Jenaro Villamil
A pesar de la existencia de 62 solicitudes para adquirir frecuencias en televisión abierta, a nivel nacional o regional, en los últimos diez años y del interés de 13 grupos de inversionistas por el nuevo proyecto de una tercera cadena de televisión abierta, en tecnología digital, cuatro de los cinco comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones decidieron postergar una vez más la votación a favor del programa de concesionamiento de frecuencias.
La decisión de los comisionados Ernesto Gil Elorduy, Gonzalo Martínez Pous, Alexis Milo Caraza y José Luis Peralta Higuera, generó una nueva disputa al interior del órgano regulador, ya que acusaron al presidente de Cofetel, Mony de Swaan, en un comunicado distribuido de manera extraoficial de haber “falseado” el contenido del pleno del miércoles 25 de enero.
Sin embargo, reiteraron que es necesario tomar esta decisión en acciones coordinadas tanto al interior de la Cofetel, como con “otros poderes de la Unión”, sin especificar cuál es su posición frente al programa de licitación ni el tiempo en que deben tomarse estas medida.
El comunicado oficial de Cofetel afirma que el pleno del organismo decidió “aplazar la votación del proyecto y que el mismo no sea integrado en la agenda de futuras sesiones del pleno hasta considerar que han quedado atendidos elementos que están fuera del ámbito de competencia de esta comisión”.
Ni el boletín oficial ni la posición de los cuatro comisionados que votaron en contra aclaran cuáles son los “elementos fuera del ámbito” de competencia de Cofetel.
Sin embargo Mony de Swaan, en entrevista con Proceso, admite que existen “presiones” en contra de Cofetel y específicamente señala a Javier Tejado Dondé, director de Información de Grupo Televisa, como artífice de las acusaciones en su contra por presunta corrupción al haber entregado dos contratos por 90 mil y 120 mil dólares para beneficiar a Pablo Héctor Ojeda y Peter Bauer, amigos del comisionado presidente de Cofetel.
“No importan cuántas veces Javier Tejado me llame corrupto sin tener ninguna prueba en la mano, si no hay ningún tribunal que lo haya determinado.
-¿Identifica usted a Tejado como principal artífice de las presiones?
-Acaba de acusarme en los medios de corrupto. Ahora resulta que ya no sólo es representante de un regulado sino que es juez.
-¿Forma parte de las presiones que ha recibido el órgano regulador?
-Tejado, sí, por supuesto.
-¿Es por el tema de la tercera cadena de televisión?
-Hay una curiosa coincidencia entre las acusaciones en mi contra y el proyecto de aprobar la tercera cadena de televisión.
-¿Explícitamente alguna de las dos televisoras privadas le han dicho que tienen problema con la licitación de una tercera cadena?
-Al contrario. En una reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes (Dionisio Pérez Jácome), uno de los representantes de esos dos grupos dijo que no tenía problema con esa licitación. En privado, han dicho que no tienen problema alguno.
“Ahora, poco me importaría lo que dijeran. No guío mi decisión en base a lo que digan los regulados. Los escucho, eso es cierto, pero no guío mis decisiones. Como ha mencionado, Eduardo Pérez Motta (presidente de la Comisión Federal de Competencia), las presiones se sienten en todo siempre”, abundó De Swaan.
Impasse de Fusión Iusacell-Televisa
La suspensión del Programa de Concesionamiento de Frecuencias para Servicios de Televisión Abierta en la Cofetel coincidió con el impasse que se produjo a partir del martes 24 de enero en la Comisión Federal de Competencia, el otro organismo regulador, cuyo presidente Eduardo Pérez Motta también ha estado bajo la presión de representantes de las dos televisoras.
Los cinco integrantes de la Comisión Federal de Competencia resolvieron la solicitud de concentración entre Grupo Iusacell y Grupo Televisa, pero decidieron dar a conocer el resultado de esta decisión 15 días después, “a más tardar el 7 de febrero”, argumentando el contenido del artículo 31-Bis de la Ley Federal de Competencia.
“Por mandato del último párrafo del artículo 31-Bis… la Comisión y todos sus funcionarios están imposibilitados de pronunciarse públicamente sobre el expediente hasta que la resolución del pleno se notifique a los agentes económicos involucrados”, advirtió el comunicado de prensa.
