Alberto Barranco / Empresa
Digamos que aunque aún no aparecerían en escena marcas como Shell, Texaco o Exxon, se le abre la puerta a las firmas para preparar la mesa, conformándose, por lo pronto, con las marcas de la paraestatal.
El plazo otorgado a los 9 mil 456 establecimientos ubicados en el país para aceptar el nuevo status vence el próximo 30 de septiembre.
El arranque de la “estrategia” para darle la vuelta a una disposición constitucional por la vía de un simple acuerdo administrativo, surgió con la expedición, el 5 de abril de 2010, de una serie de disposiciones administrativas para la realización de ventas de primera mano destinadas al mercado nacional, con la firma de un funcionario menor.
Estamos hablando del director general de Desarrollo Industrial de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Guillermo Ignacio García Alcocer.
El documento sería publicado el 12 de abril en el Diario Oficial.
La exposición de motivos señalaba que la Secretaría de Energía está facultada para “expedir reglas aplicables a Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para ventas de primera mano de petrolíferos distintos del combustóleo, de los petroquímicos básicos y del gas destinado al mercado nacional”.
Derivada del documento, en octubre del año pasado se inició una presión para que los franquicitarios de estaciones de servicio o gasolineras firmaran un nuevo contrato atendiéndose al marco previsto, lo que hizo reaccionar a la oposición legislativa.
El nuevo escenario hablaba de que Pemex se obliga a enajenar los petrolíferos a los particulares para su comercialización, sin especificar si éstos deben ser nacionales.
Así de fácil se abrió la rendija.
El caso es que ese mismo mes, bajo la firma del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, se planteó ante la Suprema Corte una Controversia Constitucional objetando la jugada que en el papel pareciera burda.
El texto señala que la alternativa que se empuja viola los artículos 20, 27, 28 y 73, fracciones X y XXIXF de la Constitución, por lo que de acatarse se le fincarían responsabilidades al director general de la empresa pública y al director de Pemex Refinación.
La vela en el entierro del Congreso se finca en que la Secretaría de Energía pretende modificar leyes bajo el marco de un simple acuerdo administrativo.
En la exposición de motivos se anota que el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional del ramo del Petróleo señala que el expendio de gasolinas y otros combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo se llevará a cabo conforme al contrato de franquicia que suscriba la empresa pública con personas físicas o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión para extranjeros.
En congruencia, el artículo sexto fracción II de la Ley de Inversión Extranjera prescribe que el comercio al pormenor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo está reservada de manera exclusiva a mexicanos y sociedades mexicanas con cláusula de exclusión para extranjeros.
Por lo pronto, la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros que encabeza Juan Pablo González Córdoba, está en pie de lucha.
De hecho, en asamblea general celebrada el 14 de diciembre pasado sus socios acordaron que no firmarán los nuevos contratos de franquicias, y de ser necesario recurrirán al amparo.
El nuevo esquema plantea condensar en uno los contratos actuales de franquicias y de suministro, bajo el concepto de ventas de primera mano.
Otra más de Pemex.
Balance general
Diga lo que diga, la Comisión Federal de Telecomunicaciones está de espaldas a la pared frente a la denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública ante la supuesta destrucción del disco donde se grabó la sesión en que se acordó declarar válida la postura del binomio Televisa-Nextel en la licitación 21 para obtener una red nacional de telefonía celular, vía un pago inicial de sólo 180.3 millones de pesos.
El problema es que la primera respuesta del organismo encabezado por Mony de Swaan fue que el CD se guardaría por 12 años para no afectar la confidencialidad en la estrategia de las firmas.
Ante lo absurdo de ésta, se le volvió a conminar, respondiendo ahora que lo había destruido… pero tenía una versión estenográfica… expulgada.
Más aún, en su cuenta de twitter el presidente del organismo llegó al extremo al señalar letra por letra que la Cofetel no tiene la capacidad técnica para editar el audio solicitado.
Hágame usted favor.
