La demagogia es la hipocresía del progreso

Mario Di Costanzo Armenta

Ahora resulta que 15 meses después de que Andrés Manuel López Obrador, advirtiera de la necesidad de establecer un Programa para Defender la Economía Popular Frente a la Carestía, Felipe Calderón anuncio un plan para apoyar la economía de las familias más pobres del país y al mismo tiempo garantizar el abasto de alimentos básicos para la economía.

Sin embargo, es conveniente advertir que su propuesta es demagógica e ineficiente, por lo que resultará totalmente ineficaz para revertir el deterioro del nivel de vida de la población y en especial de los grupos más vulnerables.

Para corroborar lo anterior basta mencionar que el plan anunciado por Calderón es sólo un resumen de lo que se ha venido haciendo desde que estallara hace más de un año la llamada “crisis del maíz y la tortilla”; es decir, los “eruditos” diseñadores de este plan pretenden solucionar el problema del abasto y del precio de los alimentos, permitiendo la entrada de mayores importaciones de los mismos.

¿Qué acaso no saben que una parte del problema es que el precio de los alimentos se ha incrementado en el resto del mundo y que por más que se “abran las fronteras” compraremos comida cara en el exterior?

Por esa misma razón, López Obrador propuso desde el 29 de enero de 2007 que la solución debía ser de fondo y centrarse en aumentar la producción, con base en una mayor productividad, en programas de apoyo a productores, inversiones públicas y la adopción de una estrategia moderna de mediano y largo plazo, para recuperar la autosuficiencia en la producción de alimentos, y con ello estar razonablemente protegidos ante los aumentos de los precios internacionales, cuyas causas escapan a nuestro control.

Resulta insultante que ahora le preocupe a Calderón el incremento en el costo de los fertilizantes y que hace dos semanas haya “cerrado” operaciones —por no ser rentable— la petroquímica de Cosoleacaque, que era la única planta en el país que producía amoníaco, el principal insumo para la elaboración de fertilizantes.

Pero la demagogia de su programa alcanza su punto máximo con el incremento de 120 pesos en el apoyo que hasta ahora es de 535 pesos al mes y que se otorga a cinco millones de familias mediante el Programa Oportunidades: en primer lugar, porque el apoyo otorgado, con todo y el incremento (655 pesos mensuales), sigue siendo inferior al Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores que implementó López Obrador durante su gestión como jefe de gobierno del Distrito Federal a las personas de la tercera edad.

Es mezquino, ya que el incremento de 120 pesos a cada beneficiario del Programa Oportunidades representa un costo adicional de sólo 600 millones de pesos mensuales, cuando las finanzas públicas al mes de marzo del presente año registraron un superávit (es decir, más ingresos que gastos) por 100 mil millones de pesos.

Es una aceptación tácita de que el costo de la vida se ha incrementado, en lo que va del año, en más de 22% y no en 4.5% como lo establece el Banco de México, ya que el incremento de 120 pesos representa apenas 22% más de lo que hasta ahora reciben estas personas.

Vuelve a ser mentiroso cuando señala que “el gobierno federal seguirá realizando un esfuerzo para evitar el aumento del precio de los energéticos y para ello se destinarán casi 200 mil millones de pesos, que provienen de los recursos excedentes derivados del mayor precio del petróleo”.

En este punto, y en particular en el tema de la gasolina, Calderón vuelve a decir medias verdades, ya que actualmente el costo promedio de la gasolina en Estados Unidos es de 3.78 dólares por galón, lo que significa que un litro de gasolina en la Unión Americana cuesta aproximadamente un dólar: luego entonces, un barril de gasolina (a precio de gasolinera) cuesta 159 dólares.

