El Canal 22 y la desdichada palabra sobre Savonarola

Álvaro Cepeda Neri

En la retransmisión del programa La dichosa palabra del lunes 17 de este mayo, uno de sus locutores se puso a decir una serie de sandeces acerca del monje Savonarola en la época de la Florencia de los Medici, que los otros dos integrantes del trío, festejaron con chistecitos para suplir su ignorancia. La cuestión es que los tres locutores, con desparpajo y sin respetar a la audiencia se comportaron a la ligera sobre un tema de crisis entre el republicanismo y la autocracia atribuido su cuyo desarrollo y desenlace al monje, que Maquiavelo que lo conoció y escuchó sus arengas político-religiosas, calificó de “profeta desarmado”, precisamente porque Savonarola no era un político y mucho menos democrático ni republicano, sino todo lo contrario.

El problema es que traicionando sus fines, el Canal 22 se preste para, dizque difundir la cultura, con la retransmisión del programa, haga alarde de subcultura y de la falta de preparación para exponer el tema en son de cubrir el tiempo y el espacio; pero, ayunos los tres locutores de la mínima información, vomiten tonterías y muy a la ligera y por lo que el expositor se enteró en algún pasquín, se dedicaran a festinar las babosadas sobre esa época del Renacimiento no solamente de la pintura y la escultura, sino de la ciencia de fundamento matemático y de las ciencias sociales de fundamento jurídico.

Si así es como el canal oficial de “difusión” de la cultura en al menos información, ha de seguir con el resto de su programación, entonces su director, quien sea (y al parecer es un intelectual orgánico propanista) no debe esta al tanto y solamente se dedica a cobrar (la corrupción del calderonismo se ha filtrado en todas partes) sus jugosos cheques y deja en manos de sus locutores abordar como analfabetas los temas culturales. El programa La dichosa palabra de ese día, en verdad solamente dijo uno o dos datos superficiales de lo que representó esa figura e interpretaron con chunga y alboroto de expresiones (como lo de Savonarolita) que no cuadraban para nada con la mínima información de esa época histórica de Florencia y la irrupción del monje con sus diatribas a la oligarquía y plutocracia cuya corriente alumbraron la genialidad de pintores, pensadores, escultores, un papado con sus miserias y virtudes y toda una pléyade de poetas entre un pueblo laborioso que hizo posible esa época.

Fue un programa donde “la desdichada palabra” de sus tres locutores (una mujer y dos hombres) abusaron de un medio audiovisual para ponerse a chacotear con la frivolidad de la irresponsabilidad. Que en sus tertulias personales así se comporten es su problema. Que lo hayan hecho en el escenario de la televisión ante sus oyentes y espectadores, para hacerles llegar una diarrea de estupideces, hace del Canal 22 un medio de comunicación que transmite y retransmite programas que nunca debieron exhibirse ni una sola vez.

Aparecen mensajes sobre huelga del SME en periférico

DF.- Este miércoles aparecieron mantas en los puentes peatonales de Periférico norte, con sentido norte sur, en el tramo de Satélite al Toreo, con mensajes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

En ellos el Sindicato explica que la huelga de hambre que mantienen algunos de sus integrantes tiene como fin el que los energéticos no caigan en manos de empresas extranjeras.

Además, cuestionan el decreto por el que el Presidente Felipe Calderón declaró extinta la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Durante un recorrido se detectaron cinco mantas en el tramo entre Satélite y el límite entre el Estado de México y el Distrito Federal.

Con información de Grupo Reforma

Exhortan a asambleístas a solidarizarse con SME

Notimex

México.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), exhortó a los 66 diputados locales a solidarizarse en forma voluntaria con 24 horas de huelga de hambre con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

En un punto de acuerdo avalado por la Diputación Permanente, también se exhortó a los asambleístas a que de manera voluntaria se les descuente un día de su sueldo en apoyo a las acciones de resistencia pacífica que mantiene el SME.

Aprobaron también, solicitar al titular del Ejecutivo que privilegie el diálogo, así como exhortar a la Cámara de Diputados a que integre una comisión plural para encontrar una solución pacífica y jurídica al conflicto laboral.

Lo anterior, al recordar que en una acción de resistencia pacífica, 93 miembros del sindicato electricista se encuentran en huelga de hambre desde hace varias semanas.

"El gobierno debe entender que está violando las garantías individuales de los electricistas y se contradice con el Estado de derecho del que tanto habla Calderón".

El órgano legislativo cuestionó que mientras los panistas manifestaron su indignación por lo que sucedió con el cubano Orlando Zapata Tamayo, se han mostrado indiferentes con la huelga de hambre que realizan los integrantes del SME.

"La omisión de no atender la huelga de hambre de los ex trabajadores electricistas, es una violación directa a los derechos humanos y derechos laborales, por ello es urgente que el Ejecutivo federal reanude las negociaciones", subrayó.

¿Dónde está la fuerza del Estado?

Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder

El culmen del Estado mexicano coincide -desconozco si casualmente- con el inicio de la venta de sus activos, pues el gobierno tanto por favorecer a ciertos empresarios como para impulsar la industria y asegurar el desarrollo, adquirió lo mismo peluquerías y fábricas de bicicletas que compañías aéreas y lo que devino Teléfonos de México. Esa fiebre por la compra de industrias, comercios y servicios lo convirtió en el primer empleador del país, pero también facilitó que descuidara áreas fundamentales, incluso si hablamos de datos duros y cifras reales.

La nación era autosuficiente en alimentos cuando se trataba de saciar el hambre de 35 millones de mexicanos, cifra referencial a la fecha en que se inició el apagón sufrido por el milagro mexicano y el desarrollo estabilizador. Desde el sexenio de Luis Echeverría Álvarez -en cuarenta años- el número de habitantes se multiplicó por tres y, al mismo tiempo, se obtuvieron los instrumentos necesarios para prever y proyectar las necesidades del crecimiento de la agroindustria, pero apostaron al petróleo, a la administración de una riqueza que nunca llegó y sí favoreció el crecimiento exponencial de la deuda externa, el empobrecimiento alimentario de los mexicanos y, además, impulsó el desprendimiento de los activos del Estado.

Desde 1976 no han dejado de tropezar con la petrolización de la economía, tanto que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que se preparan anualmente, todavía dependen en gran medida del precio referencial de la mezcla mexicana, que por cierto no es la más costosa.

Si por proceder de esa manera el Estado se ha visto en la necesidad de adelgazar de manera más drástica que si hubiese sido sometido a una liposucción -con similares consecuencias a las padecidas por Lucha Villa-, los perdedores fueron los grupos de poder que dejaron que se les fuera entre los dedos el proyecto de la Revolución. La pobreza extrema se abatió sobre México, debilitó al Estado y obligó a nuevas y más riesgosas apuestas: la integración comercial -sin considerar las asimetrías de todo tipo que colocan a los mexicanos en condiciones de inferioridad-, la globalización y la alternancia, porque a la transición no la encuentran.

Con la alternancia y la globalización también llegó el desprendimiento del sistema bancario nacional. La mayoría del ahorro de los mexicanos sólo sirve para enriquecer a instituciones financieras extranjeras, pues lo mismo da que los depósitos se hagan en territorio nacional, que en dólares o euros en otros países. Lo otro son las remesas, el producto del trabajo de documentados e indocumentados que aseguran la paz social de amplio espectro de la sociedad.

Si el poder del Estado alguna vez se sustentó en sus activos, hoy no, por más importante que sean las industrias petrolera y eléctrica, por más control que se tenga sobre las frecuencias de la industria de la radio y la televisión, que se han convertido en fuente de poder político y económico en manos de sus usufructuarios, hasta transformarlos, convertirlos en auténticos poderes fácticos.

El Estado sustentaba su poder en las instituciones creadas por el Constituyente, en los grupos que lo acuerparon y que se constituyeron en gobierno, en la ideología de la Revolución, como lo señala Arnaldo Córdova en su texto de hace más de cinco lustros, en la educación de su sociedad y en la importancia de sus activos. Hoy eso dejó de existir, porque los grupos de poder producto del Constituyente y las luchas armadas, cedieron su lugar a los grupos de poder creados por ellos mismos para legitimar su actuación como gobernantes. Les comieron el mandado, pues.

El Estado, entonces, no es fallido, sólo está débil, lo que tiene remedio, pero a los responsables de instrumentar su salud les da erisipela de pensar en las responsabilidades que adquirirían. Nada más de considerar hacerlo, pierden el sueño.

La tragicomedia mexicana, como la bautizó José Agustín, inicia su tercer acto, porque quienes se han constituido en poderes fácticos no han aprendido a confiar ni a delegar, y porque por ningún concepto quieren ser congruentes de manera idéntica a la que en Italia Silvio Berlusconi lo hizo.

La fuerza del Estado consistía, también, en que quienes se beneficiaron de él eran estatistas, gustaban que tuviera activos; hoy sucede lo contrario, quienes se benefician del Estado lo consideran un estorbo, y eso va a costar caro a la sociedad.

Recuperar la fuerza perdida, la confianza, el apoyo irrestricto de los causantes cautivos, de los informales, de los tigres de la industria y el comercio sólo podrá lograrse con la transparencia. Sin ésta, el Estado permanecerá débil.

Las cuentas de Bazbaz

Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal

La renuncia del procurador del estado de México, Alberto Bazbaz, por el mal manejo del Caso Paulette, resuelve un problema de imagen política para el gobernador Enrique Peña Nieto en el corto plazo, pero no es suficiente. La salida de Bazbaz mantiene las incógnitas que todavía envuelven la muerte de Paulette Gebara Farah, cuyo caso no puede terminar con esta dimisión. Bazbaz incumplió la ley y tiró a la basura la verdad jurídica. Debe haber consecuencias legales en su contra y ser el primer paso para que se reabra la investigación sobre la suerte de la pequeña.

Bazbaz pasó de un homicidio a un accidente en el caso de la muerte de la niña, sustentando su conclusión del viernes pasado en el mismo documento que inicialmente ignoró, la necropsia de la niña, realizada el 31 de marzo. La necropsia establece cómo murió Paulette, pero no explica cómo llegó a la base de la cama, ni cuánto tiempo estuvo ahí. Tampoco permite determinar con certeza científica si murió en ese lugar o en otro más, ni si Paulette misma llegó por sus medios a esa parte de la cama o si fue colocada ahí. Cómo hizo el ex procurador para armar su conclusión, sigue en el misterio.

La necropsia sólo explica una parte de la muerte. Los peritos ubicaron el fallecimiento entre 5 y 9 días antes de haber encontrado el cadáver, por el color verde que tenía el cuerpo cuando lo encontraron. Ese color lo genera una mancha verde de ácido sulfhídrico que muestra putrefacción, y salvo que el cuerpo se hubiera movido de donde se encontraba en las primeras 12 horas de la muerte, máximo tiempo para que se fijen las manchas verdes, se puede afirmar que murió donde la encontraron. Según la necropsia, la “lividez cadavérica”, que es cuando por el efecto de la gravedad la sangre se desplaza hacia la parte más baja, estaba en la parte derecha del cuerpo, que concuerda con la posición en la que hallaron a Paulette.

