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viernes, octubre 30, 2009

El SME

Luis Javier Garrido

El gobierno calderonista, desesperado por su fracaso en diversos frentes, ha entrado en un proceso de descomposición acelerado que se refleja en la reacción abiertamente fascistoide que está teniendo ante la negativa de los trabajadores electricistas de Luz y Fuerza del Centro de aceptar la decisión ilegal de desaparecer esa empresa pública y cancelar los derechos de más de 44 mil trabajadores.

1. La vasta y costosa campaña de desinformación emprendida por el gobierno calderonista en este otoño busca esencialmente desprestigiar a los trabajadores, causándoles un daño moral irreparable al culparlos de los malos manejos que hacía el propio gobierno de Luz y Fuerza, a fin de ocultar que el decreto anticonstitucional que ordena su extinción no estaba de ninguna manera justificado, ya que al publicarlo el único móvil de Calderón y sus amigos fue servir a unas cuantas corporaciones trasnacionales a las que están asociados.

2. Un hecho aparece determinante en esto y es que a pesar de la enorme y costosa campaña de desinformación oficial, la decisión de Calderón de violar abiertamente la Constitución para acelerar la entrega de la industria eléctrica del país a sus amigos españoles y estadunidenses, y proseguir al mismo tiempo la destrucción de los sindicatos mexicanos, está siendo repudiada no nada más por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sino por amplios sectores del país que han entendido que este ataque desenfrenado a las instituciones vulnera los derechos de la nación y de los trabajadores y lleva a México a un retroceso en todos los órdenes que pone en peligro los derechos fundamentales de todos.

3. La convocatoria del SME a formar un frente nacional de lucha para enfrentar el despotismo gubernamental –que anuncia ya nuevas medidas ilegales para seguir entregando recursos estratégicos del país al capital extranjero–, hecha pública el sábado 24, sitúa el conflicto en otra dimensión, que es la que realmente tiene: no se trata nada más de llevar a cabo una enorme movilización para echar abajo el decreto anticonstitucional, mantener Luz y Fuerza del Centro y restituir sus derechos a los trabajadores del SME, sino de impulsar una vasta defensa de toda la clase trabajadora de México y de los derechos fundamentales de la nación, lo que explica el entusiasmo con el que se está respaldando a los electricistas en todos los ámbitos.

4. La reacción en el exterior ante el acto anticonstitucional de Calderón, que violenta múltiples pactos, acuerdos y tratados internacionales suscritos por México, ha desbordado aún más al gobierno de facto, pues el decreto del domingo 11 desdeñó el marco jurídico, pero también el internacional en particular en materia laboral como de derechos humanos. La Confederación Sindical Internacional, lo mismo que la central AFL-CIO de Estados Unidos o la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala y sindicatos de todo el mundo, al igual que el Tribunal Internacional de Libertad Sindical y diversas organizaciones de derechos humanos como la Asociación Americana de Juristas lo han condenado (La Jornada, 16, 26 y 28 de octubre), lo que anuncia una creciente controversia internacional.

5. La lucha del SME ante la brutal agresión que han sufrido los electricistas y la nación en su conjunto no tiene precedentes en el ámbito laboral del país, y eso que la historia mexicana está marcada en el siglo XX por decenas de ataques de los gobiernos priístas a los trabajadores. Y no lo tiene porque ahora se trata de un ataque frontal y cínico a más de 44 mil trabajadores, que se condena al desempleo, y a la nación, a la que se quiere hacer un enorme despojo. De ahí que la lucha actual, al no ser solamente para echar abajo el decreto, sino para impedir que prosigan estas políticas de exacción, que son un objetivo central del gobierno panista de facto, se esté planteando que sea un paso adelante muy importante en la construcción de un país diferente, sustentado en el respeto a los derechos de todos y en el fin de los privilegios de quienes han hecho del país un botín

6. La definición de lo que habrá de ser esa lucha la hizo Martín Esparza, líder del SME, en el magno acto que se llevó a cabo el martes 27 en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el cual recibió el respaldo de miles de miembros de la comunidad universitaria que está ya movilizándose. Es una lucha que ha de darse, dijo, en lo jurídico, en lo político, en lo económico y en lo social, y es la que han pedido se respalde tal como ellos la decidan en ejercicio de su vida democrática.