Por ello, si asumimos que por máximo (dado que estamos tomando un valor de gasolinera) el costo de importación para México de un barril de gasolina es de 159 dólares por barril y de acuerdo con PEMEX al mes de abril se habían importado 38 millones 64 mil barriles de gasolina, el gasto en importación fue de 65 mil 19 millones de pesos, pero a este total tenemos que descontarle los ingresos que obtuvo PEMEX por la venta de esa gasolina importada, puesto que la vende en el mercado nacional: en virtud de que el precio promedio de venta de la gasolina que importa PEMEX (Magna y Premium) es de 8 pesos, es decir 0.73 centavos de dólar, se puede decir que PEMEX recupera 116 dólares por cada barril que importa, o dicho de otra manera, “que el subsidio neto actual por cada barril de petróleo importado es de 42.9 dólares”.

Lo cual implica que durante los cuatro primeros meses del año, el subsidio neto total a la importación de gasolina fue de 17 mil 555 millones de pesos, cifra que representa 34% de los excedentes petroleros, que se ubicaron en 51 mil 500 millones de pesos.
Finalmente, quiero mencionar que como respuesta a mi colaboración anterior, se recibió en este periódico una carta enviada por la oficina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, en la que señalaba entre otras cosas que no había pruebas o evidencias de que durante la reprivatización de los bancos hubiesen existido irregularidades o tráfico de influencias.

En razón de lo anterior, no me queda más que invitar al ex presidente a debatir públicamente sobre este asunto, sin que esto sea un tema de “política ficción”.

AGUSTÍN CARSTENS MIENTE SOBRE LOS EXCEDENTES PETROLEROS:

EL SUBSIDIO NETO A LA IMPORTACIÓN DE GASOLINA REPRESENTÓ APENAS EL 34% DEL LOS EXCEDENTES PETROLEROS

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo

Agustín Carstens miente al negar la existencia de excedentes petroleros, más aún si para ello ha argumentado que el costo de las importaciones de gasolina está absorbiendo los excedentes petroleros, datos de PEMEX muestran que el subsidio a la importación de gasolina representa al mes de abril del presente año, tan sólo el 28% de los excedentes acumulados durante los cuatro primeros meses del año.

Para corroborar lo anterior sólo basta mencionar que de acuerdo con información de PEMEX durante los cuatro primeros meses del año el precio promedio de `la mezcla mexicana de exportación de crudo, se ubico en 85.41 dólares por barril con una plataforma de exportación mensual promedio de 44.47 millones de barriles.

Lo anterior significa que durante los 4 primeros meses del año los ingresos por concepto de exportación de petróleo ascendieron a 163 mil 147 millones de pesos, esta cifra resulto en un excedente de 51 mil 509 millones de pesos, con respecto a la estimación original en virtud de que en la Ley de Ingresos para 2008, se proyectó un precio promedio de 49.5 dólares por barril de la mezcla mexicana de exportación y una plataforma de exportación de 50.3 millones de barriles mensuales.


Sin embargo, a pesar de estos cuantiosos excedentes Agustín Carstens ha pretendido “esconder” o “negar” su existencia argumentando que dichos excedentes se han utilizado para financiar las importaciones de gasolina, que han aumentado en valor debido principalmente al incremento de las “gasolinas en Estados Unidos” como consecuencia del incremento en los precios del petróleo.

Lo anterior es un argumento falso y tendencioso ya que de acuerdo con información actualmente el costo promedio de la gasolina en los Estados Unidos es de 3.78 dólares por galón, lo anterior significa que un litro de gasolina en la unión americana cuesta aproximadamente un dólar, luego entonces un barril de gasolina (a precio de gasolinera) cuesta 159 dólares.

Por ello, si asumimos que por máximo (dado que estamos tomando un valor de gasolineria), el costo de importación para México de un barril de gasolina es de 159 dólares por barril y de acuerdo con PEMEX, al mes de abril se habían importado 38 millones 64 mil barriles de gasolina, el gasto total en importación de gasolina fue de 65 mil 19 millones de pesos, sin embargo a este total tenemos que descontarle, los ingresos que obtuvo PEMEX por la venta de esa gasolina importada, puesto que PEMEX importa esa gasolina para venderla en el mercado nacional.

