Jesusa Cervantes
Hace 18 años, la inexistencia de un estado de derecho y el abandono de las autoridades para con su gente recrudeció los homicidios, violaciones y secuestros en la región de La Montaña de Guerrero. El olvido de sus autoridades los obligó a protegerse a sí mismos, a organizarse, armarse y detener la ola de violencia que vivían.
“Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, se advierte en el artículo 17 de la Carta Magna.
Sin embargo, cuando el Estado es incapaz de cumplir con su obligación de proporcionar seguridad a la vida y propiedades de los ciudadanos, ¿qué se puede hacer”, ¿es válido y legítimo organizarse en brigadas de autodefensa?