Al considerar a la guerrilla como responsable del secuestro del "Jefe" Diego, se señala indirectamente al PDPR-EPR, ya que se ha mencionado como la única organización con la infraestructura para realizar una acción de esta magnitud y también por la venganza de sus desaparecidos.
Jorge Lofredo
Abierto un compás de espera hasta conocer la segunda parte del comunicado de Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), algunos elementos merecen destacarse a partir de la información que se ha dado a conocer sobre el secuestro de Diego Fernández de Cevallos. Sin que ello implique, necesariamente, culpabilidad o inocencia de su parte, debido a la escasez de elementos y datos duros, es llamativo que se hayan descartado otras hipótesis en tanto que la de la responsabilidad guerrillera se ha sostenido durante todo este lapso.
En un primer momento se señaló por la responsabilidad del hecho al Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), pero tras dos comunicados, donde deslindó su responsabilidad, circuló una nueva versión, esta vez acerca de la participación de un desconocido Ejército de Liberación Nacional (ELN) –idéntica denominación a la organización colombiana– que tendría presencia en las Huastecas, la que contiene la idea implícita de la participación de extranjeros en el secuestro o, por lo menos, de mexicanos asesorados o vinculados con organizaciones del exterior.
Después se mencionó al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), pero el grupo ha sido descabezado en dos ocasiones y también dio a conocer un escrito en el cual negó cualquier participación en el hecho. Debido a ello se argumentó la relación entre la organización con sicarios o profesionales en esta materia. (La alianza entre un grupo revolucionario con sicarios, delincuentes u otro con esas características definiría la descomposición política, incluida la abdicación ideológica, de la organización política: de hecho, es lo ideológico lo que distancia a un grupo armado común del revolucionario y ningún argumento que se esgrima alcanzaría para justificar esta decisión.) Finalmente se mencionó a TDR-EP.
La relevancia que adquiere el nuevo texto se limita a que TDR-EP sí admitió en forma explícita la práctica del secuestro como una medio “legítimo” de actividad político-militar –la expropiación a los poderosos como medio de financiación, demostración táctica de fuerza ante el “enemigo” y estrategia publicitaria para sus fines–, esta es la diferencia y circunstancia que la separa de otros grupos con similares características y objetivos, quienes negaron en reiteradas ocasiones su decisión de producir en este tipo de hechos. Aún así, restará saber si en su próximo escrito referirá a la cuestión abordada.
Sin embargo, el deslinde vía comunicado no alcanza para condenar o absolver de responsabilidad alguna, pues sólo sirve para conocer su posición pública sobre un hecho político determinado. Hay que evaluar, en cambio, el contexto político que rodea a las organizaciones. El PDPR-EPR siempre subrayó que su actividad se rige por lo ideológico y lo político, más no así por venganza, y si se comprobase una hipotética participación o responsabilidad en el secuestro, de inmediato sería inculpado de un acto con esta motivación. Y no sólo ello: le quitaría todo espacio para cualquier argumento como así también su credibilidad y búsqueda de legitimidad en cuanto a sus demandas por la presentación con vida de sus desaparecidos. En este contexto, el PDPR-EPR no anunció la conclusión de su campaña político-militar, en la que se incluyen los atentados contra los ductos de Petróleos Mexicanos, pero continuará en tregua mientras prosiga en funciones la Comisión de Mediación.
El argumento que sostiene al acto de venganza como respuesta por los desaparecidos no sólo sería inculpatorio por el hecho en sí mismo sino también deslegitimador, porque de esta manera se lo reduce exclusivamente a su expresión armada y se lo vacía de todo contenido político. De esta manera, la venganza se presenta como un aspecto “natural” de su actuación, lo que le quitaría toda legitimidad a sus reivindicaciones. Sin embargo, la sola mención del vocablo “guerrilla” tanto como “EPR” (hay una cotidiana y usual referencia de su denominación sólo como “ejército”, sin mención de “partido”, con lo cual se lo iguala automáticamente con el uso de la violencia) refiere, indiferenciadamente, a un sector o conjunto que contiene como argumento central la “teoría de los espejos”, aquella que señala la inexistencia de las divisiones internas y que en realidad compone una estrategia de seguridad del eperrismo como también para proyectar una imagen de un México asediado por distintas organizaciones guerrilleras.