En virtud de que el precio promedio de venta de la gasolina que importa PEMEX (Magna y Premium) es de 8.0 pesos, es decir 0.73 centavos de dólar, se puede decir que PEMEX recupera 116 dólares por cada barril que importa, o dicho de otra manera, “que el subsidio neto actual por cada barril de petróleo importado es de 42.9 dólares”, lo que implica que durante los cuatro primeros meses del año, el subsidio neto total a la importación de gasolina fue de 17 mil 555 millones de pesos, cifra que representa el 34% del total de los excedentes petroleros.

Por ello, aún descontando el monto neto de las importaciones de gasolina de los excedentes petroleros, aun quedaría un remanente de casi 34 mil millones de pesos.

Cabe reiterar que el costo considerado del barril de gasolina en el mercado internacional para este ejemplo, es de 159 dólares, el cual es elevado en virtud de que se está considerando el precio promedio de venta al menudeo en los EUA, por lo que el subsidio neto que se estima podría ser aún menor. (Véase cuadro 2)

Cuadro 2


Inconsistencias en las Estadísticas Presentadas al Mes de Marzo:

Más aún, de acuerdo a la “página A2” de los anexos del Informe Trimestral de Finanzas Públicas más reciente, se observa que los ingresos totales del sector público durante el primer trimestre del presente año, ascendieron a 674 mil 628.4 millones de pesos, cifra superior en 20 mil 429 millones de pesos a la proyectada originalmente.

Sin embargo, si revisamos la información publicada por la SHCP, se observa que los ingresos recibidos por concepto de “Derechos a los Hidrocarburos”, fueron de 229 mil 505.7 millones de pesos, lo que representó un ingreso adicional a los programado por 82 mil 29 millones de pesos, pero mañosamente la misma SHCP, señala que la recaudación por concepto deI Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), FUÈ NEGATIVA en -61 mil 749 millones de pesos, esto significa en otras palabras que la SHCP de manera absurda y mañosa está descontando artificialmente una supuesta “desrecaudaciòn de 61 mil 749 millones de pesos, de los ingresos excedentes por concepto de “Derechos sobre Hidrocarburos” que fueron de 82 mil 29 millones de pesos, para concluir que los “ingresos excedentes durante el primer trimestre del año, son de sólo 20 mil 429 millones de pesos.

LA SHCP MIENTE Y EQUIVOCA LAS CUENTAS PARA OCULTAR LOS EXCEDENTES PETROLEROS

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo

Agustín Carstens y los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tratan de ocultar los excedentes petroleros, para apoyar la privatización de PEMEX, y apoyar los falsos argumentos de Felipe Calderón en el sentido de que el gobierno no cuenta con recursos para capitalizar y modernizar a Petróleos Mexicanos.

Para corroborar lo anterior, sólo basta señalar que de acuerdo a la “página A2” de los anexos del Informe Trimestral de Finanzas Públicas más reciente, se observa que los ingresos totales del sector público durante el primer trimestre del presente año, ascendieron a 674 mil 628.4 millones de pesos, cifra superior en 20 mil 429 millones de pesos a la proyectada originalmente.

Sin embargo, si revisamos la información publicada por la SHCP, se observa que los ingresos recibidos por concepto de “Derechos a los Hidrocarburos”, fueron de 229 mil 505.7 millones de pesos, lo que representó un ingreso adicional a los programado por 82 mil 29 millones de pesos, pero mañosamente la misma SHCP, señala que la recaudación por concepto deI Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), FUÈ NEGATIVA en -61 mil 749 millones de pesos, esto significa en otras palabras que la SHCP de manera absurda y mañosa está descontando artificialmente una supuesta “desrecaudaciòn de 61 mil 749 millones de pesos, de los ingresos excedentes por concepto de “Derechos sobre Hidrocarburos” que fueron de 82 mil 29 millones de pesos, para concluir que los “ingresos excedentes durante el primer trimestre del año, son de sólo 20 mil 429 millones de pesos.

