Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
A los funcionarios públicos mexicanos los ciega la urgente necesidad de ser admirados y aplaudidos. Son capaces de ceder el alma por un reconocimiento internacional. Dos ejemplos históricos recientes, similares: Luis Echeverría Álvarez y Vicente Fox Quesada. Del primero, quien fuera el diplomático Eduardo Jiménez podría contar la historia de la fallida inversión de varios millones de dólares con el propósito de obtener para su jefe Echeverría, nada menos que el Nóbel de la Paz. San Cristóbal, Guanajuato, habla, expresa, dice lo que es su habitante más distinguido, de lo que su esposa ha sabido sacar raja.
Esa ceguera les impide ver cuál es la única, la verdadera relación diplomática que México puede tener con Estados Unidos. Desconozco si fue Jorge Castañeda quien vendió la peregrina idea de un acuerdo migratorio a Vicente Fox, o sucedió a la inversa, pues ambos se daban cuerda mutuamente, pero pensar en que era y es posible es un sueño guajiro, porque los políticos y empresarios estadounidenses obrarán de acuerdo a sus primarios y básicos intereses; éstos tienen que ver con la necesidad de una mano de obra barata, y la garantía de poder expoliar y perseguir a los indocumentados, precisamente porque son ilegales.
No debe asombrarnos entonces que el procónsul estadounidense en México, el embajador Carlos Pascual, haga el uno dos con la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien por sobre toda razón, pero ajustada a necesidades políticas, económicas e ideológicas, promulgó el viernes 23 de abril una ley que criminaliza a los indocumentados. Por los pelos no dan a nuestros paisanos el mismo trato que los nazis dieron a los judíos y los gitanos.
La legislación, que entrará en vigor dentro de 87 días, convierte en un delito estatal el encontrarse ilegalmente en Arizona. También obligará a los agentes policíacos a interrogar a cualquier persona sobre su situación migratoria, tan sólo ante la sospecha de que vive de manera ilegal en Estados Unidos.
Jan Brewer justificó su decisión y culpó a la administración Obama y al Congreso por la falta de acciones para reforzar la seguridad fronteriza; aseguró que Arizona no está dispuesto a “seguir sacrificando la seguridad de sus ciudadanos por la codicia homicida de los cárteles”. Dijo también que no se puede permanecer indiferente “mientras los secuestros y la violencia de los cárteles comprometen nuestra calidad de vida”.
Dos días antes, y como para hacerle el caldo gordo a la gobernadora Jan Brewer, el procónsul Pascual -de idéntica estirpe que John Dimitri Negroponte y John Gavin- hizo pública su preocupación porque el costo de realizar negocios en México crece debido a la violencia generada por las organizaciones criminales.
El inteligente el embajador Carlos Pascual eligió la ciudad de Monterrey, y como público se inclinó por empresarios afiliados a la Cámara Americana de Comercio, a quienes el 20 de abril último afirmó que en algunas regiones de México ya no se puede vivir una vida normal. Como comentario al margen, recordó a su auditorio que las fuerzas armadas estadounidenses entrenan a militares y policías mexicanos, con el fin de que estén mejor preparados para el combate a los barones de la droga.
Recordó a los miembros de la Cámara Americana de Comercio que existen obstáculos considerables por el clima regulatorio y estructura legal vigentes en México, que ahuyentan a los inversionistas potenciales. Les dijo también que otros puntos de discrepancia, como el respeto por los derechos de propiedad intelectual, también están pendientes, pero que a pesar de estas realidades y porque el gobierno que representa sabe del enorme potencial de México, están trabajando con el gobierno mexicano para capacitar a jueces, vistas aduaneros y funcionarios de patentes con el fin de empatarlos con los estándares mundiales vigentes en otros países.
Les explicó también que las comunidades y empresas fronterizas sufren por la violencia del crimen organizado. Puntualizó: “La seguridad para los estados fronterizos no es sólo una prioridad para el gobierno de México también lo es para el de Estados Unidos. La reciente ola de violencia ha afectado a muchos inocentes, incluyendo a personal de nuestro Consulado en Ciudad Juárez y estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Sé que esto también está afectando al sector empresarial que es tan vital para la economía local y para el crecimiento sostenido a futuro. Quiero asegurarles aquí, hoy, que estamos trabajando muy estrechamente con las autoridades mexicanas con el fin de mejorar la seguridad de toda la región en ambos lados de nuestra frontera. Estados Unidos ha destinado $1,300 millones de dólares desde 2008”.
