GANA BITCOINS RAPIDO Y FACIL

jueves, abril 29, 2010

El espionaje de Sonora a Quintana Roo (y en Gobernación)

Álvaro Cepeda Neri

No hay gobernante (sobre todo en los regímenes autoritarios, es decir: autocráticos), que no recurra al espionaje. Todavía continúa la tradición, de que en toda clase de reuniones, públicas y privadas, aparecían “las orejas”, es decir: ciudadanos a sueldo de esos gobernantes, vestidos según la ocasión, que tienen rango de policías “secretos”. Estos reportan a su jefe lo que escuchan, más si se trata de ataques, críticas e insultos a los del poder político; notificando los nombres de quienes participan. La Secretaría de Gobernación del gobierno federal, desde que Carranza se hizo presidente, hasta ahora Calderón, ha existido un órgano semioculto (el CISEN), dedicado a esa labor de espionaje a ciudadanos, empresarios, altos jefes militares, políticos y... etcétera.

Así que no es ninguna novedad lo que se descubrió en el municipio Benito Juárez y su cabecera Cancún (dicen los que saben del cambio climático que la península de Yucatán, completita, está desapareciendo debido a que el mar le gana terreno; mientras la de Baja California puede desprenderse si la fractura de San Andrés sigue, con cada sismo, separándola de Sonora). Al parecer, según la última nota que tuve en mis manos, de la reportera Norma Anaya (El Financiero: 16/IV/10), en un céntrico departamento cancunense, se halló “un sofisticado centro de espionaje contra empresarios, políticos y hasta periodistas”, por órdenes de Gregorio Sánchez Martínez a través de Manuel Vera Salinas. Son perredistas los que están involucrados y ya Roberto Borge Angulo, precandidato a la gubernatura de Quintana Roo dijo, que si él se saca la rifa del tigre, no espiará a nadie.

En Sonora, cuando el nefasto sexenio del muy pronto en el banquillo de los acusados en Juicio Político y Juicio Penal (por los 49 homicidios infantiles de la guardería), José Eduardo Robinson-Bours Castelo, las investigaciones periodísticas del matutino Cambio-Sonora (periódico que Bours persiguió hasta cerrarlo) también descubrieron un centro de espionaje. Después la revista Contralínea-Sonora (una vez más, las instalaciones de Contralínea nacional acaban de ser saqueadas por la mano negra de quienes le temen a las libertades de prensa), exhibió el asunto y Bours arremetió contra ella hasta robarse las ediciones. Denunciado ante la PGR de Calderón, priva la impunidad.

Los gobernantes espían; y los de Cancún no podían quedarse atrás. Ya veremos quien se atreve a denunciar el hecho y si llega hasta sus últimas consecuencias. Lo dudo. Es más: doble contra sencillo que ni el aparato del estado ni el federal harán nada. Ambos son tapaderas, ambos espían y si se enteran de algo que no les conviene, entonces proceden perversamente. Se supo, asimismo que en el Estado de México, donde desgobierna quien gana constantemente concursos de belleza, que es el caso de Peña Nieto, éste espiaba a los del PAN, del PRI, empresarios y periodistas, ya que al pésimo gobernante mexiquense le importa si, en lugar de opinar que no es un político, aseguran que es feo.

Vamos progresando

Telcel marca más valiosa de América Latina

De acuerdo con el quinto ranking anual Millward Brown, la firma de Carlos Slim se posicionó por primera vez dentro de las 100 mejores marcas

Telcel es la marca más valiosa de Latinoamérica al haber consolidado el año pasado un valor financiero de 10,850 millones de dólares, mientras que Google es la mejor firma colocada en el mundo, seguida de IBM, Apple, Microsoft y Coca-Cola.

De acuerdo con el quinto ranking anual Millward Brown Optimor BrandZ Top100 Most Valuable Global Brands, Telcel se posicionó por primera vez en el ranking de las 100 mejores marcas, ubicándose en el lugar 69.

En conferencia de prensa, Jorge Alagón, directivo de Millward Brown Optimor, explicó que cuando la mayoría de los indicadores financieros claves se desplomaron, el valor de las marcas Top 100 creció cerca de un 4% en el último año a más de dos mil millones de dólares.

Telcel superó a marcas latinoamericanas como las brasileñas Petrobras o los Bancos Bradesco o Itaú.

Además la compañía de Carlos Slim consigue el décimo lugar en la categoría de telefonía celular, un lugar por debajo de MoviStar, su principal competidor en México, mientras que en el Top 100 se encuentra 9 lugares por debajo de MoviStar, quien ocupa el lugar 60 del ranking general y el lugar 9 en la categoría de telefonía celular, presentando un valor de marca de $12,434 millones de dólares.

En la división cervezas, Corona consigue el cuarto lugar, ganando un lugar respecto al año pasado y consiguiendo un valor de marca de 5,196 mdd. Con esta cifra rebasa a Stella Artois y sólo se ubica en el ranking de la categoría después de Bud Light y Budweiser en los primeros dos sitios y apenas por debajo de Heineken.

Corona asciende del lugar 5 al 4 incrementando su valor de marca en 21% respecto a 2009 y consigue el lugar 17 dentro del Top 20 global de las marcas con mayor crecimiento en valor en este año.

El estudio destaca el caso del Tequila José Cuervo, marca que obtuvo el cuarto lugar global en la categoría de bebidas alcohólicas, sólo superada por el líder Smirnoff, además de Bacardi y Johnnie Walker.

Con un valor de marca de 1,781 mdd se consolida como la única marca mexicana y latinoamericana de bebidas alcohólicas en el top 10. Cuervo consigue ubicarse en el ranking por arriba de marcas como Absolut, Jack Daniel"s, Chivas o Baileys.

Si desea consultar el estudio completo haga click en el siguiente link:

http://c1499282.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/BrandZ_Top100_2010.pdf (El Semanario Agencia, ESA)

ALDF aprueba ampliación de horarios para antros y bares

De acuerdo con la información de distintos medios, se le otorgará cerca de 6 meses a todos los centros nocturnos para que se puedan poner al corriente con los requisitos que esta nueva aprobación solicita

Luego de una difícil discusión, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la ampliación de antros y bares de la Ciudad de México, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de seguridad.

De acuerdo con la información de distintos medios, se le otorgará cerca de 6 meses a todos los centros nocturnos para que se puedan poner al corriente con los requisitos que esta nueva aprobación solicita.

Después de estos seis meses comenzará a funcionar la ampliación de horarios hasta las cinco de la mañana.
(El Semanario Agencia, ESA)

El Vaticano y los Legionarios de Cristo

Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder

para Roberto Aguilar González,

porque es su tema

Ciertos procedimientos, hábitos, costumbres no evolucionan, cambian, o se modifican, permanecen inalterables para asegurar la preservación del poder, aunque éste sea perverso, humille la conciencia y descalifique todo proyecto humano. Me refiero al aserto político y eclesiástico: lo que no sabes, no te hace daño. Así procederán con los resultados sobre las investigaciones en torno a Marcial Maciel y su magna obra terrena: los Legionarios de Cristo.

El proyecto espiritual, evangélico y bíblico de Cristo se pudrió en cuanto Pedro y Pablo se trasladaron a Roma con la idea de sustituir al cesarismo, pero ocurrió a la inversa, fue el cesarismo que los devoró, primero despacio, sin prisa, hasta que Constantino en una noche de lucidez estrictamente humana, intuyó que al hacer del cristianismo una religión de Estado, convertía a Jesús en un sustituto y/o en un doble del emperador. Los poderes terrenales absorbieron simbióticamente al poder espiritual, a efecto de permitir y legitimar a los caudillos por la gracia de Dios, y además fundar el logos, la ratio de la riqueza en el núcleo mismo de la concepción del cristianismo como doctrina de salvación y vida eterna: in God we trust; es decir, sólo se puede confiar en el poder del dinero. Por eso estamos como estamos.

Martin Heidegger en sus Estudios sobre mística medieval apunta con precisión la manera en que discurrieron Constantino y quien haya concebido la logo síntesis del significado del poder del dólar: “Nos gusta que nos amen y nos teman, no por ti, sino en lugar de ti”. Cualquier disquisición a partir de esta certeza es pérdida de tiempo. De esto estaba enterado Albert Camus, quien con esta verdad como sujeto de reflexión inicia la conceptualización y construcción del andamiaje filosófico del absurdo.

Escribe Camus en La caída: “Para ser feliz, no hay que ocuparse mucho de los demás… Lo esencial es que sean inocentes, que sus virtudes, gracias al linaje de su nacimiento, no puedan ponerse en duda, y que sus faltas, nacidas de una desgracia pasajera, sólo sean efímeras. Ya se lo dije, se trata de suspender el juicio. Como es difícil lograrlo, como es delicado al mismo tiempo admirar y exculpar su comportamiento, todos quieren ser ricos. ¿Por qué? ¿Se lo ha preguntado? Por el poder, naturalmente. Pero sobre todo porque la riqueza sustrae al juicio inmediato, lo aparta de los que usan el metro y lo encierra en una carrocería de lujo… La riqueza, amigo mío, no es la exoneración, sino el aplazamiento, siempre bueno tenerlo…”

Al proceder la Santa Sede -en relación a la investigación que sobre Marcial Maciel y sus Legionarios de Cristo debió hacer pública- con la discrecionalidad que le dan cientos de años de negociaciones, acuerdos y concordatos, no exonera a esa congregación ni a su fundador, sino que suspende sobre sus cabezas esa espada de Damocles que significa el aplazamiento en asuntos de perdón eclesiástico y ante una garantía de eternidad que no se concreta; si usamos términos religiosos, diríamos que no quedaron absueltos, y por ello es el silencio en torno a las tropelías carnales por ellos cometidas, y también porque la riqueza económica de esa congregación, garantiza a sus miembros una especie de salvoconducto para disfrutar de los poderes terrenales, exclusivamente de los terrenales.

