Verónica Sánchez / Reforma
El Estado mexicano es juzgado por ciudadanos en el Zócalo capitalino por el incendio de la Guardería ABC.
A unos días del segundo aniversario de la muerte de 49 niños, los padres de víctimas, activistas, especialistas e intelectuales recrean un juicio oral público para delimitar responsabilidades a diferentes instancias del Poder Ejecutivo, como a la Procuraduría General de la República, al Presidente de la República, a la Suprema Corte de Justicia, así como al Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Como juez funge Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; como secretaria, Margarita Campuzano, licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM; como fiscal, Mónica González, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en derechos de niños y niñas.
El jurado lo integran Lorenzo Córdova, Elena Azaola, Nasheli Ramírez, entre otros.
En tanto, como testigos de calidad se encuentran Javier Sicilia, Denisse Dresser, Sergio Aguayo, Sabina Berman, Bruno Bichir y Eduardo Gallo.
Entre las acusaciones que ha hecho la fiscal destacan que los ministros no reconocieron que el esquema de subrogación de guarderías es contrario a la Constitución, que los legisladores fueron omisos en la realización de un marco normativo que especifiquen las reglas de operación de las guarderías.
Así como que personal de la CNDH no entrevistó a los sobrevivientes, incluyendo a empleados de la guardería, por el incendio de la estancia infantil.
El Estado mexicano es juzgado por ciudadanos en el Zócalo capitalino por el incendio de la Guardería ABC.
A unos días del segundo aniversario de la muerte de 49 niños, los padres de víctimas, activistas, especialistas e intelectuales recrean un juicio oral público para delimitar responsabilidades a diferentes instancias del Poder Ejecutivo, como a la Procuraduría General de la República, al Presidente de la República, a la Suprema Corte de Justicia, así como al Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Como juez funge Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; como secretaria, Margarita Campuzano, licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM; como fiscal, Mónica González, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en derechos de niños y niñas.
El jurado lo integran Lorenzo Córdova, Elena Azaola, Nasheli Ramírez, entre otros.
En tanto, como testigos de calidad se encuentran Javier Sicilia, Denisse Dresser, Sergio Aguayo, Sabina Berman, Bruno Bichir y Eduardo Gallo.
Entre las acusaciones que ha hecho la fiscal destacan que los ministros no reconocieron que el esquema de subrogación de guarderías es contrario a la Constitución, que los legisladores fueron omisos en la realización de un marco normativo que especifiquen las reglas de operación de las guarderías.
Así como que personal de la CNDH no entrevistó a los sobrevivientes, incluyendo a empleados de la guardería, por el incendio de la estancia infantil.
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