sábado, diciembre 12, 2009

La educación, en vez de igualar, hace más grande la distancia entre ricos y pobres

Pedro Echeverría

1. El rector de la UNAM, José Narro, rechazó una vez más, que la máxima casa de estudios tome parte en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y en la prueba Enlace, aplicadas por la Secretaría de Educación Pública. Cuestionó que la RIEMS intente homologar el bachillerato nacional, y sobre la prueba Enlace, dijo que más allá de ser un diagnóstico para impulsar el avance académico, esa evaluación se usa para calificar, comparar y señalar a los estudiantes sin tomar en cuenta el entorno socioeconómico en que viven. “Los resultados no son comparables: un estudiante de una institución privada, que llega a su escuela en automóvil, bien desayunado, y que cuando regresa a casa come bien y cuenta con todas las herramientas (para hacer su tarea), como biblioteca, cómputo e información, no es comparable con un alumno de una preparatoria rural.

2. El rector, al hablar de las extremas desigualdades económicas y sociales de los estudiantes y de los centros educativos, toca el punto central del problema de la educación en México, mismo que los gobiernos y empresarios han querido esconder o desvirtuar con los argumentos más falaces. ¿Cómo desarrollar una buena educación en el país si el 70 por ciento de la población vive en la pobreza económica y de ésta el 40 por ciento vive en la miseria? ¿Cómo obtener buenos niveles educativos en amplios sectores populares, marginales, en poblaciones donde estudiantes, escuelas y padres de familia se encuentran en medio del desempleo, la pobreza y el abandono? México apenas alcanza un nivel de seis años de estudio promedio contando a los privilegiados que obtienen licenciaturas y postrados y a los que apenas alcanzan un año o dos de escolaridad.

3. Los pocos analistas en educación –Pablo Latapí en primer lugar- han subrayado los principales problemas educativos del país, pero los diferentes gobiernos priístas y panistas –aunque fueran aconsejados- jamás hicieron caso, nunca entendieron el problema o de plano sólo se burlaron de lo que se les recomendaba. Latapi trabajó siempre con datos económicos y estadísticos y demostró, por lo menos desde la década de los años setenta, es decir, durante 40 años, los problemas que las autoridades educativas debían tomar en cuenta: problemas de presupuesto, de matrícula, de capacitación de autoridades y profesores, de relaciones sindicales, pero sobre todo de la situación económica de las familias de los educandos. A las autoridades les importó un bledo estos análisis porque para ellos la educación siempre fue un asunto de política de partido y electoral.

4. Por ese motivo no nos debe extrañar que nuestro país, en casi todos los renglones educativos, se encuentre en los últimos lugares en el mundo en cuanto a calidad, presupuesto, matrículas, investigación, etcétera. Se destinan muchos millones de pesos a la educación en México pero son cantidades muy inferiores a los porcentajes que invierten otros países desde hace muchas décadas. Además de esa enorme deficiencia en atención a la educación, se silencian las condiciones de pobreza en que vive la mayoría de la población. Esa realidad la hemos denunciado durante décadas analistas, periodistas, sindicalistas y luchadores sociales. Y lo más grave es que la educación en lugar de mejorar empeora en calidad y cantidad porque ningún gobierno se preocupa aunque fuera un ápice por ella. Todas las autoridades son ignorantes de la problemática y políticas.

5. Ante esa grave desigualdad, ¿cómo puede demostrarse que la educación sirve para igualar a las personas cuando en realidad profundiza más las diferencias de clase social? En tanto las clases minoritarias (clases altas y medias altas) pueden pagar cuotas escolares altas en los mejores colegios privados para que sus “hijitos” bien alimentados cursen 25 años en las escuelas, el 70 por ciento de la población –con enormes dificultades- apenas puede mandar a sus hijos dos o tres años a la escuela mientras cumple los 7 años de edad para que empiece a “ayudar en la casa”. En tanto los “hijos de papi” cuentan con todo tipo de apoyo familiar y económico, los hijos de los desempleados y explotados –al ser parte de hogares que sufren a diario la pobreza- piensan sólo en que tienen que obtener ingresos para tener derechos en el hogar. ¿De que igualdad puede hablarse?

