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viernes, abril 30, 2010

Nueva ley en México para la "protección de datos personales", aprobada demasiado tarde

Samuel R. G. / uzkediam@gmail.com

Una vez que el daño está hecho, a nuestros brillantes legisladores se les "prendió el foco" y decidieron aprobar una ley que permitirá que se castigue con penas de hasta cinco años de cárcel la venta de los datos personales de los mexicanos que son recopilados para fines oficiales. La dichosa ley recibe el nombre de "Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares", fue aprobada por el Congreso de la Unión y servirá para constituir el marco legal para la salvaguarda de un derecho fundamental de todo individuo: el derecho a la privacidad.

Pues no. Así como seguramente piensa la mayoría de ustedes, yo no me trago ese cuento, debido a que la información de los mexicanos desde hace muchos años ha ido pasando de mano en mano, de mafia en mafia -incluida la mafia política desde luego-, todo esto por unos cuantos billetes verdes. El hecho de que ahora se saquen esa ley de la manga no garantiza para nada que nuestros datos personales queden protegidos.

Días atrás recordarán la polémica que se desató luego de que "El Universal" diera a conocer una investigación especial, en la cual se pudo comprobar que bases de datos oficiales estaban a la venta en Tepito en el Distrito Federal (acá un video para recordar la nota). ¿Qué hubiera pasado si no sale a la luz tal información? Seguramente que la ley, aprobada hace dos días por los diputados y ayer por los senadores, nunca hubiera surgido. Nuestros representantes dicen que la nueva ley tiene por objetivo proteger los datos de todas las personas para que no se pueda vulnerar su integridad a manos de la delincuencia y crimen organizado. ¿Les creemos?

"Será el sereno", pero de mientras ¿qué onda con los datos hasta hoy robados? No olvidemos que entre esos datos están: el padrón electoral de todo el país, el registro de todos los vehículos (comerciales, de lujo, de transporte público y de colección), hasta la población carcelaria y los registros de todos los policías con fotografía, número de matrícula y lugar de adscripción. ¿Con tal ley las bases de datos van a disolverse en las manos o archivos de los delincuentes o particulares que ya las tienen en su poder? Incluso, de llegar a encontrar al o los culpables de que tal información hoy ande suelta por ahí, ¿la nueva ley es retroactiva? Una vez más somos testigos los mexicanos de que le dan al pueblo "atole con el dedo", en el fondo han de decir los legisladores: "hay les va una nueva ley para que no estén chingando con eso de que no protegemos sus datos".

Esa es una primera lectura que le doy a todo esto, pues se busca que no se pueda vulnerar la integridad de nuestros datos a manos de la delincuencia y crimen organizado, pero ¿sabemos quienes conforman en el presente esa "delincuencia y crimen organizado"? ¡Efectivamente, entre otros, también desfilan en esas filas nuestras brillantes autoridades!

Por otro lado, la reacción de las empresas de mercadotecnia directa e indirecta habla de que también tal polémica no se desató nada más por la buena voluntad de "El Universal", tampoco nos tomen por ingenuos. Por ejemplo, el director general de la Asociación Mexicana de Mercadotecnia Directa e Interactiva, Gerardo Guerrero, dijo que acatarán la recién aprobada Ley de Protección de Datos en Posesión de Particulares, pero buscarán los recursos procesales y legales a su alcance para modificar el tema de las infracciones y sanciones, por considerarlas excesivas y arbitrarias.

"Queremos una ley bien hecha, un marco regulatorio que nos permita estar en sintonía con el sistema legal internacional, para poder hacer negocios con empresas europeas. La ley recién aprobada cumple en su mayoría con los requerimientos y estándares internacionales; sin embargo el tema de las infracciones y sanciones vulneran el principio de seguridad y certeza jurídica de las empresas", aseguró el mismo Gerardo Guerrero.

Es evidente que las bases de datos en cuestión sirven para realizar numerosos negocios, no nada más al interior de nuestro país sino también a nivel internacional, no dude usted amable lector que detrás de esto se encuentren en juego intereses turbios y situaciones muy oscuras, que de algún modo nos permiten ver la condición actual que guarda el Estado mexicano, hoy en día ocupado principalmente en beneficiar al capitalismo en su fase neoliberal.

Al final, más que ciudadanos somos mera mercancía y nuestros datos son parte de ello; los pueden manipular, eliminar, comprar y revender, se pueden crear nuevas leyes para aparentemente proteger la información, pero en el fondo los mexicanos y muchas personas alrededor del mundo, no tenemos seguridad. La mayoría de los gobiernos no sirven a la ciudadanía, se sirven de nosotros, cuidan y alimentan los intereses de las transnacionales, de los grupos de empresarios y políticos ambiciosos nacionales e internacionales.

Que no nos sorprenda que, a pesar de la aprobación de la nueva ley para la "protección" de datos, el día de mañana nos sigan fastidiando las 24 horas los bancos, las aseguradoras, las televisoras, los partidos políticos, entre otros, que tiempo atrás obtuvieron de forma ilegal nuestra información.

(Con información de la agencia EFE y del diario Reforma)

Alianzas con ofensas (Parte VIII)

Teodoro Rentería Arróyave

En este propósito de compilar todos los agravios de las derechas a las izquierdas o de las izquierdas a las derechas para demostrar el absurdo de las alianzas antinatura, es posible que nos gane el tiempo, pero el esfuerzo vale la pena para que sea el sufragante el próximo 4 de julio el que decida su voto.. Continuamos:

Sábado 5 de febrero. Con motivo de la ceremonia conmemorativa del 93 aniversario de la Constitución del 17 que nos rige, que por cierto regresó al histórico Teatro de la República que la vio nacer, el orador oficial Leonel Godoy Rangel, gobernador del estado de Michoacán y ante la presencia del presidente Felipe Calderón Hinojosa, aprovecho su intervención para defender el sistema de justicia y exigir una disculpa pública por parte del gobierno federal a los ediles y demás funcionarios detenidos arbitrariamente y puestos en libertad por el Poder Judicial.

El legislador perredista, Víctor Hugo Romo Vega acusó al panista, José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión Nacional del Agua de frenar las obras hidráulicas del Distrito Federal, para luego acusar al gobierno capitalino de Marcelo Ebrard Casaubón de negligencia cuando se presenten las contingencias a causa de inundaciones o sequías.

Ese mismo día los panistas funcionarios de La Comisión Nacional del Agua, afirmaron que la tragedia en Michoacán que dejo 18 personas muertas por las torrenciales aguas se pudo evitar. En esa forma esconden el bulto y culpan de la misma al gobierno perredista de Godoy.

Xóchilt Gálvez se registro para competir por la candidatura al gobierno de Hidalgo por la alianza antinatura a sabiendas que ellas es la elegida.

Tardó tres años en darse cuenta, pero al fin Felipe Calderón Hinojosa aceptó cambiar la estrategia contra el hampa y eso es bueno, afirmó el líder de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, aunque agregó: Esperemos que no quede en el discurso como nos tiene acostumbrados el panista de Los Pinos.

El Instituto Nacional de la Juventud, Injuve, es la caja chica de la lídereza de la bancada panista en la Asamblea capitalina, acusa el presidente del PRD en el Distrito Federal, Manuel Oropeza.

Así vamos en esta recopilación de los agravios entre las derechas y las izquierdas que a pesar de todo impulsan los líderes formales, Jesús Ortega Martínez y César Nava Vázquez bajo la égida omnipresente del expriísta, Manuel Camacho Solís.

Por cierto agradecidos por las incontables felicitaciones a este trabajo que hemos recibido de todas partes del país y también, por qué no, las críticas que nunca faltan.

Carmen Aristegui en CNN: San Juan Copala, crónica de una represión anunciada


http://www.youtube.com/watch?v=pz_V-_ZhmEM


http://www.youtube.com/watch?v=vqjK8hTJ414

La Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort) cumplió su palabra. Esta organización paramilitar, creada por el gobierno del estado de Oaxaca desde el año de 1994 para controlar la región triqui, volvió a sacar las armas haciendo que sangre inocente volviera a teñir las verdes laderas de ese territorio indígena. De acuerdo con la información preliminar que públicamente ha circulado, de la agresión resultaron dos personas muertas: la mexicana Beatriz Cariño Trujillo, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Tyri Antero Jaakkola, originario de Finlandia, mientras más de una docena de activistas se encuentra en calidad de desaparecidos, sin que sus compañeros sepan si están muertos, heridos o escondidos en algún lugar, porque tomaron rumbo al monte para protegerse de las balas asesinas.


Apuestas por la vida, y por la muerte, en Oaxaca

Raúl Trejo Delarbre

Mi nombre es David Cilia. Soy reportero de la revista Contralínea. Tengo un balazo en la pierna en la pierna derecha y en el costado izquierdo. Estamos a la orilla de la carretera”. El video distribuido ayer jueves confirmó que el periodista David Cilia, su colega Erika Ramírez y dos personas más, se encontraban vivos después de la emboscada, el martes 27, cuando la caravana de la cual formaban parte fue atacada cerca de San Juan Copala en Juxtlahuaca, Oaxaca.

La dirigente social Beatriz Cariño Trujillo y el activista finlandés Jyri Jaakkola fueron asesinados en esa emboscada. Cariño era directora de Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, CACTUS A.C. y llevaba 15 años impulsando la movilización de los indígenas triquis. Jaakola era observador en materia de derechos humanos.

Todos ellos participaban en la que denominaron “caravana de la paz”, un grupo de aproximadamente 25 personas que se dirigía desde Huajuapan, rumbo a Copala, con alimentos y medicinas.

Esa población triqui ha sido agredida en numerosas ocasiones por grupos paramilitares. Ni el gobierno de Oaxaca, ni el gobierno federal, han tenido especial interés para desmantelar a los grupos armados y contener la violencia en esa región. La caravana pretendía romper el aislamiento que la violencia reciente, y la pobreza de siempre, mantienen sobre San Juan Copala.

Los caravaneros fueron atacados a balazos. De acuerdo con el relato de varios sobrevivientes, sus vehículos fueron detenidos con ráfagas de metralleta. Los que pudieron salir corriendo, avisaron de esa agresión horas después. Otros más se escondieron en las inmediaciones de ese sitio. Varios de ellos no podían escapar porque estaban heridos.

Entre los lesionados se encontraba el reportero de la revista Contralínea. Su testimonio y el de sus acompañantes fueron grabados en un video que otro de los emboscados pudo sacar de la zona dominada por el grupo paramilitar. David Cilia y Erika Ramírez se habían sumado a la caravana para hacer en San Juan Copala un reportaje acerca de las locutoras triquis asesinadas hace dos años.

