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martes, abril 20, 2010

Un gran Inter de Milán golpeó primero y derrotó 3-1 al Barcelona en San Siro

Con un juego sólido, en un duelo con mucho ritmo, Inter de Milán derrotó merecidamente 3-1 al FC Barcelona, en el estadio de San Siro en semifinales de ida de la Liga de clubes Campeones de fútbol de Europa.

AFP


Con ligera ventaja para el equipo italiano, la eliminatoria se decidirá la semana próxima en el Camp Nou de la ciudad condal.

Los goles fueron anotados por el canario Pedro (19) para los visitantes, y el holandés Wesley Sneijder (30), el brasileño Maicon (48) y el argentino Diego Milito (61) para los anfitriones.

Los lombardos fueron mejores en el conjunto de un partido muy disputado, por instantes hasta algo friccionado, y lograron dar vuelta a un resultado que se les puso en contra cuando jugaban mejor.

El capitán y defensa del Inter, el argentino Javier Zanetti, destacó: "ahora creemos. Jugamos un gran partido esta noche, y nuestra reacción después del gol del Barcelona me gustó mucho. No fue fácil lograr un desempeño como el nuestro ante un equipo tan bier organizado. A la vuelta tenemos que jugar un partido igual que éste".

El primer tiempo fue parejo y disputado, con varias ocasiones para ambos equipos, que no estaban dispuestos a ceder ni un palmo, aunque los anfitriones, pupilos de Mourinho, se mostraron más peligrosos y por momentos ahogaron a los 'blaugrana'.

Sin embargo, los de 'Pep' Guardiola pegaron primero. En el minuto 19, tras un gran desborde del brasileño Maxwell por la banda izquierda, éste, tras dejar sin asunto a su compatriota Maicon, llegó a la línea de fondo y lanzó el "centro de la muerte", que recibió el canterano Pedro para mandar el balón a las redes del arco del también brasileño Julio César, quien después estuvo brillante el resto del partido.

"Felicito al Inter, jugó muy bien. Por nuestra parte, perdimos balones ante un equipo que no deja jugar fácilmente. Tendremos que jugar mejor a la vuelta. No estoy preocupado tras un empate (ante el Espanyol en la Liga) y una derrota como ésta", destacó tras el partido Guardiola.

La igualada llegó en el 30, cuando el holandés Sneijder, ex del Real Madrid, recibió un buen pase del argentino Milito, que controló la pelota en medio del área, y no tuvo problemas para batir al arquero Víctor Valdés.

A poco de iniciarse la segunda parte (48) llegó el segundo gol "nerazzurro". En una rápida combinación al contragolpe, Milito recibió el balón sobre la derecha del área 'culé' y lo pasó hacia la izquierda para Maicon, quien llegando no perdonó (2-1).

Minutos después, el árbitro portugués Olegário Benquerença mostró la cartulina amarilla al capitán del equipo catalán, Carles Puyol, quien no podrá jugar a la vuelta, al igual que otra media docena de jugadores, y, luego, en un barullo en el área local, los visitantes estuvieron a punto de empatar (55).

Pero, la mayor concentración del Inter dio rápidamente sus frutos y pasada la hora de juego llegó el 3-1 que, en principio significa una mínima cobertura de cara al partido de vuelta.

Tras un tiro de Sneijder, Milito cabeceó el balón a las redes barcelonistas (61), para la locura de la mayoría de los 75.000 espectadores presentes en el estadio Giuseppe Meazza (San Siro, Milán)

A esta altura del encuentro, las diferencias se veían más claras. Los locales eran más sólidos en defensa y atacaban con más criterio, mientras que los visitantes trataban de explotar la inspiración de sus individualidades, que insistieron con muchas ganas y muy buenas intenciones, pero sin éxito.

Tras jugar un excelente partido, Milito, visiblemente sentido, dejó su puesto a Mario Balotelli en el minuto 75, y las tribunas del estadio de San Siro lo despidieron con aplausos y una gran ovación.

A pesar de jugadas y disparos de buena factura de los 'culé', la defensa italiana se las arregló muy bien y, cuando falló, siempre estuvo Julio César, por completo omnipresente, en particular cuando con absoluta calma detuvo una chilena postrera de Pedro (92).



El tsunami de Benedicto XVI

Jenaro Villamil

La crisis actual de la Iglesia católica no es una “gripita”, como bien reconoció el obispo de Saltillo, Raúl Vera, ni se resuelve con manuales para detectar pederastas, mucho menos con actos de contrición poco sinceros. La crisis desatada por la ola de escándalos de agresiones sexuales de sacerdotes contra menores es un auténtico tsunami. Y a un tsunami no se le enfrenta pensando que se trata de un coletazo del “libertinaje sexual” que sólo afecta a una minoría de los sacerdotes.

La Iglesia vive una gran crisis de comunicación con sus feligreses, con sus críticos y al interior de sus filas. Es una crisis derivada de un fenómeno muy conocido entre los especialistas de este fenómeno: la disonancia cognitiva. Es decir, la incapacidad de los jerarcas y voceros del Vaticano para reconocer las dimensiones del problema, para tomar medidas reales y no discursivas, y para plantear una auténtica reforma.

La actitud reactiva, a la defensiva, del Vaticano sólo ha logrado agudizar el resquebrajamiento de una estructura de poder creada y mantenida para la obediencia y el encubrimiento, y no para ser fiscalizada y modificada por los propios creyentes.

No son rumores ni “chismorreos”, como dijo Angelo Sodano, secretario de Estado del Vaticano, lo que se ha ventilado ante la opinión pública. Se trata de una concatenación de hechos que involucran los 24 años (1981-2005) en los que el actual papa Benedicto XVI fungió como principal responsable de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

El desplegado publicado el martes 20 de abril por una serie de organismos católicos non gratos –como Católicas por el Derecho a Decidir o la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por parte de Sacerdotes Católicos-- resumen los casos que han configurado el escándalo actual:

--El Vaticano negó el encubrimiento de abuso de 200 niños sordos en Estados Unidos cometido por el sacerdote Lawrence Murphy. El diario The New York Times confirmó que tanto el papa Juan Pablo II como Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, conocieron de estos abusos y prefirieron encubrir a Murphy. El arzobispo neoyorquino Timothy Dolan prefirió atacar al mensajero. Acusó al rotativo de “formar parte de una bien aceitada campaña contra el Papa”.

--En 1990 un tribunal de la Iglesia católica confirmó que el sacerdote Michael Teta, de Arizona, abusó de menores desde 1978. Ratzinger conoció del caso y doce años después, ya como sumo pontífice, autorizó el retiro formal del cura abusador.

--En Brasil, durante los últimos 10 años, cerca de 1,700 sacerdotes han sido acusados por pedofilia. La agencia Nueva Prensa Guayana documentó estos casos, pero los obispos prefirieron tratar de mantener en secreto lo que ya era un escándalo en las comunidades eclesiásticas. A estos casos se suman muchos otros que se han convertido en la agenda de todos los medios:

--En primer lugar, el expediente de Marcial Maciel y de los Legionarios de Cristo. Las denuncias fueron públicas desde 1997. Ratzinger conoció de las investigaciones, pero prefirió posponer cualquier sanción al fundador de la Legión porque “era muy amigo del papa Juan Pablo II y le había hecho mucho bien a la Iglesia”. Trece años después, la Legión no sólo reconoció la “doble vida” de su fundador sino tuvo que admitir que se trata del peor escándalo que ha rodeado a este grupo que representa el emblema de la teología a favor de los ricos y poderosos. Ya ninguno de los empresarios que participaron en la Legión es capaz de encabezar un boicot publicitario a los medios que critiquen a Mon Pere.

--En Irlanda, en Alemania y en España se han documentado casos de abusos y agresiones sexuales de los sacerdotes contra menores. El papa pidió perdón a las víctimas en Irlanda, pero al mismo tiempo se acusó a los medios que han documentado estos casos de “tener la obvia e innoble intención de atacar a cualquier costo a Benedicto XVI y sus más cercanos colaboradores”, tal como afirmó una editorial de L’ Ossservatore Romano, periódico oficial del Vaticano.

La crisis se ha agravado por la incapacidad del Vaticano para articular un mensaje medianamente moderno. Todas las respuestas de la Santa Sede y de la mayoría de los obispos exhiben la homofobia, la sexofobia, la misoginia y hasta un antisemitismo que raya en lo arcaico.

Por ejemplo, pretenden defender el celibato sacerdotal insistiendo que no hay relación entre una prohibición y la pedofilia. Lo peor es que relacionaron el homosexualismo con la pedofilia. Esta vieja tesis que fue desmontada desde principios de siglo XX por sexólogos como Magnus Hirschfield, simplemente es ignorada por el Vaticano: una cosa es la opción sexual y otra muy distinta es la agresión sexual. Para buena parte de la jerarquía un homosexual sigue siendo un agresor de menores en potencia. ¿Cómo se explican que existan pedófilos cuya opción es la heterosexualidad?

En una maniobra discursiva altamente contraproducente, la Conferencia Episcopal Mexicana decidió acusar al sistema educativo de impulsar el “libertinaje sexual” al educar sólo en aspectos genitales y no ofrecer una “educación de valores”.

¿Por qué culpan a un sistema educativo laico de un problema que se presenta al interior de la Iglesia católica? ¿Acaso no existen universidades y centros educativos confesionales –sobre todo, los administrados por la Legión de Cristo-- en donde también se han denunciado casos de agresiones sexuales?

