Samuel R. G. / uzkediam@gmail.com
Básicamente el éxito o fracaso de las actividades que emprendemos diariamente como individuos y como sociedad dependen en gran medida de la planeación que les dediquemos.
El orden jurídico depende de su eficacia y pierde validez cuando la realidad deja de coincidir con él, por ello es posible afirmar que las leyes guardan una estrecha relación con lo que vivimos.
En forma específica la Ley de Planeación regula al gobierno en cuanto a las actividades de la Administración Pública Federal, las cuales van encaminadas a que el Estado haga valer su razón de ser: el bien común.
En su artículo 1º la Ley de Planeación dice lo siguiente: "Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer:
I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración Pública Federal;
II.- Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática;
III.- Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas, conforme a la legislación aplicable;
IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley, y
V.- Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del plan y los programas."
Resalté a propósito algunas palabras del Artículo 1. Si nos damos cuenta, en teoría, son conceptos que apuntan hacia algo que busca tener cierta relevancia e influencia. Tanto “establecer”, “normas”, “principios básicos”, “encauzar”, “actividades”, “administración”, “integración”, “funcionamiento”, “coordinar”, “planear”, “promover”, “garantizar”, “participación democrática”, “elaborar”, “acciones”, “contribuir”, “objetivos” y “prioridades”, son términos necesarios para el funcionamiento del gobierno y forman parte vital en la actuación del Estado mexicano.
El gobierno debe elaborar planes, pero debe hacerlo con un sentido, con una justa razón; en las normas que se han establecido se encuentran los límites y alcances de su actuación, misma -repito- que debe conducir hacia el bien común y para llegar a él hay que pensar en desarrollo.
Diferentes autores (Dye, Laswella, Subirats, Roth, entre otros) señalan que las políticas públicas son las cosas que un gobierno hace o lo que deja de hacer, pero eso es importante que se encuentre normado, ya que no puede hacer o dejar de hacer algo que vaya en contra de la población.
El Artículo 3º de dicha ley menciona: "Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.
Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados."
Y por supuesto que la “transformación de la realidad” tiene que ver con el hecho de hacer de México un mejor lugar para vivir, en donde nuestras condiciones de vida mejoren y para ello, desde luego, se tendrá que echar mano de un Sistema de Planeación Democrática. En el SPD tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere la Ley de Planeación.
Finalmente en el capítulo 4 dedicado al Plan y Programas, el Artículo 21º señala: "El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, y su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo.
El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.
La categoría de Plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo."
Todos los elementos que hasta aquí he señalado me permiten afirmar que sin una Ley de Planeación no sería posible contar con los procesos de desarrollo y de transformación ordenados, de ahí su relevancia además de que nos permitirá evaluar la actuación, la aplicación y los resultados obtenidos por una administración en cualquiera de los tres niveles de gobierno.
Sin rendición de cuentas, la planeación y desarrollo se quedan estancados
México al no contar con una cultura de rendición de cuentas difícilmente puede encontrar eficacia y eficiencia en la puesta en marcha de diferentes programas derivados del PND. Las "buenas" intenciones del gobierno en eso quedan, en meras intenciones. La corrupción es otro factor que frena los alcances que deberían tener las administraciones de municipios, estados y el mismo gobierno federal.
Para reviertir el rezago que prevalece en México se tendrían que incluir en la Ley de Planeación y elevar a rango constitucional, una serie de normas que obliguen a los gobernantes a rendir informes de verdad y obligar a la misma ciudadanía a estar al pendiente de lo que hacen sus gobernantes. Me parece que señalar únicamente los errores de un gobierno no sería justo, también la gente tiene el gobierno que se merece y deberían los mexicanos recordar que las políticas públicas no son otra cosa sino recursos nuestros, de la sociedad, que el gobierno como entramado jurídico y administrativo, nos debe devolver en bienes y servicios que cubran nuestras básicas y elementales necesidades.