Como puede recordarse, el 21 de abril de 2008 las jóvenes Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores murieron cuando el automóvil en el que viajaban fue emboscado, también a balazos. Eran locutoras de la radiodifusora “La voz que rompe el silencio” que funciona en San Juan Copala.

Varias semanas más tarde, cuando una delegación con representantes de una docena de organismos internacionales fue a visitarlo para exigirle que se agilizara la investigación acerca del asesinato de esas dos comunicadoras, el subprocurador de la PGR, Juan de Dios Castro, insistió en que se trataba más bien de dos amas de casa –como si esa circunstancia le restara gravedad al crimen– y se exaltó cuando sus interlocutores le insistieron en la desprotección que padecen los habitantes, periodistas incluidos, en esa región de Oaxaca.

Beatriz Cariño, la dirigente social asesinada el martes pasado, era una de las impulsoras más empeñosas de la radiodifusora comunitaria en San Juan Copala. Sus inquietudes políticas la llevaban por causas y sitios muy variados. Apenas el 3 de diciembre pasado había participado en un mitin afuera de la embajada de Canadá en protesta por la muerte del activista Mariano Abarca, opositor a una empresa minera de propiedad canadiense y asesinado en noviembre en Chicomosuelo, en Chiapas.

En aquella alocución, que se puede encontrar en la Red, Beatriz Cariño decía refiriéndose a ese militante: “Es nuestro hermano Mariano Abarca que hoy representa un ejemplo de lucha, un ejemplo a seguir, y si creen que con eso nos vamos a espantar les queremos decir que nos ponen más fuertes, que nos dan más ánimos porque en la medida en que ellos apuestan por la muerte, nosotros seguimos apostando por la vida”.

Los que en Oaxaca apuestan por la muerte, esta semana cobraron dos nuevas víctimas además de los heridos y desaparecidos que todavía anoche eran buscados en la zona donde fueron emboscados. Resulta imprescindible que el gobierno federal, y aunque esa no sea su vocación también el gobierno de Oaxaca, impongan la legalidad y ofrezcan plenas garantías a quienes, en la zona de San Juan Copala, apuestan por la vida.

Noticias Digital: Apagón Televisa (¿Porqué le dicen el Semen a Carlos Marín?)


http://www.youtube.com/watch?v=w41YroNkis0

Motivos por los cuales surgió el Twitter #ApagónTelevisa. Cortesía de Noticias Digital.


¿Quién les va a pedir perdón?

Martha Anaya / Crónica de Política

Rompieron en llanto cuando recibieron la noticia de su inocencia. Se vistieron, se arreglaron y sin dar crédito aún de su liberación, cruzaron los pasillos del penal femenil de San José El Alto para reencontrarse con su vida.

“¡Que nos pidan perdón…! Cerca de cuatro años que nosotras perdimos ahí, estando injustamente…”, soltó Teresa González Cornelio en sus primeras declaraciones, mientras Alberta Alcántara miraba al horizonte como si se tratase de un sueño.

Pero quién les va a pedir perdón. ¿El juez cuarto de distrito con sede en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longh, que las sentenció a 21 años de prisión? ¿La Procuraduría General de la República? ¿Los policías que declararon contra ellas? ¿Los AFIS que supuestamente secuestraron?

Ciertamente deberían hacerlo todos; pero difícilmente algo de eso ocurrirá.

¿Se removerá al juez que las envió a prisión sin pruebas fehacientes?, tal y como lo ha solicitado ya la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México?

La propia ministra Olga Sánchez Cordero –encargada del proyecto de resolución que apuntó hacia su inocencia—defendió la autonomía de los juzgadores en la valoración de las pruebas.

¿Cambiará la impartición de justicia con este fallo inédito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

La indígena queretana manifestó sus dudas en primera instancia: “siempre va a seguir siendo la misma…”

Y ese es el punto importante. Después del fallo de la SCJN, la justicia ¿seguirá siendo la misma?

Aquí vale la pena recoger lo que el ministro Zaldívar Lelo de Larrea dijo en su intervención durante la sesión de la Primera Sala de la Corte que decretó la libertad de las dos indígenas queretanas. Palabras que merecerían estamparse ante los escritores de los juzgadores.

Explicó primero por qué este asunto en particular recibió de la Primera Sala un trato especial:

“Advertimos desde un principio que este asunto era un asunto de excepcional trascendencia, de entrada parecía un asunto que olía a injusticia”.

Luego, Lelo de Larrea entró al punto de fondo:

“Este asunto es de especial gravedad porque se trata de un trato injusto y discriminatorio de dos mujeres indígenas mexicanas, y si es verdad que un solo inocente esté en prisión es una vergüenza para un sistema de justicia, cuando se trata de integrantes de grupos vulnerables, lo es más, y cuando quizás esto nos lleve a pensar que hay una práctica reiterada en nuestro sistema penal de vejaciones y de vulneraciones y violaciones de los derechos humanos, creo que todavía hace mucho más importante el que hayamos tomado esta determinación, porque la decisión que hoy estamos a punto de votar, tiene dos efectos:

“Un efecto concreto, inmediato, que es la libertad de Alberta y de Teresa, y esto por sí mismo creo que ha valido la pena todo lo que esta Primera Sala tuvo que hacer y yo también felicito a la señora Ministra por este proyecto que de manera técnica y tan rápida presentó a nuestra consideración.

“Pero el segundo, es el valor del precedente y el mensaje que esta Primera Sala envía a las autoridades de nuestro país, coadyuvando de manera muy clara a decir: queremos que este tipo de prácticas no sigan ocurriendo en nuestro país, y cuando ocurran debe haber jueces para remediarlas.”

Ojalá así fuera y estas palabras se convirtieran en realidad porque, bien sabemos, hay muchos otros casos similares padeciendo cárcel injustamente o con sentencias absurdas, como la de los líderes de San Salvador Atenco.

Pero por lo pronto, Teresa y Alberta recobraron su libertad. Dejaron la prisión –como le dirían a Ricardo Rocha en sus primeras declaraciones– “sin odio y sin rencor” porque “eso nos hace daño”. Pero, ¿quién les va a pedir perdón?

Volver a Empezar…

A Puerta Cerrada / Marcela Gómez Zalce

• Cooperación
• La descomposición de la PANdilla

La conducta, mi estimado, está hecha de un material ético flexible. Divertido cierre de semana con la original muestra que dio el GDF y la PJGDF, encabezada por Miguel Ángel Mancera, de que la cooperación entre dependencias y estados, como fue con las autoridades del terruño de Peña Nieto, es la clave para abatir situaciones de alto riesgo y los índices delictivos, como sucedió con el delicado acontecimiento que ha dado la vuelta al mundo.

El botoncito debería ser atractivo ejemplo, my friend, en momentos donde la ola de violencia está, literalmente, fuera de control —el volátil caso de Oaxaca, donde hay más interés en desestabilizar previo a un accidentado proceso electoral debe ser cuidadosamente sopesado— y el epicentro de Ciudad Juárez, otrora modelo discursivo de Felipe Calderón, no da visos de bajar sus índices sangrientos y esto ha originado severas críticas de tirios y troyanos here and there y de un simpático personaje de Acción Nacional que ha mostrado una congruencia y consistencia en sus argumentos y posturas y, of course, ha desatado la furia presidencial y una cacería sin precedentes en el interior de la PANdilla, donde se ha manejado el frívolo y simulado discurso de la unidad. Su nombre:

Manuel Espino Barrientos.

El ex presidente blanquiazul ha osado criticar no sólo la estrategia en Ciudad Juárez narrada en su más reciente libro, sino la irreflexiva guerrita contra la “ridícula minoría” sin dejar de sumar su punto de vista sobre la putrefacción y descomposición del partido en el poder (del no poder), que ha hecho clímax en todo lo relacionado a cuestiones electorales, como lo fue la designación de candidatos y ahora el estupendo proceso de elección de los próximos consejeros nacionales, más el oscuro movimiento que ha llevado a la PANdilla a un descrédito y a la pérdida de la brújula y la ideología otrora insigne en ese instituto político.

La gota que justificó una inédita embestida del gymboree (con minúsculas) en Los Pinos fue la declaración de Manuel sobre lo que sucede con la PANdilla en el Estado de México y que originó una tenebra, my friend, para darle flit y buscar su expulsión.

¡Chingón!

Luego entonces Espino envió atractivo comunicado titulado Volver a Empezar, nombre de un movimiento que ya planta raíces en diferentes estados aglutinando a miles de panistas inconformes con la mezquindad de esa revoltosa cúpula que por ganar el poder (del no poder) ha perdido el partido… y la coherencia. En la misiva afirma que... Durante los últimos meses he llevado a cabo una gira de presentaciones de mi segundo libro, Volver a Empezar, para promover una reflexión y el diálogo sobre los valores y la ética en la vida pública.

Esta gira inició con el acompañamiento de nuestro presidente nacional y muy frecuentemente he contado con la presencia de dirigentes estatales y municipales, así como de miles de panistas comprometidos con recuperar la mística de Acción Nacional. Durante una rueda de prensa en la ciudad de Toluca, previa a una de tales presentaciones, acepté que la corrupción también ha afectado a nuestro partido y que en el Estado de México es donde más daño ha causado este mal que desvirtúa a las instituciones.

Tras estas declaraciones, el Comité Directivo Estatal acordó solicitar a la Comisión del Orden del PAN mexiquense revisar la posibilidad de expulsarme del partido. Hablar de corrupción en el Estado de México no es nada nuevo. Desde hace años, esa realidad ha sido conocida por el CEN, por el Comité Estatal y por nuestros militantes de diversas partes del país.

La opinión pública nacional y la sociedad mexiquense conocen las tribulaciones del PAN local en el tema de la corrupción. Es por ello que no tenemos que buscar en la estrategia o en las campañas la causa de la derrota que sufrimos en las pasadas elecciones, sino en el voto de castigo a la corrupción que nos llevó a perder las alcaldías del corredor azul. Y, lo que es peor, a perder también la credibilidad, el prestigio y la congruencia.

Por eso encubrir a los corruptos es una injusticia para la mayoría de nuestros militantes mexiquenses quienes sí actúan con rectitud…

Es lamentable que desde adentro de Acción Nacional se atente contra la libertad de expresión, una de las principales manifestaciones de la dignidad humana…

Con este simpático misil se comienza a develar el tamaño de la fractura en la PANdilla, my friend, que sigue embriagada ante la emocionante adversidad…

¡Adiós!


