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lunes, agosto 29, 2011

Casino Royale: Terror colateral

Carlos Ramírez / Indicador Político

Más que provocar el terror, el atentado criminal en el Casino Royale definió la escalada en la violencia entre las bandas criminales mexicanas como parte ya del crimen internacionalizado en la disputa por el espacio público.

Asimismo, la tragedia volvió a poner en el tapete del debate la disociación entre los objetivos concretos de las fuerzas federales que han lastimado severamente a los cárteles y la incapacidad de la política de seguridad estatal para fijar los espacios concretos de la seguridad pública.

A diferencia de los coches bomba y de los granadazos, el incendio en el Casino Royale no ha dejado entrever, hasta donde se pudo saber, un acto estrictamente terrorista. El terrorismo perfila acciones para provocar intencionadamente miedo con daños a la población civil con intenciones políticas concretas. En el Casino Royale parece ser un caso de venganza, de lucha por territorios, de venta de protección o de guerra entre bandas criminales, no de daño intencionado a la población civil.

El terrorismo es otra cosa: El uso de la violencia criminal con el objetivo central de dañar a la población civil para obligar por el miedo a que la sociedad le exija al gobierno, al Estado y a las autoridades estatales el cese a la guerra contra los cárteles y la entrega de las plazas territoriales a las bandas del crimen organizado.

El terrorismo es una acción sicológica que cuenta con el apoyo, casi siempre reactivo y en ocasiones cómplice formal, de los medios de comunicación al presentar actos terroristas como señales de derrota de las fuerzas de seguridad.
Hasta el domingo, los medios de comunicación siguieron multiplicando el pánico social con la repetición de las escenas del atentado y luego el aprovechamiento mediático de las escenas dramáticas de los funerales de las víctimas y su línea de crítica se agotó en el funcionamiento presuntamente irregular de los casinos, pero nadie había hecho el esfuerzo por identificar a la banda criminal y sus verdaderas intenciones. Lo mismo ocurrió con el incidente a las afueras del estadio de futbol de Torreón: Los medios reprodujeron hasta la saciedad lo de dentro cuando la balacera ocurrió fuera.

Así, el terrorismo se retroalimenta con el apoyo indirecto de los medios y contribuye a multiplicar el pánico social para exigirle al gobierno la legalización de las drogas, la firma de la paz (¿con dignidad y justicia ante la criminalidad antirreligiosa de los delincuentes?) o el fin de la estrategia de combate contra los cárteles de delincuentes. Es decir, la rendición del Estado ante el crimen organizado. Casi como imagen previsible: Que el presidente de la república le entregue el espadín de mando a Joaquín El Chapo Guzmán. ¿De verdad esto se quiere?
El terrorismo busca doblegar, atacar por el flanco débil de la sociedad que siempre paga las facturas más costosas, provocar el miedo para hacerla cómplice de las bandas criminales. Por eso es extraño --aunque nada debe extrañar-- que los medios hayan enfocado su crítica al Estado y a las autoridades y nada hayan publicado en contra del acto criminal de los delincuentes.

Ahí, en la sociedad, en los medios, en el pánico social, ahí puede decirse que los delincuentes van ganando la batalla contra el crimen organizado. A nadie extraña, por ejemplo, que la revista Forbes le haya dado a El Chapo Guzmán su condición de respetable empresario en la lista top de los más ricos del mundo y que luego, la semana pasada, esa publicación haya sugerido el pacto del gobierno mexicano con los cárteles de la droga. Forbes, sobra decirlo, se mueve en el espacio del endiosamiento del dinero y del poder, no de los intereses de las sociedades. Por ello la revista Forbes aparece como la madrina de El Chapo en su introducción a los altos niveles de la riqueza mundial.

La tragedia parece ocultar algunas responsabilidades. No sólo la de las autoridades federales y estatales en el funcionamiento irregular de casas de apuestas con disfraces múltiples, sino la falta de participación de la sociedad en la definición, supervisión y operación de las políticas estatales de seguridad. Y la mezquindad de las fuerzas políticas que se hicieron a un lado en el caso Casino Royale como una forma de dejar al gobierno federal en el centro de la crítica social. Sólo el senador priísta Manlio Fabio Beltrones, ayer domingo, sacó una declaración de unidad y de convocatoria a las fuerzas políticas a aprobar las reformas pendientes. Los delincuentes deben estar de plácemes ante una sociedad como la mexicana.

El acto criminal de vandalismo se convirtió en un acto de terror por el pánico social multiplicado por la oposición, la crítica en los medios y --de muchas maneras-- el aprovechamiento de la tragedia para subir ratings y ventas. En los Estados Unidos, España e Inglaterra, que han sido víctimas del verdadero terrorismo de radicales religiosos musulmanes, la reacción social fue de apoyo a las autoridades legales y legítimas, y eso que los actos terroristas en esos países fueron acreditados a venganzas por la presencia de fuerzas militares en Irán y Afganistán.

El agudizamiento de la violencia criminal, hasta ahora, no ha sido contra la sociedad civil. La tragedia del Casino Royale responde a enfrentamientos entre bandas en territorios civiles. De ahí que las fuerzas de seguridad del gobierno federal estén obligadas a profundizar sus acciones para identificar a los criminales, atraparlos, juzgarlos y refundirlos en la cárcel, a menos que el consuelo cristiano de los apóstoles de la paz --¿digna?-- sigan asumiendo a los delincuentes como víctimas del ogro del poder político y de gobierno.

La vocación de Genaro García Luna

Miguel Ángel Granados Chapa

Quién sabe qué movió a Genaro García Luna a cursar la carrera de ingeniería civil en la Universidad Autónoma Metropolitana. Quizá fue un error porque en realidad conservó el deseo infantil de ser policía. En satisfacción de ese que parece constituir su verdadero interés profesional, trabajó en una oficina de espionaje, pomposamente llamado Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en la Policía Federal Preventiva, en la Agencia Federal de Investigación y en la Secretaría de Seguridad Pública. Pero su controvertido desempeño público oculta un irrefrenable deseo de figurar en la pantalla de televisión. Si no él, que después de todo observa una mínima autocrítica y sabe que sus dificultades de articulación verbal le impiden transitar por esa senda, sí como productor.

No está de más recordar siempre el montaje por el cual presentó ante los engañados televidentes la detención de Florence Cassez como si ocurriera en tiempo real, según se dice ahora, o en vivo y en directo según la torpe fórmula de antaño. Es pertinente mantenerlo ante la atención pública porque de allí arrancó el conjunto de aberraciones ministeriales y judiciales que destrozaron la vida de esta joven mujer condenada a más de 60 años de prisión. Después de ese episodio, García Luna ha protagonizado otros, como su instantánea presencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para reducir a un pirata de utilería que amenazaba robarse un avión con todo y pasajeros.

Luego García Luna comenzó a hacer realidad su sueño dorado, el de transformar en actos mediáticos su desempeño al frente de la Policía Federal, en su condición de secretario de Seguridad Pública. Con la apariencia (y el costo) de un centro de mando ultramoderno, construyó en Iztapalapa lo que en realidad es un magno estudio de televisión, en el que muestra a detenidos relevantes en calidad de actores que repiten parlamentos escritos especialmente para el efecto.

Pero como es un productor ambicioso, ideó realizar una serie de televisión, difundida por el canal más visto en el país. De allí que ordenara a su directora de Comunicación Social, Verónica Peñúñuri Herrera, solicitara para cotización a Televisa, para la puesta en pantalla de 13 capítulos de una serie titulada provisionalmente y para efectos de la contratación mercantil Policía Federal. Héroes anónimos.

Digamos de paso que esa Dirección de Comunicación Social mintió al solicitante de información sobre esa serie, al decir que “la misma no existe en los archivos de esta unidad administrativa”. Con todo y esa negativa, El Universal, que fue el interesado en conseguir los pormenores que permitieron la salida al aire de El Equipo, como se llamó comercialmente la serie, obtuvo la documentación correspondiente. Por ella supimos que la secretaría de García Luna pagó poco más de 118 millones de pesos por la preproducción, producción, posproducción y difusión abierta con cobertura nacional de esa serie.

El 21 de junio del año pasado la directora Peñúñuri Herrera dirigió a Jorge Lutteroth y Alejandro Quintero el pedido correspondiente. Como de rayo, el mismo día, los destinatarios presentaron la cotización solicitada. Ahora es posible conocer los términos de ese documento. Con franqueza, los suscriptores admiten que la serie debe servir a “coadyuvar a revertir la percepción de la función policial frente a la opinión pública”, que le es adversa según la confesión implícita en esa frase.

“Lo anterior será posible –agregan Lutteroth y Quintero– a través de la difusión a nivel nacional de las capacidades y fortalezas de la Policía Federal, dando a conocer la infraestructura tecnológica y el equipamiento de alto nivel con que cuentan los policías federales, la capacitación y especialización que reciben para el desempeño de sus funciones (vertiente operativa, de inteligencia policial y de investigación científica) así como los valores inculcados por dicha institución, los cuales complementan su desarrollo humano y profesional.”

En su cotización, Televisa estipuló condiciones para la prestación de los servicios llamados A (los que anteceden y suceden a la producción) y B (los relativos a la transmisión) de la siguiente manera:
“1. Considerando que los servicios A serán prestados bajo la modalidad de ‘obra por encargo’, en términos de las disposiciones legales aplicables, la Secretaría de Seguridad Pública será la propietaria de todos los derechos de propiedad (sic) industrial e intelectual que se generen y/o se deriven de los servicios A

“2. Por cuanto hace a los servicios B, la Secretaría de Seguridad Pública será quien asuma la responsabilidad del contenido objeto de la transmisión, por lo que en su caso sacará en paz y a salvo al Proveedor (es decir Televisa) respecto de cualquier reclamación que pudiera realizar un tercero, o bien por cualquier multa, infracción o suspensión de los servicios B.

“3. La Secretaría de Seguridad Pública podrá utilizar los servicios A para su difusión interna, ya sea como estrategia integral de reclutamiento o cualquiera otra finalidad”.

El Equipo, como se denominó la serie que versó sobre la rutilante conducta de los héroes anónimos que integran la Policía Federal, se transmitió un año después de establecida la cotización y firmados los contratos correspondientes. Era obvia la intención propagandística de la serie, que se combinó con el comercio que por partida doble practicó Televisa. Por un lado, ganó con la producción y transmisión de historias poco verosímiles, y por otra parte obtuvo también ingresos por los anuncios incluidos en la emisión, que fueron muchos y caros pues la serie se incluyó en un horario estelar.

Quizá no se obtuvo el efecto que se esperaba. Pero el productor principal, García Luna, quedó satisfecho. De eso se trataba.