6. Los programas de becas sólo son un engaño con los que tratan de tapar las inmensas desigualdades económicas y sociales, pues nunca podrán cubrir las gigantescas necesidades que tienen los estudiantes en todos los niveles de la educación pública nacional. ¿Por qué el 99 por ciento de los políticos, los empresarios y las clases medias altas tienen a sus hijos en escuelas privadas despreciando la educación pública que durante casi un siglo ha sido el alma de la educación de México? Hasta hace 40 años los políticos defendían la escuela pública y como profesionistas egresaban de ella; de la misma manera en que se alejaban públicamente del sector empresarial y la de iglesia católica. Hoy egresar de la escuela pública en México parece vergonzoso porque la educación privada da más categoría, así como ser de la clase empresarial y clerical. El Estado laico y popular desapareció.

7. Los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, sobre todo a partir de 1982, han preferido dejar sin escuela pública –en todos los niveles- a millones de pobres en edad de estudiar y, al mismo tiempo, han abierto escuelas técnicas para capacitación de mano de obra barata para la industria con el fin de acomodar a aquellos que se han visto obligados a abandonar sus estudios y puedan continuar. Por eso el rector de la UNAM, al no aceptar la homologación del bachillerato y a la implantación de la llamada prueba de Enlace, tiene razón al argumentar la enorme desigualdad económica y social de los estudiantes mexicanos. La educación en México, como en todos los países, sólo podrá ser de mayor calidad y justa cuando la mayoría de la población cuente con las condiciones para desarrollarse. El asunto de la educación es un problema social no de unos cuantos premiados

Ingeniero ejemplar

Francisco Rodríguez

JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ
es un mexicano fuera de serie. Posee una trayectoria profesional en la ingeniería, en la academia y en la función pública, tareas a las que siempre se ha entregado con envidiable patriotismo. Hace una semana su biografía –invariablemente “ligada a la Historia”, cual sugería Charles Wright Mills— fue reconocida y homenajeada por la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, AC, al entregarle el Premio Nacional de Ingeniería 2008. Universitario de cepa, don Javier recibió el galardón de manos del rector de la UNAM José Narro.

Ocupo de lo anterior para comentar aquí con usted algunas de las bien hilvanadas palabras que con tal motivo pronunció el ingeniero Jiménez Espriú, acordes con otras de su autoría que han sido publicadas con anterioridad en este espacio.

Advirtió ahora el premiado sobre la pobreza en la que han caído desempeños profesionales como el de la ingeniería, fundamental para nuestro desarrollo. Y atribuyó tal a medidas que, desde hace ya varios sexenios se han puesto en boga, hipotecando así el futuro del país: “recortes presupuestales a las universidades, con magros y disminuidos presupuestos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y con simulaciones de reformas a la educación que atienden a negocios personales y a intereses políticos y no a la verdadera búsqueda de la calidad y la superación de los mexicanos.

“Como no es distinto tampoco, el entregar ‘llave en mano’ a los dueños del dinero, que en general suelen ser extranjeros, los contratos de los escasos grandes proyectos que emprendemos.”

Jiménez Espriú no es xenófobo en absoluto, pero sí crítico de funcionarios públicos que, como La Malinche, sustituyen “lo que tenemos, aunque sea mejor, por lo que hay allende nuestras fronteras aunque no sea superior a lo nuestro.”

Modesto, don Javier se autoreconvino por lo que él considera “poco efectivo” de su esfuerzo –lo que sus pares no comparten, pues le han distinguido con tan enorme presea— ante la situación que vivimos hoy los mexicanos.

“Cómo no sentirme apesadumbrado y comprometido en un país con pobreza creciente y sin un plan sólido para contenerla; con el fantasma del desempleo o el subempleo estrangulando a millones de familias y amenazando a millones más; con una industria de la construcción y una industria petroquímica desmanteladas; con una industria de bienes de capital deshecha, con una industria de manufactura a la baja y sin una política industrial; con una educación da escasa calidad y sin una política educativa racional; con nuestra fuente de recursos de hidrocarburos en declive, con yacimientos sobreexplotados irracionalmente y una empresa nacional manejada sin criterios nacionales y sin una política energética; en suma, como no angustiarse en un enorme país lleno de necesidades, aunque también pleno de recursos, pero en el que no existe proyecto de Nación y en el que la reacción, la improvisación, el corto plazo, la ignorancia, la corrupción y la incertidumbre delinean el horizonte de nuestro futuro.

