Jorge Carrasco Araizaga
Colocado en el centro de las críticas al Estado mexicano por violar los derechos humanos, lo mismo en la guerra sucia que en la “guerra al narcotráfico”, el Ejército mexicano no respeta la dignidad ni de los suyos.
La próxima semana, un Consejo de Guerra habrá de decidir la suerte del general de brigada Ricardo Martínez Perea, quien desde 2001 cumple una pena de 15 años de prisión acusado de supuesta protección al cártel del Golfo.
Como suele ocurrir en los consejos de guerra, que se integran al arbitrio de la cúpula militar, los jueces castrenses que habrán de resolver la demanda de reconocimiento de inocencia presentada por el general Martínez Perea, tendrán dificultades para actuar con independencia y hacer justicia.
Los jueces designados por el Supremo Tribunal Militar para resolver la demanda sólo tienen dos opciones: rechazar o validar la acusación contra del último general de brigada táctico del Ejército; es decir, no Diplomado de Estado Mayor (DEM).
En términos prácticos, los jueces tendrán que decidir si echan abajo la acusación que enderezó uno de sus exjefes, el generado retirado Rafael Macedo de la Concha, quien al momento de la detención de Martínez Perea era el procurador General de la República, cargo del orden civil al que lo llevó el expresidente Vicente Fox desde la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM).
El cargo contra el general de brigada resultó del operativo en el que fue capturado Gilberto García Mena, El June, detenido a principios de 2001 en Tamaulipas, acusado de ser lugarteniente del entonces capo del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, aprehendido dos años después y extraditado a Estados Unidos en 2007.
La acusación sorprendió porque Martínez Perea había sido reconocido por la propia Secretaría de la Defensa Nacional, precisamente por su historial de incautación y detenciones de narcotraficantes. Tal vez cometió “un error”: incautar droga de quien no debía.
Macedo de la Concha lo puede saber, en tanto que él inició el proceso judicial. Fuera del servicio público en lo que va de este sexenio, ahora se le menciona como eventual secretario de Seguridad Pública o procurador de Justicia de Veracruz en el gobierno del priista Javier Duarte, quien aún debe asegurar la gubernatura en los tribunales electorales.
La presencia del exprocurador no es la única peculiaridad del proceso. Como ya es costumbre en el Ministerio Público civil y militar en los casos de delincuencia organizada, los cargos contra Martínez Perea son de oídas. A partir de ahí, las irregularidades no han dejado de acumularse.
Durante todo el proceso, que derivó en una condena de 15 años, los testigos de oídas nunca se presentaron a declarar. Como consecuencia, el general de brigada no sabe ni quiénes son sus acusadores.
Peor aún, los propios testigos ofrecidos por la PGJM –los dos policías judiciales militares responsables del informe incriminatorio contra el general de brigada– admitieron públicamente durante un Consejo de Guerra que no habían investigado para elaborar el reporte.
Una más. Los detenidos en Guardados de Abajo, Tamaulipas, donde el Ejército detuvo al June, nunca identificaron al general como supuesto protector. Todo eso lo hizo saber el general Martínez Perea el pasado miércoles al Consejo de Guerra que lo escuchó antes de emitir su fallo, programado para el próximo 8 de octubre.
En su argumentación, el general procesado lanzó también una advertencia: en la actual “guerra a las drogas” lo mismo le puede pasar a cualquiera de los generales, jefes, oficiales o tropa al ser acusados, sin pruebas, de servir al narcotráfico.
Fuera de los militares verdaderamente implicados con la delincuencia organizada, basta con que un elemento caiga de la gracia del superior, se entere de lo que no debía o en sus servicios afecte a quienes gozan de la protección. Los casos dentro del Ejército no son pocos.
Colocado en el centro de las críticas al Estado mexicano por violar los derechos humanos, lo mismo en la guerra sucia que en la “guerra al narcotráfico”, el Ejército mexicano no respeta la dignidad ni de los suyos.
La próxima semana, un Consejo de Guerra habrá de decidir la suerte del general de brigada Ricardo Martínez Perea, quien desde 2001 cumple una pena de 15 años de prisión acusado de supuesta protección al cártel del Golfo.
Como suele ocurrir en los consejos de guerra, que se integran al arbitrio de la cúpula militar, los jueces castrenses que habrán de resolver la demanda de reconocimiento de inocencia presentada por el general Martínez Perea, tendrán dificultades para actuar con independencia y hacer justicia.
Los jueces designados por el Supremo Tribunal Militar para resolver la demanda sólo tienen dos opciones: rechazar o validar la acusación contra del último general de brigada táctico del Ejército; es decir, no Diplomado de Estado Mayor (DEM).
En términos prácticos, los jueces tendrán que decidir si echan abajo la acusación que enderezó uno de sus exjefes, el generado retirado Rafael Macedo de la Concha, quien al momento de la detención de Martínez Perea era el procurador General de la República, cargo del orden civil al que lo llevó el expresidente Vicente Fox desde la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM).
El cargo contra el general de brigada resultó del operativo en el que fue capturado Gilberto García Mena, El June, detenido a principios de 2001 en Tamaulipas, acusado de ser lugarteniente del entonces capo del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, aprehendido dos años después y extraditado a Estados Unidos en 2007.
La acusación sorprendió porque Martínez Perea había sido reconocido por la propia Secretaría de la Defensa Nacional, precisamente por su historial de incautación y detenciones de narcotraficantes. Tal vez cometió “un error”: incautar droga de quien no debía.
Macedo de la Concha lo puede saber, en tanto que él inició el proceso judicial. Fuera del servicio público en lo que va de este sexenio, ahora se le menciona como eventual secretario de Seguridad Pública o procurador de Justicia de Veracruz en el gobierno del priista Javier Duarte, quien aún debe asegurar la gubernatura en los tribunales electorales.
La presencia del exprocurador no es la única peculiaridad del proceso. Como ya es costumbre en el Ministerio Público civil y militar en los casos de delincuencia organizada, los cargos contra Martínez Perea son de oídas. A partir de ahí, las irregularidades no han dejado de acumularse.
Durante todo el proceso, que derivó en una condena de 15 años, los testigos de oídas nunca se presentaron a declarar. Como consecuencia, el general de brigada no sabe ni quiénes son sus acusadores.
Peor aún, los propios testigos ofrecidos por la PGJM –los dos policías judiciales militares responsables del informe incriminatorio contra el general de brigada– admitieron públicamente durante un Consejo de Guerra que no habían investigado para elaborar el reporte.
Una más. Los detenidos en Guardados de Abajo, Tamaulipas, donde el Ejército detuvo al June, nunca identificaron al general como supuesto protector. Todo eso lo hizo saber el general Martínez Perea el pasado miércoles al Consejo de Guerra que lo escuchó antes de emitir su fallo, programado para el próximo 8 de octubre.
En su argumentación, el general procesado lanzó también una advertencia: en la actual “guerra a las drogas” lo mismo le puede pasar a cualquiera de los generales, jefes, oficiales o tropa al ser acusados, sin pruebas, de servir al narcotráfico.
Fuera de los militares verdaderamente implicados con la delincuencia organizada, basta con que un elemento caiga de la gracia del superior, se entere de lo que no debía o en sus servicios afecte a quienes gozan de la protección. Los casos dentro del Ejército no son pocos.
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