Torres gemelas

Estadio y casino
Felipe W. Calderón
El periodista Millán

Julio Hernández López / Astillero


Es como un relanzamiento. Un segundo aire cuando parecía que el oxígeno político le faltaba. Un fantasma de peores horrores por venir, para justificar y apuntalar sus planes de continuismo (con elecciones, sin ellas o con ellas a medias) mediante borregos apellidados Cordero u otras formas de suplantación política a las que obligaría la terrible realidad. Una manera de reordenar y aprovechar a sus críticos civiles institucionalizados, de por sí ya bastante difuminados y alineados (con besos y sin ellos). Una justificación oportuna para reanudar caravanas policiacas y militares efectistas rumbo al norte (de donde otros pobladores, como los juarenses, han pedido fundadamente su expulsión por ser causantes de peores males que los presuntamente combatidos). Un revitalizador energético para sus discursos que pueden seguir siendo los mismos, pero ahora dichos con más vehemencia y con rostro y manos de más dureza expresiva. Una recarga argumental de chantajismo patriótico para impulsar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Y una nueva ocasión para insistir en la cantaleta de todo lo que va del sexenio: la unidad nacional, entendida como cierre de filas en torno a él, Felipe W. Calderón, esta vez a causa de las Torres Gemelas que en la versión nativa han sido un estadio torreonense y un casino regiomontano.

Tres días de luto nacional inmediato cuando el mismo declarante tardó un año para decretarlo en el caso de los 49 niños muertos en la guardería ABC. Instalación apresurada, contundente y repetitiva del concepto de terrorismo que habrá de justificar los excesos cometidos por una administración bélica que así cree contar con una coartada o atenuante en razón de ese nuevo eje del mal. Felipe y su vocero Poiré, que se muestran ante cámaras con grandes enojos y sus parlamentos salen cargados de adjetivos descalificatorios, que pueden ser entendidos y compartidos si se escuchan en labios de los familiares de las víctimas, pero que en voz de los altísimos funcionarios públicos mencionados suenan más a enjundia en busca de exculpación mediante la teatralidad y que a oídos de los mexicanos, largamente especializados en detección de sospechosismos, parecieran encubrir propósitos proporcionalmente inversos a la vehemencia escenográfica.

Recomposición oportunista a la que en nada sustancial afectarán los incidentes y vericuetos de las investigaciones oficiales (ya anoche se anunciaba la detención de dos presuntos responsables del ataque al casino regiomontano). Lo importante era y es colocar en la marquesina social el arranque de la nueva temporada, la del terrorismo como justificación, discurso y proyecto. Por lo pronto, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones pide acompañar al licenciado Calderón en este trayecto difícil (tejedor, el sonorense, de presuntos puntos finos que pudieran ayudarle a ver la caída del copete delantero, por errores de él mismo o por metralla política de Los Pinos). Y la violencia política como amenaza, natural o fabricada, alcanza incluso un acto de Andrés Manuel López Obrador en el delicadísimo Nuevo Laredo, donde un presunto grupo de choque de la directiva estatal perredista golpeó con bates y manoplas a asistentes a un mitin del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuando éste había terminado, según eso en represalia por las denuncias hechas en el curso de esa reunión contra el dirigente estatal del sol azteca. Dato aparentemente menor, circunstancial, enteramente local, pero que da cuenta de los riesgos constantes que corre el ejercicio cívico y político desde posturas críticas.

Astillas

El asesinato del periodista sinaloense Humberto Millán constituye una ofensa y una amenaza para el honesto ejercicio crítico desde los medios de comunicación. A diferencia de otros casos en los que asoman o son colocados ciertos ribetes polémicos para incluir entre las posibles causas de la autoría de esos crímenes alguna forma de relación de periodistas con el poder corruptor y vengativo del narcotráfico, en el caso de Millán hay una extendida convicción de que su muerte tiene como contexto único el ejercicio crítico respecto de la clase política estatal. Así lo han entendido la inmensa mayoría (por no decir la totalidad) de sus propios compañeros de oficio, el dirigente estatal del PAN y el propio gobierno estatal, además de que un compañero del difunto Millán ha hecho saber que cuenta con un video en el que el periodista, ya bajo amenaza, dejó constancia de sus sospechas respecto a quienes desde el poder político podrían atentar contra su vida. Por lo pronto, el secretario general del gobierno de Sinaloa ha acudido ante la procuraduría estatal para declarar en torno a las presunciones (que ha negado categóricamente) de que él, ampliamente criticado por Millán e incluido en la lista de sospechosos, según la versión del amigo depositario del video de denuncia, podría ser autor intelectual del levantón y posterior ejecución del periodista sinaloense. Sabido es que el narcotráfico ha infiltrado también ciertos segmentos del ejercicio periodístico, y que en varios estados del país hay redacciones donde los grupos delincuenciales dominantes tienen virtuales jefes de prensa que reparten gratificaciones y proponen enfoques noticiosos o sugieren censuras siempre acatadas, además de servir como halcones internos para denunciar ante sus patrones informales a aquellos que aun sin firmar sus notas o reportajes escriban de manera adversa al interés de los jefes. Pero, en una zona minada como es Sinaloa, el asesinato de Humberto Millán –sin nexo conocido o sugerido con esos asuntos oscuros– es una forma de acrecentar la violencia contra quienes analizan y critican los asuntos públicos, en especial los políticos, sin dejarse contaminar por el narco. Con lo sucedido en Monterrey el país ha sido llevado por el calderonismo a una fase superior del control social mediante el miedo. Con lo sucedido en Culiacán también se ha avanzado un paso en el ataque a las posturas críticas en los medios de comunicación. ¡Hasta mañana!

El presidente Cárdenas prohibió los casinos en 1938

Los mafiosos de Las Vegas se estaban colando
El decreto de Fox y Creel a favor de Televisa

Enrique Galván Ochoa / Dinero


A veces resulta sugerente escribir una línea de puntitos entre sucesos aparentemente desconectados. 2001: En los primeros días del gobierno de Fox se fuga de la cárcel El Chapo. 2004: Fox permite abrir casinos. 2011: Fox propone tregua con mafias, legalizar drogas y amnistía a los responsables de más de 50 mil ejecuciones –incluyendo las que ocurrieron en su sexenio. Dejo a su reflexión esta pregunta: ¿a qué intereses sirve el ex presidente?

La prohibición

Hay circunstancias que conviene recordar, aunque no faltará quienes quisieran que no las recordáramos. Existía una prohibición de instalar y operar casinos en México desde 1938. El entonces presidente Lázaro Cárdenas los prohibió porque son focos de atracción de vicio y de mafias. Los mafiosos de Las Vegas se estaban extendiendo a Baja California, donde ya operaban cuatro hipódromos, entre ellos el de Aguacaliente, hoy operado por Jorge Hank Rhon. Fue clausurado. En 1947, el presidente Alemán dio un paso atrás. Publicó la Ley Federal de Juegos y Sorteos; su primer artículo ratifica la prohibición, pero dejó abiertos muchos agujeros por los cuales se colaron hipódromos, galgódromos y casas de apuestas. Fue reabierto el Hipódromo de Aguacaliente y un famoso personaje a quien se ligaba con la mafia, Johnny Salvatore Alessio, se convertiría en director, hasta el incendio que lo destruyó. En el sexenio de Fox fueron presentadas algunas iniciativas en la Cámara de Diputados para modificar radicalmente la prohibición. Se desató una discusión pública; incluso la sociedad civil creó un organización llamada Di no a los casinos y hubo desplegados en los periódicos. Los grupos que abogaban por los casinos encontraron en la ex senadora y ex secretaria de Turismo Silvia Hernández, del PRI, a una activa promotora. En la Cámara de Diputados los combatió Martí Batres. Se movieron dinero e influencias. El tema se atoró en la Cámara y entonces el presidente Fox y su secretario de Gobernación, Santiago Creel, pasando por encima de la Cámara, publicaron un decreto que abrió las puertas de par en par al juego. Luego se conocería que tenía destinatario: Televisa. Había solicitado 130 permisos, y Fox y Creel se los entregaron. Fox quería asegurarse la protección de la televisora para él, la señora Marta y los Bribiesca, sus hijos; Creel quería ser presidente. La Cámara de Diputados interpuso una controversia constitucional en la Suprema Corte, argumentando que Fox se había extralimitado en sus funciones. Y la Corte, en una de sus más lamentables actuaciones –ha tenido muchas–, dejó en pie el reglamento. Las ministras Margarita Luna Ramos y Olga Sánchez Cordero defendieron la seriedad y profesionalismo con que la Suprema Corte trató el tema. Los hechos de hoy comprueban la verdad de lo que en 1938 dijo el presidente Cárdenas: los casinos son centro de atracción de las mafias.

Opciones

¿Es posible cancelar los permisos a los centros de apuestas que operan hoy? Difícilmente. Se puede legislar para impedir la apertura de otros, pero en cuanto a los que existen, ¿quién va a enfrentar a Televisa, a los Hank o a los Aguirre? Los tribunales se llenarían de amparos. Sin embargo, hay una ruta posible y se parece mucho a la que siguieron Los Intocables en el Chicago de Al Capone: atacarlos fiscalmente. La Secretaría de Hacienda emitió ayer un comunicado, del cual extraigo sus puntos esenciales:

“El gobierno federal informa de los resultados obtenidos durante el operativo de verificación de cumplimiento de obligaciones fiscales y de comercio exterior de casinos en Nuevo León.

“El operativo inició el viernes 26 de agosto y culminó la tarde de este sábado 27; durante las acciones se verificó la legal estancia y tenencia en el país de más de 5 mil máquinas de juego y apuestas, embargándose más de 3 mil 500 que presentaron irregularidades en materia de comercio exterior. También se detuvo a tres personas a quienes se les aseguraron tres armas de fuego. En el evento se contó con la participación de alrededor de 700 elementos del Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República. El jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, agradeció a las instituciones participantes y citó al presidente Felipe Calderón en el sentido de que es fundamental debilitar de manera sistemática la estructura financiera y operativa de grupos criminales.”

Ese es el camino y es más efectivo que el de las balas.

e@Vox Populi

Asunto: HSBC, caso resuelto


Gracias por contactarme con el señor Wolfgang Erhardt, de HSBC, quien de inmediato tomó cartas en mi asunto y ya me depositaron en mi cuenta los 6 mil 200 dólares que estaban en aclaración. Aprovecho para agradecer públicamente al señor Erhardt por hacer su trabajo –ya que en este país muy pocos hacen su trabajo–, y tú me tienes que aceptar una invitación a comer cuando andes por Chihuahua.

Luis Portillo/Chihuahua

R: Claro que sí. Gracias. Pero que sea en

La Calesa.