“Cómo ignorar la fragilidad de nuestro porvenir, cuando, por las razones que sean: falta de planeación, de sensibilidad política, de conocimiento, de compromiso, de ética –a cuyo desapego debemos la mayor parte de nuestros fracasos, de nuestras carencias y de nuestros problemas-, vemos que se gasta en lo superfluo y se desatiende lo necesario; que por mezquinos intereses particulares se obstaculiza el acceso de las mayorías a los beneficios del desarrollo tecnológico; que se suspenden grandes proyectos fundamentales, que se realizan algunos que no debieron iniciarse nunca y se ignoran otros que urge emprender.

“¿No son indicadores de una problemática desatendida o mal atendida nuestros enormes rezagos en todos los ordenes sustantivos: salud, alimentación, educación, ciencia, tecnología, infraestructura, crecimiento económico, empleo, estado de derecho?; ¿no lo son también el incremento de la drogadicción juvenil, de la inseguridad y la violencia que asolan a nuestra sociedad, así como su desesperanza y desencanto?

“’Todos somos culpables de todo, ante todos’”, decía Dostoyevsky, y en mayor grado, quienes hemos tenido el privilegio de asistir a la Universidad. Acabemos con el flagelo de esa sentencia que Gabriela Mistral señalaba como una indicadora: ‘todo el desorden del mundo viene de los oficios y las profesiones mal o mediocremente servidos’, ‘político mediocre, educador mediocre, médico mediocre, sacerdote mediocre, artesano mediocre, esas son -nos decía- nuestras calamidades verdaderas’, porque estas calamidades, expresadas así hace ya muchas décadas, siguen siendo, con las excepciones que nos dan esperanza, crónica también de nuestras realidades.”

Y en las vísperas del Bicentenario y del Centenario de las gestas heroicas de 1810 y 1910, Jiménez Espriú llamó a levantarnos otra vez en armas… “las armas del talento, de la inteligencia y de la razón; con las armas del conocimiento, de la ética y de la democracia; con el arsenal con que nos ha dotado la Universidad Pública…

“Rechacemos el papel que nos proponen quienes piensan que nuestro ‘destino manifiesto’ es el ser los peones de los contratistas extranjeros y seamos los arquitectos de nuestro propio destino. Hagámoslo, en este momento particular en el que ‘México está desgarrado en su piel externa’ y ‘el pueblo está quebrado a la mitad por la pobreza, la memoria y la esperanza’ –en palabras de Carlos Fuentes-, subrayando la importancia de una cruzada por nuestros valores, por nuestros principios y por nuestros haberes, que debe ser más valiente, más ardua, más evidente y sobre todo más efectiva”.

Fragmentos del discurso ejemplar, de un mexicano ejemplar.

Índice Flamígero: Critica a los monopolios. Pero él ejerce el del poder. Con el 35% del total de votos emitidos –algunos de ellos obtenidos por malas artes--, es dueño y señor de la Administración. Sólo sus cuates. Todo con sus cuates. Y para sus cuates. Mal ejemplo, sin duda, para aquellos a quienes critica por monopolizar.

Confluencia de varias crisis

Rogelio Ramírez de la O

A la memoria de Gabi Mendívil

La crisis económica ya dio origen a una social y ambas pueden generar una crisis política.

La crisis económica se ve en la caída de las ventas, de la recaudación, de la inversión extranjera directa y del índice de confianza del consumidor del Inegi, éste último en su nivel más bajo desde que hay índice.

La social surge del alto nivel de desempleo y se manifiesta en la reducción del consumo familiar forzada por la pérdida de ingreso. Cifras apabullantes son que la pobreza alimentaria aumentó en sólo dos años en 5 millones de personas; y que 7 millones que pertenecían a la clase media hoy viven con no más de 1,600 pesos al mes.

Hay otros 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, según el rector José Narro Robles.

Según la política convencional estos problemas han sido y seguirán siendo administrados por el sistema político y las instituciones, entre ellos los programas sociales, las oportunidades de alternancia electoral y la comunicación de los medios masivos, en donde se enfatice que “el país va bien”. Según esto, la recuperación llegará en 2010 y las crisis se contendrán.