Básicamente el éxito o fracaso de las actividades que emprendemos diariamente como individuos y como sociedad dependen en gran medida de la planeación que les dediquemos.
El orden jurídico depende de su eficacia y pierde validez cuando la realidad deja de coincidir con él, por ello es posible afirmar que las leyes guardan una estrecha relación con lo que vivimos.
En forma específica la Ley de Planeación regula al gobierno en cuanto a las actividades de la Administración Pública Federal, las cuales van encaminadas a que el Estado haga valer su razón de ser: el bien común.
En su artículo 1º la Ley de Planeación dice lo siguiente: "Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer:
I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración Pública Federal;
II.- Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática;
III.- Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas, conforme a la legislación aplicable;
IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley, y
V.- Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del plan y los programas."
Resalté a propósito algunas palabras del Artículo 1. Si nos damos cuenta, en teoría, son conceptos que apuntan hacia algo que busca tener cierta relevancia e influencia. Tanto “establecer”, “normas”, “principios básicos”, “encauzar”, “actividades”, “administración”, “integración”, “funcionamiento”, “coordinar”, “planear”, “promover”, “garantizar”, “participación democrática”, “elaborar”, “acciones”, “contribuir”, “objetivos” y “prioridades”, son términos necesarios para el funcionamiento del gobierno y forman parte vital en la actuación del Estado mexicano.
El gobierno debe elaborar planes, pero debe hacerlo con un sentido, con una justa razón; en las normas que se han establecido se encuentran los límites y alcances de su actuación, misma -repito- que debe conducir hacia el bien común y para llegar a él hay que pensar en desarrollo.
Diferentes autores (Dye, Laswella, Subirats, Roth, entre otros) señalan que las políticas públicas son las cosas que un gobierno hace o lo que deja de hacer, pero eso es importante que se encuentre normado, ya que no puede hacer o dejar de hacer algo que vaya en contra de la población.
El Artículo 3º de dicha ley menciona: "Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.
Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados."
Y por supuesto que la “transformación de la realidad” tiene que ver con el hecho de hacer de México un mejor lugar para vivir, en donde nuestras condiciones de vida mejoren y para ello, desde luego, se tendrá que echar mano de un Sistema de Planeación Democrática. En el SPD tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere la Ley de Planeación.
Finalmente en el capítulo 4 dedicado al Plan y Programas, el Artículo 21º señala: "El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, y su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo.
El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.
La categoría de Plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo."
Todos los elementos que hasta aquí he señalado me permiten afirmar que sin una Ley de Planeación no sería posible contar con los procesos de desarrollo y de transformación ordenados, de ahí su relevancia además de que nos permitirá evaluar la actuación, la aplicación y los resultados obtenidos por una administración en cualquiera de los tres niveles de gobierno.
Sin rendición de cuentas, la planeación y desarrollo se quedan estancados
México al no contar con una cultura de rendición de cuentas difícilmente puede encontrar eficacia y eficiencia en la puesta en marcha de diferentes programas derivados del PND. Las "buenas" intenciones del gobierno en eso quedan, en meras intenciones. La corrupción es otro factor que frena los alcances que deberían tener las administraciones de municipios, estados y el mismo gobierno federal.
Para reviertir el rezago que prevalece en México se tendrían que incluir en la Ley de Planeación y elevar a rango constitucional, una serie de normas que obliguen a los gobernantes a rendir informes de verdad y obligar a la misma ciudadanía a estar al pendiente de lo que hacen sus gobernantes. Me parece que señalar únicamente los errores de un gobierno no sería justo, también la gente tiene el gobierno que se merece y deberían los mexicanos recordar que las políticas públicas no son otra cosa sino recursos nuestros, de la sociedad, que el gobierno como entramado jurídico y administrativo, nos debe devolver en bienes y servicios que cubran nuestras básicas y elementales necesidades.
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