No es la sexualidad, sino la complicidad con los agresores el problema del Vaticano. No es el “libertinaje”, sino la franca hipocresía lo que está hundiendo a la jerarquía. Los enemigos no son los homosexuales ni las mujeres que defienden su derecho a decidir, sino los que eligen a la Iglesia para cometer delitos sexuales. No es una campaña en contra de Benedicto XVI, sino el juicio contra un ciclo conservador que proviene desde la época de Juan Pablo II.

Los medios no tratan de destruir a la Iglesia, sino de configurar lo que hasta ahora niega la mayoría de los cardenales: la milenaria institución sólo podrá sobrevivir si incorpora en su interior el derecho de acceso a la información y a la rendición de cuentas.

Diputados aprueban la creación de la Agencia Espacial Mexicana

EFE

La Cámara de Diputados de México aprobó hoy por mayoría la creación de la Agencia Espacial Mexicana (AEXA) que se encargará de proponer y desarrollar la política espacial del país.

Con 280 votos a favor y dos abstenciones la AEXA impulsará los estudios e investigaciones científicas y tecnológicas espaciales y promoverá la formación de especialistas en esa área.

Esta iniciativa fue presentada en 2005 por un diputado mexicano pero fue retomada el año pasado por un grupo de científicos y senadores, apoyados incluso por el astronauta estadounidense de origen mexicano José Hernández en una de sus primeras visitas a México.

El nuevo organismo, que trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, formulará y establecerá las líneas generales de la Política Espacial de México y del Programa Nacional de Actividades Espaciales.

Además, de acuerdo con el dictamen, la agencia desarrollará un programa de actividades espaciales para ampliar las capacidades del país en las ramas educativa, industrial, científica y tecnológica en materia espacial y podrá hacerlo en colaboración con las dependencias nacionales y organismos extranjeros e internacionales.

La Cámara Baja enviará esta nueva Ley al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El nuevo organismo contará con un presupuesto inicial de 100 millones de pesos (unos 8 millones de dólares), dijo a Efe Fernando de la Peña, principal promotor de AEXA.

Según De la Peña, la AEXA contará con dos instalaciones, una en el estado central de Hidalgo para la base de operaciones y la segunda en la Península de Yucatán para lanzamiento de cohetes.

Demandan de nuevo a Norberto Rivera por encubrimiento

Según la red SNAP, el arzobispo sí será ahora llamado a cuentas ante la corte federal de Los Ángeles.

Carolina Gómez / La Jornada


La nueva demanda interpuesta hoy martes en la Corte Federal de Los Ángeles en contra de los cardenales Norberto Rivera Carrera y Roger Mahoney sí logrará que los prelados sean llamados a cuentas por encubrimiento, pues a diferencia de las dos anteriores, ésta se basa en la ley Alien Tort Claims Act, que otorga competencia a las cortes federales, aseguró Eric Barragán, presidente de la Red de Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes (Snap, por su siglas en inglés).

Precisó que esta vez Rivera Carrera “no se va a poder escapar” y tendrá que comparecer ante un jurado.

En conferencia de prensa, explicó que esta es la primera demanda por abuso sexual que se presenta con base en dicha ley y aseguró que sentará precedente.

De igual forma, denunció que México se ha convertido en refugio de sacerdotes pederastas estadunidenses, pues Snap tiene conocimiento de la presencia en el país de 24 clérigos abusadores que se encuentran en colegios y orfanatos.


Un mexicano presenta una demanda que involucra al arzobispo de Los Ángeles

EFE

Un mexicano presentó hoy en Los Ángeles una demanda por abuso sexual contra un ex sacerdote y en la misma acusa al cardenal Roger Mahony, arzobispo de Los Ángeles y al arzobispo mexicano Norberto Rivera Carrera de encubrir el caso.

La acción civil alega que el cardenal Rivera transfirió al sacerdote Carlos Nicolás Aguilar a Los Ángeles en 1987, pese a las denuncias de abuso infantil en su contra. En enero de 1988, Aguilar regresó a México y posteriormente las autoridades de EEUU lo acusaron de 19 cargos por presuntamente haber abusado de 10 menores.

En su momento, Mahony escribió a Rivera pidiendo colaboración para lograr la aprehensión de Aguilar, a quien el Vaticano revocó sus facultades sacerdotales en 2009.

El demandante alega haber sido abusado por Aguilar en la década de 1990 cuando apenas tenía 12 años en Tehuacán (Puebla, México), cuya diócesis al igual que la de Los Ángeles están incluidas en la querella.

La demanda, presentada ante el tribunal federal del Distrito Central de California, por los abogados Jeff Anderson y Anthony M. DeMarco está basada en la Alien Tort Claims Act (Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros), por los delitos de "abuso sexual y encubrimiento".

La querella invoca violaciones al artículo 7(g) del Estatuto de Roma, que considera delito de "lesa humanidad" la "violación" y "cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable", así como los artículos 19 y 34 de la Convención de Derechos del Niño de la ONU.

A diferencia de dos casos anteriores que fueron desestimados bajo el argumento de que un ciudadano mexicano no puede demandar a otro mexicano en una corte de Estados Unidos la nueva estrategia jurídica apela a que se trata de un mexicano que invoca tratados internacionales.

Aguilar se encuentra también prófugo de la justicia mexicana y en 2008 fue añadido a la lista de delincuentes más buscados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de México.

Un portavoz de la arquidiócesis de Los Ángeles señaló hoy que el cardenal Mahony no ha actuado de forma incorrecta en el caso.

Pederastía en la Iglesia II/II

Francisco Rodríguez / Índice Político

TRAS REVISAR LAS
causas por las que la Iglesia Católica se encuentra en la mayor de sus crisis en los tiempos modernos –lo que le transcribí ayer aquí–, Monseñor Abelardo Alvarado Alcántara, Obispo Auxiliar Emérito de la Arquidiócesis de México entra de lleno en las argumentaciones que defienden al Papa Benedicto XVI de las acusaciones que ha recibido.

Recuerda, así, que en 2001 y a intancias del propio Ratzinger, que entonces era cardenal y estaba el frente de la Congregación para la Doctrina de la fe (CDF), el Papa Juan Pablo II dio facultades a ésta para “guiar la respuesta de la Iglesia Católica sobre el problema del abuso sexual de menores por parte de clérigos”, a través de la publicación del Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (“La tutela de la santidad de los sacramentos”),

El ahora Papa, “se esmeró en que los casos, presentados a la CDF, fueran juzgados de manera más expedita, transparente y respetando los derechos de las personas involucradas en el caso; la CDF ha declarado los casos de abuso sexual de menores por clérigos como delicta graviora, es decir, delitos más graves, como los crímenes contra los sacramentos de la Eucaristía y la Penitencia, perennemente asignados a dicha Congregación. Esto en sí mismo pone de manifiesto la seriedad con que hoy la Iglesia lleva a cabo su responsabilidad de ayudar a los obispos y superiores religiosos para evitar que estos crímenes se repitan en el futuro, y para castigarlos cuando se producen. “Este es un legado del Papa Benedicto XVI que facilita enormemente la labor de la Congregación en beneficio de toda la Iglesia” ha dicho el Cardenal Levada, actual Prefecto de la CDF.

“Benedicto XVI repetidamente se ha disculpado por la vergüenza de los abusos sexuales de menores en varias ocasiones y ante audiencias de todo el mundo; no ha desconocido la gravedad de los delitos y ha dado la cara para afrontar el problema. Esto no había sucedido nunca antes. Se ha declarado profundamente apenado y avergonzado por estos actos, ha pedido perdón a nombre de la Iglesia, ha exhortado al arrepentimiento sincero emprendiendo una camino de purificación, curación y a una verdadera renovación interior de todos los cristianos, estableciendo normas precisas para que se haga justicia con las víctimas y se les atienda y se someta a los tribunales civiles a los culpables, ya que las normas eclesiásticas no prohíben a las víctimas denunciar los abusos sexuales a las autoridades;

“Se ha destacado esta voluntad del Papa Benedicto XVI de extirpar esa lacra de la Iglesia con mano firme y con una especial compasión para con las víctimas; la reciente carta del Santo Padre a los católicos de Irlanda es una clara muestra de su firme actitud ante este grave problema; cuando estuvo tanto en Estados Unidos como en Australia, Benedicto XVI se encontró con algunas víctimas de abusos. Está personalmente empeñado en hacer todo lo posible para hacer justicia y confortar a las víctimas.

“Él no sólo se ha reunido con las víctimas, sino que ha dado normas a las Conferencias Episcopales sobre esta materia, siendo la más reciente la Conferencia de Obispos Católicos de Irlanda. Él ha sido históricamente, más que cualquier otro funcionario eclesiástico, el que más ha reaccionado en contra de los abusos de menores por parte de clérigos y ha querido tomar enérgicas medidas precautorias para evitarlos En lugar de culparlo de negligencia u omisión en estas materias, debe ser reconocido por el fuerte liderazgo que él ha asumido a nivel de toda la Iglesia en este campo. Tenemos con él una gran deuda de gratitud por la introducción de los procedimientos que han ayudado a la Iglesia a tomar medidas frente a esta lacra…

“El Papa, a través de la CDF, a la que está confiada la tarea de atender estas denuncias, ha dado directrices uniformes sobre cómo denunciar los abusos sexuales; las Conferencias Episcopales de diversos países han establecido así estructuras de rendición de cuentas (Juntas que incluyen a miembros del clero, religiosos y laicos, incluidos expertos), informes a un Consejo Directivo nacional, y programas de educación para las parroquias y escuelas en la sensibilización y la prevención de la violencia y el abuso sexual a los niños.