La ausencia de una versión oficial sobre el resultado del voto en torno a la concentración generó dos versiones encontradas: por un lado, que se rechazó por 3 votos contra 2 la operación por un monto de poco más de 1,600 millones de dólares que convertiría a Grupo Televisa en propietario del 50 por ciento de Grupo Iusacell, propiedad de Grupo Salinas, accionista de TV Azteca; por otro lado, se ventiló la versión de que se aceptaría la fusión siempre y cuando se cumplan varias condiciones que garanticen la competencia en los mercados de la televisión abierta y del triple y cuádruple play, es decir, los servicios convergentes de audio, video y telefonía móvil y fija.
Una versión, difundida por The Wall Street Journal, citó a “un alto ejecutivo de Televisa en la cual advierte que una decisión de la CFC contra la alianza “podría amenazar el futuro de Iusacell, que tiene sólo el 4 por ciento del mercado de telefonía móvil y necesitaría de la inyección de los mil 600 millones de dólares ofrecidos por Televisa para sobrevivir y hacer competitivo el sector de telefonía móvil”.
Por lo pronto, la incertidumbre frente a esta decisión provocó que en los tres días siguientes las acciones de Grupo Televisa en la Bolsa Mexicana de Valores disminuyeran 8 por ciento, en los días posteriores a la decisión del 25 de enero.
Distintos analistas financieros, consultados por Proceso, advirtieron que esta disminución en el valor de las acciones es resultado de que la decisión de la CFC, en cualquiera de los dos escenarios, implica condicionamientos, a pesar de las presiones ejercidas por las televisoras para que se aprobara sin afectación para sus intereses en los mercados de distribución de contenidos, de publicidad o de su dominio en televisión restringida.
Para el analista Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom, el argumento más débil a favor de la operación es que generaría competencia en telefonía móvil y que no tendría relación alguna con otros segmentos donde Televisa y TV Azteca participan, como es la televisión.
“Nadie se opone a que Televisa incursione en la telefonía móvil y complete su convergencia tecnológica. Sin embargo, por elemental concentración no sólo no puede sino que debiera prohibirse la alianza con el único competidor en televisión digital. De autorizarse la operación, México sería el único país en el mundo en el cual dos empresas de contenido audiovisual, que además concentran 88 por ciento de las concesiones de tv abierta, se articularían”, afirmó en un análisis previo a la sesión del 24 de enero en el pleno de la CFC.
Calderón y su Unica Cadena
Para ninguno de los integrantes de los organismos reguladores (CFC y Cofetel) pasó desapercibido que en vísperas de las dos decisiones más importantes en este sector, durante este sexenio, el primer mandatario Felipe Calderón visitara las instalaciones de Televisa San Angel, el 18 de enero pasado.
Un escueto boletín de la presidencia de la República confirmó que “intercambiaron puntos de vista sobre la situación nacional” y que fue acompañado por la Coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República y Vocera del Gobierno Federal, Alejandra Sota Mirafuentes.
Ni el primer mandatario ni Sota Mirafuentes han externado ninguna posición frente a las presiones recibidas por los dos organismos reguladores, ni ante la decisión de licitar o no una tercera cadena de televisión abierta.
A lo largo de su sexenio se ventilaron varias posibilidades, pero ninguna se concretó. El esfuerzo más visible fue el de la trasnacional norteamericana General Electric, propietaria del holding de medios NBC-Universal-Telemundo, que anunció en 2006 su sociedad con el empresario mexicano Isaac Saba para formar la empresa Palmas 26.
El 15 de diciembre de ese año, una campaña de linchamiento en las pantallas de Televisa y de TV Azteca, en contra de Isaac Saba y de sus empresas de distribución farmacéutica, inhibieron a este empresario para continuar con el proyecto, en sociedad con Telemundo.
En marzo de 2008 los empresarios de Telemundo decidieron aliarse a Televisa. Firmaron un acuerdo para transmitir, desde abril de se año, 19 horas de programación en el Canal 9, propiedad también de Azcárraga Jean.