Comienza la caravana de observación a San Juan Copala (Oaxaca), sitiada por paramilitares

Comisión de Observación Internacional CACTUS

Desde el pasado 26 de abril del 2010, San Juan Copala se encuentra sitiada, no hay luz eléctrica, han cortado el agua, no hay clases desde enero en las escuelas de la comunidad, no hay médico, cuando las mujeres salen en busca de agua o comida las mujeres son acosadas por los paramilitares que ahí existen, hay un retén permanente en la comunidad y el estado de sitio no permite la vida. Por eso el día de hoy ante la permanente violación a los derechos humanos elementales y ante el clima de hostilidad y las continuas agresiones contra el Municipio Autónomo de San Juan Copala, planteamos una Caravana de cobertura y respaldo al proceso de organización autónoma y libre autodeterminación del municipio de San Juan Copala.

Este 26 de abril de 2010 una parte de quienes formamos la Caravana ha llegado a la Ciudad de Huajuapan de León, integrada por la comisión de territorio de VOCAL así como Observadores de Derechos Humanos venidos de Europa: (Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania). Para después dirigirse hacia el Municipio Autónomo de San Jan Copala.
Asimismo hacemos de su conocimiento que el día de mañana llegan personas y organizaciones integradas en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y de la Sección 22 del magisterio oaxaqueño, así como una delegación más amplia de observación internacional.

La caravana tiene por objetivos brindar un apoyo activo a la autoorganización del Municipio Autónomo de San Juan Copala y su lucha por unir al pueblo triqui, así como contribuir a detener cualquier tipo de agresión contra la comunidad, rompiendo el cerco mediático, a la vez de documentar la situación prevaleciente en la zona, para este fin la caravana es realizada por compañeros del movimiento social oaxaqueño, participación de observadores internacionales de derechos humanos y existe además un acompañamiento de compañeros de la región Mixteca, en particular del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, CACTUS, de la Red de Radios y comunicadores Indígenas del Sureste Mexicano.

Así mismo la declaración que realizo Refino Juárez dirigente de la UBISORT algunos medios de comunicación en donde establece que bajo ninguna circunstancia permitirán la entrada de ninguna caravana, que no se hacen responsables de lo que les pueda pasar, por lo que hacemos responsable al Gobierno de Ulises Ruiz de cualquier agresión que puedan sufrir los comunicadores y los observadores de derechos humanos, así también exigimos a Evencio Martínez, quine están obligados a garantizar el transito de esta comisión de observación y de medios, sin ninguna condición ni amenaza de tal naturaleza como lo hace la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui.
Hacemos un llamado a mantenerse al pendiente de los trabajos de esta Caravana a su paso por la región Mixteca de Oaxaca con rumbo al Municipio Autónomo de San Juan Copala.

Consideramos que la lucha del Municipio Autónomo de San Juan Copala no es una lucha aislada, se enmarca en la lucha por la defensa de la tierra y el territorio que se esta librando a lo largo y ancho de nuestro estado de Oaxaca, contra el despojo impulsado por el mal gobierno y empresas transnacionales.

Comisión de observación Internacional
Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL)
Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS)
Red de Radios y comunicadores del Sureste Mexicano.

La duplicidad

Luis Javier Garrido

La crisis de México tiene un rasgo fundamental que muy pocos han querido abordar y es el de un gobierno que siendo, de facto, o acaso por esto mismo, no le importa actuar en la más absoluta ilegalidad.

1. El rasgo fundamental que ha tenido la supuesta política de seguridad nacional del gobierno de facto de Felipe Calderón en estos tres años ha sido que sus acciones se han llevado a cabo al margen –y en contra– de lo prescrito por la Constitución General de la República, como está aconteciendo en materia laboral y petrolera –dos casos de singular trascendencia–, y acaso en todos los ámbitos de la vida nacional, lo que ha conducido a que país se halle hundido en plena ilegalidad.

2. El problema central ante esta circunstancia no lo constituye el hecho de que un gobierno, que no fue electo por los mexicanos, actúe al margen del marco constitucional y violando principios fundamentales del país, sino que al haber extremado la política de gobernar por acuerdos y decretos y parchar con disposiciones aberrantes las leyes secundarias, como ahora se trata de hacer en materia de seguridad nacional ante las exigencias de Washington, el clamor de organismos defensores de derechos humanos o el creciente enojo de las cúpulas militares, lo que se ha logrado es destruir el entramado legal del país, el principio de la seguridad jurídica y el consenso nacional en torno a lo fundamental.

3. En México existen hoy dos marcos de referencia para las acciones del gobierno panista: la Ley Suprema del país, que no respeta, y las prácticas y normas neoliberales, de corte despótico y antinacional, que nos están imponiendo desde el exterior, y ante las que se doblega, pero que no son leyes en México. El desmantelamiento de la Constitución mexicana, calificada por los centros de poder neoliberal de intervencionista y estatista, ha sido uno de sus objetivos en estos años, pero lo que han logrado los fanáticos panistas no sólo es hundir al país en la pobreza y la degradación, sino instaurar un escenario social al margen e la legalidad.

4. El marco constitucional mexicano establece que el Ejército no puede investigar ni perseguir los delitos, pero el gobierno panista se empeña en que así sea; en materia petrolera y de energía está claramente prohibido otorgar concesiones y contratos a los particulares y ya Calderón ha cuadriculado las aguas territoriales del Golfo de México y les está entregando contratos inadmisibles a las corporaciones trasnacionales con las que él y sus amigos se encuentran amafiados; los trabajadores tienen derechos constitucionales fundamentales y la Secretaría del Trabajo se los desconoce de manera escandalosa a electricistas y a mineros; el juego está constitucionalmente prohibido, pero los casinos se multiplican por el país.

5. El diseño que se está haciendo en Estados Unidos de las nuevas instituciones de facto mexicanas, muy distintas de las previstas en la Constitución de 1917, no se oculta ya, y se va filtrando a los medios para recoger el aval de la derecha mexicana. El ex presidente Bill Clinton demandó en una conferencia en la Universidad del Valle de México, el sábado 24, que se implante aquí lo que en los hechos se ha venido instaurando: un Plan México, que, a semejanza del Plan Colombia, con el pretexto de combatir al narcotráfico, cree en México, como en el país sudamericano, un escenario de terror en el que se legitimen las actividades de las agencias de seguridad de Estados Unidos y su control estratégico del país. Y si al día siguiente de estas declaraciones Fernando Gómez Mont, titular de Gobernación, negó que esto fuera a acontecer, decenas de columnistas y de voceros de grupos privados externaron su respaldo a dicho plan.

6. La firma del Plan México no sería más que la formalización de medidas de facto que ya se le han impuesto a México durante el gobierno entreguista de Calderón: la militarización de amplias regiones del país, el escenario de violencia generalizada, la intervención en territorio mexicano de un número creciente de oficiales estadunidenses, la creación de grupos paramilitares, la expedición de un nuevo marco legal violatorio de la Constitución y la subordinación de las acciones de las fuerzas armadas mexicanas a las decisiones de Washington. El proyecto, que según Clinton fue expuesto ya a los funcionarios mexicanos por su esposa Hillary (secretaria de Estado), ya está siendo analizado en el Congreso, según informó, lo que a nadie pareció sorprender.

7. La nueva Ley de Seguridad Nacional, al igual que las reformas al Código de Justicia Militar, que está aprobando el Congreso de la Unión, constituye, por lo mismo, un nuevo bodrio legal contrario a la Constitución General de la República, que se inscribe en el marco de los cambios exigidos desde Washington, pues lo que se busca con esta serie de textos vagos e imprecisos es asegurar a las fuerzas armadas que existe un marco jurídico para que desempeñen tareas policiacas (lo que les prohíbe la Constitución General de la República) y al mismo tiempo hacer creer a las instancias internacionales que los militares ya podrán ser procesados en México por sus delitos contra el pueblo (cuando esto seguirá siendo una decisión discrecional del Ejecutivo), así como el hecho de que éste no tiene ya tantas facultades (cuando lo que se está haciendo es precisamente fortalecer su discrecionalidad o, mejor dicho, su autoritarismo).

8. La expedición en el estado de Arizona de la Ley SB 1070 el 23 de abril, que criminaliza a los migrantes ilegales y conduce a un mayor acoso y discriminación de todos los trabajadores latinoamericanos, debe entenderse en el contexto del doble lenguaje del neoliberalismo, que caracteriza ahora las relaciones entre México y Estados Unidos. No como la iniciativa de un grupo extremista, sino como un elemento más de las políticas antilatinoamericanas del gobierno estadunidense, las que está coadyuvando de manera clara a imponer la administración ilegítima de Calderón, para servir a intereses del otro lado de la frontera. La gobernadora Jan Brewer, de Arizona, ha visto subir ya su popularidad mientras el sheriff Joe Arpaio, del condado de Maricopa, organiza las primeras redadas al amparo de la nueva ley.

9. El gobierno de Calderón se ha caracterizado en estos tres años por mentir como pocos gobiernos lo han hecho en el pasado al pueblo mexicano, tratando infructuosamente de engañarlo en materia económica y de empleo, y muy particularmente en lo tocante a la violencia que ha desatado en el país y de la cual es el responsable, pero también, y sobre todo, en cuanto a la legalidad de sus actos.

10. Un gobierno como el panista, que se mueve por atavismos y un odio secular a las leyes fundamentales de México, no podría generar otro escenario como el actual: un escenario de desastre en el que urge restablecer un marco de legalidad para que el país pueda retomar otro camino.

Los ejidatarios de Atenco rechazan el proyecto de la Comisión Nacional del Agua

Los Brigadistas-UNAM

“¡Zapata vive, la lucha sigue!”, gritaron cientos de campesinos de la cabecera municipal de San Salvador Atenco al finalizar la asamblea ejidal que rechazó discutir el Proyecto de CONAGUA.

El gobierno pretende con esta iniciativa, llamada “Zona de mitigación y rescate ecológico en el lago de Texcoco”, despojar a los campesinos de sus tierras, disfrazándola de la “construcción de un parque ecológico”, con la “reparación de pozos” que mejore la distribución del agua, y se “reduzcan las tolvaneras”.

