sábado, abril 04, 2009

Yo acuso

Teodoro Rentería Arróyave

Es de común resaltar las desaciertos porque representa las extravagancias de los contrasentidos, sin embargo tenemos que referirnos por la gravedad, exactamente a lo contrario, cuando se juntan las malas, las pésimas noticias como son la emisión del Informe Actualizado sobre la Situación del Periodismo en México que da cuenta del aumento a 89 informadores asesinados y 9 aún desaparecidos y la absurda decisión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de aprobar una amorfa reforma que pretende federalizar los delitos contra los informadores y medios de comunicación.

El pasado miércoles, en sesión de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la mencionada Cámara, en el primer punto del orden del día dimos a conocer el Informe mencionado, que con especial precisión documenta y emite la Vicepresidencia de la Federación Latinoamericana de Periodistas FELAP-México, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX y el Club Primera Plana, y acto seguido como paralelas que se juntan en el destino ominoso, se nos informa que la Comisión de Justicia dictaminó la reforma de referencia, totalmente ajena en su sustancia a la iniciativa trabajada, analizada y consensuada entre legisladores, periodistas e integrantes de organizaciones no gubernamentales, ONGs.

Yo acuso, asumo el compromiso en vista de que hubo voces en contrario, al presidente de esa comisión, el priísta Cesar Octavio Camacho Quiroz de obstruir desde un principio la iniciativa que muy bien la definió el presidente de la Comisión de Seguimiento, el panista Gerardo Priego Tapia, como la única verdaderamente ciudadanizada, puesto que surgió de la colegiación de los mismos legisladores y de las diferentes representaciones que integren el Consejo Consultivo.

Para no entrar en el lenguaje incomprensible de los jurisperitos, la multicitada iniciativa, aterrizada por el respetado abogado general de la Universidad Autónoma de México, UNAM, licenciado Raúl González Pérez, federalizaba los delitos contra la libertad de expresión y por ende contra la libertad de prensa, en esa forma quedaban protegidos todos los trabajadores que intervienen en el proceso del periodismo escrito, radiofónico, televisivo y cibernético, sin importar categorías. Esta iniciativa marginaba la bizantina discusión por definir o singularizar al periodista. En pocas palabras, favorecía el objetivo: la libertad de expresión y no se ataba al sujeto: el periodista. Más que el sujeto, el objetivo.

Pues es el caso, que todo esto se suprimió del dictamen de la Comisión de Justicia, que se envía al pleno. Se insiste en definir al periodista, según su criterio, y las cosas quedan como estaban, en lugar de que sea una obligación la federalización de estos delitos, se introduce la trampa, con el término “PUEDAN ser atraídos esos delitos por la federación”.

En concreto, regresamos al principio de todo. Actualmente la Procuraduría General de la República tiene esa facultad discrecional de atraer ciertos delitos y cuestiones de prensa simplemente no actúa.

Total, más de cerca de cuatro años de trabajo tirados al cesto de la basura, desde que se creo el primer Grupo de Trabajo que presidió la perredista, Beatriz Mójica Morga, luego la Comisión Especial que se fundara a instancia del diputado de Convergencia, Humberto López Lena y que preside el mencionado panista, Gerardo Priego Tapia, y la labor de convencimiento a todos los líderes parlamentarios, entre ellos los priístas, Cesar Duarte, presidente de la Junta Directiva de la Cámara y Emilio Gamboa Patrón así como autoridades federales, sólo por el capricho de un solo individuo, o serán los intereses de grupo o partidistas los que propiciaron esta aberración legislativa.

Efectivamente, como se dijo, existen leyes que han tardado hasta veinte años para que fueran aprobadas, pero este es un asunto de vida y muerte. Los puntos fundamentales del Informe lo comprueban: son 89 los informadores asesinados, 9 permanecen desaparecidos. 85 periodistas y 4 trabajadores de la prensa asesinados en los últimos 25 años. 55 asesinatos y 11 desapariciones forzadas de periodistas y trabajadores de prensa ocurridas durante el sexenio de Vicente Fox Quesada y en lo que va del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. En el 2009, 3 periodistas asesinados en un mes (febrero). Prácticamente un asesinato por mes desde que inició la actual administración federal. Suman 25 y todos en la más absoluta impunidad.

Por todo ello, en materia de derechos humanos en México, el gremio periodístico al igual que otros grupos violentados nada tiene que encomiar. El yo acuso, desde luego que no demerita continuar en nuestra lucha por asegurar las libertades de expresión y de prensa así como la defensa de la integridad y salvaguarda de los periodistas y de todos los trabajadores de prensa.

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Violó la Constitución el gobierno espurio de Calderón al contratar deuda externa sin autorización del Congreso: AMLO

* Exhorta a diputados y senadores del FAP para que pidan cuentas a Calderón
* Dice que dará seguimiento al uso y destino de la línea crediticia por 77 mmdd
* Llama a no permitir que la derecha gobierne el DF, porque implicaría un retroceso


Por tratarse de un asunto que viola flagrantemente el texto de la Constitución, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los legisladores del PRD, PT y Convergencia para que actúen y pidan cuentas al gobierno espurio sobre los términos y condiciones en que solicitó una línea crediticia por 77 mil millones de dólares y en qué áreas se van a utilizar los recursos, porque significa “un problema económico grave”.

Dejó en claro que el Congreso de la Unión es la única instancia que autoriza si las autoridades pueden contratar endeudamiento externo, de acuerdo a la letra de la Carta Magna.

Con el antecedente que representa el Fobaproa, que implicó un quebranto a la Nación por 100 mil millones de dólares, dio a conocer que el Banco de México, de manera descarada, informó este día que dicho empréstito se usará para rescatar a los grandes empresarios y banqueros, que precisamente apoyaron al presidente pelele, Felipe Calderón, en el fraude electoral.