Asunto: académico detenido

Nos hemos enterado de que nuestro muy querido amigo el doctor José Cortés Zorrilla, profesor-investigador de la UAM-I, está detenido en el Cereso de Zitácuaro desde hace dos semanas por la solicitud de cortar dos árboles y construir una caseta de vigilancia en su pequeña propiedad. Queremos manifestar que el doctor Cortés es una persona honorable, honrada y un pertinaz ambientalista; él está muy lejos de hacer daño ecológico. Habrá que revisar sus publicaciones y su trayectoria académica en pro de la vida. Apoyamos a su familia, que vive momentos de angustia, y deseamos que se resuelva favorablemente este penoso asunto.

Mtra. Rosalba Laguna, Mtro. José Luis Valencia, Lic. Marina Prieto, Mtra. Ximena Kamila.

Twitter

¿El narco había apoyado al clero en México? Cómo voy a saber si los malvivientes echan dinero a la canasta?, ni modo que les pregunte.

Juan Sandoval @Card_Sandoval

El Casino Royale no indemnizará a clientes, porque no es su responsabilidad el que fueran atacados. ¿Y las puertas de emergencia cerradas?

Guillermo Sevilla C. @GSevilla61

Hoy hace exactamente un año que Mexicana suspendió totalmente sus operaciones. Han sido meses muy duros para los trabajadores de la empresa.

Javier Lozano A @JLozanoA

Gobierno: tarde, como siempre

Casinos y crimen organizado
PAN y PRI: ¿sorprendidos?

Carlos Fernández-Vega / México SA


Como siempre, la autoridad ejerce sus funciones sólo cuando ya es demasiado tarde. Después de los trágicos sucesos del pasado jueves en Monterrey, todas las instancias de gobierno –federal, estatal y municipal– no sólo practicaron el juego de aventarse la pelota entre sí, sino que se apresuraron, según su propio dicho, a ejercer sus facultades legales para atrapar a los responsables del acto terrorista y detectar irregularidades en los miles de casinos que, regular e irregularmente, operan en el país.

De entrada, la Secretaría de Gobernación, responsable legal del discrecional otorgamiento y supervisión de permisos para juego, rápidamente se puso a investigar algo que, se supone, sabía desde el momento en que autorizó el funcionamiento del Casino Royale en Monterrey, es decir, el o los nombres de los titulares de la licencia. Por su parte, el gobierno de Nuevo León de inmediato se puso a investigar probables anomalías en otros centros de apuesta que funcionan en el estado, mientras la presidencia municipal de Monterrey comenzó a denunciar las prácticas corruptas de los jueces que otorgan amparos a los malosos a cambio de gruesas talegas, actuaciones que las tres instancias (federal, estatal y municipal) estaban obligadas a hacer desde el momento en que detectaron anomalías y corruptelas, esto es, mucho antes de los trágicos sucesos del 25 de agosto en la sultana del norte. Pero no actuaron así. Esperaron pacientemente a que se registrara un acto terrorista y murieran más de 50 personas para hacer pública su denuncia. Sólo así, según ellos, tenían elementos para ponerse a trabajar.

En este contexto llama la atención la velocidad del Servicio de Administración Tributaria: como resultado del operativo a diversos casinos en Nuevo León, autoridades federales reportaron la detención de tres personas, a quienes se les aseguraron tres armas de fuego, y el embargo de más de 3 mil 500 máquinas de juego y apuestas que presentaron irregularidades en su internación al país (¿y dónde estaba la Dirección de Aduanas?). Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, jefe del SAT, explicó que este operativo coordinado, planeado con 10 días de anticipación (¡¡¡!!!), se llevó a cabo (¡oh casualidad de la vida!) el viernes 26 y el sábado 27 de agosto (o lo que es lo mismo al día siguiente del incendio en el Royale). Durante estas acciones se verificó la legal estancia y tenencia en el país de más de 5 mil máquinas de juego y de apuestas en el estado de Nuevo León. El operativo contó con la participación de alrededor de 700 elementos del SAT, de las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública Federal, y de la Procuraduría General de la República. Para que procedieran, debieron registrarse un acto terrorista y más de 50 muertos.

Tras los sucesos en el Royale, panistas y priístas se muestran sorprendidos por la irregularidad y abierta ilegalidad con la que operan miles de casinos en el país. Ahora sorprendidos, son los mismos que de mucho tiempo atrás, pero especialmente desde 2004, empujaron desde el Congreso para sacar adelante una ley que permitiera el abierto funcionamiento de los casinos en el país, aduciendo para ello los múltiples beneficios que acarrearía para México y los mexicanos: desde cientos de miles de empleos formales hasta una inimaginable catarata de recursos para el fisco, pasando por el crecimiento sostenido de la industria de la construcción, el fortalecimiento del poder adquisitivo de los habitantes de este país, y el río de turistas que fluiría hacia esta República, negando siempre la posibilidad de que el crimen organizado le metiera la mano, rápida y eficientemente, a esto que calificaron de industria del futuro. Eso dijeron siete años atrás, pero hoy muestran su sorpresa por acontecimientos como los de Monterrey.

En septiembre de 2004, el entonces inquilino de Los Pinos, Vicente Fox, con el refrendo de los secretarios de Gobernación (Santiago Creel) y de Hacienda (Francisco Gil Díaz), expidió el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor el 15 de octubre del mismo año. La Cámara de Diputados presentó un controversia constitucional, pero nada sucedió, mientras los tres poderes de la unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) echaron al bote de la basura la advertencia de Lázaro Cárdenas, quien el 24 de junio de 1938 prohibió (con claro mensaje para el ex presidente Abelardo L. Rodríguez, en ese entonces zar del juego y la prostitución en el país) la instalación y operación de casinos en México data del 24 de junio de 1938, ordenando en paralelo la abolición de los existentes, toda vez que por su propia naturaleza son focos de atracción del vicio, de mafias y explotación por parte de apostadores profesionales.

En las iniciativas de ley que sobre el particular presentaron las bancadas panista y priísta en 2004, se proponía la autorización para ocho o diez casinos en las zonas turísticas, en las ciudades fronterizas y de alta densidad poblacional. Facultaban al Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, a otorgar discrecionalmente los permisos, y estimaban pertinente crear una comisión que sería un órgano administrativo desconcentrado de la Segob, con autonomía técnica y operativa, entre cuyas funciones estarían regular, autorizar, vigilar y controlar la actividad relacionada con los casinos.

También estimaban que el monto obtenido por el gobierno federal sería el equivalente a 9 por ciento de los ingresos brutos de los casinos, recursos que se distribuirían proporcionalmente entre los tres órdenes de gobierno. Cundo menos el 50-51 por ciento de la inversión tendría que ser nacional y el resto de procedencia foránea. En materia de lavado de dinero los mecanismos propuestos para regular esta práctica ilícita son en dos vías: por parte del inversionista y por parte del jugador. El primero estaba obligado a acreditar el origen lícito de los recursos a invertir, amén de proporcionar a la comisión un informe mensual o trimestral de sus ingresos brutos y netos, y las autoridades encargadas de regular esta actividad tendrían acceso a los libros contables de cada casino. Para los segundos, el tope de apuestas se limitaría al equivalente a 2 mil días de salario mínimo; intentos de jugar con más de 10 mil dólares serán investigados por la autoridades. Los trabajadores de los centros de apuestas tendrían que contar con una licencia de trabajo otorgada por la idílica comisión.

Las rebanadas del pastel

Lo anterior en el papel y en el discurso. En los hechos se concretó la visionaria advertencia cardenista de 1938. Pero los impulsores de los casinos hoy se dicen sorprendidos de la realidad… Un enorme abrazo a la dueña de mi sistema cardiaco, por el décimo tercer aniversario.

“Los Zetas”, autores del ataque al casino Royale

Apro

El grupo delictivo “Los Zetas” está detrás del ataque contra el casino Royale en Monterrey, Nuevo León, que provocó la muerte de 52 personas.

El gobernador de ese estado, Rodrigo Medina, puntualizó que la principal línea de investigación apunta a que los criminales estaban extorsionando al dueño del casino.

Medina dio los nombres de las cinco personas detenidas por participar en el ataque al casino.

Se trata de: Luis Carlos Carrazco Espinoza, “El Chihuas”, de 25 años de edad y nacido en Chihuahua; Javier Alonso Martínez Morales, “El Javo”, 37, Monterrey; Jonathan Jair Reyna Gutiérrez, 18, Monterrey; Juan Ángel Leal Torres, “Casillas” o “El Cash”, 20, Monterrey, y Julio Tadeo Berrones Ramírez, “Julio Rayas”, 28, Monterrey.

Los detenidos, confirmó el gobernador, han confesado haber participado en el ataque, ya sea como autores intelectuales, materiales o ayudantes.

Medina presentó un video donde se observa a los detenidos comprar gasolina que posteriormente utilizaron para rociar el casino Royale.

Amenazan con más actos terroristas contra civiles

Apro

Este lunes aparecieron al menos “cinco narcomantas” cuyos mensajes amenazan con más ataques terroristas contra civiles.

En los mensajes se acusa al presidente Felipe Calderón de ser cómplice al cártel de Sinaloa, al que responsabilizan del ataque al casino Royale y el tiroteo ocurrido en el estadio de futbol de Torreón, Coahuila:

‘‘PARA El presidente Calderon ya deja de apoyar al CHapo GUZMAN, TU bien sabes que es el culpAble de lo del estadio corona de Torreón y de la masacre en Monterrey y quieren acer lo mismo en Cd Juárez, paracalentar las plazas y asi con tu ayuda apoderarce de eyas’’ (sic).

Las mantas no fueron firmadas por ningún grupo delictivo.

Una de las lonas fue colocada en la colonia Constitución, mientras que la otra fue hallada junto a una estación de bombeo en las calles José Méndez y Pascual Orozco de la colonia Corregidora.

Otra más fue colocada en la escuela primaria Francisco Villa, ubicada en la colonia División del Norte, entre las calles Chihuahua y Francisco I. Madero.

Fue encontrado otro mensaje en la colonia Emiliano Zapata. Todas las mantas fueron retiradas por elementos policíacos.

¿Informe? ¡Disculpa!

Jacobo Zabludovsky / Bucareli

El estado que guarda el país exige una disculpa, no un informe, señor Presidente Felipe Calderón.

El jueves pasado marca la debacle de toda la estrategia de lucha contra la delincuencia. En el mismo día un periodista de Sinaloa es ejecutado de un tiro en la nuca y 53 personas mueren en Monterrey por un ataque de la más desafiante crueldad a un garito corrupto. Se combate en todos los frentes. Como si se hubiera planeado, la violencia crónica asciende a violencia crítica precisamente ocho días antes del informe. Basta de triunfalismos ridículos ante la pavorosa realidad que ha puesto a México, desde hace cinco años, en el camino de una agonía terminal. Es hora de pedir disculpas y asumir responsabilidades. Basta de reuniones inútiles y atoles con el dedo. Si la Constitución obliga a presentar un informe sobre “el estado general que guarda la administración pública”, habrá que pedir disculpas no sólo por declarar una guerra sin saber las características del enemigo, sino por fallar en todas las ramas de la mentada administración.

