Gobierno de México, irresponsable para ejercer recursos económicos · Parte 1
sábado, agosto 22, 2009
El caso Acteal
Alejandro Manrique Soto / Rebelion
El trato que el gobierno mexicano dio al caso de Acteal a través de las instituciones que, supuestamente, están ahí para impartir justicia a todos los mexicanos, deja ver con claridad y en forma completa, es decir, de principio a fin, una forma de proceder del Estado en la planeación, ejecución y desenlace de una ofensiva táctica-contrainsurgente.
El caso de Acteal tiene que verse como un todo inserto en el contexto político de la época en que ocurrieron los hechos. Todos y cada uno de ellos estuvieron considerados dentro de un plan desde el principio. Cada pieza cuadra a la perfección.
Desde el permanente y sistemático hostigamiento a las diversas comunidades que directa, o indirectamente, por simpatía o identificación apoyaban al EZLN, o en su caso coincidían con sus demandas en la defensa de los pueblos indios de Chiapas, hasta el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para liberar a los paramilitares que ejecutaron la acción multihomicida, pasando, claro está, por la planeación, diseño y dirección de la masacre desde las altas esferas del poder. La selección del lugar y del grupo de asesinos, el estudio de las condiciones generales de la localidad, las relaciones al interior de la comunidad, el impacto directo en la región, así como el impacto que tendría en la opinión nacional e internacional a través de los medios, fueron estudiadas de manera meticulosa.
Dentro de esta iniciativa se encuentra la planeación logística del hecho: la distribución de las armas a los paramilitares, su entrenamiento, financiamiento y protección frente a las autoridades correspondientes, desde las federales, pasando por las estatales hasta las municipales y locales. Se trataba de otorgarles todas las facilidades y la protección necesarias para llevar a cabo su cometido.
Pero la cosa no para ahí. El cálculo dentro del plan contrainsurgente tenía que ir más allá. El día de la masacre se planificó, dentro de un esquema de guerra de baja intensidad, desde la cúpula del poder en México, así tenía que ser, así lo dictaba el plan.
El hecho de que, a pesar de los múltiples llamados que se hicieron días antes de la matanza, advirtiendo sobre la posibilidad de un ataque a la comunidad de Acteal, las autoridades no hicieron nada, da cuenta de que todo caminó conforme al plan establecido… así tenía que ser.
Y peor aún, el día de la masacre, la autoridad estatal se enteró abiertamente de lo que ocurría, lo mismo que el gobierno federal por supuesto, y por otro lado, un grupo de policías locales que se encontraban cerca del lugar vio lo que estaba ocurriendo y tampoco hizo nada. El plan maestro dictaba sus órdenes… así tenía que ser.
Los acontecimientos que se sucedieron después, el mismo día de la matanza y al día siguiente, también estaban planificados: cambiar la escena del crimen con la intención de confundir a quienes llegarían a investigar los hechos, las autoridades locales y estatales y la prensa nacional e internacional, de esta manera la segunda parte del plan daba inicio.
Ante el impacto que los acontecimientos tuvieron en la opinión pública mundial y frente a la presión que sobre el gobierno del entonces presidente Zedillo se ejerció, tuvieron que adaptar su plan, lo cual seguramente tenían contemplado: implementar el plan “b”, o realizar los ajustes necesarios que se requerían sobre la marcha. La acción que realizaron entonces fue la de hacer redadas para atrapar a los posibles culpables como fuera.
En la acción de detener y encarcelar a los culpables “como fuera” se encuentra oculta la tercera parte del plan: la integración irregular de los expedientes los cuales contienen una serie de errores los cuales servirían posteriormente en la defensa de los asesinos.
De esta manera se preparaba el terreno para que, en el futuro, entrara en acción un grupo de intelectuales seleccionado previamente a modo y que se pudiera manipular y prestar para que, diez años después, hicieran el papel de voceros y defensores de los asesinos de Acteal y desempeñaran una acérrima batalla por su liberación, fueran o no culpables.
El nada honroso papel de defender asesinos de indígenas lo encabezó un grupo de abogados del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) como institución y un grupo de intelectuales lidereado por el periodista Héctor Aguilar Camín.
Esta acción se vinculó finalmente con el último eslabón de la cadena, la cuarta parte del plan sin la cual no estaría completo: la resolución de los magistrados de la SCJN quienes tomaron la estafeta con todos los elementos ya preparados y listos para cerrar el círculo de la impunidad al dar el fallo de la liberación de los asesinos.
El objetivo de esta táctica contrainsurgente fue clara: imponer un castigo ejemplar a quienes osaron rebelarse contra la gran alianza del poder, para que todos aquellos que intenten hacer lo mismo, sobre todo si son indígenas, vean lo que les ocurrirá: serán asesinados por un grupo paramilitar creado, armado, subvencionado y protegido por los grupos poderosos del país, y cuando sus deudos vayan a exigir justicia no solo no la encontrarán, sino que serán humillados y violentados en sus derechos fundamentales de justicia y dignidad, y de pilón, con el tiempo se liberará a los asesinos de su pueblo. “No, ni lo piensen, mejor continúen aceptando las condiciones en las que han vivido desde épocas remotas, contra nosotros no podrán.”
Este plan, finalmente es parte integrante de una estrategia contrainsurgente enfocada al debilitamiento moral de la población que en su momento apoyó y continúa apoyando al movimiento indígena encabezado por el EZLN.
Así, en una farsa de cuatro actos la alianza formada por el Estado mexicano, los oligarcas del poder, los terratenientes de la región en conflicto, los militares apostados en la zona zapatista, los medios de comunicación cómplices y aliados del poder y el tristemente célebre grupo de intelectuales que seguramente obtuvo su parte del botín, nos quieren vender la idea de que se ha hecho justicia en el caso de Acteal y que las instituciones que deben resguardar el orden legal y constitucional a través del máximo tribunal de la nación la SCJN han hecho bien su tarea, pero no toman en cuenta que el pueblo de México ya no se cree tan fácilmente esos cuentos.
El trato que el gobierno mexicano dio al caso de Acteal a través de las instituciones que, supuestamente, están ahí para impartir justicia a todos los mexicanos, deja ver con claridad y en forma completa, es decir, de principio a fin, una forma de proceder del Estado en la planeación, ejecución y desenlace de una ofensiva táctica-contrainsurgente.
El caso de Acteal tiene que verse como un todo inserto en el contexto político de la época en que ocurrieron los hechos. Todos y cada uno de ellos estuvieron considerados dentro de un plan desde el principio. Cada pieza cuadra a la perfección.