El nivel de compromiso está claro: mantener jodidos a los indocumentados, capacitar a los jueces para las tareas legales de la globalización, dar dinero para los programas de ayuda mientras acá sólo se pone a los muertos
A los funcionarios públicos mexicanos los ciega la urgente necesidad de ser admirados y aplaudidos. Son capaces de ceder el alma por un reconocimiento internacional. Dos ejemplos históricos recientes, similares: Luis Echeverría Álvarez y Vicente Fox Quesada. Del primero, quien fuera el diplomático Eduardo Jiménez podría contar la historia de la fallida inversión de varios millones de dólares con el propósito de obtener para su jefe Echeverría, nada menos que el Nóbel de la Paz. San Cristóbal, Guanajuato, habla, expresa, dice lo que es su habitante más distinguido, de lo que su esposa ha sabido sacar raja.
Esa ceguera les impide ver cuál es la única, la verdadera relación diplomática que México puede tener con Estados Unidos. Desconozco si fue Jorge Castañeda quien vendió la peregrina idea de un acuerdo migratorio a Vicente Fox, o sucedió a la inversa, pues ambos se daban cuerda mutuamente, pero pensar en que era y es posible es un sueño guajiro, porque los políticos y empresarios estadounidenses obrarán de acuerdo a sus primarios y básicos intereses; éstos tienen que ver con la necesidad de una mano de obra barata, y la garantía de poder expoliar y perseguir a los indocumentados, precisamente porque son ilegales.
No debe asombrarnos entonces que el procónsul estadounidense en México, el embajador Carlos Pascual, haga el uno dos con la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien por sobre toda razón, pero ajustada a necesidades políticas, económicas e ideológicas, promulgó el viernes 23 de abril una ley que criminaliza a los indocumentados. Por los pelos no dan a nuestros paisanos el mismo trato que los nazis dieron a los judíos y los gitanos.
La legislación, que entrará en vigor dentro de 87 días, convierte en un delito estatal el encontrarse ilegalmente en Arizona. También obligará a los agentes policíacos a interrogar a cualquier persona sobre su situación migratoria, tan sólo ante la sospecha de que vive de manera ilegal en Estados Unidos.
Jan Brewer justificó su decisión y culpó a la administración Obama y al Congreso por la falta de acciones para reforzar la seguridad fronteriza; aseguró que Arizona no está dispuesto a “seguir sacrificando la seguridad de sus ciudadanos por la codicia homicida de los cárteles”. Dijo también que no se puede permanecer indiferente “mientras los secuestros y la violencia de los cárteles comprometen nuestra calidad de vida”.
Dos días antes, y como para hacerle el caldo gordo a la gobernadora Jan Brewer, el procónsul Pascual -de idéntica estirpe que John Dimitri Negroponte y John Gavin- hizo pública su preocupación porque el costo de realizar negocios en México crece debido a la violencia generada por las organizaciones criminales.
El inteligente el embajador Carlos Pascual eligió la ciudad de Monterrey, y como público se inclinó por empresarios afiliados a la Cámara Americana de Comercio, a quienes el 20 de abril último afirmó que en algunas regiones de México ya no se puede vivir una vida normal. Como comentario al margen, recordó a su auditorio que las fuerzas armadas estadounidenses entrenan a militares y policías mexicanos, con el fin de que estén mejor preparados para el combate a los barones de la droga.
Recordó a los miembros de la Cámara Americana de Comercio que existen obstáculos considerables por el clima regulatorio y estructura legal vigentes en México, que ahuyentan a los inversionistas potenciales. Les dijo también que otros puntos de discrepancia, como el respeto por los derechos de propiedad intelectual, también están pendientes, pero que a pesar de estas realidades y porque el gobierno que representa sabe del enorme potencial de México, están trabajando con el gobierno mexicano para capacitar a jueces, vistas aduaneros y funcionarios de patentes con el fin de empatarlos con los estándares mundiales vigentes en otros países.
Les explicó también que las comunidades y empresas fronterizas sufren por la violencia del crimen organizado. Puntualizó: “La seguridad para los estados fronterizos no es sólo una prioridad para el gobierno de México también lo es para el de Estados Unidos. La reciente ola de violencia ha afectado a muchos inocentes, incluyendo a personal de nuestro Consulado en Ciudad Juárez y estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Sé que esto también está afectando al sector empresarial que es tan vital para la economía local y para el crecimiento sostenido a futuro. Quiero asegurarles aquí, hoy, que estamos trabajando muy estrechamente con las autoridades mexicanas con el fin de mejorar la seguridad de toda la región en ambos lados de nuestra frontera. Estados Unidos ha destinado $1,300 millones de dólares desde 2008”.
El nivel de compromiso está claro: mantener jodidos a los indocumentados, capacitar a los jueces para las tareas legales de la globalización, dar dinero para los programas de ayuda mientras acá sólo se pone a los muertos
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