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martes, noviembre 30, 2010

¿Es Calderón un presidente fuerte? I

Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder

Mañana festejan 48 meses de gobierno de Felipe Calderón. ¿Hay algo qué celebrar? ¿Somos más libres, nuestra economía crece, el empleo es suficiente, el sector salud no está en quiebra, las pensiones son justas y equitativas, sólo nos han costado 30 mil muertes y vacío de poder en muchos municipios de la república, hay una eficiente administración de justicia?

Amigos y lectores no coinciden con mi aserto de que Felipe Calderón es un presidente débil, no por él mismo, sino porque heredó una institución presidencial disminuida y sin correas de transmisión del poder y el orden; hoy, no puede ser presidente si no ejerce a través de las fuerzas armadas, de la policía federal y de decretos. El diálogo y la negociación parecen usos y costumbres de un pasado proscrito, por ser un pasado priista.

No puede ser presidente de México si no se impone a golpe de decretos para ceder la riqueza nacional a cambio de obtener apoyo para mantener a Acción Nacional en el poder, de 2012 a 2018. De allí que la Cámara de Diputados enviara un exhorto al gobierno de Felipe Calderón para que reponga la convocatoria de la licitación del espectro radioeléctrico en la banda que, al disolverse la alianza con Televisa, posee Nextel.

Al presentar el punto de acuerdo sobre la licitación 21, Javier Corral Jurado, panista y presidente de la Comisión de Gobernación, recordó a sus compañeros que el Senado de la República presentó antes que ellos una solicitud de revocar el título de concesión y abrir un nuevo proceso. El diputado fue puntual: “Sería muy delicado que ante el llamado de las dos cámaras del Congreso, el Ejecutivo federal ignorara un exhorto de esta naturaleza. Incluso, sería en esta legislatura el primer caso en el que diputados y senadores concurramos en un exhorto. No es menor y tendrá la fuerza de la votación, pero también será nuestra obligación darle seguimiento”.

Insistir en obsequiar riqueza por cacahuates, ¿hace de Felipe Calderón un presidente fuerte? Sostenerse en sus cuatro, no replantear la lucha contra los barones de la droga, ¿hace del presidente de México un líder intachable, respaldado por la razón, los resultados y la legalidad?

Releo con cierta regularidad a Leonardo Sciascia, escritor siciliano, diputado, periodista, hombre honrado y honesto, escribe: “El Estado no negoció por debilidad. En la medida en que se creyó fuerte (¿pero se creyó realmente fuerte?), era débil. Un Estado fuerte no tiene miedo a negociar. Poniatowski, ministro del Interior francés, de un Estado que es realmente un Estado, ha dicho que cuando están en juego vidas humanas inocentes, el Estado negocia. Es después cuando se debe saber aniquilar los focos de subversión, radicalmente…”

Abunda: “Ciertamente la liberación de los trece miembros que pedían las Brigadas Rojas (en la negociación por recuperar con vida a Aldo Moro) habría sido una cesión que la debilidad de este Estado no permitía. He dicho la debilidad, no la fuerza. Porque un Estado fuerte podría llegar incluso a ceder. Son los Estados impotentes los que se permiten los terribles rigores”.

Es cierto, sólo un Estado débil puede permitir, facilitar e incluso favorecer -debido a sus políticas públicas- el saqueo sistemático de su economía, de su ahorro, porque es incapaz de garantizar seguridad jurídica. Es la gran falta del Poder Judicial de la Federación.

De otra manera, “¿cómo entender que por cada dólar de inversión extranjera directa que ingresó al país entre enero y septiembre pasados, empresarios y particulares mexicanos transfirieran al exterior dos dólares para ser abonados a cuentas bancarias o realizar negocios, tal como lo informa el Banco de México? Desde el inicio de la administración de Felipe Calderón y hasta septiembre de este año, la transferencia de recursos al exterior, tanto a bancos como para emprender negocios, suma 55 mil 503 millones de dólares.

“Creció en 266 por ciento la exportación de capital que salió del país por los mismos conceptos entre enero de 2001 y septiembre de 2004, el periodo comparable del gobierno del entonces presidente Vicente Fox Quesada, que fue de 15 mil 141 millones de dólares. El mismo Banco de México apunta que equivale a poco más de la mitad de la reserva internacional de divisas al cierre de septiembre, cuando se ubicó en 108 mil 29 millones de dólares”.