“De hecho, las denuncias de casos de abusos por clérigos han disminuido notablemente en la última década; actualmente, la mayor parte de las denuncias sobre casos de abusos sexuales a menores se refieren a casos sucedidos en las décadas de los 60`s y los 70’s, hace más de 40 años;

“Una grave injusticia se ha cometido al pretender generalizar y acusar a los sacerdotes y religiosos sin reconocer que los casos de sacerdotes y religiosos culpables son relativamente pocos en comparación con el número de sacerdotes fieles, que han cumplido su ministerio con gran generosidad y fidelidad y han hecho gran bien a sus comunidades, como se puede atestiguar

“Lo que nos queda hacer ahora es en la medida de lo posible, conocer la verdad, pedir perdón, hacer lo humanamente posible para curar las heridas de las víctimas de estos delitos y someter a los culpables al juicio de las autoridades civiles para que reciban el castigo merecido. Necesitamos una conversión interior y una purificación que sólo con la gracia de Jesucristo y con la oración permanente podremos obtener. Lo demás debemos dejarlo en las manos de Dios.”

Palabras sabias, de un personaje que, como Monseñor Alvarado, es respetado en todos los ámbitos por la sensatez de sus opiniones.

Índice Flamígero: “Escuchamos voces de gente que piensa que la barca de la Iglesia se está hundiendo; que después de pasear su población por los mares del mundo y a lo largo de los siglos, comienza a hacer agua por los todos costados; son las mismas voces y, en ocasiones, hasta amenazas que se escuchan, pero se escuchan desde dos mil años…”: Norberto Rivera Carrera, en su homilía del más reciente domingo

Se celebra el III Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos

Emilio Godoy / IPS

Francisco Jiménez, integrante del no gubernamental Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, fue detenido el 7 de este mes en la capital mexicana por agentes de la fiscalía del sureño estado de Chiapas. Un caso más de detención arbitraria, según activistas. A Jiménez se lo acusa de retener a un funcionario de la Secretaría (ministerio) de Agricultura en 1999. Se encuentra recluido en una prisión del estado de Nayarit, a unos 2.600 kilómetros al noroeste de la capital mexicana, lejos de sus familiares y compañeros.

Su caso, calificado por organizaciones de derechos humanos de detención arbitraria, es ilustrativo de la situación que enfrentan los activistas en este país norteamericano, tema principal del Tercer Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos iniciado este viernes en la capital mexicana y que concluirá este sábado.

"Hemos venido exigiendo que el Estado impulse un programa nacional para defensores de derechos humanos. Hay un marco internacional que tiene que aplicarse de manera precisa", señaló a IPS el activista Abel Barrera, director del no gubernamental Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en el sureño estado de Guerrero.

Este estado ha sido escenario de numerosas amenazas y ataques contra activistas, al grado de que 107 promotores de derechos humanos han recibido medidas provisionales de protección solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.

La coyuntura de los activistas, los mecanismos de protección garantizados por convenios internacionales y la elaboración de una guía sobre estos tratados centraron la atención de la jornada de este viernes, que transcurrió a puertas cerradas para los medios de comunicación.

Los defensores padecen intimidaciones, agresiones y asesinatos por su labor, según varios informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y de organizaciones no gubernamentales de este país.

Además, en marzo el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas entregó una serie de observaciones al Estado mexicano, entre las cuales figura la seguridad de los activistas.

El Comité, formado por 18 expertos independientes, es el responsable de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente desde 1976 y ratificado por México en 1981.

Para Raúl Vera, el obispo católico de Saltillo, ciudad ubicada al norte de la capital, el empeoramiento de la situación humanitaria se relaciona con la aplicación desde la década del 80 del modelo económico neoliberal, que alejó al Estado de la regulación de las actividades económicas.

"Se ha favorecido que el dinero se acumule en pocas manos y se han violentado derechos sociales, económicos, laborales", denunció ante IPS Vera, quien inauguró el encuentro en su calidad de connotado defensor de los derechos humanos en México.

El gobierno ya anunció que instaurará un mecanismo nacional de protección de los promotores, pero todavía no se han dado pasos en esa dirección.

La reunión coincide con la aprobación en el Senado el 8 de este mes de una reforma constitucional que establece que el Estado está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Los cambios a 11 artículos constitucionales, que también estipulan que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar los atropellos, están ahora en manos de la Cámara de Diputados.

"La reforma pendiente de ser aprobada se convertirá en un precedente fundamental para continuar armonizando el marco constitucional mexicano con los más altos estándares internacionales de protección", evaluó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos, un colectivo que agrupa a entidades de todo el país.

El director para las Américas de la organización no gubernamental Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, resaltó, en una carta abierta enviada el 13 de este mes al parlamento, que la aprobación de las reformas "representaría un paso fundamental para garantizar una mayor protección".

México arrastra dos condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, por el caso de un dirigente comunitario desaparecido por militares en Guerrero en 1974 y el de tres jóvenes asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.

Además, la Corte analiza los casos de dos jóvenes indígenas violadas por soldados en el estado de Guerrero en 2002, sentencias que estarían listas en el segundo semestre de este año.

Durante 2009, la Comisión Interamericana, que tiene facultad para presentar casos a la Corte, recibió 232 denuncias provenientes de México, un reflejo del estatus de los derechos humanos en este país de más de 107 millones de habitantes.

"La reforma constitucional no nos garantiza mucho, pues son necesarios cambios estructurales para evitar las violaciones", evaluó Barrera, cuya organización ha sido de las más activas en la materia.

El encuentro nacional converge también con el segundo aniversario de la captura de Raúl Hernández y otros cuatro miembros de la no gubernamental Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM) en Guerrero.

Hernández y sus compañeros fueron detenidos el 17 de abril de 2008 acusados de homicidio. La organización humanitaria Amnistía Internacional los considera prisioneros de conciencia al concluir que no existían pruebas del delito y que su aprehensión se vincula con su trabajo humanitario.

"La única manera en que las violaciones pueden disminuir es que el Estado retome su papel y su responsabilidad social", planteó Vera.

Para hablar el mismo idioma...



Los generales y la seguridad nacional

Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder

Todo indica que varios generales del Ejército mexicano andan inquietos, por mayor defensa que en el Senado de la República haya hecho el General secretario, Guillermo Galván Galván, de sus tareas extracurriculares en el seno mismo de la sociedad, y por más que reclame urgencia en las reformas constitucionales necesarias para que esas tareas que parecen al margen de la ley se inscriban, de manera definitiva en el marco legal, no sea que les ocurra lo que a los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro, quienes por cumplir con disciplina al mandato de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, después fueron desacreditados, humillados y abandonados por sus superiores castrenses, porque los civiles les aplicaron la del pañuelo desechable: úsese y tírese.

Atenta ha de estar la sociedad a lo que los generales que pidieron el anonimato le confiaron a Gustavo Castillo García, reportero de La Jornada, pues reclaman que el presidente de la República, el jefe del Ejército, los haya mandado a las calles sin garantías jurídicas. Su testimonio: “Los militares no somos cobardes. No rechazamos el combate. Pedimos al Congreso aprobar reformas en materia de seguridad nacional para que los miembros de las fuerzas armadas tengamos garantías al actuar en las calles. Nada más, pero nada menos…”

Es importante esa referencia a la seguridad nacional, porque se corresponde a la conceptualización que de las fuerzas armadas se hacen en Estados Unidos, y a la manera en que para preservar esa su seguridad nacional, los políticos profesionales estadounidenses y los poderes fácticos de ese país esperan del Ejército mexicano y de la militarización de la seguridad pública, desde el sur del río Bravo hasta el Suchiate.

Juan Sandoval Palacios, en su ensayo Militarización, seguridad nacional y seguridad pública en México, explica con toda puntualidad cuál puede ser el futuro de nuestras fuerzas armadas, lo que de ellas espera el sistema de seguridad nacional estadounidense, y el papel que los gobiernos nacionales han de desempeñar para que poco a poco, casi sin sentir, esta nación que paulatinamente pierde su identidad nacional, sea parte integrante de Estados Unidos con o sin asimetrías, pero con la confianza amplia de que los mexicanos serán los perros guardianes, en materia de seguridad nacional, de su puerta trasera.

Sandoval Palacios, quien es investigador titular de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde es Coordinador General del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, puntualiza en su ensayo: “Como consecuencia de los procesos de integración económica regional y de la globalización, actualmente nuestro país se encuentra inmerso materialmente dentro de los intereses geoestratégicos estadounidenses, y la perspectiva oficial de seguridad nacional mexicana se ha ido asimilando desde una perspectiva pragmática a la Doctrina de Seguridad Nacional de la Unión Americana. Es en este marco donde los militares mexicanos han ido asumiendo el nuevo papel asignado por Estados Unidos para las Fuerzas Armadas de América Latina, a partir de la Cumbre de Williamsburg en 1995”. Considero que lo escrito por Sandoval no deja lugar a interpretaciones equívocas.

De allí que ciertos generales se muestren inquietos y sostengan: “¡No nos resistimos a combatir al narcotráfico ni a los delincuentes! Hacerlo sería insubordinación, y lo primero que se nos enseña es a obedecer y a acatar órdenes. Insubordinarse representa ser arrestado y llevado a juicio, como en cualquier ejército del mundo… Lo que sí queremos es que exista una ley que nos otorgue las facultades para estar en las calles, no sólo la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

De allí también que el General secretario, Guillermo Galván Galván, insista, reclame un ordenamiento jurídico y constitucional para las tareas asignadas a las Fuerzas Armadas, pues con toda seguridad en las más negras de sus noches recuerda lo ocurrido a Francisco Quirós Hermosillo y a Arturo Acosta Chaparro. Y en estricto sentido, quienes giran las instrucciones son quienes deben responsabilizarse de las consecuencias. ¿O no?


