lunes, marzo 28, 2011

Violencia impune y periodismo

Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder

Debiera entusiasmarnos el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, pero no podemos pecar de optimismo, pues como dijera Luis Echeverría Álvarez: para qué nos hacemos, si ya todos nos conocemos. La verdad es que casi todos los compromisos fueron adquiridos a posteriori, pues si no todos, la mayoría son observados por los medios hace meses, una vez superada la sorpresa, la novedad y el miedo cuando la violencia llamó a sus puertas.

Lo cierto es que este país dejó de ser el de la lectura de Alarma! y Casos de Alarma! hace muchos años; pero ante la moda de los degüellos, las mantas, los enfrentamientos, las ejecuciones cuantiosas, por no usar el término masivas, el crecimiento geométrico del consumo, la multiplicación de la violencia y la desvergüenza de la impunidad, los medios fueron rebasados y trabajo les costó retomar su curso, debido a las coincidencias en el tiempo: llega la libertad en la información, la sociedad abierta, la transparencia en pañales, de la mano de la guerra presidencial contra el narco y la amenaza que se cierne ante la posibilidad de que México se transforme en un Estado fallido, que todavía no ha sido conjurada.

Sería mezquino no adherirse con entusiasmo a la propuesta de Iniciativa México, pero también lo sería no advertir que el compromiso puede ser el primer paso de muchos, o el primero hacia el abismo y la cesión de las libertades obtenidas con sangre vertida por mártires como Belisario Domínguez, o golpes de mano políticos como el asestado al Excélsior descabezado por Regino Díaz Redondo, en acatamiento a instrucciones presidenciales.

Si efectivamente México dejó de ser el país de Alarma! y los propietarios de los medios decidieron modificar su relación con la sociedad, también deben hacer lo mismo en sus acuerdos con el gobierno y los institutos políticos, pues así como han determinado “proponer criterios editoriales comunes para que la cobertura informativa de la violencia que genera la delincuencia organizada con el propósito de propagar el terror entre la población no sirva para esos fines; establecer mecanismos que impidan que los medios se conviertan en instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado; definir criterios para la protección de la identidad de las víctimas de la violencia generada por la delincuencia organizada; establecer mecanismos para la protección de los periodistas en situaciones de riesgo; promover el respeto a la legalidad, el combate a la impunidad y la participación ciudadana; sumar al más amplio número de medios al Acuerdo y, de manera especial, a aquellos que se encuentran en las zonas de mayor conflicto, y crear mecanismos de seguimiento del Acuerdo que permitan conocer el grado de apego al mismo, también y con urgencia deben buscarse alternativas para evitar la estupidización política e impulsar la democracia, así como la participación de la sociedad, de sus consumidores de información y entretenimiento, en la profundización de esa democracia.

¿Cómo puede hacerse? No hace muchas semanas que el Congreso propuso el estudio de un proyecto de reforma para acabar con la “espotización”, lo que puede ser un error. Lo que debe impedirse es la “espotización” de la estupidez política. ¿A qué me refiero?

Así como los medios que antes de firmar el acuerdo y después de hacerlo adquirieron el compromiso de evitar la apología de la violencia, el delito y el narcotráfico, también deben establecerse estándares para evitar que los anuncios de propaganda política profundicen en la estupidización de los electores, y sólo difundirla cuando se promuevan ideas, se confronten ideologías y se promuevan específicamente proyectos electorales, lo demás ni siquiera se asemeja a convencer.

Pero claro, no lo harán, las arcas de los medios electrónicos esperan llenarse con la propaganda política de las campañas electorales, aunque para ello pongan en su espacio y en sus tiempos algo más dañino que la información medida, puntual, de la violencia que aqueja al país, de la impunidad que impide contenerla, porque mediatizar a los electores es peor que confrontarlos a la realidad.

Tengo la sospecha de que dadas las condiciones ideológicas que hoy determinan el rumbo del Estado y del gobierno que lo administra, pueden considerar que Karl R. Popper es de extrema izquierda, pero sin embargo es importante recordar lo que él escribe de la opinión pública en Conjeturas y refutaciones.

“Esa entidad intangible y vaga llamada opinión pública a veces revela una sagacidad sin rebuscamiento, o más a menudo, una sensibilidad moral superior a la del equipo gobernante. Sin embargo, constituye un peligro para la libertad si no está moderada por una fuerte tradición liberal. Es peligrosa como árbitro del gusto e inaceptable como árbitro de la verdad. Pero a veces puede asumir de un ilustrado árbitro de la justicia. Desgraciadamente, puede ser 'administrada'. Sólo es posible contrarrestar estos peligros reforzando la tradición liberal.

“Debe distinguirse la opinión pública de la publicidad de la discusión libre y crítica que es (o debería ser) la norma en la ciencia, y que incluye la discusión de problemas de justicia y otros temas morales. La opinión pública recibe la influencia de las discusiones de este tipo, pero no es el resultado de ellas, ni está bajo su control. Su influencia benéfica será tanto mayor cuanto más honestas, simples y claras sean tales discusiones”.

Este asunto es como el de la alternancia sin transición. Autorregularse sin además establecer estándares de calidad a la propaganda política, será como haber saltado al precipicio.

Lo sostengo porque permanecerá intocada la moderna fuente de información, más rápida que los noticieros. No podrán comprometer ni regular Twitter, Internet o a los periodistas aficionados, que con sus videoteléfonos darán a conocer lo que se pretende regular. Las redes sociales tienen ya tanta o más presencia en el ánimo de la sociedad que los medios.

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