Desde el permanente y sistemático hostigamiento a las diversas comunidades que directa, o indirectamente, por simpatía o identificación apoyaban al EZLN, o en su caso coincidían con sus demandas en la defensa de los pueblos indios de Chiapas, hasta el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para liberar a los paramilitares que ejecutaron la acción multihomicida, pasando, claro está, por la planeación, diseño y dirección de la masacre desde las altas esferas del poder. La selección del lugar y del grupo de asesinos, el estudio de las condiciones generales de la localidad, las relaciones al interior de la comunidad, el impacto directo en la región, así como el impacto que tendría en la opinión nacional e internacional a través de los medios, fueron estudiadas de manera meticulosa.
Dentro de esta iniciativa se encuentra la planeación logística del hecho: la distribución de las armas a los paramilitares, su entrenamiento, financiamiento y protección frente a las autoridades correspondientes, desde las federales, pasando por las estatales hasta las municipales y locales. Se trataba de otorgarles todas las facilidades y la protección necesarias para llevar a cabo su cometido.
Pero la cosa no para ahí. El cálculo dentro del plan contrainsurgente tenía que ir más allá. El día de la masacre se planificó, dentro de un esquema de guerra de baja intensidad, desde la cúpula del poder en México, así tenía que ser, así lo dictaba el plan.
El hecho de que, a pesar de los múltiples llamados que se hicieron días antes de la matanza, advirtiendo sobre la posibilidad de un ataque a la comunidad de Acteal, las autoridades no hicieron nada, da cuenta de que todo caminó conforme al plan establecido… así tenía que ser.
Y peor aún, el día de la masacre, la autoridad estatal se enteró abiertamente de lo que ocurría, lo mismo que el gobierno federal por supuesto, y por otro lado, un grupo de policías locales que se encontraban cerca del lugar vio lo que estaba ocurriendo y tampoco hizo nada. El plan maestro dictaba sus órdenes… así tenía que ser.
Los acontecimientos que se sucedieron después, el mismo día de la matanza y al día siguiente, también estaban planificados: cambiar la escena del crimen con la intención de confundir a quienes llegarían a investigar los hechos, las autoridades locales y estatales y la prensa nacional e internacional, de esta manera la segunda parte del plan daba inicio.
Ante el impacto que los acontecimientos tuvieron en la opinión pública mundial y frente a la presión que sobre el gobierno del entonces presidente Zedillo se ejerció, tuvieron que adaptar su plan, lo cual seguramente tenían contemplado: implementar el plan “b”, o realizar los ajustes necesarios que se requerían sobre la marcha. La acción que realizaron entonces fue la de hacer redadas para atrapar a los posibles culpables como fuera.
En la acción de detener y encarcelar a los culpables “como fuera” se encuentra oculta la tercera parte del plan: la integración irregular de los expedientes los cuales contienen una serie de errores los cuales servirían posteriormente en la defensa de los asesinos.
De esta manera se preparaba el terreno para que, en el futuro, entrara en acción un grupo de intelectuales seleccionado previamente a modo y que se pudiera manipular y prestar para que, diez años después, hicieran el papel de voceros y defensores de los asesinos de Acteal y desempeñaran una acérrima batalla por su liberación, fueran o no culpables.
El nada honroso papel de defender asesinos de indígenas lo encabezó un grupo de abogados del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) como institución y un grupo de intelectuales lidereado por el periodista Héctor Aguilar Camín.
Esta acción se vinculó finalmente con el último eslabón de la cadena, la cuarta parte del plan sin la cual no estaría completo: la resolución de los magistrados de la SCJN quienes tomaron la estafeta con todos los elementos ya preparados y listos para cerrar el círculo de la impunidad al dar el fallo de la liberación de los asesinos.
El objetivo de esta táctica contrainsurgente fue clara: imponer un castigo ejemplar a quienes osaron rebelarse contra la gran alianza del poder, para que todos aquellos que intenten hacer lo mismo, sobre todo si son indígenas, vean lo que les ocurrirá: serán asesinados por un grupo paramilitar creado, armado, subvencionado y protegido por los grupos poderosos del país, y cuando sus deudos vayan a exigir justicia no solo no la encontrarán, sino que serán humillados y violentados en sus derechos fundamentales de justicia y dignidad, y de pilón, con el tiempo se liberará a los asesinos de su pueblo. “No, ni lo piensen, mejor continúen aceptando las condiciones en las que han vivido desde épocas remotas, contra nosotros no podrán.”
Este plan, finalmente es parte integrante de una estrategia contrainsurgente enfocada al debilitamiento moral de la población que en su momento apoyó y continúa apoyando al movimiento indígena encabezado por el EZLN.
Así, en una farsa de cuatro actos la alianza formada por el Estado mexicano, los oligarcas del poder, los terratenientes de la región en conflicto, los militares apostados en la zona zapatista, los medios de comunicación cómplices y aliados del poder y el tristemente célebre grupo de intelectuales que seguramente obtuvo su parte del botín, nos quieren vender la idea de que se ha hecho justicia en el caso de Acteal y que las instituciones que deben resguardar el orden legal y constitucional a través del máximo tribunal de la nación la SCJN han hecho bien su tarea, pero no toman en cuenta que el pueblo de México ya no se cree tan fácilmente esos cuentos.
Cisen, con todo el poder
Publica el gobierno el Programa de Seguridad Nacional, que centraliza en el presidente la toma de decisiones y toda la información al Cisen
Lydiette Carrión / El Periódico
El Programa de Seguridad Nacional, que entra en vigor este jueves, centraliza en la figura del Presidente de la República la toma de decisiones en torno a los asuntos que inciden en la Seguridad Nacional.
También centraliza en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) toda la información generada por distintas instancias, y considera al crimen organizado, al terrorismo y a los grupos guerrilleros como amenazas para la seguridad nacional.
El programa, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, establece que toda la información generada por los órganos de inteligencia policiaca y militar del Estado y que forman parte del Sistema de Seguridad Nacional estarán concentradas en el Cisen.
Además, por primera vez en México se establece una agenda de amenazas de seguridad que incluye: narcotráfico, crimen organizado, guerrillas, terrorismo y seguridad fronteriza.
El documento instruye la creación del Consejo de Seguridad Nacional, formado por elementos de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, principalmente, así como la formación de una Comisión Bicameral para dar seguimiento al programa.
