viernes, mayo 21, 2010

Diego: ¿Qué oculta Los Pinos?

Francisco Rodríguez / Índice Político

UN CASO HIPOTÉTICO que, ojalá, nunca se nos presente a usted o a mí. Desaparece uno de sus familiares, el patriarca para más señas. Tras la conmoción, ¿llamaría usted al peor de los enemigos del desaparecido, “levantado” o secuestrado para pedir su ayuda en la localización y rescate?

¿Llamó algún familiar o amigo cercano a Calderón para avisarle del oscuro suceso registrado en las últimas horas del viernes anterior? ¿Para pedir auxilio o apoyo? ¿Siquiera para nada más avisarle, aprovechando que había realizado una escala, de sus muchos viajes, en el Distrito Federal?

No parece ser el caso. Pudiera ser, sí en cambio, que los próximos al queretano hayan buscado a dos colaboradores del ocupante de Los Pinos, Fernando Gómez Mont y Arturo Chávez Chávez, a quienes se ubica cual surgidos de los “establos” de Fernández de Cevallos, y que éstos hayan transmitido la noticia que empañó el viaje de Calderón a España, primero, y después a los Estados Unidos.

Usted, por supuesto, llamaría a un amigo. Y si éste es más poderoso que el enemigo –cual sin duda lo es el envidioso Calderón del exitoso Diego–, más que mejor.

Carlos Salinas de Gortari, estoy cierto, sí habría recibido el SOS. Y rápidamente se habría puesto a trabajar al lado de Antonio Lozano Gracia –con quien está en deuda, por aquellas invenciones de La Paca, con las que se desvirtuaron las verdaderas acusaciones en contra de su hermano Raúl– y de otros verdaderos amigos del ex candidato presidencial que, en tal papel, le hizo otro servicio al salinato: una primera desaparición.

En ese tenor, Salinas habría pedido a otro ex colaborador de todas sus confianzas que se asomara al caso y, por supuesto, que hiciera todo lo que estuviera a su alcance para rescatarlo con vida: el general ahora retirado Mario Arturo Acosta Chaparro. Información en tal sentido fue ofrecida ayer, para más señas, en la primera plana del diario Reforma, donde se da cuenta de que “allegados al militar confirmaron que el polémico General fue contactado el lunes por la familia de Fernández de Cevallos para involucrarse en el caso”.

Luego de eso, la noche del martes, Acosta Chaparro fue baleado, recibiendo un tiro en el pecho, lo que le mantiene internado en una instalación sanitaria militar.

También la mediación de Salinas habría servido para que la principal televisora del país, anunciara que dejaría de bordar en el caso de la desaparición del muy polémico ex senador. El ex Presidente, lo saben muchos, sigue mandando en Televisa. Con Calderón, esta empresa sólo mantiene una rentable relación comercial.

A un tiempo, se han dado –para no variar– pifias, retrasos, desconcierto, no sólo en el viajero Calderón, aún entre sus “cuates” que aquí se quedaron encargados: hasta 72 horas después del evento, por ejemplo, el supersecretario Genaro García Luna envía a su superpolicía (jejeje) Luis Cárdenas Palomino. Sí, ¡tres días después!

Retrasa un par de horas su viaje el ocupante de Los Pinos, porque de acuerdo a un vocero de Televisa, espera a que se redacte un comunicado oficial sobre el caso del queretano y se queda a revisarlo.

La PGR, de otra parte, está involucrada en las indagatorias, pero como que no está.

Es en el campo militar –¿por qué ahí?– donde se concentran los esfuerzos (sic) federales.

Y Calderón, viaje y viaje, sin dejar de pronunciar desatinos. Al presidente de gobierno español le dice que el llamado “Jefe” fue secuestrado y, en consecuencia, José Luis Rodríguez Zapatero así lo reproduce en un discurso de bienvenida. Aquí nadie usa el término y Fernández de Cevallos sigue en calidad de desaparecido.

Ya en territorio del continente americano, Calderón descarta que en este evento exista un vínculo con el crimen organizado. ¿Cómo sabe? ¿Qué es lo que sí sabe? ¿Qué los que se nos oculta?

Reitera, horas más tarde lo mismo, pero además añade que este no es un mensaje que los narcotraficantes le estén enviando. ¿Por qué la seguridad? ¿Qué sabe entonces Calderón? ¿Qué oculta tras su ramplona retórica?

Y fíjese usted en esta perla:

“Los criminales me envían mensajes muy claros por otras vías. Creo que es un caso sumamente delicado. Para mí es muy triste, porque Diego es buen amigo mío (sic), es buen amigo de mi partido, pero no hay evidencia de que esta situación esté vinculada con el crimen organizado, no hay evidencia de que se trate de un secuestro; de acuerdo con la investigación no teníamos evidencia” (?).

¿Cómo se comunican los narcotraficantes con Calderón? ¿Vía Blackberry? ¿Acuden a Los Pinos, cual ya aconteció no hace mucho? ¿Usan como mensajero a algún funcionario que cobra en el área de seguridad?

¿Qué ocultan en Los Pinos?

Índice Flamígero: Si, como se dice, Calderón está negociando la aparición de Fernández de Cevallos por la libertad de un narcotraficante, entonces su corto sexenio –que se nos ha hecho un siglo a los ciudadanos–, ya acabó.