No cabe el mínimo alarde de vanagloria por nuestra situación económica. El sexenio empezó con un dólar a nueve pesos, más o menos, subió hasta 15 y se ha mantenido en 12 y pico, una devaluación de 30%. El producto interno bruto en estos 10 años promedia 1%. Otros países latinoamericanos, Chile, por ejemplo, crecerá este año un 6%. La Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2010 revela una baja del 27% de las remesas del exterior, equivalente a medio millón de familias que perdieron ese sustento. La inversión directa extranjera en el primer semestre de este año cayó 32.6% respecto al mismo periodo de 2010, según datos oficiales. El desempleo agobia a dos millones 700 mil adultos desesperados.

Después de cinco años y más de 40,000 muertos y números incalculables de secuestrados, mutilados, desaparecidos y desplazados, se puede alegar que sin la guerra contra la delincuencia el saldo trágico sería mayor, presunción indemostrable, porque lo real es la extensión del problema a todo el país y el aumento constante de bajas humanas, el incremento del tránsito de la droga hacia los Estados Unidos y el de su consumo en México. Aparte del daño al Ejército: Se le ha perdido el respeto que muchos mexicanos le tenían. Otro daño colateral, el desplome de los centros turísticos. Acapulco es una ruina.

El despilfarro del dinero público alcanza niveles sin precedentes. El gasto en publicidad oficial satura todos los medios, especialmente los más influyentes y poderosos, y supera el de cualquier producto de la iniciativa privada, como refresco o dentífrico, cuya venta depende de los anuncios. Este exceso, unido a la corrupción y la ineptitud, aborta obras tan estrafalarias, inútiles y absurdas como esa megapaleta Mimí, conocida también como Estela de Luz, que con el mazacote de los senadores está en el lugar más inadecuado del mapa urbano. Sería de agradecer una explicación detallada de la peculiar manera de invertir en adefesios nuestros escasos caudales, apremiantes para la satisfacción de necesidades básicas de millones de miserables.

En el siglo panista primero fue la farsa y luego la tragedia. Observamos con asombro a los únicos líderes, las únicas figuras, los únicos personajes, sin excepción, surgidos en esta década: Padres que enterraron a sus hijos asesinados por criminales. Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí y Javier Sicilia son símbolos de una sociedad agraviada, indignada ante la injusticia, la violencia ilimitada y la impotencia general en medio de una catástrofe compartida. La herida abierta de estos tres compatriotas nos duele a todos. La desgracia los convierte en héroes. Su voz es la de un México cuya capacidad de tolerancia y sufrimiento está puesta a prueba.

Así llegamos al Informe. El jueves un propio entregará a los diputados algunas cajas de cartón llenas de papeles. Al día siguiente los habituales ocuparán sus pupitres en el Auditorio Nacional para aplaudir, cada vez que una coma lo provoque, el Informe del Presidente Calderón. La televisión y la radio amelcocharán la ceremonia y los periódicos dedicarán sus planas primeras y editoriales al detalle y análisis de las lecciones del jefe del Ejecutivo. La orgía del spot y el ditirambo hasta el hartazgo.

El año que entra elegiremos su sucesor. El semanario “The Economist” pronostica que el PAN no sólo perderá sino que descenderá al tercer lugar. El veredicto de los mexicanos será de castigo. Ante tantos palos de ciego pedir disculpas no basta y nada soluciona. Pero sería un gesto inesperado de humildad y franqueza que justificaría el presupuestado aplauso final.

El terrorista es Calderón

Francisco Rodríguez / Índice Político

Éste es un país muy atemorizado. En realidad lo ha sido durante toda su existencia porque ha sido muy fácil movilizar a la gente usando al miedo. Pero hay una diferencia significativa entre los regímenes panistas que asustan con “los peligros para México” y otros anteriores, pues lo hasta ahora hecho por los blanquiazules supone una vuelta más de tuerca. ¿La última?

Calderón, con su estúpida guerra en contra de la delincuencia –hay que combatirla, sí, pero con inteligencia–, con sus más de 50 mil muertos y más de 15 mil desaparecidos ha conseguido imponer, además de terror, una sensación de desesperanza.

Cierto, una minoría privilegiada de mexicanos tenemos hoy algunas oportunidades, y un legado incomparable de libertad, de privilegios y una cantidad de gente que nunca antes se había involucrado, comprometido y tomado conciencia. Pero la mayoría piensa que no pueden hacer nada. Están desesperanzados. Se sienten impotentes.

Y esa impotencia, mezclada ahora con resabios de rencor no sólo hacia los delincuentes, sobremanera en contra de los gobiernos incapaces de brindar seguridad a quienes contribuyen a su existencia, permite a estos ineptos blandir ahora el término terrorismo para atemorizarnos aún más, sí, pero también para tomar medidas todavía más represivas en contra de la sociedad.

Ahora que la existencia del “terrorismo” es oficialmente reconocida, ¿tendrá la fallida Administración calderónica facultades para vigilar y espiar organizaciones e individuos bajo cualquier sospecha? ¿Las mal llamadas fuerzas del orden tendrán más poder aún y hasta podrán conducir cateos sin autorización, obtener datos financieros, médicos y personales de cualquier individuo? ¿Cualquier ciudadano podrá ser investigado, los inmigrantes podrán ser detenidos sin causa aparente y por tiempo indeterminado, y más?
Todo indica que sí. En sus dos apariciones publicitarias del viernes más reciente, Calderón machacó sobre la necesidad de que el Congreso apruebe su Ley de Seguridad, copia casi fiel del Acta Patriótica estadounidense que los legisladores le aprobaran –sin enterarse de su contenido– a George W. Bush, tras los “atentados” del 11S.

¿Es la seguridad nacional una excusa para destruir las libertades civiles, las garantías individuales, los derechos humanos? ¿Son necesarias este tipo de leyes, cuando las que existen brindan mecanismos para combatir –sobre todo en lo financiero– a las organizaciones delincuenciales?
En la desesperanza e impotencia, mucha gente dirá que esas cuestiones no le preocupan porque no es terrorista.

Pero el problema es la definición de terrorista, que –ante cada ataque delincuencial, ante cada fracaso de las autoridades para encontrar y castigar a los responsables– se hace cada vez más amplio. Y así, cualquiera, puede convertirse, mínimo, en sospechoso de alguna vez querer sembrar terror.

Y es con esta siembra de más terror que, también, Calderón y los panistas en el poder desde hace ya once años pretenden cubrir sus ineptitudes y corruptelas.

Sólo en el primer semestre de este 2011, Gobernación ha otorgado 6 mil 264 permisos para la realización de sorteos, peleas de gallos, carreras de caballos, ferias y concursos de autofinanciamiento. Birján, de hecho, despacha en Bucareli.
Fueron los panistas quienes, cómplices de jueces y magistrados, otorgaron permisos para instalar casinos, pese a la prohibición legal que data de la era cardenista. Y como “Los Zetas” estos funcionarios blanquiazules también cobran por brindar a esos antros “protección”.

El verdadero terrorismo, así, proviene de una Administración que, como la de Calderón, es fallida, corrupta y manipuladora. Que emplea el llamado terrorismo de Estado, empleando métodos ilegítimos, para inducir el miedo, el temor, entre la sociedad civil.

Hoy ni Calderón ni sus paniaguados –Galván, Maynez, García, Blake, Poiré, et al– podrán desmentir que los resultados son de una lucha perdida, cesión de soberanía, colapso del sistema de justicia y seguridad, corrupción, caída vertiginosa de la inversión, pérdida de empleos, descenso casi mortal en la actividad turística, pueblos y ciudades que se vacían, sometimiento del Ejército al Pentágono, enésimas violaciones a los derechos humanos cometidas por militares…

La incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y la estabilidad se ha convertido en un verdadero acto de terror para las familias y, adempas, en un asunto crucial de política internacional, porque el desorden en los Estados frágiles propaga sus ondas de choque –criminalidad transnacional, terrorismo, migraciones y tráficos ilegales– hasta el corazón de las metrópolis.

Así las cosas, la teoría de los Estados fallidos, concepto polémico, inventado por la inteligencia militar estadunidense para calificar a un Estado “débil, frágil o malogrado”, en el cual el gobierno central tiene poco control sobre su territorio, cobra aquí vigencia. Y eso es lo que provoca más terror.
Ya lo decía Max Weber: en el monopolio de la coacción física, “los países más débiles del mundo no son sólo un peligro para ellos mismos, pueden amenazar el progreso y la estabilidad de otros”.

Abierta la puerta por Calderón, al emplear el término “terrorismo” los marines podrían estar aquí en cualquier momento, so pretexto de amenazas a la seguridad de EU, ¿o no?

El verdadero terrorista es Calderón.

Índice Flamígero: Para quiénes no sabían –o decían no saber– quién es Rodrigo Aguirre Vizzuet, vale la pena se asomen a la Zona Franca de Arnoldo Cuéllar, en donde se lee, entre otras cosas que, “lo que salió a relucir tras la catástrofe humanitaria de Monterrey, la posesión de Rodrigo Aguirre, hijo de Ramón, de una concesión para casino, o de una serie de ellas, aún cuando ya las hayan perdido en el sórdido mundo empresarial en torno a ese giro, tiene su origen precisamente aquí, en Guanajuato y en los hechos que produjeron la pérdida del poder por el PRI. En efecto, las concesiones para actividades relacionadas con los juegos de azar, fueron una de las muchas indemnizaciones que Ramón Aguirre recibió tras haber tomado “la decisión más difícil de mi vida” y haber dejado colgados a esos mismos priistas a los que hoy quiere dar lecciones, cuando se sometió a las presiones de Carlos Salinas y abdicó de la gubernatura antes de tomar posesión de ella. Todavia se recuerda en Irapuato al cercano colaborador aguirrista Gustavo Morante, administrando un book de apuestas en esa ciudad, poco después de la debacle política de su patrón. Otra de las prestaciones económicas del tropiezo postelectoral fue la autorización para un banco, hoy felizmente próspero y ajeno a las manos del ex regente de la capital del país y, quizá, precisamente por eso. Es cierto, la familia Aguirre puede no tener nada que ver en las circunstancias que condujeron al fatal desenlace en el Casino Royale, pero los cadáveres en el armario siempre terminan por salir y en los peores momentos.”