Zeta 43

Martha Anaya / Crónica de Política

Aparece ante la cámara de video con una gruesa venda que le cubre los ojos y parte de la frente. Asoma un fino bigote negro. No parece tener más de treinta años. No se nota ningún accionar en sus manos, es de suponerse que las tiene amarradas o esposadas Destaca su camisa negra y un escudo sobre la parte izquierda. Su voz es clara, con cierto acento provinciano, y se dirige a su interrogador como “señor…”

Una voz seca, con acento norteño, le interroga:

-¿Cómo te llamas?

-David Rivera Álvarez.

-¿Con quién trabajas?

-Con los Zetas.

-¿Cuál es tu clave?

-Zeta 43

¿Cuál es tu cargo?

Segundo comandante de la plaza de Tenosique, Tabasco.

-¿Quién es tu patrón?

-Comandante Charpein.

Las respuestas del Z43 son rápidas. No bien terminan de formularle la pregunta, la respuesta cae rápidamente, sin duda, sin mayor entonación en la voz que la de alguien que contesta a un superior.

El interrogatorio sigue con la luz iluminando en círculo el rostro del detenido en el video que apareció ayer en Youtube (http://www.youtube.com/user/TR333SSS):

-¿Hace cuánto que llegastes a Tampico?

-Hace 15 días.

-¿A qué venías?

-A arrancarle la plaza al cartel del Golfo.

-¿Quién es tu jefe?

-Comandante “Güera” Liliana, alias “La Puma”

-¿Qué hicieron en Tampico?

-Se tiraron unas granadas en El Alto … y en los centros nocturnos de Tampico…y en el cuartel general de soldados

-¿Cómo se llamaba el antro?

-… (silencio)

-¿Cómo se llama el antro?

-…Mataron a unos muchachos en la esquina del spá..

-¿Qué más?

Tiraron granadas también la feria y mataron civiles… y mataron también un tránsito y también a un taxista lo balacearon…

-¿Qué más?

-Fueron a tirar granadas también a las televisoras…

-¿Quiénes atacaron en la feria?

-Carlos, “El Mono”, “El Búho” y “El guapo”.

-¿Quién lo planeó?

-La comandante “Güera” Liliana.

El interrogatorio continúa.

Bien podría pensarse que fuera sólo un montaje, o una manera de enviarse mensajes entre los zetas y los del cartel del golfo, o bien fuese parte de su propia lucha. O quizás, por qué no, otra manera de asustar a la gente como ocurrió el fin de semana en Cuernavaca, Morelos.

Sólo que este hombre que aparece en el video de YouTube con los ojos vendados y que se identificó como Raúl Rivera Álvarez, Z 43, es “idéntico” –según una nota sin firma del periódico Milenio—al hombre que apareció muerto en la entrada de Televisa del Golfo el pasado sábado.

Según esta nota, las características coincidentes entre el personaje que aparece en el video y el cuerpo hallado sin vida son:

- Camisa negra, logotipo de la marca puma, en el brazo izquierdo.

- Los tres logotipos en la parte de enfrente de la marca Bridgestone y Shell.

- Bigote negro en corte muy fino.

- La anchura del vendaje en los ojos de más de 12 cm. de ancho.

- Facciones idénticas entre el video y las gráficas de la persona encontrada muerta a las fueras de Televisa del Golfo.

De tratarse de la misma persona, las preguntas no faltan: ¿quién interrogó al presunto Z 43?, ¿el interrogador pertenecía al cartel del golfo o estaba en manos de alguna autoridad de gobierno o del ejército?, ¿quién tomó el video y lo subió a la red? ¿por qué, para qué?

FBI y Sedena, a coordinarse…Luz verde a Policía Unificada

Jorge Alejandro Medellín / De orden superior

La inteligencia militar y policial mexicanas tienen poco qué presumir o de qué regodearse ante sus pares de los Estados Unidos.

En los últimos dos meses, sendos ataques armados al Consulado norteamericano en Ciudad Juárez y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se sumaron al secuestro y posterior liberación de una mujer emparentada con un funcionario estadunidense en Texas.

La violencia sigue galopante en Ciudad Juárez y es aderezada con declaraciones del Buró Federal de Inteligencia (FBI) norteamericano, de la DEA y del EPIC (El Paso Intelligence Center), señalando que finalmente, tras dos años de lucha continua, el cartel que encabeza Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, había logrado quedarse con ese punto estratégico, eliminando y desplazando a los sicarios y operadores de Vicente Carrillo Leyva.

Las declaraciones de sus voceros hechas la agencia de noticias AP, fueron los últimos clavos de un ataúd en el que aparentemente quedarán bajo tierra la descoordinación y la desconfianza ancestral (y mutua) entre los militares mexicanos y al menos dos de las principales agencias de seguridad de los Estados Unidos.

Estos hechos y una cadena de desatinos, de resultados nebulosos, de retrocesos en los planes consensuados de combate al crimen organizado en México abonaron el camino para que en la más reciente visita del presidente Felipe Calderón y su gabinete de seguridad a Washington se diera un encuentro relevante entre el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, el secretario de Marina, Almirante Francisco Saynez y mandos del Pentágono a puerta cerrada.

De ese encuentro, conservado en el hermetismo oficial, surgió la propuesta y la presión de la parte estadunidense para que en el corto plazo elementos el FBI se coordinen de manera directa con la Sedena y con Marina para replantear acciones específicas dirigidas contra objetivos concretos y de alto impacto, no solo por su nivel y posición en la escala del narco, sino porque esos golpes minarán la operatividad regional de los cárteles en el norte del país.

Tal coordinación no es nueva. Ha venido dándose desde el inicio del sexenio calderonista, principalmente entre la SIEDO y la Agencia de Tabaco y Control de Armas de Fuego (ATF), la Oficina de Aduanas y Migración (ICE), la DEA, el Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC), cuyos agentes han trabajado por secciones y en células de dos o tres agentes compartiendo datos de inteligencia operativa o encabezando incursiones para que la PGR o las fuerzas armadas mexicanas actúen contra los cárteles de la droga.

Además de la SIEDO, también el CENAPI, el CISEN y la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) han trabajado en grupos especiales con oficiales de la ATF y del ICE en Michoacán, en Guerrero, en Colima, en Oaxaca, en Guanajuato, Morelos, Puebla y en Sinaloa y Chihuahua.

Ahora el FBI se sumará a esta dinámica que buscará frenar por etapas la ola delictiva en la frontera norte y al mismo tiempo ir desactivando focos rojos encendidos en Morelos, en Guerrero, en el estado de México, en Veracruz y en Nuevo León por el refuego de la guerra de exterminio entre cárteles.

En la Sedena, el general Galván analiza con sus asesores los planteamientos y los escenarios de riesgo al compartir más información sensible con instancias como el FBI. Hay reticencia en los militares mexicanos, sabedores de que una relación más estrecha con sus pares norteamericanos hará cada más difícil quitárselos de encima, con la presión que ello implica.

Uno de los puntos clave que surgirán de esa presión será la renovada insistencia para que tropas mexicanas se sumen a operaciones multinacionales y a ejercicios antiterroristas. La clave ha estado siempre en la intención de la Casa Blanca de insertar a México de un modo más pragmático en su esfera de seguridad regional y hemisférica y de combate, como barrera de contención, al terrorismo internacional.

La propuesta y la firme intención de que el FBI se coordine directamente con el Ejército Mexicano para planear, revisar y ejecutar acciones precisas en las que los norteamericanos aportarán la inteligencia fina, están ahí, sobre el escritorio del General Galván.

El espacio político y operativo de la Sedena para manejar esta nueva vertiente de la participación antidrogas con los Estados Unidos es en extremo reducido.

La unificación que viene.

El debate acerca de los límites y las atribuciones que deben tener los militares en la lucha contra el narcotráfico siguen subiendo de tono de cara a la inminente aprobación de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional (LSN) sugeridas por el presidente Felipe Calderón a principios de este año.

El texto original enviado por la Presidencia de la República al Senado indicaba, entre otros aspectos, que correspondería a los gobernadores o a los alcaldes de las entidades o municipios informarle al Consejo de Seguridad Nacional sobre la situación de riesgos y amenazas detectados en determinada ciudad, municipio, entidad o región.

Las situaciones descritas deben ser graves y colocar en entredicho la seguridad interior para ser consideradas como escenarios de amenaza y riesgo y ameritar la intervención de la Federación, en un esquema que prevé la participación de la Comisión Nacional y de las estatales de derechos humanos para supervisar la intervención de las Fuerzas Armadas en los operativos antinarco.

Entre los objetivos alternos de la propuesta presidencial figura también el replanteamiento de los conceptos de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior, así como la definición precisa de los fenómenos y situaciones que serán consideradas como amenaza y riesgo para la seguridad del país.

El Senado y la Presidencia determinarían las atribuciones de militares y policías federales en cada caso específico, así como el estado de fuerza a desplegar y el lapso que durarían los operativos policíaco-militares, que originalmente tendría un máximo de 18 meses.