La delincuencia organizada es la primera amenaza. “El factor esencial de todas las expresiones de la delincuencia organizada es su alta capacidad económica, que le permite penetrar las instituciones públicas y la estructura social” y aclara que la principal expresión del crimen organizado es el narcotráfico.
De los grupos armados o guerrilleros, señala: “la defensa de las ideas por la vía de las armas es una acción que quebranta el orden constitucional” y aunque México no ha sido escenario de un ataque terrorista, la considera como una amenaza.
“Esta amenaza se potencia por factores geopolíticos, como la vecindad con Estados Unidos de América y Canadá”.
También se enumeran los “riesgos”: conflictos políticos y sociales, en el que se establece que “si desbordan los cauces de las instituciones democráticas hacia expresiones violentas, el Estado cuenta con un marco legal para atender estas situaciones extremas”.
Ésta es la primera ocasión en la historia en que un gobierno da a conocer a la sociedad, de manera pública y abierta, un documento de esta naturaleza.
Lydiette Carrión / El Periódico
El Programa de Seguridad Nacional, que entra en vigor este jueves, centraliza en la figura del Presidente de la República la toma de decisiones en torno a los asuntos que inciden en la Seguridad Nacional.
También centraliza en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) toda la información generada por distintas instancias, y considera al crimen organizado, al terrorismo y a los grupos guerrilleros como amenazas para la seguridad nacional.
El programa, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, establece que toda la información generada por los órganos de inteligencia policiaca y militar del Estado y que forman parte del Sistema de Seguridad Nacional estarán concentradas en el Cisen.
Además, por primera vez en México se establece una agenda de amenazas de seguridad que incluye: narcotráfico, crimen organizado, guerrillas, terrorismo y seguridad fronteriza.
El documento instruye la creación del Consejo de Seguridad Nacional, formado por elementos de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, principalmente, así como la formación de una Comisión Bicameral para dar seguimiento al programa.
La delincuencia organizada es la primera amenaza. “El factor esencial de todas las expresiones de la delincuencia organizada es su alta capacidad económica, que le permite penetrar las instituciones públicas y la estructura social” y aclara que la principal expresión del crimen organizado es el narcotráfico.
De los grupos armados o guerrilleros, señala: “la defensa de las ideas por la vía de las armas es una acción que quebranta el orden constitucional” y aunque México no ha sido escenario de un ataque terrorista, la considera como una amenaza.
“Esta amenaza se potencia por factores geopolíticos, como la vecindad con Estados Unidos de América y Canadá”.
También se enumeran los “riesgos”: conflictos políticos y sociales, en el que se establece que “si desbordan los cauces de las instituciones democráticas hacia expresiones violentas, el Estado cuenta con un marco legal para atender estas situaciones extremas”.
Ésta es la primera ocasión en la historia en que un gobierno da a conocer a la sociedad, de manera pública y abierta, un documento de esta naturaleza.
Busca el DF convertirse en modelo de buen manejo del agua: Aguirre
El titular del SACM asegura que no se cederá rectoría en el manejo del recurso
Se trata de lograr mayor eficiencia en el reparto, eliminar tomas ilegales y mejorar la facturación, señala
Ángel Bolaños Sánchez / La Jornada
El nuevo modelo de concesión de la red secundaria de agua potable a empresas particulares que aplicará el Gobierno del Distrito Federal el próximo año se centrará en 11 de las 16 delegaciones y de ninguna manera significará ceder ni perder rectoría sobre el manejo del recurso, sino lograr una mayor eficiencia en la distribución, la supresión de fugas, detección de tomas y pozos clandestinos, así como en la medición, facturación y cobro del servicio a los usuarios, afirmó el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), Ramón Aguirre Díaz.
El Distrito Federal, señaló en entrevista, será lo que debe ser: "un modelo del buen manejo del agua a nivel nacional e internacional", porque los beneficios de las empresas que se encargarán de operar la red secundaria estarán en función de sus rendimientos y no por los pagos unitarios e importes.
Explicó que actualmente el gobierno de la ciudad trabaja con cuatro empresas que "no están bajo un esquema de que ellas den directamente el servicio a la población", sino que se encargan básicamente de la lectura de medidores, la facturación y la cobranza, es decir, sólo prestan un servicio.
Para ello, la ciudad está dividida en cuatro grandes zonas. En el nuevo esquema se constituirían siete grandes macrosectores, pero dado que no todos tendrían las mismas características, en Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan, no se preve cambiar el modelo, “en estas cinco –explicó– el manejo de la red secundaria tiene una complejidad mayor, con mucha participación del SACM y las mismas delegaciones en el manejo del agua y el movimiento de válvulas en la red secundaria, por lo que dicho esquema no tendría éxito.
En el resto de las delegaciones, donde se concentra 70 por ciento de la población, se pasaría al nuevo modelo, donde las empresas quedarían a cargo de la red secundaria; "se les entregaría el agua en bloque y ellas serían responsables de esa agua en esa red", con tres objetivos fundamentales: "lograr la máxima eficiencia en la detección y reparación de fugas, porque sería un parámetro que estaría midiendo su rentabilidad y cumplimiento de la eficiencia; la eliminación de tomas clandestinas, porque también bajaría su eficiencia si permiten que continúen funcionando, y la parte de la cobranza, que no se trate nada más de facturar recibos, sino de asegurarse que éstos se cobren".
Aguirre refirió que los contratos con las empresas tienen una vigencia hasta septiembre de 2010 y es cuando podría entrar el nuevo modelo, es decir, hasta dentro de poco más de un año, y estaría por definirse si se renuevan con las nuevas condiciones o se lanza una convocatoria internacional.
"Debe haber por lo menos 10 empresas a nivel internacional que pudieran participar. Aquí en el Distrito Federal tenemos a tres de ellas y en el país hay por lo menos otras dos" que podrían obtener la concesión por un periodo de 10 años, señaló.
Aguirre Díaz reconoció que el SACM "tiene muchos candados operativos relacionados con leyes, reglamento, manuales, porque manejamos recursos públicos, que hacen que la agilidad que se requiere para ciertas acciones se vuelvan complejos", de allí la decisión de explorar con un esquema de incentivos a la iniciativa privada, donde no se le pague por lo que hagan, sino por los resultados que obtengan.
Dejó en claro que este modelo no significará para la ciudad aumentar sus costos de operación en el manejo del agua, "lo que se está planteando es que hay un problema de fugas, tomas clandestinas y eficiencia en la recaudación que hay que resolver y la idea es que las empresas participen, logren la mayor eficiencia y ganen ellas, gane la ciudad y su sustentabilidad".
