Tania Meza Escorza (CIMAC - DESDE ABAJO)
En ese momento no pensaba en nada. Ni siquiera le cruzaba por la mente que hubiera un castigo por hacer algo que las mujeres han hecho desde siempre. Lo único que ocupaba sus pensamientos era llegar al hospital para que le detuvieran el sangrado vaginal y le salvaran la vida.
A los 22 años, esta joven fue atendida por el personal del Seguro Social de Tepeji del Río de Ocampo, quien le detuvo la hemorragia; pero, al denunciarla con la policía, también la condenó a dos años de zozobra, miedo y persecución, por haber cometido el delito de decidir que ése no era el mejor momento para ejercer el derecho a la maternidad.
La semana pasada, a los 24 años, ella fue encontrada por la policía que la buscaba desde 2007 para meterla a la cárcel por ser “probable responsable del delito de aborto cometido en agravio del producto de su propia concepción”.
Dos años. Dos años estuvo la policía de Tepeji buscándola por haber decidido qué hacer con su cuerpo. Pareciera un pasaje sobre el actuar de la Santa Inquisición, pero no lo es.
“¿Las mujeres tienen alma?”, debatían los miembros de la alta jerarquía católica que asistieron al Concilio de Mâcon, en el año 585. En 2007, las autoridades de Tepeji decidieron “Persigamos durante dos años a la mujer que decidió por sí misma qué hacer con su propio cuerpo”. Por lo menos la Iglesia, en el siglo IV, se tomó la molestia de discutirlo.
Cuando esta joven interrumpió su embarazo, el Plan Municipal de Desarrollo de Tepeji decía: “El Gobierno Municipal de Tepeji del Río de Ocampo será un activo promotor de la paz. Se convertirá en un factor que incida en lograr que la sociedad viva en paz y en armonía, sobre la base del respeto a la diversidad y la diferencia”.
Este mismo plan indicaba la capacitación de los funcionarios públicos municipales en materia de derechos humanos, porque aseguraba que “las políticas públicas del gobierno de municipal en materia de derechos humanos deberán basarse en los principios y valores éticos de justicia, veracidad, imparcialidad, legalidad, seguridad, la equidad-igualdad y la universalidad-diversidad, con el fin de fomentar la dignidad y los derechos de todas las personas”.
Tales principios y valores, decía el documento, serían la premisa fundamental del ejercicio de gobierno. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si el anterior plan de desarrollo de Tepeji no hubiera estado basado en los derechos humanos?; ¿y qué decir del actual plan de desarrollo municipal de Tepeji? Nada, porque el alcalde aún no lo ha entregado, a pesar de que desde el mes pasado el Congreso del estado lo exhortó para que ya lo hiciera, pues el plazo estaba vencido (en vez de estar persiguiendo inquisitoriamente a mujeres que eligen cuándo ser madres).
Sobre el caso de esta joven de 24 años, la policía de Tepeji puede argumentar que sólo cumplía con su deber, que la orden de aprehensión la dictó un juez y que la ley estatal criminaliza a las mujeres que deciden sobre sus cuerpos. (Ojalá así sean de constantes y eficientes para todos los casos).
Lo más patético es que el argumento tendría total validez. En Hidalgo la ley no está del lado de las mujeres. Los conceptos medievales que consideran al aborto un asesinato siguen imperando entre los encargados de legislar e impartir justicia.
Como sucede con las drogas, la prohibición no hará que su práctica disminuya, lo único que ocasionará será la aparición de mafias que den alternativas clandestinas, arriesgadas y con costos económicos elevados. Las mujeres no dejarán de abortar porque esté prohibido, lo único que la penalización consigue es que las mujeres mueran durante abortos mal practicados.
Además, desde hace varios años la ciencia ha dejado muy clara su postura: Antes de las doce semanas, la interrupción del embarazo es válida porque, si bien existe vida desde la fecundación, la vida humana comienza hasta la semana 12, que es cuando se registra la actividad neuronal.
Así pues, antes de doce semanas la vida que debe privilegiarse es la humana, es decir, la de la madre. Por esta razón, los países y las ciudades con mayor índice de desarrollo humano han legalizado la interrupción del embarazo, y es en las entidades más atrasadas, como la nuestra, en donde la decisión sobre penalizar o no el aborto sigue estando basada en fundamentos de todo tipo, menos en los científicos. El desprecio de nuestras autoridades no sólo es por las mujeres, sino también por la ciencia.