El documento de CONAGUA que explica la iniciativa dice que la cantidad de tierras que pretende comprar es “información reservada”, pero la comparación del viejo mapa del proyecto de aeropuerto, con el actual de CONAGUA, muestra que el conjunto de tierras en juego es prácticamente la misma. Antes intentaron la expropiación a lo bruto y una compensación de 7 pesos el metro cuadrado; hoy dicen que no expropiarán, sino que comprarán las tierras, y no a 7 pesos, sino a 157 pesos el metro cuadrado (más de un millón y medio de pesos por hectárea) El gobierno creyó que con engaños y con el dinero por delante, lograría derrotar la resistencia de los campesinos de Atenco en defensa de la tierra. En esta ocasión no lo logró.

El proyecto se ha discutido en algunas comunidades. La incertidumbre promovida por el mismo gobierno fue el denominador común en las asambleas. Tras el brutal golpe de 2006 han tratado de infundir temor y la precepción de que es mejor vender a CONAGUA ahora, porque si hay negativa de todas formas el gobierno terminará ocupando las tierras sin pago de por medio. Es así que, por ejemplo, en Ixtapan se decidió vender, pero según denuncias de campesinos del lugar CONAGUA ya ocupa las tierras que quería sin otorgar los pagos que prometió. El gobierno pensó que con las victorias que obtuvo ahí, y en comunidades como Nexquipayac, todo sería cuestión de tiempo para que la bolita de nieve fuera cayendo, y con ella las miles de hectáreas que quiere de los campesinos de Atenco y Texcoco.

La asamblea ejidal en la cabecera municipal de Atenco, según las relatorías, no fue fácil, pero terminó parando en seco al gobierno y a CONAGUA. Los traidores priístas decían que tenían derecho a la información, al cambio de uso de suelo del ejido y a la venta de las tierras. Otros más argumentaron que esto no era más que el viejo proyecto del aeropuerto, disfrazado de un proyecto ecológico y que no se debía caer en la trampa.

Después de largas horas de debate, un campesino llamó a que quien realmente quisiera entregar su tierra a CONAGUA, con todo lo que eso implica, lo dijera sin tanta palabrería, de frente y sin tapujos. Ni los priístas de hueso colorado tuvieron cara para hacerlo. La historia de esas tierras y la dignidad de los que hoy están presos por defender a su pueblo siguen siendo una marca imborrable para la mayoría de los ejidatarios de San Salvador Atenco.

La mayor cantidad de las tierras que quieren comprar, está justamente en la cabecera municipal, por lo que la decisión de la asamblea es un duro golpe a las pretensiones de despojo de los gobierno de Felipe Calderón y Peña Nieto. El siguiente paso es dar una fuerte batalla para que la Suprema Corte, que en días pasados atrajo los amparos directos de los presos políticos, los libere de una vez por todas.

Los herederos de Zapata siguen gritando ¡tierra y libertad!

Noticias Digital: Guerrilla en México (Video)


http://www.youtube.com/watch?v=KMmF15VDkoI

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) recogió los cadáveres del finlandés Tyri Antero Jaakkola y de la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo, miembros de la caravana civil internacional que se dirigía a San Juan Copala y que fue atacada a balazos por un grupo de paramilitares pertenecientes a la organización priísta Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort). Sin embargo, la policía sigue sin poder localizar a varias personas que están desaparecidas, entre ellas varios europeos se cree que corrieron al monte tratando de protegerse de los disparos, porque el grupo paramilitar que controla la zona sólo le permitió el acceso por algunas horas.

Los policías dijeron a Miguel Badillo, director de la revista Contralínea quien se encuentra en las inmediaciones de San Juan Copala buscando a los dos reporteros de esa publicación que están desaparecidos, que el grupo paramilitar amenazó con «atacarlos» si no se retiraban del lugar. Cortesía de Noticias Digital.


Plaza Pública con Miguel Ángel Granados Chapa · 27 de abril de 2010








Descargar Audio Plaza Pública

- Ley anti-inmigrante expedida por gobierno de Arizona.

- Asesinatos de: el alumno de la UNAM, Víctor Castro Santillán y Reynaldo Hernández, dirigente del PT en Guerrero.

- Denuncia por lavado de dinero fincada contra Obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda.

- Secuelas en iglesia Católica, del escándalo desatado por pederastia cometida por miembros suyos.

- Posible liberación de las 2 presas de conciencia queretanas, Teresa y Alberta, gracias a la S. C. J. N.

- Homenaje mañana al Maestro Enrique González Pedrero, por sus 80 años de edad.

Noticias MVS del 29 de abril con Carmen Aristegui



Liberan indigenas acusadas de secuestro en Queretaro. reclamos a Felipe Calderon por asesinatos en Mty. Masacre de estudiantes en Cd. Juarez. Persecucion por robo a casa de empeno Miguel Hidalgo. Emboscada y masacre en San Juan Copala Oaxaca.



Noticias MVS con Carmen Aristegui

Carmen Aristegui entrevista a Julia Klug



Aristegui en MVS Noticias hace una entrevista a la ciudadana Julia Klug, el tema es sobre la Iglesia Católica en México.



Noticias MVS con Carmen Aristegui

Ley de Seguridad Nacional y corrupción

Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder

Ensañados están con México y su gobierno quienes diseñan la geoestrategia política y de seguridad nacional en Estados Unidos, pero además parecen hacerle el juego quienes están atrás de la delincuencia organizada -esos verdaderos, auténticos capos de tutti capi-, algunos integrantes del Congreso y del Poder Judicial de la Federación, quizá también ciertos mandos medios del Ejército y la Armada, y no sé cuántos policías: es el resultado de la corrupción, pues.

No es una afirmación de quien esto escribe, sino del mismísimo presidente constitucional de este castigado país, Felipe Calderón Hinojosa, quien a su paso por Monterrey dijo a los empresarios que las estructuras judiciales del país deben revisarse, porque si han detectado corrupción en el ámbito político, en las diferentes corporaciones policíacas, no se puede descartar la -previsible y necesaria para los delincuentes- infiltración del crimen organizado en el ámbito judicial: “no todos ni la mayoría, pero sí en algunos jueces”. ¿Será adivino, brujo, o tiene en su poder información que es necesario poner en manos de la procuración de justicia?

El caso es que apenas hace unos días el Consejo de la Judicatura Federal publicó un acuerdo en el que determina que los más de mil magistrados de Circuito y jueces de Distrito deben ser considerados altos funcionarios de la Federación, por lo que se confiere a los juzgadores idéntico privilegio al que estaba reservado para secretarios de Estado; parece que anticiparon esa opinión presidencial que cae como chorro de agua fría sobre el lesionado prestigio del Poder Judicial de la Federación, causado por sus resoluciones en casos como el de Mario Marín, San Salvador Atenco, anatocismo, y lo que sume la resolución que recaiga sobre el asunto de la guardería ABC.

Refieren los reporteros: “sé que en lo judicial falta mucho por hacer, eso la verdad no lo asumo porque no tengo incidencia en lo judicial, pero empujemos todos a que limpien a los jueces”, dijo el mandatario al referirse a la corrupción, y añadió: “yo sé que ha habido muchos políticos y gobernantes que se han enriquecido inexplicablemente”, al pedir a la sociedad denunciar dichos casos.

Durante la misma jornada, rectores de universidades públicas y privadas de la zona norte de México, demandaron al presidente Calderón un cambio en la estrategia de combate a la delincuencia organizada, pidieron una estrategia integral y no sólo el combate policial y militar al fenómeno. La ANUIES ofreció a Calderón cursos de capacitación en instituciones de educación superior a las fuerzas policiales; para dar contexto a la información, los reporteros de El Universal buscaron en el Distrito Federal al rector José Narro Robles, quien les dijo que la política integral contra el narcotráfico debe atender problemas sociales como la pobreza y la falta de educación.

El martes, sin anticipar la reacción de la Cámara de Diputados, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que veta la participación del Ejército en conflictos de origen social, laboral y electoral, y establece los pasos legales a seguir para autorizar el despliegue de tropas en el territorio nacional; se pronunció por reformar también el Código de Justicia Militar para modificar el fuero de las Fuerzas Armadas.

Los senadores, que parecen no estar en sus cabales, aprueban en su reforma que, en todos los casos, los militares deberán respetar los derechos humanos y garantías individuales, que no podrán suspenderse bajo ningún escenario; para regularizar la operación de los retenes establecieron un plazo de un año para emitir la Ley sobre el Uso Legítimo de la Fuerza. Con los cambios aprobados se abre la puerta a que los elementos castrenses sean juzgados por tribunales civiles cuando cometan delitos contra civiles, todo lo cual es un exceso, pues dicha Ley de Seguridad Nacional se hace necesaria porque el Estado mexicano está en guerra contra una delincuencia organizada que supera en número y armamento a los efectivos de las Fuerzas Armadas.

Surgen dudas, inquietudes y, naturalmente, las preguntas insidiosas: ¿Cómo van a operar los retenes si sólo hasta dentro de un año se emitirá la Ley sobre el Uso Legítimo de la Fuerza? ¿Los sicarios contra los cuales se enfrentan en una cruenta lucha de vida o muerte los integrantes de las Fuerzas Armadas, son civiles, lo que los convierte prácticamente en intocables, o se les va a declarar paramilitares, o insurrectos, o bandidos, o qué?

Qué bueno que la cordura llegó a la Cámara de Diputados.

El cártel incómodo

Sara Lovera

En los últimos tres años, como una ráfaga incandescente, cerca de 80 periodistas --hombres y mujeres-- han sido asesinados, muchos perseguidos y otros y otras desaparecidas.

El último fin de semana dos periodistas de Morelos recibieron a través del correo electrónico la amenaza más tremenda que se le puede hacer a una persona: “Sabemos a qué escuela van tus hijos y te estamos vigilando”.

Las periodistas temblaron. Son parte de una lista amenazada de 17 colegas de la región, donde la batalla que mató a Arturo Beltrán Leyva el 16 de diciembre 2009, ha significado confusión y venganza. El objetivo es la autocensura de los profesionales del periodismo y la garantía del silencio.

La historia parece sacada de una novela policiaca. En la contraportada del libro que empezará a circular, con el sello de Grijalbo, titulado El cártel incómodo, del periodista José Reveles, se resume:

“Cuerpos decapitados, ‘pololeados’, descuartizados; narcomantas, cartulinas y videos con mensajes de violencia o denuncias contra el gobierno por atacar sólo a unos traficantes y encubrir y consentir a otros: ataques armados a centros de adicción, a discotecas, a fiestas particulares de jóvenes; amenazante paramilitarismo. Todo forma parte del escenario de nuestra violenta cotidianidad desde que el gobierno federal le declaró la `guerra` al narcotráfico, pero sin emplear inteligencia policiaca o militar, sin desmantelar redes financieras, lavado de dinero y empresas fantasmas. Siguen intactas las estructuras políticas que brindan protección a la criminalidad”.