Se trata de lograr mayor eficiencia en el reparto, eliminar tomas ilegales y mejorar la facturación, señala
Ángel Bolaños Sánchez / La Jornada
El nuevo modelo de concesión de la red secundaria de agua potable a empresas particulares que aplicará el Gobierno del Distrito Federal el próximo año se centrará en 11 de las 16 delegaciones y de ninguna manera significará ceder ni perder rectoría sobre el manejo del recurso, sino lograr una mayor eficiencia en la distribución, la supresión de fugas, detección de tomas y pozos clandestinos, así como en la medición, facturación y cobro del servicio a los usuarios, afirmó el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), Ramón Aguirre Díaz.
El Distrito Federal, señaló en entrevista, será lo que debe ser: "un modelo del buen manejo del agua a nivel nacional e internacional", porque los beneficios de las empresas que se encargarán de operar la red secundaria estarán en función de sus rendimientos y no por los pagos unitarios e importes.
Explicó que actualmente el gobierno de la ciudad trabaja con cuatro empresas que "no están bajo un esquema de que ellas den directamente el servicio a la población", sino que se encargan básicamente de la lectura de medidores, la facturación y la cobranza, es decir, sólo prestan un servicio.
Para ello, la ciudad está dividida en cuatro grandes zonas. En el nuevo esquema se constituirían siete grandes macrosectores, pero dado que no todos tendrían las mismas características, en Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan, no se preve cambiar el modelo, “en estas cinco –explicó– el manejo de la red secundaria tiene una complejidad mayor, con mucha participación del SACM y las mismas delegaciones en el manejo del agua y el movimiento de válvulas en la red secundaria, por lo que dicho esquema no tendría éxito.
En el resto de las delegaciones, donde se concentra 70 por ciento de la población, se pasaría al nuevo modelo, donde las empresas quedarían a cargo de la red secundaria; "se les entregaría el agua en bloque y ellas serían responsables de esa agua en esa red", con tres objetivos fundamentales: "lograr la máxima eficiencia en la detección y reparación de fugas, porque sería un parámetro que estaría midiendo su rentabilidad y cumplimiento de la eficiencia; la eliminación de tomas clandestinas, porque también bajaría su eficiencia si permiten que continúen funcionando, y la parte de la cobranza, que no se trate nada más de facturar recibos, sino de asegurarse que éstos se cobren".
Aguirre refirió que los contratos con las empresas tienen una vigencia hasta septiembre de 2010 y es cuando podría entrar el nuevo modelo, es decir, hasta dentro de poco más de un año, y estaría por definirse si se renuevan con las nuevas condiciones o se lanza una convocatoria internacional.
"Debe haber por lo menos 10 empresas a nivel internacional que pudieran participar. Aquí en el Distrito Federal tenemos a tres de ellas y en el país hay por lo menos otras dos" que podrían obtener la concesión por un periodo de 10 años, señaló.
Aguirre Díaz reconoció que el SACM "tiene muchos candados operativos relacionados con leyes, reglamento, manuales, porque manejamos recursos públicos, que hacen que la agilidad que se requiere para ciertas acciones se vuelvan complejos", de allí la decisión de explorar con un esquema de incentivos a la iniciativa privada, donde no se le pague por lo que hagan, sino por los resultados que obtengan.
Dejó en claro que este modelo no significará para la ciudad aumentar sus costos de operación en el manejo del agua, "lo que se está planteando es que hay un problema de fugas, tomas clandestinas y eficiencia en la recaudación que hay que resolver y la idea es que las empresas participen, logren la mayor eficiencia y ganen ellas, gane la ciudad y su sustentabilidad".
Cercena la SEP a universidades públicas 800 mdp
Laura Poy Solano / Enviada / La Jornada
Valle de Bravo, Méx., 21 de agosto. El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, anunció un recorte de uno por ciento a las universidades en el presupuesto aprobado para 2009, lo que, aseguró, representa un monto de 800 millones de pesos. Agregó que serán las propias instituciones educativas las que "irán definiendo con su buen juicio y criterio" los rubros que se verán afectados.
Al inaugurar el centro de capacitación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), afirmó que la reducción afectará a universidades federales y estatales, por lo que reiteró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) asumirá una disminución presupuestal de 7 mil 186 millones de pesos, lo cual implica que "se tendrá que hacer un esfuerzo para absorber en el presupuesto lo que no se les va a recortar a las universidades".
Ante rectores y representantes de las 128 instituciones públicas de educación superior afiliadas a la ANUIES, quienes conocieron la noticia durante el mensaje del funcionario –entre ellos el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, quien dictó una conferencia magistral–, el titular de la SEP aseguró que frente a la crisis que vive la nación "todos estamos llamados a trabajar juntos".
Sin embargo, pese a asegurar en su discurso que "nada sería más costoso para el país que desatender las necesidades de inversión en la educación superior", insistió en que actualmente vivimos una realidad que "demanda esfuerzos compartidos y exige ajustar con responsabilidad nuestros presupuestos".
En el acto, al que asistió el gobernador de la entidad, Enrique Peña Nieto, así como autoridades estatales y municipales, Lujambio Irazábal afirmó que, tras un "cuidadoso proceso deliberativo" para definir los recortes, "hemos decidido que el ajuste al presupuesto de las instituciones de educación superior no vaya más allá del uno por ciento, redistribuyendo la carga en áreas de la SEP, sin poner en riesgo la continuidad del sistema educativo mexicano"
Entrevistado tras concluir el acto, reiteró que la decisión del recorte presupuestal "la acaban de escuchar las universidades, a quienes les hacemos saber el enorme esfuerzo que realizamos en el sector educativo para absorber todo y sólo dejar el uno por ciento del ajuste a las instituciones públicas de educación superior".
Cuestionado sobre los retos que deberán enfrentar las universidades que ya se encuentran en dificultades financieras ante los efectos de la crisis económica, afirmó que "es un momento para que todos los involucrados en el sistema educativo aporten".
Lujambio Irazábal consideró que la aportación que deberán realizar las instituciones públicas de educación superior es "francamente menor y muy pequeña para garantizar que sigan operando sin ningún problema", pues insistió en que "estamos priorizando las finanzas de las universidades públicas porque el gobierno del presidente Felipe Calderón considera que son prioritarias para el futuro del país".
