Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
Desaparecido “El Jefe” Diego Fernández de Cevallos, el otro jefe político y moral del procurador general Arturo Chávez, Antonio Lozano Gracia, tomó cartas en el asunto. La desaparición del líder de ese clan de abogados que tiene hegemonía sobre el gabinete de seguridad nacional del presidente Felipe Calderón y sobre las áreas de procuración de justicia federal, movilizó a sus socios y congeló al gobierno. El caso, que quede muy claro, no lo está llevando ni la autoridad federal ni, para efectos prácticos, la procuraduría de Querétaro. Es el despacho de Fernández de Cevallos, y el mariscal relevista, Lozano Gracia, quienes se apoderaron de la investigación.
Lo que hagan las procuradurías de Querétaro y la federal es complementario. Chávez, quien ha estado inusualmente activo desde la desaparición de Fernández de Cevallos, e inclusive encabezó -contra su costumbre- las primeras diligencias, está subordinado en los hechos a sus anteriores jefes, la víctima y Lozano Gracia. La información ya está siendo controlada por los socios de Fernández de Cevallos al grado que el responsable de la policía ministerial de la PGR, Wilfrido Robledo, quien tenía que estar viendo la investigación a detalle, recibe información fragmentada. El experto en secuestros de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Luis Cárdenas, también está marginado.
Los socios de Fernández de Cevallos no quieren que nadie se entere de nada. Controlan la investigación, controlan la información del caso, controlan la información que se disemina y los tiempos en los cuales se entrega. El núcleo de abogados en torno a “El Jefe” Diego que se encuentra dentro y fuera del servicio público, han levantado las compuertas y sellado herméticamente todas las rendijas, para evitar que los detalles de una eventual negociación con los secuestradores arruinen los contactos. No quieren decir nada y la PGR tampoco va a hacerlo hasta que les informen sobre el desenlace. De esta semana en adelante, lo que vaya saliendo, lo manejarán los socios de Fernández de Cevallos, y el vocero autorizado será Lozano Gracia, quien también fue procurador general de la República.
Aunque al ser Fernández de Cevallos un ciudadano sin cargo alguno, no hay violación alguna a la ley. Pero la iniciativa muestra, sin embargo, el poder que tiene ese grupo sobre los responsables de la procuración de la justicia, que han tenido que doblegarse ante la petición. Lo que debía haberse tratado como un asunto de Estado por el impacto político y económico que puede tener un caso como el de Fernández de Cevallos, se convirtió en un asunto de particulares, que si uno se atiene al comunicado de la familia de “El Jefe” Diego dado a conocer por Lozano Gracia, va en contrasentido de los deseos del presidente Felipe Calderón expuestos en su iniciativa de la Ley Antisecuestros, para prohibir la negociación a particulares y que en casos relevantes sean atraídos por el Ministerio Público Federal.
En este caso, los socios y la familia del desaparecido quieren comunicación directa con sus captores y negociar al margen de las autoridades. La pregunta es por qué buscaron sacar al gobierno federal de la investigación y la negociación. Sobretodo, porque con tantos asociados dentro del gobierno que trabajarían para solucionar el caso, no era necesario. Además de Chávez, en el núcleo de “El Jefe” Diego se encuentra el subprocurador para Delitos Federales, Germán Rangel, y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Juan Miguel Alcántara Soria, junto con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el senador Fauzi Handam.
La ventaja que tienen al controlar todo es que las autoridades no podrán husmear en la lista de clientes del despacho, ni de los negocios realizados al amparo del tráfico de influencias de mantenerse en la investigación. Si la hipótesis más sólida que se tenía era que el secuestro pudo haber estado conectado con un cobro de facturas abiertas, ya no será posible verificarlo. Si es un asunto meramente económico, tampoco. Lozano Gracia, los socios y familiares de Fernández de Cevallos, sellaron el caso.
Al hacerlo, bloquearon la posibilidad de haber tenido una introspección de como se usa el poder en México. Fernández de Cevallos y socios tienen mucho que esconder. Públicamente se conocen sus defensas de perseguidos por el gobierno, como los empresarios Carlos Cabal Peniche y Jorge Lankenau, y también de casos más polémicos, como cuando junto con Gómez Mont, “El Jefe” Diego protegió los intereses del Hospital Santa Mónica, en la ciudad de México, al quedar expuesto cuando murió ahí Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”, velado en una agencia funeraria donde también era apoderado Fernández de Cevallos.
Fernández de Cevallos también fue abogado del Banco Anáhuac, contratado por uno de sus fundadores, Jorge Hurtado, sobrino del ex presidente Miguel de la Madrid, cuando lo intervino el gobierno por presuntamente manejar dinero del Cártel de Juárez. Años después de la defensa de Fernández de Cevallos del banco, el hijo de “El Señor de los Cielos”, Vicente Carrillo Leyva, declaró en la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales sobre la Delincuencia Organizada, que su padre le había dado 30 millones de dólares a Juan Alberto Zepeda Méndez, secretario particular del empresario Jaime Camil, muy cercano al ex presidente Ernesto Zedillo, y a José Luis Sánchez Pizzini, para comprar acciones en el Anáhuac. Los dos lo niegan.
El que el despacho y los socios de Fernández de Cevallos hayan tomado control total de la investigación y la información, no tiene mucho sentido de no ser porque consideren o temen que cualquier dato que pueda ir surgiendo que no sea administrado por ellos, puede tener repercusiones de otra índole -política o económica- para “El Jefe” Diego y para sus muy prominentes asociados. Lo que ha hecho ese grupo es realmente un control de daños y comenzar a administrar la crisis, que no sólo tendrá que ver por la buenaventura del panista desaparecido, sino del despacho, para que su enjambre de relaciones e intereses sigan en las tinieblas.
