martes, enero 25, 2011

Samuel Ruiz: la importancia de escuchar


Javier Hernández Alpízar | Zapateando | via Kaos en la Red

Samuel Ruiz arriesgó su vida por su fe y su compromiso. Fundó, entre otras obras importantes y activas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

La foto es de 1994. Escribo como la recuerdo, porque no me es posible tenerla a la vista. Apareció en la portada de La Jornada en enero de ese año.

La escena ocurrió en el momento en que el EZLN entregó a la Cruz Roja a Absalón Castellanos, militar retirado y ex gobernador priista (1982 – 1988) de Chiapas. El EZLN lo había apresado durante el alzamiento armado del 1 de enero de ese año. El EZLN hizo un juicio popular en el que rememoró las fechorías del ex gobernador de Chiapas. El prisionero de guerra fue liberado y condenado a vivir “hasta el último de sus días con la pena y la vergüenza de haber recibido el perdón y la bondad de aquellos a quienes tanto tiempo humilló, secuestró, despojó, robó y asesinó”. (20 de enero de 1994)

La liberación de Absalón Castellanos fue una de las señales de paz del EZLN, que había declarado un alto al fuego en respuesta a las intensas movilizaciones ciudadanas que pidieron diálogo y cese el fuego.

La foto que ahora recuerdo –no sé quién sería el fotógrafo– congeló el momento en que el mediador para la paz de la CONAI (Comisión Nacional de Intermediación, aceptada por ambas partes, zapatistas y gobierno federal) Samuel Ruiz, y el representante del gobierno de Carlos Salinas de Gortari: Manuel Camacho Solís, recibían a Castellanos de manos de los zapatistas.

En la foto, los cuatro personajes se encuentran y cada uno saluda a quien tiene enfrente, le mira a los ojos y le sonríe. El fotógrafo captó algo esencial: la alegría de cada uno por saludar a uno de los suyos.

Samuel Ruiz saluda a un militar zapatista encapuchado, un indígena bajito de estatura que se toca la cabeza con una cachucha, por encima del pasamontañas negro. Debe tratarse del mayor Moisés (si la memoria no me falla), a quien Samuel Ruiz saluda amistosamente. Es uno de los suyos: No en el sentido que la derecha coleta de Chiapas y del DF han pretendido, al mentir diciendo que Samuel Ruiz era parte del EZLN. Pero sí uno de los suyos en el sentido de que los indígenas chiapanecos fueron quienes, así lo dijo Samuel Ruiz, lo convirtieron al Evangelio. Porque el obispo emérito de San Cristóbal venía de una formación abierta al cambio, del Concilio Vaticano II, pero fue la pobreza y la fe de los indios la que le hizo comprender el Evangelio y la necesidad, obligación del amor cristiano, de cambiar las cosas y alcanzar justicia para los indígenas y los pobres.

Por eso los indígenas eran los suyos, era el lado por el que Samuel Ruiz tomó partido siguiendo su fe. Y aunque el obispo nunca se comprometió con la vía armada, tampoco dio la espalda a las causas justas de los indígenas y trató de aportar su granito de arena, como mediador, para una paz con justicia y dignidad.

Los otros dos personajes de la foto también se dan la mano, se miran a los ojos y sonríen. Aunque van vestidos de manera informal, sus ropas son elegantes y caras. Integrante con licencia del gabinete priista de Carlos Salinas de Gortari, Manuel Camacho Solís saluda al ex gobernador priista y militar retirado Absalón Castellanos. Ambos se ven con alegría: la del rescatado que regresa con los suyos, y la del político priista y salinista que cumple su misión y recupera sano y salvo a uno de los suyos.

Dos integrantes del México de arriba y dos integrantes del México de abajo. Era el inicio de un diálogo que el México de arriba, el del gobierno federal, traicionó.

Samuel Ruiz arriesgó su vida por su fe y su compromiso. Fundó, entre otras obras importantes y activas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con sede en San Cristóbal en 1989. El FrayBa es hoy una voz de denuncia de las violaciones de derechos humanos y uno de los blancos de la represión contrainsurgente que impulsan los gobiernos, el perredista de Juan Sabines y el panista de Felipe Calderón. Los dos Méxicos, el de arriba y el de abajo, que en esa foto estaban retratados, siguen enfrentados.

Carlos Fazio escribió el libro “Samuel Ruiz, el caminante”, en donde cuenta cómo el católico de Irapuato, Guanajuato, quien siempre admiró la organización y la lucha de los sinarquistas por justicia, se ordenó sacerdote, llegó a ser obispo, participó en el Concilio Vaticano II y después fue enviado como obispo a Chiapas, donde conoció a los indios, su pobreza y su dignidad, los escuchó y comprendió que convertirse al Evangelio es tomar partido por ellos, como lo hizo en su tiempo Fray Bartolomé.