No obstante, este plazo podría extenderse según las condiciones del escenario en donde se solicite la presencia policíaco-militar, pero nunca sería por tiempo indefinido. Una vez recibida la documentación en el Senado, los legisladores de dicha cámara tendrían hasta 48 horas de plazo para decretar, a solicitud del mandatario estatal o municipal, el estado de excepción.

El jueves ocho de abril, el pleno del Senado aprobó en lo general la minuta para modificar la Constitución a fin de fortalecer el respeto y salvaguarda de los derechos humanos de mexicanos y extranjeros, incluso durante una “eventual Declaratoria de Estado de Emergencia”.

Es en este contexto en el que el cabildeo del alto mando de la Sedena y varios de sus generales han seguido adelante con una intensa campaña en medios de comunicación en busca de la aprobación de los cambios a la LSN, por mínimos y paliativos que sean ya que contribuirán a darle un piso más o menos firme a la actuación militar a condición de que el Fuero de Guerra permanezca intocado… o casi.

En realidad serán mínimas las concesiones que hará el alto mando de la Sedena para que en la lucha contra los cárteles de la droga, la tropa, los oficiales y los jefes sean alcanzados por la justicia civil en caso de cometer violaciones graves a los derechos humanos.

El quid del asunto radicará en que la Sedea admitirá entregar a militares que cometan actos violatorios de los derechos humanos siempre y cuando se demuestre que quienes los cometieron actuaron por su cuenta, desobedeciendo órdenes superiores.

La aprobación a los cambios a la LSN se dará en los próximos días, porque la labor militar pende de varios hilos que son tensados dentro y fuera de México con enorme facilidad y graves repercusiones para la institución armada.

Ya te llevó la chingada…

A Puerta Cerrada / Marcela Gómez Zalce

• La molestia verde olivo
• La insoportable ingenuidad del ser… Sabina

El castigo puede demorarse, mi estimado, pero el crimen subsiste. Poco subliminales y ambiguos son los mensajes de nuestras fuerzas armadas hacia lo que es el descomunal desastre de la guerrita de Felipe Calderón contra la “ridícula minoría” y sus daños colaterales de los muertos civiles, que son los menos. En fechas recientes ha surgido la molestia verde olivo que devela el pequeño problemita en el tablero del gymboree (con minúsculas) presidencial.

Sobre todo cuando ya no hay duda de que eso de andar mandando a los militares a la calle, sin garantías ni marco legal, para que se rompan la madre en labores aptas para policías civiles ya agigantó los simpáticos ingredientes de la emocionante adversidad, yes?

Aunque en el fondo de las formas, my friend, está el ineludible hecho del fracaso de los civiles encargados de la seguridad pública que se engloba en el terreno de la seguridad nacional. Ahí donde las arañas de la corrupción han tejido su nido al amparo y resguardo de una cúpula ineficaz, incompetente e impune que usa y abusa de figuras como el arraigo —que en el futuro pasarán a la báscula de los derechos humanos— y que fabrica espectáculos, pirotecnia y show para disfrazar su monumental tiradero y la falta de una estrategia integral contra la organizada delincuencia.

Mientras la cifra de muertos llega al techo de los 23,000 y el titular de la SSPF y su talentosa asesora whatever, la poderosa Lizette Parra —la que premia y castiga a medios, funcionarios y colaboradores—, cranean lo que es verdaderamente importante y fundamental: cómo desviar la atención con obras taquilleras que desaten el aplauso del mordaz respetable, en los cuarteles los militares deslizan un ¡ya basta! ante la incertidumbre de la certidumbre que los llevará a la báscula de la historia como los hojaldras abusadores y asesinos de la irreflexiva guerrita de Calderón.

Mientras el presupuesto fluye y fluye a las arcas de la SSPF, el de la Sedena, año con año, es reducido mientras se agranda el escaso margen de maniobra verde olivo y los legisladores juegan al Tío Lolo danzando alrededor del marco legal encabezados por el partido en el poder (del no poder).

Chingón.

Lo inédito es que en estos aciagos momentos, la SSPF impulse a los spin doctors en el asunto del secuestro del joven Martí, que se encuentra en medio del batidillo de su Lore y La Güera. Sobre todo cuando García Luna Productions ha llevado a cartelera nacional éxitos como Josmar y el secuestro divino de un avión (en 3D) o The making of life behind bars de Florence Cassez, ¿no le parece?

Y curiosamente los testimonios de los revoltosos interrogados por la SSPF, my friend, acaban haciendo agua ante el MP federal. Así sucedió con el célebre Noé Robles Hernández, de la banda de Los Petricolet, una de las células de El Niño y de La Flor y… con María Elena Ontiveros, La Güera, cuyo testimonio en estos días pierde contundencia y se llena de divertidas contradicciones relacionadas con el fatídico retén.

Por lo mismo, el alegato del chofer del joven Martí, a quien pretendieron asesinar y lo dejaron con vida, es de suma relevancia. Y lo es, mi estimado, porque Cristian Salomones Flores no identifica a La Güera como la mujer en el retén sino a la comandante Lorena González, la mujer delgada, de poco busto, tez morena, pelo con rayos claros. La que identifica también por su voz. La que lo baja del auto, lo agarra de la cabeza para bajarlo y le dice que es un secuestro y que se lo llevó la chingada.

Ésa, mi estimado, es La Lore.

Con todo y que desahoguen las pruebas ahogadas en un cochinero de pirotecnia y show, no debe olvidarse quién es quién en esta historia que no sólo debe buscar la verdad histórica aclarando las confusiones en torno a la investigación, confundiendo a la concurrencia en un mar mediático de estiércol, sino derrumbar ese velo de corrupción e impunidad que (es) reina en las más altas esferas del poder.

¿Así o más claro…?

Por la mirilla

El ingenuo era yo (haiga sido como haiga sido), afirma Joaquín Sabina después de una comida en Los Pinos con Felipe Calderón y el cadáver de Bucareli, Fernandito, quien afirma que de ninguna manera su declaración supone que se retractó… ¿Tú le crees a Fernando y a Joaquín?



El tren del infierno

Joel Hernández Santiago

De pronto se cayó del tren; del Tren del Infierno, como le llaman. Este le arrancó las dos piernas y pudimos ver cómo él se arrastró hasta meter la cabeza entre las vías”. Ocurrió en Chiapas y lo relata José, un emigrante de Honduras que quiso llegar a Estados Unidos cruzando por México.

Jessica, hondureña, relata: “Entre Arriaga e Ixtepec un hombre me quiso violar en el tren en marcha. Veníamos en el techo. Logré lanzarlo de una patada hacia las ruedas del tren…” Días después de la plática con ella se supo que fue secuestrada: No se conoce su paradero.

Violaciones. Abuso. Robos. Secuestro. Tráfico humano. Prostitución. Corrupción gubernamental… Muerte… Son parte de la tragedia de muchos centroamericanos en territorio de México y es parte de lo que debiera hacernos sentir vergüenza y horror, para exigir una sola solución: el predominio del Estado de Derecho para todos ellos.

En esencia la tragedia de los centroamericanos es muy parecida a la mexicana: desempleo, pobreza extrema, falta de apoyos para el trabajo campesino o industrial, ausencia de servicios básicos y sin perspectivas de solución, por tanto hay que emigrar. Hay que dejar la tierra para ir a otra a ganar algo de dinero y para intentar vivir en paz. Quizá se consiga. Muchas veces no.

Durante la década de los ochenta, cuando Centroamérica estaba en conflictos bélicos la emigración se dio entre países de la zona: más de un millón de centroamericanos migró. Pasaban de Guatemala a El Salvador o a Honduras o a Belice o Nicaragua, algunos a México. Luego, a partir de los 90, esa migración cambió de rumbo: querían ir a Estados Unidos y, para ello, habría que cruzar por México: “por el infierno” dicen entre dientes y con terror.

Los mexicanos, tan recelosos del maltrato y abusos que se dan a nuestros compatriotas en su intento por cruzar la frontera con Estados Unidos, permiten que se hagan cosas aun peores con los emigrantes centroamericanos que llegan a México y que tienen la necesidad de cruzar hacia el país del norte.

La tragedia para ellos comienza desde el mismo momento en el que se les sabe indocumentados y, por lo mismo, presas fáciles para el robo, el abuso físico, la extorsión y en muchos casos, la prostitución femenina y masculina.

Los delincuentes no son sólo los malos funcionarios y policías y autoridades locales cómplices de esta criminalidad; también hay bandas de centroamericanos que matan, extorsionan, secuestran, violan y prostituyen: el punto central es ¿por qué se les permite? ¿Quién está coludido en este negocio de espanto?

En un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, elaborado por el doctor Mauricio Farah, ahora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, documenta que de septiembre de 2008 a febrero de 2009, diez mil emigrantes centroamericanos que cruzaban el país, para llegar a Estados Unidos, fueron secuestrados y tratados con extrema crueldad en México.

Y aun más, la falta de control en la frontera sur del país permite que pudiera darse el tráfico de armas y de droga por la vía mexicana vulnerando nuestra seguridad nacional. En todo caso, los emigrantes centroamericanos son vigilados, no siempre para su control o deportación legal, sino para saber si traen dinero o para valorar el provecho que se puede obtener de ellos.