“No queremos que las deudas privadas de unos cuantos se conviertan en deuda pública”, como ocurrió en 1995 con el rescate bancario, del cual se pagan anualmente alrededor de 3 mil millones de dólares tan sólo por concepto de intereses, enfatizó al aclarar que dará seguimiento al uso y destino de los 77 mil millones de dólares.

En la asamblea informativa con los habitantes de las delegaciones Miguel Hidalgo y Coyoacán, el presidente legítimo de México acusó al gobierno usurpador de Calderón de proteger en el actual periodo de crisis a quienes lo impusieron en el cargo.

En ambas demarcaciones señaló que la deuda externa mexicana ascendía a 86 mil millones de dólares, pero ahora de “un plumazo” se contratará un nuevo crédito que duplicará de un día a otro el monto total del endeudamiento, para ubicarse en 163 mil millones de dólares y “lo peor de todo es que el dinero no se va a utilizar para apoyar las actividades productivas ni para frenar el desempleo, tampoco para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y comercios”.

Fue entonces cuando convocó a los diputados y senadores del PRD, PT y Convergencia, que forman el Frente Amplio Progresista, a actuar en consecuencia y exigir que el presidente pelele explique los motivos que lo llevaron a pedir un préstamo a la banca internacional.

Acompañado por miembros del movimiento en defensa de la economía y dirigentes del PRD y Convergencia en el Distrito Federal, consideró patético que la mayoría de los medios de comunicación hayan aplaudido la decisión de contratar nueva deuda, pero lo peor fue que tanto diputados como senadores calificaron de buena la medida.

“Estoy seguro que no sabían ellos que, de acuerdo a la Constitución, es el Congreso el único órgano facultado para autorizar la contratación de créditos”, añadió.

Ante miles de vecinos de la delegación Coyoacán, López Obrador celebró que en la capital de la República Mexicana se apliquen un conjunto de programas sociales dirigidos a la población de menores recursos económicos, como los de apoyo a los adultos mayores, a las madres solteras, a las personas con discapacidad y a los jóvenes que cursos estudios de preparatoria.

Y llamó a los habitantes de dicha demarcación a no permitir que la derecha llegue a gobernar la Ciudad de México, sería implicaría un retroceso.

La derecha –explicó— tiene una mentalidad retrógrada, de hacendados, son los herederos del pensamiento del Porfiriato y, aunque no lo manifieste públicamente, desprecia al pueblo.

También habló sobre la aprobación de la Ley de Salarios Máximos para todos los integrantes de los poderes Ejecutivo Legislativo y Judicial y que fue fruto de la presión que ejerció el movimiento en defensa de la economía popular.

Para la mayoría del pueblo de México representa un insulto que los servidores públicos, como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengan un sueldo de 600 mil pesos mensuales y que tengan como beneficios adicionales una partida presupuestal, por cinco mil millones de pesos anuales, para atención médica privada, subrayó.

El presidente legítimo de los mexicanos mañana sostendrá reuniones con los vecinos de las delegaciones Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

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Aliados ¿para qué?

OLGA PELLICER

El cambio en la política del gobierno de Barack Obama hacia México ha sido tan rápido que ha producido desconcierto y puesto en jaque la capacidad para evaluar sus costos y beneficios. Hace pocas semanas reinaba el escepticismo ante el futuro de la relación bilateral. La impresión dominante era que México ocupaba un lugar secundario en los intereses de Estados Unidos.

Hoy, todo es distinto. La visita de Hillary Clinton en días pasados, a la que seguirá la de la secretaria de Seguridad Interna, la del procurador y la del mismísimo presidente Obama, nos habla de una nueva realidad. México ha pasado a ocupar un lugar de prioridad en las preocupaciones de la administración del vecino país.