Más aún, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 19, establece que en caso de existir ingresos excedentes, estos deberán repartirse de la siguiente forma:

a) En un 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas;

b) En un 25% al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos;

c) En un 40% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

d) En un 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.

Sin embargo si revisamos la información que proporciona la SHCP con respecto al saldo actual del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros observamos que al mes de marzo de 2008 asciende a 56 mil 903 millones de pesos, cifra que resulta inferior al saldo que registró este Fondo de Estabilización en el mes de diciembre de 2007, cuando se reportó que los recursos acumulados fueron de 57 mil 294.6 millones de pesos.

Lo anterior resulta totalmente absurdo en virtud de que a pesar de que el precio de la mezcla mexicana de exportación de petróleo durante el primer trimestre del año fue de aproximadamente 84 dólares por barril, es decir 35 dólares más que lo estimado originalmente, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, haya registrado una reducción de más de 350 millones de pesos, cuando la ley establece que los recursos de este fondo se utilizarán sólo en caso de que el precio del petróleo registre una disminución.

Finalmente conviene mencionar que de acuerdo a la evolución del precio del petróleo y de la plataforma de exportación, se estima que los ingresos excedentes durante el primer trimestre del año, ascendieron a 37 mil 127 millones de pesos.
(Se anexan cuadros)

Cuadro 1

· El excedente de los Ingresos por Concepto de Derechos a los Hidrocarburos son de 82 mil 29 millones de pesos.

· La recaudación por IEPS es negativa en 61 mil 749.3 millones de pesos. esto resulta ilógico pues no existen las recaudaciones negativas.



Cuadro 2


Cuadro 3


Cuadro 4

La década perdida: ¿y tu sexenio, apá?

Mario Di Costanzo Armenta

Debo confesar que tuve que meditar mucho sobre el tema al que dedicaría el artículo de hoy, pues a pesar de que reconozco que el asunto petrolero es y debe ser la prioridad en estos momentos para todos nosotros, no pude evitar escandalizarme ante las omisiones del ex presidente Carlos Salinas de Gortari en su libro titulado La década perdida, sobre todo en lo que se refiere al episodio conocido como el rescate bancario o el Fobaproa-Ipab.

Señalo lo anterior porque, a pesar de que en el texto de Carlos Salinas abundan las referencias al libro titulado “El saqueo a los mexicanos: entender el rescate bancario para impedir otro Fobaproa” cuyos autores somos tanto un servidor como mi entrañable amigo Jorge Francisco Moncada, el señor Salinas omitió referir un capítulo que lo ubica como el gran responsable de este “saqueo a los mexicanos”.

Por ello, al final, lo importante no es que coincida con la conclusión de lo que fue el Fobaproa-IPAB, sino que se niegue a aceptar su grave responsabilidad en este saqueo, que por cierto fue resultado de una privatización.

De esta manera, el “texto demoledor” al que Salinas alude tantas veces en referencia a nuestra investigación sobre el rescate bancario, en su capítulo titulado “La reprivatización según Sa(n)linas” establece, entre otras cosas, lo siguiente:

En 1988 el gobierno salinista inició un proceso denominado reforma financiera, para implantar las bases de la liberalización y la modernización del sistema. Para ello, se apoyó en un gabinete económico que integraron los llamados “hijos pródigos del neoliberalismo”: funcionarios como Pedro Aspe, Guillermo Ortiz Martínez, José Ángel Gurría o Ernesto Zedillo.

Así, en 1990 modificó los artículos 28 y 123 de la Constitución, suprimiendo la exclusividad del Estado en la prestación del servicio de banca y crédito. En 1992 y 1993 reformó diversos ordenamientos legales que regulaban al sector.

Y el 5 de septiembre de 1990 se publicó el acuerdo presidencial que estableció los principios básicos del proceso para la desincorporación de las sociedades nacionales de crédito, así como sus objetivos prioritarios.

De esta manera, en 1991 se inició la reprivatización formal del sistema de banca múltiple para promover una economía abierta.