Las vías del terror son muchas. Para cruzar los 1,149 kilómetros que separan a México de Guatemala y Belice están:

a).- Ruta Costera; que es la más transitada y va de Tapachula, Chiapas hasta Arriaga, cerca de Oaxaca.

b).- Sierra Madre; ahí entran por Motozintla, Presa de la Angostura, Comitán y Tuxtla Gutiérrez.

c).- Ruta fronteriza. Caminos de extravío.- Son veredas, montes y selvas.

d).- Selva. De Carmen Xhan a Comitán, Chiapas.

e).- Marítima. Por mar, costeando de Chiapas hacia Huatulco, Oaxaca.

f).- Planicie. De El Naranjo, a El Ceibo, entran por Tenosique y Gregorio Méndez, en Tabasco.

g).- Corredor de la Sierra. Entran por El Triunfo; Balancán, Tabasco.

Todas estas rutas, según ha documentado Paulina Alvarado Fernández, de la Universidad de Monterrey, son de alto riesgo y en ellas ocurren toda clase de tragedias que mucho deberían avergonzar a todos los mexicanos y, naturalmente, a su gobierno…

[… Como si nada hubiera ocurrido, la noche del viernes 16 de abril un tren de carga en el que viajaban al menos 500 indocumentados centroamericanos descarriló en el municipio de Arriaga, Chiapas, cerca de los límites con Oaxaca. El Tren del Infierno salió la madrugada del jueves de Arriaga y cuando se acercaba a Oaxaca las vías se abrieron (¿?), lo que provocó el accidente. Todos los furgones se volcaron y con ellos los poco más de 500 migrantes que viajaban en el techo de 20 vagones.

En este tren viajan los emigrantes centroamericanos para llegar a Ixtepec, en donde toman otro ferrocarril que los lleva a Medias Aguas, Veracruz con rumbo a los Estados Unidos]

Es cierto que a lo largo de estos recorridos existen casas de asistencia, de apoyo, de refugio y aun delegaciones de la CNDH. Y son de mucha ayuda.

Pero nada se solucionará si el gobierno mexicano no actúa de la misma manera como le gustaría que fueran tratados los mexicanos indocumentados que llegan a EUA. Existe un principio básico del respeto a la personalidad y al recurso de la ley a favor de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo: en México el temor de los centroamericanos es, precisamente, el tener que acudir a esa autoridad.

Falta el replanteamiento de las políticas de vigilancia y que, una vez que algún indocumentado se encuentre en territorio mexicano, sea tratado con base en los derechos humanos que le son propios.

Perseguir la delincuencia y la criminalidad es urgente ahí. Negociar con los países de origen también lo es. Acuerdos migratorios con todos ellos son indispensables. La permanente vigilancia de la CNDH en la zona es absolutamente urgente. El respeto a la integridad física y patrimonial de los emigrantes debe ser regla de convivencia humana y social. Lo mismo que pedimos para los indocumentados mexicanos en Estados Unidos como ejemplo de que lo que pedimos puede ser.


Calderón incita al crimen

Álvaro Delgado

El menosprecio de Felipe Calderón a la matanza de inocentes en su “guerra” contra el narcotráfico, que representa la más reciente prueba de que su única grandeza es la estupidez, no es sólo repudiable de suyo, sino por algo más grave: La incitación a crímenes contra adversarios políticos con impunidad garantizada.

El lenguaje belicoso de Calderón, cuyo fracaso en todos los órdenes aumenta su peligrosidad, ya tiene consecuencias en la vida cotidiana de millones de mexicanos y ha costado la vida a niños, jóvenes y mujeres ajenos a una “guerra” que lo único que no ataca es la riqueza de los capos.

Y a lo largo del territorio nacional proliferan las señales ominosas para los mexicanos, en especial aquellos que, en ejercicio de las garantías que consagra la Constitución, combaten pacíficamente decisiones arbitrarias del poder político subordinado al económico y que pueden ser computados a las bajas de los “sicarios” que, según el gobierno, suman casi 23 mil en tres años.

En este marco de discurso y acción belicista han sido ya asesinados defensores de los derechos humanos y están en la cárcel las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, sentenciadas a 21 años de cárcel por secuestrar, presuntamente, a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de cuyo caso se burla Juan de Dios Castro, el subprocurador general de la República, cuya hermana Rosario ha sido acusada de tener nexos con el narcotráfico.

Un caso de estos es el que tiene lugar en la región de Los Altos de Jalisco, donde un vigoroso movimiento se opone a la construcción de la presa El Zapotillo y por ello está siendo objeto de represión de parte de las autoridades federales y estatales, que incluye el uso de fuerzas policíacas, provocaciones cotidianas y amenazas de muerte.

Es preciso estar al tanto de la represión a los opositores a la construcción de la prensa --que en el proyecto de la Comisión Nacional del Agua (Canagua) surtirá el líquido a los municipios de Los Altos de Jalisco y a León, Guanajuato--, porque luego podría resultar que, conforme al credo de Calderón, fueran confundidos con “sicarios”.

El propio Calderón ha sido enterado, mediante una carta, de la denuncia que se presentó, el viernes 9 de abril, en la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, por las amenazas de muerte contra una periodista que hacía su trabajo y tres activistas que se oponen a la construcción de la presa que desaparecería de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Copia de la carta, suscrita por la organización no gubernamental Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo, fue enviada también al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al Representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México y a Amnistía Internacional.

La carta dice: “El día sábado 3 de abril del 2010, estando en el negocio de Manuel de Jesús Carvajal Jiménez, en Temacapulín, Jalisco, fueron amenazados de muerte los hermanos Manuel de Jesús y Juan Agustín Carvajal Jiménez, integrantes del Comité Salvemos Temaca Acasico y Palmarejo; Marco Joachim Von Borstel Nilsson, miembro del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), y la periodista Jade Ramírez Cuevas Villanueva, de Medios UDG Noticias, de Radio Universidad de Guadalajara, los cuales se encontraban dando seguimiento a las actividades de Semana Santa, programadas por la comunidad y los comités en defensa de sus derechos y territorio frente a la imposición del proyecto de la presa El Zapotillo.

“Aproximadamente a las 10:15 p.m., del día 3 de abril, tres individuos no conocidos por los presentes ni el resto de la comunidad de Temacapulín, entraron al negocio de Manuel de Jesús Carvajal Jiménez (El Bombón) y amenazaron a Marco Von Borstel y a Jade Ramírez Cuevas Villanueva, lanzando una serie de improperios e insultos, diciendo: 'La presa se va hacer, no entiendo por qué siguen ahí y no respetan al gobierno'. Dijeron que eran empleados federales.

“Antes de estos acontecimientos, los individuos ya se habían acercado a Juan Agustín Carvajal Jiménez para decirle: 'tú, tu hermano el gordito (Manuel de Jesús Carvajal Jiménez, El Bombón), ella (refiriéndose a Jade Ramírez) y el del sombrero (refiriéndose a Marco Von Borstel), los cuatro, ya valieron para pura chingada, se van a morir pronto porque están alborotando la gallera'.”

En la carta dirigida a Calderón se anota: “Estos graves hechos se suman a otras acciones de amenazas y hostigamiento que las comunidades y los integrantes de los comités en resistencia han venido sufriendo durante el desarrollo del proyecto de la presa El Zapotillo”.

Aunque, en efecto, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos envió al gobernador la recomendación 35/2009 para que garantice el respeto y la integridad de los opositores al proyecto que a nivel federal encabeza el yunquista José Luis Luege, director general de la Canagua, a González Márquez le ha importado poco y apenas el viernes 16 ordenó un operativo de intimidación en Temacapulín.

En una reunión de pobladores afectados con 10 senadores y 16 diputados federales, así como con el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, fue desplegado un operativo policíaco que sólo se entiende por la paranoia gubernamental:

Justo a la plaza principal de Temacapulín, donde se reunieron unas 500 personas, se colocaron 28 elementos de la policía estatal provistos de poderoso armamento, que descendieron de siete patrullas también estatales, sin placas de circulación y con los números de seria tapados con cinta.

¿Una reunión pacífica, amparada en la Constitución, merece un despliegue de esa magnitud? Para Calderón, que desprecia la Carta Magna, claro que sí.

Si en este caso Calderón desiste de su política intimidatoria, debe proceder a castigar a los tres individuos que amenazaron de muerte a los activistas y a la periodista, cuyas fotografías están anexadas a la denuncia...

Apuntes

A la fuente de la información, Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, no se le puede atribuir mala fe, quizá sólo malicia, pero tiene sus implicaciones que Joaquín Sabina haya cantado ante Felipe Calderón “Llegó borracho el borracho”, el tema que compuso e interpretó José Alfredo Jiménez… Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Civiles sin chaleco antibalas

David Aponte / Contraflujo

La muerte ronda a las personas inocentes en ciudades importantes del país, lo mismo en la industrial de Monterrey, en la fronteriza Ciudad Juárez o en el puerto turístico de Acapulco. Las noticias de civiles muertos en medio de la guerra del gobierno federal contra los cárteles de la droga han tomado los titulares de los medios de comunicación desde el arranque de 2010. Jóvenes, mujeres y niños caen entre las balas de los sicarios y de las fuerzas federales (Ejército y Policía Federal) en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Guerrero. Los políticos y los estrategas gubernamentales las llaman bajas o daños colaterales. Así de insensibles.

El presidente Felipe Calderón tiene la creencia de que las muertes de civiles son menores, frente a las batallas donde caen militares, policías y delincuentes. “Son las menos”, porque la mayoría de los homicidios es consecuencias del enfrenamiento entre las bandas del crimen organizado; no son acciones contra ciudadanos o turistas.