El motivo del cambio no es trivial. Se trata de la seguridad interna de Estados Unidos que comienza a verse amenazada, en el corazón mismo de sus ciudades, por las actividades violentas encabezadas por los cárteles mexicanos de la droga. Según declaraciones del subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Thomas A. Shannon, se han resentido sus actividades en al menos 230 ciudades de aquel país.
Desde hace tiempo, los medios de comunicación de Estados Unidos vienen trasmitiendo los horrores de la violencia en México. Son numerosas las publicaciones que han ilustrado sus páginas con decapitados, mujeres violadas, grupos ejecutados, armas decomisadas y fuerzas del orden que no pueden controlarlo. El tema subió de tono hasta llegar a elucubraciones, a todas luces descabelladas, sobre la posibilidad de un Estado fallido en la frontera misma de Estados Unidos. La preocupación llegó hasta la Casa Blanca y a las audiencias de diversos comités del Congreso estadunidense donde representantes de agencias militares y de seguridad expresaron su opinión sobre la situación en México y sus implicaciones más allá de la frontera norte.
Esa situación hizo que el presidente Felipe Calderón reaccionara con irritación y, sin mayor evidencia, hablara de campañas orquestadas contra México y de corrupción en la administración pública de Estados Unidos. El gobierno de Obama elaboró rápidamente una respuesta. El martes 24, un día antes de la venida a México de la secretaria de Estado Hillary Clinton, habló ante las cámaras de televisión para anunciar la puesta en marcha de un programa de inteligencia, monitoreo, envío de equipos a la frontera y cooperación con México. Su propósito, dijo, es “proteger a las comunidades fronterizas en Estados Unidos, evitar la expansión de la violencia y ayudar al gobierno mexicano a enfrentar una situación que representa un gran reto”.
Partiendo de tales antecedentes, la visita de la secretaria Clinton a México fue un éxito diplomático. Ella hizo suyas las demandas centrales provenientes de Los Pinos y la cancillería mexicana al reconocer la corresponsabilidad de Estados Unidos en el problema del narcotráfico, tanto por su incapacidad para combatir la demanda como por la poca atención prestada al problema que genera el contrabando de armas hacia México.
Clinton prometió que se llevarán a cabo acciones para combatir esos males y brindó todo el apoyo a la “valiente” lucha contra los cárteles que encabeza el presidente Calderón. Tranquilizó así el ambiente de reclamos y temores sustituyéndolo por uno de cooperación, una de cuyas manifestaciones será la instalación de una oficina binacional (se desconoce aún dónde se instalará y cuál será su mandato) para el combate al crimen organizado.
Se inició así, al menos en el discurso, una etapa nueva en la acción conjunta México-Estados Unidos, muy deseable en la medida que contribuya a poner un alto a la violencia del crimen organizado, pero llena de interrogantes sobre posibilidades y limitaciones que presenta. ¿Se podrá ganar ahora la guerra contra el narco? ¿Define esta cooperación las líneas centrales de la relación entre los dos países?
Librar una guerra conjunta no quiere decir ganarla. Analistas y políticos de renombre vienen reclamando una revisión a fondo de las estrategias de lucha contra el narco que, hasta ahora, no ha tenido éxito. Se trata de incorporar, entre otros temas, el de la legalización de algunas drogas, el menor énfasis en la represión y mayor acento en la educación y la salud. ¿Veremos esa revisión de estrategias?
El segundo problema es que, al menos hasta ahora, la cooperación se ha centrado en el eje de la seguridad. Sin embargo, la relación México-Estados Unidos va mucho más allá de las luchas contra el narcotráfico. Como se ha repetido hasta la saciedad, pocos países tienen el futuro de su economía tan vinculado a Estados Unidos como México. Por ello, cabe la reflexión de que es difícil ganar la batalla al crimen organizado mientras no mejoren las condiciones económicas y sociales que son su caldo de cultivo. Se puede detener a los líderes, pero no se puede detener la complicidad que tienen en sectores sociales que, en ocasiones, encuentran en actividades ilícitas la única posibilidad de sobrevivencia.
Visto así, el tema central de las relaciones bilaterales es saber cómo se inserta aquél en el gran proyecto de recuperación y transformación económica que encabeza Obama. La pregunta es qué papel puede desempeñar México en el esfuerzo por recuperar el crecimiento y hacer más igualitaria la distribución de sus beneficios, no sólo al interior de Estados Unidos, sino en toda la región de América del Norte.
Cuando México y Estados Unidos trabajen sobre un programa de cooperación para que ambos sean más competitivos, crezcan y proporcionen empleo, se estarán construyendo las bases de una seguridad de largo plazo. De otra manera, la nueva alianza será, en realidad, la manera de detener la violencia mexicana al interior de nuestras propias fronteras.

El impacto global de la Guerra contra el Terror: de Egipto a Jordania

Joanne Mariner / CounterPunch

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens


Mi último artículo comenzó a esbozar el impacto global sobre los derechos humanos de la “guerra contra el terror” de EE.UU. Describí cómo abusos de EE.UU. como la tortura, los desaparecimientos forzados, y la detención arbitraria, fueron, en muchos casos, realizados en colaboración con otros gobiernos.

Por cierto, las violaciones de los derechos humanos de los últimos ocho años no hubieran sido posibles sin apoyo y ayuda extranjeros.

Este artículo da algunos ejemplos de esa abusiva colaboración. Entre las docenas de países que han apoyado abusivos esfuerzos estadounidenses de contraterrorismo están Egipto, Etiopía, Gambia, Indonesia y Jordania.

Egipto

Las autoridades egipcias trabajaron en estrecha colaboración con la CIA en entregas extraordinarias, arrestando a sospechosos en Egipto y entregándolos a la CIA, y aceptando entregas de prisioneros para detenerlos e interrogarlos. Los prisioneros que fueron entregados a Egipto por la CIA después del 11-S incluyen a Abd al-Hamid al-Fakhiri (más conocido como Ibn al-Sheikh al-Libi), Ahmad Hussain Mustafa 'Agiza, Muhammad al-Zari, Hafez Qari Mohamed Saad Iqbal Madni, Osama Mustafa Hassan Nasr (alias Abu Omar), Mamdouh Habib, y Mohammed Omar Abdel-Rahman (alias Asadallah).

La mayoría de los sospechosos entregados a Egipto eran nacionales egipcios que permanecieron en ese país durante una detención prolongada. Sin embargo, otros prisioneros – tales como Ibn al-Sheikh al-Libi (libio), Mamdouh Habib (australiano), and Hafez Saad Iqbal Madni (paquistaní) – eran no egipcios que al parecer fueron enviados a Egipto para ser interrogados; después de algunas semanas o meses fueron devueltos a la custodia de EE.UU.

Uno de los primeros casos de entrega después del 11-S fueron los de Ahmad 'Agiza y Muhammad al-Zari, quienes fueron transferidos de Suecia a Egipto el 18 de diciembre de 2001. Los dos fueron mantenidos incomunicados durante cinco semanas antes de que se permitieran visitas de sus familias.

Existe considerable evidencia que muestra que agentes de seguridad egipcios torturaron a esos hombres durante ese período. Un memorando confidencial del gobierno sueco que detalla la primera visita a los hombres de funcionarios de la embajada incluye afirmaciones de los hombres de que fueron golpeados repetidamente por guardias de la prisión, que se les negaron medicamentos necesarios, que les vendaron los ojos durante los interrogatorios, y que fueron amenazados con represalias contra miembros de sus familias si no cooperaban en los interrogatorios.

Los hombres también hicieron serias afirmaciones sobre torturas ante miembros de sus familias y sus abogados egipcios y suecos. Según la madre de Agiza, éste le dijo que fue sometido a repetidas golpizas y choques eléctricos, después de lo cual le aplicaron una crema (para minimizar la evidencia de quemaduras), y que en una ocasión lo dejaron encadenado y con los ojos vendados durante 10 días, durante los cuales tuvo que orinar y defecar sobre sí mismo. También afirmó que lo obligaron a lamer sus alimentos del piso de la prisión.