Pero este razonamiento probablemente resulte equivocado si la crisis económica genera suficientes problemas financieros. Dichos problemas ya comenzaron. Por ejemplo, la caída de la recaudación que obliga a un mayor endeudamiento público; la necesidad que argumenta el gobierno de utilizar la reserva estratégica del Seguro Social para cubrir obligaciones; o la creciente cartera vencida de los bancos.

Los bancos comerciales registran un aumento acelerado de cartera vencida en las tarjetas de crédito. Ahí el índice de morosidad del sistema es casi 10%, indicativo de crisis, sobre todo después de que se deshicieron de mucha cartera mala. Bancos ligados a cadenas comerciales, como Wal-Mart o Bancoppel tienen cartera vencida alarmante de 25% y 18% respectivamente.

La cartera vencida hipotecaria también saltó 48% en el año a octubre, como era lógico con tanta pérdida de empleo.

Y los créditos empresariales vencidos saltaron 38%, indicando crecientes problemas financieros.

Si estas varias crisis avanzan, causarían una crisis política, porque este gobierno ha fincado la gobernabilidad en repartir dinero a los gobiernos estatales, comprando con ello el apoyo del PRI. Pero al bajar la recaudación por la caída de la producción petrolera y por la recesión, la gobernabilidad queda sin sustento. Además, varios elementos de esa crisis política están ya dados, en la pérdida de credibilidad de instituciones; por ejemplo la Comisión Federal de Telecomunicaciones, según lo señaló recientemente la prensa. O bien en la imposibilidad de garantizar seguridad en muchas zonas donde el crimen organizado reemplaza a la autoridad y cobra contribuciones con extorsión.

Otra faceta de lo mismo es el desplome de 16 puntos porcentuales en el nivel de aprobación de Felipe Calderón y la aprobación tan baja para su gestión económica, en donde sólo tiene 20%; o de empleo (26%).

No es claro cómo este gobierno puede evitar que las varias crisis confluyan y se conviertan en un problema mayor. Pero si ni siquiera intenta una reorganización a fondo de su equipo, lo que veremos en 2010-11 será un gran descalabro. Este descalabro sería después de masivo endeudamiento público, la salida de López Portillo y Salinas, al no poder enfrentar un desplome con realismo. Pero a esos presidentes la crisis les vino al final del sexenio; a Calderón le llegaría mucho antes.

La crisis de México

Porfirio Muñoz Ledo

Empleo el título de un célebre ensayo de Daniel Cosío Villegas publicado en 1947 para esta reflexión. Decía que las metas de la Revolución se habían agotado y que el término mismo carecía ya de sentido. Señalaba la pérdida de una “carta de navegación” y de “autoridad moral y política de los gobernantes”.

Aunque describía la situación sin piedad, veía un “rayo de esperanza en la reafirmación de los principios y la renovación de los hombres”. Observaba un decaimiento recuperable mediante objetivos remozados y procedimientos convincentes. Proponía un aire nuevo para el régimen, ya que consideraba a la derecha absolutamente incompetente para gobernar.

El debate contemporáneo sólo entre los conservadores halla un propósito de continuidad con reparaciones. De manera semejante al análisis sobre la crisis global: quienes la consideran exclusivamente “financiera” se aferran al pasado, quienes la llaman “económica” se ubican en el centro y quien la estima “sistémica” es la izquierda.

Entre los diputados apenas se plantea el esquema de un acuerdo hacendario y fiscal y comienza a discutirse una reforma de las prácticas del Congreso. Se espera que el Ejecutivo envíe las iniciativas correspondientes a su anuncio de reformas políticas, aunque sean manifiestas la anemia y la intención tramposa de las propuestas.

Nos aprestamos a otro ciclo de parches, incapaces de conformar una arquitectura política diferente, ensayar un nuevo rumbo económico o sellar un ineludible pacto social. A pesar de la catástrofe, la clase dirigente patina en la arena de las pequeñas ganancias. Un bizantinismo inmune al diluvio. Voces más sensatas llaman a la refundación de la República y se extienden los llamados abiertos a la insurgencia. El conjunto no hace coherencia y quien debiera ejercer la convocatoria al diálogo se jacta de encontrarse en el “timón a pesar de la tormenta”, sin percatarse que el barco ya encalló y sólo sigue aferrado al ancla.

