos a tres diputados –uno por cada partidos de los tres dominantes- que son en la práctica quienes definen todo. Tres legisladores que lleven las posiciones de su partido para llegar a acuerdos. ¿Y las comisiones técnicas? Bastaría que cada partido analice y discuta internamente cada propuesta para que su representante exponga los problemas.

5. Es decir, podrían desaparecer todos los legisladores y el mismo parlamento. Para ahorrar tanto derroche de presupuesto público y de funcionarios ineficaces podríamos reducir a casi nada los funcionarios de cada dependencia, pero lo miles de millones de pesos que ahorraríamos se irían a otros campos igual de ineficaces e improductivos y el pueblo no ganaría nada. En la práctica abandonaríamos la República y la llamada Democracia Representativa que defienden muchos funcionarios, por falsas y engañosas para regresar a la Monarquía autoritaria, “constitucional” y, en muchos aspectos hereditaria”, donde decide uno con su corte de consejeros. Se diría: ¿Y qué es lo que se ha vivido en México sino una falsa democracia representativa que degeneró en una forma de monarquía –oligarquía si se quiere- en la que el presidente, el legislativo y el judicial sólo han funcionado como una corte que decide todo bajo la apariencia de una democracia?

6. Además, ¿para qué sirven gran cantidad de secretarías, de altos funcionarios de Estado, un gigantesco aparato burocrático, enorme número de legisladores, etcétera, que dilapidan un alto porcentaje presupuestal, si son los acuerdos entre partidos y el presidente los que deciden sin consultar más que a sus huestes? Si los legisladores fueran realmente representantes del pueblo y sólo defendieran los intereses de sus representados después de consultarlos habría que exigir muchos más legisladores; y si éstos en vez de ganar 200 salarios mínimos sólo se les pagaran 20, con la obligación de consultar e informar, el poder legislativo sería un real representación. ¿Por qué un cargo político o una representación “popular” pueden costar hasta diez millones de pesos si con el salario normal apenas pueden reunirse en seis años? ¿Por qué los políticos de todos los partidos se pasan más de 30 o 40 años brincando de un cargo a otro?

7. La realidad es que nadie puede negar la enorme corrupción que existe en el país, pero no es por el gran número de legisladores y sus exagerados salarios. Es esencialmente porque los gobiernos nunca han servido a los intereses de la mayoría de la población. La realidad es que fastidia al pueblo que en nombre de la democracia vivamos una oligarquía (gobierno de pocos) que determina todo en perjuicio de la mayoría de la población. Dicen: ¿Para qué queremos 500 diputados, 120 senadores, que sólo acuden a levantar su dedo, después que tres partidos –como siempre sucede-se han puesto de acuerdo? Si los legisladores representaran realmente al pueblo y no cobraran como empresarios podrían ser hasta mil, el pueblo tendría mejor representado sus intereses; pero el asunto es contra los tres poderes que sólo sirven a los millonarios y, más aún, es el sistema capitalista que con su estructura bien organizada para la explotación sigue oprimiendo al pueblo.

Dinero y medios. Argumentos y desatinos

Raúl Trejo Delarbre / Sociedad y poder

Los lectores de esta columna conocen ya, si han tenido la paciencia y el interés necesarios, mis argumentos a favor de la reforma constitucional que en 2007 prohibió la contratación de espacios para propaganda política en televisión y radio. El amparo que promovieron 15 intelectuales y periodistas y que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reavivado una discusión interesante e intensa. A favor de la reforma constitucional que impide que la contratación de spots –y por lo tanto la preeminencia del dinero– distorsionen la equidad necesaria en las campañas políticas, se han expresado opiniones como la de José Woldenberg que ayer jueves, en Reforma y otros diarios, advierte que la abolición de esa reforma constitucional podría dinamitar la construcción del proceso democrático que tenemos en la organización de las elecciones. Ayer también Pedro Salazar, en El Universal, subrayó la enorme responsabilidad que tiene la Corte al constituirse en tribunal capaz de reformar la Constitución, una facultad que la Carta Magna no le otorga de manera expresa. En ese mismo diario, el miércoles 26, Lorenzo Córdova explicó algunas de las consecuencias más graves que tendría una decisión de la Corte favorable a los demandantes: aunque solamente los promotores del amparo podrían comprar propaganda electoral en los medios electrónicos, ese fallo daría lugar a que las televisoras se negasen a transmitir los spots de los partidos utilizando el tiempo oficial; tal escenario pondría en riesgo las elecciones presidenciales del año próximo pero, incluso, las elecciones estatales que ya se encuentran en marcha.