Fox y la amnistía al terror

Jorge Fernández Menéndez

Le tenemos miedo a las palabras, preferimos demasiado la forma por sobre el fondo. Hubo que sufrir una tragedia como la de Monterrey para que aceptáramos que los grupos criminales están realizando actos terroristas contra la población civil; fue necesario que un grupo de sicarios sin ningún tipo de escrúpulos incendiara un local con más de cien personas dentro, la mayoría mujeres, amas de casa que sólo estaban pasando la tarde; que quedaran 52 víctimas fatales, para que reconociéramos que estábamos ante un acto de terrorismo.

Pero olvidamos que apenas 24 horas antes, un grupo de sicarios disparó contra un grupo de madres, también a pleno día, que estaban esperando la salida de sus hijos de la escuela en Ciudad Juárez; que antes se disparó contra un estadio de fútbol lleno hasta los topes en Torreón; que ese mismo fin de semana se atacó un centro comercial en Morelia; que los sicarios arrojaron una granada contra una familia en el Acuario de Veracruz. Que en la Huasteca potosina están secuestrando y matando niñas; que las fosas comunes aparecen en Tamaulipas, en Durango, en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, en San Luis Potosí, en Nuevo León, en Sinaloa. Y la lista podría continuar indefinidamente.

Se podrá argumentar que no se trata de actos terroristas en sí, sino que simplemente a estos criminales no les importa la vida humana. Pero el hecho es que estos grupos, o por lo menos algunos de ellos son los que mayor violencia generan, ya han decidido que la población civil es un objetivo válido en sus tácticas de terror.

Dudo que sea simplemente inescrupulosidad, creo que en todo esto existe una intención manifiesta de generar terror y de provocar una reacción social como la que han tenido alguno actores políticos. Fuera del luto nacional y de las declaraciones políticamente correctas, no hemos visto en la mayoría de la clase política una reacción, un punto de quiebre después de lo ocurrido: ha habido más corbatas negras, pero la misma inacción a la hora de sacar adelante los compromisos asumidos.

Pero ninguna declaración puede superar a la del ex presidente Vicente Fox. Es vergonzoso que un ex mandatario, un hombre que tuvo en sus manos los destinos del país, que encabezó las instituciones nacionales, haya concluido que lo que se necesita es pedirle una tregua a los grupos criminales e incluso considerar una ley de amnistía para sus integrantes. ¿De dónde saca Fox que se puede amnistiar a estos señores? Alguien debería explicar al ex presidente que no se trata de disidentes políticos, que no hay causa alguna detrás de estas acciones, que ni siquiera en la lógica delincuencial pueden sostenerse. Ya Fox nos había dicho alguna vez que había que formar una suerte de Cocopa (aquella comisión que firmó los acuerdos de paz con los zapatistas) con los narcotraficantes, como si estos fueran luchadores sociales. Es una propuesta descabellada.

¿Por qué entonces? Decía Adolfo Bioy Casares que “el mundo atribuye sus infortunios a las grandes conspiraciones y maquinaciones de grandes malvados. Entiendo que se subestima la estupidez”. En muchos casos se trata lisa y llanamente de estupidez. En otros, de corrupción (y la negligencia y la ignorancia en el ejercicio político son una forma de corrupción) y en otros más de una combinación de ambas con intereses políticos y partidistas de tan corto plazo que terminan siendo simplemente indignos.

No conozco las motivaciones profundas que pueden haber llevado a Fox a pedir una amnistía para los grupos criminales y sus sicarios, pero me queda claro que en su confrontación con el presidente Calderón está dispuesto a utilizar cualquier carta. Y que si tiene oportunidad, el día de mañana el mayor persecutor de Felipe Calderón no serán los priístas si no los representantes, rencorosos, del foxismo. El propio Fox, los Manuel Espino, un Santiago Creel que apenas unos días antes fue a recibir el respaldo foxista en San Cristóbal y que ahora debe lidiar con las ocurrencias de su ex jefe pero también con el tema, que ya abordaremos, de los permisos para el funcionamiento de centenares de casas de apuestas aprobadas precisamente hace seis años.

Los mueve el rencor político y en el caso de Fox el no comprender cuál es el papel institucional de un ex presidente de la república. No hemos escuchado, ni creo que escucharemos, declaraciones públicas semejantes de ningún ex mandatario. Podrán tener muchos defectos o virtudes, pero desde Zedillo hasta Echeverría, desde Salinas hasta De la Madrid comprenden lo que es haber sido jefe de Estado y de gobierno. Vicente Fox no lo entendió claramente cuando tuvo esa responsabilidad. Menos parece comprenderlo ahora.

Somos nosotros

Lydia Cacho / Plan B

¿Qué pasa por la cabeza de una persona que se enriquece prestando servicios al público y que decide, por ahorrarse unos cuantos pesos, no construir salidas de emergencia y con esa decisión ser cómplice de la pérdida de vidas humanas? Lobohombo, guardería ABC, New’s Divine y ahora Casino Royale son algunos casos emblemáticos de entre cientos documentados y seguramente miles de riesgos potenciales para la sociedad.

Y sí, importa el dolor de los familiares de las y los bebés y jóvenes, de personas adultas que murieron, o quedaron severamente heridas por estampidas o incendios causados por terceros, o por redadas policiacas fallidas. Importa también la falta de seriedad de los empresarios para respetar las leyes y asumir lo obvio: los reglamentos de seguridad para los inmuebles están hechos para beneficiarnos y deben cumplirse siempre, no son negociables (no deberían).

En todos los casos está claro que hay una cadena de responsables directos. Primero los propietarios y representantes legales cuyo deber es asegurarse de que quien quiera que maneje el negocio asuma el pleno compromiso de obedecer las leyes y cumplir las medidas de Protección Civil, para asegurar que las y los usuarios del lugar puedan salir en caso de emergencia. En segundo lugar están las y los servidores públicos de ayuntamientos, quienes como se ha documentado en la mayoría de casos, han incurrido en actos de corrupción al aceptar favores económicos en vez de llevar a cabo su trabajo y pedir la clausura del lugar.

En casos como el del casino, en que terceros incendian intencionalmente el sitio, es evidente que hay un acto criminal que debe ser perseguido por la procuraduría; sin embargo, si las salidas de emergencia hubieran funcionado, no habría más daño que el de un inmueble quemado y un buen susto.

Si un empresario quiere que la ley le proteja, él a su vez debe proteger a la ley por nimias que sus exigencias le parezcan. De no hacerlo también debe asumir las consecuencias en el marco de la legalidad, esto es, pagando por la reparación del daño causado por su falta de cumplimiento e irresponsabilidad.

En nuestro país cada vez que una víctima pide reparación del daño, entre periodistas y la opinión pública surgen suspicacias infundadas, se cree que exigir el castigo, no sólo penal, sino económico, es un acto de ambición. Esa percepción es producto de la ignorancia y de una tendencia a opinar desde la desinformación y el prejuicio; como si las víctimas perdieran su estatus, sufrimiento y dignidad por querer que sean los responsables del daño inicial quienes asuman los gastos.

Necesitamos dejar el cinismo y la confusión a un lado, detenernos por un momento y no hablar de la delincuencia organizada y la guerra; hacer un alto en el camino para volver a argumentar a favor de la legalidad desde las decisiones individuales, de la responsabilidad ciudadana, del cumplimiento de lo que algunos llaman las pequeñas leyes; aquellas reglamentaciones que pueden parecer menores, como las medidas de protección civil, que implican tener extinguidores en buen estado, salidas de emergencia, aspersores y alarmas contra incendios; o como las medidas sanitarias para los pequeños y grandes comercios que evitarían miles de intoxicaciones alimentarias, e incluso muertes, por falta de medidas de higiene básicas en lugares no aptos para servir comida. Si estos modestos pactos de civilidad no se cumplen, muy poco cambiará en México. Eso podría ser el mejor tributo a las víctimas del Casino Royale, la guardería ABC y tantas otras.

De Ninel y cosas peores

Marco A. Flota / Grillotina

El maestro don Armando Fuentes Aguirre, quien en sus momentos de mayor lucidez, de máxima brillantez intelectual, prefiere firmarse Catón, suele mezclar sus relampagueantes chistecillos eróticos con intrascendentes comentarios políticos.
Y eso explica que haya dado el mejor dictamen que se ha emitido en este país sobre el caso Ninel Conde.

Entendemos que Catón le entró al tema no en su calidad de divulgador de cuentos colorados, sino como politólogo, pues Ninel Conde, como muchas otras bellas de la farándula, alguna relación tendrá con personajes de la política, como es habitual en este país. Pero en cambio, como símbolo sexual no es tan atractiva como Enrique Peña Nieto, Alonso Lujambio, Marcelo Ebrard y otras vedettes que andan por ahí arrancando suspiros de sus fans.

En fin, que don Armando Fuentes Aguirre, en sus ratos serios Catón, pidió en su columna “De política y cosas peores” que dejemos en paz a Ninel, tan acosada -no acostada, eso quisiéramos todos- por su escasa inteligencia y deficiente cultura. La única obligación de la señora Conde, escribió el maestro, es ser bella, no inteligente, comentario que también podría aplicarse a Peña Nieto, Lujambio, Ebrard, similares y conexos. (Conexos, no con “Nexos” ni con “Letras Libres”: Para dirigir revistas como éstas tenemos a los politólogos como Aguilar Camín o Enrique Krauze, aunque ambos intelectuales se lleven tan mal como Carmen Salinas y Niurka).

Sin embargo, la susodicha Ninel ha reaccionado como los políticos: “Que hablen de mí, aunque hablen mal”. Y hasta ha convocado por internet a un concurso de chistes sobre su persona, demostrando la sabiduría de don Fidel Velázquez, quien coleccionaba las caricaturas en que era ridiculizado, o don Adolfo Ruiz Cortines, quien exigía a sus colaboradores que le platicaran los chistes de que era objeto.

(El chascarrillo más recurrente sobre don Adolfo el Viejo, relataba que en cierta ocasión su vehículo, conducido a exceso de velocidad por un elemento del Estado Mayor, fue detenido por un agente de Tránsito celoso de su deber. Y que el chofer militar gritó al tamarindo:
-¡Al señor Presidente no se le para en la calle!
Y su esposa, la señora Izaguirre de Ruiz Cortines, habría comentado sonriente:
-¡Ni en la casa!
A lo que don Adolfo, enterado del chascarrillo, replicaría:
-¿Y qué querían: un Presidente o un semental?
“Palabras Mayores” que adelantaban el destape de López Mateos, después víctima de otro chiste: Contaban que al despertar preguntaba a su secretario particular:
-¿Hoy qué nos toca?... ¿viaje o vieja?).

En fin, ya que Ninel Conde ha dado permiso para que se divulguen los chascarrillos que la presentan como la versión femenina de Babalucas -personaje de Catón- ahí van algunos:
Dicen que una vez, al entrar a un avión, estrelló la cabeza con la puerta, pero al ver inscrita en el fuselaje el modelo de la nave, “DC 7”, se dio otros 7 cabezazos, contando:
2, 3, 4, 5...
Platican que al llegar a Venecia ofreció dar una actuación a beneficio de los damnificados por las inundaciones. Y que en Pisa preguntó qué arquitecto mexicano había construido la defectuosa torre.