La necropsia no se refirió a los olores de un cuerpo putrefacto, que tanta polémica ha generado porque nadie notó nada extraño durante las dos primeras reconstrucciones. De acuerdo con un perito que vio el cuerpo, Paulette casi no despedía olor, derivado a un buen cuidado, sin bacterias ni grasa. Los perros tampoco la detectaron porque los que llevaron a la habitación estaban buscando a una persona desaparecida, viva, no muerta.

Desde el primer momento los expertos forenses hicieron notar que la cama de Paulette era la clave del caso. Esta es la parte donde la ciencia no le alcanza a Bazbaz, y la investigación que realizó siempre tuvo inconsistencias. Cuando no pudo documentar la hipótesis del asesinato, regresó a buscar indicios. La cama de Paulette, cuya base era aproximadamente 15 centímetros mayor que el colchón, y tenía una especie de barandal que 30 centímetros se convirtió en el eje de su caso.

La necropsia sugería por la “lividez cadavérica” y por la maceración de los dedos de la mano derecha, que la pequeña había emigrado de lugar en la cama durante la madrugada y se deslizó hacia la parte de los pies por debajo de la colcha. Al llegar a la base, daba a entender el peritaje, cayó sobre su costado derecho -tenía problemas motrices con el izquierdo-, y no tuvo la fuerza para despojarse de la colcha. Esta hipótesis que se convirtió en tesis establecía que al no poder salir la presión de su cuerpo contra la base de la cama le pudo causar la asfixia.

Las trabajadoras domésticas de la casa Gebara Farah, dijeron que no había ningún cuerpo. Bazbaz ordenó una reconstrucción de cómo hacían la cama. El video de la reconstrucción muestra claramente que la nana de Paulette, Érika Casimiro, quitaba todas las sábanas y las colchas para hacer la cama, lo que hacía imposible que no se hubieran dado cuenta que ahí se encontraba la menor. Más aún, el subprocurador mexiquense, Alfredo Castillo, declaró que la sábana que entregaron a los perros para que buscaran a la niña era la que tenía en la base la cama de Paulette, que era de “cajón”. Cualquier persona que haya manejado ese tipo de sábanas sabe que es imposible, como lo aseguró el subprocurador, que la pudieron haber sacado por la parte superior de la cama sin que esa acción no hubiera desecho toda la cama. En uno u otro caso, la niña tendría que haber salido bruscamente de donde estuviera atrapada.

Si uno se atiene a la afirmación del subprocurador y de la nana, se puede concluir con toda certidumbre que el cuerpo fue plantado en ese lugar y que la niña no murió ahí, por lo que la hipótesis de homicidio cobraría fuerza. Pero Bazbaz no resolvió esta inconsistencia y la pasó de largo. Esta es la parte inconclusa de su investigación. Si el dictamen final es accidente, hay personas que mintieron. Pero al mentir en declaraciones ministeriales, cometieron un delito grave por el cual tienen que ir a la cárcel. Es decir, tendría que haber puesto bajo arresto a Érika Casimiro por falsificar declaraciones. Igualmente, el subprocurador Castillo, tendría que explicar las razones en las cuales fundamentó su dicho que la sábana de “cajón” fue extraída por la parte superior de la cama, puesto que al omitir esa aclaración también está mintiendo y cabría la posibilidad jurídica de que se le finquen responsabilidades por encubrimiento.

La conclusión del caso de Paulette no aclara debidamente su muerte ni ventila el procedimiento jurídico. La renuncia de Bazbaz no debe ser el fin de este asunto. El ex procurador debe aclarar sus actos y porqué no cumplió la ley. Por lo mismo, también tiene que dar a conocer las razones por las cuales, tres días antes de anunciar que fue accidente, tenía tres diferentes conclusiones, una de ellas el asesinato. Bazbaz jugó políticamente un asunto judicial y no debe salir impune. El gobernador tampoco puede permitírselo ni a Bazbaz ni a él mismo. Urge que el nuevo procurador mexiquense tenga un mandato claro: reabrir el caso y volver a investigar. Sólo así le resolverá a Peña Nieto el problema en el largo plazo y dará certeza sobre lo que le pasó a Paulette.

Huyen de Paulette

Martha Anaya / Crónica de Política

Se paró ante los micrófonos. Leyó su renuncia en menos de tres minutos con voz firme, sin mayores cambios en su tono. Apenas concluyó la lectura del por qué de su renuncia a la Procuraduría general de justicia del Estado de México, Alberto Bazbaz Sacal giró y salió apresuradamente del lugar, sin obsequiar una sola mirada de más a las cámaras.

Diríase, tal cual, que Bazbaz salió huyendo.

Estaba más que consciente de que no podía seguir un minuto más al frente de la institución a la que llegó hace dos años y dos meses. Él mismo cavó su tumba. Enrique Peña Nieto, su jefe, decidió el momento en que habría de lanzarse en ella, sin mayor epitafio que la propia carta de renuncia.

Alberto Bazbaz se convirtió en “el malo de la película” por méritos propios.

Esencialmente, por la manera en que llevó la investigación de la muerte de la niña Paulette Gevara; por sus conclusiones anticipadas –declaró de entrada que se trataba de un homicidio–, por hacer creer que la madre de la niña podría ser la asesina; por arraigar a los padres –haciendo pensar que podían ser culpables—y liberarlos luego bajo el dicho de que ello no significaba que fuesen inocentes.

Por lo inverosímil que resulta que el cuerpo de la niña Paulette hubiese aparecido, nueve días después de su desaparición –tras un extraño apagón en la zona– , a los pies de su cama y se tratara de convencernos que el cuerpo siempre estuvo ahí y que no hubo manipulación del cadáver. Que fue la propia niña quien se deslizó hacia ese punto.

Peor aún, porque nadie, nadie, notó nada en el cuarto de Paulette ni en su cama durante nueve días; ni las nanas que hicieron la cama, ni la madre que ofreció entrevistas sentada sobre la cama, ni los periodistas que acudieron al lugar, ni los perros que husmearon el lugar, ni los peritos que investigaron el lugar…

¡Cómo no convertirse así en el malo de la película!

Lo menos que podía esperarse de Alberto Bazbaz era su renuncia.

Pero en esta historia maloliente hay más. Bazbaz intentó renunciar luego de que apareció el cuerpo de Paulette y el escándalo alcanzó niveles que afectaban más y más al gobernador mexiquense. No se lo permitió. Le obligó a llevar la historia del caso hasta el final, a ser él –le dijo—quien pagara todos los costos de los errores cometidos. Se trataba, en lo que a esta decisión respecta, de no “ensuciar” la imagen del funcionario que habría de sucederlo en el cargo.

Más aún, Bazbaz habría de “coadyuvar” y cargar con todo el entramado de la historia que ofreció el viernes pasado, dando por agotadas las investigaciones, y sosteniendo que la muerte de Paulette fue “un accidente” por lo que no había que ejercer acción penal contra persona alguna.

Y así fue. El hasta ayer Procurador mexiquense llevó el caso hasta el final. (Al menos de manera formal).

Sin embargo, aunque Peña Nieto y los suyos –y quienes tengan que ver en el caso—quieran darle cerrojazo al caso Paulette con la renuncia de Bazbaz, éste no ha concluido.

No ha terminado porque la propia madre de Paulette, Lissette Farah, llamó a la Procuraduría mexiquense a dar una explicación fehaciente sobre la muerte de su hija y que satisfaga a todos. Porque para ella las conclusiones que dio a conocer Bazbaz son “difíciles de creer”.

Y no es ni será caso cerrado para muchos otros ciudadanos, aunque haya desaparecido el malo de la película, porque quedan muchas incógnitas, porque lo que se expuso como conclusiones no pasa siquiera la barrera del sentido común, porque es una afrenta soltar una versión “final” sin permitir una sola pregunta que despeje dudas, sin que ninguna autoridad se tome la molestia de ofrecerle a la gente certeza y credibilidad en la forma en que se aplica la justicia.

Las dos últimas apariciones de Alberto Bazbaz –la de viernes pasado cuando ofreció las conclusiones del caso y la de este lunes con su renuncia—son la imagen perfecta de lo que se trata de hacer con el caso Paulette: huir de él y enterrarlo lo más pronto posible.

Pero no sólo él.

SEP-DF: otro fraude “chiquito”

Francisco Rodríguez / Índice Político

EL AUDITOR SUPERIOR de la Federación nos debe una explicación. Y es que luego de conocerse un presunto fraude a Pemex por 13 millones de dólares, Juan Manuel Portal –ex empleado él mismo de la paraestatal– ha dicho que se trata de una cantidad pequeña en relación a los muchos recursos que maneja Petróleos Mexicanos. Un fraude “chiquito”. Como “chiquito” ha sido todo, desde que en 2006 el Trife falló –“haiga sido como haiga sido”– a favor de quien por un margen “chiquito”, apenas 0.56%, ocupa la Presidencia de la República.

Pero en lo que el señor Portal nos explica, permítame platicarle hoy de una serie de irregularidades que se han presentado en la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, a cargo del nefasto Luis Ignacio Sánchez Gómez, quien se dice “asesor áulico” de Marcelo Ebrard . Algunas, particularmente sobresalientes, porque se trata de recursos federales:

Hay más de 280 personas contratadas por honorarios, muchas de las cuales han sido recomendadas directamente por los altos mandos de esa institución. El mayor número de estas personas se encuentran en la Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico (DGIFA), en la Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa (DGPPEE) —cuyo titular es Joaquín Francisco Guzmán López, anteriormente Director General de Administración, quien fue separado de ese cargo por malos manejos y por irregularidades financieras de consideración, entre otras la venta de plazas— y en el Centro de Desarrollo Informático Arturo Rosenblueth (CDIAR).

Los denunciantes de estas irregularidades han contratado los servicios de asesoría de dos empresas consultoras (Valora y otra más). Los contratos se dieron por asignación directa y se presume que el procedimiento estuvo viciado. Los trabajos que elaboran dichas empresas no tienen ninguna trascendencia ni aplicación práctica, son solamente una forma de justificar el gasto.

Una persona adscrita a la DGPPEE se encuentra contratado por honorarios a nivel de Jefe de Departamento. Esa persona sólo cuenta con estudios de primaria y es el sastre del Administrador Federal. Sólo se le conoce como “señor Alfredo”.

Se mandaron a hacer nuevos rótulos (con el nombre y los datos de las escuelas) a todas los planteles del Distrito Federal. La compra de esos letreros se llevó a cabo con un alto costo que excede por mucho el valor del bien, además de que para justificar esa compra se quitaron rótulos que aún servían y que eran de mejor calidad. A dos meses de haber adquirido esos letreros, estos ya se están despintando.

No hay control en la operación de los distintos subsistemas del Servicio Profesional de Carrera. Las vacantes no se han cubierto tal y como lo dispone la Ley del Servicio Profesional de Carrera, se han valido de “nombramientos” por artículo 34 a fin de ocupar plazas de manera “temporal”. Gran parte del personal de mando no cubre el perfil requerido para el puesto.

Se dejaron de realizar los trabajos con las Comisiones Mixtas: Basificación, Escalafón y Estructuras Ocupacionales. Se ha operado de forma arbitraria y sin que haya planeación y trabajo con el personal de base.