Entre tanta estrechez y desmesura he hallado un diagnóstico revelador de Guillermo Hurtado. El filósofo dice: “la crisis se debe a que hemos perdido el sentido de nuestra existencia colectiva”. No tenemos “cohesión, dirección ni confianza”. “Hemos “olvidado qué valorar” y por tanto extraviado “nuestra razón de ser”. La explicación es transparente: “México tuvo una visión de su historia, basada en un amplio horizonte de memorias y expectativas”. Esa visión despareció y hoy no hay lugar ni para el “preterismo” ni el “futurismo”, sólo para un desesperante “presentismo”. En víspera del Bicentenario, carecemos de un discurso nacional “homogéneo, congruente y motivador”. Afirma que la “fractura de nuestra historicidad” nos atrapa en una vivencia “asfixiante y confusa” y que la sociedad mexicana está “desintegrada, desorientada y desalentada”, ya que el tejido colectivo ha sido “desgarrado por la frustración y la violencia”. No abriga confianza en las instituciones surgidas de una “democracia electorera”, que sólo producen una “cacofonía de propuestas desconectadas”.

A diferencia de Cosío, no cree en la regeneración del sistema ni que alcanzaremos la democracia desde las “estructuras inoperantes que precisamente debemos transformar”. Afirma con Caso que necesitamos “alas y más alas”. “Volar alto para salir del fango”. Rechaza la violencia y aboga por una “nueva concordia”.

Sostiene que la tarea es urgente pero apuesta centralmente a la “educación cívica y moral de los mexicanos”. Nos deja el reto de combinar el corto con el largo plazo y confiar el salto histórico a una sociedad desmembrada. ¿Cómo hallar un “sentido colectivo” donde no existe y cómo revolucionar instituciones que se resisten al cambio?

Estas interrogantes definen el inmenso vacío de las próximas celebraciones marcadas por la orfandad, en las que algo habrá de ocurrir al margen de nuestras predicciones.

Diputado federal (PT)

Un amparo negado... como era de esperarse

Néstor de Buen

La juez primera de distrito del centro auxiliar de la primera región, en una sentencia que no tiene fecha, resolvió negar el amparo que el Sindicato Mexicano de Electricistas había promovido contra el decreto presidencial de fecha 11 de octubre del año en curso mediante el cual se ordenó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el consecuente despido de la totalidad de los trabajadores.

Obviamente, dicho decreto es violatorio de muchas cosas, entre otras, la fración I del artículo 89 constitucional que faculta al titular del Poder Ejecutivo a promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

En el caso, no había una ley proveniente del Congreso de la Unión que hubiese ordenado la liquidación de la empresa LFC, lo que implica que el Presidente de la República se transformó, por propia iniciativa (aunque le echa la culpa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) en legislador, violando así de manera notable el principio constitucional de la división de poderes.

La sentencia, en lo fundamental, distribuye en tres temas su decisión. La primera la hace consistir en la improcedencia de la demanda de amparo. La segunda, en la procedencia. La tercera, en la valoración que hace de la actuación del Poder Ejecutivo en la que llega a la curiosa conclusión de que no solamente está facultado para reglamentar las leyes del Congreso sino que también se le debe reconocer una facultad habilitante derivada del artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales (de más que dudosa constitucionalidad) para poner remedio a las deficiencias de las entidades paraestatales con la facultad, inclusive, de liquidarlas.

Entre los motivos de improcedencia se dice que los trabajadores, en lo personal, no acreditaron su condición, por lo que no se les debe reconocer interés jurídico en el amparo, afirmando que no se ofrecieron pruebas de su condición de trabajadores. Con ello la sentencia pone de manifiesto que no tomó en consideración las pruebas ofrecidas por los terceros perjudicados, olvidando que obra en el expediente la copia certificada de las actuaciones ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje promovidas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, donde se lista a la totalidad de los trabajadores de LFC. La juez invoca una copia simple de esa demanda que se acompañó a la demanda de amparo pero se le olvidó tomar en cuenta la copia certificada de esas actuaciones que exhibió el sindicato quejoso.