Un presidente fuerte crea confianza, da certidumbre; por su sola presencia y debido a la instrumentación de sus políticas públicas, garantiza seguridad jurídica y evita que el ahorro de sus gobernados busque refugio o seguridad en otras naciones.

Un presidente fuerte está respaldado por una institución presidencial sólida y capaz de articular con los otros dos Poderes las políticas públicas a las que se comprometió al asumir su mandato constitucional. Pero mañana ampliaremos nuestro análisis.

El patio trasero

Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal

Hace unos días estuvo sesionando en México la Comisión Trilateral, un grupo fundado y presidido por el nonagenario David Rockefeller que aglutina a empresarios, académicos y ex funcionarios de Estados Unidos y algunas regiones en el mundo. Fueron dos días se sesiones en un hotel sobre Paseo de la Reforma donde el tema de la seguridad fue el dominante. Eso no es novedoso. Lo que sí sorprendió a varios participantes fue la certeza que se tiene en Washington: el problema del narcotráfico es mexicano, no de responsabilidad compartida.

No es lo que dicen públicamente el presidente Barack Obama y sus secretarias de Estado y Seguridad Territorial, Hillary Clinton y Janet Napolitano. Tampoco es lo que le cuenta el embajador de Estados Unidos Carlos Pascual a sus interlocutores mexicanos, ni la píldora que siempre le doran los funcionarios estadounidenses cuando viajan a México o reciben a mexicanos en su país. Es la quintaesencia del pensamiento estratégico en Washington que permite entender lo que están haciendo militarmente con la interfase en las Fuerzas Armadas mexicanas, sobretodo la Marina, y el concepto del sello fronterizo que pretenden en el sur de México.

Los argumentos centrales fueron presentados por dos ex embajadores en México, John D. Negroponte y Jeffrey Davidow, vinculados a republicanos y demócratas. Sus credenciales son impecables, por cuanto a profesionalismo y servicio a su país. Negroponte creó la Contra antisandinista desde Honduras, fue responsable de la misión en Irak después de la caída de Saddam Hussein, embajador en Naciones Unidas y subsecretario de Estado. Davidow comenzó como diplomático junior en la embajada en Santiago, cuando la CIA ayudó a derrocar a Salvador Allende, y después de una larga carrera, se retiró del servicio exterior y escribió un polémico libro sobre las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.

La idea general es que México dejó crecer el problema del narcotráfico y nunca ha querido asumir plenamente esa responsabilidad. Hace tiempo alega que la gran alberca de consumidores de droga en Estados Unidos hace crecer el negocio en México, y más recientemente que la venta de armas en esa nación alimenta la escalada de muertos. Sin dejar de reconocer que hay elementos objetivos en esas afirmaciones, el argumento es que no hay asimetría en culpas y obligaciones. La negligencia de sucesivos gobiernos mexicanos llevó a este país al pozo en el que se encuentra.

Lo que sucedió en las reuniones a puertas cerradas de la Comisión Trilateral no debería de extrañar tanto a tantos mexicanos. Desde hace varios meses, el doble discurso de personas en posiciones de influencia en Estados Unidos ha venido delimitando las responsabilidades de ese país, como nación y como gobierno. Días antes del encuentro en México de la Comisión Bilateral, hubo un seminario en París que congregó a varios especialistas de opinión pública en el mundo para hablar sobre tendencias electorales y comportamientos sociales.

Ningún panel tenía previsto como tema de discusión el caso de México y su seguridad, pero como cada vez sucede más a menudo en foros internacionales, el debate tuvo a varios exponentes centrados en esa problemática. Uno de ellos fue Brad O’Leary, quien participó en la mesa final junto con el ex gobernador de Vermont y ex candidato presidencial, Howard Dean. O’Leary no es un personaje menor. Es ex presidente de la Asociación Americana de Consultores Políticos, y es una voz muy escuchada en el Capitolio.

Autor de un exitoso libro sobre el presidente Barack Obama, O’Leary exhibió una línea discursiva terriblemente agresiva contra México. Afirmó que lo planteado por el presidente Felipe Calderón sobre la corresponsabilidad de Estados Unidos en la violencia en México por haber levantado la prohibición de venta de armas de asalto en 2005, son patrañas. La realidad, dijo, es que el grueso de las armas que están utilizando los cárteles de la droga en México son de manufactura china, remanentes del arsenal de las guerras en Centroamérica, el último gran episodio de la Guerra Fría en la región.