No se han realizado trabajos con el SNTE, por lo que no existe ningún mecanismo de vinculación ni de coordinación.

Los recursos asignados a Carrera Magisterial no corresponden con las erogaciones que se efectúan para tal efecto. Hay una discrepancia entre lo que se debería cubrir y lo que realmente se está gastando. La inconformidad del sindicato ha escalado, por lo que sólo espera el momento para ejecutar acciones.

En el caso de la Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico, se observan otras irregularidades además de las que ya han sido descritas. En especial, en la composición e integración de su estructura orgánica:

La titularidad de la Dirección General la ocupa una encargada que tiene estudios de Arquitectura –algo así como la hostess encargada de las guarderías del IMSS–, pero que no está titulada. A esa persona se le paga por el régimen de honorarios. De las tres direcciones de área con que cuenta, dos están ocupadas por encargados que cobran por honorarios. Catorce subdirecciones están en las mismas condiciones, por encargados que cobran en régimen de honorarios.

Adicionalmente existe una plaza de subdirectora fuera de estructura autorizada, que cobra por honorarios con un sueldo de 36 mil pesos mensuales. Se presume que se trata de una prima del Administrador Federal, Sánchez Gómez.

Esta estructura, claro, no corresponde con la que se presenta en la página oficial.

La titularidad de la Dirección General se encuentra vacante y no se ha querido someter nuevamente a concurso del Servicio Profesional de Carrera porque la actual encargada no cubre el perfil. La primera vez que se concursó la plaza se declaró desierta como un acto de simulación. Mientras tanto, a quien ocupa el lugar de encargada se le dio una plaza con nivel K2, el nivel más alto de las plazas de director general.

Así se las gasta el asesor de Ebrard. Ah, y de la señora Elba Esther Gordillo.

Pero van a salir por ahí con que se trata de otro fraude “chiquito”.

Índice Flamígero: Tiene un saborcito a berrinche pueril –no es eso, obvio, es arreglo económico– la decisión de la SCT de impedir que otros postores que no sean Televisa-Nextel, liciten por las bandas de 1.7 y 1.9 Ghz. La fibra negra de la CFE, pues. Pese a que Iusacell obtuvo un amparo para ser considerada, Juan Molinar se entercó e impidió que concursara por el par de hilos, debido a que la empresa se inconformó por las bases del concurso, no reconocía lo establecido por la autoridad y por lo tanto, ésta “autoridad” consideró que no estaría en condiciones de cumplir con el compromiso. ¿Qué no es ilegal llevar adelante un proceso licitatorio cuando sólo hay un postor? ¿Estado de derecho? ¡Bah!

Peña Nieto y el maldito colchón…

A Puerta Cerrada / Marcela Gómez Zalce

• Crónica de una renuncia anunciada

•¡¿Y el FBI, apá…?!

Consumatum Est. La hora de la guillotina llegó para el joven procurador del Estado de México, Alberto Bazbaz, quien cayó como primer daño colateral por su ingenuidad, su excesiva confianza y su falta de carácter, que desde el primer instante en que apareció el cuerpo de la pequeña Paulette se encerró en su despacho hasta altas horas de la madrugada presionado por las sugerentes circunstancias que terminaron por empujarlo al abismo del descrédito.

Curioso si se toma en cuenta que el ex procurador, my friend, siempre estuvo siguiendo las reglas jurídicas by the book y que, por razones que conoce, fue empinado primero por la incompetencia, ineficacia y descaro de un grupo de disfuncionales que fueron la punta de iceberg en este caso, que ya es parte del capítulo negro (¿ooootro?) del estado gobernado por Peña Nieto… quien desde el principio supo de las interesantes anomalías que presentaba el extraño suceso de la aparición del cuerpo de la niña, y en segundo lugar porque el mandatario estatal literalmente abandonó a su suerte a su ex colaborador.

El quid del caso, que aún entre renuncias y cortinas de humo debe ser investigado y resuelto, trae todavía simpática jiribilla que tendría que incluir, por ejemplo, el diagnostico-hipótesis-teoría —que en algún momento de la escalofriante historia involucró a autoridades norteamericanas— donde, con la pena, se presumió de la intervención y ayuda del FBI… que hoy brilla por su sugestiva ausencia.

Lo más espantoso de esta perversa historia es el sello inmejorable de la impunidad que envuelve a la justicia y a las autoridades mexiquenses responsables de darle certidumbre a la ciudadanía en un caos de caso manoseado desde el inicio.

Ahí donde Bazbaz en su primera y trastabillante conferencia de prensa, planeada por sus asesores para no rebasar un cierto tiempo y sin permitir sesión de preguntas, mi estimado, se fue directo al nabo sin escalas… al momento de abrir los micrófonos a los medios.

Ahí donde se barnizó el cuadro de la presunta responsabilidad de la madre quien fue diagnosticada con doble personalidad (it figures), sembrando, desde la más alta autoridad de justicia local, la sombra del sospechosismo que convirtió un llamativo caso… en todo un show de intrigas, sexo, grabaciones, vejaciones, atropellos, tráfico de influencias, incapacidad y perversidad.

Todo eso (y más) sumó el caso Paulette

Enterrando bajo el cochinero del colcafaneshon la salida de Bazbaz, que era inevitable con todo y que Peña Nieto lo arropara, simulando, días antes con una bofetada a los mexicanos, argumentando su confianza en la investigación de la PGJEM.

Y ya encarrerado, el mandatario estatal salió con la frívola, mundana y desparpajada declaración condenando la postura de varios partidos políticos acusándolos de politizar el tema.

Chingón.

Enrique Peña Nieto se envuelve en la sábana del colchón asesino y desde ahí acusa de politizar un tema que nació... politizado por las relaciones de poder tras bambalinas de ambos padres y de funcionarios de su administración. Y además regala la joya de que cuando se pierde la confianza, la credibilidad y el respaldo de la gente a la que se sirve resulta imposible cumplir con la responsabilidad.

Enrique es quien politiza el tema. Es quien dejó que la impunidad ganara en este lamentable caso. Quien permitió los traspiés, las influencias de sus colaboradores como Luis Miranda y sus intereses sobre la verdad de la muerte de una indefensa niña. Que no salga ahora simulando preocupación y afán de buscar salidas que no convencen y transparencias que no aplican. Sus palabras no motivan sino al contrario, enardecen, agravian e insultan a todos los que genuinamente se involucraron en la búsqueda de esta chiquita y después en la búsqueda… pero de justicia.

Y para que no quede duda de la impunidad, el poder y el miedo a la verdad, al cierre de este irreverente espacio se manejaba que Alfredo Castillo se quedaría al frente del despacho tras la salida de Bazbaz

O sea, la delgada línea de gel, my friend, advierte que se tiene que enterrar el mierdero bajo el colchón… El maldito colchón.

El silenciado caso Diego

Luis Linares Zapata

El secuestro del señor Diego Fernández de Cevallos (DFC) se empareja con su manera de ser, decir y actuar que lo han caracterizado a través de los años. Ambas cosas, su vida profesional y el secuestro, se entremezclan con secrecías grupales, pasillos oscuros, forcejeos burocráticos, solidaridades de socios poderosos, insultos de los muchos afectados, silencios forzados, complicidades varias y otras minucias. Todas mostrando, a las claras, los efectos que, en su trasiego, el llamado jefe Diego desparramó sin señal alguna de pudores o códigos éticos. Siempre retozando entre un intenso y cínico tráfico de influencias sin el menor recato o sentido de Estado. Sus exitosos litigios contra el erario o la Reforma Agraria y el Gobierno del Distrito Federal, siendo senador, ejemplifican con amplitud lo afirmado.

El mismo título que se añade a su nombre de pila, a manera de un alias de elite, proviene de su malsana subordinación con otro personaje más tenebroso aún: el ex presidente Salinas de Gortari. Este último, un político ligado a masivos favores atados, rencores incontrolables y enfebrecidos afanes de continuidad en el mando. En fin, un minúsculo padrino que derrama certezas de su ilegítimo origen electoral como presidente formal de México. De la trabazón entre estos dos politiqueros negociantes, en mucho inconfesable, surgió gran parte de la leyenda que se ha zurcido alrededor de DFC como actor de primera línea en la transición mexicana. Una transición en mucho dilatada, torcida y negada gracias a su notoria intervención, siempre bajo consigna de algún interés oculto.

En efecto, DFC ha participado en muchos de los episodios recientes que han modelado la anormalidad democrática de México. Su intervención ha tenido una línea distintiva: obedecer los designios del poderoso que lo ha alquilado. Acciones que van, desde la invención de legitimar con actos de poder al señor Salinas, hasta la quema de las boletas, sus movimientos fueron cuidadosamente pensados para congraciarse con la generosidad de las alturas. Es verdad que, en estos trastupijes, algo sacaron los panistas: una gubernatura aquí, varios contratos allá y, en medio, alguna presidencia municipal de postre. Estas ganancias validaron, a ojos de sus correligionarios, los febriles oficios de lo que después coloquialmente llamaron concertacesiones. Un toma y daca que iba, de Los Pinos directo al Senado, para dar lugar a lo que, también, se catalogó de modernización salinista: el conjunto de reformas estructurales de feroz corte neoliberal impuestas, sin distingos ni matices, desde la metrópoli para todo el subcontinente latinoamericano. En medio de toda esa barahúnda con epicentro en Los Pinos y el despacho de abogados que dirige DFC, algo le tocó a la jerarquía eclesiástica y empezaron, a la luz de los santos, las exigencias continuas de protección y los actuados retobos de cardenales y obispos para recobrar su mermado protagonismo.

Así, DFC llega al momento de su secuestro, cargado de anécdotas, hinchado de billetes, capaz de recomendar a sus socios para sendas oficinas de influencia política y jurisdiccional. Y son ahora, esos mismos despachos los que responden con instrucciones de silencios torpes, deberes soslayados y consignas mediáticas que, en sus destinos, son disfrazadas de acendrados sentimientos de humanidad. Son esas mismas oficinas las que se ven incapacitadas para, siquiera, diseñar una estrategia informativa que contenga los rumores y la especulación, actividad tan del gusto de la plebe. En medio del desasosiego reinante, un fenómeno colectivo ha tomado cuerpo virtual. Su espíritu se gestó en las profundidades del México agredido, del ninguneado, ése que va cargado de rencillas por dirimir, corajes para enjuiciar a pelo, envidias que no han podido ser mitigadas en el opresivo quehacer cotidiano. Irrumpió en las llamadas redes sociales. Le ha explotado, por diversos meandros tecnológicos, tanto a los medios de comunicación como a varios de sus más notorios oficiantes, integrantes de la bautizada opinocracia.