Plantea Narro un presupuesto multianual que no se altere por coyunturas
Se ha perdido interés por el futuro, dice; 200 mdp, merma a la UNAM
Laura Poy Solano Enviada
Valle de Bravo, Méx., 21 de agosto. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, aseguró que el recorte de uno por ciento que aplicará la Secretaría de Educación Pública (SEP) a las instituciones de educación superior es una "mala noticia", pues tan sólo para la máxima casa de estudios representará una reducción presupuestal de más de 200 millones de pesos. "Es evidente que el modelo de desarrollo seguido ya no resulta adecuado", dijo.
Al dictar una conferencia magistral sobre la educación superior y el desarrollo del país, durante la inauguración del centro de capacitación de la ANUIES, Narro planteó la necesidad de que las universidades públicas tengan por mandato de ley un presupuesto básico definido multianual, no sujeto a aspectos coyunturales que generan incertidumbre. La autonomía que tutela la Constitución está incompleta, enfatizó.
En su mensaje, ante rectores de todo el país y el titular de Educación Pública, Alonso Lujambio, el rector de la UNAM hizo un recuento detallado de la caída de los indicadores económicos, sociales, educativos y de productividad de México en los últimos años, realidad que "no deja ningún margen para la autocomplacencia".
Subrayó que si bien no era su intención "alimentar el desaliento que parece campear en el ánimo nacional", no es con la negación de los problemas como éstos se van a resolver.
Dijo que nuestro país es uno de los más afectados por la crisis económica mundial y que se estima una caída de 8 por ciento en el PIB para este 2009. "Pareciera que en México se ha perdido el interés por el futuro. Lo inmediato y lo urgente se imponen con frecuencia y no parece existir un proyecto claro de nación", sentenció.
Narro señaló que el apoyo gubernamental a la investigación científica, al desarrollo tecnológico, a las ciencias sociales, a las artes y a las humanidades "ha sido limitado", por lo que es tiempo de que nuestras autoridades acepten que se requiere "más inversión en educación y no ajustes presupuestales al sector".
En respuesta al anuncio que momentos antes había hecho Lujambio sobre el recorte presupuestal previsto, el rector de la UNAM aseveró que se debe hacer un esfuerzo extraordinario para ampliar la cobertura y que ningún joven deje la escuela por falta de cupo.
Lamentó que a pesar de que la labor de las universidades públicas es invaluable, éstas sean "las que más sufren los perjuicios del modelo donde imperan el mercado y los valores pragmáticos".
Estas instituciones deben participar más en el desarrollo del país, así como convocar a sociedad, intelectuales, líderes en los diversos sectores, a que tomen parte activa en la construcción del futuro de México, señaló.
Sin embargo, se quejó, tenemos que emplear, año tras año, gran cantidad de tiempo y energía para negociar un presupuesto "apenas suficiente para cumplir con las tareas a que estamos obligados".
Fondos, más allá del discurso
Posteriormente, en entrevista, afirmó que a juicio de los rectores el presupuesto "sí es importante e indispensable, y debe ser una prioridad que se exprese más allá del discurso". Añadió que una vez que el titular de la SEP anunció el recorte, "lo que nos toca a todos mis colegas y a nuestra organización es sensibilizar a la Cámara de Diputados para el presupuesto de 2010".
En cuanto al impacto de contar con menos recursos en la UNAM, comentó que se buscará no afectar programas fundamentales, como docencia, investigación y difusión de la cultura, y que probablemente se verá reflejado en proyectos de infraestructura y gastos de gestión.
Narro reconoció que el recorte presupuestal es "doloroso, porque las instituciones resultan afectadas y porque estoy convencido que deberíamos estar haciendo otra cosa".
Valle de Bravo, Méx., 21 de agosto. El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, anunció un recorte de uno por ciento a las universidades en el presupuesto aprobado para 2009, lo que, aseguró, representa un monto de 800 millones de pesos. Agregó que serán las propias instituciones educativas las que "irán definiendo con su buen juicio y criterio" los rubros que se verán afectados.
Al inaugurar el centro de capacitación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), afirmó que la reducción afectará a universidades federales y estatales, por lo que reiteró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) asumirá una disminución presupuestal de 7 mil 186 millones de pesos, lo cual implica que "se tendrá que hacer un esfuerzo para absorber en el presupuesto lo que no se les va a recortar a las universidades".
Ante rectores y representantes de las 128 instituciones públicas de educación superior afiliadas a la ANUIES, quienes conocieron la noticia durante el mensaje del funcionario –entre ellos el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, quien dictó una conferencia magistral–, el titular de la SEP aseguró que frente a la crisis que vive la nación "todos estamos llamados a trabajar juntos".
Sin embargo, pese a asegurar en su discurso que "nada sería más costoso para el país que desatender las necesidades de inversión en la educación superior", insistió en que actualmente vivimos una realidad que "demanda esfuerzos compartidos y exige ajustar con responsabilidad nuestros presupuestos".
En el acto, al que asistió el gobernador de la entidad, Enrique Peña Nieto, así como autoridades estatales y municipales, Lujambio Irazábal afirmó que, tras un "cuidadoso proceso deliberativo" para definir los recortes, "hemos decidido que el ajuste al presupuesto de las instituciones de educación superior no vaya más allá del uno por ciento, redistribuyendo la carga en áreas de la SEP, sin poner en riesgo la continuidad del sistema educativo mexicano"
Entrevistado tras concluir el acto, reiteró que la decisión del recorte presupuestal "la acaban de escuchar las universidades, a quienes les hacemos saber el enorme esfuerzo que realizamos en el sector educativo para absorber todo y sólo dejar el uno por ciento del ajuste a las instituciones públicas de educación superior".
Cuestionado sobre los retos que deberán enfrentar las universidades que ya se encuentran en dificultades financieras ante los efectos de la crisis económica, afirmó que "es un momento para que todos los involucrados en el sistema educativo aporten".
Lujambio Irazábal consideró que la aportación que deberán realizar las instituciones públicas de educación superior es "francamente menor y muy pequeña para garantizar que sigan operando sin ningún problema", pues insistió en que "estamos priorizando las finanzas de las universidades públicas porque el gobierno del presidente Felipe Calderón considera que son prioritarias para el futuro del país".
Plantea Narro un presupuesto multianual que no se altere por coyunturas
Se ha perdido interés por el futuro, dice; 200 mdp, merma a la UNAM
Laura Poy Solano Enviada
Valle de Bravo, Méx., 21 de agosto. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, aseguró que el recorte de uno por ciento que aplicará la Secretaría de Educación Pública (SEP) a las instituciones de educación superior es una "mala noticia", pues tan sólo para la máxima casa de estudios representará una reducción presupuestal de más de 200 millones de pesos. "Es evidente que el modelo de desarrollo seguido ya no resulta adecuado", dijo.