La figura de Samuel Ruiz trasciende el anticlericalismo a priori de ciertas izquierdas jacobinas. Lega además un compromiso de la iglesia de abajo, como el que mantiene el obispo Raúl Vera. E incluso trasciende la interpretación de un movimiento complejo, el sinarquista que, sí, se opuso al PRI “progresista” y “revolucionario”, y estaba formado por campesinos pobres.

En una entrevista con la revista Ixtus, dirigida por Javier Sicilia (publicación ya desaparecida, actualmente Sicilia tiene la revista Conspiratio), Samuel Ruiz explicó por qué no hubo necesidad en Chiapas de Comunidades Eclesiales de Base, necesarias para recomponer el tejido social comunitario ahí donde ya estaba dañado o destruido, sino una iglesia de los pobres donde los indígenas siguen teniendo comunidad. Y explicó algo que es difícil de entender para ciertas ortodoxias (tanto católicas como otras): la exploración de las teologías indias. No es lo mismo que la teología de la liberación, basada en la Biblia y el Evangelio. Es la investigación en las culturas, lenguas y teologías de los indios de los elementos teológicos y espirituales relevantes que los indios deben conservar y cultivar, y que son parte de su herencia cultural y espiritual, sean de origen prehispánico o posterior, pero indio. Esa apertura de mente y de espíritu muy pocos la pueden tener. Samuel Ruiz la tuvo y le permitió comprender a los indígenas, sus hermanos.

Cuando en 2006 inició la Otra Campaña, confesó Pablo González Casanova que inicialmente no entendió la Sexta Declaración de la Selva Lacandona: González Casanova pensaba que los zapatistas debían salir a hablar, a decir, a dar línea, y no a escuchar, como anunciaron e hicieron. Confiesa que platicó con Samuel Ruiz y le dijo eso que pensaba. Samuel Ruiz le confió que los indígenas aprecian mucho ser escuchados. Cuando Samuel Ruiz llegó los escuchó, y ellos confiaron en él porque los escuchaba. Eso mismo proponía el EZLN ahora: Escuchar. Escuchar a todos los de abajo a quienes muchos les quieren decir qué hacer, pero nadie se molesta en escuchar.

Ha muerto Samuel Ruiz. Su ausencia agrava las ausencias que se han venido acumulando en los años recientes, de personas como Carlos Lenkersdorf, Carlos Montemayor, Andrés Aubry, Raúl Jardón, la comandanta Ramona.

El México de arriba y el de abajo siguen activos. El de arriba beligerante, como en los tiempos de la tiranía de Castellanos, ahora con Sabines y Calderón. Y con la soberbia del que piensa que debe ser escuchado, que los de abajo tienen que tomar partido por lo que el de arriba dice e impone.

El México de abajo sigue resistiendo la violencia, y tratando de encontrar un camino a la paz, pero no a la rendición, sino a la paz con justicia, a la paz con dignidad.

Los demonios sueltos en Monterrey

Miguel Ángel Granados Chapa

Lo advirtió, ya en julio de 2008, hace dos años y medio, Alejandro Junco al entonces gobernador Natividad González Parás: la inseguridad en Monterrey era ya insoportable. Desde ese tiempo los demonios deambulaban sin control. Amagado repetidamente, el presidente y director general del Grupo Reforma (que en aquella ciudad edita El Norte, del que surgieron Reforma en el DF y Mural en Guadalajara) se vio ante un grave dilema: “comprometer nuestra integridad editorial o cambiar a mi familia a un lugar seguro”. Optó por lo segundo, y desde Texas, donde se ha refugiado –esa es la palabra empleada por él mismo en su carta–, escribió al gobernador para demandarle actuar de modo que los regiomontanos no perdieran la fe en la ley, como a él le había ocurrido. Como una comprobación de sus previsiones, el 10 de enero fue atacado a balazos y con granadas el edificio de una edición urbana de su diario regiomontano.

Desde aquel 2008, la violencia criminal se ha acelerado en la capital de Nuevo León, su región metropolitana y la entidad entera. Para precaverse de peligros que intuyen o ven venir, una cantidad creciente de empresarios y profesionales de Monterrey se han asentado del otro lado de la frontera. Un buen número de estudiantes emigraron hacia el sur, después de que el 19 de marzo pasado dos graduados del Tec de Monterrey murieron a manos del Ejército, cuyos efectivos pretendieron hacerlos pasar como sicarios. Comunidades enteras están vaciándose. Datos del censo levantado por el INEGI el año pasado muestran que el éxodo se manifiesta sobre todo en los municipios del norte: Anáhuac, Agualeguas, Los Aldamas, Cerralvo, China, Doctor Coss, General Bravo, General Treviño, Los Herreras, Melchor Ocampo, Parás, Vallecito y Villaldama, aunque también se percibe el fenómeno en municipios conurbados a la capital, como San Pedro y San Nicolás (Reforma, 16 de enero).

Una ciudad y su zona metropolitana que siempre se habían tenido como ordenadas y seguras se han convertido en una de las regiones más perturbadas por la violencia criminal, que va en continuo ascenso y ha merecido que gobiernos extranjeros, como el de España, adviertan a sus nacionales el riesgo de viajar allí, lo mismo que a Ciudad Juárez y Culiacán.