7. En lo jurídico, el SME presentó ya un amparo colectivo en contra del decreto el miércoles 28, y vendrán en unos días una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, una serie de demandas laborales por despido injustificado, entre muchas otras, así como seguramente una demanda de juicio político contra Calderón por los delitos de "traición a la patria" y "ejercicio indebido de la función pública", pero lo que debe redoblarse es la movilización.

8. El llamado War Room de Calderón, descrito por la columnista Marcela Gómez Zalce, que sesiona a puertas cerradas en Los Pinos para definir futuras iniciativas que, como su nombre lo indica, configuran una verdadera guerra económica al pueblo –integrado por los secretarios Gómez Mont, Lozano, Molinar, el jefe de prensa Max Cortázar, entre otros connotados yunquistas–, parece que ha perdido toda noción de la realidad, e ignorando que los panistas fueron repudiados en las elecciones federales pretende imponer nuevos golpes de política neoliberal.

9. El asalto a Luz y Fuerza para privatizarla, y terminar con el SME que se oponía a ello, fue un "ataque preventivo", como ha señalado de manera reiterada Humberto Montes de Oca (secretario del Interior del SME), y por lo mismo hay que ponerle un alto a tanta impunidad, pues Calderón en medio del desastre de su gobierno está casi enloquecido por proseguir con las privatizaciones creyendo que así va a satisfacer a las mafias seudoempresariales que lo respaldaron en 2006, como ha advertido Pablo Moctezuma, y así se habla de su pretensión de culminar la privatización del servicio postal mexicano y de entregar por completo Pemex y el sector energético al capital trasnacional.

10. La iniciativa de Calderón contra los electricistas fue planteada en términos militares como "una guerra" y utilizando la fuerza policiaco-militar, pero los electricistas le están respondiendo con la movilización social pacífica y las armas del derecho, y ésa es la diferencia fundamental del conflicto que se está ahondando, aunque los medios lo ignoren.

Plaza Pública con Miguel Ángel Granados Chapa · 29 de octubre de 2009








Descargar Plaza Pública del 29 de octubre

El shock de las finanzas públicas

Carlos Fernández-Vega / México SA

Devolución de impuestos al gran capital, igual a 60% de la deuda pública

Estaba el inquilino de Los Pinos con sangre en las comisuras de los labios –se mordió la lengua el pobre hombre– duro que te dale con aquello del shock de las finanzas públicas (como si hubiera sido producto de un rayo), cuando enfiló baterías en contra de sus "aliados naturales" (se respeta sintaxis original): “es imprescindible que los gastos públicos, indispensables para proveerles satisfactores al ciudadano, puedan ser sufragados con contribuciones equitativas, tal y como lo manda la Constitución… Es fundamental que entendamos que todos, todos los mexicanos, salvo los que menos tienen, los que viven en la pobreza extrema, los que no tienen, verdaderamente, ingreso; todos quienes tenemos en mayor o menor medida de hacerlo, podamos aportar al gasto nacional… Y si esto es obligado para cualquier ciudadano, en términos de la Constitución y en términos de la justicia, lo es más, más obligado para quien más tiene y más ha recibido; para quien más gana, para las empresas que más ganan: y si esto es obligado para las empresas que más ganan, es más obligado todavía para las empresas que más ganan y que rara, rara vez pagan impuestos en el país”.

¡Milagro! El haiga sido como haiga sido descubrió que la gran empresa no paga impuestos en el país, que evade y elude con un estilo digno de torerillo y que su gracia no sólo es natural, sino producto del descarado contubernio con las presuntas autoridades fiscales, dependientes, ¡oh, casualidad!, del propio inquilino de Los Pinos, la cual no da paso sin la respectiva autorización de quien ocupa la silla principal en la ex hacienda de La Hormiga, el mismo que hoy dice ver lo que de siempre todo el mundo ve y padece: años y años de exenciones, regímenes tributarios especiales, estímulos, descuentos, cancelaciones, créditos fiscales que nunca se pagan, borrón y cuenta nueva sólo para reiniciar la cadena de evasión y elusión, etcétera, etcétera. ¡Albricias!, porque ahora dice registrar el cáncer denunciado hasta el aburrimiento por los detractores del régimen del bienestar de la familia Forbes, pequeños y medianos empresarios, académicos, periodistas, ciudadanos de a pie, perseguidos fiscales y demás fauna que todavía se indigna por los privilegios concedidos a los brillantes barones que de México han hecho un negocio personal.

