Jenaro Villamil
Tras cinco años de negociaciones infructuosas con las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para determinar la prórroga en la mayoría de los 60 títulos de concesión de la banda 2.5Ghz y después de dos años de conversaciones con la Secretaría de Hacienda para determinar el monto de la contraprestación que deberán pagar para utilizar este espectro en servicio de internet en banda ancha móvil de cuarta generación (4G), la empresa MVS y sus socios del Consorcio Concesionario (Clearwire, Alestra e Intel) decidieron dar a conocer el proyecto que contempla inversiones por más de 1 mil millones de dólares y que ha frenado el gobierno de Felipe Calderón.
“Necesitamos que el gobierno conteste, que explique: ¿por qué no ha renovado las concesiones? ¿Por qué han frenado un proyecto que permitirá abaratar el servicio de internet en banda ancha y tenerlo a una velocidad veinte veces más que los servicios que existen ahora?”, subrayó Joaquín Vargas, presidente de MVS.
En entrevista con Proceso, Vargas relató que la última negociación, en marzo de este año, fue con el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, José Antonio González Anaya, y con el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
González Anaya, economista vinculado al expresidente Carlos Salinas de Gortari y a su actual esposa Ana Paula Gerard, les indicó que no podían hacer nada, mientras Cofetel no estableciera los lineamientos técnicos. Y Cofetel no ha respondido a la serie de oficios enviados desde noviembre de 2010.
MVS propuso que para el pago de la contraprestación para permitirles usar los 190 Mhz de la banda 2.5 Ghz en servicio de cuádruple play se tomara como base el costo impuesto por Hacienda en la licitación de la banda 3.5 Ghz, más una prima adicional de 30 por ciento.
“Hacienda durante mucho tiempo insistió en que se debía licitar una parte, 50 megahertz. Nosotros le argumentamos que se necesitaban los 190 megahertz para dar una mejor cobertura y que dependiendo del volumen de suscriptores aumentáramos la prima de la contraprestación”, relata Vargas.
“Hicimos lo que nos pidieron: democratizamos la tenencia accionaria del consorcio concesionario para que ninguno pudiera tener más del 20 por ciento. Incluso, le ofrecimos al gobierno que participara. Seleccionamos a un operador autónomo para que diseñara, construya y opere la red y les ofrecimos que sería una red verdaderamente abierta, incluso para Televisa o Sky. Y ni así nos han resuelto”, resume el presidente de MVS.
La única autoridad regulatoria que se ha pronunciado a favor de este esquema es la Comisión Federal de Competencia. En un oficio del 4 de noviembre de 2010, el secretario ejecutivo del organismo, Ali B. Haddou Ruiz, admite que el despliegue de esta nueva red de banda ancha inalámbrica con cobertura nacional “puede tener un impacto favorable en las condiciones de competencia y libre concurrencia”.
La CFC observó las siguientes bondades del proyecto: promoverá el uso eficiente del espectro radioeléctrico; introducirá mayor dinamismo al sector de telecomunicaciones; garantizará el acceso no discriminatorio, la convergencia y la neutralidad de la nueva red; y evitará el acaparamiento o las reservas excesivas de capacidad.
José Antonio Abad, responsable del proyecto denominado “Banda Ancha Móvil para Todos”, aclaró en la rueda de prensa del 6 de abril que es mentira que detrás del proyecto esté Carlos Slim y Telmex. Al contrario, afirmó, este nuevo consorcio representaría una competencia para la red de banda ancha de Slim. También afirmó que “es mentira que este espectro se lo hayan regalado a MVS”. Aclaró que 16 por ciento de las concesiones fueron ganadas por asignación directa; 37 por ciento a través de licitaciones y 47 por ciento se compraron a terceros.
Consecuencias Jurídicas para el Gobierno
La inacción del gobierno federal frente al proyecto de MVS y sus socios ya provocó que la empresa norteamericana Hicks Muse Capital Partners, socia de la familia Vargas en el 23 por ciento de la explotación de la banda 2.5Ghz, ya inició un procedimiento por “daños y perjuicios” contra el gobierno de Felipe Calderón ante el retraso en el refrendo de las concesiones que detentan ambas empresas.