Por todo ello, al considerar a la guerrilla como responsable del secuestro en general resulta un señalamiento indirecto al PDPR-EPR en particular, debido a que no se reconoce a los grupos escindidos de esta organización como autónomos; porque además se ha mencionado como la única organización de
esta especie con la infraestructura necesaria para realizar una acción de esta magnitud; y, finalmente, porque se le impuso una razón: la venganza por sus desaparecidos.
Posdata: También existe una expectativa razonable por las definiciones que decidan ofrecer las organizaciones político-militares sobre los acontecimientos en San Juan Copala y el reciente asesinato de Beto Pazos –por mencionar sólo dos ejemplos recientes– sobre los cuales, hasta ahora, no se ha conocido ni una línea desde ese lugar. Será interesante conocer también, si ello así sucede, algún argumento que rompa la lógica discursiva acotada a la denuncia de la guerra de baja intensidad o el testimonio del paramilitarismo, y profundice más sobre las causas, razones y circunstancias de lo que allí sucede. Oaxaca es una de las entidades donde la presencia guerrillera ha sido una constante, tal como lo han reconocido algunos de estos grupos, desde décadas pasadas. En fechas más recientes el PDPR-EPR, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, TDR-EP como Coordinación Revolucionaria o Comando Magonista de Liberación, Brigada Popular Revolucionaria del Sur (sí existe un texto, sobre un total de dos, donde vinculan a San Juan Copala con Loxicha y que data de mayo de este año), la Organización Revolucionaria Armada del Pueblo de Oaxaca (reivindicó de la colocación de un petardo contra un cajero automático en esa capital en pleno desarrollo del conflicto), el Ejército Revolucionario del Sureste o elMovimiento Armado Revolucionario-Frente Revolucionario Patriótico Nacional (a quien “no le temblaría la mano para hacer justicia”) han emitido señales de presencia en el estado –aunque, vale la obvia aclaración, muy distintas unas de otras– principalmente cuando tuvo lugar el movimiento social encabezado por la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO). Por supuesto que muchas de ellas ya no existen o de hecho nunca han existido. Sin embargo, es de esperar que, debido a la magnitud de estas circunstancias, se manifiesten sin recaer en lugares comunes como los ya mencionados más arriba o, peor aún, redunden en un silencio imposible de explicar.
Jorge Lofredo
Abierto un compás de espera hasta conocer la segunda parte del comunicado de Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), algunos elementos merecen destacarse a partir de la información que se ha dado a conocer sobre el secuestro de Diego Fernández de Cevallos. Sin que ello implique, necesariamente, culpabilidad o inocencia de su parte, debido a la escasez de elementos y datos duros, es llamativo que se hayan descartado otras hipótesis en tanto que la de la responsabilidad guerrillera se ha sostenido durante todo este lapso.
En un primer momento se señaló por la responsabilidad del hecho al Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), pero tras dos comunicados, donde deslindó su responsabilidad, circuló una nueva versión, esta vez acerca de la participación de un desconocido Ejército de Liberación Nacional (ELN) –idéntica denominación a la organización colombiana– que tendría presencia en las Huastecas, la que contiene la idea implícita de la participación de extranjeros en el secuestro o, por lo menos, de mexicanos asesorados o vinculados con organizaciones del exterior.
Después se mencionó al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), pero el grupo ha sido descabezado en dos ocasiones y también dio a conocer un escrito en el cual negó cualquier participación en el hecho. Debido a ello se argumentó la relación entre la organización con sicarios o profesionales en esta materia. (La alianza entre un grupo revolucionario con sicarios, delincuentes u otro con esas características definiría la descomposición política, incluida la abdicación ideológica, de la organización política: de hecho, es lo ideológico lo que distancia a un grupo armado común del revolucionario y ningún argumento que se esgrima alcanzaría para justificar esta decisión.) Finalmente se mencionó a TDR-EP.
La relevancia que adquiere el nuevo texto se limita a que TDR-EP sí admitió en forma explícita la práctica del secuestro como una medio “legítimo” de actividad político-militar –la expropiación a los poderosos como medio de financiación, demostración táctica de fuerza ante el “enemigo” y estrategia publicitaria para sus fines–, esta es la diferencia y circunstancia que la separa de otros grupos con similares características y objetivos, quienes negaron en reiteradas ocasiones su decisión de producir en este tipo de hechos. Aún así, restará saber si en su próximo escrito referirá a la cuestión abordada.