Ibn al-Sheikh al-Libi fue entregado a Egipto por la CIA a comienzos de 2002. Bajo tortura, “admitió” que Sadam Husein había entrenado a al-Qaeda en armas químicas y biológicas, información que más adelante fue utilizada en el discurso del Secretario de Estado Colin Powell en Naciones Unidas para justificar la invasión de Iraq.

ABC News informó que obtuvo un cable de la CIA describiendo un interrogatorio de al-Libi por la CIA, en el cual al-Libi describió las circunstancias de su supuesta confesión. Al-Libi dijo a la CIA que los interrogadores egipcios le dijeron que querían información sobre las conexiones de al-Qaeda con Iraq, un tema “sobre el cual [al-Libi] dijo que no sabía nada y que incluso le costó inventar una historia.”

Al describir el tratamiento que condujo a las declaraciones de al-Libi sobre los vínculos iraquíes de al-Qaeda, el cable sigue diciendo:

Al Libi indicó que a sus interrogadores no les gustaron sus respuestas y que entonces “lo colocaron en una pequeña caja de aproximadamente 50 cm por 50 cm.” Afirmó que lo tuvieron en la caja durante aproximadamente 17 horas. Cuando lo dejaron salir de la caja, al Libi afirma que le dieron una última oportunidad de “decir la verdad.” Cuando al Libi no satisfizo al interrogador, al Libi afirmó que “lo derribaron con un golpe de brazo contra su pecho y que cayó de espaldas.” Al Libi dijo a los interrogadores de la CIA que entonces “lo golpearon durante 15 minutos.”

Los ex detenidos Hafez Qari Mohamed Saad Iqbal Madni, Osama Mustafa Hassan Nasr (alias Abu Omar), y Mamdouh Habib relataron semejantes historias detalladas de tortura y abuso.

Las autoridades egipcias también entregaron a la CIA a por lo menos un sospechoso arrestado en territorio egipcio: el yemenita Abdel Salem al-Hila, quien fue detenido en el Cairo en septiembre de 2002. Después de ser retenido por la CIA en prisiones secretas en Afganistán, lo colocaron bajo custodia militar, y luego, en septiembre de 2004, fue llevado a Guantánamo. Sigue detenido allí sin ser acusado.

Etiopía

A principios de 2007, después de la invasión etíope de Somalia, el gobierno etíope permitió que funcionarios de los servicios de inteligencia estadounidenses interrogaran a prisioneros en detención secreta en Addis Abeba. Los detenidos formaban parte de un gran grupo que anteriormente había sido entregado por Kenia a Somalia, y de allí a Etiopía. Incluía a gente de diversas nacionalidades, incluidos ciudadanos estadounidenses, británicos, canadienses, y suecos.

Otros sospechosos fueron arrestados por los militares etíopes en Somalia incluso antes de que lograran cruzar la frontera hacia Kenia. Un detenido describió cómo fue llevado a un puesto avanzado de EE.UU. cerca de la frontera de Kenia, pero dentro de Somalia, donde dos agentes de civil estadounidenses lo interrogaron durante varias horas antes de ser llevado en avión a Kismayo y Addis Abeba.

Antiguos detenidos entrevistados por Human Rights Watch dijeron que agentes de inteligencia de EE.UU. operaban desde una villa en las afueras de Addis Abeba durante este período. Cada mañana, guardias etíopes sacaban a un cierto número de detenidos de sus celdas, les vendaban los ojos, y los conducían a la villa para ser interrogados. Cada noche, los guardias devolvían los detenidos a varios sitios de detención en Addis Abeba, donde eran retenidos sin acceso a controles internacionales como ser el CICR, abogados o representantes consulares, y no se les permitía ponerse en contacto con miembros de sus familias para informarles sobre su paradero.

Los interrogatorios por agentes de EE.UU. continuaron hasta mayo de 2007.

Gambia

Las autoridades de Gambia entregaron a por lo menos dos prisioneros a la CIA. Jamal el-Banna, ciudadano jordano y residente en el Reino Unido, y Bisher al-Rawi, ciudadano iraquí y residente en el Reino Unido, fueron arrestados por agentes de inteligencia gambianos el 8 de noviembre. “A la mañana siguiente funcionarios de EE.UU. dirigían la operación, tomando fotos y haciendo preguntas,” dijo más tarde al-Eawi a The Independent.

Los dos hombres – junto con otros tres sospechosos – fueron supuestamente ocultos en refugios seguros e intensivamente interrogados durante muchos días, entre otros por un fornido estadounidense que utilizaba el alias Lee. Mientras los otros tres hombres fueron liberados al fin de ese período de interrogatorio al-Rawi y el-Banna fueron llevados en avión a la detención por la CIA en Afganistán. Luego fueron llevados a Guantánamo, donde pasaron varios años sin proceso antes de ser liberados en Gran Bretaña.

Indonesia

El gobierno indonesio entregó a por lo menos dos presuntos terroristas a la custodia de la CIA en 2002. Eran

Hafez Qari Mohamed Saad Iqbal Madni, paquistaní, quien fue arrestado en Yakarta, Indonesia, en enero de 2002 (después fue entregado por la CIA a Egipto y luego llevado a Guantánamo, donde fue retenido durante cinco años y medio sin ser acusado); y Mahmoud Ahmad Assegaf (alias Omar Faruq), iraquí, quien fue arrestado en Java Occidental en junio de 2002.

Además, Salah Salim Ali Qaru, yemenita, quien fue arrestado en Yakarta en agosto de 2003, fue despachado a Jordania, donde los jordanos lo entregaron a la CIA.

