Jorge Alejandro Medellín / De orden superior
El Senado mexicano aprobó las reformas a la Ley de Seguridad Nacional con las que se regulará paulatinamente la presencia militar en las calles del país.
Esta permanencia estará acotada por ciertas condicionantes. Los militares solo podrán estar en las calles apoyando en la lucha contra las drogas a petición de los gobernadores en cuyos estados la delincuencia a haya rebasado a los cuerpos de seguridad, previa petición al gobierno federal y al Senado, para que estos a su vez analicen la pertinencia de enviar tropas y/o a la Policía Federal para coadyuvar en la restaurar el orden roto por la delincuencia.
La realidad es que todo esto es una mascarada, una careta para cumplir con un trámite de papeleo que terminará formalizando algo que en los hechos sucede todos los días y de todas las formas posibles, extralegales, en territorio nacional: la actuación militar no regulada, no controlada y sin supervisión verdadera de legisladores, con la apremiante actuación de las ONGs nacionales y extranjeras, en un marco de atención periodística más cercana al efectismo que a la investigación a profundidad de casos concretos de abusos y violaciones castrenses.
Pero eso no es lo peor. Ahora esto se dará en un contexto preelectoral que legalizará la presencia militar, con distintas intensidades y matices, en 12 estados del país en los que habrá elecciones este 2010.
Chihuahua (PRI), Sinaloa (PRI), Tamaulipas (PRI), Durango (PRI), Aguascalientes (PAN), Tlaxcala (PAN), Zacatecas (PRD), Veracruz (PRI), Hidalgo (PRI), Quintana Roo (PRI), Puebla (PRI) y Oaxaca (PRI), son los estados con actividad electoral en los meses próximos.
¿Cuántos gobernadores pedirán de inmediato la presencia militar porque sus policías son inútiles o corruptos y no pueden enfrentar al narco?
¿Cuántos asumirán el riesgo de aceptar tácitamente que gobiernan entidades fallidas, con cuerpos policiacos carcomidos por la corrupción y el narco (como en Cuernavaca, Morelos, o Baja California, Sonora, Guerrero, Coahuila y el Estado de México?
Por una parte la negativa se daría para demostrar que sus entidades son aun gobernables, y por la otra no se exhibirían como “estados fallidos” en plena carrera preelectoral. Léase el caso del Estado de México.
¿Será ENRIQUE PÉÑA NIETO, por ejemplo, de los primeros en pedir militares en sus calles o lo negará cuando todos sabemos que al menos seis de sus municipios son controlados por Zetas, por la Familia y por células del cartel del Pacífico?
Cuestión de imagen.
Si el gobierno federal y el congreso dieron un paso importante hacia la militarización y securitización de la agenda nacional, nos toca a nosotros como periodistas, investigadores y opinadores mexicanos, dar el siguiente para profundizar en la agenda sobre los mecanismos con los que se deberán establecer controles o contrapesos y formas vigilar la actuación de las fuerzas armadas en esta etapa de endurecimiento que está a la vuelta de la esquina.
Endurecimiento.
En este contexto, dos periodistas (Erica Ramírez y David Cilia, de la revista Contralinea) que investigaban el asesinato de las locutoras de radio comunitaria la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, ocurrido el 7 de abril de 2008 en una emboscada están desaparecidos.
Ingresaron con una caravana de maestros de la Sección 22 del SNTE a la zona Triqui para ahondar en lo sucedido a las comunicadoras campesinas. La caravana fue emboscada por paramilitares en una entidad tradicionalmente priista, gobernada con mano dura y sin en el menor recato por Ulises Ruiz.
Oaxaca es una de las entidades en las que la sangre no para de correr y de marcar senderos que conducen siempre al poder ejercido por caciques, policías, grupos paramilitares, delincuentes organizados y políticos impunes.
Esa es la sal de la vida para los poderosos en Oaxaca, pero también ha sido el estilo de ejercer la política por otros medios en una región del país explotada y en la que la prensa local, unas veces comprada, otras más amenazada y reprimida, enfrenta el endurecimiento por la vía de la violencia armada que es invisible para los ojos de la federación.
Para encontrar a los compañeros desaparecidos y a la gente con la que iban no hay mediáticos despliegues militares o de la Policía Federal o una apabullante cobertura noticiosa en horario triple “A” por parte de televisa o TV Azteca.
No hay cuestionamientos al poder establecido en Oaxaca, a sus solapadores y seguros responsables de manejo de grupos paramilitares.
Felícitas y Teresa no eran gente bonita. No eran Paulettes. Mucho menos lo son dos periodistas investigativos, sobre todo si su trabajo incomoda a los poderosos y a sus beneficiarios allá y acá.