Las afirmaciones de O’Leary no se sostienen, y está documentado que un alto volumen de las armas con las que se matan los mexicanos provienen de Estados Unidos. Inclusive, hace un par de años se encontró un cargamento de armas nuevas de alto poder, salidas del Pentágono y cuyo destino era Irak.

La discusión ya rebasó el nivel de la verdad vis-a-vis la verosimilitud. O’Leary, Negroponte y Davidow son personalidades que responden a intereses políticos y económicos diferentes, pero los tres están planteando el mismo argumento. Es cierto que el gobierno de Obama admite el factor de las armas como una variable en la calidad de la violencia en México, pero no puede hacer nada. La Segunda Enmienda permite a cada estadounidense tener armas, y modificarla sería tanto como en México modificar el artículo 27 constitucional.

México no puede aspirar que Estados Unidos modifique su realidad, y la retórica no cambia el poder de las balas. El gobierno mexicano y sus gobernados están solos en esta lucha, siempre y cuando se pretenda que la batalla contra los cárteles de la droga sea diseñada y dirigida en México y por mexicanos. Lo que empiezan a decir públicamente los estadounidenses es que el gobierno de Calderón no puede con los cárteles, y la palabra va acompañada de la creciente participación de agencias civiles y militares de ese país en el combate al narcotráfico.

Se está configurando un escenario de la toma del control del aparato de seguridad mexicano por Washington, y cuando una nación no puede tomar sus decisiones en forma autónoma, pierde soberanía. Esto es lo que está sucediendo en México, donde no hay discusión pública sobre el mantener o no a Estados Unidos fuera de la decisión final de lo que suceda en este país.

Lo que sí se aprecia, a partir de una opinión pública dividida, es que no hay consenso sobre la soberanía nacional. Que sea Estados Unidos el que ponga el orden en México, es el dilema no resuelto por los mexicanos. En Washington sí están claros: los mexicanos son los culpables del hoyo de violencia en el que viven y no pueden con los cárteles. En México hay tal confusión, que hasta secretarios de Estado en el gabinete de seguridad del presidente Calderón que están de acuerdo con el intervencionismo estadounidense. Es el extremo más pernicioso ante una falta de dirección y visión de Estado, que es lo que guste o no, se carece hoy en México

Pacto de Calderón con “El Chapo”

Martha Anaya

Ahora resulta que Felipe Calderón sí pactó con los narcos…; bueno, no con todos, nomás con “El Chapo” Guzmán.

Semejante revelación apareció en la edición de este domingo de la revista Proceso: “Operación Mouriño. El contacto Los Pinos-El Chapo”, anuncia desde su portada, con la foto –y su sombra—del fallecido ex secretario de Gobernación.

¡Vaya manera de aguitarle a Felipe Calderón su festejo por sus cuatro años de gobierno!

El texto de proceso, que transcribe algunos fragmentos de un libro próximo a aparecer de Anabel Hernández “Los señores del narco”, recoge entre otras cosas lo siguiente:
Que un general X de más de 65 años de edad, que colaboraba como asesor subrepticio con Juan Camilo Mouriño en la Presidencia de la República desde 2007, que sirvió para el Ejército Mexicano en la Brigada Blanca, la Dirección Federal de Seguridad y la Coordinación de Seguridad Nacional (no citan su nombre pero algunos datos llevan a pensar que bien pudiera tratarse del general Acosta Chaparro), recibió una encomienda del Jefe de la Oficina Presidencial: poner en paz a los cárteles de la droga.

El general X –de cuya encomienda estaba enterado el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván—comenzó a tocar puertas con los narcos y en los primeros meses del 2008 logró encontrarse con Joaquín Loaera Guzmán “El Chapo”.

Según esta historia, Guzmán Loaera le dijo al general que “todas las plazas” donde opera el crimen organizado “están vendidas”. El problema estaba en que algunos funcionarios del gobierno federal y de algunos gobiernos locales las habían vendido en más de una ocasión a diferentes grupos, generando un caos entre los cárteles.

Cuando el emisario de Los Pinos habló con “El Chapo”, Mouriño ya era secretario de Gobernación. La encomienda al general X seguía vigente. En ese encuentro, “El Chapo” quejó con el general X porque, según le diría, el propio Juan Camilo Mouriño y su coordinador de asesores en la secretaría de Gobernación les vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en diez millones de dólares. Y el problema estribaba en que dicha venta ocurrió después de que la operación había sido ya comprometida con Guzmán Loaera.