Que caminando por una calle del DF, al ver un letrero, lo leyó y comentó:
-“Camisas 50 pesos, sacos 100 pesos, trajes completos 150 pesos”. ¡Y todavía dicen que hay carestía”.
-Ninel, estás leyendo el letrero de una tintorería -comentó su acompañante-.
Chistes todos, atribuidos en su tiempo a don Luis Echeverría ¿Pero verdad que parecen ideados para ridiculizar a Ninel Conde?

¡RRIINNGG!
-Bueno, rancho San Cristóbal.
-¿Es cierto que el ex presidente Fox pidió amnistía para los que incendiaron el casino Royale?
-Sí, pero porque no contamos con James Bond para capturarlos.

EPIGRILLO
Dijo Moreira, con mérito:
“¡A mí me hacen, con Chaires,
lo mismo que hacían los aires
a Juárez, el Benemérito”.

La taxista y el casino

Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder

Los creativos de los promocionales de la obra de gobierno con motivo del V Informe del estado en que se encuentra la república mexicana, engañaron al presidente Felipe Calderón con sus propuestas, además pretenden que la sociedad compre sus mentiras. Son burdos en el manejo de las cifras, en la caracterización de los personajes, en esa absurda aspiración de que el pueblo dé la cara por su gobernante, cuando es indefendible en su posición y en sus resultados.

Lo que hoy ocurre con el presidente de la República, recuerda lo escuchado tantas y tantas veces por Isabel de Castilla, en referencia a su medio hermano Enrique: Jamás tuvo un futuro gobernante mejor oportunidad para sacar provecho de las locuras de su predecesor, que en el caso del sexenio del cambio, la funesta dualidad de la pareja presidencial dio al traste con el contrato de esperanza suscrito entre el PAN y los electores.

¿De dónde la peregrina idea expresada por la conductora del taxi, de que la delincuencia organizada su hubiese apoderado del país y adueñado de nuestros hogares, si el gobierno no la enfrenta? Sucedió precisamente lo contrario.

En primer lugar, la creciente presión de Estados Unidos, con el propósito de hacer que se cumplan los acuerdos bilaterales encubiertos tras el manto de la Iniciativa Mérida. En segundo, y más grave, la escalada en la violencia, como ocurrió el jueves 25 de agosto en el Casino Royale, donde los delincuentes procedieron con absoluta certeza en su impunidad, a pesar de la gravedad y barbarie de su crimen: quemar vivas a 52 personas. No les importó que su rostro fuese visto, conocido, memorizado con posibilidades de establecer su identidad. Quienes los instruyeron para proceder con esa crueldad, les garantizaron que no serían perseguidos, mucho menos castigados.

Queda por establecer quién o quiénes ordenaron ese acto de horror, pero no atentado terrorista; establecer si el propósito es provocar, inducir miedo, desestabilizar, o una mezcla de los tres, porque nadie reivindicó un atentado, carece de perfiles ideológicos y, por el momento, lo único que obtiene es que se profundice la desconfianza en el gobierno.

No puede hablarse con ligereza de terrorismo, pues de éste los estudiosos refieren: El terrorismo es el uso de la violencia para el logro de objetivos políticos. A partir del decenio de 1970 hubo un desbordamiento de atentados terroristas organizados por diferentes grupos en busca de la consecución de objetivos políticos. Había desde atentados perpetrados por el Ejército Republicano Irlandés en busca de la independencia de Irlanda hasta atentados al parecer sin sentido, sin un enemigo al frente, como la explosión de avión inglés de la TWA planeada por terroristas musulmanes.

El terrorismo es principalmente utilizado por grupos políticos que han abandonado el camino de la legalidad para enfrentarse a sus opositores. Son grupos por lo general demasiado débiles como para enfrentarse directamente contra su enemigo, que generalmente es el Estado. Se podría identificar un terrorismo dentro de las fronteras de un Estado (España y la Eta, Irlanda y el ERI, Turquía y la Hermandad Roja, Perú y Tupac Amaru, etc.) y el terrorismo que trasciende las fronteras de un Estado y que no está dirigido en contra del Estado soberano de donde provienen los terroristas, sino contra un tercer país.

En tercero y último lugar, la certeza de que en México persiste otra actividad delincuencial impune, la más grave, la de los que se esfuerzan en pasar desapercibidos, la de los delincuentes de cuello blanco, de doctorado, pulcramente vestidos y amparados en la “legalidad”. Éstos son señores de horca y cuchillo en toda la república; disponen -como de su propiedad- de los hogares de los mexicanos, a pesar de la reforma constitucional penal, que en respuesta al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, creó los Juzgados Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, que quedarían de inmediato invalidados de aprobarse la Ley de Seguridad Nacional que deja la constatación de la flagrancia al arbitrio de los intereses de los perseguidores, de los intereses políticos del gobierno.

Enseñaron los tutores a Isabel de Castilla: Jamás vayas a la guerra a menos que tengas bien fundadas esperanzas de victoria. Con un hermoso uniforme no se hace un buen soldado. Antes de ir a la guerra, asegúrate de que tu causa es justa, y de que la has abrazado de todo corazón.

Hoy, como lo confirma la realidad, la delincuencia organizada estableció que la mayoría de los causantes cautivos debe entregar a la Secretaría de Hacienda una doble tributación, recabada a través del ISR y del IETU, lo que deja claras las consecuencias en las perspectivas de ahorro y de una vida digna para una buena parte de los mexicanos, dispuestos ya a inscribirse en esa categoría de pobreza alimentaria, que no es sino un eufemismo para calificar a los muertos de hambre, lo que no quiere decir que vayan a fallecer mañana, sino que nunca estarán satisfechos y sus hijos se desarrollarán con graves deficiencias físicas y taras.

Esa misma delincuencia organizada sataniza al corporativismo sindical, pero se sirve de él para sus propósitos electorales y, para peor, pone en manos de sus líderes el futuro de la educación pública y de la reforma energética, que en gran medida son los detonantes financieros y culturales de la posibilidad de ofrecer un futuro mejor a la nación, sin los resultados que del milagro chileno ya se manifiestan.

La importancia de la educación como detonante cultural es fundamental, es urgente revertir lo que han hecho con las recientes generaciones de mexicanos, porque una de las funestas consecuencias de la guerra presidencial contra la delincuencia organizada, es la inoculación del fascismo entre los jóvenes, ese proyecto de nación a que se refiere el presidente Calderón y que fue oportunamente detectado durante una investigación de la UNAM.

Resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, elaborada por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, aplicada a 2 mil 208 personas de 15 años en adelante en todo el país, revelan que si se les da a elegir entre libertad y seguridad, los jóvenes se inclinan por la segunda; en gran parte de la juventud entrevistada hay una inclinación por el combate de la violencia con la violencia.

La encuesta -aplicada durante el último mes de mayo- señala que son los jóvenes de 15 a 19 años quienes en su mayoría consideraron válido que las fuerzas de seguridad maten a integrantes de la delincuencia organizada, aun cuando exista la posibilidad de detenerlos para presentarlos ante instancias de procuración de justicia.

Casi 30 por ciento de los encuestados se manifestó en favor de esas medidas, 50 por ciento de total de la muestra dijo estar en desacuerdo; aproximadamente 25 por ciento de los encuestados expresó su acuerdo con que se torture a personas detenidas por pertenecer a grupos criminales, como un método para obtener información, y destaca que gran parte de quienes apoyaron esta fórmula también son jóvenes. En tanto, 40 por ciento está contra esa medida.

No le demos más vueltas. Lo que se dirime en esta futura contienda electoral, en la que los protagonistas de la propaganda política mienten con descaro, es el perfil ideológico del futuro de México, si es que la globalización y los compromisos bilaterales contraídos con Estados Unidos dejan espacio para construir un proyecto diferente al que padecen Colombia, Chile y Brasil, que no son ejemplos, como se constatará en cuanto se manifieste el descontento social, como ocurre en Santiago de Chile.

Como propone Isabel de Castilla: los súbditos tienen derecho a cuestionar la conducta del rey, sobre todo si están arrebatando a la tierra todas sus riquezas, si una situación de anarquía ha sucedido a la ley y el orden, desorden en el que unas conductoras ebrias de poder y con total desprecio a la autoridad, ridiculizan a la policía, primer contacto entre la sociedad y el gobierno. Si eso ya no funciona, nada lo hace. La delincuencia organizada, la de cuello blanco y amparada en la ley, se adueñó de la nación y dispone de nuestros hogares. Se debe revertir esa situación.

¿Rumbo a la suspensión de garantías?

Martha Anaya / Crónica de Política

¿Realmente importa cómo calificar el incendio provocado al Casino Royale que arrojó la muerte de 52 personas?

De entrada podría parecer irrelevante frente al terrible suceso. Pero no lo es. Mucho menos cuando el propio presidente de la República ha descrito a los autores de este hecho criminal como “verdaderos terroristas” –primera vez que aplica el término en su gobierno– y ha ligado la tragedia a la necesidad de aprobar la ley de Seguridad Nacional.

¿Son “terroristas” esos asesinos? ¿Cómo puede evitar la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional en los términos que Felipe Calderón (y el ejército) un evento como el del Casino Royale?

Terrorismo es un término sobre el que en Naciones Unidas no se ha logrado un consenso sobre su definición. Es un debate que tiene más de medio siglo dado que algunos Estados han calificado así a sus opositores (los nazis calificaban de terroristas a los judíos, en Sudáfrica calificaban tal cual a Nelson Mandela y seguidores; en Argentina a las Madres de la Plaza de Mayo, entre muchas otros casos)

Hasta ahora, un acuerdo entre algunos académicos y especialistas en la materia han llegado a un consenso para definir tal acción así:

El terrorismo es un método productor de ansiedad basado en la acción violenta repetida por parte de un individuo o grupo (semi) clandestino o por agentes del Estado, por motivos idiosincráticos, criminales o políticos, en los que –a diferencia del asesinato—los blancos directos de la violencia son los blancos principales. Las víctimas humanas inmediatas de la violencia son generalmente elegidas al azar (blancos de oportunidad) de una población, y son usadas como generadoras de un mensaje. Los procesos de comunicación basados en la amenaza –y en la violencia—entre el terrorista (la organización terrorista), las víctimas puestas en peligro y los blancos principales, son usados para manipular a las audiencias convirtiéndolas en blanco de terror, blanco de demandas, blanco de atención, según se busque primariamente su intimidación, su coerción o la propaganda.

Sin embargo, tal definición no termina de convencer.

