Arnaldo Córdova
La derecha mexicana está exultante porque considera ya un hecho la aprobación definitiva de la reforma laboral de Calderón y Peña Nieto. Aprobada no sin incidentes en la Cámara de Diputados, ahora espera que se apruebe sin más en el Senado, donde el PRI goza de una mayoría aplastante y, junto con sus aliados, inclusive de una mayoría absoluta. Podría ser que no pasaran los enjuagues que se hicieron entre priístas y panistas en la Cámara baja en torno a la fiscalización de las finanzas de los sindicatos y a la adopción del voto secreto en las votaciones de las asambleas sindicales. Los panistas, en este punto, no son de fiar y pueden reproducir los mismos acuerdos vergonzantes de los que ahora se quejan y que antes hasta festinaron.
Lo que más sorprende de la actitud de la derecha es su persistencia en justificar lo injustificable, vale decir, que la reforma buscó en todo momento someter a los trabajadores a la más abyecta explotación y a su división hasta hacer desaparecer sus derechos colectivos. En un desplegado que se publicó el 29 de septiembre en todos los periódicos, el gobierno panista se defiende de las acusaciones en el sentido de que la iniciativa de reforma afecta la estabilidad en el empleo, impide que los trabajadores generen antigüedad en el mismo, afecta el derecho de huelga, limita el pago de salarios caídos, legaliza la subcontratación y violenta la vida interna de los sindicatos.