En defensa del amparo –es decir, contra las actuales disposiciones constitucionales en materia de propaganda en televisión y radio– algunos de los firmantes del amparo han recalcado en días recientes los motivos de su demanda. Varios de ellos lo hacen con excesiva retórica y, en ocasiones, falseando algunos hechos.

Leo Zuckermann el 24 de enero en Excélsior, escribió: “Los demandantes también pensamos que la Constitución no puede obligar a un ciudadano a asociarse a un partido para poder expresar su opinión en espacios radiofónicos y televisivos. Al hacerlo, se generan ciudadanos de primera (los que están en los partidos y pueden expresar sus opiniones en spots) y de segunda (los que tienen prohibido hacerlo en estos espacios)”. Casi de manera idéntica, Federico Reyes Heroles manifestó al día siguiente en Reforma y más tarde en otros diarios: “A partir de la reforma hay dos categorías de ciudadanos, los de primera que pueden contratar y los de segunda que no. El nuevo 41 [se refiere al artículo 41 Constitucional] además violenta el principio de asociación o no asociación. Para ejercer a plenitud la libertad de expresión se tiene que militar en un partido”.

Al contrario, lo que hace la mencionada reforma constitucional es impedir que en materia de propaganda electoral haya –para seguir la caracterización de Zuckermann y Reyes Heroles– dos tipos de ciudadanos: los que tienen dinero, y los que no, para comprar espacios de propaganda política en radio y televisión. Y eso no tiene nada que ver con la libertad de asociación. Leo y Federico, o cualquiera de los promotores del amparo, se pueden afiliar, o no, al partido de su elección. Para ejercer su libertad de expresión no tienen que mostrar carnet político alguno. Zuckermann y Reyes Heroles, así como la mayoría de los promotores del amparo, tienen acceso a muchos medios de comunicación. No pueden decir, apegándose a la verdad, que con la reforma constitucional han perdido un ápice de esa capacidad para manifestarse en medios de toda índole.

Jorge G. Castañeda el 20 de enero en Reforma y otros diarios, repite la misma equivocación y la amplía: “O bien la decisión da pie a que se acepte la existencia de dos categorías de mexicanos, se fomente la opacidad o la franca corrupción entre gobiernos estatales y medios masivos de comunicación para entrevistas, programas especiales, infomerciales contratados, etcétera, se fortalezca la partidocracia al darle el monopolio de acceso a los medios de comunicación; o bien la Corte se pronuncia de modo tal que el Legislativo cree un sistema ciertamente reglamentado, pero más transparente, accesible y sensato de regulación de campañas”.

La misma reforma constitucional, en una enmienda ya no al artículo 41 sino al 134, prohíbe el empleo de recursos públicos para la promoción personal de los funcionarios. El dispendio de dinero fiscal que hacen todos los gobernadores, por ejemplo, encontraría un importante dique si esa taxativa estuviera reglamentada y se cumpliera. Si el amparo prospera y la Corte invalida toda la reforma constitucional, esa sería una de las disposiciones afectadas.

Los impulsores del amparo también han dicho que la aprobación de la reforma constitucional padeció irregularidades formales. El meollo de su argumentación no se encuentra allí, pero han repetido tanto la supuesta inobservancia de los procedimientos que establece la ley que vale la pena aclarar esas afirmaciones. Me detengo en un párrafo de Héctor Aguilar Camín en Milenio el 21 de enero: “No hubo iniciativa de ley, ni comisión revisora de la iniciativa, ni dictamen de la comisión, ni debate parlamentario en ambas cámaras. Un grupo de diputados y senadores llevó un ‘proyecto de dictamen’ al Senado y éste lo devolvió aprobado a la Cámara de Diputados, que lo votó también aprobatoriamente. La aprobación de la reforma por los congresos locales estuvo también plagada de irregularidades”.

