lunes, julio 26, 2010

Derecho a la seguridad en México

Samuel R. G. / uzkediam@gmail.com

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la protección de la persona, la familia y las propiedades. El espíritu de nuestras leyes es brindar a todos los mexicanos el derecho a vivir bajo el amparo de las leyes y la protección legítima de las autoridades, esto lo encontramos en las llamadas Garantías de Seguridad, mismas que se derivan de lo que estipulan el artículo 14 y 16 constitucional, los cuales velan porque los derechos de los ciudadanos no resulten afectados debido a procedimientos ilícitos cometidos por la autoridad.

El derecho a la seguridad es un derecho del individuo; también es considerado un derecho de los mexicanos que debe ser garantizado de manera incondicional por el Estado, como expediente para la legitimidad de éste. No es una mera concesión del gobierno, no se trata de un bien selectivo, tampoco es una prestación condicionada a la existencia de recursos o de voluntad política; no, nada de eso, se trata de un derecho fundamental y, por eso mismo, incondicionado.

Igualmente, el derecho a la seguridad es, junto al derecho a la vida, parte de un conjunto de derechos fundamentales, como lo son la libertad de expresión, de tránsito o de conciencia. Es decir, la seguridad es el contenido de un derecho civil que, por ello mismo, compromete a nuestras autoridades a garantizarlo sin dañar otras libertades de especie similar. Sobre la seguridad Corcuera menciona lo siguiente:
La seguridad pública o seguridad ciudadana es una función a cargo del Estado, quien lo ejerce a través de sus policías. Los cuerpos policiacos sólo pueden hacer lo que les está permitido expresamente por la ley. Si la policía es honesta, si el legislador no modifica constantemente las leyes, si el poder judicial es independiente, imparcial y respetado, si el Ejecutivo apega sus actos a la ley y la aplica de manera uniforme, el ciudadano podrá sentirse seguro (2009, p.470).
Uno de los primeros problemas que ha enfrentado el actual gobierno panista, es que al declararle la guerra al narcotráfico se apoyó en las fuerzas armadas para que éstas realizaran a lo largo de nuestro territorio labores que le corresponden hacer a la policía municipal, estatal o federal. Quizás no se destacaría tal hecho, si el ejército hiciera una buena labor, pero en los hechos, día con día somos testigos de cómo la violencia sacude a nuestro país por la mala planeación del combate a la delincuencia organizada, y da la impresión de que el Estado mexicano busca ejercer el control social a partir de la presencia del ejército en las calles de nuestro país.

Diferentes analistas, como por ejemplo, el General Brigadier José Francisco Gallardo, quien es Doctor en Administración Pública por la UNAM y activista de los derechos humanos, ha reiterado en numerosas ocasiones que a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde el 1 de enero de 1994, el ejército mexicano ha tomado un papel cada día más protagónico en diferentes aspectos de la vida política y social de México. Al respecto el investigador Juan Manuel Sandoval, de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia, menciona lo siguiente:
La presencia militar se ha extendido más allá de la llamada zona de conflicto en la entidad chiapaneca, para ubicarse principalmente en las regiones indígenas del país, fundamentalmente en los estados del altiplano central y del ser-sureste, por el accionar de otros grupos insurgentes, el EPR y el ERPI, así como diversos movimientos sociales y populares (2000, p.183).
En una visita que hiciera en octubre de 2008 a la UACM*, el General Gallardo afirmó que es posible encontrar abundante presencia militar en los estados del norte, bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico iniciada por el gobierno de Felipe Calderón. De igual forma, mencionó que se percibe la presencia militar en las grandes ciudades, una constante que ya afecta incluso a la ciudad de México. Para que la situación se modifique y el ejército en las calles no cometa violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía, el General José Francisco Gallardo propone la creación de un “ombudsman” militar, así como también que se luche por una ciudadanización de las fuerzas armadas.

* La visita del General Gallardo se dio en el marco del 40 Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, celebrado en octubre de 2008 en el plantel Del Valle de la UACM. Casi toda la participación de Gallardo la tengo documentada en video, el cual puede consultarse ingresando el siguiente link en internet: http://www.youtube.com/user/RevolucionesMX

Presentación

I. México y los derechos humanos

II. Derecho a la seguridad en México

III. Violación del derecho a la seguridad

Conclusiones

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