El año pasado fue especialmente alterado por los enfrentamientos entre bandas, por el desafío de algunos de esos grupos a las autoridades y por la guerra librada por las fuerzas federales contra la delincuencia organizada. La suma de las víctimas llegó en 2010 a 610, de las cuales 79 fueron agentes de la autoridad y 24 personas sorprendidas por el fuego cruzado o simplemente por la incapacidad de policías y militares para dirigir con precisión sus ataques.

En la última cifra se incluyen los dos estudiantes graduados del Tec, cuya muerte provocó un estremecimiento en las altas esferas regiomontanas. Cuando el ingeniero Rafael Rangel Sostman se percató de que la Procuraduría del estado y el mando militar pretendieron simular que los alumnos eran sicarios, se estremeció al descubrir el engaño practicado por esas autoridades. Y entonces inició una campaña contra la inseguridad, incluido un cuestionamiento a la estrategia federal, lo que lo condujo a un enfrentamiento con los empresarios que financian y administran el tecnológico. Aunque es verdad que se había mantenido largo tiempo al frente de esa institución, a la que hizo crecer hasta alcanzar dimensiones nacionales y ello lo inclinaba al retiro, tales circunstancias lo forzaron a apresurar su decisión, que en este enero acaba de consumarse, si bien se anunció meses atrás.

La movilización de la comunidad estudiantil y docente del Tec, al experimentar en carne propia los excesos de acciones que no alcanzan a contener a la delincuencia, no sirvió para modificar las conductas de las autoridades. El gobierno del estado, a cargo de un inexperto e impasible Rodrigo Medina, que en los momentos críticos (como los vividos en la tercera semana de enero) prefiere hacer mutis, está claramente rebasado por la incapacidad y la corrupción, lo mismo que varios gobiernos municipales. Aunque el suyo no escapa a esa dolencia, el alcalde panista de Monterrey Fernando Larrazabal desestima los magros esfuerzos de la administración estatal (y en ello coincide el cardenal Francisco Robles Ortega), con lo que añade a la situación el ácido de la contienda política, que no hará más que corroer las capacidades gubernamentales de combate a la inseguridad. Otro presidente municipal blanquiazul, Mauricio Fernández, se opone mediante una controversia constitucional admitida por la Suprema Corte al dominio que el gobernador pueda tener sobre las policías municipales.

La inseguridad creció aceleradamente en los últimos días de diciembre pasado y se desbocó al comenzar el nuevo año. El paso de un periodo a otro quedó marcado con el terrible secuestro y asesinato de una secuestradora, Gabriela Elizabeth Muñoz Tamez, presa en el penal de Topo Chico desde agosto de 2009. Una conjura la hizo salir de esa frágil (y al mismo tiempo tenebrosa) prisión dizque para conducirla al Hospital Universitario. En realidad se trataba de atraparla, como ocurrió con la complicidad de autoridades de la penitenciaría. Sus captores la torturaron y, todavía con vida, colgaron su cuerpo en un puente peatonal de una céntrica avenida regia. Murió por la asfixia del ahorcamiento, pero lo mismo le hubiera ocurrido por las lesiones que el maltrato le infirió.

Como es usual, se ignora el móvil y los protagonistas del bárbaro asesinato. En una comarca donde el alcalde panista de San Pedro, el mencionado Mauricio Fernández, se ha manifestado a favor de la acción directa de grupos duros contra la delincuencia, al margen de la ley, la sombra de una escuadra de ajusticiamiento se cierne sobre la ciudad. Sólo eso le faltaría a Monterrey.

Un día tras otro, muertes violentas como esa fueron acumulándose conforme avanzaba el nuevo año: en la primera quincena de 2011 sumaron 41, a razón de casi tres por día. Pero el lunes 17 la tasa se disparó: en tres enfrentamientos y ataques perdieron la vida 10 personas. Por lo menos dos murieron por una mala casualidad, porque estaban en el lugar y la hora inoportunos. Todavía sería peor el desenlace sólo unas horas después, pues la jornada letal se extendió durante las primeras ocho horas del martes 18. En esos dos días murieron 23 personas, una por cada hora.

La autoridad parecía no existir. No sólo era incapaz, en cualquiera de sus niveles, de impedir la matanza, sino que ni siquiera había una voz gubernamental que explicara los sucesos o, en el colmo de la impotencia, al menos expresara el pesar del gobierno a los deudos de los agentes muertos o de los caídos por daño lateral.

Cada vez que en Nuevo León arrecia la violencia se pretende que el remedio está en el arribo de fuerzas federales, que se muestran tan inútiles como las locales, aunque en éstas su conducta se agrava por la manifiesta complicidad con las bandas criminales, que por momentos llega a lo grotesco, como cuando patrullas de la policía municipal de San Nicolás, cuyo jefe fue detenido con ese motivo, bloquearon el paso de un convoy del Ejército que, aunque fuera tardíamente, iba en pos de delincuentes.