Tras lo ocurrido en Monterrey, Porfirio Muñoz Ledo sostiene por ejemplo que el terrorismo tiene que ver con aterrorizar a la población, con el propósito de cambiar un régimen político. Y lo ocurrido en Monterrey no es el caso:

- Que causa terror, pues sí, ¡es abominable!, pero no es el 11 de septiembre. ¡No lo es! Aquello tenía contenido ideológico. Esto no.

El ex embajador de México en Naciones Unidas y actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, afirma que el incendio al Casino Royale fue “un acto de violencia extrema…, posiblemente la respuesta a una tentativa de extorsión o negativa a recibir protección, un acto de relación entre particulares y criminales. Esto es barbarie, pero no terrorismo”.

Pero al calificarlo así –asienta Porfirio–, Calderón “está anunciando que abre la puerta a militarizar el país” y “está justificando la presencia de tropas estadunidenses en México”.

Hablar de terrorismo ahora en México, en medio de un escenario de guerra, con problemas de Derechos Humanos, y en puerta la aprobación o no de la Ley de Seguridad Nacional en los términos en que se encuentra, tiene pues implicaciones graves.

El diputado jalisciense Enrique Ibarra Pedroza (PT), miembro de las comisiones de Gobernación y Defensa en San Lázaro, prefiguró lo que podría pasar en Monterrey tras el atentado del Casino si la Ley de Seguridad Nacional se hubiera aprobado ya en los términos en que se encuentra:

“El Ejecutivo podría declarar a esa ciudad como zona de afectación, o sea, suspender las garantías individuales. Además, los militares que quedaran encargados de esa zona de afectación tendrían que dar cuenta de sus actos al Congreso, pero solamente por escrito y mucho tiempo después de haber intervenido.

“Tomado el control de la ciudad, los militares podrían entrar a los domicilios particulares sin orden de juez, detener a transeúntes y automovilistas en la calle, incomunicar a cualquier ciudadano hasta por 24 horas y obtener información de la manera que considerara más eficaz”.

Esto, para Enrique Ibarra esto significaría “legalizar una dictadura militar”.

Tomando en cuenta lo anterior, la decisión del Presidente de calificar a los autores de la tragedia como “terroristas” y de insistir al mismo tiempo –en el mismo discurso– al Congreso la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, lleva a pensar si Felipe Calderón efectivamente desea tomar algunas de estas acciones. Particularmente, decretar algunas regiones, ciudades o estados incluso, “zonas de afectación”. El estado de excepción, para ser claros.

Después de la tragedia en Monterrey

Jorge Diaz

No es necesario narrar los hechos, todo el mundo sabe lo que sucedió la semana pasada en Monterrey. En cualquier situación, cuando ocurre algo tan lamentable, ya sea por fenómenos naturales o por acción directa de las personas, se revisan las circunstancias y se toman las medidas que sean necesarias para que no vuelva a ocurrir.

Después de la tragedia saltaron inmediatamente desde el Gobierno y los medios; unos a defenderse y a buscar justificantes, mientras que otros, daban explicaciones y especulaban con posibles conexiones. El repertorio fue tan amplio, que me quedo con aquellos que expresaron su indignación, impotencia y rabia por ver cómo se nos ha ido el país de las manos.

La verdad es que a la gente poco le importa si se le dice que el narco está enviando un mensaje al dueño de tal o cual lugar para que cumpla con las cuotas, si Calderón dice barbarie o terrorismo o si se avientan la pelota unos a otros. Lo cierto es que el Gobierno en TODOS sus niveles, es incapaz de proteger a la ciudadanía.

La desesperanza llega, cuando se da a conocer la postura de Felipe Calderón: No dará marcha atrás. Nadie niega ni regatea el hecho de la necesidad que hay por combatir a la delincuencia -la venta de drogas hacia Estados Unidos es discutible- pero a los que cometen actos criminales contra los ciudadanos, se les tiene que atrapar.

Sin embargo, el cómo y la efectividad de éste, es donde aun no se ponen de acuerdo ciudadanía y Gobierno. Debo decir que en realidad, el Gobierno de Calderón no se ha querido poner de acuerdo con la óptica ciudadana y con la realidad norteamericana. Sólo sigue lo que; por alguna razón, considera lo correcto sin que importen voces, ideas y consecuencias.

El Presidente, en su mensaje ante lo ocurrido, dio la impresión de rudeza y determinación cuando conminó al Gobierno de los Estados Unidos a detener la venta y tráfico ilegal de armas hacia nuestro país. Pero ¿Dónde están las acciones de nuestras autoridades para frenar este problema? Si se hiciera una labor en el mismo tenor en la que nuestros vecinos han llevado a cabo por décadas en la frontera (hablando de aquí para allá), se podría disminuir el paso de armas a México de allá para acá.

Que yo sepa, no se ha hecho nada para blindar la frontera norte con elementos profesionales, altamente éticos y con la capacitación e inteligencia suficientes para detectar situaciones de este tipo y remediar, en parte, este grave problema. Esperar que los norteamericanos hagan caso de las palabras de Calderón, es pedirle peras al olmo. Todo quedará en palabras y condolencias.

Si tan grande fuera la determinación del Presidente, haber trabajado desde el principio de su sexenio con inteligencia, una bien estructurada y organizada policía, vocación de prevención y regulación transparente, ataque frontal a los recursos financieros de las organizaciones criminales y actos decididos contra la corrupción imperante, la tragedia pudo haber sido menor. Es triste, pero lo que me queda claro, es que después de ver las reacciones por parte de las autoridades, lo más seguro es que una tragedia similar o peor, se repita en el corto plazo.

Lejos de las opiniones y soluciones sugeridas a lo largo del viacrucis que ha representado este sexenio, las autoridades no quieren entender que los ciudadanos lo único que quieren es vivir tranquilos. Drogas o no, armas o no, intereses ocultos o no, todos los niveles de Gobierno han fallado en su principal misión: proteger la integridad de las personas.

Levantan en Zacatecas a ex alcalde y a ex líder sindical de Durango

Durango, Dgo.- El gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, confirmó la desaparición del ex alcalde de Tepehuanes y ex diputado local cetemista, René Carreón, quien fue levantado junto con Filiberto Villalobos, ex dirigente sindical de los tres poderes del estado de Durango, en el vecino estado de Zacatecas.

El mandatario duranguense ha solicitado colaboración de las autoridades zacatecanas para la localización del ex alcalde y del ex dirigente sindical.

Por otro lado, en el interior de una camioneta Tahoe se localizaron los cuerpos sin vida de tres hombres y una mujer en el fraccionamiento Los Álamos de Gómez Palacio.

Se trataba de personas entre 30 y 35 años de edad.

Aproximadamente a las 10:20 de la noche el sistema de emergencias recibiría aviso de que en las orillas del fraccionamiento se escuchaban balazos. Cuando los policías acudieron al sitio localizaron una camioneta cerrada color arena en la que se encontraban los cuatro cadáveres.

Dos cuerpos se localizaron en el asiento trasero y dos más en la cajuela. A cada una de las víctimas les dispararían en la cabeza y tenían las manos atadas a la espalda con agujetas. En el sitio se levantaron casquillos calibre .45 y .9 milímetros, sin que las autoridades pudieran precisar la cantidad.

Otro ejecutado en Torreón

En Torreón, Coahuila, durante la mañana del domingo se encontró el cuerpo de un joven con huellas de golpes y haber sido arrastrado en la colonia División del Norte. Alrededor de las 8 de la mañana, los vecinos reportaron que frente a la vivienda con el número 20 de la calle Pascual Orozco se encontraba un cadáver.

El cuerpo que vestía sólo pantalón de mezclilla azul no portaba documentos de identidad por lo cual fue trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario para la práctica de la necropsia y en espera de ser identificado.

Edgar Garza Morales - Nuestro gran Amigo



De nuestro amigo "El enmascarado en el exilio" para Edgar Garza Morales.

Los Zetas incendiaron casino para extorsionar a propietarios, según pesquisas

EFE

El grupo criminal Los Zetas, considerado el más sanguinario de México, es el presunto autor del incendio del Casino Royale en la ciudad de Monterrey, donde murieron 52 personas y una decena más resultó herida, revelaron hoy las autoridades tras anunciar la captura de cinco sospechosos de esa organización.

Las primeras investigaciones apuntan a que ese grupo criminal pretendía extorsionar a los propietarios del casino y que los clientes del local no eran el objetivo principal de la banda, pero las cosas "se salieron de las manos", lo que resultó en una de las peores masacres en la historia de México.

Los Zetas es un grupo que nació como brazo armado del cártel de las drogas del Golfo, pero en marzo de 2010 rompió con esa organización y desde entonces ha protagonizado algunas de las escenas de violencia más crudas registradas en el país, como parte de su lucha por ganar el control de nuevos territorios.

El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, estado del que Monterrey es capital, señaló que los cinco delincuentes confesaron su participación en la masacre, y que algunos de ellos, incluso, aparecen en las imágenes captadas por una cámara de seguridad.

Los detenidos fueron identificados como Luis Carlos Carrazco Espinoza, alias "El Chihuas", de 25 años, originario del estado de Chihuahua; Javier Alonso Martínez Morales, "el Capo", de 37 años; Jonathan Jahir Reyna Gutiérrez, de 18; y Juan Ángel Leal Flores, alias "El Casillas" o "El Cash", de 20; Julio Tadeo Berrones Ramírez, "Julio Rayas", de 28 años, todos de Monterrey.

"El atentado no iba dirigido a las personas en primera instancia, iba dirigido al casino", presuntamente "por algún incumplimiento, algún cobro o extorsión que quería llevar a cabo esta organización criminal (Los Zetas)", sostuvo el mandatario local.

Las autoridades han revisado los vídeos de seguridad del casino con los delincuentes detenidos, y estos han detallado la participación de otras personas y de otros vehículos que los investigadores no tenían registrados, así como de algunos individuos que sirvieron como "halcones" (informantes para el crimen organizado).

Al momento de llevar a cabo el incendio, a los delincuentes "seguramente se les pudo haber salido de control (el fuego) o hubo un comportamiento errático y a toda luces criminal, delictivo y atroz", manifestó Medina.

Algunos de los cinco detenidos se asemejan a los retratos hablados de tres sospechosos que las autoridades difundieron este fin de semana.

El gobernador presentó, además, una serie de vídeos en los que se ve a los autores del incendio en una estación de gasolina cargando unos recipientes con el combustible que emplearon para incendiar el casino, y otras imágenes de tránsito con los automóviles de los delincuentes llegando al lugar del ataque.

Medina dijo que los investigadores cuentan con "elementos científicos" para acusar a los detenidos, algunos de los cuales son autores materiales o intelectuales y otros conductores de los autos en los que arribó el grupo criminal al casino.