Los temporalmente discretos medios masivos fueron sorprendidos y el ciberespacio los rebasó. A pesar del silencio autoimpuesto a la información, los textos improvisados, las fotos sin origen ni destinatario específico o la misma desinformación, corrió muy por fuera de su voluntad de control. Puso en evidencia lo que será, de ahora en adelante, ineficaz consigna de callar, de manipular agendas, distraer al populacho o encumbrar actores predeterminados mediante pago en sonante. Tal fenómeno de la globalización mediática tomó, aquí mismo, carta de naturalidad. Ya se venía anunciando con motivo de la censura impuesta por el crimen organizado en varios estados bajo su férula. Pero esta vez les estrelló la cara a los comunicadores dispuestos a salvarle cara y la vida a DFC. Para ello recalan una y otra vez y con voz compungida en la titánica labor que ha personificado. Algunos de ellos se han llenado de santa indignación ante las querellas que les son enviadas por Twitter o Facebook, las calificaron de abundante mierda contra un hombre que, sin duda, sufre en cautiverio, afirman. No pueden asimilar que, los insultos y denostaciones eran y serán desahogos, furias incontenidas, modos rudos de expresarse con mentadas y descalificaciones que les apaciguan un tanto las ofensas padecidas e incontables frustraciones. Es decir, la pequeña o triste historia de la enajenación masiva, de la realidad social de muchos de los de a pie. Pero también son expresiones de los sentires, las agonías y la búsqueda desesperada de un lugar en la fiesta de todos que, por su posición de privilegio o suerte, algunos coleccionan en racimos. DFC impersona mucho de lo que otros añoran, desprecian, rechazan o maldicen. Otros muchos también saben, porque lo han hecho consciente, que ese tipo de comportamiento como el del secuestrado, es lo que les impide avanzar, lograr lo que ambicionan, vivir en una sociedad que puede ser justa. Nadie debe llamarse a escándalo por los deseos de muerte cifrados en mensajes, mentadas y alaridos desesperados que llevan dedicatoria, más cuando algo de ello al menos fue ganado en sendas batallas que, como por desgracia discursiva dice el señor Calderón: DFC todavía tiene por delante.

Resignation in Mexican missing girl Paulette case

BBC

A regional attorney general has resigned in Mexico after his handling of a case involving the death of a young girl led to a public outcry.


Mexico state's Alberto Bazbaz oversaw the inquiry into the disappearance of Paulette Gebara Farah, four.

The girl was found suffocated, wedged at the foot of her own bed, nine days after she went missing, and her death declared an accident.

Questions have been raised over the state's justice system.
Fevered search

Paulette, who had difficulty walking and talking, was reported missing from her family's flat in Huixquilucan, an upmarket suburb of Mexico City, on 22 March.

Her disappearance generated much publicity, with missing posters going up across the capital.

A campaign to find her was launched on social networking sites such as Facebook and Twitter.

After she had been missing for nine days, police finally found her body as they recreated events on the night she disappeared.

They discovered her squeezed in between the mattress and the bed frame.

She is believed to have suffocated the same day she went missing.

Asked how police could have overlooked the body, Mr Babaz said they had been concentrating their search efforts outside the home.

Mr Babaz had earlier declared the case a "homicide investigation", and both parents and two nannies were questioned.

But on Friday, investigators said the girl's death had been accidental.
Political fallout

Speaking at a news conference on Tuesday, Mr Babaz said that the investigation had been conducted "in strict compliance with the law".

Only a week earlier, he had said errors had been made, such as not searching the girl's room thoroughly.

Mr Babaz said that in order for his office to carry out its duties properly it needed the trust and support of the people it served.

"Once that's lost, it's impossible to carry on," he said.

But Mr Bazbaz's resignation has not satisfied opposition politicians who believe the case highlights serious shortcomings in the state's justice system.

Leader of the opposition PRD party Jesus Ortega said the governor of Mexico state, Enrique Pena Nieto, should take responsibility for the failures in the investigation.

"Around 100 police went through this room of 10 metres... sniffer dogs searched it and they never found the body... who do they want to protect?" he asked.

He demanded an investigation into what had "really happened".

Bazbaz, el centro del debate por su militancia panista

NNS Oaxaca

MÉXICO, D.F. Se preparaban unos y otros para la batalla verbal. Y cada grupo, por su lado, analizaba a la misma hora el mismo documento, el que probaría que el hoy ex procurador del estado de México, Alberto Bazbaz estaba afiliado al Partido Acción Nacional (PAN).

Por el lado de los priístas fue Carlos Flores Rico, el diputado, quien tendió los papeles en los que aparece nombre del personaje. Sus compañeros legisladores analizaban cómo utilizarían eso. Mientras tanto, con los panistas el senador José González Morfín daba a conocer que Bazbaz sí se apuntó, y sí aparece en la página electrónica como adherente. Aclaró que dicha afiliación fue por parte del ex procurador al movimiento de los Amigos de Fox.

El debate ya estaba concertado. En las negociaciones previas, acordaron que desde el inicio de la sesión de la Comisión Permanente y hasta las dos de la tarde tratarían diversos temas, como presentación de iniciativas y puntos de acuerdo y que luego entrarían a la agenda política, y en ella estaría incluido el caso de la muerte de la pequeña Paulette Gebara.

Sin embargo, era evidente por lo que comentaban unos y otros, que lo que menos les importaría sería el fallecimiento de la pequeña, que unos irían con todo a atacar al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto y otros, a defenderlo.

Antes de que tocara la campana en el Salón de Plenos, abajo, junto al patio, Manlio Fabio Beltrones respondería cuando se le preguntó sobre la intención del PAN de someter a juicio político a quien el martes presentó la renuncia a su cargo: “¿Y quién es Bazbaz?...creo que ya no es el procurador”. Minutos después dio el sentido completo a su contestación: “Bazbaz ya no es funcionario público, podría ser sometido, si es que alguien tiene suficiente información a una denuncia de tipo común”. Y puntualizó que si hay alguien que no se sienta satisfecho con las investigaciones hay vías institucionales y recursos jurídicos con lo que se evitaría que se intente politizar este asunto.

Otro caso preocupaba a senadores y diputados, el de la detención a candidato a gobernador de Quintana Roo. Gregorio Sánchez. Carlos Navarrete sentenció que es inaceptable que se utilice a la Procuraduría General de la República con fines electorales. Francisco Rojas expresó que este caso debe manejarse en términos estrictamente judiciales, que no se lucre políticamente.

La sesión se desarrollaría sin incidentes. Listos estaban unos y otros para la batalla en la tribuna. Pero algo ocurrió, algo negociaron y todo quedó en escarceos. De la militancia panista de Bazbaz ya no se dijo nada.

Exigen PAN y PRD reabrir investigación del caso Paulette Gebara

Tayra Villarreal / Once Noticias

En la Comisión Permanente, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigieron reabrir la investigación de la muerte de la niña Paulette Gebara Farah.

“No se trata de promover un linchamiento público de nadie, pero tampoco se trata de cerrar expedientes con explicaciones inverosímiles, el nuevo procurador del Estado de México tendrá la obligación de reabrir la investigación y el expediente”, expresó Carlos Navarrete Ruiz, senador del PRD.

“En caso de que no se limpie la investigación por parte de la misma Procuraduría del Estado de México, sí habremos de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso y, en sus atribuciones, investigue qué es lo que está sucediendo”, apuntó Guillermo Tamborrel Suárez, senador del PAN.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) insistió en que se está politizando el caso.

“Están lanzando acusaciones que nadie tiene ninguna prueba de lo que está diciendo. Entonces, si no hay pruebas para lanzar acusaciones, lo único que se está buscando es un lucro político”, señaló Francisco Rojas Gutiérrez, diputado del PRI.

Mexicanos desconfían de sistema justicia atenazado por impunidad y corrupción

EFE

La justicia mexicana, cuya eficacia ha sido puesta en duda estos últimos días por varios casos polémicos, enfrenta el reto de someterse a una reforma penal profunda en un país donde la ciudadanía desconfía cada vez más de sus jueces y policías, dijeron a Efe varios juristas y representantes de ONGs.

El caso más reciente tiene que ver con la cuestionada investigación acerca de la reciente muerte de la niña de cuatro años Paulette Gebara Farah -en la que se llegó a sospechar de la madre de la menor-, la cual concluyó que el fallecimiento fue accidental. Sin embargo, la misma no ha logrado convencer a un 75 por ciento de la población.

El polémico "caso Paulette", quien apareció muerta a los pies de su cama nueve días después de su desaparición, le costó hoy el puesto al fiscal del Estado de México, Alberto Bazbaz, pero otros errores en la administración de justicia son recurrentes y quedan sin revisión.

Otro de los casos que ha provocado gran polémica en los últimos días ha sido la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) de retirarse de las investigaciones sobre la desaparición del político Diego Fernández de Cevallos, a petición de la familia y pese a los indicios de que pudiera tratarse de un secuestro.

A este caso se sumó esta semana el anuncio de que el productor estadounidense de televisión Bruce Beresford-Redman, a quien se investigaba en México por la muerte de su esposa, regresó a su país pese a la prohibición de las autoridades mexicanas, que incluso le habían retirado el pasaporte.

Para la activista Isabel Miranda de Wallace, líder de la organización no gubernamental (ONG) Alto al Secuestro, el cúmulo de fallos pone de manifiesto que en el México actual "no hay justicia".

"Así de claro y cruel lo pongo. Cuando estamos hablando de que sólo un uno por ciento llega a ser consignado (puesto a disposición de un juez), prácticamente estamos hablando de un país lleno de impunidad", explicó a Efe esta mujer, cuyo hijo fue secuestrado y asesinado en 2005.

Tras aquel caso, Miranda de Wallace fue quien guió a las autoridades hacia los delincuentes y logró que algunos fueran arrestados.

La ahora activista aseguró que desde los policías a los jueces mexicanos, pasando por todo el entramado judicial, son "instituciones rebasadas e inoperantes".

La reforma penal aprobada en 2008 pero que no entrará en funcionamiento totalmente hasta 2016 fue analizada hoy en el II Foro Político Seguridad y Justicia celebrado en la capital mexicana.

La nueva legislación hará que los juicios en este país sean orales y públicos, que exista presunción de inocencia y que se refuercen las garantías al debido proceso.

Actualmente, en el 93 por ciento de los casos, el reo no ve al juez que le condena, quien dicta sentencia encerrado en su despacho, leyendo un expediente escrito por sus subordinados, según el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

En declaraciones a Efe el jurista del CIDE José Antonio Caballero afirmó que el problema fundamental de las injusticias que suceden en México es la falta de cuestionamiento a policías y a investigadores.

"Si los jueces se convirtieran en verdaderos supervisores de la investigación, ésta tendría mejores incentivos para hacer un trabajo mucho más profesional", afirmó.

Caballero encabezó desde el CIDE el año pasado la defensa ante el Supremo mexicano de casi una treintena de indígenas acusados de la matanza de Acteal, en la que 45 personas perdieron la vida en una incursión paramilitar el 22 de diciembre de 1997.

Aquel proceso estuvo viciado de origen, según los magistrados, que ordenaron la puesta en libertad después de que los indígenas pasaran once años en prisión.

El abogado consideró aquel caso paradigmático "de las irregularidades" generalizadas que comete el sistema de justicia mexicano y pidió resolver cuanto antes el dilema ético de saber si conviene "tener un culpable en la calle o un inocente en la cárcel".

Para la jurista mexicana Layda Negrete, investigadora en la Universidad de Berkeley, en un país donde hay "una violación sistemática de derechos, cero control a la autoridad y toda la inseguridad posible" lo necesario es "reinventar las instituciones y no darles un cheque en blanco", como se ha hecho hasta ahora.