Sólo a partir de la corrupción se comprende que pase en Monterrey, y en Nuevo León, lo que está pasando. Los sucesos de Topo Chico muestran la falibilidad deliberada de la protección a puntos neurálgicos, o por lo menos la carencia de una notoria presencia disuasiva en ellos: ya dijimos que de allí se sacó a La Pelirroja para asesinarla el último día de 2010; una semana después, el penal fue atacado a balazos y con granadas, operación que en términos muy semejantes se repitió el 19 de enero. En el entretanto, dentro de la cárcel fue asesinado, de 23 puñaladas, Gabriel Ayala Romero, preso porque se le tenía como el líder de la piratería local. De más está decir que un atentado previo contra la prisión, en octubre pasado, no encendió las alarmas que hubieran podido inhibir y aun evitar los ataques posteriores.

Las rencillas políticas se agregan a las otras causas favorecedoras de la impunidad. El Partido Acción Nacional no se repone de la derrota que, con el impulso fundamental de Televisa, le infirió el PRI en la disputa por la gubernatura en 2009, y se encuentra permanentemente trenzado en una guerra de reproches y de acciones políticas y jurídicas contra el aparentemente inerme gobernador Medina. En realidad no se halla en estado de indefensión ni mucho menos, pero es notorio que en todo tiempo el cargo le habría quedado grande, y con mayor razón es así en medio de las tribulaciones que padece la sociedad.

La intranquilidad que priva en la calle, al ras del suelo, se vive también, aunque por razones diferentes, en las alturas, en las oficinas corporativas de los consorcios que durante décadas marcaron el ritmo y el tono de la vida regiomontana. La cervecería Cuauhtémoc, origen del poderoso Grupo Monterrey, como se llamaba al poseído por la familia Garza Sada (después Garza Medina), fue vendida (junto con la Moctezuma, incorporada a Monterrey en los años de auge) a la cervecera holandesa Heineken, en una operación que se buscó presentar como un intercambio de acciones, para no perder cara. Su hermana, Vitro, nacida para fabricar las botellas en que se envasaba la cerveza, pasa por severas dificultades financieras, agravadas por maniobras de acreedores que buscan sacar provecho de su fragilidad y por una sesgada aplicación de la ley que hasta ahora le ha impedido acogerse a las reglas del concurso mercantil como fórmula para no quebrar. Cemex, en fin, ha preparado para 2011 un ajuste presupuestal tan riguroso que lo ha obligado a retirar el financiamiento que prodigó desde 2001 (y que sumó cerca de 800 mil dólares en casi una década) a la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que a lo largo de esos años entregó 106 reconocimientos y permitió a cientos de profesionales de toda la región asistir a sus anuales seminarios de calidad periodística, animados a menudo con la presencia de Gabriel García Márquez.

Interview With Rossana Fuentes of CNN en Espanol

Hillary Rodham Clinton, Secretary of State
Teatro Juarez, Guanajuato, Mexico
January 24, 2011


QUESTION: Well, I have to ask you about the shuttle diplomacy, D.C. to Mexico in less than 24 hours. Why do you take the toll, and why now? Why today?

SECRETARY CLINTON: Well, we have such a close working relationship now, and Secretary Espinosa and I are coordinating many different working groups. We have people working on everything you can imagine. And we like to get together and catch up and see where we stand. And we’re hoping to have a next meeting of the High Consultative Group that met in Mexico City a year ago March sometime very soon in the United States. It’s our turn to host. So we needed to get together to catch up, and it was my pleasure and my opportunity to come and do that here.

QUESTION: You have talked at length about security issues. There’s a lot of misunderstanding about arms coming from the U.S., drugs going up. Beyond the complexity, what can be done realistically to broaden the agenda?

SECRETARY CLINTON: Well, two things. In the security agenda, we are broadening it. We are doing more on money laundering, arms trafficking, providing equipment and support for law enforcement to take the steps that they need to take. But then we have this whole other agenda which supports the security agenda: helping to reform the judiciary, providing advice and support there; helping to support what the Calderon Administration is doing with the new detention and corrections system. Because all those institutions have to fit together. It is something we know from the work we’ve done around the world, that if you have law enforcement putting their lives, literally, on the firing line, and they capture a drug pin and they don’t have a place to hold him securely or they don’t have a court system to prosecute him effectively, because he has all the money in the world, that’s very discouraging. That’s demoralizing. So we are trying to do everything we can to help with this very broad agenda.

But there are so many other things. I mean, we’re pushing the competitiveness, economic growth. We have border crossings. We have a bi-national park. We’re working on water. We’re doing so much.

QUESTION: I’ll get to competitiveness, but before that let me ask you about 2012.

SECRETARY CLINTON: Yes.

QUESTION: You have two years --

SECRETARY CLINTON: You’re right.

QUESTION: -- both administrations --

SECRETARY CLINTON: Right.

QUESTION: How confident are you that if what we know on the polls, that the PRI so far is ahead, that this agenda will keep going if the frontrunner, Governor Peña Nieto, or anybody from the PRD comes into play? How do you – are thinking to manage that? I mean, what do you think about this possibility of alternation?

