Martha Anaya / Crónica de Política
¿Realmente importa cómo calificar el incendio provocado al Casino Royale que arrojó la muerte de 52 personas?
De entrada podría parecer irrelevante frente al terrible suceso. Pero no lo es. Mucho menos cuando el propio presidente de la República ha descrito a los autores de este hecho criminal como “verdaderos terroristas” –primera vez que aplica el término en su gobierno– y ha ligado la tragedia a la necesidad de aprobar la ley de Seguridad Nacional.
¿Son “terroristas” esos asesinos? ¿Cómo puede evitar la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional en los términos que Felipe Calderón (y el ejército) un evento como el del Casino Royale?
Terrorismo es un término sobre el que en Naciones Unidas no se ha logrado un consenso sobre su definición. Es un debate que tiene más de medio siglo dado que algunos Estados han calificado así a sus opositores (los nazis calificaban de terroristas a los judíos, en Sudáfrica calificaban tal cual a Nelson Mandela y seguidores; en Argentina a las Madres de la Plaza de Mayo, entre muchas otros casos)
Hasta ahora, un acuerdo entre algunos académicos y especialistas en la materia han llegado a un consenso para definir tal acción así:
El terrorismo es un método productor de ansiedad basado en la acción violenta repetida por parte de un individuo o grupo (semi) clandestino o por agentes del Estado, por motivos idiosincráticos, criminales o políticos, en los que –a diferencia del asesinato—los blancos directos de la violencia son los blancos principales. Las víctimas humanas inmediatas de la violencia son generalmente elegidas al azar (blancos de oportunidad) de una población, y son usadas como generadoras de un mensaje. Los procesos de comunicación basados en la amenaza –y en la violencia—entre el terrorista (la organización terrorista), las víctimas puestas en peligro y los blancos principales, son usados para manipular a las audiencias convirtiéndolas en blanco de terror, blanco de demandas, blanco de atención, según se busque primariamente su intimidación, su coerción o la propaganda.
Sin embargo, tal definición no termina de convencer.
Tras lo ocurrido en Monterrey, Porfirio Muñoz Ledo sostiene por ejemplo que el terrorismo tiene que ver con aterrorizar a la población, con el propósito de cambiar un régimen político. Y lo ocurrido en Monterrey no es el caso:
- Que causa terror, pues sí, ¡es abominable!, pero no es el 11 de septiembre. ¡No lo es! Aquello tenía contenido ideológico. Esto no.
El ex embajador de México en Naciones Unidas y actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, afirma que el incendio al Casino Royale fue “un acto de violencia extrema…, posiblemente la respuesta a una tentativa de extorsión o negativa a recibir protección, un acto de relación entre particulares y criminales. Esto es barbarie, pero no terrorismo”.
Pero al calificarlo así –asienta Porfirio–, Calderón “está anunciando que abre la puerta a militarizar el país” y “está justificando la presencia de tropas estadunidenses en México”.
Hablar de terrorismo ahora en México, en medio de un escenario de guerra, con problemas de Derechos Humanos, y en puerta la aprobación o no de la Ley de Seguridad Nacional en los términos en que se encuentra, tiene pues implicaciones graves.
El diputado jalisciense Enrique Ibarra Pedroza (PT), miembro de las comisiones de Gobernación y Defensa en San Lázaro, prefiguró lo que podría pasar en Monterrey tras el atentado del Casino si la Ley de Seguridad Nacional se hubiera aprobado ya en los términos en que se encuentra:
“El Ejecutivo podría declarar a esa ciudad como zona de afectación, o sea, suspender las garantías individuales. Además, los militares que quedaran encargados de esa zona de afectación tendrían que dar cuenta de sus actos al Congreso, pero solamente por escrito y mucho tiempo después de haber intervenido.
“Tomado el control de la ciudad, los militares podrían entrar a los domicilios particulares sin orden de juez, detener a transeúntes y automovilistas en la calle, incomunicar a cualquier ciudadano hasta por 24 horas y obtener información de la manera que considerara más eficaz”.
Esto, para Enrique Ibarra esto significaría “legalizar una dictadura militar”.
Tomando en cuenta lo anterior, la decisión del Presidente de calificar a los autores de la tragedia como “terroristas” y de insistir al mismo tiempo –en el mismo discurso– al Congreso la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, lleva a pensar si Felipe Calderón efectivamente desea tomar algunas de estas acciones. Particularmente, decretar algunas regiones, ciudades o estados incluso, “zonas de afectación”. El estado de excepción, para ser claros.