“Más del 90% de homicidios y ejecuciones, como hemos venido catalogando obedecen precisamente a la lucha de unos cárteles contra otros. Es decir, no son ni siquiera acciones, ha habido muchos soldados y muchos policías caídos en cumplimiento con su deber, pero éste es un porcentaje que no llega al 5% de esas muertes y son mucho menos todavía aunque los ha habido, por desgracia, y los lamentamos, algunos civiles inocentes alguna vez atrapado en el fuego cruzado entre los delincuentes o policías con delincuentes, pero son realmente los menos”, dijo Calderón el viernes ante empresarios.

Los ciudadanos afrontan la insensibilidad de la clase política, y carecen de chaleco antibalas jurídico. Los especialistas en temas de seguridad no han encontrado un marco legal propio para el uso legítimo de la fuerza pública. Las corporaciones federales y las Fuerzas Armadas han tomado las reglas de los tratados internacionales y, en todo caso, hacen una interpretación legal de legislaciones y códigos, lo mismo la Constitución Política del país, el Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

¿Cuáles son los límites de las fuerzas federales en un enfrenamiento armado con grupos de sicarios? ¿Cómo debe entenderse el uso legítimo de la fuerza? Por supuesto, deben poner por encima la protección de los civiles y se entiende como el último recurso para impedir un hecho de mayor gravedad en la sociedad. De esa manera, las policías y las Fuerzas Armadas tendrían que cumplir con los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Fuera de estos conceptos, la fuerza se convierte en una forma de violencia policial, como hemos visto en algunos casos (el homicidio de dos estudiantes del Tec de Monterrey y el asesinato de los niños Bryan y Martín Almanza Salazar).

Los tratados internacionales, adoptados por México en 1990, marcan los principios básicos por los cuales las fuerzas federales deben conducir su conducta en caso de enfrentamientos armados con grupos de la delincuencia organizada. En términos generales son: hacer cumplir la ley; evitar la violación o garantizar el restablecimiento de los derechos fundamentales de las personas; mantener la vigencia del Estado de Derecho, y garantizar el orden y la paz social.

¿Cómo lo deben hacer para evitar bajas entre los civiles? Los criterios y modelos están marcados en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979, bajo los principios de subsidiaridad, proporcionalidad y excepcionalidad. El primero establece que los elementos policíacos y militares pueden recurrir a la fuerza cuando sea estrictamente necesario para aplicar la ley y mantener el orden público. El segundo considera que la fuerza debe ser razonable y proporcional en intensidad, duración y magnitud a la agresión recibida. El tercero determina que debe hacerse uso de la fuerza para defender a los ciudadanos o defenderse a sí mismos ante la amenaza grave de su integridad.

Ignorar estos principios, coloca a las fuerzas federales mexicanas en los límites del abuso o violación de las reglas. De hecho, el uso de las armas debería ser utilizado solamente para impactar zonas del cuerpo del atacante que no cause daños permanentes. El uso de las armas de fuego debe estar justificado y permitido en la legítima defensa y en la de terceras personas, de acuerdo con las reglas internacionales.

En algunos casos, documentados por los medios de comunicación, las fuerzas federales mexicanas parecen no estar capacitadas o están haciendo caso omiso de las normas de tratados internacionales para el uso de la fuerza. El gobierno de Calderón debería atender los protocolos y colocar chaleco antibalas jurídico a la ciudadanía, en lugar de minimizar las bajas de civiles.


Los medios o el horror banalizado

Javier Sicilia

En La tentación de la inocencia, Pascal Bruckner nos recuerda que la información y la verdad eran generalmente conocidas bajo la forma de revelaciones –es decir, develamientos, investigaciones o denuncias– y que el impacto que nos producían “provenía de la inmensa ignominia repentinamente destapada”.

Esta forma del develamiento –que en México nos recuerda escritos y experiencias de Graham Green, Julio Scherer, Monsiváis, Poniatowska y el subcomandante Marcos– seguirá existiendo porque las tiranías y los poderes mantendrán siempre en secreto sus crímenes. Sin embargo, con el desarrollo de los medios de comunicación y de la libertad de información, advierte Bruckner, se ha establecido “el reino de la sobreexposición, generador a la vez de equivalencia y de costumbre”.

En efecto, cuando Calderón desató la guerra contra el crimen organizado, los secuestrados y asesinados, los torturados y descabezados surgían en la pantalla y en los periódicos causando conmociones. La adrenalina nos ponía en estado de vértigo, alteraba nuestra percepción y nos hería e indignaba el ultraje. Desde entonces, bajo el peso de la absurdidad de esa guerra y del requisito mediático de información y originalidad, la vertiginosidad de ese tipo de noticias no ha dejado de sucederse, pero a ella se suma la vertiginosidad de otras que disipan el espanto.

No bien miramos el horror del día cuando al punto aparecen otras tomas que lo velan: los cuerpos de los estudiantes asesinados en Ciudad Juárez desaparecen inmediatamente bajo un río de noticias, de anuncios y de programas insulsos. Aún no hemos acabado de digerir esas tragedias cuando otros horrores, con sus dosis de comerciales y programas insustanciales, sustituyen a los anteriores. A los estudiantes de Ciudad Juárez suceden los del Tec de Monterrey; a los descuartizados de tal estado, el asalto a la guarida de Beltrán Leyva; a éste, la bala en el cráneo de Cabañas; a ésta, el reality show de la familia Gebara Farah, y a ésta los colgados y baleados de Morelos… “Servidas en rachas desvinculadas entre sí –explica Bruckner–, crueldades y futilezas se suceden formando una guirnalda barroca que las nivela y las anula”. Frente a la vejez y el olvido del episodio de ayer, la novedad horrible y sin esfuerzo del de hoy.

La consecuencia es la banalización del espanto. Si hace años bastaba un spot televisivo para sensibilizar nuestra conciencia y movilizarnos, hoy la saturación del horror y del divertimiento la estancan. De ese modo saturados, los seres humanos nos volvemos voyeuristas, espectadores de pornografía con derecho a mirar todo y a regodearnos –como en el caso de la niña Paulette– en la indiscreción del objetivo. Multiplicadas hasta lo insoportable, tomas, fotografías y reportajes de asesinatos, torturas, muertes y catástrofes, acompañadas de publicidad, shows y comedias, generan un saldo que, al final de la jornada, es la apatía, la monótona inalterabilidad del infierno.

La exhibición del horror, junto a la exhibición de la diversión, lejos de conmocionar, favorecen la parálisis. No la del miedo, sino la del aplastamiento. ¿Cómo asumir todas esas tragedias y responder a ellas en medio de una orgía de esparcimiento y consumo? Todas esas víctimas de una época enferma que, al parejo del jolgorio mediático, irrumpen en nuestras vidas, “nos sobrepasan –vuelvo a Bruckner– con su profusión y su diversidad (y nos gritan en la) lengua (…) de la conciencia un ultimátum terrible: ‘ocúpense de nosotros’”. Su efecto, sin embargo, frente a la desproporción de la tarea, es, como digo, el aplastamiento. Más allá de la vergüenza, de los restos de indignación que nos quedan –y que surgen intermitentes entre la escena horrible y el anuncio del coche, de la tarjeta de crédito, de la crema antiarrugas–, no sabemos qué hacer frente a esos dramas cuya desproporción supera nuestra capacidad de respuesta.

Pareciera que los medios de comunicación, por una paradoja perversa de la libertad, lejos de denunciar lo terrible de un gobierno que no sabe poner orden en su casa y pretende controlarnos con el miedo y el estado de excepción, se sumaran a él en su sobreexposición del mal y de la diversión. La presencia inmediata de cada individuo en las desgracias de nuestro entorno y en las festividades del mercado conduce directamente a la inercia y a la aceptación bovina de la policía y del Ejército en las calles. Lejos de movilizarnos, los medios logran lo que el gobierno y el crimen desean: abatirnos en un estado de catástrofe permanente y en la aceptación de que el mal sólo se combate con otro mal: el incremento de los cuerpos de seguridad.

¿Tendrían que callarse? Más bien tendrían el deber de canalizar la indignación, de abrir la puerta angosta de la resistencia. El derecho a la información tiene que ir acompañado del deber de rechazar el terror, la guerra y el miedo como métodos de gobierno y de vida civil. Pero habría que preguntarse: ¿Hay todavía en el grueso de los medios de comunicación una ambición civilizadora, o lo único que les interesa es preservarse, como nuestros gobiernos, mediante la sobreexplotación del horror y de la diversión?

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.

Telcel y Movistar se alían vs "robados", inician en noviembre

Esta cancelación se realizará sólo a aquellos celulares que hayan sido reportados a los números de atención al cliente

Las compañías de telefonía móvil Telcel y Movistar iniciarán a partir del mes de noviembre la desactivación de todos los teléfonos celulares que les hayan reportado como robados, de esta forma no podrán volver a ser utilizados con ninguna línea o tarjeta SIM.

Esta medida consiste en deshabilitar desde sus sistemas (de las compañías) las claves IMEI (Internacional Mobil Equipment Identity) con las que cada teléfono celular cuenta y es única; de inmediato, el aparato queda inservible al no poder ser reactivado con ningún otro chip o línea.

Esta cancelación se realizará sólo a aquellos celulares que hayan sido reportados como robados o extraviados por los clientes de las compañías a los números de atención al cliente.

Esta iniciativa fue promovida pro el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal, Telcel y Movistar la llevarán a cabo tras firmar el "Acuerdo de Intercambio de Información para evitar el Reuso de Teléfonos Celulares Robados".

Luis Wertman Zaslav, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, dijo que este acontecimiento es de gran relevancia para el país, pues representa una decisión conjunta de la ciudadanía y la iniciativa privada.