En declaraciones a Efe, lamentó que a la ciudadanía, ante instituciones que generan desconfianza por la corrupción, nada más se le haya ocurrido "pedir 'mano dura' y penas más altas" para los delincuentes.

Un cambio de fondo pasaría, a su juicio, por poner más controles a policías, fiscalías y jueces, y tener a la ciudadanía "vigilando al vigilante" desde el momento en que se recaba la primera prueba o testimonio de un proceso.

Renuncia Bazbaz por caso Paulette

JULIO OLVERA.- Presionado por la clase política, la prensa y otros sectores en México, Alberto Bazbaz renunció como procurador General de Justicia del Estado de México por el caso de la desaparición y muerte de la niña Paulette Gebara Farah.

"La polémica ha desgastado el vínculo de la población y la autoridad. Cuando esto se pierde se pierde toda la confianza", afirmó el fiscal en rueda de prensa, luego de entregar su carta de renuncia al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.

La semana pasada, Bazbaz ratificó que la muerte de la pequeña “no podía ser vista de otra manera” que la de “un accidente”, por lo que no hubo culpables. También asumió “la responsabilidad institucional por las deficiencias” en las investigaciones, pero dijo que las mismas de ninguna forma habían afectado el resultado.

El cadáver de Paulette, envuelto con sábanas y cobijas, fue hallado por la policía entre el colchón y la estructura que sostiene la cama, nueve días después de que sus padres, Mauricio Gebara y Lisette Farah, reportaron su desaparición, el 22 de marzo pasado.

A finales de marzo, tras el hallazgo del cuerpo de la menor, Bazbaz se apresuró a reportar que la asfixia fue la causa de muerte, por lo que se abrió una investigación por homicidio y Lisette Farah fue señalada como principal indiciada.

Bazbaz había admitido que el Ministerio Público no revisó bien la cama ni la habitación de Paulette, en su domicilio en la exclusiva zona del municipio de Huixquilucan, Estado de México, en el límite poniente de la capital mexicana.

Insistió este martes en que las investigaciones fueron llevaron por varias organizaciones, incluso internacionales para “satisfacer a la opinión pública”.

La víspera, Lisette Farah, la madre de la pequeña, exigió a la procuraduría del Estado de México que la deje revisar el expediente del caso de su hija, ya que –dijo– “nadie se me ha acercado a explicarme y no he visto los peritajes”.

Consideró “difícil de creer” la versión de Bazbaz para, simplemente, cerrar el caso.

También, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuestionó la actuación de Bazbaz por haber anticipado conclusiones y dudas.

Aguas con esos franceses

Ricardo Rocha / Detrás de la Noticia

Para nadie es un secreto que el Gobierno del DF se juega el pellejo con dos obras gigantescas: la llamada Supervía Poniente y el Tranvía del Centro Histórico. Ambas polémicas por sus enormes costos financieros y sociales. Pero defendidas vehementemente como indispensables.

Más allá de cómo concluyen llama la atención que en el controversial proyecto del tranvía esté inscrita en la licitación una empresa muy peculiar, la francesa Alstom. Una de las más poderosas transnacionales del mundo en materia de transporte y generación de energía. Sobre la que oí hablar por vez primera durante una larga estancia en París en el año 98, cuando, a propósito del Mundial, realicé una serie de reportajes sobre la cultura, los medios y la economía franceses. Por esos días seguía vivo el escándalo por corrupción por el que fue sentenciado a tres años de cárcel Pierre Suard, presidente de Alcatel Alstom. Si uno le pica tantito a internet, de entonces a la fecha no hay año en que no se detecte un escándalo de esta megaempresa: en el 2000, en Corea del Sur, cuando sus ejecutivos sobornaron a autoridades coreanas para obtener el contrato de construcción del tren de alta velocidad entre Seúl y Pusan; en el 2002, aquí mero en México en el escándalo por peculado y lavado de dinero que involucró al director de Luz y Fuerza Alfonso Caso Aguilar y al entonces director de Alstom México, el francés Bernard Prieur Lefafrais, quien estuvo retenido por la PGR; del 2003 al 2009 Alstom ha seguido eslabonando al menos una veintena de nuevos escándalos financieros como fraudes fiscales en Estados Unidos, sobornos en Grecia, alteración ilegal de precios en India, corrupción en el contrato del tren bala Buenos Aires-Rosario-Córdoba en Argentina y una larga lista de trastupijes más en países tan diversos como Suiza, Singapur, Brasil y Alemania; tan sólo en este 2010 añádase que tres ejecutivos de Alstom fueron detenidos en Inglaterra por corrupción, que en España hay un pleito por la falta de transparencia de Alstom en el ferrocarril de Jaén y que en Italia cuatro de sus directivos se declararon culpables de soborno apenas en marzo de este 2010. Pero de toda esta relación de ilícitos vale recordar que ya en julio de 2007 la Secretaría de la Función Pública de este país decidió inhabilitar por dos años a Alstom en cualquier proceso de licitaciones públicas por sus probadas prácticas de sobornos.

La pregunta obligada es si los directamente responsables de las obras en el DF conocen o no la increíble y gananciosa historia de Alstom y su currícula desalmada.

Diego Fernández de Cevallos, el efecto mediático

Horacio J. González

En la historia reciente del México medio bronco que se niega a despertar, a principios del convulsionado 1994, el secuestro de Alfredo Harp Helú, entonces presidente del grupo Banamex, causó conmoción en el año que nos despertamos engañados con un Tratado de Libre Comercio y una rebelión zapatista en el país real que nos recordaba por otro lado, nuestras miserias ancestrales. Por la liberación del hombre que entonces recién cumplía 50 años, se pagaron 30 millones de dólares de los originalmente 100 solicitados por sus captores a los familiares del también propietario del equipo de beisbol, Diablos Rojos del México.

El 94 también nos recuerda al empresario Ángel Losada, entonces propietario de los autoservicios Gigante, secuestrado en la primera mitad de ese año de incertidumbre. Hacia finales de 1997, otro secuestro cimbró al país, Fernando Gutiérrez Barrios, el poderoso exsecretario de Gobernación, exgobernador de Veracruz y conocedor de secretos que sólo el CISEN podría otorgar a quien lo dirige por años, se presume fue plagiado por espacio de ocho días y liberado tras pagar seis millones de dólares.

Hoy, o mejor descrito, desde el pasado 14 de mayo, la desaparición del polémico Diego Fernández de Cevallos, según algunas plumas destacadas de la prensa nacional, ha significado el posible secuestro más impactante desde ese lejano 1994.

Ese posible plagio perpetrado a las afueras de una de sus múltiples propiedades del estado de Querétaro, ha desencadenado todo un efecto mediático que va desde el lapsus del expresidente del PAN, Manuel Espino al asegurar por el ciberespacio que ya habría muerto, y que además ubicaba incluso su cadáver en el campo militar de esa entidad, hasta los programas especiales de televisoras nacionales dando a conocer el suceso por la noche del sábado 15, y qué decir de la exhibición por la noche del pasado jueves 20 en Milenio televisión, de la imagen inconfundible del exsenador con ojos vendados y visiblemente disminuido físicamente, y que posteriormente la misma fuera reproducida en las mayoría de los medios de comunicación del país.

Desde entonces no hay un solo día en que no hable del hecho, aunque en términos reales no se avance en nuevos datos o información destacada que no haya sido publicada. Sobresale por otro lado, dentro de la vorágine informativa, la incapacidad del Estado en resolver el caso, ya que la misma familia del afectado ha pedido que las autoridades, federales o estatales se retiren de la investigación; es decir, la posible liberación de Fernández de Cevallos dependerá no de la efectividad de las autoridades, sino de precisamente de que no intervengan. Y eso también forma parte del espectáculo mediático del caso Diego, mismo que aunque Televisa ha decidido autocensurarse en la difusión del suceso, la misma restricción es invitada también del efecto noticioso que hoy nos ocupa, pero que como toda noticia ha de morir a fuerza de repetirse y aburrir al auditorio.

A diferencia del caso Paulette Gebara, en donde la misma familia pedía la intervención de los medios en horario triple A, ahora los hijos de Fernández de Cevallos piden lo contrario, pero al invocarlos, sigue presente el hecho en el imaginario y en las redacciones de los diarios.

En todo el país, sus compañeros de partido buscan beneficiarse de la figura del polémico personaje en tiempos de elecciones. Hasta en Aguascalientes, el mandatario estatal ha confesado que su verdadero padrino es el excandidato a la presidencia de la República, precisamente en el convulsionado 1994.

Inacción del Estado en caso Diego, critica Navarrete

* "Claro desafío de grupos delictivos"
* Un error suspender las pesquisas: Castro y Castro
* Debe respetarse la petición, señala
* Alberto Pérez Cuevas Manuel Velázquez / Rivelino Rueda

El Financiero


El presidente del Senado de la República, Carlos Navarrete, criticó la inacción del Estado mexicano ante el secuestro del político panista Diego Fernández de Cevallos Ramos.

De acuerdo con el senador perredista, la desaparición del excandidato presidencial representa un evidente reto de los grupos delictivos hacia el Estado y todas sus instituciones.

Al participar en el Segundo Foro Político “Seguridad y Justicia” y sin querer profundizar mucho en el tema, el congresista consideró que lo efectuado por los grupos delictivos al plagiar de manera “cobarde” a llamado Jefe Diego deja en claro que eso forma parte del desafío que esos grupos hacen hacia la justicia.

Navarrete aseguró que lo ocurrido en Querétaro, con la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, no es un expediente cerrado, está abierto, que pronto lo habrán de resolver, pero ya habrá tiempo y los espacios correctos para realizarlo.

“Querétaro no es un expediente cerrado, pronto lo trataremos, pero eso será en un espacio que le corresponda”, sentenció.

Por otro lado, legisladores de las tres principales fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados (PRI, PAN y PRD) tuvieron posiciones encontradas por el anuncio de la Procuraduría General de la República (PGR) de abandonar las investigaciones acerca de la desaparición del excandidato presidencial panista en los comicios de 1994, Diego Fernández de Cevallos.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro, el perredista Juventino Castro y Castro, calificó de un error el hecho de que la PGR haya determinado suspender las pesquisas, ya que “ninguna familia puede estar por encima de la Constitución”.

“Puedo suponer que esa fuerza grande, que es la relación política entre Fernández de Cevallos y Felipe Calderón, está obligando a este último a no actuar, y ello es muy preocupante, porque se está anteponiendo una relación de amistad a la Constitución y al Estado”, comentó el exministro de la Suprema Corte.
¿Estrategia?
En cambio, el vicecoordinador de la bancada del tricolor, Jorge Carlos Ramírez Marín, consideró que la decisión de que la PGR no sea la que siga la línea de investigación “puede ser una estrategia a petición de su familia”.

Sin embargo, opinó que en primer lugar la procuraduría tendría que atraer el caso, “ya que no recuerdo que lo haya hecho, y es evidente que se trata de un asunto que rebasa a la Procuraduría de Justicia del Estado de Querétaro, un estado que es pacífico y tranquilo, por lo que era importante que la Procuraduría General de la República atrajera estas investigaciones y las llevara a cabo, yo espero que sea una estrategia a petición de la familia”.