Las autorizaciones de bancos se licitaron al mejor postor y en las bases de desincorporación se establecieron medidas para evitar la concentración en pocas manos y para garantizar la participación de capitalistas grandes, pequeños y medianos.

Además, expresamente se ordenó que “el Consejo de Administración de las instituciones (desincorporadas) debía estar integrado por personas de reconocida honorabilidad, que contaran con amplio conocimiento y experiencia en materia financiera y administrativa”.

La reprivatización se concretó en un lapso de 13 meses y según Salinas el gobierno federal recibió por ella “39 mil 711 millones de pesos (y) como en el resto de las privatizaciones, los recursos obtenidos también se destinaron íntegramente al fondo para el pago de la deuda interna”.

Pero lejos de garantizar que los bancos quedaran en manos de quienes conocían a fondo el negocio bancario, el acuerdo del 5 de septiembre de 1990 sirvió más bien para la reafirmación de que las reglas son para romperse: empresarios, dueños de casas de bolsa e inversionistas inexpertos en el sector terminaron controlando la banca reprivatizada.

Se licitaron 18 bancos, cuyos precios alcanzaron hasta 5.3 veces más que su valor en libros y representaron utilidades para el gobierno por casi 12 mil 500 millones de pesos.

Pero resultó evidente la falta de apego a las condiciones que impuso el mismo gobierno para garantizar un proceso adecuado, puesto que desde que se anunció la reprivatización de los bancos, destacaron entre los interesados grupos financieros representados por 11 casas de bolsa y siete agrupaciones particulares: los compradores estaban principalmente relacionados con sectores empresariales e industriales a los que las casas de bolsa sirvieron como intermediarias para comprar los bancos.

Por eso en la mayoría de los casos los compradores carecían de experiencia financiera o crediticia y de conocimiento técnico suficiente para realizar sanas prácticas bancarias, lo cual provocó a su vez que resultaran incapaces de contratar equipos de administración eficientes.

Así, prácticamente de la nada, saltaron de lleno al negocio neobanqueros como José Madariaga Lomelí, Julio César Villarreal, Jorge Lankenau Rocha, Hugo Villa Manzo, Carlos Cabal Peniche o Isidoro Rodríguez Sáez, entre otros.

Lo peor, sin embargo, trascendió con el paso del tiempo ya que luego se supo que en muchos casos gran parte de la compra de bancos se financió con recursos que prestaron otros bancos ya privatizados, como sucedió en lo relativo a Inverlat, Banco Unión o Banco Internacional.

Por lo que ahora se sabe que desde un principio las instituciones desincorporadas no tuvieron una sólida capitalización: fueron negocios que se echaron a andar con capital de papel (dinero prestado) y de saliva (mediante acuerdos verbales).

Esto originó que a la postre, la crisis bancaria fuese más grave y profunda de lo que hubiese sido si en la reprivatización de la misma no hubiera existido corrupción, tráfico de influencias y favoritismos.

Al final, lo más preocupante es que quien sentó las bases para generar una década perdida sea ahora quien elogia a Felipe Calderón y a su reforma energética.

LA BURRA NO ERA ARISCA, LA HICIERON

Mario Di Costanzo Armenta

Sin lugar a dudas, a los problemas de inconstitucionalidad, ineficiencia, ineficacia, pérdida de soberanía y seguridad nacional que se observan en la propuesta de reforma petrolera de Felipe Calderón, se debe añadir un elemento, que es y será determinante en el sentir de la gente.

Me refiero a la falta de credibilidad en el gobierno, sobre todo cuando en este contexto se añade la palabra “privatización”.

Señalo lo anterior porque, al mes de diciembre de 2007 la deuda total del sector público se ubicó en 3.5 billones de pesos, de los cuales 45%, es decir, 1.6 billones, corresponde a conceptos que están directamente ligados con privatizaciones, como son el rescate bancario y el carretero, sin olvidar los pidiregas, que han sido al final de cuentas intentos ilegales y poco transparentes de promover la inversión privada en el sector energético.