Lo esencial de la falta de fundamentación de la sentencia lo constituye el hecho de que ignora el contenido de la fracción I del artículo 89 constitucional que fija las facultades del Poder Ejecutivo, e inventa una facultad habilitante que no está prevista en la Constitución. Porque el Ejecutivo puede hacer lo que la Constitución le permite pero no otras cosas que no estén previstas en la propia Constitución, de acuerdo con el principio de derecho de que las autoridades no pueden hacer sino lo que les está permitido y evidentemente que no hay ninguna disposición constitucional que otorgue al Ejecutivo facultades que no están previstas.

Dice la sentencia que la situación económica de LFC es muy grave y que ello justifica la decisión del Ejecutivo de liquidarla. Pero esa decisión no puede ser tomada por el Ejecutivo porque no hay norma constitucional que se lo permita. Afortunadamente la sentencia reconoce la personalidad y el interés jurídico del sindicato, y con ello desvirtúa una de las causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables. Pero con ello desvirtúa su conclusión de que los trabajadores no tienen interés en el juicio ya que el sindicato es, precisamente, un representante de todos los trabajadores, como bien lo indica el artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo.

No deja de ser contradictorio que la sentencia reconozca la presencia del sindicato, necesariamente formado por trabajadores, y desconozca que los trabajadores lo son efectivamente de LFC. Caben todos los malos pensamientos a propósito del origen de esta sentencia, cuya extensión pone en duda que haya sido dictada por el propio juzgado, sin olvidar que no tiene en cuenta para nada los alegatos amplísimos presentados por el sindicato un día antes. Da la impresión de que ya había sido redactada desde antes de la audiencia constitucional en la que se presentaron esos alegatos, ignorados en la sentencia. Ahora le tocará el turno a un tribunal colegiado del primer circuito en materia de trabajo de conocer el recurso de revisión. Es difícil desconocer la autonomía de esos organismos. Pero la presencia de la Presidencia de la República como parte muy interesada deja abierto un mundo de dudas.

Comunicado del SME del día 11 de diciembre de 2009

BOLETÍN DE PRENSA

En relación a nuestro juicio de amparo promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas ante el Poder Judicial

A las organizaciones sindicales, sociales y políticas,

Al pueblo mexicano,

A la opinión pública, nacional e internacional:

Como ya es del conocimiento público, la Juez de Distrito Guillermina Coutiño Mata emitió una resolución en donde deja indefinido el fondo del asunto de nuestro amparo, es decir, resolver sí el decreto de Calderón extinguiendo a Luz y Fuerza del Centro, si es Constitucional o no.

Simplemente se remite a decir que los trabajadores quejosos, no tenemos interés jurídico en este asunto, que por lo tanto, no causa ningún agravio a nuestros derechos el despido masivo de que fuimos objeto, y que en consecuencia, no podemos solicitar la protección del Poder Judicial ante ese decreto.

Sin embargo, de manera contradictoria reconoce la personalidad o interés jurídico al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), omitiendo que nuestro sindicato agrupa y representa el mayor interés profesional de todos sus agremiados, en lo particular y en lo colectivo.

La opinión de nuestros abogados sobre esta resolución, será dada a conocer en pocos días, pero en principio podemos afirmar que la citada jueza no quiso o no pudo resolver el fondo del amparo, y prefirió que una instancia superior ( en este caso, el Tribunal Colegiado de Circuito), sea quien resuelva este asunto, o en su momento, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para la historia jurídica de nuestro país, es lamentable que la Jueza Guillermina Coutiño Mata, haya renunciado a ejercer el poder que le otorga el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y haya preferido que sea una instancia superior quienes resuelvan este asunto.

Informamos a todos nuestros camaradas, que el SME continuará haciendo todo lo que JURÍDICA Y POLÍTICAMENTE ESTÉ A SU ALCANCE, y que en pocos días, presentaremos el recurso de revisión de esta resolución, ante la instancia correspondiente.

Llamamos a todas las organizaciones y ciudadanos comprometidos con la Justicia, la Libertad y la Democracia, a no bajar la guardia y a mantener la vigilancia sobre la lamentable actuación del Poder Judicial mexicano. Al mismo tiempo, a continuar desarrollando con mayor firmeza y convicción, las tareas de organización y movilización social y política, para impedir el gigantesco atraco que el Gobierno federal pretende asestar a la Patria, con la privatización de la Industria Eléctrica Nacionalizada y con la negación de los derechos de los trabajadores, consagrados en el Artículo 123 de nuestra Carta Magna, porque hoy más que nunca ¡O son ellos o somos nosotros!