En ese sentido personajes como Marcial Maciel y toda esa pléyade de Cristeros, cruzados o jefes del Estado Vaticano que hicieron más política que catequesis, son deicidas porque sepultan la fe de los feligreses, destruyen su confianza en la institución eclesiástica, aniquilan las vocaciones.

En una pequeña y bella edición de Muchnik Editores, S. A., tengo el Mysterium iniquitatis escrito por Sergio Quinzio, quien con toda seguridad no conoció a Maciel ni supo de sus tropelías, pero que advierte con toda claridad de las debilidades de la Iglesia: “En la Iglesia, a medida que nos hemos alejado de los orígenes, nadie ha vuelto a hablar de este 'misterio', cuyo recuerdo y significado se han perdido. Darse cuenta de ello significa ser consciente de una trágica contradicción, desde el momento en que Jesucristo prometió, durante la Última Cena, enviar a los apóstoles 'el'; por lo demás, Jesús había dicho: 'nada' (Mt 10,26). ¿Cómo es posible, así pues, que desde hace tantos siglos no sepamos nada más del 'misterio'?”

La Iglesia ha olvidado que la verdad compartida compromete, y que la mentira facilita el deslinde, permite tomar distancia, aunque sobre ella se establezcan complicidades, porque éstas terminan por romperse.

¿Y el fuero militar?

Francisco Rodríguez / Índice Político

NO ES DESDEÑABLE y sí hasta plausible que el Senado de la República haya aprobado apenas la Ley de Seguridad Nacional que, desde el 19 de febrero del año pasado, pidiera para las Fuerzas Armadas el general secretario de la Defensa Nacional. A toro pasado, tres años después de que inopinadamente Felipe Calderón sacara a las calles a soldados y marinos para enfrentarlos a la delincuencia organizada, los uniformados finalmente actuarán dentro del marco de la ley. No lo han hecho hasta ahora.

Se dice que, luego de que la Cámara Baja apruebe la minuta que les envió la Cámara de Senadores, los militares podrán evitar la creación de “tribunales de la verdad” en los que sus actos en contra de los derechos humanos sean juzgados. Sí, por lo que hace al trienio por venir. No a los tres años transcurridos hasta ahora, pues la ley no tiene efectos retroactivos.

Plausible, sí, y en tal medida ha resultado criticado el hecho de que el senador petista Ricardo Monreal haya sido el único que emitiera su voto en contra. Se ha obviado, empero, la fundamentación que el zacatecano dio a su voto desde la tribuna.

El ex gobernador, en efecto, reconoció el trabajo que sus compañeros legisladores realizaron en comisiones para enmendar y hasta enderezar la iniciativa de Felipe Calderón, que –para no variar– resultaba fallida.

En comisiones, reseñó Monreal, “se aportaron importantes modificaciones como el de eliminar la posibilidad de que mediante esta facultad se use a las fuerzas armadas para reprimir conflictos políticos, electorales o de orden social.

“Se modificó la definición de seguridad nacional al eliminar términos como gobernabilidad democrática y al incluir en esta definición a la preservación del territorio nacional considerando las afectaciones por factores de orden ambiental o climático, entre otros, y se ajustó la definición de riesgos a la seguridad nacional.

“Se eliminó que el Senado, sin facultades expresas para ello, opinara con fuerza vinculante sobre la declaración de afectación a la seguridad interior y en su lugar se propuso que se encargue de revisar la legalidad del procedimiento.

“Sin embargo, en este proceso legislativo no se resolvió de fondo una demanda fundamental de la sociedad mexicana, principalmente de las organizaciones defensoras de los derechos humanos: modificar la legislación relativa al fuero militar. Mejorar la iniciativa presidencial no justifica que se deje de resolver la forma en que debe acotarse el fuero militar.

“Ese es el problema del dictamen. El nuevo artículo 72, que aparentemente con su nueva redacción pretende zanjar el problema, no modifica algo en relación con este tema, porque se advierte que en caso de violaciones a los derechos humanos los miembros del Ejército “serán perseguidos y sancionados por los tribunales competentes”.

Sin embargo, hasta hoy la autoridad competente para conocer los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas son los tribunales militares, lo que va en contra del debido proceso, así como de la independencia e imparcialidad del juez.

No se puede legalizar la participación de las fuerzas armadas mexicanas, permitir su permanencia en esta tarea que sin duda será prolongada y dejar de ajustar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que excluye de la justicia común a los militares que dentro de su actuación hayan cometido delitos en contra de los particulares.

La propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha expresado la necesidad de que el Estado mexicano modifique esta legislación secundaria para limitar el fuero militar, resolviendo el 23 de noviembre de 2009 que México ‘deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos’.

Plausible la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, sí. Pero incompleta. Fallida.

Índice Flamígero: Duro golpe al “fuero” de Genaro García Luna, ex director de la AFI. La Corte ordenó la liberación de dos de las tres mujeres a las que agentes de la desaparecida corporación acusaron de secuestrarlos. La PGR y ciertos impartidores ¿de justicia? Fueron cómplices de esta infamia denunciada durante meses por líderes de opinión, como Ricardo Rocha, y la sociedad en genera.

Castigados por corruptos

Martha Anaya / Crónica de Política

¿Delirium tremens? ¿Ganas de figurar?

Eso dicen algunos panistas cuando ven a Manuel Espino ir de aquí para allá por todo el país con su libro “Volver a empezar” bajo el brazo. Que ya no sabe qué hacer para mantenerse en el candelero y ganar apoyo entre los militantes de su partido.

Y ahora que el ex dirigente de Acción Nacional afirma que lo quieren expulsar del partido, simplemente sueltan un ¡está loco! y se siguen de frente. No lo toman en serio.

Pero Manuel Espino sí que se toma en serio lo que ocurre –o cree que ocurre– entre las filas del PAN, al grado que ayer envió una carta a sus “amigos panistas” para denunciar abiertamente que lo quieren expulsar del partido.

Ello, según la misiva, por haber aceptado en una conferencia de prensa en Toluca, que “la corrupción también ha afectado a afectado a nuestro partido y que en el Estado de México es donde más daño ha causado este mal”.

Y eso que, afirma, hablar de corrupción en el Estado de México “no es nada nuevo”, pues desde hace años que esa realidad ha sido conocida por el Comité Ejecutivo Nacional, por el Comité Estatal y por los militantes de diversas partes del país.

Entre los apuntes interesantes de Espino en esta carta, está el valor que le da al fenómeno de la corrupción en las filas panistas. Es, y ha llegado a tal grado –asienta—“que no tenemos que buscar en la estrategia o en las campañas, la causa de la derrota que sufrimos las pasadas elecciones, sino en el voto de castigo a la corrupción”.

Eso fue, afirma Espino, lo que les hizo perder las alcaldías en el corredor azul: la corrupción en las filas del PAN.

Y luego denuncia: En Acción Nacional hay órganos que en lugar de deliberar cómo solucionar el problema de la corrupción han solapado a dirigentes y a funcionarios, práctica antidemocrática en la que el PAN del estado de México ha sido modelo.

Sostiene Espino que, en lugar de que los dirigentes acepten “esa dolorosa realidad y darse la oportunidad de corregirla”, pretenden acallar a quienes buscan soluciones “por medio del debate público y transparente”.

Finaliza con un: “Es lamentable que desde adentro de Acción Nacional se atente contra la libertad de expresión, una de las principales manifestaciones de la dignidad humana”.

Eso es lo que denuncia el ex dirigente nacional del PAN y lo que, según afirma, ha llevado a que el Comité Directivo Estatal del Estado, acordara solicitar a la Comisión de Orden del PAN mexiquense, “revisar la posibilidad de expulsarme del partido”.

Tal es la carta que hizo circular ayer. Pero más allá del caso del propio Manuel Espino, no deja de llamar la atención cómo se van acumulando las denuncias de corrupción dentro de las filas de Acción Nacional.

Educando a Arizona

Jenaro Villamil

En 1987 los hermanos Coen filmaron una ácida comedia sobre los extremos en la sociedad norteamericana. Era una fábula de la situación conservadora que dejó la ola reaganista. En esta película, una exmujer policía y un ladrón rehabilitado se casan. Ante la imposibilidad de tener hijos, deciden raptar a uno de los quintillizos de un magnate local llamado Nathan Arizona.

La cinta fue muy mal recibida por los críticos “políticamente correctos”, pero como buena parte de la obra de los Coen constituyó un retrato de la ignorancia y de las locuras extremistas que predominan en amplios segmentos de la sociedad norteamericana.

Algo similar está ocurriendo con la ley SB1070, promulgada el pasado 23 de abril por la gobernadora Jan Brewer, apoyada solamente por los grupos ultraconservadores y racistas de su entidad. La ley viola abiertamente la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe los registros y las detenciones arbitrarias. Su única justificación es acabar con la “inmigración ilegal”, lo cual resulta no sólo hipócrita, sino demagógico, en una nación cuya economía depende de manera fundamental de la presencia de más de 12 millones de mexicanos “sin papeles”, pero trabajadores.

La promulgación de la ley está logrando el efecto inverso de lo que pretendía atacar. Según la gobernadora, “esto es una crisis que nosotros no creamos y que el gobierno se ha negado a resolver”, en clara referencia a las demandas de la derecha estadunidense para criminalizar la inmigración.

El presidente Barack Obama se ha resistido a realizar una reforma restrictiva, pero ahora puede encontrar el consenso nacional e internacional necesario para empujar una auténtica reforma integral que discuta el gran fantasma del Tea Party estadunidense: la amnistía general para los indocumentados.

“Arizona es el Alabama de los hispanos”, afirmó Antonio González, líder latino, en claro paralelismo con las protestas de la comunidad afroamericana que encabezó las movilizaciones por la defensa de los derechos civiles en 1960. A partir de entonces, la población afroamericana asumió una dignidad y un activismo que explican, en buena medida, la llegada de Obama a la Casa Blanca.