En febrero de 2008, Alejandro Burillo Azcárraga, primo del actual presidente de Televisa, solicitó ante la Cofetel la posibilidad de tener una frecuencia de televisión abierta, a través de Grupo Pegaso.
En enero de 2011, Proceso revela en su edición 1783 que existe un proyecto para licitar este año dos cadenas de televisión abierta, en tecnología digital, que alcanzarían a cubrir el 95 y 80 por ciento de la población nacional.
“Es congruente con lo dicho por el presidente Calderón el pasado 2 de septiembre cuando se publicó el decreto de Televisión Digital Terrestre, pero también con lo anunciado por la propia Cofetel, el 14 de julio de 2010, cuando presentamos nuestra agenda de trabajo”, afirmó De Swaan.
El entonces comisionado de Cofetel, Rafael del Villar, pronosticó que en agosto de 2011 se darían a conocer los detalles de la licitación. El comisionado Gonzalo Martínez Pous afirmó que le parecía “aventurado” hablar de dos cadenas nacionales.
El 5 de octubre de 2011 la Cofetel presentó el estudio de capacidad espectral para la licitación de una tercera cadena. A sugerencia del comisionado Martínez Pous se aprueba y se realiza una consulta pública sobre esta posibilidad, en diciembre del mismo año. La consulta, no vinculante, arroja una mayoría de 90 por ciento de consultados a favor de la licitación de una tercera cadena.
El 11 de enero de 2012 el pleno de Cofetel conoció informalmente el Programa de Concesionamiento de Frecuencias para servicios de Televisión Abierta y el 18 de enero fue enlistado para su discusión. En esa sesión, se incorporaron comentarios de forma, no de fondo, de dos comisionados. El único que expresó abiertamente su posición en contra de esta licitación fue José Luis Peralta. A su vez, el comisionado Alexis Milo Caraza expresó dudas de si se trataría de una cadena nacional o regional.
En la sesión del 25 de enero, la mayoría de comisionados estuvo de acuerdo en aplazar la aprobación del proyecto de concesión de una tercera cadena por “razones ajenas a la Cofetel”.
Hasta ahora, se desconocen cuáles son exactamente esas “razones ajenas”.
A pesar de la existencia de 62 solicitudes para adquirir frecuencias en televisión abierta, a nivel nacional o regional, en los últimos diez años y del interés de 13 grupos de inversionistas por el nuevo proyecto de una tercera cadena de televisión abierta, en tecnología digital, cuatro de los cinco comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones decidieron postergar una vez más la votación a favor del programa de concesionamiento de frecuencias.
La decisión de los comisionados Ernesto Gil Elorduy, Gonzalo Martínez Pous, Alexis Milo Caraza y José Luis Peralta Higuera, generó una nueva disputa al interior del órgano regulador, ya que acusaron al presidente de Cofetel, Mony de Swaan, en un comunicado distribuido de manera extraoficial de haber “falseado” el contenido del pleno del miércoles 25 de enero.
Sin embargo, reiteraron que es necesario tomar esta decisión en acciones coordinadas tanto al interior de la Cofetel, como con “otros poderes de la Unión”, sin especificar cuál es su posición frente al programa de licitación ni el tiempo en que deben tomarse estas medida.
El comunicado oficial de Cofetel afirma que el pleno del organismo decidió “aplazar la votación del proyecto y que el mismo no sea integrado en la agenda de futuras sesiones del pleno hasta considerar que han quedado atendidos elementos que están fuera del ámbito de competencia de esta comisión”.
Ni el boletín oficial ni la posición de los cuatro comisionados que votaron en contra aclaran cuáles son los “elementos fuera del ámbito” de competencia de Cofetel.
Sin embargo Mony de Swaan, en entrevista con Proceso, admite que existen “presiones” en contra de Cofetel y específicamente señala a Javier Tejado Dondé, director de Información de Grupo Televisa, como artífice de las acusaciones en su contra por presunta corrupción al haber entregado dos contratos por 90 mil y 120 mil dólares para beneficiar a Pablo Héctor Ojeda y Peter Bauer, amigos del comisionado presidente de Cofetel.
“No importan cuántas veces Javier Tejado me llame corrupto sin tener ninguna prueba en la mano, si no hay ningún tribunal que lo haya determinado.