SECRETARY CLINTON: Well, we have no role to play about internal Mexican politics. That’s up to the Mexican people. We will work with the democratically elected Government of Mexico. We have a strong partnership with President Calderon now because we really support what he’s trying to do, taking on the drug traffickers. We think that would be the goal of any administration regardless of political party. There may be different approaches or different tactics to achieve that goal, but since security and the safety of your citizens is the number one responsibility of any leader, I can’t imagine that anyone in a position of leadership would not have that as a goal and then would try to figure out the best way to achieve it.

QUESTION: The state of the union competitiveness, the U.S. number one priority is stated as such. How can Mexico become part of the equation that your husband saw in 1994, part of the competitiveness vis-à-vis manufacturing in China and the currency war going on?

SECRETARY CLINTON: I think there is so much opportunity here, and we talked about some of it in our meeting. For example, we should be doing much more on jointly developing clean energy technology. This is a win/win for both countries. We should be committed to having an integrated electricity grid that we can use to create more jobs by creating more capacity. We should be looking to enhance the easy transit across the border. That’s what these three new border crossings – two in Texas, one in Arizona – are designed to do. And we’re working on a 21st century border modernization agenda. So there’s a lot of aspects to competitiveness that we think have to be part of this broad discussion we’re having with Mexico.

QUESTION: Final one. The Clinton bunch – how do you meet – the ultimate power couple? Where do you meet? How do you socialize with the new couple, with Chelsea and her new husband? And are you ready to be a grandma?

SECRETARY CLINTON: Oh, absolutely. But we spend as much time with our daughter and our husband as they will let us. So we, luckily, live in New York near where they live, because that gives us an easier chance to get together for dinner or go to the theater or just hang out. And we’re always looking for excuses to do that.

QUESTION: Madam Secretary, are you really ready to leave? It was said that you were preparing. Are you preparing to have more time? What’s next for you?

SECRETARY CLINTON: I don’t know what’s next, but I am looking forward to it. I’m looking forward to a new chapter in my life. I’ve been involved in American politics at the highest level for a really long time now, nearly 20 years, and I think it’s time to move on and do some other things.

QUESTION: Really, Grandma Clinton?

SECRETARY CLINTON: (Laughter.) Well, also I want to write and speak and teach and advocate, particularly about women and girls, so I think I’ll have a lot to do in the world.

QUESTION: Thank you very much, Madam.

SECRETARY CLINTON: Great to see you again.

QUESTION: Great to see you.

SECRETARY CLINTON: Thank you.

QUESTION: Thank you.

Fuente: Pagina Web del Departamento de Estado de los EE.UU.

Otra más de Pemex

Alberto Barranco / Empresa

Digamos que aunque aún no aparecerían en escena marcas como Shell, Texaco o Exxon, se le abre la puerta a las firmas para preparar la mesa, conformándose, por lo pronto, con las marcas de la paraestatal.

El plazo otorgado a los 9 mil 456 establecimientos ubicados en el país para aceptar el nuevo status vence el próximo 30 de septiembre.

El arranque de la “estrategia” para darle la vuelta a una disposición constitucional por la vía de un simple acuerdo administrativo, surgió con la expedición, el 5 de abril de 2010, de una serie de disposiciones administrativas para la realización de ventas de primera mano destinadas al mercado nacional, con la firma de un funcionario menor.

Estamos hablando del director general de Desarrollo Industrial de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Guillermo Ignacio García Alcocer.

El documento sería publicado el 12 de abril en el Diario Oficial.

La exposición de motivos señalaba que la Secretaría de Energía está facultada para “expedir reglas aplicables a Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para ventas de primera mano de petrolíferos distintos del combustóleo, de los petroquímicos básicos y del gas destinado al mercado nacional”.

Derivada del documento, en octubre del año pasado se inició una presión para que los franquicitarios de estaciones de servicio o gasolineras firmaran un nuevo contrato atendiéndose al marco previsto, lo que hizo reaccionar a la oposición legislativa.

El nuevo escenario hablaba de que Pemex se obliga a enajenar los petrolíferos a los particulares para su comercialización, sin especificar si éstos deben ser nacionales.

Así de fácil se abrió la rendija.

El caso es que ese mismo mes, bajo la firma del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, se planteó ante la Suprema Corte una Controversia Constitucional objetando la jugada que en el papel pareciera burda.

El texto señala que la alternativa que se empuja viola los artículos 20, 27, 28 y 73, fracciones X y XXIXF de la Constitución, por lo que de acatarse se le fincarían responsabilidades al director general de la empresa pública y al director de Pemex Refinación.

La vela en el entierro del Congreso se finca en que la Secretaría de Energía pretende modificar leyes bajo el marco de un simple acuerdo administrativo.

En la exposición de motivos se anota que el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional del ramo del Petróleo señala que el expendio de gasolinas y otros combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo se llevará a cabo conforme al contrato de franquicia que suscriba la empresa pública con personas físicas o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión para extranjeros.