Tengo la certeza de que el habitualmente acucioso Aguilar Camín se equivoca por haberle creído a pie juntillas a alguno de los abogados que lo asesoró en la demanda de amparo. Si se hubiera tomado la molestia de buscar testimonios documentales de las acciones legislativas que no existieron, se habría percatado de los sucesivos errores que comete en el texto antes citado.

Las enmiendas constitucionales fueron propuestas por el senador Manlio Fabio Beltrones, que a nombre propio y de legisladores de varios partidos, presentó la iniciativa el 31 de agosto de 2007 como puede leerse en el Diario de los debates publicado ese mismo día.

Esa propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. El dictamen de tales comisiones fue presentado a primera lectura el martes 11 de septiembre en el Pleno del Senado, como da cuenta el Diario de los debates de esa fecha. Allí se presentó incluso el voto particular del partido Convergencia que se opuso a la reforma constitucional.

Aquel dictamen era tan ampliamente conocido que el martes 11 de septiembre varias docenas de conductores y comediantes de Televisión Azteca y Televisa, entre otras empresas, acudieron a manifestar su rechazo a las oficinas del Senado en la Torre del Caballito. Ese dictamen, para entonces ampliamente discutido no solamente entre los legisladores sino en los medios de comunicación, también está publicado en la Gaceta del Senado de la República aparecida el 11 de septiembre.

El debate en el pleno del Senado también fue muy difundido, no solamente en el Canal del Congreso sino en numerosos medios que daban cuenta de cada intervención. En él participaron, entre otros senadores, los líderes de las fracciones parlamentarias. En aquella discusión intervinieron los senadores Alejandro González Yáñez del Partido del Trabajo; Dante Delgado Rannauro, José Luis Lobato Campos y Gabino Cué Monteagudo de Convergencia; Irma Martínez Manríquez del Partido Nueva Alianza; Francisco Agundis, Arturo Escobar y Vega y Jorge Legorreta Ordorica del Partido Verde; Carlos Navarrete Ruiz, Arturo Núñez Jiménez y Pablo Gómez Álvarez del Partido de la Revolución Democrática; Manlio Fabio Beltrones Rivera, Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Coldwell del Partido Revolucionario Institucional; Santiago Creel Miranda, Ricardo Francisco García Cervantes y José Alejandro Zapata Perogordo del Partido Acción Nacional.

Después de una extensa discusión, la iniciativa de reformas fue aprobada con 111 votos a favor, de los senadores de PRI, PAN, PRD, PT y Nueva Alianza. Hubo 11 votos en contra de senadores de PVEM y Convergencia. A continuación los legisladores discutieron enmiendas en lo particular y realizaron tres nuevas votaciones. Toda esa discusión, frase por frase, está contenida en el Diario de los Debates del Senado correspondiente al 12 de septiembre de 2007.

Las reformas, así avaladas por el Senado, llegaron de inmediato a la Cámara de Diputados. El pleno de esa Cámara las discutió el viernes 14 de septiembre. En esa deliberación participaron más de 30 diputados. La transcripción del dictamen y de la discusión misma, incluyendo aclaraciones de procedimiento y la discusión de artículos en lo particular, ocupa 78 páginas, de la 20 a 98 en el Diario de los Debates del 14 de septiembre. Aquel día, a favor de la reforma constitucional en materia electoral, se emitieron 408 votos a favor, 33 en contra y 9 abstenciones.

¿Cómo puede decirse, frente a la memoria de aquellas jornadas legislativas, que no hubo iniciativa, revisión, dictamen, ni debate en el Congreso? La ligereza de esas afirmaciones es proporcional a la gravedad que alcanzaría una decisión de la Corte favorable al amparo de los 15 intelectuales y periodistas.