En ese sentido, el vicecoordinador del grupo parlamentario del albiazul, Carlos Alberto Pérez Cuevas, aseguró que esta decisión responde a una valoración que la propia familia de Fernández de Cevallos ha hecho del caso.

“Ellos lo han pedido y han presentado, incluso, un comunicado a la autoridad y le piden que no intervenga en este proceso, porque seguramente tienen un análisis de que es lo que les ayuda para continuar con la negociación, debemos de decir que habría que respetarlo”, sostuvo.

No obstante, Castro y Castro opinó que la suspensión de las indagatorias, “es una acción indebida que violenta la Carta Magna, y realizó un exhorto a las autoridades para retomar las averiguaciones, ya que ”ningún familiar o un investigador puede asumir las funciones del Ministerio Público".

Lo sucedido al excandidato presidencial del PAN, abundó, “aparentemente fue un secuestro, razón por lo cual la familia no tiene las facultades para solicitar a las autoridades no intervenir para no obstruir las negociaciones”.

Por separado, Ramírez Marín declaró que “la sociedad se pregunta mucho respecto a qué definiciones hay en el tratamiento de los secuestros, en el caso de nuestro país, porque es evidente que no todos reciben el mismo tratamiento”. (Con información de El Financiero/AYV)

Diego: 11 días de vacío informativo

La PGR no ha ofrecido datos sobre las pesquisas

Lozano Gracia toma el control de comunicados

Alfredo Méndez / La Jornada


Once días después de que se hizo pública la desaparición de Diego Fernández de Cevallos en una de sus propiedades en el estado de Querétaro, lo que ha predominado es la falta de información oficial sobre el avance de las pesquisas destinadas a dar con el paradero del panista y a ubicar a los responsables de haberlo privado de su libertad.

Desde que se supo del probable secuestro del ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), el sábado 15 de mayo, la Procuraduría General de la República (PGR) ha emitido cinco comunicados sobre el caso, pero en ninguno ha proporcionado datos reveladores sobre hallazgos.

A su vez, la familia Fernández de Cevallos ha hecho dos pronunciamientos públicos, en los que tampoco hizo mención de los progresos en la indagatoria.

En estas casi dos semanas que han transcurrido desde el plagio también se hizo llegar a algunos periodistas y luego circuló en las redes sociales de Internet una fotografía que supuestamente era de Diego Fernández con los ojos vendados y sin camisa.

La imagen ha sido valorada por peritos de la PGR y de la Procuraduría General de Justicia de Querétaro que participan en la investigación, los cuales han discrepado sobre la certeza de que la persona que aparece sea el político panista. Algunos consideran que la fotografía es legítima, y otros que fue manipulada con algún programa de computadora.

Otros peritos están convencidos de que las facciones (nariz, boca y frente) del hombre que aparece en la imagen coinciden plenamente con las de Fernández de Cevallos.

Incluso, quienes estiman que la foto corresponde al panista aseguran que la complexión delgada y la edad del hombre de barba blanca fotografiado por los supuestos captores son similares a las de El Jefe Diego, quien en meses recientes bajó al menos cinco kilogramos, según reportes de familiares que han declarado ante autoridades ministeriales.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes de la PGR, otros expertos han sugerido que puede tratarse de un fotomontaje, pues, al contrario de lo que sugieren algunos expertos en morfología, si bien hay un parecido del sujeto de la foto con Fernández de Cevallos, no se trata de la misma persona, pues los pómulos, mejillas y la barbilla no corresponden con la fisonomía del abogado panista.

Tras el plagio del político, Antonio Lozano Gracia, ex titular de la PGR y actual socio de El Jefe Diego, ha asumido el control de la información en representación de la familia Fernández de Cevallos, pero sólo para dar lectura a los reportes firmados por el primogénito del ex legislador.

En el primer boletín, fechado el pasado 17 de mayo, la familia llamó a los victimarios a negociar. En el segundo, difundido el viernes anterior, pidió a las autoridades que investigan el caso que abandonaran las pesquisas, con el propósito de permitir que los captores inicien las negociaciones para el rescate.

Un día después del segundo pronunciamiento de la familia Fernández de Cevallos, la procuraduría emitió su quinto comunicado, de un párrafo, en el cual afirmó: “respetando la voluntad de la familia (de El jefe Diego), esta dependencia, consciente de cuál es el bien que se debe privilegiar, hace del conocimiento de la opinión pública que ha decidido suspender las investigaciones”.

Lozano Gracia, así como los hijos de Diego Fernández y su hermano Miguel, se han negado a hablar con los periodistas sobre la evolución de las indagatorias. Únicamente han asegurado, a los comunicadores que han solicitado alguna entrevista, que cuando haya resultados definitivos se dará a conocer mediante un boletín.

Las únicas palabras públicas de un integrante de la familia del ex legislador son las que pronunció el pasado 17 de mayo el abogado Miguel Fernández de Cevallos, hermano de Diego, en la finca donde el panista fue privado de su libertad. Por favor, comprendan la situación en que se encuentra la familia. Les pido que nos ayuden, que no entorpezcan las investigaciones, aseveró ese día.

Por su parte, Ricardo Nájera, portavoz de la PGR, aseguró el sábado anterior que por el momento la dependencia federal, que ya atrajo las investigaciones, no está en condiciones de confirmar ni de desmentir si la fotografía mencionada es legítima.

¿A quién incomodó el “Jefe” Diego?

Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder

¿Qué debe hacer un miembro consentido del sistema para incomodar? ¿A quién y por qué incomodó Diego Fernández de Cevallos? ¿Qué supo que debió olvidar?, o como comentan los policías entre ellos: ¿qué se comió, cuando no le tocaba?

A las anteriores habría que añadir la pregunta definitiva: ¿qué o quién motivó a los familiares de Fernández de Cevallos para solicitar que todas las instancias gubernamentales diesen un paso atrás en las investigaciones sobre su desaparición?

No olvidemos la presencia gráfica e ideológica de Diego Fernández de Cevallos en los hitos políticos impulsores de la alternancia, pues la transición, la reforma del Estado todavía no llama a la puerta de los partidos ni de los poderes fácticos; la promesa o intención de que se hará, apenas es un instrumento de control político y social del gobierno.

Fernández de Cevallos, propietario de una praxis política emblemática, participó de las negociaciones que aseguraron la gobernabilidad a Carlos Salinas de Gortari; se enfermó en la campaña presidencial de 1994, para garantizar el triunfo de Ernesto Zedillo Ponce de León, a lo que es necesario sumar todos los acuerdos y consensos logrados entre 1988 y el año 2000, para que Vicente Fox Quesada pudiese sentarse en la silla del águila.

En lenguaje coloquial, puede decirse que Diego era un fontanero de la política, una “garganta profunda” -en la conceptualización dada por el caso Watergate- dueña de valiosa información e incalificables secretos, de los que se fue haciendo en la medida que se le permitió construir su poder, que no era el del Estado, mucho menos el prestado por los poderes fácticos. Se le autorizó hacer su grupo, al que, todo lo indica, hoy resulta incómodo y es necesario descabezar.

La situación del “Jefe” Diego no es nueva en la historia. Escribió Alejandro Dumas durante la Restauración: “… Pero encontrarme en medio de personas elevadas por mí a las dignidades, que deben velar por mí más celosamente que por ellas mismas, porque mi suerte es la suya; que antes de que yo ascendiera al trono no eran nada, y que después tampoco lo serán. ¡Y tener que perecer miserablemente por incapacidad, por ineptitud!

… comprender que en política no hay asesinatos. En política, querido, tú lo sabes lo mismo que yo, no hay hombres, sino ideas; en política no se mata a un hombre, se suprime un obstáculo, sencillamente”.

Diego Fernández de Cevallos, que no había ascendido al trono, estaba sentado en él, pues elevó a un grupo variopinto de abogados a dignidades nunca soñadas por ellos, pero que no velaron por él celosamente. Además, y eso no pueden negarlo ni quienes hoy consideran políticamente incorrecto hablar de su comportamiento frente a las fuerzas del Estado, el desaparecido lo mismo era capaz de referirse al mujerío y calificar a quienes lo criticaron -por usar de su fuerza legislativa para hacerse de fortuna y de cierto poder real, divorciarse y usar de su fuero y sus contactos para convertirse en Creso-, de ingenuos, y al mismo tiempo negar, con su actitud, su historia personal y profesional previa a 1988, anterior a Punta Diamante, a los incinerados paquetes electorales, a la espalda dolorida que lo llevó a servirle en bandeja de plata la banda presidencial a Ernesto Zedillo Ponce de León, a cambio del puesto a Antonio Lozano Gracia y todo el significado que tiene para un abogado contar entre su nómina al Procurador General de la República.

Fernández de Cevallos es personaje de las novelas de Leonardo Sciascia, un simulador consciente de que “los relojes que funcionan mal no señalan nunca la hora exacta, mientras que el reloj que está parado da la hora exacta dos veces al día. Y el electorado acaba dirigiéndose a ese reloj parado”.

Al final es el mismo Sciascia quien nos ofrece la única vía de reflexión acerca de la desaparición del “Jefe” Diego: “En compensación, no obstante, creo tener algún rasgo de Maigret; el culpable no me interesa, lo que me interesa, en cambio, es estudiar una situación, un 'contexto'. Y además, como dice Simenon, Maigret es un tipo que con el rabillo del ojo mira un poco siempre al futuro”.

Es decir, debemos pensar ya en las consecuencias de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, un miembro del sistema absolutamente mimado por él, pero que fue capaz de ver por el rabillo del ojo lo que le deparaba su futuro personal y profesional de atender, como lo hizo, los intereses del Estado.

Paulette: sexo, poder y… audio

A Puerta Cerrada / Marcela Gómez Zalce

• Edomex: cumplir es compromiso

• Y ahoraaa… el segundo capítulo

Original, por decir lo menos, ahora que la moda es incumplir con las obligaciones jurídicas, como ha sucedido con el delicado asunto del levantón de Diego Fernández de Cevallos y el lamentable rol esgrimido por la PGR de Arturo Chávez Chávez, la entrada estelar en escena del original circo cómico-trágico-¿electoral? de la otra procuraduría, la encabezada por Alberto Bazbaz, que ha dejado un pésimo sabor de boca con relación a la imperdonable muerte de la pequeña Paulette, víctima, antes que nada para no perderse en la cortina de la pirotecnia, de una disfuncionalidad familiar, de un abandono, discriminación y de una execrable desidia por parte de sus padres que ahora, of course, estarán en el epicentro mediático para que no se diga que el show mexiquense… no debe continuar y al mal paso de escalofriante telenovela, darle prisa.

Sobre todo porque en esta historia, my friend, al candido procurador todos le mintieron. Y tan lo supo, que se encargo de revelarlo (y esta irreverente columnista de subir la conversación a Twitter) porque tenía bastante claro el contexto de que la indefensa niña no había perecido víctima de un accidente doméstico.