Ahora, las comunidades mexicanas, ilegales y documentadas, se están uniendo para enfrentar lo que puede convertirse en la peor derrota para la derecha norteamericana.

Arizona es la entidad con el mayor índice de crecimiento demográfico en Estados Unidos y, paradójicamente, es también el último estado que se convirtió en parte de la Unión Americana, el 14 de febrero de 1912, después de más de medio siglo de haberse anexado tras la invasión norteamericana a México y la firma de los Tratados Guadalupe Hidalgo.

A pesar de su condición de “estado joven”, la población de Arizona se cuadruplicó entre 1950 y 1980. Actualmente tiene más de 7 millones de habitantes, de los cuales, el 30 por ciento son de origen latino o hispano y de éste universo, 21 por ciento es de origen mexicano.

Arizona tiene la mayor tasa de crecimiento demográfico --7.6 por ciento-- de todo Estados Unidos. Y la explicación es muy clara: la presencia de los mexicanos y de sus familias ha dinamizado la economía de un estado que dependió durante décadas de la minería y ahora se ha convertido en un polo industrial y también turístico.

¿Cómo pretenden frenar esta tendencia los kukuxklanes del nuevo milenio en Estados Unidos? Con leyes absurdas y grupos paramilitares de “cazadores de migrantes” que reviven lo peor del extremismo norteamericano.

Los analistas han señalado que las próximas elecciones estatales de noviembre alentaron que se aprobara esta ley restrictiva de los derechos civiles y violatoria de la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe los registros y las detenciones arbitrarias.

La derrota en la opinión pública nacional e internacional es la sanción más clara en contra de esta ley. Hasta la Organización de Estados Americanos, un elefante blanco que se caracteriza por su extremada cautela, calificó como “racista” e “inaceptable” de esta ley.

Si pretendían expulsar a los mexicanos de Arizona, la entidad donde los navajos y apaches enfrentaron durante varias décadas del siglo XIX a los colonizadores racistas, ahora los Wasp se enfrentarán a un gigante de color moreno que pretenden invisibilizar.

Jacinta, Teresa y otra Güeraaaaaaaaa

A Puerta Cerrada / Marcela Gómez Zalce

• El origen de las formas y el fondo…
• ¿Justicia?

En una causa verdaderamente justa, mi estimado, el débil vence al fuerte. Emblemáticas señales que se suman a la lista de pendientes de la justicia a secas en este surrealista Vive México. El escandaloso caso de las indígenas otomíes acusadas de secuestro en un simpático proceso lleno de irregularidades, ha destapado la inmunda cloaca en la sastrería (por aquellito de los expedientes a la medida) de la PGR y en el mismo sistema judicial, aunque no se debe perder de vista el interesante origen que se pierde entre tanto bullicio y pirotecnia mediática.

Así que corra por su drink para refrescarle la… memoria de lo que ocurrió previo al proceso electoral del 2006 y que ha develado, por millonésima vez, la impunidad con la que se manejó el inner circle de Genaro García Luna. ¿Listo? Ahí le va.

Turns out que los mAFIosos en esa divertida época no andaban muertos, sino andaban de operativo contra la piratería gracias a una denuncia anónima (of course) del 26 de marzo del 2006, y vámonos tendidos sobre el pueblito Santiago Mexquititlán, Querétaro, donde La Güera¿ooootraaa?!), a la que posteriormente se identificó como Alberta, se le señalaba como vendedora de droga en la comunidad.

Después de entretenidos trámites burocráticos, se solicitó el operativo que por las formas y el fondo se salió de control, en el tianguis del cándido pueblito se armaron los madrazos, reinó el desorden y el caos que originó primero que les rompieran su mandarina en gajos solicitando la reparación de los daños (80 mil pesos), después que se quedara uno de los mAFIosos, SP05, con los manifestantes hasta realizado el pago. ¿Luego entonces?…

El dinero se entregó por el mAFIoso, SP09 (70 mil pesos) y acto seguido SP05 fue liberado. Todo consta en la A.P./PGR/QRO/SJR-VIIA/064/2006. ¿Seguimos?

Al parecer los mAFIosos de García Luna quedaron agraviados y enchilados, engendrándose un peligroso ánimo de venganza. El lucido (que no lúcido) operativo estuvo a cargo de Ramón Pequeño quien, of course, mantuvo al tanto a García Luna de lo que sucedía con la enchilada población que se vio agraviada por la prepotencia de los federales que desencadenó la impunidad y el atropello en contra de los derechos de Jacinta, Teresa y Alberta.

Meses después y tras una larga tenebra desarrollada por the usual suspects, se les detuvo acusadas de haber secuestrado a ¡seis! mAFIosos y se les condenó a 21 años de prisión.

No sólo, según la SCJN, se les sembraron pruebas (qué... ¡¿hay de otra?!) para empinarlas e incriminarlas imputándoles inexistentes delitos, sino que durante cuatro años estuvieron presas, lo que desencadenó, mi estimado, un movimiento social para defender sus derechos pisoteados por… esa runfla de mAFIosos gracias a un fallido operativo que, por falta de disciplina y método, se salió de control y pues shit happens.

Durante estos cuatro años, Genaro pasó de los mAFIosos a titular de la SSPF y de la PGR Daniel Cabeza de Vaca pasó a Los Pinos, a Gobernación y hoy es flamante Consejero de la Judicatura Federal. En este tiempo, el proceso se llenó de divertidos hoyos negros, de singulares intereses y de una manipulación de expedientes y pruebas que terminaron por derrumbarse por el proyecto presentado por la ministra Olga Sánchez Cordero, quien ayer, y con una votación unánime, se decidió revocar la sentencia de 21 años de prisión y decretar el auto de libertad de Teresa y Alberta… ya que Jacinta fue liberada el 14 de septiembre del 2009.

Hoy que es un escándalo el atropello contra los derechos humanos de estas mujeres indígenas, hoy que se desgarran los medios, jilgueros y spin doctors las vestiduras por la nula aplicación de la justicia, se debe exigir que los responsables sean llamados a cuenta.

Las inconsistencias de los mAFIosos en sus testimonios y las pruebas que la SCJN resolvió como sembradas son escalofriantes botones de impunidad. Genaro García Luna y sus muchachos tienen otro divertido problema en puerta. Porque el comienzo del hilo conductor de este asunto llegó hasta el despacho del titular de la SSPF, pasando por Ramón Pequeño. Ahí en ese nidito donde, según la SCJN, se fabricaron testigos y pruebas para inculpar a las tres indígenas en un proceso viciado desde el inicio y que transitó por un cúmulo de irregularidades, corrupción, intereses y estulticia.

La divertida pregunta de las formas y el fondo, my friend... ¿¿en serio se castigará a los responsables…??


Militarización electoral y endurecimiento vs. la prensa

Jorge Alejandro Medellín / De orden superior

El Senado mexicano aprobó las reformas a la Ley de Seguridad Nacional con las que se regulará paulatinamente la presencia militar en las calles del país.

Esta permanencia estará acotada por ciertas condicionantes. Los militares solo podrán estar en las calles apoyando en la lucha contra las drogas a petición de los gobernadores en cuyos estados la delincuencia a haya rebasado a los cuerpos de seguridad, previa petición al gobierno federal y al Senado, para que estos a su vez analicen la pertinencia de enviar tropas y/o a la Policía Federal para coadyuvar en la restaurar el orden roto por la delincuencia.

La realidad es que todo esto es una mascarada, una careta para cumplir con un trámite de papeleo que terminará formalizando algo que en los hechos sucede todos los días y de todas las formas posibles, extralegales, en territorio nacional: la actuación militar no regulada, no controlada y sin supervisión verdadera de legisladores, con la apremiante actuación de las ONGs nacionales y extranjeras, en un marco de atención periodística más cercana al efectismo que a la investigación a profundidad de casos concretos de abusos y violaciones castrenses.

Pero eso no es lo peor. Ahora esto se dará en un contexto preelectoral que legalizará la presencia militar, con distintas intensidades y matices, en 12 estados del país en los que habrá elecciones este 2010.

Chihuahua (PRI), Sinaloa (PRI), Tamaulipas (PRI), Durango (PRI), Aguascalientes (PAN), Tlaxcala (PAN), Zacatecas (PRD), Veracruz (PRI), Hidalgo (PRI), Quintana Roo (PRI), Puebla (PRI) y Oaxaca (PRI), son los estados con actividad electoral en los meses próximos.

¿Cuántos gobernadores pedirán de inmediato la presencia militar porque sus policías son inútiles o corruptos y no pueden enfrentar al narco?

¿Cuántos asumirán el riesgo de aceptar tácitamente que gobiernan entidades fallidas, con cuerpos policiacos carcomidos por la corrupción y el narco (como en Cuernavaca, Morelos, o Baja California, Sonora, Guerrero, Coahuila y el Estado de México?

Por una parte la negativa se daría para demostrar que sus entidades son aun gobernables, y por la otra no se exhibirían como “estados fallidos” en plena carrera preelectoral. Léase el caso del Estado de México.

¿Será ENRIQUE PÉÑA NIETO, por ejemplo, de los primeros en pedir militares en sus calles o lo negará cuando todos sabemos que al menos seis de sus municipios son controlados por Zetas, por la Familia y por células del cartel del Pacífico?

Cuestión de imagen.

Si el gobierno federal y el congreso dieron un paso importante hacia la militarización y securitización de la agenda nacional, nos toca a nosotros como periodistas, investigadores y opinadores mexicanos, dar el siguiente para profundizar en la agenda sobre los mecanismos con los que se deberán establecer controles o contrapesos y formas vigilar la actuación de las fuerzas armadas en esta etapa de endurecimiento que está a la vuelta de la esquina.