-¿Identifica usted a Tejado como principal artífice de las presiones?
-Acaba de acusarme en los medios de corrupto. Ahora resulta que ya no sólo es representante de un regulado sino que es juez.
-¿Forma parte de las presiones que ha recibido el órgano regulador?
-Tejado, sí, por supuesto.
-¿Es por el tema de la tercera cadena de televisión?
-Hay una curiosa coincidencia entre las acusaciones en mi contra y el proyecto de aprobar la tercera cadena de televisión.
-¿Explícitamente alguna de las dos televisoras privadas le han dicho que tienen problema con la licitación de una tercera cadena?
-Al contrario. En una reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes (Dionisio Pérez Jácome), uno de los representantes de esos dos grupos dijo que no tenía problema con esa licitación. En privado, han dicho que no tienen problema alguno.
“Ahora, poco me importaría lo que dijeran. No guío mi decisión en base a lo que digan los regulados. Los escucho, eso es cierto, pero no guío mis decisiones. Como ha mencionado, Eduardo Pérez Motta (presidente de la Comisión Federal de Competencia), las presiones se sienten en todo siempre”, abundó De Swaan.
Impasse de Fusión Iusacell-Televisa
La suspensión del Programa de Concesionamiento de Frecuencias para Servicios de Televisión Abierta en la Cofetel coincidió con el impasse que se produjo a partir del martes 24 de enero en la Comisión Federal de Competencia, el otro organismo regulador, cuyo presidente Eduardo Pérez Motta también ha estado bajo la presión de representantes de las dos televisoras.
Los cinco integrantes de la Comisión Federal de Competencia resolvieron la solicitud de concentración entre Grupo Iusacell y Grupo Televisa, pero decidieron dar a conocer el resultado de esta decisión 15 días después, “a más tardar el 7 de febrero”, argumentando el contenido del artículo 31-Bis de la Ley Federal de Competencia.
“Por mandato del último párrafo del artículo 31-Bis… la Comisión y todos sus funcionarios están imposibilitados de pronunciarse públicamente sobre el expediente hasta que la resolución del pleno se notifique a los agentes económicos involucrados”, advirtió el comunicado de prensa.
La ausencia de una versión oficial sobre el resultado del voto en torno a la concentración generó dos versiones encontradas: por un lado, que se rechazó por 3 votos contra 2 la operación por un monto de poco más de 1,600 millones de dólares que convertiría a Grupo Televisa en propietario del 50 por ciento de Grupo Iusacell, propiedad de Grupo Salinas, accionista de TV Azteca; por otro lado, se ventiló la versión de que se aceptaría la fusión siempre y cuando se cumplan varias condiciones que garanticen la competencia en los mercados de la televisión abierta y del triple y cuádruple play, es decir, los servicios convergentes de audio, video y telefonía móvil y fija.
Una versión, difundida por The Wall Street Journal, citó a “un alto ejecutivo de Televisa en la cual advierte que una decisión de la CFC contra la alianza “podría amenazar el futuro de Iusacell, que tiene sólo el 4 por ciento del mercado de telefonía móvil y necesitaría de la inyección de los mil 600 millones de dólares ofrecidos por Televisa para sobrevivir y hacer competitivo el sector de telefonía móvil”.
Por lo pronto, la incertidumbre frente a esta decisión provocó que en los tres días siguientes las acciones de Grupo Televisa en la Bolsa Mexicana de Valores disminuyeran 8 por ciento, en los días posteriores a la decisión del 25 de enero.
Distintos analistas financieros, consultados por Proceso, advirtieron que esta disminución en el valor de las acciones es resultado de que la decisión de la CFC, en cualquiera de los dos escenarios, implica condicionamientos, a pesar de las presiones ejercidas por las televisoras para que se aprobara sin afectación para sus intereses en los mercados de distribución de contenidos, de publicidad o de su dominio en televisión restringida.
Para el analista Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom, el argumento más débil a favor de la operación es que generaría competencia en telefonía móvil y que no tendría relación alguna con otros segmentos donde Televisa y TV Azteca participan, como es la televisión.