En congruencia, el artículo sexto fracción II de la Ley de Inversión Extranjera prescribe que el comercio al pormenor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo está reservada de manera exclusiva a mexicanos y sociedades mexicanas con cláusula de exclusión para extranjeros.

Por lo pronto, la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros que encabeza Juan Pablo González Córdoba, está en pie de lucha.

De hecho, en asamblea general celebrada el 14 de diciembre pasado sus socios acordaron que no firmarán los nuevos contratos de franquicias, y de ser necesario recurrirán al amparo.

El nuevo esquema plantea condensar en uno los contratos actuales de franquicias y de suministro, bajo el concepto de ventas de primera mano.

Otra más de Pemex.

Balance general

Diga lo que diga, la Comisión Federal de Telecomunicaciones está de espaldas a la pared frente a la denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública ante la supuesta destrucción del disco donde se grabó la sesión en que se acordó declarar válida la postura del binomio Televisa-Nextel en la licitación 21 para obtener una red nacional de telefonía celular, vía un pago inicial de sólo 180.3 millones de pesos.

El problema es que la primera respuesta del organismo encabezado por Mony de Swaan fue que el CD se guardaría por 12 años para no afectar la confidencialidad en la estrategia de las firmas.

Ante lo absurdo de ésta, se le volvió a conminar, respondiendo ahora que lo había destruido… pero tenía una versión estenográfica… expulgada.

Más aún, en su cuenta de twitter el presidente del organismo llegó al extremo al señalar letra por letra que la Cofetel no tiene la capacidad técnica para editar el audio solicitado.

Hágame usted favor.

El punto clave de la resistencia se ubica en que la resolución no contó con los votos necesarios de los integrantes del pleno, dado que dos de ellos no acudieron a la sesión y otro, Rafael Del Villar, votó en contra.

Quienes le levantaron la mano a Televisa-Nextel, con la novedad de que ésta se retiraría del proceso una vez obtenida la concesión, fueron el comisionado Gonzalo Martínez Pous y el propio Mony de Swaan.

La marrullería, pues, pillada en la ratonera.

Interjet se engalla

El eje de la demanda que colocó la empresa aérea Interjet ante la Secretaría de la Función Pública para clarificar el monto de capital extranjero con que operan tres líneas aéreas: Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris, es que la Ley de Inversiones Extranjeras sólo permite una participación de 25% en aerolíneas que realizan actividades de cabotaje.

Aunque en el papel las tres en el banquillo cumplen con la cuota al integrarse la participación externa en fondos neutros, es decir sin derecho de voto, la pretensión de la compañía encabezada por Miguel Alemán Velasco es que se pongan en la mesa los esquemas.

En el caso de Aeroméxico, aunque se señaló que un grupo de accionistas de Banamex participaría en la sociedad a título personal, son evidentes los vínculos entre una y otra empresas.

De hecho, la idea es clarificar qué porcentaje, en tal caso, detenta la matriz de la intermediaria financiera, es decir el Citigroup de los Estados Unidos.
Bajo ese mismo prisma se plantea dilucidar el porcentaje de la firma inglesa Ryanair en Viva Aerobus, y la de los fondos que participan en Volaris.

Frenan infraestructura

A contrapelo de las declaraciones de los funcionarios públicos señalando que la inseguridad galopante en el país no afecta la economía, hete aquí que la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción está lanzando un SOS para que el gobierno cancele al menos 20 proyectos de infraestructura… u otorgue garantías a las empresas contratistas.

En el escenario existen centenares de denuncias por robo de maquinaria y equipos, secuestros de ejecutivos, hostigamiento a los trabajadores, chantajes, extorsiones y amenazas por parte del crimen organizado.

Macartismo a la mexicana contra adversarios

Álvaro Cepeda Neri

El macartismo fue el exceso antidemocrático de cuando el autoritarismo antirrepublicano (contra sus tradiciones de tolerancia política y plenitud de las libertades constitucionales en la historia estadounidense; que se pueden rastrear en tres libros: La inquisición democrática en Estados Unidos, de Cedric Belfrage; de Lilliam Helman, su clásico: Tiempo de canallas: Mccarthysmo; El macarthysmo, de Roberta Strauss y, de Eric Foner: La historia de la libertad en EE.UU.). Ese maccarthysmo (con i latina o i griega) también se expandió a la política mexicana desde tiempos del salinismo hasta ahora con el calderonismo, cuando se persigue a los adversarios usando las declaraciones forzadas de los narcotraficantes para imputarles delitos, pues, a los adversarios de la política.