El punto clave de la resistencia se ubica en que la resolución no contó con los votos necesarios de los integrantes del pleno, dado que dos de ellos no acudieron a la sesión y otro, Rafael Del Villar, votó en contra.
Quienes le levantaron la mano a Televisa-Nextel, con la novedad de que ésta se retiraría del proceso una vez obtenida la concesión, fueron el comisionado Gonzalo Martínez Pous y el propio Mony de Swaan.
La marrullería, pues, pillada en la ratonera.
Interjet se engalla
El eje de la demanda que colocó la empresa aérea Interjet ante la Secretaría de la Función Pública para clarificar el monto de capital extranjero con que operan tres líneas aéreas: Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris, es que la Ley de Inversiones Extranjeras sólo permite una participación de 25% en aerolíneas que realizan actividades de cabotaje.
Aunque en el papel las tres en el banquillo cumplen con la cuota al integrarse la participación externa en fondos neutros, es decir sin derecho de voto, la pretensión de la compañía encabezada por Miguel Alemán Velasco es que se pongan en la mesa los esquemas.
En el caso de Aeroméxico, aunque se señaló que un grupo de accionistas de Banamex participaría en la sociedad a título personal, son evidentes los vínculos entre una y otra empresas.
De hecho, la idea es clarificar qué porcentaje, en tal caso, detenta la matriz de la intermediaria financiera, es decir el Citigroup de los Estados Unidos.
Bajo ese mismo prisma se plantea dilucidar el porcentaje de la firma inglesa Ryanair en Viva Aerobus, y la de los fondos que participan en Volaris.
Frenan infraestructura
A contrapelo de las declaraciones de los funcionarios públicos señalando que la inseguridad galopante en el país no afecta la economía, hete aquí que la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción está lanzando un SOS para que el gobierno cancele al menos 20 proyectos de infraestructura… u otorgue garantías a las empresas contratistas.
En el escenario existen centenares de denuncias por robo de maquinaria y equipos, secuestros de ejecutivos, hostigamiento a los trabajadores, chantajes, extorsiones y amenazas por parte del crimen organizado.
Digamos que aunque aún no aparecerían en escena marcas como Shell, Texaco o Exxon, se le abre la puerta a las firmas para preparar la mesa, conformándose, por lo pronto, con las marcas de la paraestatal.
El plazo otorgado a los 9 mil 456 establecimientos ubicados en el país para aceptar el nuevo status vence el próximo 30 de septiembre.
El arranque de la “estrategia” para darle la vuelta a una disposición constitucional por la vía de un simple acuerdo administrativo, surgió con la expedición, el 5 de abril de 2010, de una serie de disposiciones administrativas para la realización de ventas de primera mano destinadas al mercado nacional, con la firma de un funcionario menor.
Estamos hablando del director general de Desarrollo Industrial de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Guillermo Ignacio García Alcocer.
El documento sería publicado el 12 de abril en el Diario Oficial.
La exposición de motivos señalaba que la Secretaría de Energía está facultada para “expedir reglas aplicables a Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para ventas de primera mano de petrolíferos distintos del combustóleo, de los petroquímicos básicos y del gas destinado al mercado nacional”.
Derivada del documento, en octubre del año pasado se inició una presión para que los franquicitarios de estaciones de servicio o gasolineras firmaran un nuevo contrato atendiéndose al marco previsto, lo que hizo reaccionar a la oposición legislativa.
El nuevo escenario hablaba de que Pemex se obliga a enajenar los petrolíferos a los particulares para su comercialización, sin especificar si éstos deben ser nacionales.
Así de fácil se abrió la rendija.
El caso es que ese mismo mes, bajo la firma del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, se planteó ante la Suprema Corte una Controversia Constitucional objetando la jugada que en el papel pareciera burda.
El texto señala que la alternativa que se empuja viola los artículos 20, 27, 28 y 73, fracciones X y XXIXF de la Constitución, por lo que de acatarse se le fincarían responsabilidades al director general de la empresa pública y al director de Pemex Refinación.