“Nadie se opone a que Televisa incursione en la telefonía móvil y complete su convergencia tecnológica. Sin embargo, por elemental concentración no sólo no puede sino que debiera prohibirse la alianza con el único competidor en televisión digital. De autorizarse la operación, México sería el único país en el mundo en el cual dos empresas de contenido audiovisual, que además concentran 88 por ciento de las concesiones de tv abierta, se articularían”, afirmó en un análisis previo a la sesión del 24 de enero en el pleno de la CFC.
Calderón y su Unica Cadena
Para ninguno de los integrantes de los organismos reguladores (CFC y Cofetel) pasó desapercibido que en vísperas de las dos decisiones más importantes en este sector, durante este sexenio, el primer mandatario Felipe Calderón visitara las instalaciones de Televisa San Angel, el 18 de enero pasado.
Un escueto boletín de la presidencia de la República confirmó que “intercambiaron puntos de vista sobre la situación nacional” y que fue acompañado por la Coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República y Vocera del Gobierno Federal, Alejandra Sota Mirafuentes.
Ni el primer mandatario ni Sota Mirafuentes han externado ninguna posición frente a las presiones recibidas por los dos organismos reguladores, ni ante la decisión de licitar o no una tercera cadena de televisión abierta.
A lo largo de su sexenio se ventilaron varias posibilidades, pero ninguna se concretó. El esfuerzo más visible fue el de la trasnacional norteamericana General Electric, propietaria del holding de medios NBC-Universal-Telemundo, que anunció en 2006 su sociedad con el empresario mexicano Isaac Saba para formar la empresa Palmas 26.
El 15 de diciembre de ese año, una campaña de linchamiento en las pantallas de Televisa y de TV Azteca, en contra de Isaac Saba y de sus empresas de distribución farmacéutica, inhibieron a este empresario para continuar con el proyecto, en sociedad con Telemundo.
En marzo de 2008 los empresarios de Telemundo decidieron aliarse a Televisa. Firmaron un acuerdo para transmitir, desde abril de se año, 19 horas de programación en el Canal 9, propiedad también de Azcárraga Jean.
En febrero de 2008, Alejandro Burillo Azcárraga, primo del actual presidente de Televisa, solicitó ante la Cofetel la posibilidad de tener una frecuencia de televisión abierta, a través de Grupo Pegaso.
En enero de 2011, Proceso revela en su edición 1783 que existe un proyecto para licitar este año dos cadenas de televisión abierta, en tecnología digital, que alcanzarían a cubrir el 95 y 80 por ciento de la población nacional.
“Es congruente con lo dicho por el presidente Calderón el pasado 2 de septiembre cuando se publicó el decreto de Televisión Digital Terrestre, pero también con lo anunciado por la propia Cofetel, el 14 de julio de 2010, cuando presentamos nuestra agenda de trabajo”, afirmó De Swaan.
El entonces comisionado de Cofetel, Rafael del Villar, pronosticó que en agosto de 2011 se darían a conocer los detalles de la licitación. El comisionado Gonzalo Martínez Pous afirmó que le parecía “aventurado” hablar de dos cadenas nacionales.
El 5 de octubre de 2011 la Cofetel presentó el estudio de capacidad espectral para la licitación de una tercera cadena. A sugerencia del comisionado Martínez Pous se aprueba y se realiza una consulta pública sobre esta posibilidad, en diciembre del mismo año. La consulta, no vinculante, arroja una mayoría de 90 por ciento de consultados a favor de la licitación de una tercera cadena.
El 11 de enero de 2012 el pleno de Cofetel conoció informalmente el Programa de Concesionamiento de Frecuencias para servicios de Televisión Abierta y el 18 de enero fue enlistado para su discusión. En esa sesión, se incorporaron comentarios de forma, no de fondo, de dos comisionados. El único que expresó abiertamente su posición en contra de esta licitación fue José Luis Peralta. A su vez, el comisionado Alexis Milo Caraza expresó dudas de si se trataría de una cadena nacional o regional.
En la sesión del 25 de enero, la mayoría de comisionados estuvo de acuerdo en aplazar la aprobación del proyecto de concesión de una tercera cadena por “razones ajenas a la Cofetel”.
Hasta ahora, se desconocen cuáles son exactamente esas “razones ajenas”.
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