La historia de El cártel incómodo, refiriéndose a la organización criminal conocida como los Beltrán Leyva, es un seguimiento meticuloso de su nacimiento y su extinción en apenas cinco años de “operativos” para destruirla, de los fuegos cruzados que día a día atropellan a la población civil; de un entramado en el que las mujeres reciben igual castigo, igual número de balas, atropellamientos y asesinatos.

Esta versión cotidiana de mi país es como hablar de la región más temible y profunda: la Gamaironi referida por Mario Vargas Llosa en su libro El Hablador, ese mítico personaje que cuenta y cuenta historias, pasadas y presentes para memorar sin descanso. Personaje vigoroso e impresionante que el escritor halló durante su investigación sobre la vida de los indios amazónicos, conocidos como machiguengas.

En El Hablador, confiesa el escritor peruano, que durante 25 años le persiguió el deseo de contar quiénes eran esos que andan y no descansan, sólo para que nada se olvide.

De esta talla es El cártel incómodo, de un hablador capaz de tener en su mente datos, cifras, situaciones, procesos encadenados de nuestra historia reciente. Reveles, de 64 años y 40 años de vida profesional, me contó cómo se especializó en un tema que parece policíaco, pero que en realidad es seguir la huella de lo que le ha pasado a la sistemática violación de los derechos humanos en México.

Su libro contiene los informes detallados del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que Alfredo Jiménez Mota, periodista del diario El Imparcial de Hermosillo --en Sonora, México, a más de mil 300 kilómetros de la capital-- utilizó para una serie de reportajes y publicaciones periodísticas antes de ser desaparecido en 2005.

Se trata de la relación entre integrantes de la administración pública y los grupos delincuenciales. Relaciones sustentadas en otras muchas investigaciones periodísticas, que como El Hablador michinguenga, hacen posible mantener la memoria, evitar la simulación, la mentira y las atrocidades que rodean la ola criminal que nos aturde.

¿Por qué las persecuciones? Respuesta: la periodista Ana Lilia Pérez, que investigó nueve años la situación de Petróleos Mexicanos, la industria emblemática de México, ha sido acusada por los industriales que han sido beneficiados por las altas esferas del poder en los negocios precisos, comprobados, con documentos explicativos, en que la riqueza petrolera nacional fue saqueada en los últimos años.

Ella, que escribió para su revista los reportajes, también es autora de otro libro emblemático: Camisas azules manos negras y, cómo lo hace Reveles en El cártel incómodo, no tiene tapujos para enlazar los hechos a la casa presidencial de Los Pinos.

Ambos, junto con el periodista Roberto Rodríguez Baños, se preguntan: ¿por qué en ningún caso de asesinato, acoso, homicidios de periodistas se ha llegado a la verdad? ¿Por qué todos los casos quedan impunes? ¿Dónde está la liga? ¿Qué es lo que se pisa como poder inconmensurable que hace imposible la justicia?

Por eso es obvio que las reporteras de Morelos puedan recibir impunemente mensajes de miedo en sus computadoras; una exlocutora pueda ser baleada sin reparo en Chihuahua; un grupo de delincuentes balee a los presentes, en un funeral matando a dos mujeres y dos adolescentes, apenas el sábado 24 de abril; ¿por qué no se localizan a los culpables de perseguir jóvenes y mujeres en Ciudad Juárez durante 14 años, aciagos y terribles?

El 12 de abril nuevamente fueron saqueadas las oficinas de la revista Contralínea, donde trabaja Ana Lilia, y un día después Ana Lilia recibió un premio por su investigación y su valentía.

Se trata, dicen quienes saben, de un operativo clarísimo, fundado en una doble cara, en un doble lenguaje que se esparce lentamente, sin descanso, como una gota que va haciendo una canaleta, preciso en la vida de la sociedad mexicana, aparentemente inerte, sin respuesta.

Ana Lilia me contó que la oficina para atender crímenes contra periodistas en la Procuraduría General de la República no es más que una simulación. Ella denunció el acoso. La respuesta fue una denuncia penal contra ella. Se queja de que hoy su vida, de joven periodista, de esas que quieren investigar antes de escribir, está dividida entre la jornada laboral y su cotidiana asistencia a los tribunales, como si fuera una delincuente, señalada sólo por narrar los hechos.

Reveles, quién fundó en México la primera revista dedicada a publicar hechos de violación a los derechos humanos, Filo Rojo, reacciona como El Hablador: “Hay que continuar porque las cosas tienen que conocerse; hay que documentarlas, probarlas para que la memoria no se confunda, para que se tengan los nombres, las circunstancias y los hechos”, de modo que, a posteriori, nadie tenga dudas.

La tremenda cifra de 22 mil 700 ejecuciones en México, sin que se toquen las estructuras del crimen, obligó a Bill Clinton a proponer un programa para México, como el que Estados Unidos diseñó para Colombia, “porque solos no van a poder”, dijo, y mientras tanto los muertos son de este lado de la frontera mexicana, los muertos cotidianos.

El caso de Ana Lilia Pérez y la revista Contralínea ya han sido llevados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una muestra de la forma artera y pertinaz de la persecución a quienes han decidido andar, han decidido contar, recoger y mantener las historias pasadas y presentes, que impidan el olvido y a los responsables de los hechos, a los directamente implicados, a sus redes y sus entramados facciosos, de la cúpula del poder a la base burocrática y la sociedad convulsa de esta hora, como dice Vargas Llosa.

Y, claro, los bancos, las casas de bolsa, los millonarios negocios, las empresas fantasmas y el poder político están intocados, más bien reciclados, en fantásticas e insultantes alianzas y acuerdos, en los que no se toca la realidad de la gente ni el miedo que se oculta a diario en la vida cotidiana, aparentemente sencilla y simple.

Calderón y la narcocracia

Francisco Rodríguez / Índice Político

POR RAZONES DE todos sabidas, el señor Felipe Calderón no se asume como mandatario. En Monterrey, hace un par de días, pidió indagar a políticos y jueces ligados con el narcotráfico. ¿A quién se lo pidió? ¿A alguna potencia extranjera? ¿No sabe que, como ocupante de Los Pinos –“haiga sido como haiga sido”–, él tiene a la mano los instrumentos para hacer tal indagatoria y, además, llevarla a sus últimas consecuencias?

Obviamente, se trata de una más de las muchas simulaciones de Calderón que se da bajo el paraguas de su llamada “guerra en contra del narcotráfico”.

Porque si de combatir al narcotráfico se tratara –sólo un ejemplo– su fallida Administración hubiese actuado de inmediato tras la denuncia que Miguel de la Madrid hiciera sobre las ligas del narcotráfico de los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari, en entrevista con Carmen Aristégui difundida a mediados del año anterior.

Impensable que las actividades del narcotráfico se hagan sin la protección de políticos, policías, jueces, magistrados…

Impensable que no cuenten con la ayuda de empresarios, banqueros, industriales, financieros…

No sólo en México. Sucede en todo el planeta, pero en otros países este fenómeno se maneja mucho mejor que aquí.

Calderón falló –para no variar— en su estrategia de legitimación tras su ocupación de la primera magistratura del país. Provocó no nada más el desgaste de las instituciones militares y navales, lo peor es que desató una masacre que ya ha cobrado más de 22 mil vidas, sin que haya una luz al final del túnel que alumbre un resultado exitoso.

Calderón se ha montado en el discurso que borda sobre la amenaza que para los procesos democráticos significa el narcotráfico.

Se trata de un discurso que, cuando menos, es sospechoso. Entre otras razones por los profusos antecedentes que vinculan la comercialización de drogas con el financiamiento de operaciones encubiertas impulsadas por la CIA y otros organismos estadounidenses ejecutores de políticas de seguridad nacional. ¿Alguien se acuerda del avión que la CIA y “El Chapo” Guzmán usaban al alimón?

La definición de un enemigo común, transnacional y lo suficientemente peligroso, es vital. Así, como antes lo fuera el comunismo, el narcotráfico es definido hoy como principal enemigo de los procesos democráticos, lo que tiende a enmascarar la causa primera de la desestabilización mexicana: las profundas injusticias sociales y los niveles insoportables de marginación y pobreza que engendran las recetas económicas neoliberales.

Para llenar un vacío de la posguerra fría, el narcotráfico –que sí puede ser considerado como una amenaza para los procesos democráticos por su carácter corruptor a nivel político y desarticulador a nivel social–, asume el rol que “el comunismo” ocupó en los años 60’s y 70’s para justificar una política de intervención militar y de hegemonía económica.

Así como el “narcoterrorismo” es una generalización burda para explicar los estallidos sociales, las rebeldías, las violencias y las insurgencias, el “narcotráfico” resulta una justificación fácil y lucidora para el despliegue de estrategias militaristas.

En ese sentido, el esquema que se reproduce en México guarda grandes similitudes con la historia reciente de América Central, donde las estrategias de contrainsurgencia fomentaron la aparición de los grupos paramilitares, y los objetivos políticos desplegaron un terrorismo de Estado que no vaciló en acudir al narcotráfico como fuente de financiamiento.

¿De verdad quiere Calderón que alguien –no él, claro– indague las ligas del narcotráfico con los políticos?

¿Por qué no empezar por el estado de Morelos y la “clase política” panista de esa entidad?

Ahí hay una gran veta.

Índice Flamígero: Felipe Calderón sueña con que algún día las páginas de los periódicos reflejen sólo buenas noticias. El resto de los mexicanos también tenemos sueños, don Felipe. Que una buena noticia nos sorprenda una de estas mañanas y nos anuncie que el sexenio se encogió a sólo tres años y medio. Eso sí sería maravilloso, ¿no cree usted?

Se protege al Ejército, no al ciudadano

Jesús Cantú

A pesar de que tanto el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvieron que el Estado mexicano debe crear y aplicar mecanismos de defensa a favor de los gobernados para prevenir y remediar los abusos de autoridad y la violación de los derechos humanos de la población, la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que envió el Ejecutivo al Senado el 21 de abril de 2009 ignora el tema y, en cambio, pretende blindar la actuación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea para defender la seguridad interior.

El 5 de marzo de 1996, el pleno de la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por 167 diputados federales en contra de diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Luego, el 27 de marzo de 2000, acordó publicar como tesis jurisprudenciales seis resoluciones de dicha sentencia.