El Senado mexicano aprobó las reformas a la Ley de Seguridad Nacional con las que se regulará paulatinamente la presencia militar en las calles del país.
Esta permanencia estará acotada por ciertas condicionantes. Los militares solo podrán estar en las calles apoyando en la lucha contra las drogas a petición de los gobernadores en cuyos estados la delincuencia a haya rebasado a los cuerpos de seguridad, previa petición al gobierno federal y al Senado, para que estos a su vez analicen la pertinencia de enviar tropas y/o a la Policía Federal para coadyuvar en la restaurar el orden roto por la delincuencia.
La realidad es que todo esto es una mascarada, una careta para cumplir con un trámite de papeleo que terminará formalizando algo que en los hechos sucede todos los días y de todas las formas posibles, extralegales, en territorio nacional: la actuación militar no regulada, no controlada y sin supervisión verdadera de legisladores, con la apremiante actuación de las ONGs nacionales y extranjeras, en un marco de atención periodística más cercana al efectismo que a la investigación a profundidad de casos concretos de abusos y violaciones castrenses.
Pero eso no es lo peor. Ahora esto se dará en un contexto preelectoral que legalizará la presencia militar, con distintas intensidades y matices, en 12 estados del país en los que habrá elecciones este 2010.
Chihuahua (PRI), Sinaloa (PRI), Tamaulipas (PRI), Durango (PRI), Aguascalientes (PAN), Tlaxcala (PAN), Zacatecas (PRD), Veracruz (PRI), Hidalgo (PRI), Quintana Roo (PRI), Puebla (PRI) y Oaxaca (PRI), son los estados con actividad electoral en los meses próximos.
¿Cuántos gobernadores pedirán de inmediato la presencia militar porque sus policías son inútiles o corruptos y no pueden enfrentar al narco?
¿Cuántos asumirán el riesgo de aceptar tácitamente que gobiernan entidades fallidas, con cuerpos policiacos carcomidos por la corrupción y el narco (como en Cuernavaca, Morelos, o Baja California, Sonora, Guerrero, Coahuila y el Estado de México?
Por una parte la negativa se daría para demostrar que sus entidades son aun gobernables, y por la otra no se exhibirían como “estados fallidos” en plena carrera preelectoral. Léase el caso del Estado de México.
¿Será ENRIQUE PÉÑA NIETO, por ejemplo, de los primeros en pedir militares en sus calles o lo negará cuando todos sabemos que al menos seis de sus municipios son controlados por Zetas, por la Familia y por células del cartel del Pacífico?
Cuestión de imagen.
Si el gobierno federal y el congreso dieron un paso importante hacia la militarización y securitización de la agenda nacional, nos toca a nosotros como periodistas, investigadores y opinadores mexicanos, dar el siguiente para profundizar en la agenda sobre los mecanismos con los que se deberán establecer controles o contrapesos y formas vigilar la actuación de las fuerzas armadas en esta etapa de endurecimiento que está a la vuelta de la esquina.
Endurecimiento.
En este contexto, dos periodistas (Erica Ramírez y David Cilia, de la revista Contralinea) que investigaban el asesinato de las locutoras de radio comunitaria la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, ocurrido el 7 de abril de 2008 en una emboscada están desaparecidos.
Ingresaron con una caravana de maestros de la Sección 22 del SNTE a la zona Triqui para ahondar en lo sucedido a las comunicadoras campesinas. La caravana fue emboscada por paramilitares en una entidad tradicionalmente priista, gobernada con mano dura y sin en el menor recato por Ulises Ruiz.
Oaxaca es una de las entidades en las que la sangre no para de correr y de marcar senderos que conducen siempre al poder ejercido por caciques, policías, grupos paramilitares, delincuentes organizados y políticos impunes.
Esa es la sal de la vida para los poderosos en Oaxaca, pero también ha sido el estilo de ejercer la política por otros medios en una región del país explotada y en la que la prensa local, unas veces comprada, otras más amenazada y reprimida, enfrenta el endurecimiento por la vía de la violencia armada que es invisible para los ojos de la federación.
Para encontrar a los compañeros desaparecidos y a la gente con la que iban no hay mediáticos despliegues militares o de la Policía Federal o una apabullante cobertura noticiosa en horario triple “A” por parte de televisa o TV Azteca.
No hay cuestionamientos al poder establecido en Oaxaca, a sus solapadores y seguros responsables de manejo de grupos paramilitares.
Felícitas y Teresa no eran gente bonita. No eran Paulettes. Mucho menos lo son dos periodistas investigativos, sobre todo si su trabajo incomoda a los poderosos y a sus beneficiarios allá y acá.
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