Qué bueno que ya se dio cuenta, aunque sea en el discurso. Pero, ¿qué tan seria es la declaración de Calderón? Van unos pasajes: en 2007 la Auditoría Superior de la Federación documentó la multimillonaria devolución de impuestos (IVA e ISR) al gran capital, más la voluminosa y selecta autorización de créditos fiscales concedidos por el gobierno de Vicente Fox: un billón 200 mil millones de pesos (equivalentes a otro Fobaproa), sin considerar regímenes tributarios especiales. En ese entonces, dicho monto equivalía a la mitad del presupuesto de egresos de la Federación, a dos veces la inversión sexenal prometida para infraestructura, y a 60 por ciento de la deuda pública neta (interna y externa) del gobierno federal, entre otros comparativos.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, entre los beneficiarios se detectaron 15 contribuyentes con más de 100 créditos fiscales cada uno y, de ellos, seis registraron más de 300; un solo contribuyente acumuló mil 453 créditos. "De lo anterior se desprende que no existe un límite para la determinación de créditos fiscales y que ciertos contribuyentes han omitido sus obligaciones por un tiempo prolongado". La ASF no dio nombres, pero tres bancos concentraron 780 créditos por 28 mil 623 millones de pesos, y uno solo registró 683 créditos por 24 mil 918 millones; en el ramo de la construcción, 14 empresas con 235 créditos adeudaban 9 mil 881 millones y las obligaciones que adeudaban tres de ellas, con 57 créditos, equivalían a 40.7 por ciento de dicho monto. Al equipo pertenecían 11 ingenios azucareros, dos empresas de transportes, cuatro clubes de futbol, una compañía editorial, dos cadenas televisivas, un partido político, bancos, constructoras, transportistas, consorcios de "entretenimiento y comunicaciones" y otros grandes contribuyentes (así se clasifican, paradójicamente) que hoy se sabe, con la sabia intervención del inquilino de Los Pinos, "raramente pagan impuestos".

Buena parte de ese dinero era legalmente recuperable, pero ¿qué hizo el gobierno calderonista? Fácil: a principios de abril de 2007 la Secretaría de Hacienda publicó un acuerdo (JG-SAT-IE-3-2007) en el Diario Oficial de la Federación, por medio del cual autorizó la "condonación total o parcial de los créditos fiscales consistentes en contribuciones federales cuya administración corresponda al Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, así como las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago", las cuales en su gran mayoría se otorgaron a un grupúsculo de grandes empresas, las mismas que el veloz inquilino de Los Pinos descubrió que "rara vez pagan impuestos".

Dos años después, en plena "anorexia fiscal" (Calderón dixit, según los legisladores panistas), el SAT informó a los diputados que 400 grandes grupos empresariales (con ingresos por 5 billones de pesos, o 40 por ciento del PIB mexicano) apenas pagaron 1.7 por ciento de impuestos (85 mil millones de pesos, contra 1.5 billones que debieron enterar), cuando les correspondía no menos de 28 por ciento. Y el organismo precisó: por el régimen de consolidación fiscal, empresas como las del sector de cosméticos pagaron impuestos por 220 millones de pesos, cuando tuvieron ingresos acumulables por 7 mil 600 millones; en 2008 las cadenas de autoservicio (Wal-Mart, Comercial Mexicana, Soriana, por ejemplo) reportaron ingresos cercanos a 68 mil millones y apenas pagaron 6 mil millones en impuestos; lo mismo con cementeras, tiendas departamentales, cadenas automotrices, cerveceras, televisoras, empresas de electrodomésticos, de telecomunicaciones, refresqueras, constructoras, financieras, grupos hoteleros, empresas mineras, cigarreras, transportistas, casas editoriales y compañías distribuidoras de maquinarias y equipos, entre otras. Y los regímenes tributarios especiales: 3 billones de pesos (estimado para el sexenio de las "manos limpias") que ni de lejos visitarán las arcas nacionales.

Ante este devastador panorama, ¿qué hizo el gobierno calderonista? Sencillo: para 2010 ratificó los regímenes tributarios especiales, lo propio hizo con la consolidación fiscal y de pilón concedió nuevas exenciones fiscales a los grandes consorcios de las telecomunicaciones.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿quejas por el shock de las finanzas públicas? Pase a Los Pinos.