Al dictar una conferencia magistral sobre la educación superior y el desarrollo del país, durante la inauguración del centro de capacitación de la ANUIES, Narro planteó la necesidad de que las universidades públicas tengan por mandato de ley un presupuesto básico definido multianual, no sujeto a aspectos coyunturales que generan incertidumbre. La autonomía que tutela la Constitución está incompleta, enfatizó.
En su mensaje, ante rectores de todo el país y el titular de Educación Pública, Alonso Lujambio, el rector de la UNAM hizo un recuento detallado de la caída de los indicadores económicos, sociales, educativos y de productividad de México en los últimos años, realidad que "no deja ningún margen para la autocomplacencia".
Subrayó que si bien no era su intención "alimentar el desaliento que parece campear en el ánimo nacional", no es con la negación de los problemas como éstos se van a resolver.
Dijo que nuestro país es uno de los más afectados por la crisis económica mundial y que se estima una caída de 8 por ciento en el PIB para este 2009. "Pareciera que en México se ha perdido el interés por el futuro. Lo inmediato y lo urgente se imponen con frecuencia y no parece existir un proyecto claro de nación", sentenció.
Narro señaló que el apoyo gubernamental a la investigación científica, al desarrollo tecnológico, a las ciencias sociales, a las artes y a las humanidades "ha sido limitado", por lo que es tiempo de que nuestras autoridades acepten que se requiere "más inversión en educación y no ajustes presupuestales al sector".
En respuesta al anuncio que momentos antes había hecho Lujambio sobre el recorte presupuestal previsto, el rector de la UNAM aseveró que se debe hacer un esfuerzo extraordinario para ampliar la cobertura y que ningún joven deje la escuela por falta de cupo.
Lamentó que a pesar de que la labor de las universidades públicas es invaluable, éstas sean "las que más sufren los perjuicios del modelo donde imperan el mercado y los valores pragmáticos".
Estas instituciones deben participar más en el desarrollo del país, así como convocar a sociedad, intelectuales, líderes en los diversos sectores, a que tomen parte activa en la construcción del futuro de México, señaló.
Sin embargo, se quejó, tenemos que emplear, año tras año, gran cantidad de tiempo y energía para negociar un presupuesto "apenas suficiente para cumplir con las tareas a que estamos obligados".
Fondos, más allá del discurso
Posteriormente, en entrevista, afirmó que a juicio de los rectores el presupuesto "sí es importante e indispensable, y debe ser una prioridad que se exprese más allá del discurso". Añadió que una vez que el titular de la SEP anunció el recorte, "lo que nos toca a todos mis colegas y a nuestra organización es sensibilizar a la Cámara de Diputados para el presupuesto de 2010".
En cuanto al impacto de contar con menos recursos en la UNAM, comentó que se buscará no afectar programas fundamentales, como docencia, investigación y difusión de la cultura, y que probablemente se verá reflejado en proyectos de infraestructura y gastos de gestión.
Narro reconoció que el recorte presupuestal es "doloroso, porque las instituciones resultan afectadas y porque estoy convencido que deberíamos estar haciendo otra cosa".
La impunidad mexicana
Teodoro Rentería Arróyave
La impunidad es el sello de las agresiones en contra de los periodistas en México, se expresa en el Recomendación General 17 de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos, la cual puntualiza que en la última década han sido asesinados 52 comunicadores y 7 han desaparecido; así lo informó el presidente del organismo, José Luis Soberanas Fernández. Los registros del gremio organizado en el mismo periodo contabilizan 59 muertes, que incluyen las de cuatro humildes trabajadores de la prensa y 9 desapariciones forzadas.
Como es de costumbre la “gran prensa” no le dio la importancia en la difusión a la Recomendación General 17, no obstante que en toda la historia del organismo autónomo ha expedido o recurrido a esa figura en sólo ese número para significar como este caso la vulnerabilidad de los periodistas a consecuencia de la vergonzosa impunidad imperante en el país.
Por el contrario, destaca el reproche del Ejecutivo Federal, no nos hagamos patos, dirigido a los periodistas. En forma eufemística el presidente Felipe Calderón Hinojosa critica a los “mexicanos” que se empeñan en difundir una imagen negativa del país hacia el exterior. El mandatario señaló, además, que las ventajas que ofrece el país a las inversiones del exterior quedarán claras cuando nos decidamos todos a hablar con objetividad de las cosas buenas.
Antes, el primer mandatario había retado a que le señalaran un solo caso de violación de los derechos humanos por parte de elementos del Ejército, el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández recordó en la reunión con la prensa, su contestación inmediata: “en el cúmulo de recomendaciones respecto a esas violaciones se encuentra la contestación a su interpelación”.
Como esta situación no cesa y por el contrario se incrementa (nos referimos al hecho escandaloso de que elementos del Ejército Mexicano establecidos en Monclova, Coahuila privaron de la libertad e incomunicaron durante 16 horas a cuatro periodistas). La agresión ocurrió el 7 de agosto a las 10:30 de la noche cuando los comunicadores se dirigían a cubrir un operativo militar; sin embargo, cuando llegaron al lugar vieron que el convoy militar ya se dirigía a las instalaciones militares y por tanto se retiraron. Fue unas calles adelante cuando militares los interceptaron, los amarraron e interrogaron.
Los agredidos: Manuel Acosta Villarreal y Sinhué Samaniego Osorio, del periódico Zócalo; Jesús Arnoldo González Meza, del diario La Voz; y José Alberto Rodríguez Reyes, de Núcleo Radio Televisión Canal 4, fueron acusados de pertenecer a una célula del crimen organizado; la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación, 52/2009, dirigida al general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.
Y este martes por la madrugada fueron baleadas las instalaciones del periódico El Siglo de Torreón. Tales hechos constituyen un atentado directo en contra de la libre expresión, de las ideas y una demostración más de la impunidad con la cual se persigue a la prensa.
La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y la Federación Latinoamericana de Periodistas condenan este artero ataque y exigen la intervención inmediata del gobierno federal para deslindar responsabilidades y dar con los responsables.
