Lydia Cacho / Plan B
¿Qué pasa por la cabeza de una persona que se enriquece prestando servicios al público y que decide, por ahorrarse unos cuantos pesos, no construir salidas de emergencia y con esa decisión ser cómplice de la pérdida de vidas humanas? Lobohombo, guardería ABC, New’s Divine y ahora Casino Royale son algunos casos emblemáticos de entre cientos documentados y seguramente miles de riesgos potenciales para la sociedad.
Y sí, importa el dolor de los familiares de las y los bebés y jóvenes, de personas adultas que murieron, o quedaron severamente heridas por estampidas o incendios causados por terceros, o por redadas policiacas fallidas. Importa también la falta de seriedad de los empresarios para respetar las leyes y asumir lo obvio: los reglamentos de seguridad para los inmuebles están hechos para beneficiarnos y deben cumplirse siempre, no son negociables (no deberían).
En todos los casos está claro que hay una cadena de responsables directos. Primero los propietarios y representantes legales cuyo deber es asegurarse de que quien quiera que maneje el negocio asuma el pleno compromiso de obedecer las leyes y cumplir las medidas de Protección Civil, para asegurar que las y los usuarios del lugar puedan salir en caso de emergencia. En segundo lugar están las y los servidores públicos de ayuntamientos, quienes como se ha documentado en la mayoría de casos, han incurrido en actos de corrupción al aceptar favores económicos en vez de llevar a cabo su trabajo y pedir la clausura del lugar.
En casos como el del casino, en que terceros incendian intencionalmente el sitio, es evidente que hay un acto criminal que debe ser perseguido por la procuraduría; sin embargo, si las salidas de emergencia hubieran funcionado, no habría más daño que el de un inmueble quemado y un buen susto.
Si un empresario quiere que la ley le proteja, él a su vez debe proteger a la ley por nimias que sus exigencias le parezcan. De no hacerlo también debe asumir las consecuencias en el marco de la legalidad, esto es, pagando por la reparación del daño causado por su falta de cumplimiento e irresponsabilidad.
En nuestro país cada vez que una víctima pide reparación del daño, entre periodistas y la opinión pública surgen suspicacias infundadas, se cree que exigir el castigo, no sólo penal, sino económico, es un acto de ambición. Esa percepción es producto de la ignorancia y de una tendencia a opinar desde la desinformación y el prejuicio; como si las víctimas perdieran su estatus, sufrimiento y dignidad por querer que sean los responsables del daño inicial quienes asuman los gastos.
Necesitamos dejar el cinismo y la confusión a un lado, detenernos por un momento y no hablar de la delincuencia organizada y la guerra; hacer un alto en el camino para volver a argumentar a favor de la legalidad desde las decisiones individuales, de la responsabilidad ciudadana, del cumplimiento de lo que algunos llaman las pequeñas leyes; aquellas reglamentaciones que pueden parecer menores, como las medidas de protección civil, que implican tener extinguidores en buen estado, salidas de emergencia, aspersores y alarmas contra incendios; o como las medidas sanitarias para los pequeños y grandes comercios que evitarían miles de intoxicaciones alimentarias, e incluso muertes, por falta de medidas de higiene básicas en lugares no aptos para servir comida. Si estos modestos pactos de civilidad no se cumplen, muy poco cambiará en México. Eso podría ser el mejor tributo a las víctimas del Casino Royale, la guardería ABC y tantas otras.
¿Qué pasa por la cabeza de una persona que se enriquece prestando servicios al público y que decide, por ahorrarse unos cuantos pesos, no construir salidas de emergencia y con esa decisión ser cómplice de la pérdida de vidas humanas? Lobohombo, guardería ABC, New’s Divine y ahora Casino Royale son algunos casos emblemáticos de entre cientos documentados y seguramente miles de riesgos potenciales para la sociedad.
Y sí, importa el dolor de los familiares de las y los bebés y jóvenes, de personas adultas que murieron, o quedaron severamente heridas por estampidas o incendios causados por terceros, o por redadas policiacas fallidas. Importa también la falta de seriedad de los empresarios para respetar las leyes y asumir lo obvio: los reglamentos de seguridad para los inmuebles están hechos para beneficiarnos y deben cumplirse siempre, no son negociables (no deberían).
En todos los casos está claro que hay una cadena de responsables directos. Primero los propietarios y representantes legales cuyo deber es asegurarse de que quien quiera que maneje el negocio asuma el pleno compromiso de obedecer las leyes y cumplir las medidas de Protección Civil, para asegurar que las y los usuarios del lugar puedan salir en caso de emergencia. En segundo lugar están las y los servidores públicos de ayuntamientos, quienes como se ha documentado en la mayoría de casos, han incurrido en actos de corrupción al aceptar favores económicos en vez de llevar a cabo su trabajo y pedir la clausura del lugar.
En casos como el del casino, en que terceros incendian intencionalmente el sitio, es evidente que hay un acto criminal que debe ser perseguido por la procuraduría; sin embargo, si las salidas de emergencia hubieran funcionado, no habría más daño que el de un inmueble quemado y un buen susto.
Si un empresario quiere que la ley le proteja, él a su vez debe proteger a la ley por nimias que sus exigencias le parezcan. De no hacerlo también debe asumir las consecuencias en el marco de la legalidad, esto es, pagando por la reparación del daño causado por su falta de cumplimiento e irresponsabilidad.
En nuestro país cada vez que una víctima pide reparación del daño, entre periodistas y la opinión pública surgen suspicacias infundadas, se cree que exigir el castigo, no sólo penal, sino económico, es un acto de ambición. Esa percepción es producto de la ignorancia y de una tendencia a opinar desde la desinformación y el prejuicio; como si las víctimas perdieran su estatus, sufrimiento y dignidad por querer que sean los responsables del daño inicial quienes asuman los gastos.
Necesitamos dejar el cinismo y la confusión a un lado, detenernos por un momento y no hablar de la delincuencia organizada y la guerra; hacer un alto en el camino para volver a argumentar a favor de la legalidad desde las decisiones individuales, de la responsabilidad ciudadana, del cumplimiento de lo que algunos llaman las pequeñas leyes; aquellas reglamentaciones que pueden parecer menores, como las medidas de protección civil, que implican tener extinguidores en buen estado, salidas de emergencia, aspersores y alarmas contra incendios; o como las medidas sanitarias para los pequeños y grandes comercios que evitarían miles de intoxicaciones alimentarias, e incluso muertes, por falta de medidas de higiene básicas en lugares no aptos para servir comida. Si estos modestos pactos de civilidad no se cumplen, muy poco cambiará en México. Eso podría ser el mejor tributo a las víctimas del Casino Royale, la guardería ABC y tantas otras.
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