Endurecimiento.

En este contexto, dos periodistas (Erica Ramírez y David Cilia, de la revista Contralinea) que investigaban el asesinato de las locutoras de radio comunitaria la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, ocurrido el 7 de abril de 2008 en una emboscada están desaparecidos.

Ingresaron con una caravana de maestros de la Sección 22 del SNTE a la zona Triqui para ahondar en lo sucedido a las comunicadoras campesinas. La caravana fue emboscada por paramilitares en una entidad tradicionalmente priista, gobernada con mano dura y sin en el menor recato por Ulises Ruiz.

Oaxaca es una de las entidades en las que la sangre no para de correr y de marcar senderos que conducen siempre al poder ejercido por caciques, policías, grupos paramilitares, delincuentes organizados y políticos impunes.

Esa es la sal de la vida para los poderosos en Oaxaca, pero también ha sido el estilo de ejercer la política por otros medios en una región del país explotada y en la que la prensa local, unas veces comprada, otras más amenazada y reprimida, enfrenta el endurecimiento por la vía de la violencia armada que es invisible para los ojos de la federación.

Para encontrar a los compañeros desaparecidos y a la gente con la que iban no hay mediáticos despliegues militares o de la Policía Federal o una apabullante cobertura noticiosa en horario triple “A” por parte de televisa o TV Azteca.

No hay cuestionamientos al poder establecido en Oaxaca, a sus solapadores y seguros responsables de manejo de grupos paramilitares.

Felícitas y Teresa no eran gente bonita. No eran Paulettes. Mucho menos lo son dos periodistas investigativos, sobre todo si su trabajo incomoda a los poderosos y a sus beneficiarios allá y acá.

Documentados, los crímenes del Yunque

Álvaro Delgado

Con base en un documento revelado hace 20 años por Fernando Gutiérrez Barrios, quien fue jefe de la policía política del priismo y posteriormente secretario de Gobernación, Eduardo García Casas afirma que Ramón Plata Moreno, uno de los fundadores del Yunque, fue ejecutado en 1979 por sus compañeros Bernardo Ardavín Migoni y José Antonio Quintana Fernández, quienes hoy controlan esa organización ultraderechista. En entrevista con Proceso, García Casas insiste en que es tiempo de deslindes, no de santificar a nadie, pues el propio fundador del “cártel del Yunque” era un mafioso.

Bajo sospecha en el asesinato de Ramón Plata Moreno, fundador de la Organización Nacional del Yunque, igual que los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Fernando Gutiérrez Barrios garantizó a Eduardo García Suárez que él no tuvo ninguna responsabilidad en el crimen.

Era el 29 de mayo de 1989 y Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, tuvo una reunión de cortesía con García Suárez, quien pronto dejaría la presidencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), en cuyo carácter se confrontó con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

“No quiero que usted siga pensando que yo maté a su amigo. A su amigo lo mandó matar su compadre y aquí está el expediente”, le dijo el funcionario mientras le entregaba un legajo con documentos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

“Nada más le quiero pedir un favor –aclaró–: que se guarde este expediente por 20 años. Después de ese tiempo usted puede hacer con él lo que quiera. Se lo doy para que se quite dudas.”

Con base en esa información y otra que obtuvo de diversas fuentes es que Eduardo García Casas, hijo del expresidente de la Concanaco, asegura que Plata Moreno no fue ejecutado, la Nochebuena de 1979, por Gutiérrez Barrios –que era entonces subsecretario de Gobernación– ni por los Tecos de la UAG, sino que fue víctima de una purga de la propia organización del Yunque.

José Antonio Quintana Fernández, compadre de García Suárez, fue el autor intelectual del homicidio de Plata Moreno, afirma García Casas, quien dice que el comando ejecutor lo encabezó Bernardo Ardavín Migoni, actual jefe nacional de la organización secreta.

“Ardavín Migoni llega a la escena del crimen en 10 minutos después de que matan a Plata. ¿Cómo llegó tan rápido si vivía en Coyoacán y Plata en Lindavista, al otro extremo de la ciudad, de sur a norte?”, se pregunta García Casas con malicia.

–¿Quién mató, entonces, a Plata Moreno?

–Quintana es el autor intelectual y el comando lo encabezó Ardavín, junto con Guillermo Velasco Arzac.

–¿Eso dice el expediente entregado a su padre por Gutiérrez Barrios?

–Eso dice el expediente, aunque no lo da como un hecho, sino que los señala como presuntos responsables.
Por eso, afirma, la Procuraduría General de la República (PGR) debe incorporar a la averiguación previa SIEDF/CGI/096/2007 la información que sustenta esta hipótesis, como la del denunciante Lorenzo Lira García, quien identifica a los Leaño como homicidas de Plata Moreno, Jorge Kalfópulos y su hijo Cristo, así como Juan Bosco Rosillo Segura y César Fernando Calvillo (Proceso 1744).

“Lo que debe hacer la PGR es abrir una línea de investigación sobre Quintana, Ardavín y Velasco Arzac como presuntos responsables. Yo no soy autoridad para decir quién mató a Plata Moreno, lo único que pido a las autoridades es que, así como hay un expediente sobre los Leaño, se abra un expediente también sobre Quintana Fernández.”

Aclara: “Yo no estoy exculpando a los Tecos de otras responsabilidades. De lo único que sí meto las manos al fuego, por los datos que yo tengo, es que nada tuvieron que ver en el asesinato de Plata Moreno”.

–¿Le cree entonces a Gutiérrez Barrios?

–Es posible que haya dado el expediente para curarse en salud. Estoy de acuerdo en que, tratándose de un secretario de Gobernación, puede estar trucado.

“Pero lo único que estoy pidiendo es que se llegue a la verdad y si en ese expediente se dice que los autores fueron Quintana, Ardavín y Velasco Arzac, que se investigue y se deslinden responsabilidades, pero que se haga una investigación seria.”

–¿Está dispuesto a declarar todo esto ante la PGR?

–Sí, claro, de hecho pido que todos los que han sido víctimas de Quintana declaremos, porque con él puede pasar como con Marcial Maciel o con Luis Echeverría: Va a decir que no puede declarar porque está viejito y va a quedar impune.

Asesinatos en la BUAP

Presidente del Consejo Patronal de Hombres de Negocios, un organismo contrapuesto en Puebla a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), García Casas pedirá a la PGR que investigue también la participación de Quintana Fernández en los asesinatos, en 1972, de Enrique Cabrera y Joel Arriaga, miembros de la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

“Eso también viene en el expediente de Gutiérrez Barrios, en el que se hace mención de que se estaba investigando a Quintana por los asesinatos de Cabrera y Arriaga”, dice el empresario, quien asegura que el entonces gobernador de Puebla, Gonzalo Bautista, simpatizaba con El Yunque.

“(Los miembros del Yunque) pensaron que no les iba a pasar nada, porque tenían el apoyo del gobernador, quien incluso personalmente les entregó armas.”
Por eso, García Casas no sólo pedirá a los Tecos apoyo jurídico para el esclarecimiento de su involucramiento en los homicidios que se les achacan, sino también al rector de la BUAP, Enrique Agüera, para que integre un equipo jurídico que apoye la investigación de Cabrera y Arriaga.

En amplia entrevista con el reportero, el mediodía del jueves 8, García Casas se niega a entregar los documentos de la DFS que, según él, Gutiérrez Barrios dio a su padre.
Sólo hasta que dentro de dos meses, el próximo 29 de mayo, se cumplan los 20 años de secrecía del expediente, comenzará a dar a conocer los documentos que sustentan su hipótesis del ajusticiamiento de Plata Moreno a manos de sus compañeros.

“Lo que pido es que las autoridades investiguen con la información que yo tengo y que a partir del 1 de junio, cuando se vence el pacto, la entregaré a personas de confianza. Yo no confío en las autoridades panistas, porque están totalmente infiltradas por El Yunque y ese expediente me lo van a hacer perdedizo.”

De hecho, con base en el expediente de la DFS y con información que obtuvo de entrevistas con allegados a los Leaño –Antonio Leaño Álvarez del Castillo, rector vitalicio de las UAG y jefe de los Tecos, así como sus hijos Antonio y Gonzalo Leaño Reyes, actual rector de esa institución educativa y director del diario Ocho Columnas, respectivamente– escribió el libro Plata Moreno, crónica de una purga anunciada, que comenzará a circular en junio.

El archivo completo de la DFS, dice el empresario constructor, lo entregará a los próximos candidatos priista y perredista a la Presidencia de la República. “Pero si gana el PAN, desgraciadamente se va a quedar en el archivo muerto”.

–¿Por qué su papá no lo da a conocer?

–Porque está amenazado de muerte por Quintana Fernández. Lo amenazó con que iba a matar a alguno de sus hijos, a mí, si sacaba el expediente. Es algo muy chistoso, porque así como es su seguro de vida tiene la amenaza. Mi papá está muy cansado de todo lo que ha vivido, llevamos 20 años sufriendo todas las tropelías que nos ha hecho Quintana.

De 40 años de edad, ingeniero civil como su padre, García Casas dice que, además de la información documental y testimonial de que dispone, se puede presumir la autoría de Quintana en el homicidio de Plata Moreno con las respuestas a las preguntas de a quién beneficia y a quién perjudica el crimen.

“El mayor beneficiario fue, sin duda, Quintana Fernández. De ser un ingeniero mediocre pasó a ser el gran constructor de Puebla y de ser uno más en la UPAEP se quedó con ella.”

Añade: “La razón de fondo de por qué mataron a Plata es porque se oponía a que El Yunque infiltrara el Partido Acción Nacional. Ramón tenía la idea de formar un partido paralelo y por eso la idea del DHIAC (Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana), que a la postre Quintana desapareció”.