Jordania

Desde 2001 hasta por lo menos 2004, el Departamento General de Inteligencia (GID) de Jordania, sirvió de carcelero por encargo para la CIA, recluyendo a prisioneros a los que la CIA había detenido en países alrededor del mundo, y entregado posteriormente a algunos de vuelta a la CIA. Más que simplemente albergar a esos hombres, el GID los interrogó utilizando métodos aún más brutales que los de la CIA. Habitualmente los prisioneros eran mantenidos durante varios meses bajo custodia del GID – y en por lo menos un caso, durante casi dos años.

Por lo menos 14 prisioneros no jordanos fueron transferidos de EE.UU. a la custodia jordana durante ese período de tres años, tal vez más. Human Rights Watch tiene información verosímil que indica que los prisioneros incluían a por lo menos cinco yemenitas, tres argelinos, dos saudíes, un mauritano, un sirio, un tunecino, y uno o más chechenos. También pueden haber incluido a un libio, un kurdo iraquí, un kuwaití, uno o más egipcios, y un nativo de los Emiratos Árabes Unidos.

Mientras estaba detenido por el GID a fines de 2002, uno de esos detenidos, Ali al-Hajj al-Sharqawi, escribió una larga nota describiendo su horrorosa experiencia. La nota, que al-Sharqawi marcó con su dedo pulgar, fue sacada en secreto de la instalación en 2003. En ella, al-Sharqawi describe cómo fue retenido como prisionero secreto y ocultado en celdas secretas. Confirmando lo que al-Sharqawi dijo a otros dos prisioneros en el GID en esos días, la nota señala que los interrogadores del GID “me golpearon de una manera que no conoce límites.”

“Me amenazaron con electricidad,” sigue diciendo la nota, “con serpientes y perros… [Dijeron] te vamos a hacer ver la muerte… Amenazaron con violarme.”

Los jordanos también entregaron a otros sospechosos a la custodia de la CIA. El 9 de septiembre de 2003, arrestaron al yemenita Salah Nasir Salim 'Ali Qaru a su llegada a Amman, lo retuvieron durante diez días en la sede del GID, y luego lo entregaron a la CIA. El 19 de octubre de 2003, arrestaron a Muhammed Bashmillah en Amman, varios días después de su llegada a la ciudad, lo retuvieron varios días en la sede del GID, y luego lo entregaron a la CIA.

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Joanne Mariner es abogada de derechos humanos que vive en París

Fuerzas secretas de EE.UU. realizaron asesinatos selectivos en una docena de países

Amy Goodman

Democracy Now!/ICH

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

Transcripción parcial de Information Clearing House


El periodista de investigación ganador del Premio Pulitzer, Seymour Hersh, causó sensación a comienzos de mes cuando dijo que el gobierno de Bush dirigía un “centro ejecutivo de asesinato” que dependía directamente del vicepresidente Dick Cheney. “Por autoridad del presidente Bush, han estado yendo a países, sin hablar con el embajador o con el jefe de estación de la CIA, encontraban a personas en una lista, las ejecutaban y volvían a partir,” dijo Hersh.

AMY GOODMAN: El periodista investigativo ganador del Premio Pulitzer causó sensación el mes pasado cuando dijo que el gobierno de Bush dirigió un centro ejecutivo de asesinato que dependía directamente del vicepresidente Dick Cheney. Hersh hizo su comentario durante un discurso en la Universidad de Minnesota el 10 de marzo. Bienvenido a Democracy Now!, Sy Hersh. Fue un placer verlo anoche en Georgetown. Hable primero sobre esos comentarios que hizo en la Universidad de Minnesota.

SEYMOUR HERSH: El Congreso no tenía control del asunto. Se trata esencialmente de un ala ejecutiva de asesinato. Y ha sido algo continuo, que sigue y sigue. Y precisamente hoy hubo un artículo en el Times que dice que su jefe, un almirante de tres estrellas llamado McRaven, ordenó detener ciertas actividades porque hubo tantas muertes colaterales.

AMY GOODMAN: Ayer, CNN entrevistó al ex consejero nacional de seguridad de Dick Cheney, John Hannah. Wolf Blitzer preguntó a Hannah sobre la afirmación de Sy Hersh.

WOLF BLITZER: ¿Hay por ahí una lista de terroristas, presuntos terroristas, que pueden ser asesinados?

JOHN HANNAH: Evidentemente hay un grupo de personas que pasan por un proceso extremadamente bien examinado, un proceso entre agencias, como creo que explicó en su artículo, que han cometido actos de guerra contra EE.UU., que están en guerra contra EE.UU., o de las que se sospecha que planifican operaciones de guerra contra EE.UU., por lo que se da autoridad a los soldados en el terreno y en ciertos teatros de operaciones bélicas para que las capturen o maten. Ciertamente es así.

WOLF BLITZER: Y por lo tanto, desde su perspectiva – y usted trabajo durante muchos años en el gobierno de Bush – sería totalmente constitucional, totalmente legal, ir y encontrar a esos sujetos y liquidarlos.

JOHN HANNAH: No cabe duda de que en un teatro de operaciones bélicas, cuando estamos en guerra, y sabemos – no cabe duda, de que estamos todavía en guerra contra al-Qaeda en Iraq, al-Qaeda en Afganistán y en la frontera paquistaní, que nuestras tropas tienen la autoridad para perseguir, capturar y matar al enemigo, incluyendo a la dirigencia del enemigo.

AMY GOODMAN: Era John Hannah, ex consejero de seguridad nacional de Dick Cheney. Seymour Hersh habla ahora conmigo aquí en Washington, D.C. Escribe para la revista The New Yorker. Su último artículo aparece en la edición actual, llamado ““Syria Calling: The Obama Administration’s Chance to Engage in a Middle East Peace” [Siria llama: la oportunidad para el gobierno de Obama de involucrarse en una Paz en Oriente Próximo].