La vela en el entierro del Congreso se finca en que la Secretaría de Energía pretende modificar leyes bajo el marco de un simple acuerdo administrativo.
En la exposición de motivos se anota que el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional del ramo del Petróleo señala que el expendio de gasolinas y otros combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo se llevará a cabo conforme al contrato de franquicia que suscriba la empresa pública con personas físicas o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión para extranjeros.
En congruencia, el artículo sexto fracción II de la Ley de Inversión Extranjera prescribe que el comercio al pormenor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo está reservada de manera exclusiva a mexicanos y sociedades mexicanas con cláusula de exclusión para extranjeros.
Por lo pronto, la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros que encabeza Juan Pablo González Córdoba, está en pie de lucha.
De hecho, en asamblea general celebrada el 14 de diciembre pasado sus socios acordaron que no firmarán los nuevos contratos de franquicias, y de ser necesario recurrirán al amparo.
El nuevo esquema plantea condensar en uno los contratos actuales de franquicias y de suministro, bajo el concepto de ventas de primera mano.
Otra más de Pemex.
Balance general
Diga lo que diga, la Comisión Federal de Telecomunicaciones está de espaldas a la pared frente a la denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública ante la supuesta destrucción del disco donde se grabó la sesión en que se acordó declarar válida la postura del binomio Televisa-Nextel en la licitación 21 para obtener una red nacional de telefonía celular, vía un pago inicial de sólo 180.3 millones de pesos.
El problema es que la primera respuesta del organismo encabezado por Mony de Swaan fue que el CD se guardaría por 12 años para no afectar la confidencialidad en la estrategia de las firmas.
Ante lo absurdo de ésta, se le volvió a conminar, respondiendo ahora que lo había destruido… pero tenía una versión estenográfica… expulgada.
Más aún, en su cuenta de twitter el presidente del organismo llegó al extremo al señalar letra por letra que la Cofetel no tiene la capacidad técnica para editar el audio solicitado.
Hágame usted favor.
El punto clave de la resistencia se ubica en que la resolución no contó con los votos necesarios de los integrantes del pleno, dado que dos de ellos no acudieron a la sesión y otro, Rafael Del Villar, votó en contra.
Quienes le levantaron la mano a Televisa-Nextel, con la novedad de que ésta se retiraría del proceso una vez obtenida la concesión, fueron el comisionado Gonzalo Martínez Pous y el propio Mony de Swaan.
La marrullería, pues, pillada en la ratonera.
Interjet se engalla
El eje de la demanda que colocó la empresa aérea Interjet ante la Secretaría de la Función Pública para clarificar el monto de capital extranjero con que operan tres líneas aéreas: Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris, es que la Ley de Inversiones Extranjeras sólo permite una participación de 25% en aerolíneas que realizan actividades de cabotaje.
Aunque en el papel las tres en el banquillo cumplen con la cuota al integrarse la participación externa en fondos neutros, es decir sin derecho de voto, la pretensión de la compañía encabezada por Miguel Alemán Velasco es que se pongan en la mesa los esquemas.
En el caso de Aeroméxico, aunque se señaló que un grupo de accionistas de Banamex participaría en la sociedad a título personal, son evidentes los vínculos entre una y otra empresas.
De hecho, la idea es clarificar qué porcentaje, en tal caso, detenta la matriz de la intermediaria financiera, es decir el Citigroup de los Estados Unidos.
Bajo ese mismo prisma se plantea dilucidar el porcentaje de la firma inglesa Ryanair en Viva Aerobus, y la de los fondos que participan en Volaris.
Frenan infraestructura
A contrapelo de las declaraciones de los funcionarios públicos señalando que la inseguridad galopante en el país no afecta la economía, hete aquí que la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción está lanzando un SOS para que el gobierno cancele al menos 20 proyectos de infraestructura… u otorgue garantías a las empresas contratistas.
En el escenario existen centenares de denuncias por robo de maquinaria y equipos, secuestros de ejecutivos, hostigamiento a los trabajadores, chantajes, extorsiones y amenazas por parte del crimen organizado.
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