Sin embargo, el deslinde vía comunicado no alcanza para condenar o absolver de responsabilidad alguna, pues sólo sirve para conocer su posición pública sobre un hecho político determinado. Hay que evaluar, en cambio, el contexto político que rodea a las organizaciones. El PDPR-EPR siempre subrayó que su actividad se rige por lo ideológico y lo político, más no así por venganza, y si se comprobase una hipotética participación o responsabilidad en el secuestro, de inmediato sería inculpado de un acto con esta motivación. Y no sólo ello: le quitaría todo espacio para cualquier argumento como así también su credibilidad y búsqueda de legitimidad en cuanto a sus demandas por la presentación con vida de sus desaparecidos. En este contexto, el PDPR-EPR no anunció la conclusión de su campaña político-militar, en la que se incluyen los atentados contra los ductos de Petróleos Mexicanos, pero continuará en tregua mientras prosiga en funciones la Comisión de Mediación.
El argumento que sostiene al acto de venganza como respuesta por los desaparecidos no sólo sería inculpatorio por el hecho en sí mismo sino también deslegitimador, porque de esta manera se lo reduce exclusivamente a su expresión armada y se lo vacía de todo contenido político. De esta manera, la venganza se presenta como un aspecto “natural” de su actuación, lo que le quitaría toda legitimidad a sus reivindicaciones. Sin embargo, la sola mención del vocablo “guerrilla” tanto como “EPR” (hay una cotidiana y usual referencia de su denominación sólo como “ejército”, sin mención de “partido”, con lo cual se lo iguala automáticamente con el uso de la violencia) refiere, indiferenciadamente, a un sector o conjunto que contiene como argumento central la “teoría de los espejos”, aquella que señala la inexistencia de las divisiones internas y que en realidad compone una estrategia de seguridad del eperrismo como también para proyectar una imagen de un México asediado por distintas organizaciones guerrilleras.
Por todo ello, al considerar a la guerrilla como responsable del secuestro en general resulta un señalamiento indirecto al PDPR-EPR en particular, debido a que no se reconoce a los grupos escindidos de esta organización como autónomos; porque además se ha mencionado como la única organización de
esta especie con la infraestructura necesaria para realizar una acción de esta magnitud; y, finalmente, porque se le impuso una razón: la venganza por sus desaparecidos.
Posdata: También existe una expectativa razonable por las definiciones que decidan ofrecer las organizaciones político-militares sobre los acontecimientos en San Juan Copala y el reciente asesinato de Beto Pazos –por mencionar sólo dos ejemplos recientes– sobre los cuales, hasta ahora, no se ha conocido ni una línea desde ese lugar. Será interesante conocer también, si ello así sucede, algún argumento que rompa la lógica discursiva acotada a la denuncia de la guerra de baja intensidad o el testimonio del paramilitarismo, y profundice más sobre las causas, razones y circunstancias de lo que allí sucede. Oaxaca es una de las entidades donde la presencia guerrillera ha sido una constante, tal como lo han reconocido algunos de estos grupos, desde décadas pasadas. En fechas más recientes el PDPR-EPR, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, TDR-EP como Coordinación Revolucionaria o Comando Magonista de Liberación, Brigada Popular Revolucionaria del Sur (sí existe un texto, sobre un total de dos, donde vinculan a San Juan Copala con Loxicha y que data de mayo de este año), la Organización Revolucionaria Armada del Pueblo de Oaxaca (reivindicó de la colocación de un petardo contra un cajero automático en esa capital en pleno desarrollo del conflicto), el Ejército Revolucionario del Sureste o elMovimiento Armado Revolucionario-Frente Revolucionario Patriótico Nacional (a quien “no le temblaría la mano para hacer justicia”) han emitido señales de presencia en el estado –aunque, vale la obvia aclaración, muy distintas unas de otras– principalmente cuando tuvo lugar el movimiento social encabezado por la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO). Por supuesto que muchas de ellas ya no existen o de hecho nunca han existido. Sin embargo, es de esperar que, debido a la magnitud de estas circunstancias, se manifiesten sin recaer en lugares comunes como los ya mencionados más arriba o, peor aún, redunden en un silencio imposible de explicar.
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