Dos de esas tesis respaldaron que “es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública”.

Las otras cuatro se enfocaron en precisar que su participación debe acatar estrictamente la Constitución y las leyes y, por lo mismo, respetar escrupulosamente las garantías individuales.

Las tesis enfatizan que las tres instancias de gobierno deben encontrar “una fórmula equilibrada que suponga necesariamente la existencia y eficacia de mecanismos de defensa en favor de los gobernados, para así prevenir y remediar todo tipo de abuso por parte de las autoridades en el ejercicio de sus facultades, o en la extralimitación en éste, en particular, cuando ello sucede en el delicado campo de la seguridad pública interior”. Así, la tesis P/J 34/2000 conduce a revisar si la normatividad vigente contempla dichos mecanismos y, en caso contrario, conlleva la obligación de crearlos.

No en balde la Corte Interamericana le recordó a México que las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares “tienen derecho a que tales violaciones sean conocidas y resueltas por un tribunal competente, de conformidad con el debido proceso y el acceso a la justicia”, de acuerdo con la resolución emitida el pasado 23 de noviembre de 2009 por la presunta desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco a manos de efectivos del Ejército el 25 de agosto de 1974 en el estado de Guerrero.

El organismo interamericano asegura que “la importancia del sujeto pasivo trasciende la esfera del ámbito militar, ya que se encuentran involucrados bienes jurídicos propios del régimen ordinario” y, en consecuencia, dispuso que el Estado mexicano “deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

De las tesis de jurisprudencia de la SCJN y de la resolución de la CIDH queda claro que no se requiere de ninguna reforma legal para permitir la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior a solicitud expresa de las autoridades civiles, sin necesidad de declarar un estado de excepción y suspender las garantías individuales. Y aunque es conveniente regular el procedimiento para dicha solicitud a nivel legislativo, no es indispensable.

El proyecto del Ejecutivo parece obedecer más a la reiterada demanda de las Fuerzas Armadas de blindar su intervención y un intento por ampliar los motivos para ello: al incluir en el artículo 68 que “la sublevación o el trastorno interior en una entidad federativa” afectan la seguridad interior, se abre la puerta para solicitar el auxilio de las Fuerzas Armadas para impedir casi cualquier protesta masiva de ciudadanos pues, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, sublevar es “excitar indignación, promover sentimiento de protesta”. Todo cabe en ese supuesto.

En cambio, la única disposición específica para proteger los derechos humanos es que la Secretaría Ejecutiva de la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá informar de la declaratoria a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a los correspondientes organismos estatales, para que éstos “ejerzan sus facultades y atribuciones en materia de promoción y protección de los derechos humanos”.

Si bien la reforma constitucional votada el jueves 8 en el Senado contempla que los organismos nacional y estatales de derechos humanos podrán incrementar sus atribuciones y facultades de investigación, a final de cuentas todo quedaría en una sanción política, pues lo único que puede hacer es formular “recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas”. Esta reforma aún debe aprobarse en la Cámara de Diputados y en el Constituyente permanente.

Pero resulta que la autoridad competente para conocer los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas son los tribunales militares, lo que va en contra del debido proceso, así como de la independencia e imparcialidad del juez. Así, aunque las evidencias de violaciones graves a los derechos humanos de civiles inocentes por parte de las Fuerzas Armadas se incrementan día a día, el presidente está más preocupado por blindar la actuación del Ejército y ampliar los supuestos para requerir su apoyo (incluso para sofocar protestas de la población civil) que por proteger a la población civil de los abusos, atropellos y graves violaciones a los derechos humanos que padecen como consecuencia de la “guerra contra el crimen organizado”.

"URO", el gobernador de la violencia

José Gil Olmos

Como ningún otro en el país, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, tiene en su haber el mayor índice de violencia y represión social en su estado, así como violaciones a los derechos humanos y asesinatos a lideres sociales, como el ocurrido apenas el martes en la noche contra la Caravana Internacional de Observadores que acudía a documentar los abusos a los derechos humanos en la región indígena triqui de San Juan Copala.

La criminalización de la protesta social es la marca indeleble del gobierno de Ulises Ruiz. Desde que llegó y hasta el año pasado se tenía un registro escalofriante: 62 muertos por cuestiones políticas, más de 500 detenidos por protestas sociales y una decena de desaparecidos.

Ulises Ruiz Ortiz –URO, le llaman los oaxaqueños--, ha demostrado que no tiene límites para usar la fuerza y mantenerse en el poder sembrando el terror entre la sociedad.

En el 2008 la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos presentó un informe de la situación en Chiapas, Oaxaca y San Salvador Atenco, en el Estado de México, en el cual destacaba que entre junio del 2006 a abril del 2008 se documentaron 62 casos de homicidios por cuestiones políticas o sociales, de entre las cuales figuraban los 26 muertos registrados durante el conflicto de la APPO.

Antes del 2006, cuando se originó el conflicto de la APPO, el gobierno de URO ya tenía en su haber varios casos de líderes sociales asesinados, como el del profesor Serafín García, en Huautla de Jiménez, el 27 de julio del 2004; los de Jorge Enrique García Brenis, Marlon Roberto Miranda y Jorge Alberto Miranda, el 22 de mayo del 2005; el del líder social César Toimil, el 30 de noviembre del 2005 en la capilla de Acatlán de Pérez Figueroa; y los ocurrido en 2006 contra Neguib Tadeo Manriquez, Moisés Cruz Sánchez, Andrés Santiago Cruz, Octavio Martínez y el profesor universitario Pedro Martínez.

Catalogado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un gobernante que ha violado las garantías individuales de los oaxaqueños, luego de que se investigó la forma como reprimió a la APPO en el 2006, Ulises Ruiz carga en su espalda muchos muertos, heridos, desaparecidos y reprimidos que le dan un saldo histórico preocupante.

Pero más preocupantes son los planes que tiene URO de permanecer en los primeros planos de la política nacional y para ello planea ganar estas elecciones locales con su candidato a gobernador Eviel Pérez Magaña y colocarse como un operador político electoral al servicio de Enrique Peña Nieto.

La impunidad con la que ha gobernado URO es impresionante y lo es más por la manera tan abierta y frecuente con que lo sigue haciendo hasta hoy en día.

Durante el conflicto de la APPO fue documentada la aparición de un grupo de sicarios que se dedicaron a sembrar el terror entre los simpatizantes de este movimiento popular que luchaba por un cambio de gobierno. A este grupo se le conoció como la Caravana de la Muerte y se le achacó el asesinato de varios maestros, colonos e incluso del periodista estadunidense Brad Will.

Curiosamente el 30 de enero del 2008, Alejandro Barrita, director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, a quien se le identificaba como uno de los integrantes de la Caravana de la Muerte, fue ejecutado por cuatro sujetos. Casi un año después, otro de los personajes siniestros, Aristeo López Martínez, excoordinador de Seguridad Pública, también fue ejecutado.

Ambos personajes también estaban involucrados en la detención y desaparición de los dos miembros del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Ramírez Amaya, el 25 de mayo del 2007.

Los casos de asesinatos de líderes sociales es recurrente; y en vísperas de la elección de julio, defensores de los derechos humanos y simpatizantes de la APPO, ya los veían venír.

En San Juan Copala --declarado por sus propios habitantes como municipio autónomo-, que es conocido como una de las zonas más conflictivas del estado, el 7 de abril del 2008 fueron asesinadas Teresa Bautista Flores y Felicitas Martínez Sánchez, locutoras de la radio comunitaria “La Voz que rompe el silencio”.

En septiembre y octubre de ese año, las autoridades del mismo municipio triqui denunciaron que un grupo de civiles armados asesinaron a otros dos habitantes del lugar, Aurelio Hernández González y Aniceto Martínez Ramírez, sin que el gobierno de URO hiciera algo para detenerlos.

La violencia ha sido consustancial en el gobierno de Ulises Ruiz y, muchas de las ocasiones, la ha provocado para fincar un gobierno de terror.

El año pasado la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa) presentó un informe basado en datos proporcionados por diversas organizaciones de derechos humanos de la entidad. En dicho documento titulado “Oaxaca, un régimen agrietado”, se menciona la existencia un grupo “parapolicíaco” o paramilitar que viene operando desde el 2006 y que es solapado por el gobernador.

“Cabe señalar que desde el 2006 se escucha la existencia de grupos ‘parapolicíacos’ o paramilitares actuando contra el movimiento social, los hechos más recientes ligados a la Sección 59 del SNTE, que mantiene un abierto conflicto por el control de escuelas con la Sección 22. ‘La Fraternidad’ es el grupo armado…” indica dicho informe, en el que se señala que esta dirigido por militares y se ha nutrido por grupos de sicarios pagados para “asesinar al movimiento”.

En este contexto ocurrió el ataque contra la caravana de observadores que se dirigía, precisamente, a San Juan Copala.

Resultaron muertos Alberta Beatriz Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) y Jyri Jaakkola, observador internacional de nacionalidad finlandesa.

El ataque es parte de este gobierno de terror y muerte creado por Ulises Ruiz, el cual parece que se quedará disfrutando la impunidad amparado por el manto del poder.

Las demandas del general

Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal

El secretario de la Defensa, Guillermo Galván, logró la primera parte de lo que venía reclamando desde hace más de un año, un marco regulatorio para la presencia de soldados en las calles que los blinde para que en el futuro no puedan ser juzgados por genocidio como sucedió con sus antecesores por abusos cometidos durante el periodo de la guerra sucia. El Senado votó este martes por esa regulación, que se espera camine sin problema por la Cámara de Diputados. Sin embargo, el general Galván no tiene mucho de qué celebrar, pues de las demandas que hizo durante semanas en privado a los senadores, no le dieron ni una.

El general sorprendió a muchos con sus exigencias. “Quería que se incrementaran las atribuciones al Ejército, y las pedía abiertamente”, dijo una fuente parlamentaria que lo escuchó en una de las reuniones. “Quería tener todo el control bajo el mando militar y sin contrapesos civiles”. El general Galván buscó borrar todas las instancias de administración y procuración de justicia civiles, y que se le entregaran a él.

Uno de los planteamientos que más sorprendieron a los senadores fue cuando pidió que le otorgaran a los militares atribuciones que hoy están asignadas formalmente a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a la Procuraduría General de la República y al Cisen. “El general pidió que el Senado le entregara la facultad de investigar, perseguir, detener, arraigar y consignar, como hacen las autoridades civiles”, añadieron las fuentes parlamentarias. “Quería la facultad para realizar el espionaje telefónico sin que tuviera que pasar por una autorización de un juez”.