El abogado de MVS, Eduardo Sánchez, precisó que esta demanda se basa en el capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio donde se prevé que empresas norteamericanas puedan solicitar el arbitraje. Existe un plazo hasta diciembre de 2011 para determinar si procede o no la demanda.
También MVS está evaluando opciones jurídicas como demandar al gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no se aprueba el proyecto para la explotación de esta banda, aclaró Sánchez.
MVS también ya promovió más de 100 amparos para impedir qu el gobierno federal expropie las frecuencias que detenta en la banda 2.5Ghz. En el documento dirigido a la Comisión Federal de Competencia, MVS aclara que entre 2005 y 2009 vencieron 20 de los 60 títulos de concesión sin que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se haya pronunciado en definitiva si otorgará o no la prórroga. Los restantes 40 títulos vencen entre 2018 y 2020.
“Concretamente, MVS solicita que se le otorguen concesiones para la explotación de entre 120 Mhz y 190 Mhz en la banda de 2.5Ghz, por un plazo de 20 años, considerando una dimensión geográfica nacional”, advierte el mismo documento.
A pregunta expresa de Proceso, el abogado Eduardo Sánchez advirtió que en tanto MVS esté amparado “no hay riesgo de expropiación” por parte del gobierno federal.
Ernesto Vargas, presidente de MVS Telecomunicaciones, lamentó que “sería un tema muy triste que se desaprovecharan 4 año de negociaciones y que esperáramos hasta el próximo sexenio para que otro gobierno tomara la decisión.
El anuncio de MVS y sus socios coincidió con el nuevo flanco de la guerra en telecomunicaciones: la demanda interpuesta a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contra Grupo Dish, la empresa de televisión restringida que le ha quitado el 40 por ciento del mercado a Sky, la filial de Televisa en televisión satelital que antes controlaba el 90 por ciento del mercado y que ha tenido que abaratar sus costos ante la competencia.
Tras cinco años de negociaciones infructuosas con las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para determinar la prórroga en la mayoría de los 60 títulos de concesión de la banda 2.5Ghz y después de dos años de conversaciones con la Secretaría de Hacienda para determinar el monto de la contraprestación que deberán pagar para utilizar este espectro en servicio de internet en banda ancha móvil de cuarta generación (4G), la empresa MVS y sus socios del Consorcio Concesionario (Clearwire, Alestra e Intel) decidieron dar a conocer el proyecto que contempla inversiones por más de 1 mil millones de dólares y que ha frenado el gobierno de Felipe Calderón.
“Necesitamos que el gobierno conteste, que explique: ¿por qué no ha renovado las concesiones? ¿Por qué han frenado un proyecto que permitirá abaratar el servicio de internet en banda ancha y tenerlo a una velocidad veinte veces más que los servicios que existen ahora?”, subrayó Joaquín Vargas, presidente de MVS.
En entrevista con Proceso, Vargas relató que la última negociación, en marzo de este año, fue con el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, José Antonio González Anaya, y con el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
González Anaya, economista vinculado al expresidente Carlos Salinas de Gortari y a su actual esposa Ana Paula Gerard, les indicó que no podían hacer nada, mientras Cofetel no estableciera los lineamientos técnicos. Y Cofetel no ha respondido a la serie de oficios enviados desde noviembre de 2010.
MVS propuso que para el pago de la contraprestación para permitirles usar los 190 Mhz de la banda 2.5 Ghz en servicio de cuádruple play se tomara como base el costo impuesto por Hacienda en la licitación de la banda 3.5 Ghz, más una prima adicional de 30 por ciento.
“Hacienda durante mucho tiempo insistió en que se debía licitar una parte, 50 megahertz. Nosotros le argumentamos que se necesitaban los 190 megahertz para dar una mejor cobertura y que dependiendo del volumen de suscriptores aumentáramos la prima de la contraprestación”, relata Vargas.