Según García Casas, Quintana además instrumentó en El Yunque una purga de todos los allegados a Plata, como Mario Bracamontes, Ignacio Díaz, Javier Torres Leyva, Ricardo Villa Escalera y su padre. Estos tres últimos fueron expulsados también de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP).

García Suárez fue dejado solo por El Yunque cuando el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, ordenó hacerle auditorías a sus negocios. “Quintana dijo que era un problema personal suyo y tuvimos que irnos exiliados un año a Estados Unidos”.

A su regreso, se supo que había un plan del Yunque para asesinar a García Suárez: “Por órdenes de Quintana hubo un operativo, encabezado por El Caimán Antonio Ramírez Castellanos, para asesinarlo. Intervino el arzobispo Rosendo Huesca y Pacheco, y eso evitó que mi papá tuviera un accidente”.

En su búsqueda de información para esclarecer el homicidio de Plata Moreno, García Casas se entrevistó, en dos ocasiones, con allegados a los Tecos, en Guadalajara, cuya identidad no revela, quienes le aseguraron que nada habían tenido que ver en el asesinato de Plata.

“Pero no sólo eso. Me aseguraron que prácticamente a Juan Carlos Plata, el hijo de Ramón Plata, lo protegen ellos de cualquier acción en su contra, y también me aseguraron que, en el contexto histórico de 1976 y 1979, El Yunque a los Tecos no les interesaba en lo más mínimo.”

Tampoco al gobierno federal le importaba Plata Moreno, expone, porque el PRI tenía el control absoluto. “Hoy El Yunque controla muchas posiciones, incluso Felipe Calderón está de adorno, pero hay que recordar que en ese tiempo no tenía ni un regidor ni un diputado local”.

En contraste, describe, los Tecos eran ya una organización poderosa, con la universidad muy consolidada, y tenían la reputación de ser los empresarios más poderosos de Guadalajara.

“Entonces, analizando el contexto, ¿qué ganaban los Tecos matando a Plata? Absolutamente nada. Incluso ha servido esa muerte para desprestigiarlos. ¿Y a quién conviene desprestigiarlos? Al Yunque. ¿Qué ganaba Gutiérrez Barrios matando a Plata cuando tenía un control político real? Nada.”

Y pregunta: “¿Qué ganaba Quintana matando a Ramón Plata? Todo. Se hizo jefe poderosísimo del Yunque y hasta hoy sigue siendo el jefe. Dicen que no para encubrirlo, pero Quintana al día de hoy sigue siendo el jefe. No es el jefe general emérito, es el real. Él toma todas las decisiones. Ardavín, el jefe nacional, es su empleado, y de hecho fue su operador en el asesinato”.

Aunque no ignora que el testigo Lira García identifica al agresor como Luis Castellanos Orozco, García Casas dice que la descripción como un “hombre caucásico” corresponde también a Ardavín.

“Yo estoy plantando la hipótesis de que fue una pugna interna con base en la vasta información que he obtenido. Mi papá es compadre de Quintana, padrino de mi hermano Alejandro, y yo desde pequeño he estado involucrado en todo esto.”

–¿Militaste en El Yunque?

–No, cuando iba yo en la preparatoria, en el Instituto México, me quisieron afiliar Herberto Rodríguez Regordosa y Tomás Morales Garduño. Inclusive en casa de Herberto me quisieron hacer jurar enfrente de un crucifijo, pero no quise. Y conste que cuando me invitaron mi papá era todavía miembro del Yunque.

El caso, al Vaticano

Compañero “de banca” del hijo de Plata Moreno en el nivel preparatoria en el Instituto México, controlado por El Yunque, García Casas considera que el muchacho debe declarar ante la PGR, lo mismo que la viuda, María Eugenia Ibarra Baz, cuyo abogado, José Antonio Ortega Sánchez, obedece a Quintana.

“Debe hablar. Entiendo que están atemorizados por Quintana, pero Juan Carlos Plata debe decir las razones reales por las que se fue de Puebla a Guadalajara.”
Y por eso insiste: “Si los Tecos mataron a Plata Moreno, ¿qué hace su hijo viviendo en Guadalajara? Eso fue lo que me dijeron los Tecos el año pasado”.

Al respecto, evoca el asesinato de Jorge Kalfópulos y su hijo Cristo, en 1981, y refiere que tampoco cree que hayan sido los Tecos, aunque fue El Yunque la organización que violó el “pacto de territorialidad” en Jalisco.

“Había un pacto secreto mediante el cual El Yunque no entraba a Jalisco y los Tecos no entraban a Puebla. Eso lo violó Quintana después de la muerte de Plata Moreno.”

–Pero Kalfópulos llegó a Jalisco en 1978, cuando Plata todavía vivía.

–Sí, pero Plata ya no vivía en México, estaba exiliado en Estados Unidos y ya no tomaba las decisiones. Hay que recordar que Plata Moreno se fue porque atentaron a balazos contra él, en 1975.

Insiste en que el regreso de Plata Moreno a México, en 1979, le era indiferente a los Tecos: “No les importaba en lo más mínimo, pero Plata le empezaba a estorbar mucho a Quintana, porque regresó a rehacerse del poder y éste ya no quería soltarlo después de haber estado años manejando todo”.

Así, además de rendir testimonio en la PGR, García Casas planea, también, viajar a Roma en junio para, en nombre del Consejo Patronal de Hombres de Negocios, solicitarle al Vaticano la excomunión de Quintana, por los abusos que ha cometido, y que tome postura ante la organización secreta del Yunque.

“El Vaticano tiene que definir si es una organización católica o no, porque están adoctrinando gente en las escuelas católicas y hacen jurar ante un crucifijo fidelidad absoluta. Critican a la masonería, pero El Yunque es una masonería o peor, porque ha participado en asesinatos.”

“Plata era igual de radical que los Tecos. No estoy de acuerdo en que se le quiera santificar, porque no fue un mártir, sino un radical de extrema derecha que murió en una purga interna. Si se le santifica, entonces hay que santificar a Augusto Pinochet y a Francisco Franco. No porque lo hayan matado es una blanca palomita. También hay que aclarar que Plata era igual de mafioso que ellos. Fue el fundador del cártel del Yunque.”

Y concluye: “Tampoco voy a santificar a los Tecos, porque también es una organización de la que el Vaticano tiene que revisar sus métodos, pero en el caso concreto del asesinato de Plata Moreno puedo asegurar que ellos nada tuvieron que ver”.

¿En qué anda Barrales?

Adrián Rueda / Capital Político

Jamás pudo brillar en la administración pública, donde Lázaro Cárdenas la corrió del gobierno de Michoacán y Marcelo Ebrard se deshizo de ella en cuanto pudo para abrirle espacio a su amigo Alejandro Rojas.

Es una política arribista, sin territorio, sin base propia, de circunstancia y que vive de prestado, pues no ha ganado elecciones; es más, ha perdido hasta las internas, excepto la presidencia local del PRD, donde el trabajo lo hicieron las tribus y no ella.

Compitió por la Benito Juárez y fue apaleada; cuantas veces intentó ir por la Venustiano Carranza, que fue donde se crió, no pasó ni siquiera en las internas; en todos los casos tuvo que ser cobijada con una plurinominal.

Alejandra Barrales tiene una concepción muy personal de la lealtad y de la congruencia, cuestión de preguntarle a sus jefes Lázaro, René Bejarano, Martí Batres y ahora dizque Marcelo, aunque dice que la que manda en Donceles es ella y que no recibe línea de nadie, que es autónoma.

Cree, o le hicieron creer, que será la próxima candidata a jefa de Gobierno… y en una de esas puede ser, pues la caballada del PRD está bien raquítica.

Como ya se vio despachando en el Antiguo Ayuntamiento en 2012, no respeta jerarquías. Dicen que tiene una pésima relación con la gente del GDF y que incluso ha desconocido a la consejera Leticia Bonifaz y del propio secretario de Gobierno, José Ávila, con quienes tiene una pésima relación.

Eso, y la falta de un buen operador político del GDF, han hecho que la interlocución entre el gobierno de la ciudad y la Asamblea Legislativa esté hecha talco; siempre tiene que entrar Marcelo de bombero para sacar la chamba.

Sobre Barrales corren muchas anécdotas, que con su actuar parecieran cobrar fuerza, pues se dice que no le dedica el tiempo suficiente a la política, que no tiene la cabeza puesta al 100 por ciento ahí, que no está metida, pues.

Su vida está marcada más por el glamour, las cremas, el bótox, los zapatos y la ropa. Que le dedica mucho tiempo al SPA, más de lo que debería, y menos a la articulación de estrategias, lo cual ha lastimado mucha a la ALDF.

Quizá piense que por ser presidenta de la Comisión de Gobierno –a donde llegó en un acuerdo de las tribus con Marcelo- en automático irá al Zócalo.

Claro que el puesto que tiene es una excelente plataforma, con toda la lana que dispone a su favor, pero no cuenta con asesores ni operadores políticos. Constantemente es rebasada por sus compañeros, que sacan el trabajo por su cuenta y como les da la gana.

Está rodeada por un séquito de vividores y aduladores, que no hacen la chamba y se la llevan de a muertito, porque no tienen estrategia ni línea clara a seguir.

Alejandra no tiene el control ni siquiera de “sus” 18 diputados, que ahora quizá son 14 ó 15 y cuatro de ellos que ni siquiera del PRD. Como sus compañeros no la pelan, desesperada manda a Maximiliano Reyes a negociar con ellos.

Por supuesto que los perredistas no aceptan que un panalista los quiera pastorear. Tan es así que nadie atendió las indicaciones que mandó Barrales y cada quien votó como quiso en los últimos dictámenes, sobre todo en de Establecimientos Mercantiles que hoy subirá a tribuna.

La ALDF está al garete, sin conducción, sin entregar buenas cuentas y legislando al vapor, sobre las rodillas. No existe un acuerdo mínimo entre las fuerzas sobre asuntos torales de la ciudad.