¿Realmente importa cómo calificar el incendio provocado al Casino Royale que arrojó la muerte de 52 personas?
De entrada podría parecer irrelevante frente al terrible suceso. Pero no lo es. Mucho menos cuando el propio presidente de la República ha descrito a los autores de este hecho criminal como “verdaderos terroristas” –primera vez que aplica el término en su gobierno– y ha ligado la tragedia a la necesidad de aprobar la ley de Seguridad Nacional.
¿Son “terroristas” esos asesinos? ¿Cómo puede evitar la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional en los términos que Felipe Calderón (y el ejército) un evento como el del Casino Royale?
Terrorismo es un término sobre el que en Naciones Unidas no se ha logrado un consenso sobre su definición. Es un debate que tiene más de medio siglo dado que algunos Estados han calificado así a sus opositores (los nazis calificaban de terroristas a los judíos, en Sudáfrica calificaban tal cual a Nelson Mandela y seguidores; en Argentina a las Madres de la Plaza de Mayo, entre muchas otros casos)
Hasta ahora, un acuerdo entre algunos académicos y especialistas en la materia han llegado a un consenso para definir tal acción así:
El terrorismo es un método productor de ansiedad basado en la acción violenta repetida por parte de un individuo o grupo (semi) clandestino o por agentes del Estado, por motivos idiosincráticos, criminales o políticos, en los que –a diferencia del asesinato—los blancos directos de la violencia son los blancos principales. Las víctimas humanas inmediatas de la violencia son generalmente elegidas al azar (blancos de oportunidad) de una población, y son usadas como generadoras de un mensaje. Los procesos de comunicación basados en la amenaza –y en la violencia—entre el terrorista (la organización terrorista), las víctimas puestas en peligro y los blancos principales, son usados para manipular a las audiencias convirtiéndolas en blanco de terror, blanco de demandas, blanco de atención, según se busque primariamente su intimidación, su coerción o la propaganda.
Sin embargo, tal definición no termina de convencer.
Tras lo ocurrido en Monterrey, Porfirio Muñoz Ledo sostiene por ejemplo que el terrorismo tiene que ver con aterrorizar a la población, con el propósito de cambiar un régimen político. Y lo ocurrido en Monterrey no es el caso:
- Que causa terror, pues sí, ¡es abominable!, pero no es el 11 de septiembre. ¡No lo es! Aquello tenía contenido ideológico. Esto no.
El ex embajador de México en Naciones Unidas y actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, afirma que el incendio al Casino Royale fue “un acto de violencia extrema…, posiblemente la respuesta a una tentativa de extorsión o negativa a recibir protección, un acto de relación entre particulares y criminales. Esto es barbarie, pero no terrorismo”.
Pero al calificarlo así –asienta Porfirio–, Calderón “está anunciando que abre la puerta a militarizar el país” y “está justificando la presencia de tropas estadunidenses en México”.
Hablar de terrorismo ahora en México, en medio de un escenario de guerra, con problemas de Derechos Humanos, y en puerta la aprobación o no de la Ley de Seguridad Nacional en los términos en que se encuentra, tiene pues implicaciones graves.
El diputado jalisciense Enrique Ibarra Pedroza (PT), miembro de las comisiones de Gobernación y Defensa en San Lázaro, prefiguró lo que podría pasar en Monterrey tras el atentado del Casino si la Ley de Seguridad Nacional se hubiera aprobado ya en los términos en que se encuentra:
“El Ejecutivo podría declarar a esa ciudad como zona de afectación, o sea, suspender las garantías individuales. Además, los militares que quedaran encargados de esa zona de afectación tendrían que dar cuenta de sus actos al Congreso, pero solamente por escrito y mucho tiempo después de haber intervenido.
“Tomado el control de la ciudad, los militares podrían entrar a los domicilios particulares sin orden de juez, detener a transeúntes y automovilistas en la calle, incomunicar a cualquier ciudadano hasta por 24 horas y obtener información de la manera que considerara más eficaz”.
Esto, para Enrique Ibarra esto significaría “legalizar una dictadura militar”.
Tomando en cuenta lo anterior, la decisión del Presidente de calificar a los autores de la tragedia como “terroristas” y de insistir al mismo tiempo –en el mismo discurso– al Congreso la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, lleva a pensar si Felipe Calderón efectivamente desea tomar algunas de estas acciones. Particularmente, decretar algunas regiones, ciudades o estados incluso, “zonas de afectación”. El estado de excepción, para ser claros.
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