SEYMOUR HERSH: Bueno, en cierto modo fue estúpido que comenzara a hablar de cosas que no he escrito. Siempre me doy un puntapié cuando lo hago. Pero estaba con Walter Mondale, el ex vicepresidente, quien se mostró sorprendentemente abierto y como que, en su caso – había ido muy lejos – ya que lo conocí como senador renuente a oponerse a la Guerra de Vietnam. Y por lo tanto, me preguntaron sobre cosas futuras, y yo sólo – estoy estudiando cosas. He hecho – no hay realmente nada que haya dicho en Minnesota que no haya escrito en el New York Times. El verano pasado, escribí un largo artículo sobre el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas.

Y sólo para volver a lo que es – fue – John Hannah, creo que terminó por ser el máximo consejero nacional de seguridad, casi – si no jefe de gabinete, jefe de gabinete adjunto de Dick Cheney en los últimos tres o cuatro años, lo que dijo es simplemente que, sí, perseguimos a gente sospechosa – fue la palabra que utilizó – de crímenes contra EE.UU. Y tengo que decirle que hay una orden ejecutiva, firmada por Jerry Ford, el presidente Ford, en los años setenta, prohibiendo acciones semejantes. No es sólo contrario, - es ilegal, es inmoral, es contraproducente.

La evidencia – el problema de que se haga que militares vayan a matar a gentes cuanto no están directamente en combate, eso de pedir a soldados estadounidenses que vayan y busquen gente y, como usted dijo antes, en una de las declaraciones que hice, que usted reprodujo, van a países sin informar a ninguna de las autoridades, al embajador estadounidense, al jefe de la CIA, ciertamente a nadie en el gobierno donde vamos, y es mucho más que sólo en áreas de combate. Hay más – por lo menos una docena de países y tal vez más. El presidente ha autorizado ese tipo de acciones en Oriente Próximo y también en Latinoamérica; se lo diré, Centroamérica, algunos países. Han estado – a nuestros muchachos les han dicho que pueden ir y emprender el tipo de acción ejecutiva que necesiten, y eso es simplemente – no existe una base legal para hacerlo.

Y no sólo eso, si usted considera Guantánamo, el gobierno estadounidense sabía cuando – bueno, veamos, Guantánamo abrió a comienzos de 2002. “Gitmo” lo llaman, la base en Cuba para supuestos terroristas de al-Qaeda. Un informe interno sobre el que escribí en un libro que hice hace años, un informe interno hecho en el verano de 2002, estimó que por lo menos la mitad y posiblemente más, no tenían nada que ver con acciones contra EE.UU. La información de inteligencia que tenemos es a menudo muy fragmentaria, no muy buena. Y la idea de que el presidente de EE.UU. vaya a pensar que tiene el poder constitucional o el derecho legal de decir a soldados que no participan en combate inmediato que busquen a personas sobre la base de listas y las ejecuten es simplemente algo sorprendente para mí. Es sorprendente para mí.

Y no sólo eso, Amy, el tema respecto a George Bush es, todo es hecho en cierto modo a plena vista. En su discurso del Estado de la Unión, creo que fue el 28 de enero de 2003, cerca de un mes y medio antes de que fuéramos a Iraq, Bush describió el progreso en la guerra, y dijo – estoy parafraseando, pero es bastante cercano – dijo que habíamos capturado a más de 3.000 miembros de al-Qaeda y a presuntos miembros, gente sospechada de operaciones en contra nuestra. Y luego agregó con esa sonrisita que tiene: “Y quisiera decirle, algunos de esos sujetos no podrán volver a operar de nuevo. Eso se lo puedo asegurar. No estarán en condiciones de hacerlo.” Obviamente habla de matar a gente, y lo aplaude.

De modo que aquí estamos. No retiro lo que dije. Quisiera no haberlo dicho ad hoc, porque, como espero que hablemos en un minuto, paso mucho tiempo escribiendo artículos para The New Yorker, y son muy cuidadosamente investigados, y a veces cuando uno habla improvisadamente, no se es tan preciso.

AMY GOODMAN: Explique lo que es el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas, y qué tipo de supervisión tiene el Congreso de esas actividades.

SEYMOUR HERSH: Bueno, es una unidad especial. Tenemos algo llamado el Comando de Operaciones Especiales que opera desde Florida, e involucra numerosas ramas. Y una de las unidades que trabaja bajo el manto del Comando de Operaciones Especiales es conocida como Operaciones Especiales Conjuntas – JSOC. Es una unidad especial. Lo que la hace tan especial, es que es un grupo de gente elite que incluye a Seals de la Armada, algunos Seals de la Armada, de la Fuerza Delta, nuestras – lo que llamamos nuestras unidades ocultas, las unidades de comando. “Comando” es una palabra que no les gusta, pero así los llamamos nosotros, la mayoría entre nosotros. Y promueven desde el interior. Es una unidad que tiene su propia estructura de promoción. Y uno de los elementos, debo decirle, para avanzar en la promoción es la cantidad de muertes que cada cual realiza. Evidentemente. Porque ha sido básicamente ideado – ha sido transformado, si se quiere, en esta unidad que va en busca de objetivos de alto valor.

Y aquí entra en escena Cheney y la idea de un círculo de asesinato – en realidad dije “rama,” pero de una rama de asesinato – que depende de Cheney se refería simplemente a que hacen aprobar las listas a través de la oficina del vicepresidente. No está ahí sentado buscando objetivos. Hacen aprobar las listas. Y ciertamente está muy involucrado, menos y menos con el pasar del tiempo, claro está, pero al principio muy involucrado. Y es la unidad de elite. Pienso que hacen tours de tres meses. Y el verano pasado, escribí un largo artículo para The New Yorker, en julio pasado, sobre cómo el funcionamiento de la operación de las JSOC simplemente no está disponible, y que no hay ninguna información suministrada por el ejecutivo al Congreso.