Las peticiones del general Galván dejó en la mente de varios senadores una intencionalidad de ampliar su poder político dentro del gobierno del presidente Felipe Calderón, y la percepción de que el mandatario estaba de acuerdo en cedérselo. Las exigencias del secretario de la Defensa no son compartidas homogéneamente dentro de las Fuerzas Armadas, donde hay generales en activo y retirados que consideran que el papel que juegan no debe ser en el campo de la política sino en el de la seguridad nacional.

El general Galván, que tuvo el apoyo activo del presidente Felipe Calderón para evitar que se legislara sobre el fuero militar en este periodo de sesiones para que como en el mundo democrático los militares paguen en tribunales civiles los abusos y excesos cometidos en tareas que corresponden a las autoridades civiles, no logró persuadir a los senadores del objetivo que realmente perseguía: fuero de guerra. El fuero de guerra es superior al fuero militar, y significa que por ninguna muerte que causaran durante sus campañas militares en tareas de seguridad pública -como la lucha contra el narcotráfico- pudieran ser llevados a tribunales.

“Buscaba que el Senado le otorgara un salvoconducto para que pudieran actuar los militares como lo hicieron durante la guerra sucia con toda impunidad”, dijeron las fuentes. La única analogía que se puede encontrar a las atribuciones solicitadas por el general secretario es cuando el ex presidente George Bush logró atribuciones sin precedente del Capitolio para la lucha contra el terrorismo, plasmadas bajo el Acta Patriótica, un paraguas legal que permitió a las Fuerzas Armadas incurrir en excesos y abusos de fuerza –como torturas- que dividieron a la población y tuvo un costo político muy elevado para la Casa Blanca y el Pentágono.

El general Galván llegó a sugerir a los senadores en una de las reuniones a puerta cerrada que sostuvieron, que le dieran esas atribuciones a cambio de la regulación de las tropas, que desde un principio rechazaron los legisladores. “No le importaba tanto el blindaje a las tropas como el tener carta blanca para hacer tareas en las calles”, dijeron las fuentes parlamentarias. La razón que expuso a los senadores para que le dieran esas facultades al Ejército, dijo abiertamente según las fuentes, era que no confiaba ni en la Secretaría de Seguridad Pública Federal ni en la PGR.

Pero el México que desea el general Galván para los militares no es el mejor de los Méxicos para los mexicanos. El secretario de la Defensa, respaldado por el Presidente, buscaba una nueva atribución para el Ejecutivo en materia de estado de excepción. La petición era que sólo bastara una orden del Presidente para que se aplicara esa situación extrema, que hoy tiene que ser aprobada por el Congreso antes de ser puesta en práctica. No lo obtuvieron, como tampoco la ausencia de candados para la presencia de tropas en la calle. El Presidente podrá, bajo el argumento de amenaza a la seguridad nacional, enviar al Ejército a la calle, pero el Senado le estableció un límite de hasta 90 días, al final del cual un gobierno estatal o uno municipal podrán solicitar la ampliación del plazo, regresarán a los cuarteles.

La posición de la mayoría de los senadores fue fundamental por el control que impuso al Ejército, cuyos jefes superiores, el Presidente y el secretario de la Defensa, querían ampliación de atribuciones, responsabilidades y poder político. El Senado los frenó. Los soldados podrán salir a la calle a defender a los mexicanos, pero tendrán que regresar a los cuarteles cuando terminen, no cuando lo quieran. Hace todavía dos décadas, con el temor de un golpe de Estado, el gobierno federal sólo le daba combustible para tres días, al término de lo cual tenían que reabastecerse, y jugaban con la rivalidad entre el Ejército y el Estado Mayor Presidencial como un juego de equilibrio y contrapesos.

Las condiciones han cambiado en todo este tiempo, pero con el envío de tropas a las calles del país para luchar contra el narcotráfico, la creciente ascendencia militar sobre el presidente Calderón y su inclinación abierta por el uniforme militar, los temores resurgieron dentro y fuera de las Fuerzas Armadas. Ya hay un primer dique en el Senado. Si la Cámara de Diputados actúa en consecuencia, la Ley de Seguridad Nacional que establece los frenos y candados al Ejército, será aprobada en términos similares. Esto no evita, por supuesto, eventuales acciones de fuerza de los militares, pero a diferencia de cómo arrancó esta semana, el costo de hacerlo, para cualquiera que quiera transgredir el orden constitucional, será más alto.

La claudicación de TV Azteca

Beatriz Pereyra / Proceso

TV Azteca se rindió ante Televisa, resume José Ramón Fernández, quien durante tres décadas fue cabeza del área deportiva de la televisora del Ajusco. Dice más: Televisa es dueña de la Selección nacional, de equipos de futbol y, lo que resulta muy peligroso, de casas de apuestas. Alejado de la televisión abierta, empujando proyectos en la cadena estadunidense ESPN, el comentarista habla de poner fin “al duopolio” de las televisoras, considera que los deportes en TV Azteca “se fueron al caño” y lamenta que el técnico nacional Javier Aguirre “esté secuestrado” por la empresa de Emilio Azcárraga

El Mundial de Alemania 2006 no pudo ser mejor para Televisión Azteca: invirtió 34 millones de dólares –18 millones en el pago de derechos de transmisión, que se dividió con Televisa y SKY, y 16 millones en gastos de producción– que le generaron ganancias por 55 millones de dólares.
Cuatro años después, quien durante más de tres décadas fue el líder de deportes en la televisora, José Ramón Fernández, augura una estrepitosa caída en la audiencia y en las ventas por la sencilla razón de que el “gancho comercial” llamado Los Protagonistas es otro producto, ya sin calidad, mancillado por comentaristas deportivos “bufones” y porque TV Azteca está rendida ante la otrora rival, Televisa.
A diferencia de otros Mundiales, en Sudáfrica 2010 José Ramón no tendrá un kilométrico y espectacular estudio dentro del Centro Internacional de Prensa, el famoso IBC. Junto con el equipo de la cadena internacional ESPN transmitirá desde la Plaza Mandela. A la distancia, lamenta cómo los deportes en Televisión Azteca “se fueron al caño” y, de lejos, ve cómo Televisa “se ríe”.
–Sudáfrica será el primer Mundial en el que usted no estará en Televisión Azteca. ¿Cuál es su pronóstico?
–Para la empresa, mientras tengas números negros estará bien porque los juegos serán en horas no comerciales: de madrugada, en la mañana o a mediodía, y no afectarán la programación de triple A. El resumen de la noche es lo único que está en horario prime time, es decir Los Protagonistas, que era el programa que realmente generaba los ingresos durante la Copa del Mundo.
“Cuando nació, en México 86, aunque aún éramos del gobierno, fuimos muy superiores a Televisa. Lo mismo en el 90, aunque nos vetaron; igual en el 98. Tal vez ellos nos ganaban en los partidos porque gritan más o dicen más tonterías, pero desde 86 los anunciantes se fijaron, más que en los ratings, en la credibilidad de quienes hacíamos Los Protagonistas, porque el programa era familiar, con buenos comentaristas y analistas y la presencia de Andrés Bustamante.
“Los clientes no pensaban si Televisa tenía un punto más o uno menos; el gancho era Los Protagonistas. El mundial dura un mes, pero hay días sin partidos. Entonces necesitas resúmenes más sólidos, con más entrevistas y mejores comentarios.
“Hoy Televisa y Azteca se copian, hacen los mismos resúmenes. A Televisa les sale un poco mejor porque tiene más dinero y a la Selección nacional la tiene secuestrada. Azteca deportes no existe, es un apéndice de noticias. Me imagino que las ventas no andan bien y no se sabe ni cuánta gente llevará y si hará todo desde Sudáfrica, porque si hoy se ahorra dinero y no manda comentaristas a narrar ni a Chiapas o a Ciudad Juárez, lo hace desde su estudio. En el mundial muchos partidos los harán desde el estudio, y el resumen del día será su parte importante.
“Lamentablemente le seguirán llamando Los Protagonistas. Por honradez, por misericordia, deberían quitarle ese nombre. El nombre fue un éxito, vendía, pero creo que ya no, la gente es otra. Tengo a un amigo ahí, Luis García, le deseo suerte, pero esto es un problema de los ejecutivos de Azteca, que son muy malos.”

Bufones para narrar

Se le pregunta a José Ramón si Ricardo Salinas es ajeno a ello o no le importa la calidad de la información deportiva que transmite su empresa televisiva.
“Salinas está enteradísimo de todo, más del dinero. Cuando hacíamos un evento grande nos pedía que saliéramos con los de comercialización a venderlo. Nos reuníamos con los grandes empresarios y lográbamos ventas históricas. Los Protagonistas es un producto poco vendible ahora. La última decepción que tuve en Azteca fue cuando Mario San Román (el director general) me dijo que necesitábamos comentaristas bufones. Me quedé helado.
“Me explicó que Televisa había hecho un sondeo que decía que El Perro Bermúdez era el que marcaba más alto porque hace más chistes y bufonadas. Dije: ‘¿Cómo un bufón?, eso no va con nosotros, sólo que ponga a Ponchito (personaje de Andrés Bustamante) a narrar’.
“En esa junta estaba Salinas Pliego, y San Román me dijo: ‘No, alguien que tenga frases como las que dicen ahora, las tonterías, a la gente le gusta eso; aunque México no gane quieren ver como si ganara’. Yo le decía: ‘¿Cómo puedo decir que está jugando bien si lo hace mal?’. ‘No importa, tu dilo’. Eso me hizo sufrir, me desesperó. Terminé con divertículos, operado. Después de que salí, aparecieron los comentaristas bufones.”
–Si ya no hay calidad y la programación la hacen bufones, ¿las empresas seguirán anunciándose?
–El cliente es inteligente y no le apuesta a lo que sea, cuida el dinero, busca nichos donde su producto se vea que son los resúmenes, los partidos de México, la inauguración, pero no la final, porque no está México. En este caso va a vender mucho más Televisa, a pesar de que tampoco tiene calidad, porque antes tenía un rival de alta calidad al que enfrentar y que le ganaba. Doblamos muchas veces al monstruo, y ahora Televisa se ríe porque no tiene competencia. Ellos van tranquilos.
“Televisa maneja todos los hilos de la transmisión. Si hay tres unilaterales (cámaras fijas colocadas en un estadio de futbol), Televisa siempre tiene dos y Azteca una. Se ponen de acuerdo en tantas cosas que no existe la competencia directa, fuerte, como con nosotros que éramos profesionales y había un odio especial a la empresa de enfrente porque nos mancillaba, nos vetaba. Entonces luchábamos con ideas, no gastábamos a lo desesperado.
“Ellos creen que gastamos más que ellos, jamás fue así. Bueno, al Mundial de Alemania fueron muchas personas que no tenían nada a que ir, pero se colgaban de los viajes y hacían fiestas para los patrocinadores, para los mexicanos, y borracheras espectaculares donde jugaba la Selección.”
–Después de haber sido el líder de los deportes durante más de 30 años, ¿cómo se siente al ver el producto que hoy ofrece TV Azteca?
–La información deportiva en Azteca tiene un nivel muy bajo. La dirección de deportes ya no existe, el compromiso tampoco. Antes había que batirse en serio contra Televisa, que siempre quería más metros de estudio o quería hacer lo mismo que nosotros.
–¿Por qué no se respeta la información deportiva en TV Azteca?
– Porque los deportes los cuidaba yo, no Ricardo Salinas. Yo pedía los presupuestos, ayudaba a vender para que la empresa ganara, difícilmente en Olímpicos o un Mundial perdí dinero. Ahora el pastel está bien repartido. Televisa lleva las de ganar porque, además, sólo en México arranca el Mundial un año antes. Acabo de regresar de Europa y en España, Italia, Francia todavía no se habla del Mundial, están metidos en sus ligas, por ahí se cuela un anuncio, la Champions termina el 22 de mayo, tendrán siete días de vacaciones y luego el Mundial. Aquí la Selección estará 60 días concentrada.