Al término de la presentación de la Recomendación General 17, ahí mismo en las instalaciones de CNDH, el amigo colega y respetado presidente del Club Primera Plana, Raúl Gómez Espinosa comentó alarmado e indignado ante la indefensión que sufre el gremio y otros grupos vulnerables; estuvimos de acuerdo: no hay que bajar la guardia, seguir en la trinchera para revertir el brutal y vergonzoso flagelo de la impunidad. México no pude no debe seguir siendo el paraíso de la impunidad.
Claro que duele que todo esto se sepa en el exterior, corresponde a las autoridades solucionarlo; con acallar a la prensa nada se corrige: por el contrario se acrecientan los abusos, la deshonestidad y la corrupción gubernamental.
La impunidad es el sello de las agresiones en contra de los periodistas en México, se expresa en el Recomendación General 17 de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos, la cual puntualiza que en la última década han sido asesinados 52 comunicadores y 7 han desaparecido; así lo informó el presidente del organismo, José Luis Soberanas Fernández. Los registros del gremio organizado en el mismo periodo contabilizan 59 muertes, que incluyen las de cuatro humildes trabajadores de la prensa y 9 desapariciones forzadas.
Como es de costumbre la “gran prensa” no le dio la importancia en la difusión a la Recomendación General 17, no obstante que en toda la historia del organismo autónomo ha expedido o recurrido a esa figura en sólo ese número para significar como este caso la vulnerabilidad de los periodistas a consecuencia de la vergonzosa impunidad imperante en el país.
Por el contrario, destaca el reproche del Ejecutivo Federal, no nos hagamos patos, dirigido a los periodistas. En forma eufemística el presidente Felipe Calderón Hinojosa critica a los “mexicanos” que se empeñan en difundir una imagen negativa del país hacia el exterior. El mandatario señaló, además, que las ventajas que ofrece el país a las inversiones del exterior quedarán claras cuando nos decidamos todos a hablar con objetividad de las cosas buenas.
Antes, el primer mandatario había retado a que le señalaran un solo caso de violación de los derechos humanos por parte de elementos del Ejército, el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández recordó en la reunión con la prensa, su contestación inmediata: “en el cúmulo de recomendaciones respecto a esas violaciones se encuentra la contestación a su interpelación”.
Como esta situación no cesa y por el contrario se incrementa (nos referimos al hecho escandaloso de que elementos del Ejército Mexicano establecidos en Monclova, Coahuila privaron de la libertad e incomunicaron durante 16 horas a cuatro periodistas). La agresión ocurrió el 7 de agosto a las 10:30 de la noche cuando los comunicadores se dirigían a cubrir un operativo militar; sin embargo, cuando llegaron al lugar vieron que el convoy militar ya se dirigía a las instalaciones militares y por tanto se retiraron. Fue unas calles adelante cuando militares los interceptaron, los amarraron e interrogaron.
Los agredidos: Manuel Acosta Villarreal y Sinhué Samaniego Osorio, del periódico Zócalo; Jesús Arnoldo González Meza, del diario La Voz; y José Alberto Rodríguez Reyes, de Núcleo Radio Televisión Canal 4, fueron acusados de pertenecer a una célula del crimen organizado; la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación, 52/2009, dirigida al general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.
Y este martes por la madrugada fueron baleadas las instalaciones del periódico El Siglo de Torreón. Tales hechos constituyen un atentado directo en contra de la libre expresión, de las ideas y una demostración más de la impunidad con la cual se persigue a la prensa.
La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y la Federación Latinoamericana de Periodistas condenan este artero ataque y exigen la intervención inmediata del gobierno federal para deslindar responsabilidades y dar con los responsables.
Al término de la presentación de la Recomendación General 17, ahí mismo en las instalaciones de CNDH, el amigo colega y respetado presidente del Club Primera Plana, Raúl Gómez Espinosa comentó alarmado e indignado ante la indefensión que sufre el gremio y otros grupos vulnerables; estuvimos de acuerdo: no hay que bajar la guardia, seguir en la trinchera para revertir el brutal y vergonzoso flagelo de la impunidad. México no pude no debe seguir siendo el paraíso de la impunidad.
Claro que duele que todo esto se sepa en el exterior, corresponde a las autoridades solucionarlo; con acallar a la prensa nada se corrige: por el contrario se acrecientan los abusos, la deshonestidad y la corrupción gubernamental.
Tepeji: ideas medievales y criminalización de las mujeres
Tania Meza Escorza (CIMAC - DESDE ABAJO)
En ese momento no pensaba en nada. Ni siquiera le cruzaba por la mente que hubiera un castigo por hacer algo que las mujeres han hecho desde siempre. Lo único que ocupaba sus pensamientos era llegar al hospital para que le detuvieran el sangrado vaginal y le salvaran la vida.
A los 22 años, esta joven fue atendida por el personal del Seguro Social de Tepeji del Río de Ocampo, quien le detuvo la hemorragia; pero, al denunciarla con la policía, también la condenó a dos años de zozobra, miedo y persecución, por haber cometido el delito de decidir que ése no era el mejor momento para ejercer el derecho a la maternidad.
La semana pasada, a los 24 años, ella fue encontrada por la policía que la buscaba desde 2007 para meterla a la cárcel por ser “probable responsable del delito de aborto cometido en agravio del producto de su propia concepción”.
Dos años. Dos años estuvo la policía de Tepeji buscándola por haber decidido qué hacer con su cuerpo. Pareciera un pasaje sobre el actuar de la Santa Inquisición, pero no lo es.
“¿Las mujeres tienen alma?”, debatían los miembros de la alta jerarquía católica que asistieron al Concilio de Mâcon, en el año 585. En 2007, las autoridades de Tepeji decidieron “Persigamos durante dos años a la mujer que decidió por sí misma qué hacer con su propio cuerpo”. Por lo menos la Iglesia, en el siglo IV, se tomó la molestia de discutirlo.
Cuando esta joven interrumpió su embarazo, el Plan Municipal de Desarrollo de Tepeji decía: “El Gobierno Municipal de Tepeji del Río de Ocampo será un activo promotor de la paz. Se convertirá en un factor que incida en lograr que la sociedad viva en paz y en armonía, sobre la base del respeto a la diversidad y la diferencia”.
Este mismo plan indicaba la capacitación de los funcionarios públicos municipales en materia de derechos humanos, porque aseguraba que “las políticas públicas del gobierno de municipal en materia de derechos humanos deberán basarse en los principios y valores éticos de justicia, veracidad, imparcialidad, legalidad, seguridad, la equidad-igualdad y la universalidad-diversidad, con el fin de fomentar la dignidad y los derechos de todas las personas”.