AMY GOODMAN: ¿Qué países, Sy Hersh – en qué países operan?

SEYMOUR HERSH: Muchos países.

AMY GOODMAN: Nombre algunos.

SEYMOUR HERSH: No, porque no he escrito al respecto, Amy. Y le diré, como digo, en Centroamérica, es más que sólo las áreas de las que ha hablado el señor Hannah – Afganistán, Iraq. Se puede entender una operación como ésta en el calor de la batalla en Iraq – asesinar – quiero decir, eliminar al enemigo. Eso es guerra. Pero cuando se va a otros países – digamos Yemen, digamos Perú, digamos Colombia, digamos Eritrea, digamos Madagascar, digamos Kenia, países como esos – y se mata a gente de la que se cree que está en una lista como al-Qaeda o vinculados a al-Qaeda o anti-estadounidenses, se viola la mayoría de los preceptos.

Somos un país que cree fuertemente en el debido proceso. De eso se trata. No damos al presidente de EE.UU. el derecho a decir a los militares, incluso en una guerra – y es una guerra contra una idea, una guerra contra el terrorismo. Y no es como si estuviésemos en guerra contra un enemigo uniformado comprometido. Estamos involucrados en una guerra muy complicada. Y con cada una de esas acciones, evidentemente, siempre hay muertes colaterales, y siempre hay más gente que se convierte en nuestros enemigos. Es la tragedia de Guantánamo. Para cuando la gente, haya estado con nosotros o contra nosotros cuando llegó allí, para cuando ha estado allí tres o cuatro meses, se ha hecho peligrosa para nosotros, por el modo cómo la hemos tratado. Pero me gustaría pasar a lo que escribí en The New Yorker.

AMY GOODMAN: Una pregunta: ¿sigue existiendo la rama de asesinato bajo el presidente Obama?

SEYMOUR HERSH: ¿Cómo lo voy a saber? Espero que no.

Narcos compran armas a tiendas y fabricantes de Texas y Arizona

Gustavo Castillo García / La Jornada

Autoridades de México y Estados Unidos negocian la puesta en marcha de un programa binacional de combate al tráfico de armas y lavado de dinero, donde ambos gobiernos investiguen las transferencias de recursos que los cárteles de la droga realizan a fabricantes y distribuidores de armamento en Texas y Arizona, pues se ha detectado que 95 por ciento de los pertrechos que utiliza el crimen organizado no es adquirido sólo en tiendas, sino en las compañías productoras que ahí se asientan, revelaron dos funcionarios mexicanos que participan en las mesas de negociación.

Los entrevistados dijeron que durante este miércoles representantes de los dos países expusieron la problemática en materia de tráfico de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, cárteles de la droga y tráfico de personas.

Desde antes del mediodía, los equipos de trabajo se reunieron para avanzar en el acuerdo binacional, en espera del arribo de la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano; el fiscal general, Eric Holder; los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, así como el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora.

Férreo dispositivo de seguridad

Mientras, autoridades locales y federales montaron un cerco de seguridad alrededor del hotel sede del encuentro, que incluyó un retén militar y patrullajes con motocicletas en la periferia.

En ese contexto, las negociaciones en materia de lavado de dinero se dieron en dos vertientes: el dinero que ingresa a Estados Unidos por la venta de armas y lo que obtienen los grupos criminales que operan en México por distribución de enervantes, extorsiones y tráfico de personas. Para ello, se propuso que ambos gobiernos investiguen lo que se denominó "cuentas foráneas" en ambos territorios, para establecer los flujos de dinero que se consolidan como depósitos en armerías y empresas fabricantes de arsenales.

El tema del tráfico de armas constituye uno de los puntos que los funcionarios estadunidenses y mexicanos buscan perfeccionar para alcanzar un acuerdo y sea uno de los rubros principales en la agenda del encuentro que sostendrán los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama, el próximo 16 de abril, en el que se tratarán los compromisos binacionales en materia de combate al crimen organizado.

El punto, indicaron los entrevistados, es que los gobiernos de México y Estados Unidos buscarán restar fuerza a los cárteles mexicanos, ya que los organismos de inteligencia de ambas naciones coincidieron este miércoles en que las operaciones de los capos de la droga se han extendido a Centroamérica, Sudamérica, Europa y el propio territorio estadunidense.

De acuerdo con la información obtenida, durante los encuentros de este miércoles se mencionó que Estados Unidos se ha convertido en el principal abastecedor de armas y cartuchos para los cárteles mexicanos, ya que se ha detectado que 90 por ciento de los pertrechos asegurados provienen de esa nación y otro cinco por ciento es de fabricación china. Así, los reportes de las instituciones mexicanas han estimado que diariamente ingresan al país unas 50 armas de todo tipo y calibre, y que las compañías y tiendas que las abastecen se localizan principalmente en Arizona y Texas.

Aunque las autoridades mexicanas mantuvieron la postura de que en nuestro país no se ha detectado la existencia de un zar del tráfico de armas, se pidió a los estadunidenses que investiguen en su territorio, pues se cree que en esa nación existe un grupo que es intermediario entre los grupos criminales y las empresas fabricantes.

Lo anterior, explicaron, se debe a que no sólo se han asegurado en territorio nacional armas convencionales –que se pueden comprar en las armerías–, sino explosivo plástico conocido como C-4. En ese sentido se ha establecido por parte del gobierno mexicano que los cárteles con mayor poder de fuego por las compras realizadas son el del Pacífico y el del Golfo-Zetas, que además revende arsenales a grupos en Centro y Sudamérica.