Fraternalmente

“Por el derecho y la justicia del trabajador”

México, D.F., a 11 de Diciembre de 2009

¡LA LUCHA SIGUE, ESTAMOS DE PIE!

COMITÉ CENTRAL Y COMISIONES AUTÓNOMAS

Fernando Amezcua Castillo, Secretario del Exterior

Niega la juez Coutiño amparo al SME contra la extinción de LFC

Alfredo Méndez / La Jornada

Después de un mes de analizar los alegatos del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y del gobierno del presidente Felipe Calderón, la juez federal Guillermina Coutiño Mata negó este viernes a los trabajadores el amparo solicitado contra el decreto que ordenó la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), resolución que puede ser impugnada por los quejosos durante los próximos 10 días hábiles.

Antes de las nueve horas la juez notificó su sentencia, en la que avala la legalidad del decreto presidencial –emitido el pasado 11 de octubre– y considera que no existió violación de garantías que agraviaran al SME o sus afiliados.

"Premisa falsa"

Luego, mediante un extenso comunicado, Coutiño detalló que, contrario a lo que sostiene el sindicato, es constitucional el artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que permite al titular del Ejecutivo federal liquidar organismos descentralizados cuya existencia afecte las finanzas públicas y la economía del país.

"El argumento de la quejosa para demostrar la violación a la garantía de audiencia parte de la premisa falsa de que quienes laboran en una entidad de la administración pública federal tienen derecho a que, para conservar sus empleos, la misma subsista a pesar de que su existencia sea gravosa desde el punto de vista de la economía nacional, o no contribuya para mejorarla, así como cuando no beneficia el interés público que subyace en el objetivo de su operación, sobre todo cuando hay otros medios para prestar el mismo servicio público", refiere la sentencia.

Añade: “siendo el Poder Judicial de la Federación el encargado de velar por el respeto a la Constitución, se decidió no pronunciarse sobre algunos planteamientos de legalidad en materia de derecho del trabajo, ya que su análisis corresponde en primer término a la junta especial número cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ante la que el sindicato quejoso formuló los mismos planteamientos.

"Esta decisión no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues esos argumentos de legalidad en materia de trabajo serán analizados por la mencionada junta, por habérsele propuesto, además de que, en caso de que la resolución que emita dicha autoridad fuera contraria a los intereses del SME, éste puede promover el medio de defensa previsto legalmente para tal efecto", indicó la juez.

Acerca de que la extinción de LFC dejó sin empleo a más de 40 mil trabajadores, la juzgadora expuso: "si bien la emisión del decreto reclamado tiene como consecuencia la extinción de la fuente de empleo de los trabajadores, lo cierto es que no les restringe para insertarse nuevamente en el mercado laboral, además de que, en virtud de la naturaleza del acto reclamado, consistente en la prestación de un servicio público tal como el de suministro de energía eléctrica, no es posible acceder a la opción de hacer prevalecer los derechos laborales que exige la parte quejosa".

Sostuvo que el ordenamiento presidencial no privó de ningún derecho a los trabajadores electricistas debido a que no fue una medida de carácter laboral, y rechazó que el Congreso hubiera tenido que dar su aprobación o legislar para extinguir LFC.

"Con la emisión de los decretos mencionados, el de creación y extinción de Luz y Fuerza del Centro, en todo momento se observaron los mismos requisitos, lo que da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que estatuye que para la extinción de las paraestatales deben seguirse las mismas formalidades que para su creación", explicó.

La titular del juzgado primero de distrito auxiliar consideró también que los actos previos a la liquidación de LFC, consistentes en las opiniones favorables de las secretarías de Hacienda y de Energía para concretar la medida, no afectaron el interés jurídico de los quejosos, porque no obligaban al presidente de la República a decretar la extinción.

"Precedente reprochable"

Sobre el resolutivo, Carlos de Buen, uno de los abogados del sindicato, quien de entrada expresó que la resolución "sienta un precedente reprochable y contrario a la misma Constitución", dijo a La Jornada que este litigio "terminará resolviéndose en la Suprema Corte, una vez que interpongamos el recurso de revisión ante un (tribunal) colegiado, para que la Corte ejerza su facultad de atracción".