Tales principios y valores, decía el documento, serían la premisa fundamental del ejercicio de gobierno. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si el anterior plan de desarrollo de Tepeji no hubiera estado basado en los derechos humanos?; ¿y qué decir del actual plan de desarrollo municipal de Tepeji? Nada, porque el alcalde aún no lo ha entregado, a pesar de que desde el mes pasado el Congreso del estado lo exhortó para que ya lo hiciera, pues el plazo estaba vencido (en vez de estar persiguiendo inquisitoriamente a mujeres que eligen cuándo ser madres).
Sobre el caso de esta joven de 24 años, la policía de Tepeji puede argumentar que sólo cumplía con su deber, que la orden de aprehensión la dictó un juez y que la ley estatal criminaliza a las mujeres que deciden sobre sus cuerpos. (Ojalá así sean de constantes y eficientes para todos los casos).
Lo más patético es que el argumento tendría total validez. En Hidalgo la ley no está del lado de las mujeres. Los conceptos medievales que consideran al aborto un asesinato siguen imperando entre los encargados de legislar e impartir justicia.
Como sucede con las drogas, la prohibición no hará que su práctica disminuya, lo único que ocasionará será la aparición de mafias que den alternativas clandestinas, arriesgadas y con costos económicos elevados. Las mujeres no dejarán de abortar porque esté prohibido, lo único que la penalización consigue es que las mujeres mueran durante abortos mal practicados.
Además, desde hace varios años la ciencia ha dejado muy clara su postura: Antes de las doce semanas, la interrupción del embarazo es válida porque, si bien existe vida desde la fecundación, la vida humana comienza hasta la semana 12, que es cuando se registra la actividad neuronal.
Así pues, antes de doce semanas la vida que debe privilegiarse es la humana, es decir, la de la madre. Por esta razón, los países y las ciudades con mayor índice de desarrollo humano han legalizado la interrupción del embarazo, y es en las entidades más atrasadas, como la nuestra, en donde la decisión sobre penalizar o no el aborto sigue estando basada en fundamentos de todo tipo, menos en los científicos. El desprecio de nuestras autoridades no sólo es por las mujeres, sino también por la ciencia.
En ese momento no pensaba en nada. Ni siquiera le cruzaba por la mente que hubiera un castigo por hacer algo que las mujeres han hecho desde siempre. Lo único que ocupaba sus pensamientos era llegar al hospital para que le detuvieran el sangrado vaginal y le salvaran la vida.
A los 22 años, esta joven fue atendida por el personal del Seguro Social de Tepeji del Río de Ocampo, quien le detuvo la hemorragia; pero, al denunciarla con la policía, también la condenó a dos años de zozobra, miedo y persecución, por haber cometido el delito de decidir que ése no era el mejor momento para ejercer el derecho a la maternidad.
La semana pasada, a los 24 años, ella fue encontrada por la policía que la buscaba desde 2007 para meterla a la cárcel por ser “probable responsable del delito de aborto cometido en agravio del producto de su propia concepción”.
Dos años. Dos años estuvo la policía de Tepeji buscándola por haber decidido qué hacer con su cuerpo. Pareciera un pasaje sobre el actuar de la Santa Inquisición, pero no lo es.
“¿Las mujeres tienen alma?”, debatían los miembros de la alta jerarquía católica que asistieron al Concilio de Mâcon, en el año 585. En 2007, las autoridades de Tepeji decidieron “Persigamos durante dos años a la mujer que decidió por sí misma qué hacer con su propio cuerpo”. Por lo menos la Iglesia, en el siglo IV, se tomó la molestia de discutirlo.
Cuando esta joven interrumpió su embarazo, el Plan Municipal de Desarrollo de Tepeji decía: “El Gobierno Municipal de Tepeji del Río de Ocampo será un activo promotor de la paz. Se convertirá en un factor que incida en lograr que la sociedad viva en paz y en armonía, sobre la base del respeto a la diversidad y la diferencia”.
Este mismo plan indicaba la capacitación de los funcionarios públicos municipales en materia de derechos humanos, porque aseguraba que “las políticas públicas del gobierno de municipal en materia de derechos humanos deberán basarse en los principios y valores éticos de justicia, veracidad, imparcialidad, legalidad, seguridad, la equidad-igualdad y la universalidad-diversidad, con el fin de fomentar la dignidad y los derechos de todas las personas”.
Tales principios y valores, decía el documento, serían la premisa fundamental del ejercicio de gobierno. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si el anterior plan de desarrollo de Tepeji no hubiera estado basado en los derechos humanos?; ¿y qué decir del actual plan de desarrollo municipal de Tepeji? Nada, porque el alcalde aún no lo ha entregado, a pesar de que desde el mes pasado el Congreso del estado lo exhortó para que ya lo hiciera, pues el plazo estaba vencido (en vez de estar persiguiendo inquisitoriamente a mujeres que eligen cuándo ser madres).
Sobre el caso de esta joven de 24 años, la policía de Tepeji puede argumentar que sólo cumplía con su deber, que la orden de aprehensión la dictó un juez y que la ley estatal criminaliza a las mujeres que deciden sobre sus cuerpos. (Ojalá así sean de constantes y eficientes para todos los casos).
Lo más patético es que el argumento tendría total validez. En Hidalgo la ley no está del lado de las mujeres. Los conceptos medievales que consideran al aborto un asesinato siguen imperando entre los encargados de legislar e impartir justicia.
Como sucede con las drogas, la prohibición no hará que su práctica disminuya, lo único que ocasionará será la aparición de mafias que den alternativas clandestinas, arriesgadas y con costos económicos elevados. Las mujeres no dejarán de abortar porque esté prohibido, lo único que la penalización consigue es que las mujeres mueran durante abortos mal practicados.
Además, desde hace varios años la ciencia ha dejado muy clara su postura: Antes de las doce semanas, la interrupción del embarazo es válida porque, si bien existe vida desde la fecundación, la vida humana comienza hasta la semana 12, que es cuando se registra la actividad neuronal.
Así pues, antes de doce semanas la vida que debe privilegiarse es la humana, es decir, la de la madre. Por esta razón, los países y las ciudades con mayor índice de desarrollo humano han legalizado la interrupción del embarazo, y es en las entidades más atrasadas, como la nuestra, en donde la decisión sobre penalizar o no el aborto sigue estando basada en fundamentos de todo tipo, menos en los científicos. El desprecio de nuestras autoridades no sólo es por las mujeres, sino también por la ciencia.
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