Así, de los 33 mil pesos que cada mexicano ya debe al nacer, poco más de 15 mil son producto de privatizaciones. Y a esto hay que añadir que pese a esta deuda enfrentamos bancos que cobran altas comisiones y elevadas tasas de interés, carreteras costosas y en mal estado, y por si fuera poco, elevadas tarifas de energía eléctrica y una gasolina cara.

De esta manera, para los mexicanos las privatizaciones están asociadas directamente con las palabras “rescate”, “falta de transparencia”, “corrupción” y “deuda”.

Luego entonces, resulta absurdo que ahora se pretenda resolver el grave problema que enfrenta el sector petrolero utilizando como herramienta principal a la “privatización” o la “inversión privada extranjera”.

Pero, la propuesta se convierte en un disparate si por un lado se reconoce que gran parte del problema que enfrenta Pemex es fiscal y presupuestario, cuando al mismo tiempo se debe aceptar que ha sido con dinero del presupuesto y proveniente del petróleo con el que se han llevado a cabo los costosos rescates, producto precisamente del fracaso de las privatizaciones.

Así, por ejemplo, mientras en los últimos ocho años se han destinado poco más de 280 mil millones de pesos sólo para cubrir los intereses de la deuda generada por el rescate bancario, Pemex ha contado en el mismo periodo con recursos para inversión por 186 mil millones de pesos (cabe señalar que esta diferencia acumulada representa el costo de 10 refinerías).

Lo grave de esta situación es que ha sido el PRI el “padre” de estas privatizaciones y rescates, en tanto que el PAN se ha convertido en la “madre” de las mismas al rehusarse permanentemente a investigar y esclarecer todas las ilegalidades y corrupción que se observadas en ellas.

Esto acentúa el problema de credibilidad pues con Calderón lejos de dar muestras de transparencia y probidad se han visto multiplicados los indicios de tráfico de influencias, manejo de información privilegiada, conflictos de interés y, en suma, de corrupción y de mentiras, como el asunto Mouriño o el de Zhenli Ye Gon.

Más aún a Germán Martínez, actual presidente del PAN y quien se escandalizo por la toma de las tribunas del Congreso, le tembló algo más que la mano cuando como secretario de la Función Pública tuvo en sus palmas a Francisco Gil Díaz y simplemente se rehusó a fincarle responsabilidades.

Ya ni qué decir en materia fiscal: hace menos de seis meses Calderón señaló que con su “reforma” las “grandes empresas” pagarían impuestos, pero ahora se sabe que son esas grandes empresas —que por cierto, de acuerdo con el auditor superior de la Federación pagaron durante 2005 sólo 74 pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR)— las que han interpuesto cientos de “amparos” contra el pago del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), lo cual también nos cansamos de advertir que sucedería.

Cabe señalar que la interposición de estos “amparos” ha sido comandada por Fernando Sánchez Ugarte, quien hasta diciembre del año pasado se desempeño como subsecretario de Ingresos de Hacienda y en tal virtud se le atribuye el diseño e implementación del IETU, pero a quien a partir de enero de este año no le importó violar la ley, y aceptó una “chambita” como director general de Transportación Marítima Mexicana (TMM). Aunque sobra decirlo, esta empresa también se “amparo” contra el pago del IETU.

Sin embargo, en su momento, Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, guardó silencio y fue incapaz de actuar.

Así, los hechos demuestran que no es posible creer en lo que dice Felipe Calderón. Más aún, cuando en su discurso utiliza los mismos calificativos de bienestar y desarrollo que refería Carlos Salinas de Gortari cuando promovió sus privatizaciones y el Tratado de Libre Comercio.

Yo me pregunto: si se aprueba su reforma petrolera, ¿a cuántos funcionarios de Pemex o cuántos legisladores del PRI y del PAN veremos trabajando para Shell, Exxon o Halliburton, tal y como sucedió con los principales artífices del rescate bancario, quienes ahora se desempeñan como “respetables” miembros del sector financiero?

Por eso digo: la mula no era arisca… la hicieron.