Los problemas de Bazbaz comenzaron desde el inicio de este caso, que consternó a un amplio sector de la sociedad y del poder, donde hubo atractivo tráfico de influencias y complicidades que no se podrán tapar con el dedo de un espot, donde hubo ineficiencia e ineficacia en el seno de su equipo de disfuncionales que no sólo alteraron la escena de un crimen sino que mal informaron a su jefe, que manipularon evidencias y redactaron un dictamen que terminó siendo el clavo político del joven abogado, quien fue rebasado por la singular sinergia de errores, traspiés, recules, abusos y arbitrariedades.

La simpática hipótesis de que el cadáver estuvo nueve días debajo del colchón, en una recámara donde se llevaron a cabo entrevistas, en donde miembros de la familia pernoctaron y en donde los ilustres sabuesos choriceros olfatearon… insulta la inteligencia de millones de mexicanos que atónitos observan la manipulación de la justicia en aras de arropar la impunidad y evitar un… daño colateral.

Porque al final de la tenebra del colchón asesino, mi estimado, esta mantener vivo el gel de Peña Nieto que momentáneamente se derritió por la tormenta pasional y de intereses que están detrás de este asunto que ya desencadena la divertida ola política que busca jalar agua para distintos molinos, yes?

Y la hebra se rompió cuando Bazbaz tomó la decisión de arraigar a los padres, para luego levantar el mismo (justicia con gracia) por las presiones de poderosos amigos donde aparece Alfredo del Mazo, cuya esposa es amiga de la familia Gebara, los importantes hilos de Salvador Neme, Luis Miranda y Alfredo Castillo colocando al joven abogado contra la pared… después de haberse empinado con la hipótesis de un homicidio que, forzosamente, lo obligaba a mantener ambos padres arraigados. Pero como en el Estado de México el compromiso es cumplir…le a los amigos, el caso fue cerrado con un descomunal desaseo que comienza su segunda etapa, ahora con el protagonismo de la madre… quien por cierto fue ilegalmente grabada en su simpática estancia en Los Cabos, evidencia que, por supuesto, no fue tomada como prueba en la sesuda investigación, que ya descalifica a diestra y siniestra.

Sólo faltan sus delicadas revelaciones —que deben incluir el maltrato durante su arraigo al que fue sometida por la familia y su marido con anuencia de las autoridades mexiquenses—, que ya cuestionan el llamativo dictamen… y que será punta de lanza para su ofensiva de misiles estratégicamente disparados contra la línea de flotación tricolor…

Quizá por eso a la inquieta Lizette ya le cierra el ojo la PANdilla las lacritas amarillas y un sinfín de intereses tricolores que en la encantadora coyuntura se está juntando el hambre con las ganas de consumir… gel.

Todo el execrable teatro para que cada quien haga su control de daños en esta crisis que ha develado la impunidad del gobierno de Peña Nieto, que se llena la boca de discursos del nuevo PRI sobre legalidad y estado de Derecho. Una madeja que encierra historias de sexo, crimen, excesos, juego y poder…

Y detrás, solitaria... desamparada, la figura de la pequeña Paulette.

Como diría el clásico, my friend, no tienen madre...

Iglesia y Ejército, codo a codo

Jorge Alejandro Medellín / De orden superior

Tal vez se deba a que las fuerzas armadas son el último bastión del gobierno para enfrentar la crisis de inseguridad que vive país frente al narco.

Quizá sea porque la presencia militar en época de lluvias, de inundaciones y ciclones es vital en varios puntos de país para responder a catástrofes naturales. La labor de los soldados y marinos es indispensable para salvar vidas y reducir el impacto de los desastres.

También pudiera ser el resultado de una tradición de décadas en la que los mexicanos, por un rasgo cultural, histórico y hasta mediático muestran su respeto al Ejército, a la Fuerza Aérea ya la Marina.

Como sea, pese a su reiterada dinámica en materia de violación a los derechos humanos de civiles y policías en aquellos lugares en donde el gobierno federal ha ordenado el despliegue de las fuerzas armadas, el Ejército sigue gozando de la confianza de la población, al igual que la Iglesia católica mexicana.

Al menos eso dicen las encuestas sobre los niveles de aceptación que se siguen elaborando en el país cada tres o cuatro meses. La más reciente es la hecha por la firma Parametría S.A., (http://www.parametria.com.mx/carta-parametrica.phtml?id=4203) difundida en la primera semana de abril y en la que “siete de cada diez mexicanos confían en las fuerzas armadas”.

La investigación de Parametría ubica tres escenarios para conocer la opinión de la ciudadanía en torno a los niveles de confianza acerca de cuatro instituciones: el Ejército, la Policía, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Iglesia Católica mexicana.

Esta última supera en aceptación a las fuerzas armadas en promedios medidos a nivel nacional y en la capital del país, con un 53% positivo en el Distrito Federal y un 74% en el resto del país.

Los escenarios son: el Distrito Federal, Nacional y Resto del País. La encuesta desagrega los datos obtenidos en la capital del país de aquellos encontrados en un total independiente (nacional) y de otro tanto alcanzado sin contar al Distrito Federal.

Los resultados son interesantes porque revelan que si bien las fuerzas armadas cuentan con un buen nivel de aceptación, en realidad presentan retrocesos importantes cuando se les revisa en forma separada.

Las categorías para medir los niveles de aceptación son: Mucha Confianza, Algo de Confianza, Poca Confianza y Nada de Confianza.

A nivel nacional (contando al DF), el Ejército tiene un promedio de aceptación de 65% y un rechazo o desconfianza estratificada del 35%.

Pero al desagregar los datos encontramos que sólo el 26% de la gente dice tener Mucha Confianza, mientras el 39% dijo tener Algo de Confianza; el 22% dijo tener Poca Confianza y el 11% aseguró que no tiene Nada de Confianza en el Ejército.

En el escenario del Resto del País (sin contar al DF), la aceptación total promedio es del 68% y la desconfianza es del 32%. Esta parte de la estadística señala que el 28% de la gente le tiene Mucha Confianza al Ejército, mientras que el 40% le tiene Algo de Confianza, el 22% Poca Confianza y el 10% Nada de Confianza.

Hasta este punto las cifras son entendibles, porque tiene que ver con la opinión de habitantes que en muchos casos conviven directamente con militares y reciben de ellos ayuda o bien no registran elevados niveles de quejas por violaciones a los derechos humanos contra la población.

Pero el problema surge cuando se revisa el escenario del Distrito Federal. Aquí las cifras son distintas. Van la baja y son marcadamente negativas. El 52% de los capitalinos dicen confiar en el Ejército (sólo el 18% dijo tener Mucha Confianza y el 34% Algo de Confianza).

En contraparte, el 48% de la gente mostró una marcada tendencia a desconfiar de las fuerzas armadas en la capital del país. Esta categoría se dividió de la siguiente manera: 28% con poca Confianza y 20% con Nada de Confianza.

Los datos son inquietantes. Comparados con otras encuestas de la misma empresa y con otros sondeos de diversas empresas especializadas, el Distrito Federal muestra un descenso marcado y los niveles promedio de aceptación a la actuación militar continúan decreciendo como parte de las consecuencias de la lucha antidroga.

La propia Parametría señala en su investigación dos escenarios paradójicos. “Un análisis histórico revela que, aún con las recientes acusaciones violaciones a derechos humanos y asesinato, el Ejército goza de mucha confianza y en un nivel alto si se considera el sexenio del actual gobierno; siendo siete de cada diez mexicanos los que confían en las fuerzas armadas.”

Sin embargo, la misma empresa reconoce que “en el Distrito Federal, de diciembre de 2009 a abril de 2010, sí disminuyó considerablemente (15 puntos porcentuales), la confianza depositada en el Ejército por los ciudadanos.”

De hecho, añade la encuestadora, “el 52% de confianza en el DF es el segundo punto más bajo alcanzado por el Ejército. En 2007 tuvo un 50%, el más bajo registrado.”

La Sedena paga los costos políticos, sociales y mediáticos del desgaste y el descrédito a que se ha visto sometida por encabezar (de manera irremediable) una guerra para la que no estaba preparada y en la que la estrategia gubernamental ha demostrado una y otra vez estar equivocada no solo por privilegiar la respuesta punitiva y policiaco-militar, sino porque nunca ha desarrollado programas reales para consolidar políticas de prevención y tratamiento de adicciones, para creación de empleos y cultivos alternativos en regiones de alta incidencia de siembra de enervantes y trasiego de narcóticos.

Yunes creó un millón de empleos

Francisco Rodríguez / Índice Político

¿ACASO SE ESTÁ burlando de los veracruzanos? ¿Todavía no “le cae el veinte” de lo que sucedió con quien proclamaba iba a ser “el Presidente del Empleo”, de la seguridad y de los cada vez menos impuestos y alcabalas?

Si Miguel Ángel Yunes Linares no se está mofando de los habitantes de Veracruz, entonces de quien sí está haciendo escarnio es de Felipe Calderón, del que todo mundo se ríe –ya decidimos que es mejor que llorar– por sus constantes metidas de pata. Y lo de “todo mundo” es literal, cual reportan las crónicas de sus constantes viajes al extranjero. Mire usted que ir a decirles a los congresistas de EU qué es lo que tienen que aprobar y que no.

Tal para cual, pues. Uno empastela al otro: lo empina y le embarra la cara con betún. ¡Qué bárbaros! ¡Graciosísimos ambos!

Y ese otro también provoca carcajadas del respetable ahora con su promesa de que apenitas y llegue al señorial Palacio de Gobierno de la capital veracruzana –lo que se ve tan próximo como la obtención de un campeonato mundial de futbol para los “ratoncitos verdes”–, creará 100 mil fuentes de trabajo… luego de que, como director general del ISSSTE ya creara ¡un millón!

Así como lo lee. En sus promocionales, Yunes Linares –a quien en la entidad del Golfo conocen cual “Miyuli”, entre otros apodos–, tiene ahora mismo “al aire” un spot promocional en el que, entre otras linduras, dice que como director del organismo de seguridad social creó esa cantidad de fuentes de trabajo. Un millón. Ni uno más. Ni uno menos.

De haber sabido, en 2006 lo hubiésemos convertido a él en “el Presidente del Empleo”, ¿no cree?

Por eso en tierras jarochas preguntan: ¿Usted le cree a Yunes?

Y aquí: ¿Es válido intentar engañar así a los posibles electores que, en su caso, no son muchos?

¡Venga la alegría! ¡Manden más payasos! Vamos a reírnos de nuestra tragedia, agrandada desde que los bufoncitos de Acción Nacional hacen como que toman las grandes decisiones nacionales, y todas les resultan fallidas.

Sean serios, señores. Compórtense a la altura de una Nación y un estado que, como Veracruz, demanda responsabilidad y aciertos, y no una tras otra payasada.

Porque esa no es la única en el peculio del ex subsecretario de Seguridad Pública, a quien se le cayera el helicóptero donde viajaba su entonces jefe.

Una de las peores es que el ISSSTE vive hoy en la parálisis, cual revelan líderes sindicales de esa institución y lo confirman altos funcionarios de la dependencia federal descentralizada.

Luego de tres años durante los cuales fluyeron abundantes recursos del erario –muchos de ellos “invertidos” en una larga precampaña por la gubernatura de Veracruz–, hoy se advierte una sequía y un inmovilismo contrastantes con el trienio en el que, a todo coste, se intentaba dar la apariencia de que “la gran reforma estructural del ISSSTE” había funcionado.