“Hicimos lo que nos pidieron: democratizamos la tenencia accionaria del consorcio concesionario para que ninguno pudiera tener más del 20 por ciento. Incluso, le ofrecimos al gobierno que participara. Seleccionamos a un operador autónomo para que diseñara, construya y opere la red y les ofrecimos que sería una red verdaderamente abierta, incluso para Televisa o Sky. Y ni así nos han resuelto”, resume el presidente de MVS.
La única autoridad regulatoria que se ha pronunciado a favor de este esquema es la Comisión Federal de Competencia. En un oficio del 4 de noviembre de 2010, el secretario ejecutivo del organismo, Ali B. Haddou Ruiz, admite que el despliegue de esta nueva red de banda ancha inalámbrica con cobertura nacional “puede tener un impacto favorable en las condiciones de competencia y libre concurrencia”.
La CFC observó las siguientes bondades del proyecto: promoverá el uso eficiente del espectro radioeléctrico; introducirá mayor dinamismo al sector de telecomunicaciones; garantizará el acceso no discriminatorio, la convergencia y la neutralidad de la nueva red; y evitará el acaparamiento o las reservas excesivas de capacidad.
José Antonio Abad, responsable del proyecto denominado “Banda Ancha Móvil para Todos”, aclaró en la rueda de prensa del 6 de abril que es mentira que detrás del proyecto esté Carlos Slim y Telmex. Al contrario, afirmó, este nuevo consorcio representaría una competencia para la red de banda ancha de Slim. También afirmó que “es mentira que este espectro se lo hayan regalado a MVS”. Aclaró que 16 por ciento de las concesiones fueron ganadas por asignación directa; 37 por ciento a través de licitaciones y 47 por ciento se compraron a terceros.
Consecuencias Jurídicas para el Gobierno
La inacción del gobierno federal frente al proyecto de MVS y sus socios ya provocó que la empresa norteamericana Hicks Muse Capital Partners, socia de la familia Vargas en el 23 por ciento de la explotación de la banda 2.5Ghz, ya inició un procedimiento por “daños y perjuicios” contra el gobierno de Felipe Calderón ante el retraso en el refrendo de las concesiones que detentan ambas empresas.
El abogado de MVS, Eduardo Sánchez, precisó que esta demanda se basa en el capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio donde se prevé que empresas norteamericanas puedan solicitar el arbitraje. Existe un plazo hasta diciembre de 2011 para determinar si procede o no la demanda.
También MVS está evaluando opciones jurídicas como demandar al gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no se aprueba el proyecto para la explotación de esta banda, aclaró Sánchez.
MVS también ya promovió más de 100 amparos para impedir qu el gobierno federal expropie las frecuencias que detenta en la banda 2.5Ghz. En el documento dirigido a la Comisión Federal de Competencia, MVS aclara que entre 2005 y 2009 vencieron 20 de los 60 títulos de concesión sin que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se haya pronunciado en definitiva si otorgará o no la prórroga. Los restantes 40 títulos vencen entre 2018 y 2020.
“Concretamente, MVS solicita que se le otorguen concesiones para la explotación de entre 120 Mhz y 190 Mhz en la banda de 2.5Ghz, por un plazo de 20 años, considerando una dimensión geográfica nacional”, advierte el mismo documento.
A pregunta expresa de Proceso, el abogado Eduardo Sánchez advirtió que en tanto MVS esté amparado “no hay riesgo de expropiación” por parte del gobierno federal.
Ernesto Vargas, presidente de MVS Telecomunicaciones, lamentó que “sería un tema muy triste que se desaprovecharan 4 año de negociaciones y que esperáramos hasta el próximo sexenio para que otro gobierno tomara la decisión.
El anuncio de MVS y sus socios coincidió con el nuevo flanco de la guerra en telecomunicaciones: la demanda interpuesta a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contra Grupo Dish, la empresa de televisión restringida que le ha quitado el 40 por ciento del mercado a Sky, la filial de Televisa en televisión satelital que antes controlaba el 90 por ciento del mercado y que ha tenido que abaratar sus costos ante la competencia.
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