La investigación periodística-jurídica de Keith Rosenblum: No hay acusador, pero tú eres culpable, ventila el abuso de los medios de comunicación (en el caso de The New York Times, en 1997) que no contrastan sus reportajes y, no obstante carecer de veracidad, son publicados, para difamar por medio de la calumnia (“Así proceden los calumniadores de todo el mundo”, advirtió Voltaire, en su ensayo: Tratado de la tolerancia). Y con ese tema el gran literato alemán Heinrich Böll nos dejó la novela: El honor perdido de Katharina Blum. El maccarthismo a la mexicana quedó plasmado en “una serie de ocho artículos (…) que contenían falsas acusaciones lanzadas por reporteros sin ningún conocimiento de primera mano del supuesto delito que pretendían atribuirle al entonces gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera (1991-1997)”.

Sustentada la difamación en “testimonios de terceros”, ahora las confesiones manipuladas de narcotraficantes capturados se usan para tratar de inculpar a críticos y adversarios, como las embestidas al semanario Proceso, hoy por filtraciones amañadas de Calderón y, hace años por los Foxes. El texto adquiere actualidad, máxime que cuando arrecia la competencia política-electoral, los calderonistas utilizan esas perversidades con la mira de obstruir la participación de los adversarios o enemigos políticos.

“No hay acusador, pero tú eres culpable”, nos recuerda el filme: Culpable por sospecha (con Robert de Niro) que retrata el maccarthismo, pero el libro de Keith Rosenblum al maccarthismo mexicano que pretendió inculpar al político Beltrones Rivera, quien logró desentrañar la perversidad desbaratando la infamia de la difamación para dejar su nombre y su carrera limpias de esa maniobra política. El autor del libro (142 páginas de análisis y 116 de documentos probatorios) deja en claro lo que determinó la indagatoria judicial: “la investigación pedida por Beltrones, número PGR: 2934/DO/97, concluyó que los supuestos hechos narrados en el reportaje de The New York Times en 1997, eran falsos y calumniosos y por lo tanto Beltrones había sido difamado, lo que en el sistema jurídico mexicano constituye un delito”.

Ficha bibliográfica:
Autor: Keith Rosenblum
Título: No hay acusador ni crimen, pero tú eres el culpable
Editorial: CV ediciones, México.-2003

Tragedia y sumisión

Álvaro Delgado

La imagen sacude: El cadáver de un adolescente yace al pie de la portería de una cancha de futbol rápido, rodeada de una barda blanca en la que destaca, en grandes letras, la frase “Vivir mejor”, el lema de los programas sociales del gobierno de Felipe Calderón, que parece burla.

Otros seis muchachos fueron abatidos por al menos 180 balas disparadas por sujetos desconocidos que huyeron en tres vehículos y se perdieron en las calles de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde hace casi un año, el 30 de enero, tuvo lugar la matanza de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar, a los que Calderón tildó de pandilleros.

El asesinato de los siete muchachos se produjo ayer, domingo 23, en la víspera de la visita de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a México, para tratar de sepultar las imputaciones de ineptitud y corrupción del gobierno de México en la guerra contra el crimen organizado, atribuidas por el embajador Carlos Pascual.

Son dos expresiones de esta guerra vergonzante: La imbatible violencia que cada vez cobra la vida de más inocentes --que anima la legítima demanda social de “no más sangre”-- y el intervencionismo creciente de Estados Unidos por la debilidad de Calderón.

Lo de menos es que Clinton venga a México a decirle a Calderón que lo admira, porque todos saben que eso es falso y forma parte de la parafernalia diplomática, porque seguramente vino a darle instrucciones de cómo proceder contra la violencia, que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, como lo declaró su propio vocero, Philip Crowley.

“No creo que el tema acá sea si la estabilidad de nuestra sociedad está en riesgo, pero ciertamente es una amenaza a la seguridad nacional”, dijo Crowley en rueda de prensa, el pasado viernes 21, tres días antes de la visita de su jefa a México, una declaración semejante a la que hizo la propia Clinton, en octubre pasado, sobre el narcoterrorismo.

¿Qué pactaron Calderón y Clinton en su reunión de este lunes? Muy probablemente no lo sabremos tan rápido, como los arreglos que quedaron por escrito en informes enviados a Washington y que dio a conocer el portal Wikileaks y cuyo contenido, no desmentido, exhibe el vasallaje de Calderón ante Estados Unidos.

Apenas ayer supimos, gracias también a la difusión de cables estadounidenses difundidos por Wikileaks y publicados en el diario El País, que México permite a agentes del FBI interrogar a indocumentados retenidos en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) para detectar supuestos terroristas.

No es admisible que Cecilia Romero, excomisionada del INM y secretaria general del Partido Acción Nacional (PAN), eluda su responsabilidad en este asunto que vulnera la soberanía nacional –que en general a los panistas les importa nada--, y que Calderón evada, por su parte, la solicitud que hizo a Estados Unidos de actuar justamente en Ciudad Juárez.

Según un documento, en febrero del año pasado Calderón solicitó a la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, la participación del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, por sus siglas en inglés) para pacificar Juárez y dar una respuesta a la exigencia de disminuir la violencia en esa localidad.

Parece una solicitud desesperada ante la violencia que unos días antes había cobrado la vida de los 15 jóvenes, pero el entreguismo es inaceptable.