Hoy se sabe que fue un espejismo. Que la tal reformita resultó fallida. Y que “el pato” va a ser pagado con más recursos fiscales de los contribuyentes, y por supuesto con muchas más penurias de sus derechohabientes y pensionados.

¿Por qué la parálisis?, pregunté a los líderes gremiales.

Pues porque desde el momento mismo en el que Yunes Linares pidió licencia a la dirección general del organismo, nada se firma, nada se autoriza si no es con su venia, responden.

Y hay que ir a alcanzarlo a Boca del Rio. O esperar a que sea lunes, cuando el “licenciado” –por lo de la licencia– despacha asuntos de la seguridad social de la burocracia federal mexicana.

El encargado del despacho, un incondicional de Yunes, está prácticamente pintado. ¿Sabe alguien siquiera cómo se llama? Su papel se reduce a “apartar” la silla de la dirección general del ISSSTE, pues no vaya a ser que, en un descuido, la maestra Elba Esther Gordillo decida dejar a Yunes, literalmente, “como al perro de las dos tortas”.

Índice Flamígero: En febrero, Felipe Calderón presentó su iniciativa de Ley Antisecuestros, donde se proponen castigos a los servidores públicos que “se abstengan de comunicar o de hacer saber de inmediato” a los agentes de las fiscalías evidencias o datos relacionados con algún caso. Se plantea sancionar cualquier acto de intimidación a los familiares de una víctima de secuestro para que no denuncien, así como la participación de intermediarios en negociaciones de rescate “sin causa justificada” o sin “el acuerdo de quienes las representan legalmente”. Pura congruencia, con su decisión, ahora, de retirar ¿ilegalmente?, a la PGR del “caso Diego”, ¿o no?

Dardos Penales

Martha Anaya / Crónica de Política

Estaban en el foro de la Reforma Penal y hablarían sobre la legitimidad del uso de la fuerza. Bueno, al menos ese era el título de la primera mesa de trabajo, a la que asistía como invitado principal el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

Ana Laura Magaloni, académica del CIDE, lanzó los primeros dardos. Planteó entre otras cosas la falta de convencimiento de la sociedad sobre el uso de la fuerza y el desfase existente entre el número de muertes que la guerra contra el narcotráfico ha generado y la cantidad de heridos que de ella se desprenden.

Incluso apuntó las magras cifras en consignaciones y detenidos a propósito de ese combate, evidenciando que en esta guerra se estaba utilizando el uso de la fuerza en su máxima expresión y no la aplicación de la ley.

Gómez Mont acusó recibo. Intentó una explicación sobre ese “desfase”. Se refirió a consignados y detenidos: Es como “un saldo corriente”, como un “fondo revolvente”, entran y salen de las cárceles, anualmente, casi el mismo número de personas, por eso no hay gran cambio en las cifras aunque el promedio ha subido un poco.

Los asistentes al foro se quedaron perplejos. El ex canciller de México, Bernardo Sepúlveda Amor, hizo un gesto de extrañeza y se echó hacia atrás en su asiento. Y al igual que el Juez de la Corte Internacional de Justicia, muchos otros a quienes la respuesta del titular de Gobernación resultaba poco menos que simplona ante el fondo de lo que se había planteado.

Pero Gómez Mont pasó sin más al tema de la percepción: El fiscal –asentaría–, tiene que ser el conductor de esa construcción social y política; corresponde a él crear la historia que nos explique didácticamente lo que ocurre y nos convenza de que está haciendo justicia de manera imparcial, equitativa y objetiva.

Le toca a él, agregó, evitar “socializar” las investigaciones. Citó un ejemplo: “en el caso Paulette se socializó la investigación”, se anticipó una conclusión.

Parecía que abundaría en el tema, pero no, ahí quedó. Lo dejó como un dardo al pasar.

El Presidente del Senado, Carlos Navarrete, tomó entonces el micrófono. Y en su caso lo que veríamos sería una batería de dardos. Lanzó de entrada:

-Aquí ha faltado una pregunta esencial. Se nos dice que el diagnóstico en 2006 llevó al gobierno a utilizar a las fuerzas armadas porque las policías estaban rebasadas y eran incapaces de preservar la seguridad de los mexicanos. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Qué pasó con la responsabilidad de sexenios anteriores?

Mutis general. Navarrete siguió:

-El Presidente Felipe Calderón reconoció hace unos días que en 2006 él no tenía un conocimiento integral de la capacidad del crimen organizado en México. Declaración valiente pero preocupante.

-Por lo que ha pasado con el ejército, tampoco había un diagnóstico de cuándo iban a terminar su participación en esta lucha y volver a los cuarteles; ni cuándo tendremos a las policías listas para hacerse cargo de nuestra seguridad. Tenemos que poner una fecha.

-El gobierno requiere apretar el paso. Menos explicaciones y más resultados.

Así comenzaron las mesas de discusión de la Reforma Penal en la Estrategia de Seguridad pública. Decires y más decires.

Pero ya lo advertiría Bernardo Sepúlveda poco antes en su conferencia magistral, de nada sirven leyes y reformas si éstas se mal aplican en la realidad y si a la hora de la hora los poderes fácticos imponen su voluntad.

PAN: Desánimo y agandalle

Álvaro Delgado

La exdiputada federal María Eugenia Campos, improvisada como animadora, ponía empeño en sus arengas para hacer cálido el ambiente en la Asamblea Nacional del PAN, el sábado 22, pero terminó frustrada.

--¿Qué elecciones vamos a ganar este año? --interrogó desde el atril.

--¡Nuevo León! --le respondió una voz salida de una masa de más de 10 mil panistas.

--¡No! Nuevo León es en 2012. ¿Vamos a ganar Tlaxcala?

La réplica fue el silencio.

--¿Puebla?

Silencio.

--¿Veracruz?

Nadie respondió.

“¡Animo, panistas!”, alentaba la chihuahuense, quien preguntó enseguida si el PAN ganaría las elecciones en Oaxaca y tampoco encontró eco. “¡A ver, panistas, vamos a hacer una ola!”, pidió en un nuevo ensayo para vencer el hastío, pero, salvo un puñado de delegados ubicados en las primeras filas, nadie estaba para festejos.

La muchedumbre, amodorrada, se distraía con las cinco pantallas gigantes instaladas en el centro de convenciones Bancomer, en Santa Fe, en las que, a las 12:40 del día --con casi dos horas de retraso-- llegó Felipe Calderón, en medio de una nube de miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP), que desde la víspera tomaron el control de toda la zona.

Calderón hizo dividir en dos el auditorio para, entre vallas metálicas custodiadas por decenas de elementos del EMP, saludar a los panistas durante los 25 minutos que tardó en llegar al podio, en medio de los acordes de una orquesta que tampoco logró entusiasmar a los delegados.

Desmoralizada por las sucesivas derrotas en tres años de gobierno de Calderón, cuya más reciente en Yucatán no augura éxito en las 14 elecciones de julio, y conmocionada por la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, en un contexto de incesante violencia en todo México, la militancia poco ánimo tenía inclusive para la misión que los había convocado: La integración del Consejo Nacional, máximo órgano de dirección del PAN.

Y Calderón tan percibió el ambiente desangelado, casi fúnebre, que en su discurso de 41 minutos trató de dar ánimos y lo logró, sólo transitoriamente, cuando pidió un aplauso para Fernández de Cevallos, a quien él calificó de “vendido” ante Carlos Salinas.

Se refirió, también, a la confrontación interna entre facciones, que explicó la ausencia de panistas como Vicente Fox, Ernesto Ruffo, Ricardo García Cervantes y aun de Germán Martínez, y llamó a “darle la espalda a quienes pretenden dividirnos”

El problema es que Calderón es el principal factor de división en el PAN, como lo demuestra un amplio catálogo de imposiciones, incluyendo la mayoría en el Consejo Nacional integrado en junio de 2007, en León, y otra análoga que trató de hacer en el que le sucedió el sábado, en buena medida gracias al uso de la estructura gubernamental.

La cultura de la “línea”, que ya se ha enraizado en el PAN a partir de Calderón, se materializó en la mayoría de los estados de la República para, mediante la presión a los presidentes estatales, arrancar la mayoría de los 135 consejeros de pase directo y sumarlos a los 15 seguros de la lista del CEN para reunir los 150 que integran la mitad del Consejo Nacional.

Los otros 150 que se eligen entre los 251 propuestos por los estados y los 25 del CEN, de cuyo total cada delegado puede votar por 57, son la razón por la que las facciones internas circulan entre los delegados listas justamente de 57 candidatos a consejeros.

Calderón circuló dos con pocas variaciones entre ellas y en función de las grillas que también existen entre sus incondicionales, pero la indicación era que cada una tenía la aprobación “de Los Pinos” o “del presidente (sic)”, y por tanto se les entregaba a los delegados de estados controlados para votar en ese sentido.

Inclusive, al menos a las delegaciones de Aguascalientes y Puebla, les fue escamoteado a sus delegados el derecho al voto con el argumento de que no lograron quórum, y cuando comenzaba el cómputo de votos, se “cayó el sistema”.

Así, además de que cualquier persona podía votar si contaba con sólo un brazalete, como lo demostró el diario Reforma, el cómputo de votos hecho a mano quedó bajo sospecha de manipulación.

Juan José Rodríguez Prats, asambleísta y quien logró ser consejero nacional, se muestra dolido por los saldos de la Asamblea Nacional: “Se impuso la onda grupera y el agandalle”.

Pero, a pesar de los recursos del poder y de esta “línea” oficial, la facción de Calderón retrocedió y, por sí sola, ya no tiene garantizada la imposición de quien, en diciembre, suceda a César Nava --que es otro michoacano, José González Morfín--, ni tampoco podrá poner a su capricho las reglas para la selección del candidato presidencial.

En asambleas estatales el autodenominado calderonismo recibió dos bofetadas de la militancia: Patricia Flores Elizondo, jefa de la Oficina de la Presidencia, quedó en el penúltimo lugar de la votación en Durango, y Jorge Manzanera Quintana, el principal operador electoral y político de Calderón, quedó en último lugar.

El propio Calderón sabe que su gobierno está agónico y, tras la entrega del cargo que sin legitimidad ostenta, sólo le queda el PAN para atrincherar a la facción que encabeza. Pero tampoco eso es seguro…

Un signo fatídico para el PAN fue una frase de Nava en el discurso que improvisó frente a la militancia y Calderón: “Es el tiempo de arriar las banderas de la fe y la esperanza, la fe en la victoria y la esperanza en lo mejor por venir.”

Ya se sabe: Arriar es sinónimo de bajar, abatir, recoger, descender.

Apuntes

Este martes 25 de mayo se cumplen tres años de la detención-desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, reclamados como guerrilleros, un crimen de lesa humanidad como la tortura que el PAN atribuye al gobierno priista de Ivonne Ortega contra los panistas Hugo y Michel Caballero Rodríguez, detenidos desde el sábado 8 de mayo y sujetos a arraigo… En el secuestro de Fernández de Cevallos, que claramente no es sólo por dinero, no habrá final feliz…