Se la pasan dando tumbos y haciendo el ridículo. ¿A poco los diputados no se dan cuenta de cómo son vistos por los ciudadanos?

No hay operación mínima, Barrales no es confiable ni para sus propios compañeros, y si las cosas salen es porque la final el jefe de Gobierno tiene que meter la mano y sacar al buey de la barranca, a costa de ceder muchas cosas ante las tribus perredistas, sobre todo la de Bejarano.

Esa falta de operación ya se está volviendo un problema y una carga para la Asamblea Legislativa, para Marcelo y para el PRD, así que no sería extraño se reemplazo, aunque ello implique adelantar un arreglo mayor entre perredistas.

Aunque como dicen algunos maloras, quizá en el fondo Ebrard no esté tan preocupado e incluso tuvo buen tino al escoger a Barrales, pues si la ALDF no funciona, no es contrapeso del GDF, así que igual y eligió bien.

CENTAVITOS… Mala estrategia de los antreros al amenazar al gobierno de la ciudad con llevarse sus changarros al Edomex si la Asamblea Legislativa no les autoriza la ampliación de horarios hasta la cinco de la mañana. En primer lugar no es el GDF el que decide, sino los diputados. En segundo lugar, más de uno quisiera ver si los empresarios se atreven a dejar Polanco, Condesa, Roma, Insurgentes e irse a Naucalpan, Tlalnepantla y Neza; a ver quiénes los siguen. Estaban mejor sus primeros argumentos en el sentido de que el gobierno no debe actuar como papá de los ciudadanos, cada quien tendría que decidir si bebe, si fuma, si baila hasta que quiera, Es más, quizá se debería dejar libre el horario en los antros, pero endurecer las penas si hay relajos adentro y para los automovilistas, si ocasionan algún accidente en estado de ebriedad.

Propaganda narco

John M. Ackerman

En su esfuerzo por “hablar bien de México”, el presidente Felipe Calderón llegó incluso al extremo de promover la imagen internacional de los narcotraficantes mexicanos. El vienes 16, en su discurso en un foro internacional del sector turístico, señaló: “Más de 90% de esos (22 mil) homicidios y ejecuciones, según lo hemos venido catalogando, obedecen precisamente a la lucha de unos cárteles contra otros”.

Antes, a principios de febrero, Calderón ya había manejado datos similares en una entrevista con The Washington Post y la revista Newsweek. En aquella ocasión declaró: “Probablemente 90% de esa gente (asesinada) estuvo vinculada al crimen organizado de una u otra manera”.

De acuerdo con Calderón, la industria del crimen organizado contaría con un sistema de inteligencia e investigación que supera a los peritos más adiestrados del FBI. Los narcos solamente matan a los culpables y casi siempre dan en el blanco correcto. Por lo tanto, los inversionistas extranjeros no tienen nada de que preocuparse: nuestros criminales son personas razonables y sensibles que saben elegir a quien matar.

Desde este punto de vista, los cárteles de la droga le estarían ahorrando el trabajo al gobierno mexicano. En lugar de tomar la larga y complicada ruta de profesionalizar los ministerios públicos y fortalecer los poderes judiciales del país, resulta mucho más eficiente dejar la cancha abierta para que los grupos rivales se maten entre sí. Ello generaría una suerte de “limpieza social” sin que el gobierno tenga que responsabilizarse directamente por los asesinatos de los supuestos delincuentes.

El problema con este errado enfoque es que dota a las organizaciones criminales de un poder político e institucional que de otra manera sería casi imposible de conseguir. Al matar, los narcotraficantes no solamente ejercitan el poder de su armamento, sino que también se erigen en jueces de la culpabilidad de sus víctimas. La batalla entre los cárteles se convierte entonces en una especie de “guerra justa” a la manera de aquellas que refiriera Barack Obama en su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz. Ahora, nada más faltaría que a instancias del gobierno mexicano El Chapo Guzmán también reciba el Premio Nobel, para colocar junto al reconocimiento internacional que ya ha recibido de la revista Forbes.

Otro problema con esta estrategia es que eventualmente alguno de los grupos criminales terminará ganando la batalla. Por ejemplo, de acuerdo con recientes informes de inteligencia de Estados Unidos, el cártel de Sinaloa ha sido exitoso en sus esfuerzos por arrancar la plaza de Ciudad Juárez a sus rivales de cártel de Juárez. Si esta información es correcta, la violencia disminuirá en los próximos meses, no por la acción de la justicia o el imperio de la ley, sino simplemente por la eliminación del rival más débil.

Llama la atención, entonces, que Genaro García Luna y sus policías federales huya decidido retomar el control de Juárez precisamente en el momento en que empieza a emerger un ganador claro en la batalla por este territorio. La sospecha es que el secretario de Seguridad Pública y el gobierno federal únicamente buscan lucrar políticamente con una eventual reducción en los niveles de violencia en Chihuahua, de cara a las elecciones del próximo 4 de julio en esa entidad.

Un aparente y cortoplacista “éxito” en Ciudad Juárez también serviría para fortalecer dentro del gabinete la mano de García Luna ante los duros cuestionamientos que ha recibido por parte de la sociedad. Sin embargo, en los hechos una eventual pacificación de la ciudad podría ser un indicador no del debilitamiento del narcotráfico, sino precisamente de lo contrario.

Al suponer que 90% de los caídos son meros delincuentes, Calderón también recupera una típica posición de la derecha mexicana de echar la culpa a las víctimas del delito. Del mismo modo en que los feminicidios de Ciudad Juárez y las violaciones de mujeres en todo el país supuestamente se deben a la forma de vestir de las víctimas, hoy los jóvenes asesinados también son responsables directos de sus propias muertes por encontrarse entre los 7 millones de ninis que no estudian ni trabajan.

La facilidad con que Calderón echa por la borda el principio de presunción de inocencia también habla de su falta de compromiso con los elementos más básicos de los derechos humanos y el debido proceso. De acuerdo con el presidente, lo que importa no es encontrar culpables en un juicio profesional e independiente, sino demostrar su hombría por medio de la imposición de la “mano dura”, tal y como lo hacen los mismos narcotraficantes.

No podemos olvidar la brutal actitud demostrada por las autoridades durante el asesinato y posterior exhibición del cuerpo de Arturo Beltrán Leyva en diciembre pasado. Este tipo de acciones revela la línea sumamente endeble que diferencia las pautas de actuación del gobierno y el modus operandi de los delincuentes.

En lugar de perder el tiempo con acusaciones estériles en contra de don Julio Scherer por hacer supuesta propaganda a los narcotraficantes, el gobierno federal tendría que empezar por su propia casa. Con sus reprobables declaraciones, Calderón se ha convertido en el promotor principal, no de México como destino turístico, sino de los narcos mexicanos. Si no modifica radicalmente su discurso y la práctica gubernamental en la lucha contra el crimen organizado, pronto ya no será necesario emprender un largo y peligroso viaje hasta las montañas para conocer los puntos de vista de los cabecillas del narcotráfico. Bastará con encender el televisor y sintonizar cualquier noticiario para verlos pasear tranquilamente.

Carmen Aristegui en CNN: Crece la polémica por la Ley SB1070 en Arizona


http://www.youtube.com/watch?v=3lcjXTJoaCE


http://www.youtube.com/watch?v=Nqol-25bWXQ

Llevar papeles para evitar confrontaciones, pide la SRE a mexicanos que van a Arizona. Se debe asumir que todo ciudadano será molestado sin mayor causa y en cualquier momento. Llama el IME a apoyar el boicot económico y turístico contra el estado fronterizo de EU.


Caen ganancias de Telmex 2,1% en primer trimestre de 2010

EFE

La empresa mexicana de telecomunicaciones Telmex, propiedad del magnate Carlos Slim, obtuvo un beneficio neto de 4.661 millones de pesos (unos 378 millones de dólares) en el primer trimestre de 2010, cifra 2,1 por ciento inferior a la del mismo periodo de 2009.

La telefónica mexicana indicó que en los últimos doce meses la cifra de líneas fijas se redujo en 1,7 millones menos de las registradas al cierre de marzo de 2009, cifra que incluye las líneas que tenían adeudos al menos de dos meses.

Telmex precisó que actualmente cuenta con una participación del 79,5% de las líneas fijas del mercado, "cifra por debajo del promedio del 85,3% correspondiente a los 35 países más destacados, acorde con el reporte 2009 de Global Wireline Matrix de Bank of America/Merril Lynch".

Entre enero y marzo 2009, la principal telefónica de México facturó en el país ingresos totales por 28.567 millones de pesos (unos 2.322 millones de dólares), un 4,8 por ciento menos que en los mismos meses del año anterior.

El flujo de operación o EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) se ubicó en 12.086 millones de pesos (unos 982 millones de dólares), un 14,2 por ciento por debajo de la del mismo periodo de 2009.

Telmex cuenta con 15,8 millones de líneas telefónicas fijas y 6,8 millones de clientes de Internet de banda ancha en México.

Añadió que una limitación fuerte para el crecimiento de la banda ancha es la falta de computadores en México.

Entre enero y marzo de este año, Telmex invirtió 159 millones de dólares.

Al cierre de marzo pasado, la deuda total de Telmex se ubicó en 6.731 millones de dólares, de los cuales el 95,5% es deuda de largo plazo.

Además, un 60,8% del total es deuda denominada en moneda extranjera.

La empresa precisó que la deuda neta se ubicó en 6.212 millones de dólares, cifra inferior en 536 millones de dólares a la registrada doce meses antes.

La telefónica indicó que para evitar los choques por variaciones en el tipo de cambio al cierre de marzo "se tenían contratadas coberturas por 3.987 millones de dólares a pesos".