Entre las principales armas que se adquieren por parte de los grupos delictivos mexicanos están: rifles AK-47 y AR-15; pistolas de todos los calibres; granadas de mano, de fragmentación, calibre 40 defensivas, de destello, de humo, de sonido y de gas, así como fusiles Barret calibre 50, lanzadores de granadas calibre 37 milímetros, ametralladoras y lanzacohetes Law. Estos últimos tienen capacidad para perforar incluso un tanque de guerra.

La parte mexicana explicó que Napolitano y Holder conocerán los informes de los grupos de trabajo para perfilar el acuerdo binacional, cuyo proyecto será detallado durante la visita que realizará a México el presidente Barack Obama.

En suma, indicaron los entrevistados, todas las reuniones han estado encaminadas a fijar una cooperación bilateral para evitar el tráfico de armas, donde ambos países se comprometan a mejorar los puntos de revisión aduanales, no sólo terrestres, sino también marítimos y aéreos.

Hasta el momento, los funcionarios estadunidenses no se han querido comprometer a regular ni las fábricas de armas ni las tiendas que las venden.

Caro y pesado blindaje

Índice Político / Francisco Rodríguez

Es mejor acostarse sin cenar que levantarse con deudas

Benjamin Franklin

EN SUS MEMORIAS,
William Clinton refiere que su decisión, en 1995, de poner a disposición de México una línea de crédito de 20 mil millones de dólares –de los cuales se utilizaron poco más de la mitad-- fue el mejor negocio que su Administración pudo emprender. Y aunque la medida fue impopular y no entendida por los contribuyentes estadounidenses, rindió a los vecinos del norte no sólo porque evitó el colapso de su propia economía tras "el error de diciembre" de 1994, incluso porque produjo intereses por mil 400 millones de billetes verdes, "casi 600 millones de dólares más de lo que ese dinero hubiese producido de haber sido invertido en papeles del Tesoro de EU". El interés fue leonino. Se pagó casi el 10 por ciento de réditos.

No sólo eso, cabría agregar. Clinton, además, recibió sus pagos por adelantado. El 15 de enero de 1997, dos años después de haber dispuesto de 10 mil 500 millones de dólares, el entonces presidente Ernesto Zedillo anunció que México completaría los pagos a Estados Unidos para terminar de saldar el préstamo millonario que, se nos dijo, sirvió para salvar la economía mexicana del desastre en 1994. El último pago de 3 mil 500 millones de dólares se hizo con tres años de adelanto, una señal de que la economía mexicana había hecho grandes progresos desde "el error de diciembre".

Tras ese préstamo había también condiciones que buena parte de la sociedad mexicana consideró inadmisibles. Bajo los términos establecidos, México se comprometía a garantizar el pago con las ventas de petróleo de PEMEX.

El gobierno de Zedillo también se comprometía a imponer un programa de austeridad económica diseñado para fortalecer la economía del país. La estabilización de la economía mexicana, sin embargo, se saldó con un precio alto. El programa de austeridad provocó un aumento de los tipos de interés y mantuvo bajo el valor del peso. Como resultado, millones de mexicanos perdieron sus empleos y negocios, y muchos de ellos, más ahora, siguen luchando para lograr sobrevivir.

Viene a mi memoria lo anterior, luego de conocer el anuncio hecho por el propio señor Felipe Calderón –vestido después por su secretario de Hacienda, y por el gobernador del Banco de México--, a media semana en Londres, en el sentido de que su Administración ha contratado con el FMI una línea de crédito por 47 mil millones de dólares, superior incluso al rescate que otorgaron el gobierno de Estados Unidos y organismos financieros internacionales a México en la crisis de 1995, y superior al blindaje por 23 mil millones de dólares, que recibió el país en líneas de crédito en 1999.

Y aunque los doctos doctores Carstens y Ortiz han vestido con ropajes de fiesta a la medida (el propósito, explicaron, es apoyar el empleo, el acceso de las empresas y hogares al crédito, la estabilidad económica y el crecimiento de México, jejeje), las críticas han llovido cual grueso granizo sobre las testas de estos dos funcionarios e, incluso, sobre la del señor Calderón.

La simple mención de endeudamiento, ha provocado irritación.

Que la institución que ayuda a "blindar" a la economía mexicana sea el Fondo Monetario Internacional, incrementa el enojo popular. No éramos ariscos, pero…

El FMI ha regresado a nuestras vidas sin que nadie lo llamara. En medio de una desorientación general de las grandes potencias sobre qué hacer con el sistema financiero, el FMI reaparece con viejas y gastadas recetas -- ajuste del gasto, alza de tarifas y mayores tasas de interés--, pero sin hacerse responsable de las consecuencias de esas mismas políticas aplicadas en épocas pasadas.

Donde ha intervenido el Fondo Monetario Internacional siempre ha habido fracaso y hoy por hoy es el símbolo del fracaso al no haber podido prevenir la crisis internacional. Tomar consejos y recursos de una institución desprestigiada, que fue incapaz de de supervisar al sistema bancario estadounidense, no ayuda. Al contrario.

Como todo blindaje, el presumido ahora por la Administración es caro y pesado. Lo pagaremos y cargaremos todos los mexicanos.

Índice Flamígero: ¿Y las comisiones, ‘apá? Es sabido que en los mercados financieros hay dispuesto siempre una tajadita que puede ir de uno a varios puntos porcentuales de los recursos que se prestan a las naciones, para aquellos funcionarios que las tramitan.

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RMX regresa hasta el día 13 de abril de 2009

Por el período vacacional de Semana Santa el blog Revoluciones dejará de subir información los próximos días.

Regresaremos el siguiente lunes 13 de abril para publicar diariamente la información puntual y objetiva que a usted amable lector le agrada.

Para cualquier duda o información puede escribirnos a nuestro correo electrónico: revolucionesmx@gmail.com

Estamos a sus órdenes y esperamos que disfrute del período vacacional.

Atentamente, Ilse Nayeli administradora del blog RMX.


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