Asimismo, las fuerzas de seguridad buscan a los propietarios del Casino Royale para que ofrezcan su declaración, aunque se desconoce su paradero.

Los Zetas son también los presuntos responsables de la matanza de de 72 indocumentados en el norteño estado de Tamaulipas, en agosto de 2010, y se les acusan de asesinar a 193 personas, cuyos cadáveres fueron hallados en una serie de fosas este año.

En declaraciones al noticiero Televisa, el presidente mexicano, Felipe Calderón, manifestó hoy que "los números de homicidios terribles (en México) derivan en gran parte de la lucha" entre el cártel del Golfo y Los Zetas "en el noreste" del país.
El mandatario insistió en que su Gobierno seguirá combatiendo a las organizaciones criminales.

"No voy a permitir que sigan extorsionando a la gente, que sigan ejecutando su violencia con tanta saña, que deambulen impunemente, que secuestren a la gente, que extorsionen comerciantes", puntualizó Calderón, quien este fin de semana reforzó la presencia de militares y policías federales para combatir el crimen en Monterrey.

Video: Imágenes de presuntos Zetas que atacaron el Casino Royale de Monterrey

Las potencias ya se disputan los negocios de la reconstrucción en Libia

La guerra no ha concluido y Muammar Khadafi sigue inhallable, pero las empresas occidentales, en particular europeas, iniciaron la competencia por las oportunidades que abrirá un nuevo gobierno

InfoBae


Derrocado el régimen, hay que preparar la paz y aprovechar los negocios que surgirán con la reconstrucción que los gobiernos y los empresarios esperan abundantes y muy lucrativos.

Italia, el país que más estrechos lazos económicos mantenía con Trípoli, es de la partida. La petrolera ENI, que dominaba el 15% de la producción de crudo libio, está concentrada en defender su posición dominante. Incluso antes de que cayera el búnker de Khadafi en la capital del país, los técnicos de la ENI ya estaban trabajando en el restablecimiento de la extracción y exportación de petróleo. El primer ministro Silvio Berlusconi se reunió hace ya una semana con el presidente del Consejo Nacional de Transición (la autoridad provisional creada por los rebeldes), Mahmud Jibril.

Pero, al parecer, Francia es la mejor posicionada en la largada de esta carrera. Fue la primera potencia occidental que reconoció al CNT como gobierno legítimo de Libia. Y es también la primera que ha reabierto su embajada en Trípoli, todavía en medio de los combates por los últimos bastiones khadafistas. París espera que la gratitud política se traslade a los negocios.

Estos pasarán por los millonarios contratos para la reconstrucción del país, las concesiones petroleras y las nuevas oportunidades que surgirán con la previsible apertura económica del país. Por ejemplo, los europeos esperan reequipar en armas al nuevo gobierno, un rubro en el cual Francia también aspira tomar la delantera.

De todos modos, lo más urgente será el restablecimiento de la producción petrolera en sus niveles previos a la crisis, cuando constituía el 95% de sus ingresos por exportación del país. El conflicto la hizo caer por debajo del 4% del nivel anterior al estallido de la rebelión, que era de 1 millón 600 mil barriles.

Alemania no participó de la batalla, pero no por ello sus empresas están desatentas a las oportunidades que abre la caída del régimen. Hace tres semanas, Hans Meier-Ewert, titular de la German-African Business Association, viajó a Libia junto Hans-Joachim Otto, secretario de Estado del ministerio de Economía alemán, y representantes de 20 compañías germanas, según informa Der Spiegel. Signo del apuro, el viaje debió llevarse a cabo en un avión militar, ya que los vuelos comerciales están cancelados hace tiempo.

Como prenda de amistad, el grupo llevó provisiones y medicinas para el hospital de Bengasi, pero no se trató de una misión humanitaria. Los alemanes se reunieron con miembros del Banco Central libio y del Consejo Nacional de Transición.

"Una vez que el petróleo y el gas natural fluyan nuevamente, Libia será un país rico, dijo Meier-Ewert. En efecto, se trata de uno de los mayores productores de crudo y tiene, además, las reservas más grandes de toda Africa. Habrá con qué financiar la reconstrucción, para la cual las potencias ofrecen sus servicios.

Como es habitual en muchas de las naciones petroleras de la región, los cuellos de botella para la explotación de la abundante riqueza natural están radicadas en la infraestructura o, más propiamente, en la deficiencia o ausencia de esa.

Libia no es un país fácil para los negocios. Las empresas estatales dominan el mercado y el cumplimiento de normas es del orden de la relatividad. ¿Será capaz el próximo gobierno, incipiente aún, de proveer un marco más estable y previsible para la actividad empresarial? De momento, los referentes del CNT han tratado de tranquilizar a los inversores extranjeros asegurando que los contratos firmados bajo el régimen de Khadafi serán respetados y que la futura administración alentará la actividad privada.

Pero hubo una excepción a esta promesa. El representante de la firma petrolera libia que está en manos de los rebeldes, AGOCO, dijo la semana pasada que las empresas rusas y chinas podrían no obtener contratos en ese rubro por no haber respaldado la rebelión contra Khadafi. Pekín fue un entusiasta socio económico del autócrata depuesto.

En respuesta a la amenaza, China instó a Libia a proteger sus inversiones, con el argumento de que esos contratos petroleros benefician a ambos países. "Esperamos que, luego de un retorno a la estabilidad, Libia siga protegiendo los intereses y derechos de los inversores chinos y esperamos continuar la inversión y cooperación económica con Libia", fueron las palabras del vicejefe del departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio chino, Wen Zhongliang.

Yin Gang, un experto en temas árabes de la Academia China de Ciencias Sociales en Pekín, minimizó la amenaza, en declaraciones a la agencia Reuters: "Ésta es la opinión de un individuo. Puedo decirlo en cuatro palabras: Ellos no se atreverán; no se atreverán a modificar contratos".

Pero China, que hoy controla el 3% de la producción de petróleo libio, es el segundo consumidor mundial de crudo, por lo que la advertencia no es desdeñable.

Alemania puede verse perjudicada por la misma razón: fue, junto con Brasil, China, Rusia y la India, uno de los países que no respaldó la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de establecer una zona de exclusión aérea sobre Libia.

El canciller alemán, Guido Westerwelle, buscó mitigar rencores: "Apoyaremos a Libia en palabras y en actos", declaró. A modo de adelanto, Berlín ha prometido al CNT un crédito de 144 millones de dólares (100 millones de euros). Además congeló activos de Khadafi depositados en Alemania por un valor de 7.300 millones de euros que Werstelle prometió liberar pronto.

En la disputa por el "botín" libio también terciarán los Estados Unidos y Gran Bretaña, lógicamente; incluso España, invitada por el propio titular del CNT.

La petrolera francesa Total, para la cual Libia sólo representaba el 2,3% de su producción mundial, espera poder duplicarla de aquí a 2015, y sus directivos tomaron contacto hace tiempos con los rebeldes, sin esperar la conclusión del conflicto.

Otras empresas que mantuvieron conversaciones exploratorias con representantes del CNT son la Marathon Oil (EEUU) y la británica BP (que tuvo que suspender sus actividades en el país, por la guerra).

Fueron varias las compañías extranjeras que retiraron a sus trabajadores de Libia por razones de seguridad durante este medio año de rebelión y guerra civil. El retorno de la inversión externa al país dependerá, en buena medida, de la estabilidad política y la seguridad jurídica que el nuevo gobierno sea capaz de garantizar la transición. De todos modos, aunque el capital es cobarde, los elevados retornos de la actividad hidrocarburífera bien valen ciertos riesgos.

La violencia narco espanta aspirantes a policías

Al menos 8 estados de México necesitan agentes. Ofrecen mejoras salariales e, incluso, hablan de "importar" hombres de otras regiones. Los brutales ataques del crimen organizado dejan municipios enteros sin seguridad

InfoBae


"¿Buscas un trabajo redituable que te dé la oportunidad de crecer? ¡Sé policía en Nuevo León! Únete a la nueva Fuerza Civil con percepciones de hasta 14 mil pesos [poco más de 1.200 dólares] mensuales y posibilidad de crecimiento". El anuncio se escucha en todas las radios del estado mexicano, y otros muy similares se repiten en Tamaulipas, Zacatecas, Chihuahua, Oaxaca, Baja California Sur e Hidalgo.

El Universal difundió la situación de las policías estaduales en estos ocho estados. El denominador común: el déficit de personal. Las causas son múltiples. La primera radica en el peligro de ser policía. Vestir un uniforme, portar un arma o simplemente tener que estar de noche en las calles de ciertos estados mexicanos suponen una alta exposición. El peligro de transformarse en un blanco de la violencia narco se acrecienta si se forma parte de las fuerzas de seguridad.

A esta situación de peligro constante para ellos y sus familias (el narco no perdona parentescos) se suman las altas exigencias del Gobierno de Felipe Calderón. El Ejecutivo nacional quiere personal calificado y las pruebas se vuelven cada vez más duras para los hombres y mujeres sin estudios que solían volcarse a esta actividad.

Miguel Alcántara Soria, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, explicó que Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa debieron de "importar" agentes otros estados, ya que en sus municipios no lograron buenas cifras de reclutamiento. "Lo reconocen los gobernadores: no han encontrado en las convocatorias que han hecho, incluso con fuerte estrategia mediática no han encontrado respuesta", afirmó.

"Se vive un fenómeno extraño de poco interés en los procesos de reclutamiento, como en otras entidades", admitió el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Jesús Pinto.

En Sinaloa se registra un déficit acumulado de 2 mil policías. Mario López Valdez, gobernador del estado, prometió flexibilizar las evaluaciones y el control de confianza, "puesto que el reclutamiento de cadetes es difícil". Es más, confesó que sólo el 10% de los que se inscriben supera los requisitos.

En Chihuahua, la Fiscalía General asegura tener un déficit de, al menos, 500 policías. Por lo tanto, se requieren 3 mil solicitudes para, después del proceso de selección, reunir candidatos suficientes. En este momento hay varias convocatorias abiertas. En esta zona hay municipios que directamente carecen de vigilancia, como el caso de Ascensión, donde recientemente renunció la totalidad del cuerpo de seguridad municipal.

En el caso de Tamaulipas, tras concluir la primera etapa de reclutamiento para el nuevo modelo policial, sólo se inscribieron 850, de los 2.400 elementos que se necesitan. El gobernador Egidio Torre está desesperanzado: "Tenemos que juntar más".

En el estado de Zacatecas, a pesar de que se incrementó el salario 50%, la convocatoria tampoco tuvo éxito. Desde la Secretaría de Seguridad de Hidalgo reconocen que necesitan 200 hombres más. Y en Baja California Sur faltan 700 agentes, según las direcciones de seguridad municipales.