Telmex opera exclusivamente en el mercado mexicano desde que separó en 2007 sus operaciones en el exterior bajo una nueva firma, que es Telmex Internacional.

Por tabaquismo unas 60 mil muertes anuales en México

Prensa Latina

Por causas atribuibles al tabaquismo mueren anualmente en México más de 60 mil personas, sostienen expertos en salud que recomiendan incrementar los precios para desestimular el consumo.

Para Hugh Waters, investigador de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, también resulta alarmante la creciente prevalencia en los adolescentes; la edad promedio de inicio en el hábito de fumar descendió de 20,6 años entre los nacidos en 1930 a 16,6 años entre los nacidos de 1975 a 1978, ilustró.

La Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Jóvenes determinó que entre ocho y 15 por ciento de los estudiantes de secundarias urbanas de México probaron cigarrillos desde los 13 años, refirió el doctor Warters.

A causa de las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, el sector de salud en el país registró en 2009 gastos totales por alrededor de 75 mil 200 millones de pesos (más de seis mil 56,7 millones de dólares estadounidenses), recordó el experto.

Desde el punto de vista social, vale considerar también que los hogares de fumadores más pobres dedicaron en 2008 el 4,1 por ciento de sus erogaciones a la adquisición de productos del tabaco; lo que compite directamente con el dinero que pueden dedicar a salud, alimentación, educación y otras necesidades, indicó el especialista.

Actualmente, los cigarrillos en México resultan relativamente baratos; por lo que investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg avalaron la pertinencia de incrementar los impuestos sobre ese producto.

El estudio "La economía del tabaco y los impuestos al tabaco en México", recomienda aumentar los gravámenes de manera tal que los impuestos totales alcancen un nivel del 75 por ciento del precio de venta al público, lo cual es compatible con las mejores prácticas internacionales, según los cálculos realizados como parte de la investigación.

De aplicarse la medida, podrían ser evitados hasta un millón de fallecimientos prematuros a causa de enfermedades relacionadas con el tabaquismo en la población mexicana, comentó la jefa del Departamento de Investigación sobre Tabaco del INSP, doctora Luz Myriam Reynales.

Por su parte los presidentes de las comisiones de Salud en el Senado y en la Cámara de Diputados, Ernesto Saro y Miguel A. Osuna, respectivamente, informaron que en manos del Legislativo está una propuesta para reformar la Ley de Impuestos Especiales sobre Productos y Servicios (IEPS) en la parte concerniente al tabaco.

lac/mjm

Congreso prepara "cero adquisiciones" contra Arizona

Con la finalidad de que este punto se alcance, mediante la declaración para el cese de relaciones económicas con Arizona, los integrantes de la CE se han dado cita para esta tarde

En compensación por la criminalización a la que se enfrentan los migrantes en Arizona, la Comisión de Economía (CE) de la Cámara de Diputados, prepara un acuerdo para que tanto las instancias gubernamentales, como las empresas, suspendan todo intercambio comercial y económico con el estado.

Ildefonso Guajardo, presidente de la comisión, expresó que también se hace un exhorto a que el gobierno mexicano emprenda acciones enérgicas, como la de "cero adquisiciones" al estado gobernado por Janice Brewer.

Con la finalidad de que este punto se alcance, mediante la declaración para el cese de relaciones económicas con Arizona, los integrantes de la CE se han dado cita para esta tarde.

En ese sentido, el grupo de trabajo estima revisar las fórmulas que les permitan recomendar al sector privado con que estados - que respeten los derechos de nuestros connacionales -, hacer negocios. (El Semanario Agencia, ESA)

Reducirá la Conagua suministro de agua en 10 delegaciones

* Las obras de mantenimiento en el Sistema Cutzamala, la causa
* Del 30 de abril al 2 de mayo se enviará al valle México 60% del suministro normal del líquido

El Financiero


La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que debido a las obras de mantenimiento en el Sistema Cutzamala, del 30 de abril al 2 de mayo se enviará al valle México 60 por ciento del suministro normal del líquido.

Sin embargo, el organismo precisó que se “compensará” esa disminución en los cinco días previos y posteriores, señaló en un comunicado.

La dependencia señaló que las delegaciones que se verán afectadas son: Cuajimalpa, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Azcapotzalco, Cuauhtémoc e Iztapalapa.

En el estado de México resultarán afectados los habitantes de los municipios de Tlalnepantla, Atizapán, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Nicolás Romero, Tultitlán, Coacalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Lerma y Ocoyoacac, además de Toluca.

La comisión expuso que esas obras de mantenimiento forman parte del Programa de Modernización y Confiabilidad del Sistema Cutzamala en la Línea 2 del Acueducto.

Las reparaciones consistirán en cambiar un tubo de 99 pulgadas de diámetro por siete metros de longitud en el municipio de Toluca, estado de México.

Debido a dichos trabajos, el suministro del líquido se realizará sólo por la Línea 1 del Acueducto por lo que el caudal disminuirá 40 por ciento hasta a las 18:00 horas del domingo 2 de mayo, cuando está programado que se normalizará el servicio.

En acuerdo con los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México, la Conagua detalló que en los cinco días previos y los cinco posteriores a las obras se aumentará el suministro diario en 900 litros por segundo.

El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), de la Conagua, recordó que el Sistema Cutzamala abastece sólo 24 por ciento del agua potable que se consume en el valle de México, mientras que el resto proviene fundamentalmente de pozos.

La Comisión Nacional del Agua exhortó a la población a unirse a la Iniciativa por el Ahorro y Uso Eficiente del Agua, a fin de adoptar acciones de ahorro y cuidado del líquido.

(Con información de Notimex/TPC)

Sancionarán con hasta 60 años de cárcel a militares que se unan al crimen

EFE

El Senado mexicano aprobó hoy una reforma al Código de Justicia Militar para castigar con hasta 60 años de cárcel a los militares que colaboren con el narcotráfico y, en general, con el crimen organizado.

Con 63 votos a favor y 20 en contra se aprobó la reforma que establece sanciones de 30 hasta 60 años de prisión y la baja de las Fuerzas Armadas para aquellos que se pasen a las filas del crimen organizado, al que el Gobierno federal enfrenta con unos 45.000 militares que ha apostado en las zonas conflictivas.

La norma, que pasará a Diputados para su aprobación, incluye penas de 15 a 60 años de prisión para los militares que utilicen recursos de las Fuerzas Armadas, como embarcaciones, aeronaves, para favorecer a la delincuencia organizada.

El castigo contempla también la falsificación o alteración de documentos castrenses.

La reforma busca "inhibir la participación de las Fuerzas Armadas en la delincuencia organizada y garantizar sus principios de lealtad, integridad y honradez", detalla el dictamen aprobado.

Ante la creciente ola de violencia en el país el Ejército se encuentra desde 2006 en la calles para combatir al narcotráfico y crimen organizado.

Sin embargo, algunos militares se han pasado a bandas criminales, como "Los Zetas", grupo que fue creado por desertores del Ejército y que sirvió inicialmente como brazo armado del cártel de las drogas del Golfo del que ahora son acérrimos enemigos.

De 2000 a 2007 más de 100.000 soldados han desertado del Ejército mexicano, según admitieron en 2008 fuentes castrenses.

Este martes el Senado aprobó reformas a la Ley de Seguridad Nacional para regular la participación del Ejército en el combate al narcotráfico.

En septiembre próximo el Congreso mexicano discutirá una iniciativa de reforma del sistema de Justicia castrense para que los militares que violen los derechos humanos sean juzgados en tribunales civiles.

Asesinan a tiros a alcalde de municipio del sur de México

EFE

José Santiago Agustino, alcalde indígena de Zapotitlán Tablas, en el sureño estado mexicano de Guerrero, fue asesinado hoy a tiros por un desconocido, informó una fuente oficial.

El alcalde tlapaneco salía de comer de un mercado en Chilpancingo, capital de Guerrero, cuando un individuo le disparó a quemarropa y logró darse a la fuga.

"Santiago Agustino se dirigía a su automóvil junto con una comitiva de asesores cuando fue interceptado por un desconocido en el estacionamiento del lugar", informó Bonifacio Montúfar, director de la Policía Municipal de Chilpancingo.

El alcalde pertenecía al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en enero pasado cumplió un año en el cargo.

Las autoridades desconocen el móvil del crimen.

Este es el segundo crimen contra un político esta semana en ese estado del país, donde el domingo pasado en Ometepec fue asesinado a tiros Rey Hernández, dirigente del Partido del Trabajo (PT, izquierda) en Guerrero.

En agosto pasado, el diputado local del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Armando Chavarría, fue asesinado cuando salía de su domicilio en Chilpancingo.

Padrés sigue los pasos de la corrupción de Bours

Álvaro Cepeda Neri

Los sonorenses, como el resto de los mexicanos, ostentando la calidad cuando sufragaron a favor de Fox y Calderón, que con la alternancia en la entidad: el PAN por el PRI, las cosas iban a cambiar. Y nada. Al contrario, las cosas empeoran. Por principio de cuentas, el PAN de Calderón-Germán Martínez, escogió al más malo de los aspirantes, logrando la candidatura Guillermo Padrés Elías, de Cananea donde él y su familia fueron comerciantes, y entonces mediocre, oscuro senador, quien para hacerse conocido en todo Sonora daba obsequios a los electores durante sus visitas. Ya candidato no despuntaba, con todo y que su contrincante del PRI era muy parecido (y su primo-hermano), hasta que por el mal gobierno de Bours los sonorenses estaban decidiendo darle la oportunidad a los panistas.

Era un hecho por confirmarse que el candidato priísta estaba derrotado las vísperas de las votaciones; pero, en eso tuvo lugar, un mes antes del 5 de julio, el pavoroso incendio de la guardería (cuyos beneficiarios son familiares de Bours, de la esposa de Calderón y otros pillos) y entonces, los habitantes de Cajeme y Hermosillo, en venganza ante el PRI de Bours, masivamente apoyaron al panista Padrés que arrasó. Y se hizo gobernador, nadando de a muertito en un mar de esperanzas y promesas... que se han frustrado totalmente. Es hora que, tras ratificar al tenebroso procurador que encubrió a los responsables del incendio, el panista se está convirtiendo en el segundo Bours.