He transcrito los nombres de los senadores que, aquel septiembre de 2007, defendieron con tanta enjundia –y con argumentos sólidos– la reforma constitucional que acotaba el poder de las televisoras para manejar dinero y spots de los partidos. Tres años y algunos meses más tarde, esos legisladores se han olvidado de la reforma que aprobaron en contra de las groseras exigencias de Televisa y Televisión Azteca. Hoy la defensa de las televisoras, en ese asunto específico, está cifrada en el amparo de los 15. Pero los senadores Beltrones, Creel, Navarrete, entre otros legisladores y dirigentes políticos, están muy silenciosos acerca de ese tema.

Cuelgan narcomantas en Acapulco contra el candidato Ángel Aguirre

Ezequiel Flores Contreras

Al menos dos narcomantas fueron colocadas en distintas zonas públicas de Acapulco, en las que se denuncian presuntos vínculos del candidato de la coalición Guerrero nos Une, Ángel Aguirre Rivero, con el líder de un grupo de narcotraficantes que disputan la plaza en este destino de playa.

El hallazgo ocurrió aproximadamente a las seis de la tarde, cuando una de las narcomantas fue colocada en el puente de Las Cruces, sobre el bulevar Vicente Guerrero, y la otra en un puente peatonal de la colonia La Vacacional, a la altura del centro comercial Plaza Caracol, indican reportes oficiales.

Las mantas fueron retiradas por personal del Operativo Conjunto Guerrero, conformado por militares y policías de los tres niveles de gobierno, y en ellas se acusa:

“A toda la ciudadanía en general del municipio de Acapulco, se le comunica que el asesinato del exregidor y líder tianguista Antonio Valdés Andrade fue cometido por los sicarios Moisés Montero, alias El Coreano, y Carlos Antonio Barragán Hernández, alias El Melón, y Benjamín Flores Reyes, alias El Padrino, por ordenes (sic) de Víctor Aguirre jefe del Cártel Independiente de Acapulco (Cida). Asimismo ordenó a sus brazos ejecutores las muertes de los custodios del penal de Las Cruces, para calentar la plaza de esta zona”.

Y también agrega: “Ordenó el asesinato del militante del PRI de Atoyac de Álvarez (Regulo Cabrera), este grupo criminal se dedica a la extorsión y secuestro y cobro de cuotas a comerciantes y empresarios de este puerto. Víctor Aguirre estuvo preso 17 años en el penal de Las Cruces por los delitos de secuestro, extorsión y delincuencia organizada, actualmente se encuentra operando en el municipio de Coyuca de Benítez, con el apoyo de su primo hermano, el candidato a gobernador Ángel Aguirre Rivero y la célula de los ‘Z’ que operan en Zacatecas. Atentamente, El Fantasma”.

Estos señalamientos contra Aguirre aparecen luego de que el diario Reforma reveló hoy un supuesto apoyo de capos del narcotráfico al candidato priista Manuel Añorve.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión que el candidato de la izquierda es vinculado al presunto líder del Cida.

El 23 de septiembre de 2009, Apro publicó una nota sobre el hallazgo de dos narcomensajes en Acapulco, donde se leía lo siguiente:

“Víctor Aguirre, Iza Pita, Jesús Tapia Hernández, Pablo Burgos y el argueado Adolfo Madrigal González, Rubén Jaramillo Aguirre, extorsionadores y vendedores de droga, heroína, cocaína y crac, dentro y fuera del penal, quien se dice primo hermano político de Ángel Aguirre Rivero y se dice protegido, ya que goza del poder de su grupo delictivo pidiendo dinero y mandando a matar a todos los sicarios que salen del penal que están al mando de Rogaciano Álvarez”.

A tres días de la elección a gobernador, el tema de la presunta infiltración del narco en la política de la entidad sintetiza la violencia política y criminal que caracterizaron este proceso electoral, así como la cruenta disputa entre narcotraficantes por esta plaza.