De esta forma, comparó al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) con esta nueva medida y aseguró que la cancelación de claves IMEI si es una acción concreta contra la delincuencia.

Con estas medidas se busca que disminuya los robos y se espera que se de un golpe significativo en el mercado negro de venta de teléfonos celulares.

El 40% de los robos a transeúntes es cometido con el propósito de apoderarse de un teléfono móvil para después ser revendidos.

A partir del mes de mayo, la gente podrá reportar a la línea 55-33-55-33 del Consejo Ciudadano, el robo de sus celulares, de esta forma, se apoyará en el inicio de averiguaciones respecto al robo y se le comunicará a la empresa que corresponda el hecho para que inhabilite el aparato. (El Semanario Agencia, ESA)

Las ausencias de Salud y Hacienda

Miguel Ángel Granados Chapa

Varias veces se ha reunido el “gabinete de seguridad” con diputados y senadores. El propósito es que los legisladores conozcan, de voz de sus directos responsables, la política gubernamental en esa materia. Asisten los dos secretarios militares: el general Guillermo Galván, de la Defensa, y de Marina, almirante Francisco Saynes; el del ramo, Genaro García Luna, y el de Gobernación, Fernando Gómez Mont; así como el procurador general de la República. Desde diciembre de 2000, el ministerio de Bucareli carece de competencia en la materia, pues entonces se creó precisamente la Secretaría de Seguridad Pública. Pero el presidente Calderón ha confiado en Gómez Mont el papel de su vocero en asuntos de ese género, y eso, más que ninguna responsabilidad específica, explica su presencia en esas reuniones.

En cambio, no es explicable (o sí, por lo que diremos a continuación) la ausencia de los secretarios de Salud y de Hacienda, porque sus oficinas tienen asignadas tareas que corresponden a eslabones indispensables de la política contra el narcotráfico, el ámbito más dilatado de la delincuencia organizada. La ausencia de esos funcionarios deja vastas lagunas en la información que deben recibir senadores y diputados, aunque seguramente no pierden mucho, pues esa misma ausencia revela faltantes en la integración de las estrategias contra el crimen organizado. A Salud (si bien debe participar también el DIF) corresponde aplicar la política, si la hay, si la hubiera, contra las adicciones. A Hacienda, combatir por medios financieros el lavado de dinero. Por eso sus titulares no participan en el gabinete de seguridad: porque sus acciones, no obstante su vínculo con el narcotráfico y la delincuencia organizada, no se conciben como parte de una lucha que implica la persecución a balazos y, en un afortunado extremo, la aprehensión y procesamiento de los delincuentes.

México era hasta hace muy poco tiempo un corredor de paso desde los centros de producción y distribución, situados sobre todo en Sudamérica (Colombia, Perú, Bolivia), hasta el mayor mercado de drogas del mundo, Estados Unidos. México era también exportador, de mariguana sobre todo, y de amapola o su primer producto, la heroína.

Poco a poco, sin embargo, fue creándose un mercado de estupefacientes en México. O se amplió, mejor dicho, porque lo había, pero de reducidas dimensiones. Se consumía sobre todo mariguana. Antaño, la yerba estaba reservada para los cuarteles. La fumaban soldados, cabos y sargentos, sobre todo. Había una notoria permisividad de los mandos hacia esa práctica. Cuando se intensificó la participación militar en la destrucción de plantíos y quema de cosechas, una pequeña porción de la mariguana decomisada quedaba a salvo del exterminio, oculta por allí. Con ella se comerciaba en los pequeños núcleos de estudiantes, artistas e intelectuales que por espíritu libertario y afanes creadores chupaban carrujos para provocarse ensueños. En otros niveles de la sociedad la cocaína era el producto preferido, no en demasía, pues era muy caro.

Pero la avaricia de los mercaderes, que de ese modo pagaban los gastos de traslado, hizo que aumentara el consumo de esos enervantes. La insistencia mercadotécnica no halló valladares que la frenaran. En los años setenta Gobernación abrió unos cuantos centros contra las adicciones, pero eran dispensarios de atención directa, no focos de irradiación de una política contra las crecientes ofertas del mercado. Y así seguimos hoy, cuando el consumo local es tan cuantioso como las exportaciones. De allí que la contienda de las bandas por controlar las rutas de entrada y salida se haya acrecentado y adquirido rasgos de violencia cada vez mayor. Sin nadie que frene las adicciones (o lo haga en la medida necesaria, capaz de generar efectos), el mercado crece.

Falta asimismo atender el extremo final de la cadena. Toda la organización logística, la violencia que viene adosada al comercio mismo, tienen sólo un sentido, el de todo negocio: hacer dinero. Por tratarse de un mercado clandestino, las transacciones se consuman en efectivo. Algunos de sus montos son útiles, así, para la vida diaria, para cubrir el ostentoso tren de vida de los jefes de bandas y sus colaboradores. Pero el elevado volumen de ganancias no puede ser almacenado en un colchón. Sólo excepcionalmente, por circunstancias que no han quedado claras todavía, el empresario Zhenli Ye Gon guardó más de 200 millones de dólares en su casa de las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México. Es presumible que estuvieran allí sólo de paso, en espera de un pronto y mejor destino, cuando su propietario fue sorprendido. Pero, en general, se busca hacer entrar cuanto antes el efectivo en el circuito legal del dinero, donde se manejan cuentas de inversión y de depósito, desde donde se operan negocios inmobiliarios y otros que generen ganancias o parezca que las producen.

Allí las autoridades financieras deberían actuar. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es el órgano regulador de la intermediación financiera, donde se expiden autorizaciones para la apertura y funcionamiento de casas de cambio, instituciones bancarias y bursátiles, así como se expiden reglas para las operaciones de esos centros de negocios. Desde allí debería practicar una vigilancia puntual. Por su parte, la Secretaría de Hacienda cuenta con una unidad de monitoreo, que debiera estar al tanto de transacciones y depósitos extraordinarios, ya sea por su monto u otras características, ya sea por su origen y su destino. Allí debería ser posible poner límite al lavado de dinero, a su conversión de dinero sucio en dinero limpio.

Y sin embargo no se hace, o no se hace en la medida suficiente. Las sumas millonarias que produce el tráfico de drogas son tan notorias que deberían ser sencillamente detectables, a fin de obrar sobre ellas. Pero no es posible debido no sólo a la deficiencia gubernamental, sino a lo que no puede ser sino deliberada falta de comprensión del dato elemental de que allí debe ponerse la atención en la lucha contra la delincuencia organizada, no en las balaceras en calles y caminos…

Antiabortistas y pederastas, las dos caras de la moneda

Álvaro Cepeda Neri

Ya de por sí de muy mala calidad la cantidad de monedas que circulan, entre ellas hay algunas falsas acuñadas por el conservadurismo religioso del panismo. Una de ellas tiene dos caras: la de los antiabortistas y la de los pederastas. Las dos representan la derechización puesta de moda a raíz de que Fox y Calderón (uno en apretada elección y el otro en cuestionado triunfo), con su grupo afín lograron conducir la Presidencia del órgano federal llamado Poder Ejecutivo, en la estructura de pesos y contrapesos (afortunadamente las fuerzas de oposición del Senado son contrapeso) de la división de poderes. El conservadurismo, como el salitre, ha penetrado los cimientos laicos del Estado.

Y ese conservadurismo-derechista y religioso ha mermado las conquistas de las mujeres que buscan tener derecho al aborto cuando lo decidan conforme a sus intereses muy personales. Lo grave del asunto es que hasta la fracción priísta que dirige la señora Beatriz Paredes, en arreglos con los desgobernadores de ese partido, ha llegado a complicidades con los desgobernadores del PAN, con lo cual en 26 entidades (de las 32 que son), se echó abajo la reforma jurídica con fines abortistas. Es una nueva manera de mantener supeditada a la mujer al machismo religioso, para que no pueda decidir sobre sus embarazos de manera legal y la obligan a hacerlo clandestinamente, como desde hace siglos.

Los pederastas con uniforme de sacerdotes de la iglesia católica, son la otra cara de esa falsa moneda que circula al amparo de la religiosidad. Como para todo sea trae a Dios a cuento o, mejor dicho: a los dioses; en su nombre es que esos señores dizque practican el celibato. Pero lo cierto es que hasta ahora son tres mil los denunciados, que han violado y abusado de niños y seminaristas, en la última década. El fundador y financiero de los Legionarios de Cristo (les dejó miles de millones de dólares, hasta apodarles los Legionarios del Dinero): Marcial Maciel, michoacano, conectado con las familias panistas y derechistas, fue uno de esos abusadores.

Los antiabortistas quieren seguir con su antifeminismo aplastando a las mujeres; y los pederastas, abusando de la niñez que ponen en manos de una iglesia machista que nunca creyó ser expuesta a través de los individuos que la manejan. A tal grado es el escándalo que las denuncias penales prosperan y el papado no sabe qué hacer sitiado por esas acciones, ante lo que bien puede ser una bola de nieve que puede seguir aumentando de volumen y arrasarla o al menos someterla a una crisis endemoniada. Las mujeres son discriminadas por esa institución religiosa que les impide, religiosamente, abortar, en nombre de que deben “tener los hijos que Dios les mande” (cuando los embarazos son obra sexual humana). Y como no permiten abiertamente la relación hombre-mujer de lo sacerdotes, entonces éstos son los violadores de niños y adolescentes, consentidos por una iglesia que está perdiendo creyentes ante esos hechos de irracionalidad y antilaicos.

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