La salida del canal del Ajusco

Si era tan rentable, ¿por qué se deshicieron de usted? –se le pregunta a José Ramón.
–En un Mundial hay tal presión de tanta gente que se mete y opina. Me presionaban mucho para saber a quién llevaría, porque Televisa lo quería saber. Yo lo escondía o mentía hasta donde podía. A los de enfrente les molestaba perder con José Ramón y su grupo. Lo fueron desbaratando hasta que llegaron a un acuerdo y dijeron: “No más, se acabó”. Yo dije: “Pues adiós, ahí nos vemos”.
–¿Confirma que TV Azteca y Televisa negociaron su salida?
–No creo que la negociaran. En Azteca ya tenía demasiados enemigos internos. Uno cree que están afuera, pero están dentro. Hay ejecutivos que no me querían porque yo era el único ejecutivo que salía en televisión. Yo daba la cara, criticaba, me vetaban, me regañaban y ahí seguía, y luchaba para que en el futbol mexicano se hicieran mejor las cosas. Narré fracaso tras fracaso de la Selección nacional. Luego dijeron: “Ya se fue José Ramón, borremos todo lo que fue él. No existe, hagamos como si no hubiera existido”.
A Televisa le gusta competir, pero sólo si gana. Vivimos un duopolio, lo saben los diputados y senadores, el presidente de la República, y ahí siguen. Tiene que pasar algo, ya; que haya más canales, que se pulverice el futbol. En España una televisora tiene el Mundial y lo comparte, pero otras tienen la Champions, otras la liga, otras la Eurocopa. Se van repartiendo, y aquí siempre es la misma.
“Nunca pude conocer a Eriksson. Javier Aguirre ha cambiado, ni siquiera habla con nosotros. No contesta su teléfono, quedé como el malo. Te hacen ver como el malo, el que no quiere a México. Claro que lo quiero, pero más allá del futbol. La patria no está en 11 pares de botas.”
–¿Quedó marcado como un comentarista negativo con el que no conviene hablar?
–Sí y todo lo que me rodea. Me da tristeza saber que hay partidos del Mundial que yo narré o Juegos Olímpicos a los que ahora les ponen una voz encima; ni siquiera mi voz es respetada. Mira, en la Copa Confederaciones 2005 tenía en exclusiva la nota de los jugadores dopados (Salvador Carmona y Aarón Galindo) y me dijeron (Mario San Román) “por ningún motivo la pasas”.
“Se la tuve que dar al Reforma y a una estación de radio. Otro ejemplo: invité a Javier Aguirre a narrar. Le hice un contrato para algunos partidos de México en Juegos Olímpicos, Confederaciones y el Mundial por 150 mil dólares. Televisa se enojó porque él estuvo con nosotros en la transmisión del partido México-Brasil; además (el consorcio de avenida Chapultepec) no pudo llevar a un comentarista de ese nivel porque Hugo Sánchez estaba ocupado. Entonces dijeron: ‘No va por Azteca’.
“Por más que le rogué a la empresa que lo dejaran, mutilaron toda la transmisión y cada vez que Aguirre hablaba le ponían otra voz encima. Fue terrible para mí, fue un golpe. Y dije: ‘¿A dónde hemos llegado?’. Yo tenía que ir a las juntas con Televisa para que no nos perjudicaran (en la transmisión de los partidos), porque Azteca mandaba a cada baboso que no sabía nada. Entonces yo peleaba con Televisa, por eso me duele lo que pasa ahora.”
–Entonces, ¿su salida fue decisión sólo de Salinas Pliego?
–De él, pero por temor a que Televisa se fuera a enojar. Televisa es dueña de la Selección nacional, del entrenador, de los jugadores, de equipos de futbol, de las casas de apuestas que el gobierno les dio. En Italia, Alemania y Croacia ha habido escándalos por las apuestas, es muy peligroso. Se presta a todo que seas dueño de equipos de futbol que están en una bolsa de apuestas. Televisa es una empresa muy poderosa y Azteca se rindió ante ella.
“Ya estoy lejos de esas cosas que sacan de quicio. Estoy de acuerdo en que hay que arreglar a lo mejor el precio (de los derechos del Mundial, que para Sudáfrica costaron alrededor de 100 millones de dólares) para presionar a la FIFA; decirle ‘cobras mucho’, pero hasta ahí. No los contenidos, no la línea editorial –que hoy es ‘Ponte la verde, estamos en Sudáfrica’–, con la misma música, los mismos animales, los anuncios de pésima calidad, sin muchos líderes de opinión deportivos, sólo comentaristas que gritan y piensan que por eso son los mejores.”

“El Vasco” Aguirre

La reportera le pregunta al excomentarista de TV Azteca sobre su vieja relación con Javier El Vasco Aguirre, quien ahora ya ni le toma las llamadas.
José Ramón relata: “Cuando supe que venía, le hablé. Le dejé un mensaje diciéndole: ‘Estoy a tu disposición’. Sabía que iba a ser muy difícil, igual fue con Eriksson. Quería hablar con él de sus éxitos en Italia, de la selección inglesa, del futbol inglés, de los mexicanos allá; es uno de los mejores técnicos del mundo y aquí lo trataron muy mal.
“A Aguirre lo conozco, conocí a sus padres. Sin embargo lo secuestran, lo atrapan y le dicen: ‘Con esta empresa nada, con ésta sí”. Da conferencias de prensa, pero un tú a tú, por nada del mundo. Yo lo he criticado duramente por lo que dijo en España, por lo que dice ahora. Ha sido incoherente, ha caído en diferentes discursos.
“En principio despreció el futbol de México, no quería venir. ¡Ah!, pero no se lo puedes decir. Eso sí, le dio una patada a un panameño y tuvo que tomar el teléfono y que López Dóriga le pusiera una regañada. Me parece increíble para un tipo como El Vasco, él debería haberle dicho: ‘Vaya usted al carajo’, y colgarle. Pero como sabe que tiene un contrato y que de ahí sale el dinero, pues se queda callado.”
–Le toca en otra empresa sufrir los embates del duopolio, desde que les nieguen imágenes del futbol mexicano hasta no tener las ventajas de quienes pagan los derechos de la Selección. ¿Cómo recibe esos golpes?
–Me siento mal, impotente. Que el presidente Calderón haga algo, si ya se está haciendo la ley antimonopolios, que de verdad se acabe el duopolio. No puedes ser dueño de todo, de SKY, de canales, de la Selección nacional; tener exclusivas, manipular todo a tu favor, marginar, decir “tú no eres nadie”. Cada vez que hay Mundial es lo mismo: inflar a la Selección para que parezca espectacular, el cliente caiga y gaste dinero.
–Se deshicieron de casi todos los que trabajaron con usted.
–Tendrán que explotar su talento en otro lado. Tuve buena relación con Ricardo Salinas, pero cuando la gente tiene tantos millones de pesos cambia: al país lo ve diferente. ¡Vaya!, ni lo pisa. (Él) llega en helicóptero; vive en un mundo diferente, irreal. Estoy de acuerdo en que lo vivan ellos, pero los que están junto son unos simples servidores del gran millonario y se manejan como si fueran ellos.
“Soy un tipo difícil, controvertido. Dije cosas que no les gustan, pero cuando viene Televisa y te dice: ‘Te voy a dar el producto Selección nacional y la vamos a dividir. Tú vas a pagar tanto, pero yo voy a mandar’. Entonces, ¿para qué estamos ahí?, ¿para copiar lo que ellos hagan?”
–¿Ricardo Salinas ya no es su amigo?
–Yo lo sigo considerando, pero desde que salí no nos hemos visto. Conmigo se portó muy bien, fuera de la empresa era una excelente persona. Nos queríamos, decía que yo era su hermano mayor.
–Su amigo permitió que destruyeran los deportes en TV Azteca.
–Lamentablemente se fueron el caño. Ignoro por qué, si fue decisión de él o de alguien de abajo. Es una pena. Yo ya existía cuando llegaron ellos (cuando se privatizó Imevisión). Debíamos todo: el futbol o la Fórmula Uno la pagábamos tres años después, pero teníamos los derechos de Chivas, Tigres, Pumas, Monterrey, la NBA, la NFL.
“No éramos un desastre, ya habían nacido Los Protagonistas, habíamos hechos Mundiales y Juegos Olímpicos formidables. Éramos un grupo sólido, con talento. Después de que en Sydney masacramos a Televisa, ignoro por qué pero me nombraron director de Noticias. Me imagino que fue para sacarme de los deportes.
“Eso molestó a mucha gente, al que es hoy director de noticias (Ignacio Suárez), a quien yo, tal vez me excedí, llamé hijastro del padre Maciel porque prohibía que se hablara de ese tema (la pederastia y los Legionarios de Cristo en los noticiarios). En la mente de Televisa estaba quitar al equipo de José Ramón. Lo fueron despedazando, hasta que me fui. Todo fue borrado, pero no pasa nada. El mundo sigue, que Dios los bendiga.”