Vaya, hasta el programa “Todos somos Juárez”, la respuesta a la matanza de Salvárcar, ha sido un fracaso, como documenta Proceso en la edición de esta semana, que lamentablemente coincide con la tragedia de los siete adolescentes abatidos a balazos en una de las canchas de futbol rápido…

Apuntes

Pesar por la muerte del obispo emérito Samuel Ruiz García, cuya obra social y pastoral ahora sí será desmantelada por Felipe Arismendi, obviamente por instrucciones de El Vaticano.

Política para la paz


Ricardo Raphael

Nombre: Susana Chávez. Residencia: Ciudad Juárez. Edad: 36 años. Oficio: poeta y activista de derechos humanos. Se le conoce como la autora de la frase: ¡Ni una muerta más!

Murió asfixiada. Antes fue violada por sus captores, quienes también cercenaron su mano izquierda. Susana es una de las más de 500 víctimas de la violencia que, sin vida, inauguraron nuestra entrada al año 2011.

Muchos mexicanos queremos que esta locura se detenga y, sin embargo, los meses por venir no se miran menos dramáticos. Todo indica que nuestra sociedad no ha enfrentado aún su momento más violento. La cifra del homicidio en México sigue creciendo.

Cuando esta siniestra circunstancia dio inicio, la autoridad ofreció dos explicaciones para que fuésemos comprensivos (¿tolerantes?) con lo que estaba por ocurrir.

El primer argumento —repetido hasta la náusea por la pauta gubernamental en los medios de comunicación— aseguraba que detener a los grandes capos del narcotráfico era la única manera de lograr que la droga no llegara a “nuestros hijos”.

Una segunda razón, también puesta en el debate público, fue que —en la administración de Vicente Fox Quesada— las organizaciones criminales habían tomado control de regiones precisas del país (las costas de Michoacán y Guerrero, los valles de Culiacán y Juárez, las ciudades de Tijuana, Reynosa, Matamoros), y que por tanto se había hecho urgente asegurar la recuperación, para el estado de derecho, de tales territorios extraviados.

Sobre todo por esta razón —se dijo—, el Ejército debía desplegarse teatralmente bajo el reflector de las cámaras, mientras el jefe del Ejecutivo volvió a portar el uniforme militar, como no lo hubiera hecho desde 1946.

Transcurridos cuatro años y más de 34 mil muertes, tales explicaciones han comenzado a desgastarse.

En lo que va de la actual administración, han sido consignados alrededor de 120 mil sujetos por haber estado supuestamente vinculados al narcotráfico, y no obstante, las drogas que se venden en las calles mexicanas no han disminuido en precio ni en cantidad. Tampoco parece ser que las plazas y regiones en disputa hayan sido liberadas del yugo arbitrario e inmisericorde de los criminales.

Al revés, hoy se potencia y multiplica la violencia en el país, en dimensión parecida a como se esparce la epidemia del escepticismo hacia la política gubernamental.

Acaso sucede así porque las variables que hoy provocan la violencia en el país también se han diversificado. Ya no es únicamente la batalla entre el Estado y las mafias lo que está provocando tanta mortandad.

A este detonador inicial se le han sumado varios otros que, vinculados entre sí, han provocado una impresionante reacción en cadena: el enfrentamiento entre bandas criminales, la cooptación de cuerpos enteros del Estado (policía, ministerio público, jueces, funcionarios de los tres ámbitos de gobierno), la impunidad en las cárceles, el abuso de poder, la debilidad de las autoridades locales, el tráfico de personas y de armas, la narcocultura, la desigualdad social, la falta de oportunidades, la fractura de la clase política, el dinero sucio en el sistema bancario, el dinero ilegal en las campañas políticas, el asesinato de defensores de derechos humanos y periodistas, la apología del crimen que hacen los medios de comunicación, el silencio de los medios de comunicación, la indolencia de algunos, el cinismo de otros, la complicidad, el enojo de una mayoría creciente.

En efecto, la droga y los cárteles que la comercian —colocados como causa inicial de la violencia— son hoy razones irresolutas y, al mismo tiempo, rebasadas.

Cada día se oye más fuerte la voz que exige revisar la estrategia seguida por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. En este hilo de reflexión cabe preguntarse: ¿y si el problema no fuera de estrategia, sino de los objetivos actuales de tal estrategia?

¿No habrá llegado el momento de sustituir la premisa original y proponer en su lugar una política explícita, inteligente, compleja y multidimensional para devolverle la paz a este país?

Tal cosa no significaría renunciar a los argumentos primeramente expuestos por el jefe del Estado mexicano, pero sí implicaría supeditarlos ordenadamente a otro gran objetivo de mayor ambición y amplitud: asegurar un periodo estable, digno y durable de paz social para todos los mexicanos.

No se trata sólo de detener la sangre que se está derramando en estos días —como algún movimiento virtual propusiera en las redes sociales— sino de ponernos de acuerdo, todos los mexicanos, alrededor de una propuesta de reconstrucción institucional que pueda ir más allá del exterminio de los enemigos de nuestra sociedad.

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