En ese momento no pensaba en nada. Ni siquiera le cruzaba por la mente que hubiera un castigo por hacer algo que las mujeres han hecho desde siempre. Lo único que ocupaba sus pensamientos era llegar al hospital para que le detuvieran el sangrado vaginal y le salvaran la vida.
A los 22 años, esta joven fue atendida por el personal del Seguro Social de Tepeji del Río de Ocampo, quien le detuvo la hemorragia; pero, al denunciarla con la policía, también la condenó a dos años de zozobra, miedo y persecución, por haber cometido el delito de decidir que ése no era el mejor momento para ejercer el derecho a la maternidad.
La semana pasada, a los 24 años, ella fue encontrada por la policía que la buscaba desde 2007 para meterla a la cárcel por ser “probable responsable del delito de aborto cometido en agravio del producto de su propia concepción”.
Dos años. Dos años estuvo la policía de Tepeji buscándola por haber decidido qué hacer con su cuerpo. Pareciera un pasaje sobre el actuar de la Santa Inquisición, pero no lo es.
“¿Las mujeres tienen alma?”, debatían los miembros de la alta jerarquía católica que asistieron al Concilio de Mâcon, en el año 585. En 2007, las autoridades de Tepeji decidieron “Persigamos durante dos años a la mujer que decidió por sí misma qué hacer con su propio cuerpo”. Por lo menos la Iglesia, en el siglo IV, se tomó la molestia de discutirlo.
Cuando esta joven interrumpió su embarazo, el Plan Municipal de Desarrollo de Tepeji decía: “El Gobierno Municipal de Tepeji del Río de Ocampo será un activo promotor de la paz. Se convertirá en un factor que incida en lograr que la sociedad viva en paz y en armonía, sobre la base del respeto a la diversidad y la diferencia”.
Este mismo plan indicaba la capacitación de los funcionarios públicos municipales en materia de derechos humanos, porque aseguraba que “las políticas públicas del gobierno de municipal en materia de derechos humanos deberán basarse en los principios y valores éticos de justicia, veracidad, imparcialidad, legalidad, seguridad, la equidad-igualdad y la universalidad-diversidad, con el fin de fomentar la dignidad y los derechos de todas las personas”.
Tales principios y valores, decía el documento, serían la premisa fundamental del ejercicio de gobierno. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si el anterior plan de desarrollo de Tepeji no hubiera estado basado en los derechos humanos?; ¿y qué decir del actual plan de desarrollo municipal de Tepeji? Nada, porque el alcalde aún no lo ha entregado, a pesar de que desde el mes pasado el Congreso del estado lo exhortó para que ya lo hiciera, pues el plazo estaba vencido (en vez de estar persiguiendo inquisitoriamente a mujeres que eligen cuándo ser madres).
Sobre el caso de esta joven de 24 años, la policía de Tepeji puede argumentar que sólo cumplía con su deber, que la orden de aprehensión la dictó un juez y que la ley estatal criminaliza a las mujeres que deciden sobre sus cuerpos. (Ojalá así sean de constantes y eficientes para todos los casos).
Lo más patético es que el argumento tendría total validez. En Hidalgo la ley no está del lado de las mujeres. Los conceptos medievales que consideran al aborto un asesinato siguen imperando entre los encargados de legislar e impartir justicia.
Como sucede con las drogas, la prohibición no hará que su práctica disminuya, lo único que ocasionará será la aparición de mafias que den alternativas clandestinas, arriesgadas y con costos económicos elevados. Las mujeres no dejarán de abortar porque esté prohibido, lo único que la penalización consigue es que las mujeres mueran durante abortos mal practicados.
Además, desde hace varios años la ciencia ha dejado muy clara su postura: Antes de las doce semanas, la interrupción del embarazo es válida porque, si bien existe vida desde la fecundación, la vida humana comienza hasta la semana 12, que es cuando se registra la actividad neuronal.
Así pues, antes de doce semanas la vida que debe privilegiarse es la humana, es decir, la de la madre. Por esta razón, los países y las ciudades con mayor índice de desarrollo humano han legalizado la interrupción del embarazo, y es en las entidades más atrasadas, como la nuestra, en donde la decisión sobre penalizar o no el aborto sigue estando basada en fundamentos de todo tipo, menos en los científicos. El desprecio de nuestras autoridades no sólo es por las mujeres, sino también por la ciencia.
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