Afirmó que “sin duda hubo mano negra en esta resolución”, pues "queda claro que la juez se dejó presionar por sus superiores del Consejo de la Judicatura Federal, adonde acaba de llegar (Daniel) Cabeza de Vaca, incondicional de Felipe Calderón".

Carlos de Buen pidió a los trabajadores que aún no pierdan las esperanzas, pues "lo más importante es lo que el próximo año digan los ministros".

Puntualizó que mientras la Corte no se pronuncie sobre los argumentos del SME, seguirá vigente la suspensión definitiva en vía de amparo otorgada el pasado 6 de noviembre al sindicato por la juez Coutiño, la cual impide que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dé por concluida la relación laboral entre LFC y los electricistas afiliados al gremio.

Este juicio de amparo, tramitado a petición del SME, es el único litigio en que el Poder Judicial analizará la legalidad del decreto presidencial, pues el Congreso no promovió controversia constitucional para que la Corte se pronunciara directamente sobre el tema.

Además del sindicato como organización gremial, la demanda fue firmada por unos 23 mil afiliados, pero Coutiño la desechó porque 6 mil 835 de esas personas nunca acreditaron ser trabajadores o jubilados de LFC.

Entre los alegatos expuestos por el SME que fueron rechazados por la juez destacan que con la emisión del decreto fueron violados los artículos 14 y 16 de la Constitución, por indebida motivación y fundamentación legal del decreto y por no dar audiencia previa al SME; 73, fracción décima, por invasión del Ejecutivo a la esfera de atribuciones del Legislativo, y 123, que tutela los derechos laborales.

Inicia restauración del gobierno popular y ciudadano: Brugada

Ángel Bolaños y Gabriela Romero / La Jornada

Luego de rendir protesta ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) como jefa delegacional sustituta de Iztapalapa, Clara Brugada Molina proclamó: "iniciamos la restauración del gobierno popular; un gobierno ciudadano comprometido con la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas".

Luego de muchas horas de intenso cabildeo entre perredistas, y de éstos con otras fracciones, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó con 46 votos a favor de PRD, PT, PRI, Panal y PVEM; 15 del PAN y un pevemista, en contra, y la abstención del priísta Octavio West la propuesta que el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard Casaubon, presentó ayer formalmente minutos después de las 8 horas.

A base de "diálogo, diálogo, diálogo", según los legisladores perredistas, se logró sumar el apoyo de otras fracciones, así como de cuatro de los diputados de la corriente Nueva Izquierda, que la noche del jueves habían manifestado su rechazo a la propuesta de Brugada Molina, mientras que Horacio Martínez, Natividad Razo (esposa de Víctor Hugo Círigo) y Abril Trujillo, optaron por no asistir a la sesión.

Los panistas intentaron suspender la sesión argumentando que ni siquiera se les había notificado formalmente de la renuncia de Rafael Acosta Ángeles, y errores en el procedimiento, particularmente que la Comisión de Gobierno carecía de facultades para dictaminar.

En respuesta, la perredista Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Gobierno, recordó que no es la primera vez que se sigue este procedimiento, y el ejemplo más cercano fue la aprobación del panista Alfredo Vinalay como delegado en Miguel Hidalgo, en la pasada legislatura.

Una vez aprobado el dictamen se tomó protesta a Clara Brugada, quien había llegado al recinto alrededor de las 13:15 horas.

Al salir dirigió un breve mensaje a más de un centenar de simpatizantes que acudieron a apoyarla, en el que agradeció, en primer lugar, al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, así como a los diputados y al pueblo de Iztapalapa por la defensa que se hizo de la voluntad popular.

Por la mañana, el Ejecutivo capitalino puntualizó que al proponer a Clara Brugada como jefa delegacional de Iztapalapa, en sustitución de Rafael Acosta, buscó respetar el sentido del voto que miles de ciudadanos emitieron el pasado 5 de julio.

"No se trata de que nos repartamos la delegación, sino de que seamos respetuosos de lo que la gente decidió, eso es lo que me parece debe ser mi obligación desde el punto de vista político y no tratar de sacar ventajas unos u otros".

Señaló, además que la ex procuradora social tiene la capacidad para poder encabezar una de las dos delegaciones más grandes del DF.

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