Desaparecido “El Jefe” Diego Fernández de Cevallos, el otro jefe político y moral del procurador general Arturo Chávez, Antonio Lozano Gracia, tomó cartas en el asunto. La desaparición del líder de ese clan de abogados que tiene hegemonía sobre el gabinete de seguridad nacional del presidente Felipe Calderón y sobre las áreas de procuración de justicia federal, movilizó a sus socios y congeló al gobierno. El caso, que quede muy claro, no lo está llevando ni la autoridad federal ni, para efectos prácticos, la procuraduría de Querétaro. Es el despacho de Fernández de Cevallos, y el mariscal relevista, Lozano Gracia, quienes se apoderaron de la investigación.
Lo que hagan las procuradurías de Querétaro y la federal es complementario. Chávez, quien ha estado inusualmente activo desde la desaparición de Fernández de Cevallos, e inclusive encabezó -contra su costumbre- las primeras diligencias, está subordinado en los hechos a sus anteriores jefes, la víctima y Lozano Gracia. La información ya está siendo controlada por los socios de Fernández de Cevallos al grado que el responsable de la policía ministerial de la PGR, Wilfrido Robledo, quien tenía que estar viendo la investigación a detalle, recibe información fragmentada. El experto en secuestros de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Luis Cárdenas, también está marginado.
Los socios de Fernández de Cevallos no quieren que nadie se entere de nada. Controlan la investigación, controlan la información del caso, controlan la información que se disemina y los tiempos en los cuales se entrega. El núcleo de abogados en torno a “El Jefe” Diego que se encuentra dentro y fuera del servicio público, han levantado las compuertas y sellado herméticamente todas las rendijas, para evitar que los detalles de una eventual negociación con los secuestradores arruinen los contactos. No quieren decir nada y la PGR tampoco va a hacerlo hasta que les informen sobre el desenlace. De esta semana en adelante, lo que vaya saliendo, lo manejarán los socios de Fernández de Cevallos, y el vocero autorizado será Lozano Gracia, quien también fue procurador general de la República.
Aunque al ser Fernández de Cevallos un ciudadano sin cargo alguno, no hay violación alguna a la ley. Pero la iniciativa muestra, sin embargo, el poder que tiene ese grupo sobre los responsables de la procuración de la justicia, que han tenido que doblegarse ante la petición. Lo que debía haberse tratado como un asunto de Estado por el impacto político y económico que puede tener un caso como el de Fernández de Cevallos, se convirtió en un asunto de particulares, que si uno se atiene al comunicado de la familia de “El Jefe” Diego dado a conocer por Lozano Gracia, va en contrasentido de los deseos del presidente Felipe Calderón expuestos en su iniciativa de la Ley Antisecuestros, para prohibir la negociación a particulares y que en casos relevantes sean atraídos por el Ministerio Público Federal.
En este caso, los socios y la familia del desaparecido quieren comunicación directa con sus captores y negociar al margen de las autoridades. La pregunta es por qué buscaron sacar al gobierno federal de la investigación y la negociación. Sobretodo, porque con tantos asociados dentro del gobierno que trabajarían para solucionar el caso, no era necesario. Además de Chávez, en el núcleo de “El Jefe” Diego se encuentra el subprocurador para Delitos Federales, Germán Rangel, y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Juan Miguel Alcántara Soria, junto con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el senador Fauzi Handam.
La ventaja que tienen al controlar todo es que las autoridades no podrán husmear en la lista de clientes del despacho, ni de los negocios realizados al amparo del tráfico de influencias de mantenerse en la investigación. Si la hipótesis más sólida que se tenía era que el secuestro pudo haber estado conectado con un cobro de facturas abiertas, ya no será posible verificarlo. Si es un asunto meramente económico, tampoco. Lozano Gracia, los socios y familiares de Fernández de Cevallos, sellaron el caso.
Al hacerlo, bloquearon la posibilidad de haber tenido una introspección de como se usa el poder en México. Fernández de Cevallos y socios tienen mucho que esconder. Públicamente se conocen sus defensas de perseguidos por el gobierno, como los empresarios Carlos Cabal Peniche y Jorge Lankenau, y también de casos más polémicos, como cuando junto con Gómez Mont, “El Jefe” Diego protegió los intereses del Hospital Santa Mónica, en la ciudad de México, al quedar expuesto cuando murió ahí Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”, velado en una agencia funeraria donde también era apoderado Fernández de Cevallos.
Fernández de Cevallos también fue abogado del Banco Anáhuac, contratado por uno de sus fundadores, Jorge Hurtado, sobrino del ex presidente Miguel de la Madrid, cuando lo intervino el gobierno por presuntamente manejar dinero del Cártel de Juárez. Años después de la defensa de Fernández de Cevallos del banco, el hijo de “El Señor de los Cielos”, Vicente Carrillo Leyva, declaró en la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales sobre la Delincuencia Organizada, que su padre le había dado 30 millones de dólares a Juan Alberto Zepeda Méndez, secretario particular del empresario Jaime Camil, muy cercano al ex presidente Ernesto Zedillo, y a José Luis Sánchez Pizzini, para comprar acciones en el Anáhuac. Los dos lo niegan.
El que el despacho y los socios de Fernández de Cevallos hayan tomado control total de la investigación y la información, no tiene mucho sentido de no ser porque consideren o temen que cualquier dato que pueda ir surgiendo que no sea administrado por ellos, puede tener repercusiones de otra índole -política o económica- para “El Jefe” Diego y para sus muy prominentes asociados. Lo que ha hecho ese grupo es realmente un control de daños y comenzar a administrar la crisis, que no sólo tendrá que ver por la buenaventura del panista desaparecido, sino del despacho, para que su enjambre de relaciones e intereses sigan en las tinieblas.
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