Refiere el texto de Anabel que Mouriño habría hecho la transacción (con los Beltrán) persuadido por el ex presidente municipal de Tlanepantla y actual senador del Estado de México por el PAN, Ulises Ramírez.

Según le habría contado el “Chapo” Guzmán al general X, el gobierno de Calderón, vías Mouriño, había acordado con su clan que el gobierno federal combatiría a sus antiguos socios: los Beltrán Leyva. Y en Tlanepantla había roto el pacto.

Ante tales afirmaciones –hechas cara a cara—el general X se dio cuenta (tardíamente) que Mouriño lo había enviado mandado a encontrar un arreglo a su propia falla.
Hasta aquí parte de lo que publica Proceso en su número 1778. Lo más importante que se desprende –y cuyo señalamiento ha surgido por múltiples voces–es que sí hay un acuerdo entre el gobierno de Calderón y el cártel de “El Chapo”.

Así que sería mejor que Calderón y los suyos dejaran de desgarrarse las vestiduras y de darse golpes de pecho mostrándose como “puros” y queriéndonos convencer de su “cruzada santa” contra el narcotráfico.

Dueña de Guardería ABC en Hermosillo obtiene su libertad

Un tribunal federal dejó en libertad a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, quien era señalada como responsable del incendio de la Guardería ABC.

Altagracia Gómez del Campo es accionista de dicha guardería, y obtuvo un amparo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en contra de su probable responsabilidad penal en estos hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en donde fallecieron 49 niños.

Dicho tribunal consideró que el hecho de que esta mujer estuviera asociada con otras personas para poner en funcionamiento la guardería, no la hizo responsable penalmente de causar un peligro, y consecuentemente “tampoco le impuso la obligación de impedirlo”.

Por lo tanto, Pablo Antonio Ibarra, titular del Primer Tribunal Unitario del Quinto Circuito, órgano donde estaba radicado el asunto, acató la resolución del Tribunal Colegiado y dictó auto de formal libertad a la empresaria.

El Tribunal Colegiado resolvió contrario a lo que habían resuelto diversos tribunales unitarios que intervinieron en el caso, que consideraron que el hecho de ser accionista y fundadora de la sociedad civil denominada “Guardería ABC”, sí la hacía responsable del siniestro.

Obamaeconomics



Foto: Por Enmascarado en el Exilio; Anuncio pago semanal de 126.58 dolares (+14.5% de impuestos) por estacionamiento en el distrito de Chelsea en Nueva York

Quesos!


Via Mexfile

En 1922, el Presidente Álvaro Obregón invitó a veinte mil Menonitas a que se establecieran en el inhóspito desierto ubicado entre Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua en el estado fronterizo de Chihuahua. Los Menonitas habían tenido problemas en las Provincias de Saskatchewan y Manitoba, porque el Gobierno Canadiense les obligaba a que sus hijos deberían estudiar el idioma Ingles después del sexto año, y deberían estar dispuestos al reclutamiento militar obligatorio. (Los Menonitas empeñan su lealtad unicamente a Dios y, no al estado en que se encuentren, y consideran que la educación básica en Alemán, es suficiente preparacion para la vida sencilla que llevan. Como son Pacifistas, no permiten que sus hijos se adhieran a ningún ejército.)

México les vendió 247,000 acres de terreno a un precio de US$8.25 dólares por acre. Actualmente, cerca de cincuenta mil Menonitas viven en o en las proximidades de Ciudad Cuauhtemoc en Chihuahua, y principalmente gracias a ellos, la región se cultiva en su totalidad y hay cierto grado de mecanización.

Sin embargo, Chihuahua es uno de los epicentros de la presente violencia relacionada con la guerra contra el narcotráfico en México. De acuerdo con el reporte de la cadena de televisión inglesa BBC, los Menonitas se encuentran en medio de fuego cruzado, notablemente como victimas de secuestros.


Entre las actividades de los Memonitas está la producción de quesos. Periódicamente envían a un representante a la Ciudad de México, vestido en “overalls” y sombrero de paja, a vender en las calles a los automovilistas atorados en tráfico. En esta foto se muestra a un Menonita regateando con un conductor cerca de la esquina de Insurgentes y —quizás cumpliendo con su destino— Avenida Álvaro Obregón.

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