Padrés se ha reunido en secreto (en la capital del país) con Bours a cambio de que éste lo apoye y aquél le pague con impunidad. Descubrió Padrés que se habían girado cheques millonarios a nombre de terceros y cobrados por los boursistas. Nada ha hecho al respecto. Pero mandó remodelar la Casa de Gobierno con exceso de lujos, con la posibilidad de que haya invertido más de 300 millones de pesos (en automóviles, vajillas, vinos, muebles importados, al parecer, de Europa, etc.). Y en cuando supo que había peticiones de información sobre ese cuantioso gasto (además no autorizado), con multimillonarias deudas gubernamentales y en quiebra las finanzas estatales, de inmediato emitió un decreto para reservar la información por diez años.

Obviamente que hay “gato encerrado”. Mejor dicho: hay un ratón. No se puede uno explicar por qué Padrés, el Bours II, oculte la información. Salvo que haya corrupción en la que interviene su empleado Mario González Valenzuela. El desgobernador Padrés alega seguridad. Los sonorenses saben de las cuantiosas deudas de Padrés para financiar su costosa campaña. Saben que a pesar de su promesa no procederá contra Bours, aunque desmanteló económicamente a la entidad. Y que por sus omisiones y negligencias, ocurrió el infierno de la guardería. Padrés ya resultó como Bours y todo apunta a que en Sonora seguirá la corrupción, la impunidad, la pobreza extrema en más de 300 mil habitantes y que la alternancia en la entidad ha servido para dos cosas: para que todo siga igual y vaya para peor.

Usos y costumbres


Confirman dos muertos y seis desaparecidos en emboscada a caravana en Oaxaca

Gloria Leticia Díaz / Apro

Organizaciones que participaron en la caravana humanitaria emboscada el martes, confirmaron la muerte de Alberta Beatriz Cariño Trujillo y de la activista de origen finlandés Jury Jakkola, así como la desaparición de seis personas, entre ellas los periodistas de la revista Contralínea, Erica Ramírez y David Silva García.

Ayer martes, tres vehículos en los que viajaban 27 activistas fueron emboscados en las inmediaciones de la comunidad Sabana en la sierra mixteca de Oaxaca. Estos hechos fueron atribuidos a la organización priista Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort). Los vehículos formaban parte de una caravana de ayuda humanitaria para habitantes del pueblo de San Juan Copala.

Por medio de un comunicado, el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos AC (Cactus), la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano y la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos resaltan que “no se tiene información oficial de que haya personas heridas o muertas, porque el gobierno local se ha negado a entrar en la zona”, en tanto que el gobierno federal “ha hecho caso omiso de la solicitud de varias organizaciones de la sociedad civil, de diputados y senadores para ingresar a rescatar a las víctimas”.

Las primeras versiones del ataque señalaban que al menos 5 personas fueron vistas en el suelo cubiertas de sangre en el camino a San Juan Copala como lo informo ayer la agencia Apro.

Las organizaciones mencionan como desaparecidos a Martín Saukal, originario de Bélgica; David Venegas, Noe Bautista y Fernando Santiago, de organizaciones sociales oaxaqueñas, así como dos los periodistas de Contralínea.

En el comunicado las ONG agregan que en la mañana de este miércoles un convoy de 45 elementos de la policía estatal ingresó a Sabana, la zona de ataque, acompañados por agentes del Ministerio Público y personal de Servicios Periciales.

Se indica que al regresar a la comunidad de Juxtlahuacan, donde se refugiaron los sobrevivientes, los policías llevaban los cuerpos de los activistas acribillados que fueron trasladados más tarde a Huahuapan de León.

Las organizaciones sociales exigen a los gobiernos estatal y federal garantías para ingresar a Sabana y recuperar a sus compañeros, así como la investigación de los hechos y sanción contra los responsables del atentado.

También exigen la destitución de los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública de Oaxaca, así como del titular de Procuraduría de Justicia del estado “por negarse a intervenir de manera oportuna una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, favoreciendo con ello la actuación impune del grupo paramilitar agresor.

Alberta y Teresa quedan en libertad; estuvieron presas más de tres años

Verónica Espinosa / Apro

Las indígenas otomíes Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, abandonaron hoy, alrededor de las 18:00 horas, el penal de femenil de Querétaro, donde permanecieron presas durante más de tres años purgando una condena de 21 años de prisión acusadas de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

La excarcelación de Alberta y Teresa fue posible gracias al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó la “inmediata liberación” de ambas indígenas ante la falta de evidencias que probaran su culpabilidad en los delitos que la Procuraduría General de la República les imputó en el año 2006, luego de un operativo antipiratería en el poblado de Santiago Mexquititlán, Querétaro.

Poco después de las cinco de la tarde, representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre ellos el abogado de las dos indígenas, Andrés Díaz, llegaron al penal y entraron con la notificación de libertad remitida por la Corte.

A las 18:00 horas, Alberta y Teresa salieron de la mano del abogado Díaz, escoltadas por un grupo de activistas con camisetas de Amnistía Internacional que formaron una valla para que los medios de comunicación no pudieran acercarse a ellas.
Teresa llevaba en sus brazos a su hija Jazmín, quien nació dentro del penal.

“Estamos muy contentas…¡por fin se hizo justicia!”, fueron algunos de los comentarios que alcanzaron a hacer ante cámaras y micrófonos, antes de abordar dos camionetas para viajar a la Ciudad de México, donde, según se anunció, mañana ofrecerán una conferencia de prensa en el Centro Pro.

La decisión final

La SCJN admitió una apelación interpuesta por los defensores de las dos indígenas contra la sentencia, en medio de los llamados de diversas organizaciones y actores políticos, como el propio gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, quien se reunió con el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, para insistirle que la Corte atrajera el asunto.

Teresa y Alberta pasaron tres años y medio de reclusión en el Cereso de San José el Alto. Otra de las otomíes acusadas de este mismo delito por la Procuraduría General de la República, Jacinta Francisco Marcial, fue liberada en septiembre del año pasado, tras una fuerte presión de organizaciones defensoras de los derechos humanos que obligaron a la PGR a desistirse de la acusación por el secuestro de los agentes en el operativo aplicado en la localidad de Santiago Mexquititlán.

La PGR se negó a acatar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para revisar el caso, ante las evidentes irregularidades detectadas en la averiguación y en el proceso por el que resultaron declaradas culpables.
Todavía a fines de febrero, el Juez IV de Distrito en esta entidad confirmó la sentencia de 21 años de cárcel para ambas.

Ese mismo mes fueron declaradas “presas de conciencia” por el representante de Amnistía Internacional en México, Alberto Herrera, al considerar que fueron víctimas de un proceso discriminatorio por parte de la PGR, por su condición de mujeres indígenas en extrema pobreza.

Herrera exigió al Estado mexicano responder a las tres otomíes por los años pasados en prisión, “que ya nadie les devuelve”.

A la presión se sumaron senadores del PRI encabezados por Manlio Fabio Beltrones, quien visitó a las dos mujeres el 21 de marzo e insistió en su liberación.

La ministra Olga Sánchez Cordero, al referirse al dictamen que estuvo a su cargo para declarar la absolución y libertad de Alberta y Teresa en la sesión de la SCJN, explicó que mientras la acusación por posesión de drogas sólo se sustentó en las declaraciones de los agentes, el delito de privación ilegal de la libertad no se configuró en este caso, puesto que no se exigió el pago de un rescate o se causó algún daño o perjuicio a los agentes, que fueron retenidos por una multitud de comerciantes, a quienes les estaban recogiendo diversas mercancías, entre ellas artículos de piratería.

La ministra citó la contradicciones en que incurrieron los agentes federales al dar la versión de lo ocurrido durante el operativo efectuado en Santiago Mexquititlán, no sólo en lo que se refiere a su presunto secuestro, sino también en la descripción que hicieron de Alberta –a quien señalaron como responsable-- como una persona totalmente diferente a ella.

En tanto que los ministros José Ramón Cossío y Arturo Saldívar enfatizaron el interés nacional que tiene el caso, lo que fue uno de los motivos por los que la Corte determinó la atracción del mismo, y “hoy esta injusticia que percibíamos ha quedado plenamente acreditada”.

“Se trata de un trato injusto y discriminatorio de dos mujeres indígenas mexicanas, y si es verdad que un solo inocente esté en prisión es una vergüenza para un sistema de justicia, cuando se trata de integrantes de grupos vulnerables, lo es más, y cuando quizás esto nos lleve a pensar que hay una práctica reiterada en nuestro sistema penal de vejaciones y de vulneraciones, y violaciones de los derechos humanos, creo que todavía hace mucho más importante el que hayamos tomado esta determinación”, refirió en su intervención el ministro Saldívar.

Aseguró que la decisión que votaron por unanimidad tendrá dos efectos: el inmediato, con la libertad de Alberta y Teresa, y un mensaje en el sentido de que estas prácticas no deben seguir ocurriendo en el país, “y cuando ocurran, debe haber jueces para remediarlas”.

La SCJN declaró a Teresa y Alberta absueltas de las acusaciones de la PGR por el presunto secuestro de los seis agentes de las AFI, en virtud de que no se acreditaron los elementos de esta acusación, como tampoco se comprobó la supuesta portación de cocaína de la que se responsabilizó a Alberta con base en las declaraciones de los agentes federales.

La Corte incluso acordó enviar una comunicación urgente al juez de Distrito para agilizar la liberación de las dos mujeres, la cual se concretó a las 18:00 horas de este miércoles.