A sus órdenes Jefe

Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal

Desaparecido “El Jefe” Diego Fernández de Cevallos, el otro jefe político y moral del procurador general Arturo Chávez, Antonio Lozano Gracia, tomó cartas en el asunto. La desaparición del líder de ese clan de abogados que tiene hegemonía sobre el gabinete de seguridad nacional del presidente Felipe Calderón y sobre las áreas de procuración de justicia federal, movilizó a sus socios y congeló al gobierno. El caso, que quede muy claro, no lo está llevando ni la autoridad federal ni, para efectos prácticos, la procuraduría de Querétaro. Es el despacho de Fernández de Cevallos, y el mariscal relevista, Lozano Gracia, quienes se apoderaron de la investigación.

Lo que hagan las procuradurías de Querétaro y la federal es complementario. Chávez, quien ha estado inusualmente activo desde la desaparición de Fernández de Cevallos, e inclusive encabezó -contra su costumbre- las primeras diligencias, está subordinado en los hechos a sus anteriores jefes, la víctima y Lozano Gracia. La información ya está siendo controlada por los socios de Fernández de Cevallos al grado que el responsable de la policía ministerial de la PGR, Wilfrido Robledo, quien tenía que estar viendo la investigación a detalle, recibe información fragmentada. El experto en secuestros de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Luis Cárdenas, también está marginado.

Los socios de Fernández de Cevallos no quieren que nadie se entere de nada. Controlan la investigación, controlan la información del caso, controlan la información que se disemina y los tiempos en los cuales se entrega. El núcleo de abogados en torno a “El Jefe” Diego que se encuentra dentro y fuera del servicio público, han levantado las compuertas y sellado herméticamente todas las rendijas, para evitar que los detalles de una eventual negociación con los secuestradores arruinen los contactos. No quieren decir nada y la PGR tampoco va a hacerlo hasta que les informen sobre el desenlace. De esta semana en adelante, lo que vaya saliendo, lo manejarán los socios de Fernández de Cevallos, y el vocero autorizado será Lozano Gracia, quien también fue procurador general de la República.

Aunque al ser Fernández de Cevallos un ciudadano sin cargo alguno, no hay violación alguna a la ley. Pero la iniciativa muestra, sin embargo, el poder que tiene ese grupo sobre los responsables de la procuración de la justicia, que han tenido que doblegarse ante la petición. Lo que debía haberse tratado como un asunto de Estado por el impacto político y económico que puede tener un caso como el de Fernández de Cevallos, se convirtió en un asunto de particulares, que si uno se atiene al comunicado de la familia de “El Jefe” Diego dado a conocer por Lozano Gracia, va en contrasentido de los deseos del presidente Felipe Calderón expuestos en su iniciativa de la Ley Antisecuestros, para prohibir la negociación a particulares y que en casos relevantes sean atraídos por el Ministerio Público Federal.

En este caso, los socios y la familia del desaparecido quieren comunicación directa con sus captores y negociar al margen de las autoridades. La pregunta es por qué buscaron sacar al gobierno federal de la investigación y la negociación. Sobretodo, porque con tantos asociados dentro del gobierno que trabajarían para solucionar el caso, no era necesario. Además de Chávez, en el núcleo de “El Jefe” Diego se encuentra el subprocurador para Delitos Federales, Germán Rangel, y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Juan Miguel Alcántara Soria, junto con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el senador Fauzi Handam.

La ventaja que tienen al controlar todo es que las autoridades no podrán husmear en la lista de clientes del despacho, ni de los negocios realizados al amparo del tráfico de influencias de mantenerse en la investigación. Si la hipótesis más sólida que se tenía era que el secuestro pudo haber estado conectado con un cobro de facturas abiertas, ya no será posible verificarlo. Si es un asunto meramente económico, tampoco. Lozano Gracia, los socios y familiares de Fernández de Cevallos, sellaron el caso.

Al hacerlo, bloquearon la posibilidad de haber tenido una introspección de como se usa el poder en México. Fernández de Cevallos y socios tienen mucho que esconder. Públicamente se conocen sus defensas de perseguidos por el gobierno, como los empresarios Carlos Cabal Peniche y Jorge Lankenau, y también de casos más polémicos, como cuando junto con Gómez Mont, “El Jefe” Diego protegió los intereses del Hospital Santa Mónica, en la ciudad de México, al quedar expuesto cuando murió ahí Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”, velado en una agencia funeraria donde también era apoderado Fernández de Cevallos.

Fernández de Cevallos también fue abogado del Banco Anáhuac, contratado por uno de sus fundadores, Jorge Hurtado, sobrino del ex presidente Miguel de la Madrid, cuando lo intervino el gobierno por presuntamente manejar dinero del Cártel de Juárez. Años después de la defensa de Fernández de Cevallos del banco, el hijo de “El Señor de los Cielos”, Vicente Carrillo Leyva, declaró en la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales sobre la Delincuencia Organizada, que su padre le había dado 30 millones de dólares a Juan Alberto Zepeda Méndez, secretario particular del empresario Jaime Camil, muy cercano al ex presidente Ernesto Zedillo, y a José Luis Sánchez Pizzini, para comprar acciones en el Anáhuac. Los dos lo niegan.

El que el despacho y los socios de Fernández de Cevallos hayan tomado control total de la investigación y la información, no tiene mucho sentido de no ser porque consideren o temen que cualquier dato que pueda ir surgiendo que no sea administrado por ellos, puede tener repercusiones de otra índole -política o económica- para “El Jefe” Diego y para sus muy prominentes asociados. Lo que ha hecho ese grupo es realmente un control de daños y comenzar a administrar la crisis, que no sólo tendrá que ver por la buenaventura del panista desaparecido, sino del despacho, para que su enjambre de relaciones e intereses sigan en las tinieblas.

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